En un expediente incoado a varios vecinos copropietarios de un solar exigiendo que procedan a eliminar la vegetación existente en cumplimiento de lo dispuesto en una ordenanza municipal, en la notificación del decreto de incoación concediendo trámite de audiencia, por error, figura un pie de recurso erróneo concediendo la posibilidad de interponer recurso de reposición, cuando se trata de un acto de trámite contra el que no cabe.
¿Consideran procedente practicar nueva notificación realizando la corrección correspondiente o analizar el contenido del escrito presentado considerando su carácter de alegación y no de recurso?
El interesado ha presentado un escrito muy extenso en el que aborda hasta quince cuestiones que, a nuestro juicio, exceden sobremanera el contenido de los aspectos sobre los que corresponde pronunciarse.
¿Existe fundamentación jurídica para no entrar a analizar aquellas cuestiones que no se consideren relevantes para los derechos del interesado, como las que aluden a cuestiones organizativas municipales de tramitación, actuaciones seguidas para determinar el carácter o condición de interesados de los otros terceros notificados, etc.?
El art. 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, establece que:
Partiendo de que el decreto de incoación al que se refiere la consulta se limita a iniciar el procedimiento y conceder trámite de audiencia a los interesados, sin concurrir ninguna de las circunstancias del art. 112.1 LPACAP, nos encontramos ante un acto de trámite no susceptible de recurso administrativo. No obstante, en la notificación se ofreció por error la posibilidad de interponer recurso de reposición, posibilidad de la que ha hecho uso el interesado.
A tal efecto, la sentencia del TS de 18 de mayo de 2012, analiza un supuesto en el cual se ofreció un recurso improcedente, al amparo del cual el tercero ejerció sus derechos:
También, para la sentencia del TS de 18 de julio de 2006, los errores de la Administración al indicar un recurso improcedente no pueden perjudicar al interesado que haya seguido la vía impugnatoria que equivocadamente se le señaló.
Por lo tanto, la Administración no puede beneficiarse de sus errores y negar la posibilidad al tercero de ejercer sus derechos, lo que conllevaría que, toda vez que la Administración ha ofrecido la posibilidad de interponer un recurso de reposición, aunque de forma errónea, por el mero hecho de haber otorgado dicha posibilidad, debe someterse a ello y pronunciarse sobre dicho recurso de reposición.
En cuanto al contenido del escrito, la resolución debe decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento (art. 88.1 LPACAP), lo que obliga a dar respuesta a las cuestiones que puedan incidir en la obligación que se exige al interesado, pero no a contestar de forma individualizada cualquier consideración que sea ajena a su objeto. Por ello, habría que analizar las alegaciones que afecten a la condición de obligado a la orden de ejecución, los hechos que conllevan el deber de eliminar la vegetación, la aplicación de la ordenanza municipal o los defectos procedimentales que puedan producir indefensión, pero no resultando necesario entrar en cuestiones que sean meramente organizativas municipales o relativas a las actuaciones seguidas respecto de otros copropietarios, siempre que éstas carezcan de incidencia sobre los derechos o intereses legítimos del alegante. Entendemos que bastaría con agrupar estas últimas cuestiones y motivar de forma somera que no guardan relación con el objeto del procedimiento ni afectan a la posición del interesado en éste, razón por la cual no procede efectuar un pronunciamiento específico sobre ellas.
1ª. El decreto de incoación que inicia el procedimiento en el presente caso, y concede trámite de audiencia, constituye un acto de trámite no susceptible de recurso administrativo, aunque si la Administración ha ofrecido por error la posibilidad de interponer recurso de reposición y el interesado ha hecho uso de ella, tal error no puede perjudicarle, y la Administración debe pronunciarse sobre el recurso interpuesto.
2ª. La resolución debe dar respuesta a las cuestiones que puedan incidir en la obligación exigida al interesado, pero no resulta necesario entrar en cuestiones meramente organizativas municipales o relativas a las actuaciones seguidas respecto de otros copropietarios cuando carecen de incidencia sobre sus derechos o intereses legítimos, bastando con motivar de forma somera que no guardan relación estas últimas con el objeto del procedimiento.