Órgano municipal competente para la adjudicación de una concesión demanial por 75 años

En fecha 15 de septiembre de 2021, ha tenido entrada en la Secretaría de la Junta Superior de Contratación Administrativa solicitud de informe del Ayuntamiento de Xirivella mediante el que formula consulta del siguiente tenor literal:

"ASUNTO: CONSULTA FORMULADA A LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO (2021/S275/0007)

Michel Montaner Berbel, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Xirivella (Provincia de Valencia), en calidad de representante legal del citado Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 35/2018, de 23 de marzo, del Consell, por el que se regula la Junta Superior de Contratación Administrativa, el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, el Registro de contratistas y empresas clasificadas de la Comunitat Valenciana y la Central de Compras de la Generalitat y se adoptan medidas respecto de la contratación centralizada, como mejor proceda en Derecho, se formula la siguiente CONSULTA:

ANTECEDENTES DE HECHO

Único. En este Ayuntamiento, municipio sometido al régimen común, ha surgido la controversia sobre cuál es el órgano competente para llevar a cabo la aprobación y adjudicación de determinados negocios patrimoniales, al amparo de las determinaciones de la Disposición Adicional Segunda, apartados noveno y décimo, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/ UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante, LCSP.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A) Las reglas básicas para la distribución de atribuciones entre los órganos de contratación locales se contienen en la Disposición adicional segunda de la LCSP, titulada "Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales", que indica en sus números 1 y 2 lo siguiente.

1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

2. Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, conforme al apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales a los que se refiere el art. 121 de esta Ley.

A tal efecto, el apartado noveno de la mencionada Disposición Adicional Segunda señala expresamente que "En las entidades locales corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales la competencia para la celebración de los contratos privados, así como la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación, en los términos definidos en el art. 100.1, no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados".

B) En ese sentido, la referencia al concepto "presupuesto base de licitación", incidiendo, además, en la regulación que ofrece sobre dicho concepto el propio art. 100.1 de la LCSP, entendiéndose como tal el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario, conlleva el hecho de que en los negocios patrimoniales en los que no haya gasto a comprometer (esto es, presupuesto base de licitación de importe cero euros), sino un canon a percibir por el ayuntamiento (caso de concesiones demaniales del art. 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas), o un precio a recibir (caso de enajenaciones), abre la puerta a entender que por dicho concepto, la atribución en el ámbito local para tramitar dichos procedimientos, por regla general y en los municipios de régimen común, corresponderá a la Alcaldía, sin perjuicio de su posible delegación en la Junta de Gobierno Local o en órganos unipersonales, en todo caso, habida cuenta que tampoco opera la limitación en cuanto al plazo de la concesión, por ejemplo, como consecuencia de la modificación operada en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en adelante, LRBRL, por parte de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al derogarse en su momento las letras ñ) y p) del apartado primero del art. 21 de la mencionada LRBRL.

Así pues, en base al tenor literal de la Disposición Adicional Segunda, apartado noveno, de la LCSP, el órgano competente en un municipio de régimen común para adjudicar una concesión demanial por una duración de 75 años y un canon a percibir por el Ayuntamiento sería la Alcaldía, salvo las concesiones de bienes por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto, en cuyo caso la atribución le corresponde al Pleno por aplicación del art. 47.2.j) de la LRBRL.

Al hilo de dicha previsión, ha de tenerse en cuenta que la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, mediante su disposición derogatoria única, derogó los arts. 21, apartado 1, la letra ñ) y la letra p); Artículo 22, apartado 1, la letra n) y la letra o); Artículo 33, apartado 2, la letra l) y la letra n); Artículo 34, apartado 1, la letra k) y la letra m); Artículo 88; Artículo 127, apartado 1, la letra f) de la LRBRL, lo que nos lleva a pensar que, toda vez que el apartado primero del derogado art. 88 de la LRBRL preveía literalmente que " La competencia para contratar de los distintos órganos se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local.", la intención del legislador es la de que el régimen de atribuciones de los distintos órganos no debería venir determinado por las disposiciones de la LRBRL, sino por la normativa aplicable en materia de contratación pública, que es el marco normativo que recoge el régimen de atribuciones en contratos administrativos, privados y negocios patrimoniales.

No obstante, el art. 22.2 de la LRBRL señala expresamente que corresponde al Pleno, en todo caso, entre otras materias, la prevista en su letra p), referida a " Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial." Partiendo de dicha remisión, si acudimos a las determinaciones del art. 47, apartado segundo, de la LRBRL, vemos que éste señala que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:

j) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.

m) Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto.

Por tanto, parecen entrar en colisión las determinaciones de la Disposición Adicional Segunda, apartado noveno y décimo de la LCSP, con lo señalado en los arts. 22.2.p) y art. 47.2.j) y m) de la LRBRL.

Por todo ello, se formula la siguiente consulta:

Partiendo de la discrepancia que se dan entre los términos de la Disposición Adicional Segunda, apartados noveno y décimo de la LCSP, en relación con los arts. 22.2.p) y art. 47.2.j) y m) de la LRBRL, en los municipios de régimen común, ¿Qué órgano (alcaldía o Pleno) es el competente para adjudicar concesiones sobre los bienes de las mismas y enajenación de bienes inmuebles cuando el presupuesto base de licitación es cero euros? Agradeciendo su colaboración, le saludo atentamente.

El Alcalde. Michel Montaner Berbel."