Modificación del contrato de notificaciones administrativas en base al incremento de nuevos convenios de colaboración

PRIMERO. En primer lugar, se estima pertinente aludir al objeto de la prestación, así como al precio a abonar al contratista:

- Objeto: Establece la cláusula primera del contrato suscrito con la “Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.”, en consonancia con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación (en adelante PCAP), que el objeto es la prestación del servicio de notificaciones administrativas de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia con presunción legal de veracidad y fehaciencia para el ejercicio 2024, figurando con detalle en el apartado b) del Anexo I:

a) Recogida, admisión, clasificación, tratamiento, curso, transporte, distribución y entrega a domicilio de las notificaciones administrativas de la ATRM, por medios físicos, cualquiera que sea su destino dentro del territorio nacional, para que tengan como efecto la presunción legal de veracidad y/o la constancia fehaciente de su distribución, entrega y recepción, o rehúse o imposibilidad de entrega (es decir, intento de entrega sin efecto).

b) Se incluye también el servicio de burofax online con aviso de recibo y copia certificada, para la notificación de actos que tengan la consideración de urgentes y/o relevantes por parte de los Servicios de la ATRM.

- Precio: De acuerdo con el anexo I del PCAP, al aplicar para la adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad “por exclusividad” en el que el prestatario sólo puede ser la empresa “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E”, el presupuesto de licitación se establece teniendo en cuenta los costes, los gastos e impuestos y demás conceptos incluidos por la empresa indicada en su vigente tarifa de servicios postales a precios unitarios; es decir, se ha determinado en función de las referencias de precio dadas por la mencionada empresa y en base a las previsiones de ejecución.

El presupuesto de licitación se establece en 2.100.000,00 €) IVA incluido, adjudicándose el contrato por este importe.

Por otro lado, se manifiesta en el PCAP que el presupuesto máximo es estimativo (PBL), ejecutándose en función de las necesidades de la Administración contratante (ATRM), sin que sea obligatoria su ejecución total o el agotamiento del crédito máximo inicialmente aprobado.

SEGUNDO. Desde el punto de vista sustantivo ha de estarse a la normativa que le es aplicable, esto es, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), y en cuanto no se encuentre derogado por ésta, por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, (en adelante RGLCAP).

La posibilidad de modificar los contratos administrativos aparece regulada con carácter general en artículo 203.2 LCSP estableciendo que “los contratos administrativos solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

• a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204, en cuyo apartado 1 se declara:

“1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido siguientes:

a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca.

b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

(…..)”.

TERCERO. Las causas de modificación aparecen contempladas de forma clara, precisa e inequívoca en el contrato en su cláusula décimo primera tal y como preceptúa el artículo 204 LCSP, donde se establece que por razones de interés público y de conformidad con lo establecido en el apartado S) del Anexo I del PCAP, el incremento del precio del contrato podrá ser de un máximo del 20% de su importe inicial, en los siguientes casos:

• Adhesión de nuevas Entidades Locales u Organismos Públicos mediante convenios de colaboración con la ATRM.

• Aumento de la gestión recaudatoria de la ATRM que suponga mayor número de notificaciones.

Respecto de la justificación con el suficiente detalle de la necesidad, descripción y valoración de la modificación que se pretende, en el informe de fecha 3 de octubre de 2024, elaborado por el responsable del contrato a solicitud de la Secretaría de la Junta se indica que:

1.-El incremento del número de notificaciones efectuadas sobre las previstas inicialmente, se ha producido a lo largo del primer semestre del año en curso, esto es, de enero a junio.

2.- Se ha producido tal incremento por la entrada en vigor de dos convenios de colaboración tributaria suscritos por la ATRM: el primero, con el Ayuntamiento de Molina, de fecha 21 de diciembre de 2023, y el segundo, con el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, de 25 de abril de 2024.

3.- Esa nuevas necesidades no se pudieron prever cuando se elaboró la documentación preparatoria del expediente de contratación, dado que las estimaciones presupuestarias se fijaron meses antes de la formalización de los convenios; esto es, por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 30 de marzo de 2023 de modificación de porcentajes de compromisos de gastos de carácter plurianual.

Y por tanto, la antelación con la que quedó determinado el crédito asignado al expediente, impidió que se pudiera tener en cuenta en la documentación del expediente de contratación el aumento del volumen de envíos que supone la adhesión los Ayuntamientos de Molina y Las Torres de Cotillas a la gestión recaudatoria llevada a cabo por la ATRM.

Si bien ha habido un aumento significativo de las notificaciones realizadas por la contratista, no puede obviarse el hecho de que el PPT es de 2 de noviembre de 2023 y el PCAP de 6 de noviembre, de modo que es de suponer que se realizaron de forma simultánea en el tiempo el expediente de contratación y la tramitación de los convenios de adhesión de las entidades locales citadas.

La gestión eficiente en la contratación es una obligación de los poderes adjudicadores, que deben extremar todas las precauciones precisas para que el presupuesto sea el adecuado para la posterior ejecución del contrato derivado de la licitación, así como velar por el cumplimiento de los principios de igualdad y libre concurrencia que presiden la contratación pública.

Sin perjuicio de lo expuesto, se ha indicado que en el caso planteado existe un único contratista posible para este contrato, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E, al utilizarse para la adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad, sin que exista competencia, y sin vulneración de los principios a que se ha hecho referencia.