Suspensión temporal de autorizaciones VTC y refuerzo del control del transporte urbano de viajeros en Aragón


Decreto-Ley 3/2026, de 18 de noviembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes en el transporte público urbano de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor.

Vigente desde 20/11/2026 | BOA 224/2026 de 19 de Noviembre de 2026

Desde la entrada en vigor del RD-ley 5/2023, las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) en Aragón han aumentado un 120,83 %. Ante este acusado incremento y la falta de criterios técnicos objetivos para valorar sus efectos sobre la ordenación del transporte público, la gestión del tráfico, el uso del espacio público y la protección del medio ambiente, el Gobierno de Aragón acuerda la suspensión temporal de la concesión de nuevas autorizaciones VTC.

De este modo, la disp. trans. 1ª. del D-ley 3/2026, suspende el otorgamiento de nuevas autorizaciones VTC hasta la entrada en vigor de la nueva legislación autonómica, actualmente en tramitación, sin que la suspensión pueda exceder de dos años. La suspensión afecta igualmente a las autorizaciones solicitadas antes de la entrada en vigor de esta norma, cualquiera que sea la fase del procedimiento administrativo en que se encuentren.

Asimismo, esta disposición aborda la posible utilización de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor para prestar servicios urbanos, sin la preceptiva licencia municipal. Para reforzar el control de estas actuaciones, modifica la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón, endureciendo el régimen sancionador, actualizando las multas, regulando la reincidencia y estableciendo procedimientos detallados de inmovilización cautelar de vehículos.

El Gobierno justifica la utilización del decreto-ley por la extraordinaria y urgente necesidad de evitar que continúe incrementándose significativamente el número de autorizaciones VTC mientras se elaboran los estudios técnicos y la futura regulación autonómica, preservando así las condiciones necesarias para adoptar una ordenación del sector objetiva y técnicamente fundada.

Vigencia desde: 20-11-2026

I

El Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, en su título IV del libro tercero, adaptó el régimen jurídico de los servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor (VTC) a la Sentencia de 8 de junio de 2023, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Sentencia del TJUE planteaba que una autorización específica adicional y la limitación del número de licencias constituían, ambas, restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento, y concluía que los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público de una conurbación, así como de protección del medio ambiente, podían constituir razones imperiosas de interés general que justificasen estas medidas.

El Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, estableció nuevos requisitos para el otorgamiento de estas autorizaciones de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor y, al mismo tiempo, habilitó a las Comunidades Autónomas a establecer, para estas autorizaciones, en su ámbito territorial, otros requisitos.

La propia exposición de motivos del citado Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, señala que es evidente que un crecimiento exponencial del número de autorizaciones para prestar estos servicios de transporte en un determinado ámbito impacta potencialmente en el medio ambiente, la congestión, la seguridad y la gestión del espacio público, por lo que las Administraciones con capacidad para detectar y modular esos impactos deben ostentar las herramientas adecuadas para conseguirlo.

Ante esta nueva situación, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, se han otorgado en la Comunidad Autónoma de Aragón, 232 nuevas autorizaciones, que se suman a las 192 concedidas anteriormente, hasta alcanzar las 424. Esto supone un incremento del 120,83 % respecto de la cifra inicial.

Además, el número de solicitudes de este tipo de autorizaciones actualmente es muy elevado, registrándose un promedio de 55 solicitudes adicionales cada mes, lo que demuestra que esta tendencia no se mantiene si no está incrementándose.

En este contexto, el otorgamiento de las autorizaciones solicitadas pendientes de resolución, sin criterios técnicos objetivos, podría afectar negativamente a la ordenación del transporte público de viajeros en vehículos de turismo y comprometer los intereses públicos protegidos por la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en particular, la adecuada gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como la protección del medio ambiente. Estos riesgos serían especialmente relevantes en las capitales de provincia y sus áreas metropolitanas, cuyo crecimiento demográfico se ha visto impulsado, principalmente, por el éxodo rural, la industrialización y la concentración de servicios. Por ello, resulta necesario realizar estudios técnicos que permitan verificar el cumplimiento de los criterios aplicables al otorgamiento de estas autorizaciones.

