El absentismo laboral y el beneficio industrial en la determinación del presupuesto base de licitación del contrato de gestión de escuelas infantiles


TACRC 23/09/2026

Se interpone por una licitadora recurso especial contra los pliegos del contrato de gestión de las escuelas infantiles municipales de un ayuntamiento, solicitando su anulación y la retroacción del procedimiento para elaborar un estudio económico adecuado, según los antecedentes de la resolución del TACRC de 23 de septiembre de 2026.

La licitadora afirma que el presupuesto base de licitación infravalora el absentismo laboral al prever un 5 %, cuando el real del servicio se sitúa, según sostiene, en torno al 15 %. Considera improcedente trasladar al contratista esa diferencia mediante el principio de riesgo y ventura y cuestiona la reducción del beneficio industrial del 9 % previsto en contratos anteriores al 6 %, sin motivación específica.

El TACRC manifiesta que no se han aportado datos objetivos suficientes para acreditar un absentismo superior al estimado. Lo considera un coste de estructura cuya inclusión incorrecta entre los costes directos no determina por sí sola la insuficiencia del presupuesto. Asimismo, encuadra las desviaciones de absentismo en el riesgo y ventura ordinario del contratista, no en el riesgo operacional propio de las concesiones. Respecto del beneficio industrial, entiende que el 6 % constituye un parámetro orientativo aceptado, amparado por la discrecionalidad técnica del órgano de contratación, sin que se haya acreditado su manifiesta insuficiencia ni una comparación válida con contratos anteriores.

Por ello, el TACRC desestima el recurso interpuesto y acuerda levantar la suspensión del procedimiento de contratación.

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Resolución, 23-09-2026

 

SUBSECRETARÍA

MINISTERIO DE HACIENDA

Resumen:

Recurso contra pliegos en contrato de servicios, LCSP. Desestimación. Impugna los pliegos (el presupuesto base de licitación) porque considera que se infravaloran las variables económicas relativas al absentismo, riesgo y ventura del contratista, y beneficio industrial. El absentismo constituye un coste de estructura o una contingencia propia de la organización empresarial, cuya incidencia efectiva dependerá de la gestión de cada operador económico y forma parte del riesgo y ventura inherente a la ejecución del contrato. No procede, por tanto, trasladar automáticamente su eventual impacto al cálculo del beneficio industrial ni exigir que este absorba cualesquiera desviaciones que puedan producirse durante la ejecución contractual. El porcentaje del 6% de Beneficio coincide con los valores de referencia previstos para los contratos de obras en el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Recurso nº 826/2026

C.A. Castilla-La Mancha 82/2026

Resolución nº 1482/2026

Sección 1ª

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

 

En Madrid, a 23 de septiembre de 2026.

VISTO el recurso interpuesto por D. S. H. I. en representación de SERVICIOS INFANTILES LA CASITA DE CHOCOLATE, S.L, contra los pliegos del procedimiento "Ejecución de los trabajos consistentes en la gestión de las Escuelas Infantiles municipales", expediente SERVICIOS 11/26, convocado por el Ayuntamiento de Toledo, el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO. 

 

Primero. En 4 de mayo de 2026 se publicó en Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio de la licitación que nos ocupa. Se trata de un contrato de servicios de valor estimado 8.689.688,45 € que tiene una duración de dos años y tiene por objeto la gestión de las escuelas infantiles municipales.

Los criterios de adjudicación son el precio (45 puntos) y otros criterios automáticos (20 puntos) y criterios de calidad: la organización y funcionamiento del servicio (9 puntos), el establecimiento de un plan de atención a la diversidad e inclusión educativa (6 puntos), plan de formación y estabilidad del equipo educativo (4 puntos) y proyecto pedagógico y educativo (16 puntos).

Segundo. Con anterioridad, habían sido aprobados los pliegos, que ahora se impugnan.

