sep
2026

Reparación de pistas deportivas de distintos colegios mediante contratos menores: ¿existe fraccionamiento indebido?


Planteamiento

Se han recibido dos expedientes de contratos menores diferentes. Sin embargo, ambos tienen un único objeto: el arreglo de pistas deportivas por su avanzado estado de deterioro, y ambas se acercan a la cantidad de 40.000 euros. Los presupuestos son de la misma empresa, y se emiten en unos diez días de diferencia.

Si bien, todo indica, y así se alude desde los órganos políticos, que sí que son distintos servicios los que solicitan el informe y que son distintas pistas deportivas, de diferentes colegios, ¿existe fraccionamiento ilícito del contrato o son actuaciones autónomas en cada uno de los colegios? Señalar que hay cuatro colegios, una factura agrupa a uno de ellos 33.292,92 euros y los tres colegios 34.227,20 euros. ¿Podría entenderse que se han repartido los importes entre diferentes colegios para no superar el umbral?

Respuesta

El contrato menor, cuyo expediente se regula en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, es un procedimiento excepcional cuya utilización conlleva la inaplicación de forma parcial de los principios generales de contratación que se incluyen en el art. 1 LCSP 2017: libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Además, al constar de un expediente y condiciones de licitación excepcionales su utilización supone un riesgo añadido al no ser posible requerir a los adjudicatarios que justifiquen su solvencia ni que impongan una garantía definitiva, con las dificultades que pueden provocarse en la ejecución.

Por todo lo anterior, entendemos que, de forma general, el contrato menor debe utilizarse para dar cobertura a necesidades puntuales, no previsibles, no repetitivas y de pequeño importe además de cumplir con todos los requisitos de su expediente fijados en el mencionado art. 118 LCSP 2017 que son los siguientes:

  • - Valor estimado inferior a 40.000 euros, dado que se trata de obras.
  • - Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y la no alteración de su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales indicados.
  • - Aprobación del gasto e incorporación al mismo de la factura correspondiente.

Adicionalmente, debe realizarse la publicación de los contratos menores con periodicidad trimestral, como mínimo, y en listados ordenados por adjudicatario.

Por otra parte, el art. 99 LCSP 2017, relativo al objeto del contrato, indica que:

  • “1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.
  • 2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
  • 3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.
  • No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.
  • En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes:
    • a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia.
    • b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente”.

Por lo expuesto, vemos que lo relevante respecto al concepto de unidad funcional es determinar que el órgano de contratación no está separando deliberadamente el objeto del contrato con tal de eludir los principios de publicidad, igualdad y concurrencia que se prevén en el art. 132 LCSP 2017.

A tal efecto, el informe de la JCCP del Estado de 5 de abril de 2018, señala que debe tratarse de una unidad funcional separada:

  • “En este sentido es esencial que exista una función específica que caracterice de un modo particular a la unidad de que se trate y que con ello se pueda considerar a la misma separada, no en el aspecto orgánico o jerárquico, sino en lo que hace a la función que desempeña”.

Asimismo, para que dicha unidad pueda considerarse responsable de manera autónoma de su contratación, la JCCP del Estado atiende, entre otros elementos, a que cuente con financiación específica y competencias propias respecto de la adjudicación. Por ello, el solo hecho de que los expedientes hayan sido solicitados por distintos servicios municipales no determina por sí solo la existencia de unidades funcionales separadas.

Asimismo, el informe de la JCCP del Estado de 7 de mayo de 2012, señala que:

  • “(…) La idea fundamental, así pues, que debe regir la posibilidad de contratar separadamente prestaciones que guarden alguna relación entre sí, deberá ser la idea de si constituyen una unidad operativa o funcional, es decir, si son elementos inseparables para el logro de una misma finalidad o si son imprescindibles para el correcto funcionamiento de aquello que se pretende conseguir mediante la celebración del contrato. En el caso de que constituyan una unidad operativa o sustancial y se divida el contrato, estaremos ante un fraccionamiento.
  • No obstante, no todo fraccionamiento del objeto del contrato es contrario a la Ley. Como excepción, se permite en el caso de que concurra alguno de los requisitos establecidos en el artículo 86. 3, in fine), a saber: que cada uno de los lotes sea susceptible de utilización o aprovechamiento separado y constituya una unidad funcional por sí solo o bien, que la naturaleza del objeto de ese contrato lo permita.
  • Por tanto, como vemos para fraccionar el objeto de un contrato, los requisitos necesarios para ello son, en primer lugar, el requisito más importante a tener en cuenta es si la prestación que lo constituya es divisible, a partir de ahí, resulta necesario que cada una de ellas constituya un conjunto independiente y, por encima de todo, que no haya ánimo defraudatorio, esto es, que en ningún caso la división en lotes sirva para infringir los principios de publicidad y de concurrencia, o se haga con la intención de eludir la aplicación de estos principios en el procedimiento de contratación (…)”.

En el supuesto que abordamos, podemos observar que las actuaciones presentan un objeto sustancialmente homogéneo, consistente en la reparación de las pistas deportivas de distintos colegios, se plantean prácticamente al mismo tiempo y eran susceptibles de planificación conjunta. El hecho de que se ejecuten en colegios distintos supone una separación geográfica, pero no determina por sí solo que sean contratos independientes. Además, resulta significativo que un expediente comprenda un solo colegio, por la cantidad de 33.292,92 euros, mientras que el otro agrupe tres colegios por una cuantía de 34.227,20 euros. La contratación por separado, tal como se ha llevado a cabo, y por contrato menor de las distintas actuaciones según lo indicado podría ser considerada, en efecto, como un fraccionamiento.

El hecho de que cada actuación pueda ejecutarse y utilizarse de forma independiente permitiría, en su caso, dividir el contrato en lotes, pero no recurrir a contratos menores separados. En suma, y con los datos facilitados, entendemos que la contratación mediante dos contratos menores puede constituir un fraccionamiento indebido del objeto contractual.

Conclusiones

1ª. El contrato menor debe utilizarse para dar cobertura a necesidades puntuales, no previsibles, no repetitivas y de pequeño importe, además de cumplir con todos los requisitos de su expediente fijados en el art. 118 LCSP 2017.

2ª. En este caso, al tratarse de obras de objeto sustancialmente homogéneo, planteadas prácticamente al mismo tiempo y susceptibles de planificación conjunta, lo adecuado habría sido licitar conjuntamente las actuaciones mediante el procedimiento de contratación correspondiente atendiendo a su valor estimado.

3ª. Si cada una de las obras es susceptible de ejecución y utilización independiente, se podría dividir el objeto en lotes, correspondientes a los distintos colegios o actuaciones, pero sin que ello justifique su contratación mediante contratos menores separados.

4ª. Con los datos facilitados, la contratación por separado mediante dos contratos menores de las actuaciones de reparación de las pistas deportivas puede constituir, en efecto, un fraccionamiento indebido del objeto contractual.