¿Es posible realizar abonos a cuenta de las indemnizaciones de daños y perjuicios del art. 34 RD-ley 8/2020?


AGE 07/04/2020

Por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Hacienda se ha elevado consulta sobre si los contratistas cuyos contratos queden suspendidos conforme a lo dispuesto en el art. 34 del RD-ley 8/2020 han de esperar para reclamar las correspondientes indemnizaciones a que se levante la suspensión y se reanude el contrato, o si, por el contrario, durante el período de suspensión pueden ir solicitando el abono de las cantidades indemnizables en forma de abonos a cuenta, siempre que concurran los requisitos materiales y de prueba requeridos.

Señala, en primer lugar, la Abogacía que en el art. 34 no se establece la posibilidad de que el contratista pueda solicitar, mientras dure la suspensión del contrato, anticipos o abonos a cuenta de la indemnización de los daños y perjuicios que habrá de abonar la entidad adjudicadora, por lo que una primera interpretación literal de la norma excluye dicha posibilidad. Y añade que tampoco se prevé en los apartados b) y c) del art. 208 LCSP 2017, dedicado a la suspensión de los contratos, ni en el art. 198 LCSP 2017, relativo al pago del precio.

Se plantea, no obstante, en el escrito de consulta si pudiera resultar de aplicación analógica lo dispuesto en la Sentencia del TS de 19 diciembre 2006 (EDJ 2006/331199), de forma que pueda sostenerse que no es preciso esperar a la reanudación del contrato suspendido para que los contratistas soliciten la indemnización de los daños ya acreditados durante el período de suspensión.

Entiende la Abogacía General del Estado que dicha sentencia se inserta en el marco de una jurisprudencia en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración que surge para dar respuesta a aquellos casos en los que, detectada una enfermedad o lesión, no resulta posible determinar el alcance de la secuela o los efectos de la misma hasta que ha transcurrido un período muy considerable de tiempo. Sin embargo, en el supuesto que aquí se examina, el ámbito temporal es muy diferente, ya que el presupuesto de hecho que motiva la suspensión está directamente vinculado con la declaración del estado de alarma, que tiene una duración temporal limitada a quince días con posibles prórrogas por igual tiempo. Pero incluso en la hipótesis de que la crisis sanitaria que ha motivado la suspensión se prolongara, destaca la Abogacía que en materia de contratación pública está prevista la suspensión temporal de los contratos por períodos de hasta ocho meses, sin que en estos casos, de mayor duración, se prevea la posibilidad de abonos a cuenta de la indemnización.

Añade, además, la Abogacía del Estado que tampoco lleva a una conclusión contraria la modificación que del art. 34 del RD-ley 8/2020 se efectúa por la Disp. Final 1ª del RD-ley 11/2020, pues la locución “abono a cuenta” que utiliza el precepto transcrito no se refiere al tiempo en que ha de hacerse el abono, sino al concepto o título jurídico que lo justifica.

Por todo ello, concluye la Abogacía General del Estado que, a falta de habilitación normativa expresa, resulta improcedente el abono a cuenta y durante el período de suspensión de los contratos a que se refiere el art. 34 del RD-ley 8/2020 de las indemnizaciones previstas en dicha disposición legal.

Abogacía General del Estado, Informe, 7-04-2020

Por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Hacienda se ha elevado consulta sobre si los contratistas cuyos contratos queden suspendidos conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (en adelante, RDL 8/2020) han de esperar para reclamar las correspondientes indemnizaciones a que se levante la suspensión y se reanude el contrato, o si, por el contrario, durante el período de suspensión pueden ir solicitando el abono de las cantidades indemnizables en forma de abonos a cuenta, siempre que concurran los requisitos materiales y de prueba requeridos por el citado artículo 34 del RDL 8/2020. Considera este Centro Directivo que no procede realizar abonos a cuenta de la indemnización a que dé lugar la suspensión de los contratos prevista en el artículo 34 del RDL 8/2020, ponderando en su conjunto las consideraciones que a continuación se exponen.

CONSIDERACIONES

-I

El artículo 34 del RDL 8/2020 regula los supuestos en los que procederá la suspensión de los contratos celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración local para combatirlo.

Dicha regulación detalla los requisitos, el procedimiento y los efectos de la suspensión, estableciéndose, en relación con dichos efectos, la obligación de que la entidad adjudicadora indemnice al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el período de suspensión en los concretos términos indicados en el artículo 34.

Así, en el caso de los contratos de servicios de prestación sucesiva, el artículo 34 dispone lo siguiente:

“Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior un contrato público quedará totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista. Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los siguientes:

1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.

2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato.

3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.

