Sanción a ayuntamiento por no acreditar el cumplimiento de las medidas impuestas por la AEPD

PRIMERO: Con fecha 17 de abril de 2023, por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos se dictó resolución en el procedimiento de ejercicio de derechos del expediente número EXP202212375, seguido contra el AYUNTAMIENTO DE ÁVILA (en adelante, el Ayuntamiento).

En dicho expediente, consta que la parte reclamante ejerció su derecho de acceso de los datos personales que le conciernen, sin que dicha solicitud resultara debidamente atendida, dictándose resolución en la que se requería lo siguiente:

“PRIMERO: ESTIMAR la reclamación formulada por A.A.A. e instar al AYUNTAMIENTO DE ÁVILA, con NIF P********, para que, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, remita a la parte reclamante certificación por la que se atienda el derecho de Acceso ejercido o se deniegue motivadamente indicando las causas por las que no procede atender la petición, de conformidad con lo establecido en el cuerpo de la presente resolución. Las actuaciones realizadas como consecuencia de la presente Resolución deberán ser comunicadas a esta Agencia en idéntico plazo. El incumplimiento de esta resolución podría comportar la comisión de una infracción del artículo 83.6 del RGPD, calificada como muy grave a los efectos de prescripción en el artículo 72.1.m) de la LOPDGDD, que se sancionará, de acuerdo con el art. 58.2 del RGPD.”

SEGUNDO: La resolución del procedimiento de ejercicio de derechos, en la que se concedía al Ayuntamiento el plazo de diez días hábiles para la atención del ejercicio del derecho de acceso, se notificó conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP) mediante notificación electrónica, siendo recogida por el responsable con fecha 17 de abril de 2023, como consta en el acuse de recibo que obra en el expediente.

TERCERO: Con fecha 12 de mayo de 2023 y número REGAGE23e00030406078, se registra de entrada respuesta del Ayuntamiento en la que se manifiesta que se instó “a los interesados a que podían acceder a toda la información a través del expediente correspondiente de la solicitante, es decir, la Gerencia de Servicios Sociales de Ávila.” No obstante, el Ayuntamiento no indicó a esta Agencia que hubiera remitido a la parte reclamante certificación por la que se hubiese atendido el derecho de acceso ejercido o se hubiese denegado motivadamente.

CUARTO: Una vez transcurrido el plazo otorgado para que se realizaran las actuaciones requeridas en la resolución del procedimiento de ejercicio de derechos sin que en esta Agencia se haya tenido constancia de éstas, y habiendo recibido escrito de la parte reclamante, registrado de entrada con fecha 31 de mayo de 2023 y número REGAGE23e00034533983, solicitando el cumplimiento de la resolución, con fecha 2 de junio de 2023 y número de registro de salida REGAGE23s00035239074, se envía requerimiento al Ayuntamiento para que, en el plazo de cinco días hábiles, remita a la parte reclamante certificación del cumplimiento de la resolución indicada y, en el plazo de diez días hábiles, notifique a esta Agencia las medidas adoptadas.

La notificación de dicho requerimiento se practicó conforme a las normas establecidas en la LPACAP mediante notificación electrónica, siendo recogida por el responsable con fecha 2 de junio de 2023, como consta en el acuse de recibo que obra en el expediente.

QUINTO: Con fecha 8 de junio de 2023 y número REGAGE23e00037060814, se registra de entrada respuesta del Ayuntamiento en la que se manifiesta que “desde esta Jefatura nos hemos puesto en contacto telefónicamente con el interesado, D. A.A.A., al que también nos hemos dirigido por vía telemática, comunicándole que está a su disposición en esta Jefatura, vista del expediente solicitado.” A pesar de esta manifestación, en esta entrada el Ayuntamiento no acredita por ningún medio haber atendido el derecho de acceso ejercido en los términos establecidos por la normativa.

