Competencia para la instalación de sistemas climatización en centros públicos de educación infantil y primaria

Planteamiento

La instalación de climatización en centros públicos de educación infantil y primaria no queda atribuida de forma expresa, con carácter general, a una Administración concreta, por tanto, depende de cómo se califique jurídicamente la actuación: si es conservación/mantenimiento (competencia municipal) o una obra de reforma/sustitución/rehabilitación (competencia de la Administración educativa).

¿Cómo debemos calificar la actuación y a qué Administración, autonómica o municipal, compete su ejecución y financiación?

Respuesta

Con arreglo a lo dispuesto en el art. 25.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, es competencia de los municipios, en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas:

• “n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.”

Asimismo, la disp. adic. 15ª.2 de la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación -LOE-, prevé que:

• “2. La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, corresponderán al municipio respectivo. Dichos edificios no podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización previa de la Administración educativa correspondiente”.

Aunque la LOE no determina que la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos sean de titularidad de los municipios, ya hemos visto que la LRBRL sí lo deja meridianamente claro: para que el ayuntamiento tenga competencias en materia de conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros de educación sólo se refiere a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial y éstos necesariamente tienen que ser de titularidad local, esto es de los ayuntamientos.

Y esto es lo que ratifica la sentencia del TS de 25 de noviembre de 2021, que declara que:

• “… según el artículo 25.2.n) de la LRBRL como norma básica, prevé que es materia en la que los municipios ostentan competencia propia, los gastos de conservación y mantenimiento de los centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, ubicados en edificios de su titularidad, sin perjuicio de lo que pueda prever la legislación sectorial.”

Queda por determinar el concepto de conservación y mantenimiento, puesto que se trata de un concepto jurídico indeterminado.

El diccionario de la RAE define el término “mantenimiento” como el “conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente”; el de “conservación” como “la acción y efecto de mantener algo o cuidar de su permanencia”; y el de “reforma” como “aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo”.

Por su parte, el art. 232.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, clasifica las obras en los siguientes grupos:

• “a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación.

• b) Obras de reparación simple.

• c) Obras de conservación y mantenimiento.

• d) Obras de demolición.”

Y el art. 232.5 LCSP 2017 considera que:

• “Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, las obras necesarias para su enmienda tendrán el carácter de conservación. Las obras de mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de conservación.”

Por otro lado, el Anejo III (Terminología) del RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación -CTE- , define el mantenimiento como:

• “Conjunto de trabajos y obras a efectuar periódicamente para prevenir el deterioro de un edificio o reparaciones puntuales que se realicen en el mismo, con el objeto mantenerlo en buen estado para que, con una fiabilidad adecuada, cumpla con los requisitos básicos de la edificación establecidos”.

Tratándose de la instalación de climatización en centros públicos de educación infantil y primaria, con carácter general, no puede calificarse como una actuación de conservación o mantenimiento, dado que su finalidad no es conservar, reparar o prevenir el deterioro de una instalación ya existente en los edificios, sino dotar a estos de una instalación nueva. Por ello, estaríamos ante una actuación de inversión y mejora del centro que excede del concepto de conservación y mantenimiento que los arts. 25.2.n) LRBRL y la disp. adic. 15ª LOE atribuyen al municipio. Diferente es la reparación, revisión o sustitución de elementos de una instalación de climatización ya existente por deterioro a partir de su uso normal, que sí podría quedar comprendido dentro del mantenimiento o conservación municipal.

Por lo tanto, se trataría de una actuación de reforma o mejora cuya ejecución y financiación corresponde, en principio, a la Administración educativa autonómica. El hecho de que el ayuntamiento tenga atribuida la conservación y mantenimiento del edificio escolar no permite extender dicha obligación a la implantación de nuevas instalaciones que impliquen una mejora del centro en tal sentido.

Conclusiones

1ª. La LRBRL establece que los ayuntamientos deben asumir los gastos de conservación y mantenimiento de los centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, siempre que los edificios sean de titularidad local.

2ª. A nuestro juicio, la instalación de climatización en centros públicos de educación infantil y primaria, en cuanto implica dotar al edificio de una instalación nueva, no entra en el concepto de conservación y mantenimiento que corresponde al ayuntamiento, sino que constituye una actuación de mejora o de reforma cuya ejecución y financiación corresponderá a la Administración educativa autonómica.