4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

En caso de suspensión parcial, los daños y perjuicios a abonar serán los correspondientes conforme al presente apartado de este artículo a la parte del contrato suspendida.

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato. Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.

No obstante, en caso de que entre el personal que figurara adscrito al contrato a que se refiere el punto 1.º de este apartado se encuentre personal afectado por el permiso retribuido recuperable previsto en el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, el abono por la entidad adjudicadora de los correspondientes gastos salariales no tendrá el carácter de indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a las horas que sean objeto de recuperación en los términos del artículo tres del mencionado Real Decreto Ley, a tener en cuenta en la liquidación final del contrato.

No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en el artículo 220 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.”

En el supuesto de contratos de servicios distintos a los de prestación sucesiva, el artículo 34 del RDL 8/2020 no prevé la posibilidad de suspensión del contrato sino la ampliación del plazo de ejecución, estableciendo que en estos casos “los contratistas tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato. Solo se procederá a dicho abono previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía por el contratista de dichos gastos”.

Para el caso de los contratos de obra, el artículo 34 dispone lo siguiente:

“No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208, ni en el artículo 239 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en el artículo 220, ni en el artículo 231 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

(…) Acordada la suspensión o ampliación del plazo, solo serán indemnizables los siguientes conceptos:

1.º Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.

Los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre de 2017, o convenios equivalentes pactados en otros ámbitos de la negociación colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2.a del convenio colectivo del sector de la construcción, el complemento por discapacidad del artículo 47.2.b del referido convenio, y las gratificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b, y la retribución de vacaciones, o sus conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios colectivos del sector de la construcción. Los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera adscrito a la ejecución antes del 14 de marzo y continúa adscrito cuando se reanude.

2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato.

3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido y su importe sea inferior al coste de la resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos.

4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños y perjuicios que se contempla en este artículo únicamente tendrá lugar cuando el contratista adjudicatario principal acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes condiciones:

- Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato estuvieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.

- Que el contratista principal estuviera al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en los artículos 216 y 217 de la Ley 9/2017, de Contratos des Sector Público, a fecha de 14 de marzo de 2020.´

Para los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios el RDL 8/2020 no prevé el abono de indemnizaciones sino el restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

II

Expuesto el régimen indemnizatorio contenido en el artículo 34 del RDL 8/2020, debe indicarse, en primer lugar, que en el mismo no se establece la posibilidad de que el contratista pueda solicitar, mientras dure la suspensión del contrato, anticipos o abonos a cuenta de la indemnización de los daños y perjuicios que habrá de abonar la entidad adjudicadora, por lo que una primera interpretación literal de la norma excluye dicha posibilidad.

Por otro lado, y acudiendo a una interpretación sistemática, debe indicarse que la regulación contenida en el artículo 34 del RDL 8/2020 en materia de indemnización por los daños y perjuicios derivados de la suspensión del contrato es una concreción al supuesto específico de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 de la norma general sobre suspensión de contratos contenida en el artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP) que establece lo siguiente:

“Artículo 208 Suspensión de los contratos

1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel.

2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas:

a) Salvo que el pliego que rija el contrato establezca otra cosa, dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos:

1.º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.

2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión.

3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el período de suspensión.

4.º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido.

5.º Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.

6.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

b) Sólo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud.

c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato.”

En el informe de este Centro Directivo de 1 de abril de 2020 ya se indicó que el artículo 34 del RDL 8/2020 impide, en tanto que norma preferente y especial, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 208.2 a) de la LCSP, pero no excluye la aplicación de los apartados b) y c) del artículo 208.2 de la citada Ley, relativos a la necesidad de levantar un acta de suspensión como requisito para la indemnización, y a la prescripción del derecho del contratista para reclamar la indemnización en el plazo de un año contado desde que reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato.

Es decir, el artículo 34 del RDL 8/2020 establece una enumeración especial de los conceptos que podrán ser indemnizados cuando la suspensión obedezca a la imposibilidad de ejecutar el contrato como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 (conceptos que sustituyen a los enumerados con carácter general en el artículo 208.2 a) de la LCSP), pero no altera el resto del artículo 208 de la LCSP dedicado a la suspensión de los contratos, y en dicho precepto no se prevé la posibilidad de que se puedan solicitar anticipos o abonos a cuenta de la indemnización. Más bien al contrario, el artículo 208. 2 c) de la LCSP, indica que “el derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato”, fijando el dies a quo del plazo para reclamar la indemnización en el momento en que la entidad adjudicadora ordene continuar con ejecución de la obra, levantando, por tanto, la suspensión previamente acordada, de donde razonablemente se deduce no sólo que el contratista dispone de un año desde ese momento para ejercitar su pretensión indemnizatoria, sino también que, a falta de habilitación legal en contrario, no podrá ejercitarla antes de dicho momento. Y ello es así porque el artículo 1969 del Código Civil, de aplicación supletoria en este punto y que consagra en nuestro Derecho la teoría de la actio nata, dispone que “El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse”.