SEXTO: Una vez transcurrido el nuevo plazo otorgado para que se realizaran las actuaciones requeridas en la resolución del procedimiento de ejercicio de derechos sin que en esta Agencia se haya tenido constancia de éstas, y habiendo recibido nuevo escrito de la parte reclamante con fecha 21 de junio de 2023 y número REGAGE23e00040605621, solicitando el cumplimiento de la resolución, con fecha 30 de junio de 2023 y número de registro de salida REGAGE23s00043251748, se vuelve a requerir al Ayuntamiento para que, en el plazo de cinco días hábiles, remita a la parte reclamante certificación del cumplimiento de la resolución indicada y, en el plazo de diez días hábiles, notifique a esta Agencia las medidas adoptadas. En este nuevo requerimiento, se recordaba al Ayuntamiento que debía dar cumplimiento al derecho de acceso en los términos del artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), el cual se reproducía literalmente, puesto que la documentación que había sido presentada hasta la fecha ante esta Agencia no cumplía con lo preceptuado en dicho artículo.

La notificación de dicho requerimiento se practicó conforme a las normas establecidas en la LPACAP mediante notificación electrónica, siendo recogida por el responsable con fecha 30 de junio de 2023, como consta en el acuse de recibo que obra en el expediente.

SÉPTIMO: Transcurrido el plazo de la resolución inicial y de los sucesivos requerimientos, el Ayuntamiento no ha remitido respuesta a esta Agencia que acredite que ha atendido el derecho de acceso ejercido, o en su caso, que lo ha denegado motivadamente indicando las causas por las que no procede atender la petición.

OCTAVO: Contra la citada resolución no cabe ningún recurso ordinario en vía administrativa por el transcurso de los plazos establecidos para ello. Asimismo, el interesado no ha manifestado su intención de interponer recurso contencioso-administrativo, ni esta Agencia tiene constancia de que el mismo se haya interpuesto y se haya solicitado suspensión cautelar de la resolución.

NOVENO: Con fecha 18 de octubre de 2023, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador al Ayuntamiento, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la LPACAP, por la presunta infracción del Artículo 58.2 del RGPD, tipificada en el Artículo 83.6 del RGPD.

DÉCIMO: El citado acuerdo de inicio fue recogido por el Ayuntamiento con fecha 20 de octubre de 2023, como consta en el acuse de recibo que obra en el expediente.

UNDÉCIMO: Con fecha 3 de noviembre de 2023 y número de registro de entrada REGAGE23e00074850702, el Ayuntamiento presenta escrito de alegaciones al acuerdo de inicio en el que, respecto al cumplimiento de la resolución del procedimiento de ejercicio de derechos del expediente número EXP202212375, manifiesta lo siguiente.

El Ayuntamiento afirma que no ha existido conducta obstructiva o evasiva hacia la Agencia Española de Protección de Datos porque “el día 10/05/2023 (…) se remitió a dicho organismo desde la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Ávila informe de Jefatura de Policía Local de Ávila y contestación del responsable del Tratamiento de los datos del Excmo. Ayuntamiento de Ávila (…) que acreditaban de forma nítida el cumplimiento de las obligaciones que satisfacían el derecho de acceso a la información manifestado por el interesado.

Desde este momento se inició una relación orientada a ofrecer a la Agencia las evidencias de que realmente se había cumplido con el trámite exigido: así, el día 02/06/2023, la Agencia requirió al Ayuntamiento certificación del cumplimiento de la resolución dictada en esta fecha comunicando las medidas adoptadas en cumplimiento del requerimiento efectuado (…). El día 08/06/2023 se remitió a la Agencia Española de Protección de Datos, escrito en el que se comunicaba que la Jefatura de la policía local se había puesto en contacto telefónicamente con el interesado, D. A.A.A., también se hizo por vía telemática, poniendo a su disposición el expediente solicitado. (…).

El día 08/06/2023 se remite por parte de la Jefatura de Policía Local, escrito dando cumplimiento a la resolución dictada por la AGENCIA ESPAÑOLA DE DATOS en la que se comunica al interesado D. A.A.A., la puesta a su disposición, en cumplimiento del art. 15 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europea y del consejo, la vista del expediente solicitado; significando que si deseaba obtener copia del mismo, deberá acreditar previamente el abono de las tasas establecidas en las Ordenanzas Municipales. (…), es decir, en todo momento se suministró información al interesado, y una vez pagó las tasas, se le entregó la información requerida (…).”

