TSJ C.Valenciana - 30/09/2026
Se interpone por un ayuntamiento recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo, que estimó el recurso de una mercantil, contratista en un contrato de obras, contra la denegación de la revisión excepcional de precios, al considerar que la solicitud se había presentado antes de aprobarse la certificación final de las obras.
El recurso de apelación se centra en determinar si procede la revisión excepcional de precios del RD-ley 3/2022 cuando la solicitud se presenta después de la recepción de las obras, aunque antes de la aprobación administrativa de la certificación final.
El TSJ señala que las obras concluyeron con su recepción y entrada en funcionamiento. Considera que la demora municipal en aprobar la certificación final no permite reabrir el plazo para solicitar la revisión excepcional, pues el art. 9 exige presentar la solicitud durante la vigencia del contrato y, en todo caso, antes de aprobarse dicha certificación.
Por ello, estima el recurso de apelación, revoca la sentencia de instancia y desestima el recurso contencioso-administrativo de la mercantil, confirmando la denegación de la revisión excepcional de precios.
Pte: Vidal Más, Rosario
ECLI: ES:TSJCV:2026:3711
Por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo mencionado se remitió a esta Sala el antedicho recurso contencioso-administrativo junto con el recurso de apelación mencionado, estableciendo el Fallo de la sentencia:
"QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO el presente recurso contencioso-administrativo presentado por parte del Letrado DON ALFONSO GIL EGIDO, en representación y asistencia jurídica de BECSA, S.A.U., contra el Decreto 2024/0960, de fecha 21 de marzo de 2024, del AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM, por el que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto por BECSA, S.A., contra el Decreto de Alcaldía 3643/2023 de fecha 16 noviembre, por el cual se desestimaba la revisión de precios extraordinaria del contrato de Obras "PROLONGACIÓN DE LA CARRETERA CV-149 Y NUEVA ROTONDAEN AVENIDA MOHINO", con expresa imposición de las costas causadas a la Administración demandada hasta el límite de 500 euros más IVA."
Contra dicha Sentencia se interpuso, en tiempo y forma, recurso de Apelación que fue admitido y elevados los autos a esta Sala.
Se señaló para votación y fallo el día 22-9-2026.
En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.
La sentencia apelada, tras la identificación del acto objeto del recurso y de las posturas de las partes, destaca como hechos fundamentales para la resolución del recurso: Que el contrato "PROLONGACIÓN DE LA CARRETERA CV-149 Y NUEVA ROTONDA EN AVENIDA MOHINO" se adjudicó por el Ayuntamiento de Benicàssim el 23 de diciembre de 2020 y se formalizó el 30 de diciembre de 2020, levantándose el acta de comprobación del replanteo el 16 de febrero de 2021.
El 5 de julio de 2021, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se aprobó la Modificación del Contrato por importe de 89.373,90 euros, formalizada el 14 de julio de 2021.
El 29 de octubre de 2021 se suscribió el acta de recepción de las Obras y la certificación final de obra se emitió y presentó al cobro el 8 de noviembre de 2021 y se aprobó por el Ayuntamiento el 11 de mayo de 2022, si bien, el día 6 de mayo la actora solicitó la revisión excepcional de precios del contrato, petición que reiteró el 20 de enero de 2023 y 14 de noviembre del mismo año, que le fue denegada.
La cuestión se centra en determinar la aplicación al contrato de autos del RD 3/2022 de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras y y señala que su art. 9.1 establece que "la revisión excepcional de precios se aprobará, en su caso, por el órgano de contratación previa solicitud del contratista, que deberá presentarla durante la vigencia del contrato y, en todo caso, antes de la aprobación, por el órgano de contratación de la certificación final de obras".
En este caso, la solicitud de revisión extraordinaria de precios se presenta por primera vez el 6-5-2022 y la certificación final se aprobó el día 11 del mismo mes y año, cumpliendo dicho precepto.
Destaca, además, que según el Preámbulo de la norma "Las excepcionales circunstancias sociales y económicas que ha producido la pandemia desencadenada por el virus SARS-CoV-2 han repercutido de una manera directa en la ejecución de determinados contratos del sector público. Tras el descenso experimentado en 2020, los precios de las materias primas han subido con fuerza en 2021 en el contexto de la recuperación económica. El alza extraordinaria del coste de determinadas materias primas que resultan necesarias para la ejecución de ciertas unidades de obra, ha repercutido de manera intensa en los contratos de obras.