Se plantea, no obstante, en el escrito de consulta si pudiera resultar de aplicación analógica al supuesto que se examina lo dispuesto en la sentencia de 19 diciembre 2006 del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª), que establece lo siguiente:

“Es cierto, como alega la Administración recurrente, que el art. 142.5 de la Ley 30/92 prevé que en el caso de los daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de un año establecido para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial comenzará a contarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas, habiendo declarado la jurisprudencia reiteradamente que dicho plazo de prescripción no puede computarse mientras no queden completamente determinadas las secuelas, es decir, se produzca la estabilización o término de los efectos lesivos en la salud del reclamante (por todas las sentencias de 4-10-2004 y 27-10-2004 que cita las de 28-4-1997 y 26-5-1994).

Con ello se persigue que el perjudicado pueda demorar el ejercicio de la acción hasta el momento que conozca de manera definitiva el alcance de los daños sufridos, retrasando hasta entonces el inicio del cómputo del plazo de prescripción, en beneficio del afectado en cuanto propicia que pueda formular una reclamación que comprenda la reparación de la totalidad de los perjuicios derivados del acto lesivo, es decir, una reparación integral según el principio que informa la materia y teniendo en cuenta que el reconocimiento del derecho exige acreditar la realidad del daño.

Sin embargo, ello no impide que el perjudicado, a la vista de los daños ya padecidos pueda ejercitar la acción correspondiente para su reparación, sin perjuicio de que la efectividad de la acción en tal caso se vea limitada a los daños cuya realidad se acredite en el proceso, pues ello constituye un requisito para la declaración del derecho a la indemnización, declaración que constituye el pronunciamiento propio de la sentencia y no puede dejarse para el período de ejecución, a diferencia de la cuantificación del daño que puede diferirse a dicho período de ejecución, estableciendo las bases al respecto, como determina el art. 71.1.d) de la Ley de la Jurisdicción.

El escrito de consulta plantea la posibilidad de que, aplicando analógicamente la argumentación contenida en esta sentencia, pueda sostenerse que no es preciso esperar a la reanudación del contrato suspendido para que los contratistas soliciten la indemnización de aquellos daños cuya realidad, efectividad y cuantía puedan ya acreditar fehacientemente durante el período de suspensión.

Sin embargo, considera este Centro Directivo que no procede la aplicación analógica de dicha argumentación al supuesto consultado por no apreciarse suficiente identidad de razón entre el supuesto resuelto por la sentencia y el supuesto consultado.

La sentencia que se cita en la consulta se inserta en una línea jurisprudencial muy precisa que versa sobre la distinción, a efectos de responsabilidad patrimonial de la Administración, entre daños permanentes y daños continuados, recaída sobre todo en relación con daños personales, físicos o psíquicos, de la que son muestra las sentencias del Tribunal Supremo de18 de julio de 2007, 15 de diciembre de 2009, 16 de diciembre de 2011 y 31 de marzo de 2014, entre otras. Partiendo de la teoría de la actio nata (nacimiento de la acción) para determinar el origen del cómputo del plazo para ejercitar la acción indemnizatoria, según el cual la acción sólo puede comenzar cuando ello es posible, esta jurisprudencia distingue entre daños permanentes y daños continuados, considerando daños permanentes aquellos en los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo, mientras que los continuados son aquellos que, porque se producen día a día, de manera prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad, es necesario dejar pasar un período de tiempo más o menos largo para poder evaluar económicamente las consecuencias del hecho o del acto causante del mismo. Y por eso, para este tipo de daños continuados, el plazo para reclamar no empezará a contarse sino desde el día en que cesan los efectos, de modo que para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial el dies a quo será aquel en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto.

La sentencia que se cita en el escrito de consulta se inserta, por tanto, en el marco de una jurisprudencia en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración que surge para dar respuesta a aquellos casos en los que detectada una enfermedad o lesión, normalmente vinculada con lesiones físicas, no resulta posible determinar el alcance de la secuela o los efectos de dicha lesión hasta que ha transcurrido un período muy considerable de tiempo.