El Ayuntamiento declara que no ha vulnerado los derechos de los interesados comparecientes en el expediente inspector iniciado por la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León y que “el interesado (a pesar de no presentar documento privado con firma legitimada notarialmente o documento público que le permitiese actuar en nombre y representación de su madre y su hermana, presentando únicamente un escrito firmado por ambas), desde el primer momento ha dispuesto de toda la documentación que obraba en poder de la Policía Local, siendo remitida a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Aunque huelga decirlo, por obvio, este ayuntamiento no es la Administración encargada de la tramitación de los expedientes de los que toma causa este procedimiento, actuando exclusivamente en colaboración con la Administración sustantiva que tiene la competencia material sobre la materia, esto es, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Gerencia Territorial de servicios Sociales de Ávila a través de la Sección de Familia.

Debe hacerse constar lo señalado por el responsable del Tratamiento de Datos del Ayuntamiento de Ávila (…):

“- La solicitud del informe por parte de los Servicios Sociales de la JCYL (el 16 de junio de 2021) era en relación al domicilio habitual de Dª. B.B.B., solo constando el nombre de D. A.A.A. en el mismo para hacer constar su lugar de empadronamiento.

- Existe contestación a todo lo señalado por el reclamante por parte del responsable del tratamiento de los datos del Excmo. Ayuntamiento de Ávila con NRS 2022/10144 de fecha 8 de abril de 2022 a Dª. B.B.B.. D. A.A.A., el reclamante, autorizó previamente (el 29 de julio de 2021) a Dª B.B.B. para (..) encargue relacionado con diferentes procedimientos administrativos.

- Del reclamante D. A.A.A. una vez verificados los gestores de expediente de la Secretaría de esta Corporación, no consta la elaboración de un perfil ni que sea objeto de decisiones individuales automatizas.

- No obstante, y en aras a una mayor transparencia, se emitió nuevo informe por parte de la Jefatura de Policía Local de Ávila, emitido el 5 de mayo de 2023 cuyo contenido se adjunta””.

El Ayuntamiento afirma que “nunca se ha negado a facilitar la información a los interesados, puesto que como consta en la documentación adjunta, ha sido la policía local el servicio que ha realizado las indagaciones y emitido los sucesivos informes que acreditaban lo hecho, identificando el proceso inspector que originó su actuación, así como el número de identificación de los agentes actuantes, lo que nos conduce inequívocamente a que nada se ha omitido, ni se ha infringido precepto alguno, no pudiéndose sancionar a este Ayuntamiento por un tipo infractor que no se ha cometido.

Esta conclusión es debida puesto que la policía local ha inspeccionado e informado de lo realizado, cumpliendo con la exigencia de transparencia exigida, motivo por el cual, este Ayuntamiento no ha vulnerado derecho alguno del particular denunciante, sino que, producida su solicitud, el suministro de la información por el servicio de la Policía Local se realiza en el marco de la colaboración debida con la administración autonómica, que requiere unos datos que se la facilitan, y, en consecuencia, resuelve un procedimiento sectorial de cobro de pensión, lo que, no satisfaciendo los intereses de la ciudadana interesada, provoca una actuación contra este Ayuntamiento, que resulta exagerada, dicho sea, en estrictos términos de defensa.

Este Ayuntamiento en su funcionamiento diario conoce que la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno, son los ejes fundamentales de toda acción política, puesto que permite someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, permitiendo a los ciudadanos conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, lo que favorecerá que aquéllos comiencen a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación en asuntos públicos.

Esto significa, entre otras cosas, que el ciudadano o el interesado en un procedimiento concreto, tienen derecho de acceso a la información pública partiendo de la previsión contenida en el artículo 105.b) de nuestro texto constitucional, y en los art. 13 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Como veremos a continuación

Este ayuntamiento ha delimitado ese derecho de acceso, a documentos contenidos, tanto en procedimientos administrativos ya terminados, como en procedimientos no concluidos, excluyéndose de ese derecho, documentos confidenciales de acuerdo las normativas sectoriales, y a material instrumental que se utiliza como soporte de las resoluciones adoptadas. Todo lo demás se proporciona al interesado o bien, incorporándole como interesado en la aplicación informática GESTDOC, o facilitándole la documentación solicitada en formato papel, previo pago de tasas, lo que se ha hecho en este expediente.”

El Ayuntamiento indica que ha actuado en todo momento guiado por un deber de colaboración administrativa, desplegado en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en el que, en todo momento, el contenido de los informes se infiere de la propia constatación física de residenciar o no en un domicilio de este municipio. En este caso, dice, el Ayuntamiento facilitó a la consejería la certeza comprobada in situ, acerca de “quiénes vivían en el domicilio” referido por la consejería de familia. No se ha desvelado, añade, dato alguno que no fuese facilitado por la propia solicitante, y por la administración autonómica actuante.

