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Lunes a Jueves: 10:00-14:00 y 16:00-18:00 / Viernes: 9:00-14:00Orden JUS/1073/2020, de 16 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2020, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 prorrogados para 2020, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz.
BOE 304/2020 de 19 de Noviembre de 2020
Este acuerdo concreta las cuantías anuales en las que se distribuyen las subvenciones correspondientes a los Ayuntamientos para los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz en función de la población de derecho de los municipios de las Illes Balears, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y de la Región de Murcia.
En el caso de Ayuntamientos de municipios que formen parte de Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, el 50% de la citada cantidad lo recibe cada Ayuntamiento y el otro 50% incrementa la cantidad que corresponda al Ayuntamiento del municipio sede de la agrupación, en función de su población de derecho.
Este acuerdo no se aplica a los Ayuntamientos de las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia: Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Navarra, Comunidad de Madrid, Principado de Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja.
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 27 de octubre de 2020, ha adoptado el Acuerdo por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 prorrogados para 2020, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz.
Para general conocimiento se procede a la publicación del referido Acuerdo que figura como anexo a esta orden.
Madrid, 16 de noviembre de 2020.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.
Las subvenciones a los Ayuntamientos para los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz se modularán en función de la población de derecho de los municipios, de conformidad con los siguientes tramos:
En virtud de lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993, los Ayuntamientos de los municipios integrantes de cada una de las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, constituidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50.1 y 2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial, percibirán el 50 por ciento de la cantidad que, por población de derecho, les corresponda.
El otro 50 por ciento pasará a incrementar la cantidad que, en función de su población de derecho, corresponda a los Ayuntamientos de los municipios sedes de las citadas agrupaciones.
Este acuerdo será de aplicación a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Comunidad de Castilla y León, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma de Extremadura y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
De conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 966/1990, de 20 de julio; 1684/1987, de 6 de noviembre; 2166/1994, de 4 de noviembre; 293/1995, de 24 de febrero; 2462/1996, de 2 de diciembre; 142/1997, de 31 de enero; 813/1999, de 14 de mayo; 1429/2002, de 27 de diciembre; 966/2006, de 1 de septiembre; 817/2007, de 22 de junio; 1702/2007, de 14 de diciembre y 1800/2010, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña, Comunidad Autónoma del País Vasco, Comunidad Autónoma de Galicia, Comunitat Valenciana, Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, Comunidad Autónoma de Cantabria, Comunidad Autónoma de Aragón y Comunidad Autónoma de La Rioja, respectivamente, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, este acuerdo no será de aplicación a los Ayuntamientos de las mencionadas comunidades autónomas.