sep
2026

¿Es posible modificar un contrato de arrendamiento de un terreno adjudicado a un matrimonio para que sólo sea arrendatario uno de los cónyuges?


Planteamiento

El año pasado el ayuntamiento formalizo un contrato de arrendamiento de un terrero por 20 años para destinarlo a huertos familiares. Dicho arrendamiento se formalizó con una pareja que ambos son titulares del terreno ya que se encuentran casados en régimen de gananciales y así consta en la nota registral aportada en el expediente. Ambos cónyuges firmaron el contrato de arrendamiento con el ayuntamiento.

No obstante, a día de hoy, uno de los cónyuges no quiere que aparezca su firma en dicho contrato de arrendamiento por motivos personales, habiendo solicitado ambos cónyuges que se modifique el contrato de arrendamiento y figure un único cónyuge. No obstante, el cónyuge que no quiere aparecer en el documento se manifiesta conforme con prestar autorización o consentimiento al arrendamiento.

¿Sería posible modificar un contrato de arrendamiento ya firmado para quitar la firma de uno de los cónyuges? En caso afirmativo, ¿habría que modificar todo el expediente o sería suficiente modificar el documento de formalización?

¿Qué forma debe de adoptar la autorización o consentimiento del cónyuge al arredramiento? ¿Sería suficiente con que presentara un consentimiento por registro de entrada?

Respuesta

Los contratos de arrendamiento son negocios patrimoniales excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, de conformidad con lo dispuesto en su art. 9.

Por ello, debemos acudir al marco normativo aplicable a este tipo de negocios jurídicos, esto es, el propio del orden civil y la normativa aplicable en materia de arrendamientos.

A tal efecto, la “modificación” planteada es, en puridad, una novación subjetiva, ya que la finalidad pretendida no es más que pasar de un negocio jurídico suscrito entre el ayuntamiento y dos personas físicas al mismo negocio patrimonial pero con dos partes, esto es, el ayuntamiento, en su condición de arrendador, y el cónyuge restante, en su calidad de arrendatario.

Así pues, lo que se pretende es que el cónyuge restante se subrogue en la condición de arrendatario con la totalidad de los derechos y obligaciones que le corresponden a la parte arrendataria, lo que responde al concepto, como hemos señalado, de “novación subjetiva” del contrato.

En ese sentido, a modo de ejemplo, la sentencia de la AP de Salamanca de fecha 13 de septiembre de 2017 nos dice en su FJ 2: 

  • “(...) En consecuencia desde el mes de junio de 2014 nos encontramos con un contrato de arrendamiento en el que se han modificado los elementos subjetivos del mismo.
  • La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 25 de abril de 2016 razona: La novación subjetiva se produce cuando la obligación se extingue mediante la sustitución de un nuevo deudor en lugar del primitivo, permaneciendo el mismo acreedor y el objeto de la obligación. A ella se refiere expresamente el artículo 1205 del Código Civil, que señala: puede hacerse sin el conocimiento de éste (del primitivo deudor), pero no sin el consentimiento del acreedor, y éste ha de comprender en su ámbito tanto la admisión del nuevo deudor como sujeto obligado, cuanto la liberación del primitivo, pues en otro caso se producirá una acumulación, quedando subsistente el débito originario junto al nuevo. Sobre la forma de manifestación de dicho consentimiento, la jurisprudencia mantiene un criterio amplio y flexible, si bien rechaza que su existencia pueda ser presumida, conforme a lo cual tiene declarado que el consentimiento puede prestarlo el acreedor en cualquier forma y momento, mientras el acuerdo de los deudores permanezca subsistente, admitiendo, puesto que la Ley no distingue, que pueda ser tanto expreso como tácito, siendo posible deducirlo de hechos que claramente lo revelen y así dicho consentimiento va implícito en el hecho de reclamar el pago de la obligación al nuevo deudor.
  • Es doctrina del Tribunal Supremo Sala 1ª, en orden a la novación subjetiva por cambio de la persona del deudor al que se refiere el artículo 1205 del Código civil, que aunque no requiere consentimiento del deudor sustituido, sin embargo necesita como requisito sine qua non el consentimiento del acreedor y además que la sustitución se declare expresamente o que se acredite la voluntad libre de las partes y de manera especial el consentimiento del acreedor, pues la novación nunca se presume ni puede inferirse de meras deducciones o conjeturas debiendo constar de modo inequívoco la voluntad de novar.
  • No es menos cierto sin embargo, que la voluntad puede manifestarse expresa o tácitamente, así «existirá declaración de voluntad tácita cuando el sujeto, aun sin exteriorizar de modo directo su querer mediante palabra escrita u oral, adopta una determinada conducta basada en los usos sociales y del tráfico, ha de ser valorada como expresión de la voluntad interna; en definitiva se trata de los hechos concluyentes (facta concludentia) y como tales inequívocos que sin ser medio directo del interno sentir lo da a conocer sin asomo de duda, de suerte que el consentimiento puede ser tácito cuando del comportamiento de las partes resulta implícita su aquiescencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2013) (...).”

