Exclusión de licitadora por falta de acreditación de requisito técnico. Insuficiencia del certificado aportado a nombre de otra empresa del grupo

Primero. Este Tribunal es competente para conocer del presente recurso frente conforme a lo dispuesto el artículo 46.4 de la LCSP y el Convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre atribución de competencias de recursos contractuales de fecha 7 de noviembre de 2024 (BOE de fecha 18/11/2024).

Segundo. El recurso se interpuso dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en artículo 50 de la LCSP, dado que la notificación individual de la exclusión tuvo lugar el 17 de octubre de 2025 y el recurso se interpuso el 7 de noviembre de 2025.

El órgano de contratación alega que el recurso se interpuso fuera del plazo de 10 días que establece el artículo 58 del RDL 36/2020.

El acuerdo de Pleno de este Tribunal de 27 de enero de 2022 ya interpretó el artículo 58 del RDL 36/2020 en el sentido de que la reducción del plazo de recurso a diez naturales se limita a los supuestos de impugnación de los actos de adjudicación y dicho plazo sólo resulta aplicable a un acuerdo de exclusión cuando dicho acuerdo de exclusión forma parte del contenido del acuerdo de adjudicación.

En el presente caso el acuerdo impugnado es la exclusión, por lo tanto, el plazo de interposición aplicable es el ordinario de 15 días hábiles y el recurso es admisible.

Tercero. El acuerdo de exclusión es un acto recurrible según el artículo 44.2 b) de la LCSP.

Tratándose de un contrato de suministros con valor estimado superior a cien mil euros, resulta susceptible de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con el apartado a) del artículo 44.1 del citado texto legal.

Cuarto. De conformidad con el artículo 48 de la LCSP, el licitador excluido goza naturalmente de interés legítimo para impugnar el acuerdo de exclusión y el recurso está firmado por su administrador único.

Quinto. El recurrente alega, en esencia, que no concurre la causa de exclusión por las siguientes razones:

i) Ni el PCAP ni el PPT, interpretados conforme a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), imponen que la certificación ENS a nivel medio deba estar expedida nominalmente a nombre del licitador.

ii) Su introducción en fase de adjudicación constituye una restricción no prevista, desproporcionada y contraria a los principios de concurrencia y equivalencia de medios de prueba.

iii) Incluso si se entendiera que la conformidad con el ENS se vincula a capacidades del operador económico, la LCSP permite la utilización de medios externos con compromiso de adscripción a la ejecución, ex artículo 75. En contratos tecnológicos como el del Lote 2 , donde parte de la prestación se apoya en plataformas y centros de proceso de datos ya certificados conforme al ENS, es plenamente conforme a Derecho acreditar el cumplimiento mediante el compromiso de utilización de un proveedor de nube o CPD o de un sistema certificado, sin necesidad de que el certificado esté emitido nominalmente a favor del licitador, bastando la garantía de que, en ejecución, sistema y alojamiento operarán bajo ENS nivel medio.

Sexto. En su informe, el órgano de contratación expresa que: "Vista la documentación presentada por la empresa adjudicataria la técnica que suscribe este documento, informa de que la empresa Intelligent Screen Services S.L. (ISS) NO presenta un certificado de cumplimiento del ENS nivel medio, del sistema y del alojamiento a su nombre, presenta el mencionado certificado a nombre de un grupo de empresas con el CIF del mencionado grupo. Justifica la acreditación del cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad a nombre de la empresa "Grupo Comunicaciones y Sonido SL", no cumpliendo de esta forma las especificaciones técnicas detalladas del Pliego de Prescripciones Técnicas ni las consultas efectuadas en la plataforma de contratación siendo este un aspecto indispensable para la ejecución del contrato que debe cumplir el adjudicatario. (…)".

Séptimo. En primer lugar, es preciso delimitar su naturaleza y discernir si, según los pliegos, la exigencia del certificado ENS nivel medio "del sistema y del alojamiento" es un requisito relativo a la solvencia técnica de la adjudicataria o bien un requisito técnico de la prestación ofertada.

