Se han recibido dos expedientes de contratos menores diferentes. Sin embargo, ambos tienen un único objeto: el arreglo de pistas deportivas por su avanzado estado de deterioro, y ambas se acercan a la cantidad de 40.000 euros. Los presupuestos son de la misma empresa, y se emiten en unos diez días de diferencia.
Si bien, todo indica, y así se alude desde los órganos políticos, que sí que son distintos servicios los que solicitan el informe y que son distintas pistas deportivas, de diferentes colegios, ¿existe fraccionamiento ilícito del contrato o son actuaciones autónomas en cada uno de los colegios? Señalar que hay cuatro colegios, una factura agrupa a uno de ellos 33.292,92 euros y los tres colegios 34.227,20 euros. ¿Podría entenderse que se han repartido los importes entre diferentes colegios para no superar el umbral?
El contrato menor, cuyo expediente se regula en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, es un procedimiento excepcional cuya utilización conlleva la inaplicación de forma parcial de los principios generales de contratación que se incluyen en el art. 1 LCSP 2017: libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Además, al constar de un expediente y condiciones de licitación excepcionales su utilización supone un riesgo añadido al no ser posible requerir a los adjudicatarios que justifiquen su solvencia ni que impongan una garantía definitiva, con las dificultades que pueden provocarse en la ejecución.
Por todo lo anterior, entendemos que, de forma general, el contrato menor debe utilizarse para dar cobertura a necesidades puntuales, no previsibles, no repetitivas y de pequeño importe además de cumplir con todos los requisitos de su expediente fijados en el mencionado art. 118 LCSP 2017 que son los siguientes:
Adicionalmente, debe realizarse la publicación de los contratos menores con periodicidad trimestral, como mínimo, y en listados ordenados por adjudicatario.
Por otra parte, el art. 99 LCSP 2017, relativo al objeto del contrato, indica que:
Por lo expuesto, vemos que lo relevante respecto al concepto de unidad funcional es determinar que el órgano de contratación no está separando deliberadamente el objeto del contrato con tal de eludir los principios de publicidad, igualdad y concurrencia que se prevén en el art. 132 LCSP 2017.
A tal efecto, el informe de la JCCP del Estado de 5 de abril de 2018, señala que debe tratarse de una unidad funcional separada:
Asimismo, para que dicha unidad pueda considerarse responsable de manera autónoma de su contratación, la JCCP del Estado atiende, entre otros elementos, a que cuente con financiación específica y competencias propias respecto de la adjudicación. Por ello, el solo hecho de que los expedientes hayan sido solicitados por distintos servicios municipales no determina por sí solo la existencia de unidades funcionales separadas.
Asimismo, el informe de la JCCP del Estado de 7 de mayo de 2012, señala que:
En el supuesto que abordamos, podemos observar que las actuaciones presentan un objeto sustancialmente homogéneo, consistente en la reparación de las pistas deportivas de distintos colegios, se plantean prácticamente al mismo tiempo y eran susceptibles de planificación conjunta. El hecho de que se ejecuten en colegios distintos supone una separación geográfica, pero no determina por sí solo que sean contratos independientes. Además, resulta significativo que un expediente comprenda un solo colegio, por la cantidad de 33.292,92 euros, mientras que el otro agrupe tres colegios por una cuantía de 34.227,20 euros. La contratación por separado, tal como se ha llevado a cabo, y por contrato menor de las distintas actuaciones según lo indicado podría ser considerada, en efecto, como un fraccionamiento.
El hecho de que cada actuación pueda ejecutarse y utilizarse de forma independiente permitiría, en su caso, dividir el contrato en lotes, pero no recurrir a contratos menores separados. En suma, y con los datos facilitados, entendemos que la contratación mediante dos contratos menores puede constituir un fraccionamiento indebido del objeto contractual.
1ª. El contrato menor debe utilizarse para dar cobertura a necesidades puntuales, no previsibles, no repetitivas y de pequeño importe, además de cumplir con todos los requisitos de su expediente fijados en el art. 118 LCSP 2017.
2ª. En este caso, al tratarse de obras de objeto sustancialmente homogéneo, planteadas prácticamente al mismo tiempo y susceptibles de planificación conjunta, lo adecuado habría sido licitar conjuntamente las actuaciones mediante el procedimiento de contratación correspondiente atendiendo a su valor estimado.
3ª. Si cada una de las obras es susceptible de ejecución y utilización independiente, se podría dividir el objeto en lotes, correspondientes a los distintos colegios o actuaciones, pero sin que ello justifique su contratación mediante contratos menores separados.
4ª. Con los datos facilitados, la contratación por separado mediante dos contratos menores de las actuaciones de reparación de las pistas deportivas puede constituir, en efecto, un fraccionamiento indebido del objeto contractual.