En particular, en el PCAP se establece el presupuesto básico de licitación de 4.330.336,53 €. Al expediente de contratación acompaña un estudio de costes que establece un coste de personal de "1.244.824,29 €" y un coste por absentismo de "62.241,21€" indicando que "El coste de personal parte del anexo de subrogación facilitado por el anterior contratista e incluye las subidas salariales aprobadas por XIII Convenio Colectivo de centros de asistencia y educación infantil (BOE 135, 5-06-2025), y una estimación del 5% por absentismo".

Ello, no obstante, se acompaña informe de la prestadora de servicios, la propia recurrente, que incluye unos costes de personal de 1.170.866,45€ con el detalle incluido en el propio informe, referido a un personal de 47 efectivos. Expresa en el informe que "Los salarios contemplados en el documento están actualizados a fecha 11/03/2026. No están contempladas las subidas salariales que se produzcan a partir de dicha fecha, que podrán afectar al actual curso académico o sucesivos". Esta información se publicó en los Diarios Oficiales en 4 de mayo de 2026.

Han presentado oferta cuatro licitadores, entre ellos, la recurrente con fecha de 1 de junio de 2026, fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Tercero. El 8 de mayo de 2026 se interpuso por el representante legal de SERVICIO INFANTILES LA CASITA DE CHOCOLATE, S.L recurso especial, invocando que el presupuesto base de licitación no se había fijado con arreglo a Derecho por cuanto adolecía de infravaloración del absentismo laboral, utilizaba improcedentemente el principio de riesgo y ventura, y reducía injustificadamente el beneficio industrial.

Invoca así que el estudio económico contempla un índice de absentismo laboral del 5%. Para el primer año de contrato, sobre un coste de personal de 1.244.824,29 €, supone una previsión de 62.241,21 €. Se desconoce la necesaria y preceptiva justificación y motivación de fijación de ese 5% y no otro porcentaje, adelantando ya que su mantenimiento determina la absoluta e irreversible falta de viabilidad económica del contrato y falta del correspondiente interés para su adjudicación. La realidad efectiva del actual servicio de gestión de las escuelas municipales de Toledo, conocida por este Ayuntamiento al haberle sido comunicada expresamente por esta parte como actual adjudicataria, sitúa el absentismo real en torno al 15%. Invoca a este respecto que es una plantilla altamente feminizada, que el trabajo con niños de 0 a 3 años supone una alta incidencia de contagios, y que la plantilla suele tener unas necesidades propias derivadas de la conciliación familiar.

Por otra parte, invoca que el estudio económico del Ayuntamiento de Toledo incorpora expresamente que el diferencial de absentismo no contemplado debe ser asumido por el contratista bajo el principio de "riesgo y ventura", lo cual, por tanto, debe ser eliminado en este procedimiento puesto que el principio de riesgo y ventura no habilita a la Administración para trasladar al contratista costes estructurales del servicio previamente infravalorados por la propia Administración, ni trasladar al adjudicatario del contrato cualesquiera desviaciones estructurales de costes conocidas y previsibles.

Finalmente, señala que el estudio económico fija un beneficio industrial del 6%, equivalente a 116.251,92 €, para el primer año de contrato, sin que exista motivación técnica específica que justifique su reducción respecto de los contratos anteriores, en los que se contemplaba un beneficio industrial del 9%.

Con ello solicita la anulación de los pliegos y retroacción para que, con fundamento en un estudio económico adecuado, se incluyan estas variables.

Cuarto. Tras el requerimiento efectuado por la Secretaría, se ha remitido el expediente y el informe del artículo 56 de la LCSP por el órgano de contratación.

El Ayuntamiento de Toledo defiende el presupuesto base de licitación establecido. Considera que el porcentaje incluido en el estudio de costes tiene carácter estimativo, conforme a lo previsto en la cláusula 6ª del pliego de prescripciones técnicas, apartado A) Recursos humanos.