El órgano de contratación resulta poco claro al respecto. En el PPT y en la respuesta a preguntas de un licitador se limitó a indicar que era una exigencia "del sistema y del alojamiento" y luego, en el acuerdo de exclusión se añade la coletilla "a su nombre y con el CIF de su empresa".

Según el apartado 5.1 del PPT, relativo al lote 2 (énfasis añadido) se indica: "Se deberá ofertar el desarrollo, adaptación, personalización, suministro e instalación/implementación de un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) para la gestión eficiente del transporte urbano de Torre Pacheco, así como el Sistema de Información al Usuario (SIU) y un Sistema Integrado de Billetaje (…) La arquitectura del sistema propuesta se basa en un conjunto distribuido de elementos de hardware y software que interactúan a través de un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (API) abiertas y estructuradas"

Parece claro la exigencia del certificado ENS según el pliego es una característica que han de tener los sistemas y el alojamiento que constituyen la prestación objeto del contrato, y no es un requisito de solvencia.

En el mismo sentido, el apartado 6 del cuadro de características del contrato al establecer los requisitos de solvencia técnica, no establece ningún requisito de carácter subjetivo que haya de tener el licitador relativo al certificado ENS.

Octavo. Naturaleza del certificado ENS según el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

Según el artículo 1 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad: "(…) 2. El ENS está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos necesarios para una protección adecuada de la información tratada y los servicios prestados por las entidades de su ámbito de aplicación, con objeto de asegurar el acceso, la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la autenticidad, la disponibilidad y la conservación de los datos, la información y los servicios utilizados por medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias 3. Lo dispuesto en este real decreto, por cuanto afecta a los sistemas de información utilizados para la prestación de los servicios públicos, deberá considerarse comprendido en los recursos y procedimientos integrantes del Sistema de Seguridad Nacional recogidos en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional

El artículo 2 del RDL 311/2002 dispone: " (…) Los pliegos de prescripciones administrativas o técnicas de los contratos que celebren las entidades del sector público incluidas en el ámbito de aplicación de este real decreto contemplarán todos aquellos requisitos necesarios para asegurar la conformidad con el ENS de los sistemas de información en los que se sustenten los servicios prestados por los contratistas, tales como la presentación de las correspondientes Declaraciones o Certificaciones de Conformidad con el ENS.

Esta cautela se extenderá también a la cadena de suministro de dichos contratistas, en la medida que sea necesario y de acuerdo con los resultados del correspondiente análisis de riesgos (…)"

Artículo 6. La seguridad como un proceso integral. "1. La seguridad se entiende como un proceso integral constituido por todos los elementos humanos, materiales, técnicos, jurídicos y organizativos relacionados con el sistema de información. La aplicación del ENS estará presidida por este principio, que excluye cualquier actuación puntual o tratamiento coyuntural. 2. Se prestará la máxima atención a la concienciación de las personas que intervienen en el proceso y la de los responsables jerárquicos, para evitar que, la ignorancia, la falta de organización y de coordinación o de instrucciones adecuadas, constituyan fuentes de riesgo para la seguridad."

Así, desde la perspectiva del RD 311/2022 la certificación de seguridad parece ser el resultado de una evaluación global, que incluye "todos los elementos humanos, materiales, técnicos, jurídicos y organizativos relacionados con el sistema de información". Dichos sistemas, en este caso, son el sistema de ayuda a la explotación el billetaje y el sistema de información al usuario vistos de una perspectiva integral.

La normativa reguladora del ENS se completa por al menos cuatro Resoluciones de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, de las que destaca de 13 de octubre de 2016, (vigente, aunque fue dictada bajo la vigencia del RD 3/2010 de 8 de enero, derogado por el RD 311/2022), por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el ENS. El apartado VII de esta Resolución señala que:

"Es responsabilidad de las entidades públicas contratantes notificar a los operadores del sector privado que participen en la provisión de soluciones tecnológicas o la prestación de servicios, la obligación de que tales soluciones o servicios sean conformes con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad y posean las correspondientes Declaraciones o Certificaciones de Conformidad, según lo señalado en la presente Instrucción Técnica de Seguridad." (el subrayado es nuestro).