El Ayuntamiento recuerda que “En la Resolución del Resolución 13/2018 del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana de 15 de febrero de 2018 (Exp. 24/2017) se señala en su FJ-5: “Aunque pueda resultar una obviedad, puede entenderse que el derecho de acceso a la información da derecho a ser informado de la existencia o no de la información o documentos solicitados. Ello puede considerarse implícito del artículo 20.3° o del artículo 18.1° d y 20 de la LTBG 19/2013”. Entendemos que la información se les ha suministrado correctamente, no habiendo hurtado su derecho de acceso. La propuesta de esta Agencia, aparentemente desoída por este Ayuntamiento, no debe ser penalizada por entender que ya estaba todo resuelto, habiendo informado al interesado. No se ha hurtado al interesado del ejercicio de su derecho”.

El Ayuntamiento también señala que “La SJCA número X de Toledo, XXX/2021 (Recurso XXXXXXX), al desestimar el recurso formulado por el demandante por no haberle ofrecido la Administración la información requerida, declara en su FJ-Tercero que: “(…) debe ser así dado que el Ayuntamiento demandado no deniega información al recurrente sino que le dice que no se le puede facilitar "por inexistencia de objeto al no existir los trámites descritos por el interesado sobre los que solicita información, más allá de los documentos contenidos en la copia del expediente puesto a disposición en el preceptivo trámite junto a la Diligencia de fecha 28 de febrero y de R.S.Nº XXX, notificada al interesado con fecha…". Es decir, no se le puede facilitar al recurrente lo que no existe, y de ahí que no haya constancia de ello en el expediente, ni nada haya probado el recurrente sobre dicho extremo”. Siendo esto doctrina general, atendiendo al contenido del derecho de acceso, entendemos que no se ha hurtado el derecho del interesado, puesto que se le ha suministrado la información requerida en varias ocasiones, tanto el informe del responsable del tratamiento de datos, como de la policía local, donde se expresa el relato de lo actuado, y la identificación de los agentes actuantes”.

Por todo lo expuesto, concluye que “en ningún caso puede afirmarse que este Ayuntamiento ha hurtado al particular de la información y datos solicitados. Y desde luego no puede sostenerse que este ayuntamiento ha desobedecido, desoído u obstruido las directrices de este organismo, puesto que en todo momento se ha ido contestando a todo lo requerido, sometiéndonos al ritmo del interesado en cumplir con las exigencias municipales, tales como el pago de las tasas correspondientes por expedición de documentos.

Se advierte, por tanto, que este Ayuntamiento ha atendido la orden de adopción de medidas impuestas por este organismo en la resolución sancionadora (se ha cumplido con el derecho de acceso a la información ejercido por el interesado), de forma que no nos encontramos ante una infracción administrativa conforme a lo dispuesto en el RGPD, tipificada como infracción en su artículo 83.6, solicitando el archivo de este procedimiento.

Por esta razón, interesamos la estimación de estas alegaciones, y en su virtud, sea dictada Resolución de esta Agencia por la que se declare la inexistencia de responsabilidad en la comisión de infracción alguna, archivándose el procedimiento.”

DUODÉCIMO: Con fecha 9 de julio de 2024 se formuló propuesta de resolución, proponiendo que por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos se declare que el Ayuntamiento ha infringido lo dispuesto en el Artículo 58.2 del RGPD, infracción tipificada en el Artículo 83.6 del RGPD. Esta propuesta de resolución fue notificada fehacientemente al Ayuntamiento.

DÉCIMOSEGUNDO: Con fecha 12 de julio de 2024 y número de registro REGAGE24e00052619479, el Ayuntamiento presenta escrito de alegaciones a la Propuesta de resolución en el que, en relación al cumplimiento de la resolución del procedimiento de ejercicio de derechos del expediente número EXP202212375, manifiesta lo siguiente.

El Ayuntamiento reitera que “se está imputando una conducta infractora a una administración en relación con el tratamiento de datos vinculado a un expediente en el que solicita el derecho de acceso cuando este Ayuntamiento no es la Administración encargada de su tramitación, actuando exclusivamente de manera instrumental en colaboración con la administración sustantiva (…)

Por ende, nos encontramos no ante un incumplimiento respecto a la reclamación sino ante una eventual irregularidad formal por no haber comunicado presuntamente a esa Agencia la materialización del acceso e información conferida al reclamante Don A.A.A..”