Alega que, "La determinación de este tipo de parámetros responde a criterios técnicos del órgano de contratación, no existiendo un porcentaje único u obligatorio que deba aplicarse, sino que puede establecerse en función de previsiones de gestión del servicio, en base a criterios de gestión, u otros parámetros. Este concepto no forma parte del riesgo operacional del contrato (al no operar sobre el riesgo de demanda), sino que, como en todo contrato público de servicios, forma parte del riesgo y ventura o aleas empresarial inherente a cada entidad que concurra a la licitación, en determinación de sus propios medios personales y materiales con los que cuente (organización de empresa)".

En relación con la "reducción injustificada del beneficio industrial" señala que el porcentaje del 6% previsto en el estudio económico responde a criterios técnicos y se sitúa dentro de los márgenes habituales en la contratación pública, sin que exista un porcentaje legalmente establecido ni resulte vinculante el aplicado en contratos anteriores. De hecho, el 6% es el porcentaje estándar que, con carácter general, fija el artículo 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para el beneficio industrial del contratista, habiéndose hecha extensiva la aplicación de dicho artículo a los contratos de servicios y suministros, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia aplicables en la materia.

Con ello solicita la desestimación del recurso.

Quinto. El 3 de junio de 2026 se ha dado traslado para alegaciones a los interesados con un plazo de 5 días para su formalización, no habiendo hecho uso de este derecho ninguno de los licitadores.

Sexto. Por Resolución de 4 de junio de 2026 de la secretaria general del Tribunal, por delegación de este, acuerda de oficio la medida cautelar consistente en la suspensión del procedimiento de contratación, sin que esta afecte al plazo de presentación de ofertas ni impida su finalización, de conformidad con lo establecido en el artículo 56.3 de la LCSP, de forma que según lo establecido en el artículo 57.3 del mismo cuerpo legal, será la resolución del recurso la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero. El presente recurso, en cuya tramitación se han observado todos los trámites legal y reglamentariamente establecidos -esto es, lo prescrito por LCSP y por el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante, RPERMC)-, es de la competencia de este Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la LCSP, así como en el convenio sobre atribución de competencias en materia de recursos contractuales, suscrito el 25 de septiembre de 2024 entre el Ministerio de Hacienda y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (BOE de fecha 3/10/2024).

Segundo. Es objeto del presente recurso los pliegos rectores de una licitación de servicios de valor estimado superior a 100.000 €. A la luz del art. 44. 1 a) y 44.2 a) de la LCSP el recurso tiene por objeto, por tanto, un acto recurrible.

Tercero. Con carácter previo a entrar en el fondo del recurso, este Tribunal debe dilucidar si el mismo ha sido interpuesto en plazo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 LCSP:

"1. El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará: (…)

b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se hiciera esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido acceder a su contenido a través del perfil de contratante. (…)

Con carácter general no se admitirá el recurso contra los pliegos y documentos contractuales que hayan de regir una contratación si el recurrente, con carácter previo a su interposición, hubiera presentado oferta o solicitud de participación en la licitación correspondiente, sin perjuicio de lo previsto para los supuestos de nulidad de pleno derecho".

A la luz de las fechas transcritas en los antecedentes de hecho de esta resolución, el recurso ha sido interpuesto en plazo y, no concurre la causa de inadmisión del último párrafo del artículo 50.1 b), ya que la recurrente ha presentado oferta con posterioridad a la interposición del recurso.

Cuarto. Con relación a la legitimación, la parte recurrente ostenta legitimación activa para interponer el presente recurso especial conforme al art. 48 de la LCSP, que determina que: "Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso".

Pues bien, recurriéndose los pliegos rectores de una contratación y aplicando la doctrina de este Tribunal, reflejada en resoluciones como la número 200/2023 o la número 1242/2024, la recurrente ostentaría legitimación. En efecto, según la citada doctrina, para recurrir los pliegos de una licitación es necesario:

-que se haya presentado proposición, en tanto que solo en ese caso se adquiere la expectativa de resultar adjudicatario del contrato que conforma el interés legítimo; o bien

-que se no se haya podido presentar proposición como consecuencia de condiciones discriminatorias en el pliego.