Una vez determinados los elementos que pudieran derivar en algún tipo de contingencia relativa al otorgamiento de este tipo de autorizaciones, es necesario incluirlos en una norma autonómica con rango de ley, lo que ya se ha abordado por parte de esta Administración, mediante la Orden de 11 de septiembre de 2026, del Consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, por la que se acuerda el inicio del procedimiento de elaboración del anteproyecto de ley de transporte de viajeros en vehículos de turismo en Aragón, que actualmente se encuentra en su fase preliminar de consulta pública previa abierta.

No obstante, razonablemente el desarrollo, tramitación y entrada en vigor de dicha nueva norma requerirá de un plazo aproximado de dos años, de manera que, durante este periodo, si se mantuviera la actual situación descrita, con seguridad se incrementarían los riesgos socioeconómicos indicados, resultando irreversible los potenciales daños que podría ocasionar manteniendo el otorgamiento de estas autorizaciones en las actuales condiciones.

Con base a todo lo anterior, todo ello motiva la necesidad de suspender temporalmente el otorgamiento de las autorizaciones de transporte interurbano de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), con objeto de poder abordar con los estudios y el desarrollo de una nueva ley autonómica relativa a esta materia.

Por ello, la disposición transitoria primera suspende el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) hasta la entrada en vigor de la nueva ley de transporte de viajeros en vehículos de turismo en Aragón, actualmente en elaboración, sin que la suspensión pueda exceder de dos años desde la entrada en vigor de este Decreto-ley.

II

Más allá de los problemas ya expuestos con respecto del mantenimiento del otorgamiento de las autorizaciones de arrendamiento con vehículos con conductor (VTC) en Aragón, existe otro grave problema derivado indirectamente de este hecho, como se expone a continuación.

La Comunidad Autónoma de Aragón ostenta competencia exclusiva en materia de transporte terrestre de viajeros cuando los itinerarios se desarrollen íntegramente en su territorio, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los municipios en relación con la ordenación, gestión, inspección y sanción de los servicios de transporte urbano.

Este Decreto-ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva que el artículo 71.15.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, atribuye a la Comunidad Autónoma en materia de transporte terrestre de viajeros cuando transcurra íntegramente por su territorio, sin perjuicio de las competencias que corresponden a los municipios sobre los transportes públicos urbanos conforme a la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asimismo, las medidas relativas al otorgamiento de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor domiciliadas en Aragón se adoptan en el ejercicio de las competencias delegadas por el Estado en materia de transporte interurbano y en el marco de la habilitación contenida en el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, y en el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre.

Desde el punto de vista orgánico y procedimental, la iniciativa corresponde al Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial en virtud del artículo 1.f) del Decreto 129/2026, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba su estructura orgánica, y se aprueba en ejercicio de la potestad legislativa de urgencia prevista en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, y en el artículo 51 del texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2022, de 6 de abril.

En ejercicio de dicha competencia se aprobó la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que regula los transportes urbanos de carácter público cuyos itinerarios discurran íntegramente dentro del territorio de Aragón.

El artículo 27 de la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece la necesidad de obtener previamente la correspondiente licencia municipal para la realización de servicios urbanos de transporte de viajeros en automóviles de turismo, tanto en la modalidad de taxi como en la de arrendamiento de vehículos con conductor.

Por su parte, el artículo 91.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, determina que las autorizaciones estatales de arrendamiento de vehículos con conductor habilitan exclusivamente para la realización de transporte interurbano de viajeros. A estos efectos, el transporte tiene carácter interurbano cuando su recorrido rebasa el territorio de un único término municipal o de una zona de prestación conjunta.

En consecuencia, la autorización estatal de arrendamiento de vehículos con conductor no constituye título suficiente para realizar servicios de transporte público urbano en Aragón. La prestación de esta clase de servicios exige la obtención de la licencia municipal prevista en la legislación autonómica.

Se ha advertido que las autorizaciones estatales, recientemente otorgadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en ejercicio de competencias delegadas, podrían estar utilizándose de forma generalizada para prestar, casi exclusivamente, servicios de transporte urbano, principalmente en la ciudad de Zaragoza, pese a no habilitar por sí solas para ello.

