Imposibilidad del titular del órgano de contratación de presidir la mesa de contratación


JCCA 10/06/2021

Se plantea consulta acerca de la posibilidad de que la persona titular de un órgano administrativo que, en relación con determinados contratos, tenga delegadas las competencias que el ordenamiento atribuye al órgano de contratación, pueda presidir una mesa de contratación.

La JCCA responde que la LCSP 2017 configura al órgano de contratación y a la mesa de contratación como dos órganos diferenciados en cuanto a su función y con unos requisitos y composición muy distintos, de modo que la mesa es un órgano de asistencia técnica especializada, que debe realizar su función con plena independencia del órgano de contratación. Precisamente por esta razón no resulta posible admitir que el titular del órgano de contratación pueda formar parte de la mesa de contratación como presidente de la misma, ya que supondría que existiese la posibilidad de interferencia en las funciones que este órgano está llamado a desempeñar con objetividad, imparcialidad y profesionalidad.

Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Informe, 10-06-2021

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

El Subsecretario del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha dirigido petición de informe a esta Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en los siguientes términos:

“El Servicio Jurídico del Estado en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 interpreta que el titular de la Subdirección General de Oficina Presupuestaria y Gestión Económica, unidad dependiente de la Subsecretaría del Departamento, no puede ser presidente de la Mesa de Contratación, pues al ser tal persona, según lo dispuesto en la Orden DSA/383/2020, de 29 de abril, de fijación de límites de gasto y de delegación de competencias, órgano de contratación, no puede presidir el órgano de asistencia al órgano de contratación, esto es, la Mesa.

“El Apartado Sexto 2. de la Orden citada dispone lo siguiente:

2. Se delega en la persona titular de la Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y Gestión Económica el ejercicio de las siguientes competencias, salvo que hayan sido delegadas en otro órgano:

Todas las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a la persona titular del Departamento en materia de contratación en relación con aquellos contratos cuyo valor estimado sea igual o inferior a 1.000.000 de euros, así como la aprobación y el compromiso del gasto y la autorización de los correspondientes documentos contables.”

A la vista de lo expuesto, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 30/1991 de 18 de enero sobre régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, se solicita informe de esa Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre la posibilidad de que el titular de la Subdirección General de Oficina Presupuestaria y Gestión Económica pueda actuar como presidente de la Mesa de Contratación de este Ministerio.

Se adjunta copia de los documentos referidos.”

CONSIDERACIONES JURIDICAS  

 

1. El Subsecretario del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 solicita informe de esta Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre la posibilidad de que el titular de la Subdirección General de Oficina Presupuestaria y Gestión Económica pueda actuar como presidente de la Mesa de Contratación de este Ministerio. Es importante destacar que dicho órgano tiene delegadas todas las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye al titular del Departamento en materia de contratación en relación con aquellos contratos cuyo valor estimado sea igual o inferior a 1.000.000 de euros.

A este respecto, debe recordarse, antes que nada, que la Junta Consultiva sólo puede evacuar informes en los términos previstos dentro del artículo 328 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), desarrollado a estos efectos en el Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, por el que se establece el régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en virtud del cual los informes de la Junta Consultiva solo podrán recaer sobre cuestiones de contratación pública que presenten carácter general, careciendo de competencia para emitir informes en relación con casos concretos y determinados.

Sobre este particular, cabe recordar los criterios de esta Junta expuestos, por ejemplo, en su informe de 28 de octubre de 2011 (expediente 23/11), en el doble sentido de que a la Junta Consultiva no le corresponde emitir informes en expedientes concretos de los distintos órganos de contratación, ni sustituir las funciones que los preceptos legales vigentes atribuyen a órganos distintos de esta Junta. Por tanto, el informe se pronunciará declarando los criterios de aplicación general en relación con las cuestiones que se someten a consulta, correspondiendo a los servicios jurídicos de ese Departamento su interpretación en relación a los casos concretos suscitados.

