Revisión excepcional de precios. ¿Resulta solamente aplicable a los contratos de obras en ejecución?

Previamente al examen de fondo de las cuestiones suscitadas conviene tener presente que en relación con el contenido de los informes, de acuerdo con el criterio reiteradamente sentado (Informes 5/2007, 6/2007 y 6/2009), a la Comisión Consultiva de Contratación Pública no le corresponde informar expedientes en concreto, salvo los supuestos específicos a que se refiere el artículo 2 del Decreto 93/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la organización y funciones de este órgano consultivo.

Por tanto, los informes que se soliciten habrán de recaer sobre cuestiones que se susciten en relación con la interpretación general de las normas en materia de contratación pública.

1.- El artículo 4 del Decreto Ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios de los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas previstas en el Título II del Real Decreto ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan las normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, y se crea la marca «Corazón Andaluz» y se regula el procedimiento para su uso. (en adelante DL 4/2022), dispone en su apartado primero lo siguiente:

"El régimen previsto en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, será de aplicación también a los contratos de servicios necesarios para la ejecución de obras públicas. Asimismo, también será de aplicación a los contratos con certificación en 2021, aun cuando no estuvieren en ejecución a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, siempre que no se encuentren liquidados en dicha fecha. "

A la entidad consultante le plantea dudas la expresión "siempre que no se encuentren liquidados a dicha fecha", pues podría referirse, bien al momento de emisión de la certificación final de la obra en el sentido del artículo 243.1 párrafo segundo LCSP, o bien a la liquidación regulada en el artículo 243.3 que tiene lugar una vez transcurrido el plazo de garantía fijado en el pliego.

2.- La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en su resolución 14/2022, procede a determinar qué debe entenderse por la expresión "en ejecución" a efectos de determinar el límite final del período en que puede nacer el derecho a la revisión excepcional de precios previsto en el artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo (en adelante RDL 3/2022) concluyendo que "parece claro que el legislador ha querido limitar el derecho a la revisión excepcional de precios al momento de la finalización de la ejecución de la obra, que concreta en el momento en que se ha formalizado el acta de recepción y se ha emitido la certificación final".

Esta conclusión se justifica por dos circunstancias:

"Por el hecho de que la propia LCSP señale con nitidez que si durante la recepción se observa que las obras no se hallan en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos, no formalizándose el acta hasta que las obras se encuentren en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas. Incluso acontece que, si transcurrido el plazo otorgado para la reparación de los defectos observados el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, en este caso por culpa del contratista.

Porque el artículo 166 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) señala que, tras la recepción, se redactará la correspondiente relación valorada y el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final, que deberá ser aprobada en el plazo de dos meses, contados a partir de la recepción de la obra y que será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de dos meses a partir de su expedición a cuenta de la liquidación del contrato. "

Debe tenerse en cuenta que mientras el RDL 3/2022, al que se refiere el informe mencionado, vincula su aplicación al hecho de que los contratos se encuentren en ejecución a la fecha de entrada en vigor, el DL 4/2022 la vincula al hecho de estar pendientes de liquidación, incluso aunque no estuviesen en ejecución.

Resulta claro que el legislador ha querido ampliar el ámbito de aplicación de la norma para incluir no solo a los contratos en ejecución, sino también, a aquellos contratos en los que habiéndose formalizado el acta de recepción y emitido la certificación final de obra se encuentran pendientes de la liquidación prevista en el artículo 243.3 LCSP que tendrá lugar una vez transcurrido el período de garantía previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3.- La segunda cuestión que plantea el Ayuntamiento de Córdoba es si los efectos de la revisión de precios extraordinaria prevista en el DL 4/2022 podrían atenuarse, para que así haya una distribución equitativa de la carga entre ambas partes del aumento desorbitado de los precios.

El DL 4/2022 resulta directamente aplicable al sector público autonómico, siendo necesario, para su aplicación a las entidades locales del ámbito territorial de Andalucía, que así lo acuerde el órgano competente conforme a lo establecido en la legislación aplicable (artículo 3), sin que puedan modularse los efectos de su adhesión más allá del límite de la cuantía máxima de la revisión excepcional establecido en el 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato (artículo 5).

Finalmente, no corresponde pronunciarse a esta Comisión Consultiva sobre cómo se concreta en una empresa municipal la limitación impuesta por la normativa presupuestaria, al tratarse de una cuestión ajena a la materia contractual.