Todo ello ha tenido como consecuencia que la ejecución de un número significativo de contratos se haya dificultado notablemente, pues los contratistas han visto cómo se alteraba fuertemente la economía de estos contratos por causa de un incremento extraordinario de ciertos costes, incremento que era imprevisible en el momento de la licitación y que excedería del que pueda ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de soportar en todo contrato público" lo que encaja con el caso de autos, por lo que estima el recurso.
Se interpone el presente recurso de Apelación al estimar la apelante que concurre, en primer lugar, error en la valoración de la prueba, remitiéndose al Informe del Interventor Municipal de Benicàssim que negaba la posibilidad de aplicar el RDL 3/2022 a la vista de su art. 6, que exige que el contrato se encuentre en ejecución, licitación, adjudicación o formalización a la entrada en vigor del RDL y el 2-3-2022, el contrato de autos estaba licitado, adjudicado, formalizado y ejecutado y el tiempo transcurrido desde la presentación de la Certificación de obra número 10 y final el 8 de noviembre del 2021 y la fecha de su aprobación el 11 de mayo de 2022, se debió a razones de naturaleza presupuestaria totalmente ajenas a la obra que estaba totalmente ejecutada, terminada y entregada al uso.
La sentencia se centra en la fecha formal de presentación de la solicitud y de aprobación de la certificación final, si bien la STS 1094/2024, de 2 de diciembre, recaída en recurso 4789/2021, destaca el carácter de acto provisional del certificado final de obra, susceptibles de regularización en la liquidación final del contrato.
Por todo ello, solicita la revocación de la sentencia de instancia.
La Administración estima que la parte invoca error en la valoración de la prueba pero, simplemente, disiente de la interpretación jurídica que hace la sentencia.
Estima que la misma es conforme a derecho, haciendo suyos los argumentos de esta.
A la vista de este planteamiento del recurso, debemos señalar inicialmente que esta cuestión ya ha sido objeto de previo pronunciamiento por esta Sala y Sección, sentencia 295/2026, de 12 de mayo, recaída en recurso de apelación número 445/2025.
En aquel caso, también la parte recurrente solicitaba la aplicación del RDL 3/2022, de 1 de marzo, revisión excepcional de precios.
Constaba en el expediente administrativo el acta de recepción de las obras, de fecha 16-11-2022, sin firma alguna, siendo esta la primera cuestión no pacífica en aquellos autos.
Destacábamos, asimismo, por ser la normativa aplicable, que el RDL 3/2022, de 1 de marzo, con las modificaciones llevadas a cabo, establece en su art. 6.1 que:
"Excepcionalmente, en los contratos públicos de obras, ya sean administrativos o privados, adjudicados por cualquiera de las entidades que formen parte del sector público estatal que se encuentren en ejecución, licitación, adjudicación o formalización a la entrada en vigor de este real decreto-ley, o cuyo anuncio de adjudicación o formalización se publique en la plataforma de contratación del sector público en el periodo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, se reconocerá al contratista la posibilidad de una revisión excepcional de precios siempre que concurra la circunstancia establecida en este real decreto-ley.
Igual posibilidad de revisión excepcional de precios se le reconocerá al contratista en aquellos contratos públicos de obras, ya sean administrativos o privados, adjudicados por cualquiera de las entidades que forman parte del sector público estatal, cuyo anuncio de licitación se publique en la plataforma de contratos del sector público en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto ley y cuyo pliego de cláusulas administrativas particulares establezca una fórmula de revisión de precios, siempre que concurra la circunstancia establecida en este real decreto-ley.
Dicha revisión excepcional se reconocerá con independencia del régimen jurídico que por razón temporal o de la materia se aplique al contrato."
El artículo 7, por su parte establece que:
"1. La revisión excepcional de precios se reconocerá cuando el incremento del coste de los materiales empleados para el contrato de obras haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato durante su vigencia y hasta su finalización, esto es, una vez formalizada el acta de recepción y emitida la correspondiente certificación final.