2. En términos generales la cuestión que se plantea consiste en determinar si legalmente es posible que en una entidad que tenga la consideración de Administración Pública como es un Departamento ministerial la mesa de contratación pueda ser presidida por quien sea titular de un órgano administrativo que, a su vez, tenga delegadas las competencias que, en relación con determinados contratos, el ordenamiento atribuya al órgano de contratación. Es decir que quien encarna al órgano de contratación en ciertos contratos tenga también la condición de presidente de la mesa de contratación.

3. Para resolver esta cuestión debemos recordar que la LCSP en su artículo 61.1 atribuye la competencia para representar las entidades del sector en materia contractual a los órganos de contratación, a quienes corresponde el ejercicio de las funciones más relevantes en la materia. La LCSP reconoce asimismo la posibilidad de delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en otros órganos administrativos con arreglo a las leyes administrativas aplicables (artículo 61.2). En el caso de la Administración General del Estado su concreción se realiza en el artículo 323 de la LCSP que residencia la condición ordinaria de órgano de contratación en los Ministros, Secretarios de Estado, Presidentes y Directores de las entidades integrantes del sector público estatal, la Junta de Contratación Centralizada y en las Juntas de Contratación ministeriales cuando existan.

Por su parte, la mesa de contratación se define en el artículo 326 de la LCSP como un órgano de asistencia técnica funcionalmente especializada que ejerce las funciones que tiene encomendadas por la ley a favor del órgano de contratación. En su condición de órgano de asistencia el apartado 2 del artículo 326 y su desarrollo reglamentario contenido actualmente en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, le atribuye competencias específicas en el procedimiento de selección del contratista tanto en lo que se refiere al cumplimiento de los requisitos previos de los candidatos como en relación con la valoración de las proposiciones y otros aspectos similares.

Para el ejercicio de estas funciones se establece su configuración legal como órgano colegiado, estableciendo el apartado 5 del artículo 326 determinados requisitos respecto de sus miembros para asegurar su imparcialidad, objetividad, independencia y profesionalidad, elementos todos ellos necesarios para un adecuado ejercicio de sus funciones de asistencia del órgano de contratación. Este es un aspecto sobre el que esta Junta Consultiva se ha pronunciado en diversos informes, como los de 2 de julio de 2018 (expedientes 2/16 y 62/18) y de 16 de marzo de 2020 (expediente 42/19).

4. Partiendo de las anteriores consideraciones parece evidente que la LCSP configura al órgano de contratación y a la mesa de contratación como dos órganos claramente diferenciados en cuanto a su función y con unos requisitos y composición muy distintos, de modo que la mesa es un órgano de asistencia técnica especializada, que debe realizar su función con plena independencia del órgano de contratación. Precisamente por esta razón no resulta posible admitir que el titular del órgano de contratación pueda formar parte de la mesa de contratación como presidente de la misma, ya que supondría que existiese la posibilidad de interferencia en las funciones que este órgano está llamado a desempeñar con objetividad, imparcialidad y profesionalidad.

Este razonamiento es predicable tanto del órgano de contratación que tiene la competencia atribuida normativamente, como del órgano que la tiene atribuida por delegación, que a estos efectos actúa en nombre y representación del órgano de contratación delegante, y cuyas resoluciones en este ámbito se considerarán dictadas por el órgano delegante de conformidad con el artículo 9.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Lo anterior no obsta la posibilidad, reconocida en la LCSP, de que el órgano de contratación delegue en la mesa de contratación determinadas funciones concretas del expediente, respetando su régimen respecto a su composición y funcionamiento.

En mérito a las anteriores consideraciones jurídicas la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado alcanza las siguientes

CONCLUSIONES  

 

De conformidad con lo dispuesto en la LCSP, no puede presidir una mesa de contratación la persona titular de un órgano administrativo que, en relación con determinados contratos, tenga delegadas las competencias que el ordenamiento atribuye al órgano de contratación.