Para mostrar lo que se expone, entre enero y junio de 2026 se han otorgado 114 nuevas autorizaciones estatales de arrendamiento de vehículos con conductor domiciliadas en la provincia de Zaragoza, cuyos titulares carecen de la licencia municipal exigida para prestar servicios urbanos en Zaragoza. Según los datos comunicados por estos operadores al Registro VTC Oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, una media del 75 % de los servicios declarados se realiza íntegramente en el término municipal de Zaragoza. Asimismo, se han detectado casos de prestación de servicios sin comunicación al registro, y otros en los que la actividad se desarrolla exclusivamente en municipios de otra comunidad autónoma. Estas circunstancias apuntan a una posible utilización de las autorizaciones para prestar servicios distintos de aquellos para los que habilitan y, en particular, servicios urbanos en Zaragoza sin la preceptiva licencia municipal.

La prestación de servicios de transporte urbano de viajeros sin la preceptiva licencia municipal habilitante, está tipificada por la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón, como una infracción muy grave.

Esta norma, si bien establece en su artículo 45 las sanciones y una serie de medidas cautelares para este caso en cuestión, como podría ser el precintado del vehículo e incluso la retirada de la autorización o licencia, ha resultado insuficiente para su aplicación efectiva por parte de los servicios de inspección y de los agentes encargados de la vigilancia del transporte en la ciudad de Zaragoza.

Para clarificar la actuación de los servicios de inspección y de los agentes encargados de la vigilancia del transporte, así como para corregir esta problemática, se dictó la Orden VFL/1445/2026, de 1 de octubre, por la que se dictan criterios de actuación en los servicios de transporte público urbano de viajeros en vehículos turismo de la Comunidad Autónoma de Aragón, que complementa el procedimiento de actuación para garantizar el cumplimiento efectivo de la legalidad vigente.

Sin embargo, la Orden ha sido impugnada ante la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, quedando suspendida cautelarmente su vigencia mediante el Auto 383/2026, de 22 de octubre, de la Sección Primera de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Sobre la base de lo expuesto, se constata, por un lado, un grave problema de intrusismo profesional en el sector, generado por la prestación continuada de servicios de transporte urbano, principalmente en la ciudad de Zaragoza, sin la preceptiva licencia municipal, pese a estar tipificada esta conducta como infracción muy grave. Por otro lado, la regulación actual resulta insuficiente para garantizar una actuación efectiva de los servicios de inspección y de los agentes encargados de la vigilancia del transporte.

En este contexto, y teniendo en cuenta el Auto citado, el artículo único de este Decreto-ley modifica el artículo 45 de la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón, para regular de forma pormenorizada los procedimientos de actuación ante los incumplimientos descritos.

III

Como ya se ha expuesto, la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón, tipifica como infracción muy grave en su artículo 42.a) la realización de transportes públicos urbanos de viajeros careciendo de la preceptiva concesión, autorización o licencia. No obstante, la regulación vigente presenta deficiencias que restan eficacia disuasoria y operativa al régimen sancionador: por un lado, la posibilidad de reconducir dicha conducta al tipo leve del artículo 44.1.a) y la desactualización de las cuantías de las sanciones del artículo 45, aún expresadas en pesetas; por otro, la ausencia de una regulación específica de la agravación aplicable a la prestación fraudulenta de servicios urbanos mediante vehículos de arrendamiento con conductor sin licencia municipal y de un procedimiento detallado para la inmovilización cautelar de los vehículos.

En consecuencia, el artículo único de este Decreto-ley modifica la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, en un doble sentido. En primer lugar, suprime el apartado a) del artículo 44.1 para impedir que la prestación de transporte público urbano sin título habilitante pueda calificarse como infracción leve, asegurando su plena subsunción en el tipo muy grave del artículo 42.a).

En segundo lugar, da una nueva redacción integral al artículo 45 con el objeto de actualizar las cuantías sancionadoras a euros y armonizar la multa correspondiente a la realización de transporte público sin título habilitante con la prevista en la legislación estatal de ordenación de los transportes terrestres, fijándola entre 4.001 y 6.000 euros -y entre 6.001 y 18.000 euros en los supuestos de reincidencia-, conforme a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad e igualdad.

