Contratación pública: interpretación de la Directiva 2014/24 en materia de exclusión de licitadores


TJUE - 03/10/2019

Una entidad pública rumana convocó un procedimiento de adjudicación de un contrato público para la ampliación de una carretera nacional. A este concurso se presentó una UTE que fue excluida al constar en la plataforma de contratos públicos la resolución de un contrato público anterior con uno de sus miembros por haber recurrido éste a un subcontratista sin la autorización previa del poder adjudicador.

La mercantil excluida interpuso recurso ante el Tribunal Superior de Bucarest cuestionando el derecho de la entidad pública convocante a excluirla del procedimiento de adjudicación sobre la base de la decisión de resolución del contrato anterior mencionado.

El Tribunal decidió suspender el procedimiento y planteó una cuestión prejudicial al tener dudas sobre si la actuación de la mercantil, que dio lugar a la resolución de aquel contrato, pudo suponer la exclusión de un operador económico de la participación en un procedimiento de contratación pública en base a lo dispuesto en el art. 57.4.g) de la Directiva 2014/24.

El TJUE señala que la subcontratación por un operador económico de una parte de las obras en el marco de un contrato público anterior, decidida sin la autorización del poder adjudicador y que dio lugar a la resolución de dicho contrato, constituye una deficiencia significativa o persistente constatada en el cumplimiento de un requisito sustancial relativo a ese mismo contrato y puede, por tanto, justificar la exclusión del operador económico de la participación en un procedimiento de contratación pública posterior si el poder adjudicador que organiza este último procedimiento, tras haber realizado su propia valoración de la integridad y la fiabilidad del operador económico en cuestión, estima que tal subcontratación entraña la ruptura de la relación de confianza con el mismo.

Sin embargo, de conformidad con el art. 57.6 de la Directiva, el poder adjudicador, antes de pronunciarse sobre la exclusión, debe dar al operador económico la posibilidad de exponer las medidas correctoras que haya adoptado a raíz de la resolución del contrato público anterior.