Interpretación del art. 118.4 LCSP 2017 en la tramitación de un contrato menor para el reasfaltado de un camino

En relación a la primera cuestión planteada, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y el Código Técnico de la Edificación, en su artículo 2 Ámbito de aplicación, establece que:

1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.

2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras:

a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o históricoartístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección.

3. Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio.

El trabajo de reasfaltado de un camino de un municipio es una obra pública y de la lectura de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, citada, se extrae que no puede considerarse en ningún caso amparado e incluido en el ámbito de aplicación de la misma.

El punto 4 del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), establece que, además de los documentos exigidos en los puntos 2 y 3:

4. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

La Real Academia de la Lengua Española define proyecto como el conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de como ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería, y acudiendo al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), donde en el artículo 126 Contenido mínimo de los proyectos se indica:

Los proyectos a que se refiere el artículo 124.2 de la Ley deberán contener, como requisitos mínimos, un documento que defina con precisión las obras y sus características técnicas y un presupuesto con expresión de los precios unitarios y descompuestos.

De esta forma, si en la determinación del presupuesto y en la redacción de las unidades de obra que lo integran queda de manifiesto y con precisión la definición de la actuación, su ubicación, las características técnicas de los materiales a utilizar y de la ejecución, las mediciones, y evidentemente los precios, bastará con el presupuesto de las obras indicado en el artículo 118.4 de la LCSP.

Por el contrario, si como consecuencia de la actuación a llevar a cabo se entiende insuficiente el documento presupuesto de las obras para dar respuesta a los requisitos mínimos establecidos en el artículo 126 del Real Decreto 1098/2001, 2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ( en adelante RGLCAP), cabrá plantearse la redacción de un documento más extenso: memoria valorada, proyecto propiamente dicho, etc.

En relación a la segunda cuestión planteada, en primer lugar manifestar que esta Junta no comparte la afirmación realizada en la consulta cuando se manifiesta que todas las obras tienen afección respecto estabilidad, seguridad o estanqueidad ya sea en el proceso constructivo como en prevención de riesgos laborales.

En este sentido, parece obvio que la estabilidad, la estanqueidad o la seguridad a que hace referencia la norma está aludiendo al conjunto del entorno, infraestructura o inmueble que se ve afectado por la obra porque lo contrario carecería de sentido. La finalidad de la norma es precisamente garantizar que tales aspectos no queden afectados por las obras proyectadas, y que esto mismo sea tanto en la fase de construcción como en la fase de explotación de la infraestructura.

Matizado lo anterior, cabe indicar que el límite de 500.000 euros establecido ha sido voluntad del legislador seguramente atendiendo a razones de derivadas del importe.

Para finalizar el análisis de la cuestión planteada, en el artículo 235 de la LCSP se indica que las oficinas o unidades de supervisión deberán verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. Este extremo viene desarrollado en el artículo 136 Funciones de las oficinas o unidades de supervisión de proyectos del RGLCAP.

Por último, la necesidad de supervisar un proyecto no deriva de que el mismo haya sido realizado por un técnico cualificado, todos los proyectos deben ser realizados por técnico competente en la materia, o de que este haya sido visado por el colegio oficial correspondiente.