Así las cosas, en el caso que nos ocupa, no ofrece duda la concurrencia de este presupuesto procesal ya que el recurrente ha concurrido a la licitación y ha presentado oferta tras la interposición del recurso.

Quinto. Llegados a este punto procede resolver si, tal como invoca la recurrente procede anular los pliegos de la licitación por haber sido determinado incorrectamente el presupuesto base de licitación y ulterior valor estimado del contrato o, como invoca el órgano de contratación, el mismo ha sido determinado conforme a Derecho y, superado este elemento, afecta exclusivamente a la discrecionalidad técnica del órgano y supone un mayor o menor beneficio económico del contratista que, en modo alguno, puede anular la licitación.

El punto de partida de la argumentación viene constituido por el art. 100 LCSP: "1. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.

2. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución forme parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

3. Con carácter previo a la tramitación de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de adquisición no será necesario que se apruebe un presupuesto base de licitación."

Correlativamente, el art. 131 Reglamento Contratación dispone que: "Se denominará presupuesto de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas.

El presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando el de ejecución material en los siguientes conceptos:

1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material:

a) Del 13 al 17 por 100, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de las circunstancias concurrentes, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato. Se excluirán asimismo los impuestos que graven la renta de las personas físicas o jurídicas.

b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista.

Estos porcentajes podrán ser modificados con carácter general por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando por variación de los supuestos actuales se considere necesario.

2. El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma del presupuesto de ejecución material y los gastos generales de estructura reseñados en el apartado 1".

Interesa una remisión parcial al art. 101 LCSP que dispone: "1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será determinado como sigue:

a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.

b) En el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, el órgano de contratación tomará el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios.

2. En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. Asimismo deberán tenerse en cuenta:

a) Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.

b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, la cuantía de los mismos.

c) En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas.

En los contratos de servicios y de concesión de servicios en los que sea relevante la mano de obra, en la aplicación de la normativa laboral vigente a que se refiere el párrafo anterior se tendrán especialmente en cuenta los costes laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación".

Finalmente, resulta relevante e igualmente se ha invocado en las alegaciones del órgano de contratación, el art. 139 LCSP que dispone: "1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

2. Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 143, 175 y 179 en cuanto a la información que debe facilitarse a los participantes en una subasta electrónica, en un diálogo competitivo, o en un procedimiento de asociación para la innovación.

3. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 142 sobre admisibilidad de variantes y en el artículo 143 sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

4. En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido".

Llegados a este punto interesa razonar que el presupuesto base de licitación no sólo es coherente con las alegaciones de la recurrente, actual prestadora del servicio, sino que es incluso más beneficiosa para esta que lo por ella alegado. Así, los costes de personal en el personal a subrogar alcanzan 1.170.866,45 € (sin incrementos salariales) en tanto el pliego establece unos costes de personal de 1.244.824,29 € (para el curso 2026/27) y 1.269.719,51€ (para el curso 2027/28).

Centrándonos en las alegaciones del recurso, estas se refieren esencialmente al índice de absentismo laboral estimado por el órgano de contratación, a la utilización improcedente del riesgo y ventura, y a la reducción artificiosa del beneficio industrial.

Ahora bien, tales alegaciones, aun siendo legítimas, presentan un marcado carácter especulativo. En relación con el absentismo, la recurrente sostiene que la plantilla se encuentra altamente feminizada (95 %), circunstancia que, a su juicio, determina niveles de absentismo superiores a la media nacional (sic). Añade que la actividad objeto del contrato se desarrolla con un colectivo especialmente expuesto a enfermedades víricas o infecciosas y que la plantilla está integrada mayoritariamente por trabajadores jóvenes con hijos menores a cargo, lo que condiciona las necesidades de conciliación en el ámbito familiar.

Sin embargo, ninguno de estos factores permite concluir de forma necesaria que el índice de absentismo deba situarse por encima de los porcentajes considerados por el órgano de contratación. Se trata de circunstancias que podrían incidir en la prestación del servicio, pero cuya efectiva traducción en mayores tasas de absentismo no resulta acreditada en el recurso mediante datos objetivos referidos al concreto ámbito de ejecución del contrato.

