IRPF. Nulidad de las aportaciones realizadas por el ayuntamiento al plan de pensiones de los empleados públicos

En primer lugar, cabe señalar que la declaración de nulidad de las aportaciones efectuadas desde 2014 hasta 2019 por el Ayuntamiento al plan de pensiones no tendrá efectos fiscales para el consultante en tanto se mantengan sus derechos consolidados en el plan.

En caso de que se produjera la restitución por parte del plan de pensiones de las cantidades aportadas por el Ayuntamiento, el consultante podrá proceder —en su caso— a la rectificación de las autoliquidaciones correspondientes a ejercicios no prescritos, conforme a lo dispuesto en el artículo 120.3 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18):

“Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente. No obstante, cuando lo establezca la normativa propia del tributo, la rectificación deberá ser realizada por el obligado tributario mediante la presentación de una autoliquidación rectificativa, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.

Cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada de la normativa del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora del artículo 26 de esta Ley sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la finalización del plazo para la presentación de la autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a partir de la presentación de la solicitud de rectificación o de la autoliquidación rectificativa.

Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un ingreso indebido, la Administración tributaria abonará el interés de demora en los términos señalados en el apartado 2 del artículo 32 de esta Ley.

No obstante, cuando la rectificación de una autoliquidación implique una minoración del importe a ingresar de la autoliquidación previa y no origine una cantidad a devolver, se mantendrá la obligación de pago hasta el límite del importe a ingresar resultante de la rectificación”.

En cuanto a las autoliquidaciones a rectificar, procede indicar que las contribuciones realizadas por el Ayuntamiento debieron integrarse en la base imponible del impuesto como rendimientos del trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17.1.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29):

“1. Se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas.

Se incluirán, en particular:

(…)

e) Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los promotores de planes de pensiones previstos en el texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, o por las empresas promotoras previstas en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo.

(…)”

A su vez, dichas aportaciones debieron permitir una reducción en la base imponible general con arreglo al artículo 51.1.1º de la misma ley:

“Podrán reducirse en la base imponible general las siguientes aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social:

1. Aportaciones y contribuciones a planes de pensiones.

1.º Las aportaciones realizadas por los partícipes a planes de pensiones, incluyendo las contribuciones del promotor que le hubiesen sido imputadas en concepto de rendimiento del trabajo.

(…)”

Se señala en el escrito de la consulta que el consultante no ha iniciado el cobro de la prestación correspondiente al plan de pensiones. En el momento en el que se inicie el cobro de la prestación, si procede, la misma tendrá la calificación tributaria de rendimientos del trabajo con arreglo al artículo 17.2.a).3ª, que señala que tendrán la consideración de rendimientos del trabajo:

“Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones y las percibidas de los planes de pensiones regulados en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo.

Asimismo, las cantidades percibidas en los supuestos contemplados en el artículo 8.8 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, tendrán el mismo tratamiento fiscal que las prestaciones de los planes de pensiones.”

Si como consecuencia de la declaración de nulidad, los cobros de la prestación resultaran total o parcialmente indebidos y hubieran de ser objeto de devolución, cuestión esta que excede de las competencias de este Centro Directivo, tales cobros indebidos, no exigibles —por tanto— por su perceptor, no deberán incluirse en la declaración del impuesto.

Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley General Tributaria.