Asimismo, el nuevo artículo 45 incorpora las medidas sustantivas principales que motivan esta reforma urgente: establece la imposición de la sanción en su mitad superior (de 5.001 a 6.000 euros) cuando el servicio urbano sin licencia municipal se realice mediante vehículos de arrendamiento con conductor al amparo de una autorización estatal -al concurrir mayor grado de culpabilidad, conocimiento profesional de la regulación sectorial y obtención deliberada de un beneficio económico ilícito, sin que la autorización interurbana sustituya a la licencia municipal ni opere como circunstancia atenuante-; regula de forma pormenorizada la inmovilización cautelar inmediata del vehículo por los agentes encargados de la vigilancia del transporte, precisando el momento de consumación de la infracción, la duración y las condiciones para el levantamiento de la medida, el contenido del acta, los medios de prueba y el régimen de gastos; y sistematiza las medidas accesorias aplicables mediante resolución motivada.

IV

La extraordinaria y urgente necesidad que justifica la aprobación de este Decretoley deriva de la concurrencia de circunstancias concretas que exigen una respuesta normativa inmediata y que no pueden ser atendidas adecuadamente en los plazos propios de la tramitación legislativa, ni siquiera mediante el procedimiento de urgencia. De acuerdo con la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, la extraordinaria y urgente necesidad constituye un verdadero límite jurídico al recurso al Decreto-ley que, tal y como indica el informe emitido por la Dirección General de Servicios Jurídicos, exige que el Gobierno defina de forma explícita y razonada en la propia exposición de motivos la situación que requiere una respuesta normativa inmediata con rango de ley y que exista una conexión de sentido entre dicha situación y las medidas adoptadas para hacerle frente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

En el presente caso, los datos expuestos ponen de manifiesto una situación que exige una respuesta inmediata. Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, se han otorgado en Aragón 232 nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, que se suman a las 192 concedidas anteriormente, hasta alcanzar un total de 424, lo que supone un incremento del 120 %. A ello se añade el elevado ritmo de presentación de nuevas solicitudes.

El otorgamiento de las solicitudes pendientes de resolución, y de las que, previsiblemente, se sigan acumulando en el futuro, sin disponer previamente de criterios técnicos objetivos, podría afectar negativamente a la ordenación del transporte público de viajeros en vehículos de turismo y comprometer intereses públicos vinculados a la adecuada gestión del transporte, del tráfico y del espacio público y a la protección del medio ambiente.

La respuesta a esta situación no puede demorarse hasta la aprobación de la nueva legislación autonómica actualmente en elaboración. La adecuada ordenación del sector exige analizar la dimensión actual de la actividad, la calidad del servicio prestado y el tamaño adecuado de la flota, así como identificar un equilibrio entre la oferta y la demanda de servicios de transporte público de viajeros en vehículos de turismo que garantice la sostenibilidad del sistema conforme a criterios objetivos.

La realización de estos estudios y la posterior tramitación de una regulación general y estable requieren necesariamente un período de tiempo durante el cual, de mantenerse el actual régimen de otorgamiento, podría continuar incrementándose significativamente el número de autorizaciones y alterándose la realidad sobre la que debe proyectarse la futura ordenación. El recurso al Decreto-ley no pretende, por tanto, anticipar ni sustituir esa regulación definitiva, sino preservar durante el tiempo estrictamente necesario las condiciones que permitan adoptarla sobre una base objetiva y técnicamente fundada.

En estas circunstancias, la suspensión temporal del otorgamiento de nuevas autorizaciones resulta adecuada para evitar que, durante la elaboración de los estudios y de la nueva regulación, siga modificándose sustancialmente la dimensión de la actividad que constituye su objeto. La medida resulta igualmente necesaria, pues la fijación inmediata de contingentes, ratios u otras limitaciones cuantitativas alternativas exigiría anticipar precisamente los criterios técnicos que todavía deben determinarse. También resulta proporcionada por su carácter estrictamente temporal: no afecta a las autorizaciones ya otorgadas, no establece una limitación permanente ni predetermina el contenido de la futura legislación y cesará con la entrada en vigor de ésta, sin que en ningún caso pueda prolongarse más de dos años. De esta forma, la suspensión constituye una medida provisional vinculada a una finalidad concreta, sometida a un límite temporal cierto y destinada exclusivamente a evitar que la continuación del ritmo de otorgamiento de autorizaciones comprometa la efectividad de la ordenación actualmente en elaboración. Todo ello sin perjuicio de que las limitaciones impuestas a la actividad deban responder a razones de interés general, fundarse en criterios objetivos y respetar en todo momento los principios de necesidad y proporcionalidad.