Sobre esta base, la recurrente afirma que, en el sector de la educación infantil, los índices de absentismo superan las medias nacionales que, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), se sitúan en los últimos ejercicios entre el 6,5 % y el 7,5 %. No obstante, dicha afirmación se sustenta en una proyección o inferencia de carácter general, sin aportar evidencia suficiente que permita determinar que tales porcentajes deban necesariamente aplicarse ni al sector empresarial, ni al contrato objeto de controversia.

En cualquier caso, la alegación no puede prosperar, pues no es propiamente una condición de trabajo, sino una manifestación del incumplimiento de aquellas, de forma que aun tratándose de un dato a valorar en la determinación de los gastos o costes generales no es un dato legalmente exigible de los costes laborales derivados de las condiciones de trabajo de los trabajadores a subrogar (Resoluciones 729/2018 de 27 de julio y 119/2024 de 1 de febrero).

En este sentido la Resolución 843/2026 de 14 de mayo, recordó que el coste de absentismo puede ser conceptuado como un coste de estructura, "puesto que como dijimos en la Resolución 1225/2024 de 10 de octubre "(...) el absentismo afecta al funcionamiento global de la empresa y se soluciona también a ese nivel".

Es precisamente esta circunstancia la que, en gran medida, hace inútil el debate. En efecto, la inclusión por el órgano de contratación de un importe en concepto de absentismo para el cálculo de los costes es una opción legítima, pero que viene a incorporar al coste exigido para la ejecución del contrato un coste que, por su naturaleza, se ubica en el ámbito de los costes de estructura de las empresas. Su incorporación a los costes directos resulta ser metodológicamente incorrecto, según nuestra doctrina, pero el efecto de tal inclusión no puede ser la de poner en cuestión el presupuesto base de licitación, puesto que, en tanto la ilegalidad del mismo derivaría en todo caso de su insuficiencia para cubrir los costes exigidos para la ejecución del contrato a precios de mercado, la errónea incorporación de esta rúbrica a los costes directos del contrato no tiene efectos sobre tal suficiencia".

Por otro lado, tampoco puede acogerse la alegación de la recurrente relativa a que la diferencia entre el coste de absentismo estimado por el órgano de contratación y el finalmente soportado durante la ejecución del contrato quede sometida al riesgo y ventura del contratista, desnaturalizando con ello la figura contractual. A su juicio, la asunción de este tipo de riesgos sería propia de los contratos de concesión de servicios, en los que el contratista soporta el denominado riesgo operacional.

Sin embargo, asiste la razón al órgano de contratación cuando sostiene que el coste derivado del absentismo no integra el riesgo operacional característico de las concesiones, en la medida en que no guarda relación con la incertidumbre sobre la demanda o utilización efectiva del servicio ni con los ingresos asociados a su explotación. Se trata, por el contrario, de una circunstancia vinculada a la organización interna de la empresa y a los medios personales y materiales con los que cada operador económico decide concurrir a la licitación.

En efecto, la eventual divergencia entre el porcentaje de absentismo considerado al elaborar el presupuesto y el que finalmente se produzca durante la ejecución contractual constituye una contingencia propia de la gestión empresarial del contratista, encuadrable en el ámbito del alea ordinario de la actividad económica. Forma parte de los riesgos inherentes a la planificación, organización y administración de los recursos humanos de la empresa, del mismo modo que pueden variar otros costes asociados a la ejecución del contrato.

Por ello, la asunción de tales desviaciones no supone el traslado al contratista de un riesgo operacional impropio de un contrato de servicios, sino la aplicación del principio de riesgo y ventura que, con carácter general, consagra el artículo 197 de la LCSP. Dicho principio implica que el contratista debe asumir las consecuencias económicas derivadas de la ejecución ordinaria del contrato, tanto favorables como desfavorables, salvo en aquellos supuestos expresamente previstos por el ordenamiento que justifiquen la alteración del equilibrio contractual.

