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Lunes a Jueves: 10:00-14:00 y 16:00-18:00 / Viernes: 9:00-14:00En una convocatoria municipal de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida a centros educativos y asociaciones de madres y padres de alumnos, las bases establecen que los beneficiarios deben encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en el momento de presentación de la solicitud.
Uno de los solicitantes es un instituto público de educación secundaria (IES). En el momento de presentar su solicitud constaban en la Seguridad Social dos pagos pendientes por un importe aproximado de 30 euros, por lo que el centro no figuraba al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
El IES ha presentado posteriormente un informe en el que manifiesta que dichos pagos pendientes no eran gestionados ni abonados directamente por el centro, sino que su gestión y liquidación correspondía a la Administración educativa competente, concretamente a la Dirección General de Formación Profesional. Para justificarlo, invoca el apartado 17.3 de las instrucciones aplicables a los centros de Formación Profesional, conforme al cual la gestión y liquidación de determinadas cuotas de Seguridad Social del alumnado que realiza Formación en Empresa General y FCT corresponde a dicha Dirección General.
Según el IES, una vez detectada la incidencia comunicó la situación a la Conselleria de Educación y solicitó su revisión y subsanación. La situación quedó finalmente regularizada con posterioridad a la presentación de la solicitud y a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
El centro sostiene, por ello, que la existencia temporal de esos pagos pendientes no le resulta imputable, puesto que no tenía atribuida la gestión ni la ejecución de dichos pagos, y solicita que esta circunstancia sea tenida en cuenta a efectos de la concesión de la subvención. El informe presentado señala expresamente que la gestión de estos pagos correspondería a la Administración educativa y que el centro actuó comunicando la incidencia y solicitando su subsanación.
¿Debe considerarse que el IES incumplía el requisito de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social en el momento de presentar la solicitud, aunque la deuda o incidencia tuviera su origen en obligaciones cuya gestión correspondía a otra Administración y no al propio centro?
Respecto al requisito de estar al corriente, el art. 13.2.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-, establece que no podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.
Este requisito se acredita, con carácter general, mediante las certificaciones emitidas por la Administración competente. El RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -RLGS- regula dicha acreditación y la TGSS expide certificados e informes que reflejan la existencia o inexistencia de deuda.
En consecuencia, si las bases de la convocatoria exigen estar al corriente en la fecha de presentación de la solicitud, esa es, en principio, la fecha que ha de tomarse como referencia para comprobar el cumplimiento del requisito.
Respecto a la naturaleza objetiva del requisito y necesidad de identificar al obligado, la mera aparición de una incidencia o deuda en un certificado de la Seguridad Social constituye un indicio relevante de que el solicitante no figuraba formalmente al corriente. Sin embargo, antes de deducir una causa de exclusión, debe verificarse que se trata de una obligación jurídicamente imputable al beneficiario.
No basta, a estos efectos, con que un pago esté vinculado administrativamente al IES. Es preciso determinar:
Las instrucciones aplicables a la Formación Profesional en la Comunitat Valenciana atribuyen a la Dirección General de Formación Profesional la gestión y liquidación de las cuotas de Seguridad Social del alumnado que realiza Formación en Empresa General y FCT en centros públicos. Por tanto, si se acredita que las cuotas pendientes derivaban de ese régimen y que su liquidación no correspondía al IES, la incidencia no puede equipararse sin más a un incumplimiento material atribuible al centro solicitante.
Debe valorarse especialmente que el IES, al conocer la incidencia, comunica la situación a la Conselleria competente y promoviera su revisión y subsanación. Tal actuación revela diligencia y ausencia de pasividad ante la deuda detectada.
La jurisprudencia del TS ha admitido que el requisito de estar al corriente no puede aplicarse de manera puramente automática cuando concurren circunstancias excepcionales. La sentencia del TS de 13 de octubre de 2021) consideró relevantes la reducida cuantía de la deuda, el desconocimiento de esta por el solicitante, su pago inmediato al conocerla y la ausencia de trámite de subsanación, anulando la denegación de la ayuda basada exclusivamente en aquella incidencia.
Asimismo, el TS ha apreciado interés casacional en determinar si el principio de proporcionalidad permite modular la exigencia de estar al corriente cuando la deuda es de escasa entidad, no era conocida por el solicitante y se regulariza de forma inmediata al ser detectada.
En el presente caso concurren circunstancias que justifican una valoración individualizada:
La regularización posterior no transforma por sí misma el estado existente en la fecha de solicitud. No obstante, sí constituye un elemento relevante para determinar que la incidencia no obedeció a una conducta incumplidora o negligente del IES.
1ª. No procede considerar automáticamente que el IES incumplió el requisito de estar al corriente con la Seguridad Social por una causa que determine necesariamente su exclusión de la convocatoria.
2ª. Si queda acreditado que los pagos pendientes procedían de cuotas cuya gestión y liquidación incumbían a la Dirección General de Formación Profesional, que el IES no tenía competencia para efectuar directamente el pago y que actuó diligentemente para comunicar y corregir la incidencia, la deuda no debería calificarse como un incumplimiento material imputable al centro.
3ª. La circunstancia de que el IES no figurara formalmente al corriente en la fecha de solicitud obliga al órgano instructor a examinar la incidencia; pero no justifica una exclusión automática, sin valorar la titularidad real de la obligación, la distribución competencial entre órganos de la Administración educativa, la escasa cuantía del descubierto y la actuación inmediata del centro para su regularización.
4ª. En consecuencia, la propuesta de resolución podría admitir la solicitud del IES siempre que se incorpore al expediente prueba suficiente de que la deuda obedecía a una incidencia de gestión atribuible a la Administración educativa competente y no a un incumplimiento propio del centro.