A estos efectos se considerará que existe tal impacto cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre, calculado aplicando a los importes del contrato certificados en el periodo, siempre posterior al 1 de enero de 2021, que determine el contratista en su solicitud y que no podrá ser inferior a doce ni superior a veinticuatro meses, su fórmula de revisión de precios si la tuviera, y, en su defecto, aplicando la que por la naturaleza de las obras le corresponda de entre las fijadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, exceda del 5 por ciento del importe certificado del contrato en ese mismo período. El cálculo de dicho incremento se efectuará suprimiendo de la fórmula aplicable al contrato los términos que representan los elementos de coste distintos de los antes citados, e incrementando el término fijo, que representa la fracción no revisable del precio del contrato, en el valor de los coeficientes de los términos suprimidos, de forma que la suma de todos los coeficientes mantenidos más el término fijo sea la unidad.
En caso de que el contrato tuviese una duración inferior a doce meses, el incremento del coste se calculará sobre la totalidad de los importes del contrato certificados. El periodo mínimo de duración del contrato para que pueda ser aplicable esta revisión excepcional de precios será de cuatro meses, por debajo del cual no existirá este derecho...
2. La cuantía de la revisión excepcional a la que se refiere este artículo no podrá ser superior al 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato. Dicha cuantía no se tomará en consideración a los efectos del límite del 50 por ciento previsto en el artículo 205.2. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , y en el artículo 111.2 del Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero ; ni a los efectos de otros límites sobre modificaciones previstos en la normativa anterior que fuese de aplicación al contrato."
El art. 8 relativo a los criterios de cálculo para la revisión excepcional de precios, establece que (8.a), si el PCAP del contrato establece una cláusula de revisión de precios dicha cuantía será el incremento que resulte de la aplicación de dicha fórmula modificada suprimiendo el término que represente el elemento de coste correspondiente a energía, e incrementando el término fijo, que representa la fracción no revisable del precio del contrato, en el valor del coeficiente del término suprimido, de forma que la suma de todos los coeficientes mantenidos más el término fijo sea la unidad, a las certificaciones de lo ejecutado durante el periodo desde el 1 de enero de 2021, o desde la primera certificación si ésta fuera posterior, hasta el momento en el que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 103 de la Ley 9/ 2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público , pueda ser efectiva la revisión prevista en la cláusula. Transcurrido este periodo, el contrato se regirá por lo establecido en el pliego."
Si el PCAP del contrato no prevé revisión de precios (8.b) "dicha cuantía se determinará como la diferencia entre el importe certificado por la ejecución de la obra cada año desde 1 de enero de 2021, o desde la primera certificación si ésta fuera posterior, hasta la conclusión del contrato y el que se habría certificado si dicha ejecución hubiera tenido derecho a revisión de precios, aplicando la fórmula que aparezca en el proyecto de construcción que sirvió de base para la licitación del mismo o en su defecto la que hubiera correspondido al contrato de entre las mencionadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, modificada suprimiendo el término que represente el elemento de coste correspondiente a energía, e incrementando el término fijo, que representa la fracción no revisable del precio del contrato, en el valor del coeficiente del término suprimido, de forma que la suma de todos los coeficientes mantenidos más el término fijo sea la unidad. Esta regla se aplicará aunque todavía no se hubiera ejecutado el 20 por ciento del importe del contrato o no hubiesen transcurrido dos años desde su formalización."
Y, en ambos casos, la fecha de referencia para los índices de precios representados con subíndice 0 en las fórmulas de revisión será la fecha de formalización del contrato o la que el mismo fije si la formalización es más de tres meses posterior a la formalización de ofertas.
El art. 9, relativo al procedimiento establece, solicitud del contratista, presentada durante la vigencia del contrato y, en todo caso, antes de la aprobación por el órgano de contratación de la certificación final de obras, acompañada de la documentación necesaria, que deberá ser comprobada por éste. De no presentarse debidamente la documentación referida, el órgano de contratación concederá 7 días para subsanar y, de no hacerse, denegará la solicitud.
Recibida la documentación, se dictará resolución motivada del órgano de contratación, previa propuesta provisional, con traslado al contratista para alegaciones, siendo el silencio negativo.