La aplicación de la suspensión a las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto-ley que todavía no hayan sido resueltas responde a la misma finalidad y resulta necesaria para asegurar la efectividad de la medida. Limitar la suspensión exclusivamente a las nuevas solicitudes permitiría que durante el período transitorio continuara aumentando el número de autorizaciones como consecuencia de la resolución de procedimientos ya iniciados, frustrando parcialmente el objetivo perseguido. Las meras solicitudes pendientes no consolidan un derecho a la inalterabilidad del marco regulatorio aplicable y su sometimiento al régimen transitorio resulta admisible siempre que éste determine con claridad su alcance temporal y respete las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad.

La extensión de la suspensión al conjunto de la Comunidad Autónoma responde, asimismo, a la naturaleza y ámbito territorial de las autorizaciones sobre las que se proyecta y a la necesidad de abordar de manera conjunta la futura ordenación autonómica del transporte interurbano mediante vehículos de arrendamiento con conductor. La medida no se fundamenta exclusivamente en las irregularidades detectadas en la prestación de servicios urbanos en Zaragoza ni constituye una consecuencia sancionadora de tales conductas. Persigue evitar que continúe incrementándose el número de autorizaciones interurbanas en Aragón mientras se determina, mediante los estudios correspondientes, la dimensión adecuada de esta modalidad de transporte. La problemática derivada de la utilización de autorizaciones estatales para prestar servicios urbanos sin licencia municipal constituye un presupuesto adicional y diferenciado de la segunda medida incorporada al Decreto-ley.

Concurre, en efecto, una segunda circunstancia que requiere igualmente una respuesta normativa inmediata. Entre enero y junio de 2026 se otorgaron 114 nuevas autorizaciones estatales de arrendamiento de vehículos con conductor domiciliadas en la provincia de Zaragoza cuyos titulares carecen de la licencia municipal exigida para prestar servicios urbanos en Zaragoza. Según los datos comunicados por estos operadores al Registro VTC Oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, una media del 75 % de los servicios declarados se realiza íntegramente en el término municipal de Zaragoza. Estas circunstancias apuntan a una posible utilización de autorizaciones interurbanas para prestar servicios distintos de aquellos para los que habilitan y, en particular, servicios urbanos sin la preceptiva licencia municipal.

La intervención normativa resulta especialmente necesaria tras la suspensión cautelar de la Orden VFL/1445/2026, de 1 de octubre, acordada por el Auto 383/2026, de 22 de octubre, de la Sección Primera de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Esta circunstancia, unida a las insuficiencias advertidas en la regulación vigente, determina la necesidad inmediata de dotar de rango legal a una regulación que recoja de forma clara las consecuencias derivadas de la prestación de servicios urbanos sin licencia municipal y las medidas necesarias para garantizar una actuación efectiva de los servicios de inspección y de los agentes competentes para la vigilancia del transporte. La modificación legal no tiene por finalidad eludir ni privar de efecto a la resolución judicial, sino establecer para el futuro un marco normativo con rango de ley que proporcione seguridad jurídica a las administraciones públicas, a los operadores, a los agentes encargados de la vigilancia y a las personas usuarias.

Existe, por tanto, una conexión directa entre las circunstancias que determinan la extraordinaria y urgente necesidad y las medidas adoptadas. La suspensión temporal responde a la necesidad inmediata de estabilizar durante un período limitado la evolución del número de autorizaciones mientras se determina técnicamente la dimensión adecuada del sector; y la modificación de la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, responde a la necesidad igualmente inmediata de disponer de instrumentos legales claros y efectivos frente a la utilización de autorizaciones interurbanas para la prestación de servicios urbanos sin el correspondiente título habilitante. Las medidas guardan así una relación directa con las situaciones que pretenden afrontar, se limitan a lo necesario para responder a ellas y quedan sujetas a criterios objetivos, garantías suficientes y límites temporales que permiten su revisión y cese, evitando automatismos incompatibles con los principios de proporcionalidad y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