En consecuencia, el hecho de que el absentismo real pueda diferir del estimado por el órgano de contratación no desnaturaliza el contrato ni convierte indebidamente un contrato de servicios en una concesión, sino que constituye una manifestación más del riesgo empresarial inherente a la actividad del contratista, cuyo soporte encuentra adecuado acomodo en el principio de riesgo y ventura que rige la contratación pública.

Por último, en lo que respecta a la alegada insuficiencia del beneficio industrial, debe recordarse que su determinación forma parte de la configuración económica del contrato y se inserta en el ámbito de la discrecionalidad técnica de la que goza el órgano de contratación al fijar el presupuesto base de licitación. En el presente caso, el estudio económico contempla un beneficio industrial del 6 %, porcentaje que coincide con los valores de referencia previstos para los contratos de obras en el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Aunque la LCSP no contiene una regulación específica sobre el porcentaje de beneficio industrial aplicable a los contratos de servicios, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en su Informe 40/19, ha señalado que los porcentajes contemplados en dicho precepto reglamentario pueden tomarse como referencia en otros tipos contractuales cuando el órgano de contratación los considere adecuados a la naturaleza de la prestación y a las características concretas del contrato. En la misma línea, la doctrina de este Tribunal ha venido reconociendo el carácter orientativo de tales parámetros para la determinación de los gastos generales y del beneficio industrial en contratos distintos de los de obras.

Partiendo de lo anterior, no puede compartirse la tesis de la recurrente. En primer lugar, porque sus alegaciones exigirían acreditar que el porcentaje fijado resulta manifiestamente insuficiente para garantizar una ejecución viable del contrato o, al menos, justificar de forma objetiva por qué el órgano de contratación debía haberse apartado de dicho porcentaje de referencia. Sin embargo, la recurrente se limita a afirmar que el beneficio industrial es inferior al previsto en expedientes anteriores, sin identificar cuáles son esos procedimientos, ni aportar datos que permitan efectuar una comparación válida con el presente contrato.

En segundo lugar, porque la argumentación de la recurrente parte de una concepción errónea del beneficio industrial, al pretender vincular su suficiencia a la cobertura de eventuales desviaciones derivadas del absentismo laboral. Como ya se ha expuesto, el absentismo constituye un coste de estructura o una contingencia propia de la organización empresarial, cuya incidencia efectiva dependerá de la gestión de cada operador económico y forma parte del riesgo y ventura inherente a la ejecución del contrato. No procede, por tanto, trasladar automáticamente su eventual impacto al cálculo del beneficio industrial ni exigir que este absorba cualesquiera desviaciones que puedan producirse durante la ejecución contractual.

En consecuencia, habiéndose previsto un porcentaje del 6 %, coincidente con los valores orientativos y parámetros de referencia habitualmente aceptados en la contratación pública, y no habiendo aportado la recurrente elementos objetivos que acrediten su manifiesta insuficiencia, no resulta procedente exigir una motivación específica o reforzada de su fijación. La elección de dicho porcentaje se encuentra suficientemente amparada por el margen de apreciación técnica del órgano de contratación y no puede reputarse arbitraria ni carente de justificación. En consecuencia, la alegación debe ser desestimada.

Por todo lo anterior,

VISTOS los preceptos legales de aplicación

FALLO 

 

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada el día de la fecha ACUERDA:

Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. S. H. I. , en representación de SERVICIOS INFANTILES LA CASITA DE CHOCOLATE, S.L, contra los pliegos del procedimiento "Ejecución de los trabajos consistentes en la gestión de las Escuelas Infantiles municipales", expediente SERVICIOS 11/26, convocado por el Ayuntamiento de Toledo.

Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.3 de la LCSP.

Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la multa prevista en el artículo 58.2 de la LCSP.

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1. letra k y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

LA PRESIDENTA

LAS VOCALES