En aquel caso, la solicitud se había formulado, por primera vez, el 30-5-2022, aunque no de forma correcta, porque no se acompañó de la totalidad de documentos que debió adjuntar, pero como hemos visto, el art. 9 articula el remedio a tal situación y no es la inactividad administrativa de autos, sino un requerimiento y plazo de subsanación.
En el momento de dicha petición, no había concluido la ejecución del contrato y, por ello, pese a la falta de formalidades (y también de la oferta administrativa de subsanación) se dio lugar a la revisión solicitada.
En este caso, el juego de fechas que se establece en la sentencia apelada es: 23-12-2020, adjudicación del contrato; formalización del mismo el 30-12-2020; el acta de comprobación de replanteo se levanta el 16-2-2021; el 5-7-2021 se modifica el contrato, formalizada el 14-7-2021; el 29-10-2021 se suscribe el acta de recepción de las Obras y la certificación final de obra se emite y presenta al cobro el 8-11-2021.
Es cierto que no se aprueba hasta el 11-5-2022 y que unos días antes, el 6-5-2022, la actora solicita la revisión, petición que reitera posteriormente, pero no compartimos la conclusión de la sentencia de instancia que, atendiendo exclusivamente a la formalidad de la aprobación de la certificación final de la obra por el Ayuntamiento, concluye que la obra no ha concluido hasta ese 11-5-2022.
La obra concluyó con su recepción (y entrada en funcionamiento) y concluir de otra forma es desconocer la obligación de la Administración impuesta por el art. 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, LCSP:
"1. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en esta Ley, concurrirá un facultativo designado por la Administración representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en esta Ley.
En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, los pliegos podrán prever que el plazo de tres meses para la aprobación de la certificación final al que se refiere el párrafo anterior, podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún caso los cinco meses.
2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato..."
En este caso se incumplió el plazo de 3 (incluso de 5) meses que la Administración tenía para aprobar la certificación final y aunque sus razones pueden ser múltiples y, sobre todo, pudo contar con el consentimiento o la tolerancia de la contratista, lo que no tiene es la virtualidad de reabrir plazos que, claramente, están condicionados a la no conclusión de las obras, como en el presente caso ocurre.
Concluir de otra forma desconocería también el principio general de las obligaciones, contenido en el art. 1256 del CC, relativo a la imposibilidad de dejar el cumplimiento de las mismas al arbitrio de una de las partes.
La obra había concluido, por tanto y, con ella, la posibilidad de solicitar la revisión excepcional del RDL 3/2022, fundamento de la pretensión actora, por lo que debemos revocar la sentencia de instancia, con estimación del presente recurso de apelación y desestimar el recurso contencioso-administrativo inicial.
El artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establece que, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.
No procede pues su expresa imposición en cuanto a las de esta instancia y sí las de la primera, al recurrente, hasta un máximo de 1.500€ por todo concepto.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y de general aplicación
1) La estimación del recurso de Apelación interpuesto por la Procuradora Dª ROSA ISABEL ANDREU NACHER, en nombre y representación del EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE BENICASSIM, asistido por el Letrado D. ALBERTO LUMBRERAS JIMÉNEZ, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Instancia de Castellón, Sección de lo Contencioso-Administrativo, Plaza nº 1, en fecha 8-1-2026, en el recurso Contencioso-Administrativo 174/2024, revocando la misma y, en consecuencia, debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por BECSA, S.A.U., contra el Decreto 2024/0960, de fecha 21 de marzo de 2024, del AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto por BECSA, S.A., contra el Decreto de Alcaldía 3643/2023 de fecha 16 noviembre, por el que se desestima la revisión de precios extraordinaria del contrato de Obras "PROLONGACIÓN DE LA CARRETERA CV-149 Y NUEVA ROTONDAEN AVENIDA MOHINO", por ser conforme a derecho.
2) La no imposición de las costas causadas en esta instancia y sí las de la primera, al recurrente, hasta un máximo de 1.500€ por todo concepto.
A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvanse los Autos a su procedencia.
Esta Sentencia no es firme y contra ella cabe, conforme a lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162 de 6 de julio de 2016), previa consignación de un depósito de 50 euros en la cuenta 4318.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.