En consecuencia, la intensidad y continuidad de las circunstancias descritas, la necesidad de evitar que continúen produciendo efectos durante la elaboración de la regulación definitiva, la insuficiencia de las alternativas actualmente disponibles y la imposibilidad de proporcionar una respuesta eficaz en los plazos propios de la tramitación legislativa, incluso por el procedimiento de urgencia, justifican la adopción inmediata de las medidas contenidas en este Decreto-ley.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón y de conformidad con el artículo 51 del texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2022, de 6 de abril, a propuesta del Consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, emitido el informe preceptivo de la Dirección General de Servicios Jurídicos, de 13 de noviembre de 2026, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión de fecha 18 de noviembre de 2026, DISPONGO

Artículo Único. 
Modificación de la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Uno. El artículo 42.a) de la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón queda redactado del siguiente modo:

Artículo 42. Infracciones muy graves.

Se consideran infracciones muy graves:

"Artículo 42.a) La realización de transportes públicos urbanos de viajeros o de actividades de mediación en relación con los mismos, careciendo de la preceptiva concesión, autorización o licencia."

Dos. El artículo 44.1.a) de la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón queda suprimido:

Artículo 44. Infracciones leves.

"Artículo 44.1.a) (suprimido)."

Tres. El artículo 45 de la Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón queda redactado del siguiente modo:

"Artículo 45. 
Sanciones y medidas accesorias y cautelares.

1. Las infracciones tipificadas en esta Ley se sancionarán con las siguientes multas:

a) Las infracciones leves, con apercibimiento o multa de 100 a 400 euros.

b) Las infracciones graves, con multa de 401 a 1.000 euros.

c) Las infracciones muy graves, con multa de 1.001 a 2.000 euros, salvo que en los apartados siguientes se establezca una cuantía específica atendiendo a la naturaleza de la conducta.

2. La infracción muy grave prevista en el artículo 42.a), consistente en la realización de transporte público urbano de viajeros careciendo de la preceptiva concesión, autorización o licencia, será sancionada con multa de 4.001 a 6.000 euros.

La cuantía se fijará atendiendo a la intencionalidad, la reiteración, la duración y el número de servicios realizados, el beneficio ilícitamente obtenido, la repercusión sobre la ordenación del transporte, el perjuicio ocasionado a las personas usuarias o a otros operadores y las demás circunstancias concurrentes.

3. Cuando la infracción prevista en el artículo 42.a) consista en realizar un servicio urbano de transporte de viajeros mediante un vehículo de arrendamiento con conductor sin disponer de la preceptiva licencia municipal, y la persona física o jurídica responsable sea titular de una autorización estatal de arrendamiento de vehículos con conductor, la sanción se impondrá necesariamente en la mitad superior del intervalo establecido en el apartado anterior.

En consecuencia, la infracción será sancionada con multa de 5.001 a 6.000 euros.

La autorización estatal de arrendamiento de vehículos con conductor no sustituye la licencia municipal exigible para realizar transporte urbano ni constituye circunstancia atenuante de la responsabilidad.

A los efectos de este apartado, tendrá carácter urbano el servicio cuyo itinerario discurra íntegramente dentro de un mismo término municipal o, en su caso, de una zona de prestación conjunta legalmente establecida.

La contratación previa del servicio, su gestión mediante una aplicación o plataforma digital, el lugar en que se encuentre domiciliada la autorización estatal o la denominación utilizada en el contrato no alterarán la naturaleza urbana del servicio cuando su itinerario no rebase el correspondiente término municipal o zona de prestación conjunta.

4. Cuando la persona responsable de una infracción prevista en los apartados 2 o 3 hubiera sido sancionada, mediante resolución firme en vía administrativa, por la comisión de cualquier otra infracción muy grave en los doce meses anteriores, la nueva infracción será sancionada con multa de 6.001 a 18.000 euros.

Para determinar la cuantía concreta se atenderá al número y gravedad de las infracciones anteriores, al período transcurrido desde su comisión, al número de vehículos utilizados, a la dimensión de la actividad empresarial y al beneficio obtenido.

