Impugnación de los pliegos para la adjudicación del servicio de seguridad laboral del ayuntamiento

Primero. El anuncio y los pliegos de licitación del contrato de servicios por procedimiento abierto se publicaron en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 8 de enero de 2024. El valor estimado del contrato asciende a 208.541,28 euros.

Segundo. Con fecha 24 de enero de 2024 se interpone el presente recurso en el que se solicita que se revoquen y anulen los pliegos respecto de la obligación de disponer de una unidad móvil y de prestar el servicio de vigilancia de la salud con unidad móvil, cuando la Ley no establece que para ejercer la actividad, se deba disponer de unidades móviles.

En concreto, los apartados de los pliegos a los que alude en su recurso son los siguientes:

• Apartado 21.1 del pliego de prescripciones técnicas (PPT, en adelante): “21. Realización de los exámenes de salud 21.1 Los reconocimientos médicos anuales se realizarán a lo largo del año y se llevarán a cabo en una unidad móvil, en una sede del servicio de prevención o en un centro médico situados en la ciudad de Valencia, Paterna o en algún municipio colindante a Paterna (…)”.

• Apartado 36. “Otros”, del cuadro de características (anexo I) del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP, en adelante), donde consta: “Unidades Móviles: La oferta deberá incluir unidades móviles acreditadas para la realización de reconocimientos médicos para un mínimo de 10 personas cuando así sea solicitado por el Ayuntamiento”.

El recurrente señala que “en el presente caso se está exigiendo a las empresas que vayan a licitar unas condiciones contrarias a lo que se establece legalmente, ó en su defecto IMPIDE licitar a las empresas QUE NO DISPONEN DE UNIDADES MÓVILES”.

A este respecto indica que el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en su artículo 18, donde se regulan los Recursos materiales y humanos de las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos, no exige contar con una unidad móvil. Asimismo, en el apartado 7 del artículo 5 del Real Decreto 843/2011 de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, fija unos recursos mínimos con los que han de contar los servicios sanitarios de prevención que presuponen la existencia de instalaciones fijas, permitiendo el uso de las unidades móviles únicamente para su complemento o apoyo “y en ningún caso con vocación de sustituir o suplantar los locales habilitados al efecto, ni desde luego como imposición para ejercer la actividad”.

Además, añade que “es de destacar la Orden de 20 de Febrero de 1998, del conseller de Sanidad, por la que se desarrolla las competencias de la autoridad sanitaria en la Comunidad Valenciana establecidas en el Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

En dicha Orden, en su artículo 9, se estableció: Los equipos sanitarios móviles complementarios sólo podrán utilizarse con carácter excepcional fuera del límite geográfico del Servicio de Prevención cuando la empresa o centro de trabajo asociado diste del mismo más de 75 km y menos de 125 km”.

Por lo que, según el recurrente, “fijar como condición para licitar, disponer de unidades móviles y prestar el servicio con unidad móvil, choca frontalmente con la legalidad establecida en la normativa de la Comunidad Valenciana, debiendo por tanto anular y dejar sin efecto, dicha imposición”.

Tercero. El órgano de contratación explica en su informe que “la ley no obliga a tener unidades móviles para poder prestar los servicios de prevención ajenos. Ahora bien, ello no obsta a que el Ayuntamiento para contratar esos servicios pueda exigir la disposición por parte del contratista de esas unidades móviles, máxime cuando el propio Real Decreto 843/2011, está permitiendo el uso de esa unidades como apoyo, lo que no significa que vayan a sustituir, evidentemente, a las instalaciones fijas”.

Asimismo, añade que “Los contratistas pueden acceder en el mercado a los medos materiales que se exijan por la Administración sin necesidad de que formen parte del inmovilizado de la empresa. Ello no limita la concurrencia, únicamente deberán tener en cuenta esos costes a la hora de formular su oferta económica.

Por otra parte, la recurrente está haciendo una interpretación errónea del artículo 9 de la Orden de 20 de Febrero de 1998, del Conseller de Sanidad, dado que lo que ese precepto marca es el carácter excepcional de la utilización de los medios móviles cuando la empresa o centro de trabajo asociado diste del mismo más de 75 km y menos de 125 km.

A estos efectos, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en su artículo 23 establece que ‘Las entidades especializadas que pretendan ser acreditadas como servicios de prevención deberán formular solicitud ante la autoridad laboral competente del lugar en donde radiquen sus instalaciones principales, en la que se hagan constar los siguientes extremos:

e) Identificación de las instalaciones.

Por tanto, se ha de incidir que la utilización de las unidades móviles se podrán utilizar con carácter excepcional cuando disten más de 75 y menos de 125 Km de la empresa adjudicataria, que según el propio Pliego ha de tener sus instalaciones en la ciudad de Valencia, Paterna o en algún municipio colindante a Paterna, lo que no impide su posible utilización con carácter ordinario cuando la distancia no esté en el tramo previsto en la citada Orden’”.

Cuarto. Respecto de la adscripción de medios materiales para la ejecución del contrato, en la cláusula 16 del PCAP se recoge que “La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificación del personal responsable de ejecutar el contrato, así como del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales, se establece en el apartado 12 del Anexo I al presente pliego”.

En dicho apartado del cuadro de características (anexo i) del PCAP, denominado “Concreción de las condiciones de solvencia”, se indica que sí procede y que “se deberá concretar en la memoria técnica, sobre 2”. En el apartado 18 del cuadro de características del PCAP se enumera el contenido que tiene que incluir la memoria técnica, debiendo recoger, entre otros, las “Instalaciones en las que se va a prestar el contrato (lugar o compromiso de disposición de las mismas)”. Los criterios de adjudicación de esta licitación son todos automáticos (apartado 19 del anexo I del PCAP), sin que sea objeto de valoración la documentación incluida en el sobre 2.

Quinto. Interpuesto el recurso, la Secretaria del Tribunal, por delegación de este, dictó resolución de 7 de febrero de 2024 de concesión de la medida cautelar consistente en suspender el procedimiento de contratación, sin que esta afecte al plazo de presentación de ofertas, de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 56 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), de forma que según lo establecido en el artículo 57.3 del mismo cuerpo legal, será la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada.

Sexto. El 30 de enero de 2024, por la Secretaría del Tribunal se dio traslado del recurso a los restantes licitadores para que pudieran formular alegaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56.3 de la LCSP, sin que ninguno de ellos evacuase el trámite conferido.