El Ayuntamiento señala que “quien tiene la obligación legal de facilitar el acceso a toda la documentación que conforma un expediente es exclusivamente la responsable de su tramitación” y cita el artículo 70 de la LPACAP.

Pero, añade el Ayuntamiento, “tal como ha quedado acreditado en los documentos aportados con motivo de las alegaciones formuladas a la incoación del expediente sancionador, y justamente en respuesta a lo requerido por esa Agencia, se ha atendido en debida forma a Don A.A.A..”

El Ayuntamiento opina que “tanto el reclamante como esa Agencia convierten a este Ayuntamiento en responsable de facilitar una información o adoptar decisiones que ni le conciernen ni le competen.”

El Ayuntamiento, tras indicar que respondió a dos requerimientos de cumplimiento de esta Agencia, reconoce que “cierto es que esa Agencia con fecha 21 de junio de 2023, recibido en este Ayuntamiento el día 30 del mismo mes y año, vuelve a solicitar que se notifique las medidas adoptadas, entendiéndose por este Ayuntamiento de buena fe que en la medida en que se le había cursado respuesta en los dos escritos anteriores se daba por cumplido dicho requerimiento.

Pues bien, queremos suponer que con causa en esta omisión el día 18 de octubre de 2023 la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador al Ayuntamiento, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la LPACAP, por la presunta infracción del Artículo 58.2 del RGPD, tipificada en el Artículo 83.6 del RGPD, siendo contestada dicha resolución mediante escrito de alegaciones que en la propuesta de resolución que motiva el presente, no son apreciadas en forma alguna.

Y justamente como fundamentación de las citadas alegaciones se aportaba toda la documentación de lo actuado donde se acredita todos los extremos de las diligencias del Ayuntamiento antes reseñadas, de modo y manera, que esa Agencia tiene así y con tal causa un total y cumplido conocimiento de lo que a este Ayuntamiento concierne.”

Por otra parte, el Ayuntamiento señala que “Del relato de los hechos, de las diversas alegaciones y detallada documentación aportada en el expediente de origen y en el actual, se infiere que no ha habido una actuación intencionada o negligente por parte del Ayuntamiento de Ávila, ni en la ejecución de resolución de esa Agencia en el expediente de acceso a datos personales interpuesto por el Sr. A.A.A., ni en la cumplimentación de los requerimientos dirigidos a esta entidad.

Para la imposición de sanción administrativa basada en las infracciones contenidas en los apartados 4 a 6 del artículo 83 del Reglamento General de Protección de Datos es preciso, según ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencias de 5 de diciembre de 2023 (asuntos C-683/21 y 807/21), que se acredite que tal infracción se cometió de forma intencionada o negligente”

El Ayuntamiento alega que “Ni el acuerdo de inicio del expediente sancionador, ni la propuesta de resolución se acredita el actuar culposo o negligente requerido por las citadas sentencias para la imposición de la sanción, más bien lo contrario. Pese a la posición instrumental de este Ayuntamiento en el expediente de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León, de las alegaciones y documentación remitidas a esa Agencia (10 de mayo, 8 de Junio y 3 de noviembre de 2023) sólo se puede deducir el cumplimiento escrupuloso por parte de esta Administración de las obligaciones tendentes a satisfacer el derecho de acceso requerido, en su día, por el interesado y ordenado por esa Agencia.

Se advierte, por tanto, que este Ayuntamiento ha atendido la orden de adopción de medidas impuestas por este organismo en la resolución sancionadora (se ha cumplido con el derecho de acceso a la información ejercido por el interesado) y de ello se informó a esa Agencia en la forma explicada (singularmente el 8 de junio de 2023), de manera que nos encontramos ante una infracción administrativa no acontecida en los términos imputados.”

Por lo expuesto, el Ayuntamiento solicita que “sea dictada Resolución de esa Agencia por la que se declare la inexistencia de responsabilidad en la comisión de infracción alguna por este ayuntamiento, archivando el procedimiento.”

A la vista de todo lo actuado, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos en el presente procedimiento se consideran hechos probados los siguientes,