La imposición de tres sanciones firmes en vía administrativa en un período de dos años por la realización de servicios urbanos de arrendamiento de vehículos con conductor sin licencia municipal podrá ser comunicada a la Administración competente sobre la autorización estatal a los efectos que procedan conforme a la legislación de ordenación de los transportes terrestres.

5. Cuando los agentes de las respectivas policías locales de la vigilancia del transporte detecten la comisión de la infracción prevista en el apartado 3, deberán acordar la inmediata inmovilización cautelar del vehículo utilizado.

La inmovilización podrá practicarse en el lugar de la intervención o mediante el traslado del vehículo a un depósito, recinto o instalación habilitada cuando lo aconsejen razones de seguridad vial, circulación, custodia, protección del vehículo, del interés público o de las personas usuarias.

La medida podrá adoptarse desde que los agentes constaten la existencia de indicios suficientes de la realización del servicio urbano sin licencia municipal, sin necesidad de que se haya dictado previamente acuerdo formal de iniciación del procedimiento sancionador.

La adopción de la medida determinará la iniciación del procedimiento sancionador cuando el acta o boletín de denuncia reúna los requisitos legalmente exigidos.

6. La infracción se entenderá consumada desde que se inicie la ejecución material de un servicio urbano de transporte de viajeros sin disponer de la preceptiva licencia municipal.

La llegada al destino, la finalización o interrupción anticipada del trayecto, el descenso voluntario o inducido de las personas usuarias, la ausencia sobrevenida de ocupantes, la cancelación posterior del servicio o la desconexión de la aplicación o plataforma no excluirán la existencia de la infracción ni impedirán la adopción o el mantenimiento de la inmovilización.

En particular, el descenso de las personas usuarias antes o después de la intervención de los agentes no hará desaparecer por sí solo las circunstancias que motivan la inmovilización, al no eliminar la infracción ya consumada, no subsanar la carencia de licencia municipal ni acreditar el cese efectivo de la disponibilidad del vehículo para realizar nuevos servicios urbanos.

Tampoco impedirá la inmovilización el hecho de que, en el momento de formalizarse el acta o de ejecutarse materialmente la medida, el vehículo se encuentre vacío, siempre que los agentes hayan constatado previamente la realización del servicio.

7. La inmovilización se mantendrá hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción y se cumplan las condiciones establecidas en este artículo.

La mera declaración de la persona conductora, de la empresa titular de la autorización o de la entidad intermediaria de que no se realizarán nuevos servicios no acreditará la desaparición de dichos motivos.

Tampoco constituirán, por sí solas, causa de levantamiento:

a) La llegada al destino contratado.

b) La interrupción o cancelación del servicio.

c) El descenso de las personas usuarias.

d) La ausencia de ocupantes.

e) La desconexión temporal de la aplicación o plataforma.

f) La retirada de distintivos externos.

g) La presentación de una autorización estatal de arrendamiento de vehículos con conductor sin la correspondiente licencia municipal.

h) El compromiso de abandonar posteriormente el término municipal.

8. La devolución del vehículo procederá cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando se acredite la disposición de una licencia municipal válida y vigente que habilite al vehículo para realizar servicios urbanos en el municipio o, en su caso, en la zona de prestación conjunta correspondiente.

b) Cuando se haya dictado resolución sancionadora ejecutiva y se abone la sanción pecuniaria o se garantice su pago por alguno de los medios admitidos en derecho.

c) Cuando, antes de dictarse resolución sancionadora, se constituya un depósito o garantía por importe de 6.000 euros y se acredite objetivamente que el vehículo abandonará el término municipal o zona de prestación conjunta sin recoger personas usuarias, sin aceptar nuevos servicios urbanos y sin desarrollar actos dirigidos a su contratación o prestación.

d) Cuando el órgano competente acuerde motivadamente el levantamiento por haber desaparecido de forma objetiva y verificable las circunstancias que justificaron la medida o por resultar desproporcionado su mantenimiento como consecuencia de circunstancias sobrevenidas.

El pago, depósito o garantía no habilitará al vehículo para realizar servicios urbanos. Mientras no disponga de licencia municipal, el vehículo deberá abandonar el término municipal o zona de prestación conjunta sin prestar, contratar ni aceptar nuevos servicios urbanos.

