Aprobación de la Ley de cambio climático y transición energética

En el marco del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, adoptado el 12 de diciembre de 2015, esta norma regula entre otras materias:

- objetivos mínimos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética de la economía española para los años 2030 y 2050.

- la generación de electricidad con energías procedentes de fuentes renovables y a la eficiencia energética.

- la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión de políticas sectoriales, como la hidrológica, la de costa, la territorial y urbanística, la de desarrollo urbano, la de edificación e infraestructuras del transporte, la de seguridad y dieta alimentarias, así como la de salud pública.

- medidas relacionadas con la contratación pública, como la inclusión en los pliegos de contratación de criterios de adjudicación vinculados con la lucha contra el cambio climático y de prescripciones técnicas particulares que establezcan la necesaria reducción de emisiones y de la huella de carbono.

- medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático.

Por otro lado, esta norma recoge como instrumentos de planificación para abordar la transición energética los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a 2050 de la Economía Española y establece la obligación de que todos los sectores contribuyan con sus esfuerzos a la descarbonización de la economía.

En concreto, la ley introduce la previsión de que el Código Técnico de la Edificación establezca obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico en edificios de nueva construcción y en intervenciones en edificios existentes . En esta línea, antes del 1 de enero de 2023, todos los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de 20 plazas deben disponer de dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos que establezca el Código Técnico de la Edificación.

Por lo que se refiere, en concreto a las entidades locales, la norma les exige adoptar, en el marco de sus compentencias, medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.

Asimismo, los municipios de más de 50.000 habitantes, los municipios de más de 20.000 habitantes cuando se superen los valores límite de contaminantes y los territorios insulares deben adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, entre otras, medidas para fomentar:

- los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo;

- la mejora y uso de la red de transporte público;

- la electrificación de la red de transporte público;

- el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga;

- la movilidad eléctrica compartida; y

- la mejora de la calidad del aire alrededor de centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad.

En el marco de la Estrategia de Transición Justa se contempla la suscripción de convenios con otras administraciones públicas, en particular las entidades locales de áreas geográficas vulnerables a la transición hacia una economía baja en carbono, con el objeto de fomentar la actividad económica y su modernización, así como la empleabilidad de trabajadores vulnerables y colectivos en riesgo de exclusión en la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono, en particular, en casos de cierre o reconversión de instalaciones.

Por lo que se refiere al impulso de la economía circular, se prevé que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Federación Española de Municipios y Provincias y las Comunidades Autónomas coordinen actuaciones que contribuyan a la descarbonización de la economía.