Conforme con el régimen jurídico expuesto, por cuanto aquí interesa, si bien se establece como ámbito propio el de los sistemas de información del sector público, tal conformidad con el ENS se exigiría a aquellos sistemas de información de las entidades del sector privado, cuando, de acuerdo con la normativa aplicable y en virtud de una relación contractual, sustenten soluciones o presten servicios competenciales a las entidades del sector público para el ejercicio por estas de sus competencias y potestades administrativas. Se impone por ello la obligación de incorporar al contenido de los pliegos que rigen las contrataciones la exigencia de la declaración o certificación de conformidad con el ENS de tales sistemas de información en los que se sustenten los servicios prestados por los contratistas.

Este enfoque es coherente con las exigencias de integración de los sistemas suministrados, así se indica en apartado 5 del PPT: "Para asegurar un servicio de transporte público de vanguardia y eficiente en Torre-Pacheco, se plantea un enfoque holístico que engloba desde el backend hasta el frontend, pasando por la conexión GPS y la integración con aplicaciones móviles y plataformas externas", la "integración con Google maps", la integración con Cloud-to-Cloud con marquesinas y tótems inteligentes en Paradas (GTFS-RT), la integración del sistema de billetaje, entre otros requisitos de integración.

Por tanto, a la vista de la naturaleza de la certificación del ENS y las exigencias de integración de sistemas del pliego técnico, también se llega a la conclusión de que es la prestación que suministra el adjudicatario, la que debe obtener la citada certificación. Es decir, se trata de un requisito técnico de prestación que ha de acreditar el licitador, no de un requisito subjetivo de éste.

Como señalásemos en el antecedente de hecho segundo el punto 4.4.1 del PPT "El alojamiento debe cumplir los principios de escalabilidad, utilización de estándares, modularidad, transferencia de datos y seguridad contando con la certificación de categoría media según el ENS.

Los licitadores tendrán que aportar un certificado de cumplimiento del ENS nivel medio, del sistema y del alojamiento.

La no presentación por parte de la empresa licitadora de dicho documento conllevará el no cumplimiento del proyecto. (…)"

Y en esta misma línea es corroborado en las consultas realizadas en la PLACSP, con fecha 22 de julio, una de ellas cuestiona si a nivel de requerimiento del ENS ¿se solicita que el aplicativo este en el ENS medio o únicamente el alojamiento? es contestada reproduciendo literalmente el PPT "los licitadores tendrán que aportar un certificado de cumplimiento del ENS nivel medio, del sistema y del alojamiento".

En este punto partiendo de que es un requisito técnico de la prestación objeto del contrato, no es exigible la certificación de la empresa como tal sino de los sistemas que va a poner a disposición de la ejecución del contrato. El órgano de contratación rechaza la validez del certificado aportado en cuanto no está a nombre de la licitadora sino de otra empresa del grupo. Según alega la recurrente en respuesta al requerimiento de subsanación la empresa Grupo Comunicaciones y sonido, S.L., forma parte del grupo empresarial Ezentis. Expone que "la prestación de los servicios de ingeniería, instalación y mantenimiento objeto de este contrato se llevara a cabo a través de las capacidades y certificaciones del grupo, en particular mediante la entidad Grupo Comunicaciones y Sonido, S.L., la cual ostenta la certificación requerida y está plenamente integrada en la estructura de ejecución de proyectos de nuestra organización".

La resolución de la cuestión controvertida debe partir de la premisa indiscutible de que la certificación ENS no se configura como requisito de solvencia sino como requisito técnico definido en el PPT, y la vista del certificado aportado, este no se refiere de manera específica al sistema y al alojamiento objeto del contrato sino de manera genérica a los sistemas de información y gestión documental que dan soporte a los servicios o provisión de soluciones de ingeniería, instalación y mantenimiento de equipamiento de telecomunicaciones para la entidades del sector público de la empresa certificada.

En consecuencia, procede desestimar el recurso, contra la exclusión y posterior declaración de desierto, no habiendo acreditado la recurrente tras trámite de subsanación la certificación ENS del sistema y del alojamiento exigido en el PPT.

Por todo lo anterior,

VISTOS los preceptos legales de aplicación