sep
2026

¿Corresponde al ayuntamiento abonar la prestación tras los 545 días de incapacidad temporal de una trabajadora procedente de la MUNPAL?


Planteamiento

En referencia a una trabajadora del anterior régimen de MUNPAL, la misma se encuentra a la espera de resolución sobre su régimen de incapacidad permanente, pero ha sobrepasado ya el límite de 545 días en situación de incapacidad temporal marcado por la norma.

A la vista del Criterio 20/2025 de la Seguridad Social, ¿quién debería asumir el pago de las prestaciones una vez transcurrido el margen de esos 545 días hasta la resolución definitiva sobre la incapacidad permanente: nuestro ayuntamiento o el INSS?

La duda nos surge por el grado de vinculación que para nosotros como entidad local pueda suponer el citado Criterio 20/2025, además de razones de economía procedimental, si de todas formas es esa la línea que se está siguiendo por el resto de entidades locales y por órganos judiciales, con trabajadores procedentes de ese antiguo régimen.

Respuesta

El RD 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local, establece en su art. 6 que:

  • “Las prestaciones de asistencia sanitaria y de incapacidad laboral transitoria se concederán al personal activo y, en su caso, a sus familiares, en los mismos términos y condiciones que los previstos en el Régimen General de la Seguridad Social, si bien serán prestadas de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria quinta.”

Y según la disp. trans. 5ª del referido RD 480/1993:

  • “5. La prestación por incapacidad laboral transitoria derivada de contingencias comunes, se reconocerá y abonará por las Corporaciones Locales, entidades o instituciones que tengan a su cargo el personal activo que se integre.
  • 6. Como compensación económica por los costes derivados de la dispensación de la asistencia sanitaria e incapacidad laboral transitoria, en los términos previstos en los apartados anteriores de esta disposición transitoria, las Corporaciones Locales, instituciones o entidades tendrán derecho a aplicar los correspondientes coeficientes reductores de la cotización por el personal activo objeto de integración, a que se refiere el artículo 1 de este Real Decreto, en los términos previstos en la normativa vigente para los supuestos de exclusión de asistencia sanitaria e incapacidad laboral transitoria del Régimen General.”

De otro lado, el art. 174 del RDLeg 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social -TRLGSS-, establece en su apartado 1 que:

  • “El derecho al subsidio se extinguirá por el transcurso del plazo máximo de quinientos cuarenta y cinco días naturales desde la baja médica.”

Producida dicha extinción, su apartado 2 dispone que “se examinará necesariamente, en el plazo máximo de noventa días naturales, el estado del incapacitado a efectos de su calificación, en el grado de incapacidad permanente que corresponda”, pudiendo demorarse esta calificación cuando continúe la necesidad de tratamiento médico por la expectativa de recuperación o mejora, sin que puedan rebasarse los setecientos treinta días naturales sumados los de incapacidad temporal y los de prolongación de sus efectos. Durante estos períodos, añade expresamente el precepto, “no subsistirá la obligación de cotizar”.

Ahora bien, la extinción del subsidio por agotamiento de los 545 días no supone que el interesado deje de percibir protección económica hasta que se resuelva sobre su eventual incapacidad permanente. Según el apartado 5 del art. 174 TRLGSS, “cuando la extinción se produjera por alta médica con propuesta de incapacidad permanente, o por el transcurso de los quinientos cuarenta y cinco días naturales, el trabajador estará en la situación de prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal hasta que se notifique la resolución en la que se califique la incapacidad permanente”. La cuestión aquí planteada consiste precisamente en determinar a quién corresponde asumir el pago durante esta prolongación de efectos económicos, cuando se trata de personal procedente del extinguido Régimen Especial de Funcionarios de la Administración Local.

Sobre esta cuestión se pronuncia el Criterio de Gestión 20/2025, de 26 de noviembre de 2025, que, partiendo de la especialidad establecida en la disp. trans. 5ª del RD 480/1993, y siguiendo el informe de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 12 de noviembre de 2025, concluye que las corporaciones locales deben mantener el pago de la prestación derivada de contingencias comunes durante la prolongación de efectos económicos cuando la incapacidad temporal se extinga por el transcurso de los 545 días naturales.

Y ello teniendo en cuenta que la integración del antiguo régimen de la MUNPAL estableció un sistema específico en virtud del cual la corporación local asume el reconocimiento y abono de esta prestación y, como compensación económica, aplica los correspondientes coeficientes reductores de cotización. Por ello, el hecho de que el art. 174.1 TRLGSS declare extinguido el subsidio de incapacidad temporal a los 545 días no determina que la responsabilidad de su pago se traslade al INSS, pues el propio art. 174.5 TRLGSS mantiene la protección económica bajo la situación de “prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal” hasta que se notifique la resolución que califique la incapacidad permanente. La cuestión resuelta por el Criterio 20/2025 es que esta prolongación no altera, respecto del personal integrado procedente de la MUNPAL, el sujeto responsable del pago.

Entendemos, así, que si la trabajadora pertenece al personal procedente del extinguido régimen de la MUNPAL al que resulta aplicable la disp. trans. 5ª del RD 480/1993, corresponde al ayuntamiento continuar abonando la prestación durante la situación de prolongación de efectos económicos prevista en el art. 174.5 TRLGSS, desde el agotamiento de los 545 días y hasta que se notifique la resolución en la que se califique la incapacidad permanente, sin que el agotamiento de aquel plazo determine por sí mismo el traslado de la obligación de pago al INSS.

Conclusiones

1ª. La extinción del subsidio de incapacidad temporal por el transcurso de los 545 días no supone que el interesado deje de percibir protección económica, pues el art. 174.5 TRLGSS establece la prolongación de sus efectos económicos hasta que se notifique la resolución que califique la incapacidad permanente.

2ª. Si la trabajadora procede del extinguido régimen de la MUNPAL, con aplicación de la disp. trans. 5ª del RD 480/1993, corresponde al ayuntamiento continuar abonando la prestación durante la prolongación de efectos económicos posterior a los 545 días, sin que el agotamiento de dicho plazo determine el traslado de la obligación de pago al INSS.