Sin embargo, en el supuesto consultado -posibilidad de que el contratista cuyo contrato ha sido suspendido ex artículo 34 del RDL 8/2020 pueda reclamar anticipadamente el abono de las cuantías indemnizables antes de que se haya levantado la suspensión-, el ámbito temporal es muy diferente, ya que el presupuesto de hecho que motiva la suspensión está directamente vinculado con la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que tiene una duración temporal limitada a quince días con posibles prórrogas por igual tiempo. Pero incluso en la hipótesis de que la crisis sanitaria que ha motivado la suspensión se prolongara, no debe olvidarse que en materia de contratación pública ±que es la concreta materia en la que se inserta el artículo 34 del RDL 8/2020 y con arreglo a cuyos principios ha de ser interpretado dicho precepto- está prevista en la LCSP la suspensión temporal de los contratos por períodos de hasta ocho meses (artículo 245 c) en el contrato de obras, artículo 306 b) en el contrato de suministro, y artículo 313.1 b) en el contrato de servicios), sin que en estos casos, de mayor duración, se prevea la posibilidad de abonos a cuenta de la indemnización, como se razona a continuación.

III

En efecto, en la normativa sobre contratación pública -que, no debe olvidarse, es el ámbito en el que ha de interpretarse y aplicarse el artículo 34 del RDL 8/2020, por más que éste sea una norma especial derivada de la actual crisis sanitaria- la regulación de los abonos a cuenta al contratista por parte de la entidad contratante está sometida al principio de tipicidad, no pudiendo reconocerse más que en aquellos supuestos expresamente previstos en la Ley.

Así, el artículo 198 de la LCSP establece lo siguiente:

“Artículo 198 Pago de precio

1. El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato.

(…)

2. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado. En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se tramite habrá de acompañarse, cuando resulte preceptiva, la comunicación efectuada a la Intervención correspondiente para su eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de comprobación material de la inversión.

3. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía”.

Por tanto, en la LCSP los abonos a cuenta sólo se prevén en dos supuestos tasados. El primero, como modalidad de pago parcial del precio por parte de la entidad contratante en relación con la prestación objeto del contrato ya ejecutada también parcialmente por el contratista y recibida por aquélla (con regulación específica, en el caso de los contratos de obra, en el artículo 240 de la LCSP), ya que, como regla general, y conforme a los principios que regulan las obligaciones de la Hacienda Pública, la Administración sólo paga cuando ha recibido la prestación correspondiente (artículo 21.2 de la Ley 47/2003, 26 de noviembre, General Presupuestaria). El segundo, en el caso de operaciones preparatorias de la ejecución del contrato, siempre que estén expresamente previstos en el pliego y, que, adicionalmente, se preste una garantía.

Ni el artículo 198 ni el artículo 208 de la LCSP prevén, por tanto, la posibilidad de realizar abonos a cuenta de la indemnización derivada de la suspensión del contrato, por lo que, a falta de habilitación normativa expresa y suficiente, debe excluirse dicha posibilidad, que tampoco está prevista en la norma especial contenida en el artículo 34 del RDL 8/2020.

No desvirtúa esta conclusión la circunstancia de que en la redacción original del artículo 34 del RDL 8/2020 se haya introducido un nuevo párrafo por la disposición final primera. 10 del RDL 11/2020, del siguiente tenor:

“No obstante, en caso de que entre el personal que figuraba adscrito al contrato a que se refiere el punto 1.º de este apartado se encuentre personal afectado por el permiso retribuido recuperable previsto en el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, el abono por la entidad adjudicadora de los correspondientes gastos salariales no tendrá el carácter de indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a las horas que sean objeto de recuperación en los términos del artículo tres del mencionado Real Decreto Ley, a tener en cuenta en la liquidación final del contrato.”

La locución “abono a cuenta” que utiliza el precepto transcrito no se refiere al tiempo en que ha de hacerse el abono, sino al concepto o título jurídico que lo justifica. En efecto, no se trata de indemnizar al contratista por un perjuicio sufrido por él, puesto que los salarios abonados por aquél a sus trabajadores que se encuentran en la situación de permiso retribuido recuperable quedarán compensados por la ulterior prestación de su trabajo (dada la naturaleza sinalagmática propia del contrato de trabajo); se trata, distintamente, de un pago que tiene que hacer la Administración contratante y que, excluido del concepto de indemnización por la razón que acaba de indicarse, se computa (descontándolo) en la liquidación que debe hacerse al contratista y que, por expresa determinación legal, es la liquidación final del contrato, determinación esta última que impide entender que este “abono a cuenta” pueda tener lugar durante el período de suspensión del contrato.

CONCLUSIÓN

A falta de habilitación normativa expresa, resulta improcedente el abono a cuenta y durante el período de suspensión de los contratos a que se refiere el artículo 34 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de las indemnizaciones previstas en dicha disposición legal.