9. La inmovilización se documentará en el acta o boletín de denuncia, en el que se harán constar:

a) La fecha, hora y lugar de la intervención.

b) La identificación de la persona conductora, la empresa responsable y el vehículo.

c) La identificación de la autorización estatal a cuyo amparo actúe la empresa.

d) Los hechos observados y los elementos que acrediten el carácter urbano del servicio.

e) El lugar de recogida, el destino y, cuando resulte posible, el itinerario realizado o contratado.

f) La inexistencia o falta de acreditación de la licencia municipal.

g) La presencia de personas usuarias en el momento de la intervención y, en su caso, el momento y las circunstancias de su descenso.

h) Las actuaciones realizadas después de iniciada la inspección dirigidas a interrumpir, cancelar o aparentar la finalización del servicio.

i) El lugar en que quede depositado o inmovilizado el vehículo.

j) La información proporcionada a la persona conductora acerca de las condiciones para el levantamiento de la medida.

10. La realización del servicio podrá acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho y, especialmente, mediante:

a) La percepción directa de los agentes.

b) Las manifestaciones de la persona conductora o de las personas usuarias.

c) La documentación contractual o de control del servicio.

d) Los datos mostrados durante la inspección en aplicaciones o plataformas.

e) Los registros administrativos a los que pueda acceder legalmente la Administración.

f) La identificación de los puntos de recogida y destino.

g) Los documentos de pago, facturas, recibos o justificantes del servicio.

El posterior descenso de las personas usuarias o la cancelación del servicio no privarán de valor probatorio a los hechos previamente constatados.

11. Los gastos ocasionados por la inmovilización, retirada, traslado, depósito, custodia y devolución del vehículo serán de cuenta de la persona responsable de la infracción.

Su abono será requisito para la retirada material del vehículo, sin perjuicio del derecho a la devolución de las cantidades satisfechas cuando la resolución definitiva declare la inexistencia de infracción.

12. La comisión de las infracciones previstas en el artículo 42.a) podrá llevar aparejada, además de la sanción pecuniaria:

a) El precintado del vehículo por un período máximo de un año.

b) La retirada temporal de la licencia o autorización de competencia autonómica o municipal por un período máximo de un año.

c) La clausura temporal, por un período máximo de un año, del local desde el que se organice la actividad.

d) La comunicación de la resolución sancionadora firme a la Administración competente sobre la autorización estatal.

Estas medidas deberán imponerse mediante resolución motivada y con respeto a los principios de necesidad y proporcionalidad."

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Disposición Transitoria Primera. 
Suspensión del otorgamiento de nuevas autorizaciones.

1. Se suspende el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor en la Comunidad Autónoma de Aragón. La suspensión afecta tanto a las autorizaciones que se puedan solicitar a partir de la entrada en vigor de este Decreto-ley, como a las que, solicitadas antes de su entrada en vigor, estén en cualquier fase del procedimiento administrativo.

2. Esta suspensión se prolongará hasta la entrada en vigor de la nueva legislación autonómica, actualmente en tramitación, sin que en ningún caso el plazo de suspensión pueda exceder de dos años desde la entrada en vigor de este Decretoley.

Disposición Transitoria Segunda. 
Procedimientos en tramitación.

Los procedimientos sancionadores iniciados por hechos cometidos antes de la entrada en vigor de este Decreto-ley se resolverán conforme a la normativa vigente en el momento de su comisión.

No obstante, las disposiciones sancionadoras de este Decreto-ley se aplicarán retroactivamente cuando resulten más favorables para la persona presuntamente responsable.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Disposición Derogatoria Única. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto-ley.

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición Final Primera. 
Desarrollo reglamentario.

Se habilita al Gobierno de Aragón y a la persona titular del Departamento competente en materia de transportes para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este Decreto-ley.

Disposición Final Segunda. 
Entrada en vigor.

El presente Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".

Zaragoza, 18 de noviembre de 2026.

El Presidente del Gobierno de Aragón,

JORGE AZCÓN NAVARRO

El Consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial,

OCTAVIO LÓPEZ RODRÍGUEZ