Por otro lado, desde la perspectiva de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos -LAU-, según su art. 8, el inquilino no puede ceder el contrato de arrendamiento a un tercero a menos que medie el consentimiento expreso y por escrito del propietario. Si se produce la cesión del arrendamiento con el consentimiento del propietario, el cesionario queda subrogado en la posición contractual del inquilino (cedente) frente al propietario. Ello significa que el contrato de arrendamiento no se modifica, salvo en el hecho de que el inquilino queda sustituido por otra persona, que tendrá en todo caso los mismos derechos y obligaciones que tenía el anterior.

Sabido es que la jurisprudencia ha admitido esta figura y, para ello, baste citar la sentencia del TS de 6 de noviembre de 2006, que recoge la doctrina del TS sobre la cesión de contrato. También ha establecido los requisitos o presupuestos necesarios para que la cesión de contrato sea válida y, por tanto, tenga eficacia jurídica desde el punto de vista de la cesión de créditos.

Asimismo, el art. 23 de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos -LAR-, establece que:

  • “Para la cesión y el subarriendo, se estará a lo pactado por las partes y, en todo caso, deberá referirse a la totalidad de la finca o explotación, y deberá otorgarse por todo el tiempo que reste del plazo del arrendamiento por una renta que no podrá ser superior a la pactada entre arrendador y arrendatario.
  • El arrendatario no podrá ceder o subarrendar la finca o explotación sin el consentimiento expreso del arrendador.
  • Dicho consentimiento no será necesario cuando la cesión o subarriendo se efectúe a favor del cónyuge o de uno de los descendientes del arrendatario. No obstante, el subrogante y el subrogado notificarán fehacientemente al arrendador la cesión o el subarriendo, en el plazo de 60 días hábiles a partir de su celebración.”

Como puede apreciarse, en los supuestos de arrendamientos rústicos el consentimiento no es preciso cuando la cesión del contrato se efectúa a favor del cónyuge o de uno de los descendientes del arrendatario, si bien resulta preciso que el subrogante y el subrogado notifiquen fehacientemente al arrendador la cesión o el subarriendo, en el plazo de 60 días hábiles a partir de su celebración.

Por tanto, si nos encontramos en el caso planteado ante un arrendamiento rústico, bastará con que los cónyuges celebren un contrato privado de cesión entre ellos mediante el cual uno de los dos ceda dicho contrato al otro cónyuge y, en consecuencia, al amparo del art. 23 LAR, notifiquen por registro de entrada del ayuntamiento al órgano de contratación dicha cesión, en el plazo máximo de sesenta días hábiles a partir de su celebración, consolidándose así la novación subjetiva planteada.

Conclusiones

1ª. La “modificación” planteada es, en puridad, una novación subjetiva, ya que la finalidad pretendida no es más que pasar de un negocio jurídico suscrito entre el ayuntamiento y dos personas físicas al mismo negocio patrimonial pero con dos partes, esto es, el ayuntamiento, en su condición de arrendador, y el cónyuge restante, en su calidad de arrendatario.

2ª. Así pues, lo que se pretende es que el cónyuge restante se subrogue en la condición de arrendatario con la totalidad de los derechos y obligaciones que le corresponden a la parte arrendataria, lo que responde al concepto, como hemos señalado, de “novación subjetiva” del contrato.

3ª. Dicha pretensión es posible, independientemente de si nos encontramos ante un arrendamiento urbano o rústico.

4ª. En ese sentido, en los supuestos de arrendamientos rústicos el consentimiento no es preciso cuando la cesión del contrato se efectúa a favor del cónyuge o de uno de los descendientes del arrendatario, si bien resulta preciso que el subrogante y el subrogado notifiquen fehacientemente al arrendador la cesión o el subarriendo, en el plazo de 60 días hábiles a partir de su celebración.

Por tanto, si nos encontramos en el caso planteado ante un arrendamiento rústico, bastará con que los cónyuges celebren un contrato privado de cesión entre ellos mediante el cual uno de los dos ceda dicho contrato al otro cónyuge y, en consecuencia, al amparo del art. 23 LAR, notifiquen por registro de entrada del ayuntamiento al órgano de contratación dicha cesión, en el plazo máximo de sesenta días hábiles a partir de su celebración, consolidándose así la novación subjetiva planteada.