Modificación de la Ley 23/2006, de capitalidad de Palma


Ley 5/2026, de 13 de noviembre, de modificación de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma.

BOIB 147/2026 de 17 de Noviembre de 2026

Esta Ley tiene como finalidad adaptar el régimen especial de Palma a los cambios demográficos, sociales y económicos producidos en los últimos veinte años. La reforma parte de la consideración de que el crecimiento de la población, la presión turística y el aumento de los servicios que presta la ciudad han incrementado notablemente los costes asociados a su condición de capital.

La principal modificación consiste en la actualización del sistema de financiación de la capitalidad, incrementando las aportaciones económicas y estableciendo mecanismos de revisión automática en función de la evolución de la población y de los precios. Además, se prevén compensaciones cuando no se ejecuten las inversiones comprometidas para Palma y se garantiza que la financiación de capitalidad no pueda sustituirse por otras subvenciones o ayudas.

La ley también refuerza el principio de suficiencia financiera en las competencias delegadas, especialmente en materia de servicios sociales, atención a mujeres víctimas de violencia de género y otros servicios municipales que soportan una financiación insuficiente.

Asimismo, incorpora medidas de mejora institucional y organizativa, como el impulso de la Policía Comunitaria, el uso de sistemas de videovigilancia, la transformación del Consejo Jurídico en un Consejo Jurídico-Técnico con funciones reforzadas y una mayor participación del Ayuntamiento de Palma en órganos de ámbito autonómico e insular.

Por último, la reforma regula la participación de las asociaciones vecinales más representativas, prevé mecanismos de apoyo a familias vulnerables y fomenta la cooperación e intercambio de información entre administraciones para afrontar los retos derivados de la capitalidad de la ciudad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 

Ciudad que ha sido históricamente abierta y acogedora, Palma, una de l poblaciones más antiguas de Europa, combina su carácter mediterráneo con una herencia histórica y un patrimonio material e inmaterial únicos que provienen desde más allá de su fundación en el año 123 a.C.

Más de dos mil años contemplan a una ciudad vertebrada sobre un importante y mundialmente reconocido conjunto artístico y monumental de murallas, castillos y palacios que atestiguan una historia de cultura y tradición. Distintas civilizaciones han dejado su huella dentro de un recinto amurallado que fue superado y se ha ido expandiendo hasta ser la ciudad cosmopolita y moderna que es hoy en pleno siglo XXI. Con la recuperación de la democracia y el actual régimen constitucional se establecieron, asimismo, las bases para conseguir un gobierno municipal eficaz, plural y transparente.

Palma, capital política y económica de la comunidad autónoma de las Illes Balears, cuenta con una situación estratégica como centro neurálgico de la región y, en particular, de la isla de Mallorca, lo que la convierte en una de las ciudades más importantes del arco mediterráneo y en uno de sus destinos más atractivos y punto de referencia turístico a nivel mundial.

Su trascendencia económica, social y cultural dentro del conjunto del archipiélago balear, así como su proyección nacional e internacional, motivan que en Ciutat, denominación con la que orgullosamente es también conocida Palma y muy vinculada con el momento histórico de la reconquista cristiana de Mallorca por parte del rey Jaume I, confluyan toda una serie de necesidades organizativas, competenciales y financieras diferenciales y singulares a nivel territorial.

Al respecto, y cuando estaban por cumplirse los veinticinco años de vigencia del Estatuto de Autonomía para las Illes Balears aprobado en el año 1983, la condición de Palma como ciudad-capital del archipiélago balear vivió un importante hito con la promulgación de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma.

II 

La también conocida como Ley de capitalidad vino a reconocer y poner en práctica la singularidad de Palma como capital autonómica con un estatus especial y un reconocimiento competencial específico ya que, hasta ese momento, el referido Estatuto de Autonomía de 1983 hacía alusión a Palma únicamente en clave de sede institucional. Por su parte, el posterior Estatuto de Autonomía aprobado en 2007, recoge expresamente en su artículo 7 que “la capital de las Illes Balears es la ciudad de Palma” y su artículo 75, en su apartado décimo, que “el municipio de Palma dispondrá de una ley de capitalidad especial establecida por el Parlamento de las Illes Balears. El Ayuntamiento de Palma tiene iniciativa para proponer la modificación de este régimen especial y, de acuerdo con las leyes y el Reglamento del Parlamento, debe participar en la elaboración de los proyectos de ley que inciden en este régimen especial y debe ser consultado en la tramitación parlamentaria de otras iniciativas legislativas sobre su régimen especial”.

La Ley de capitalidad fue producto de un consenso político y social que priorizó, ante todo, los anhelos y aspiraciones de los palmesanos dentro del interés general incardinado dentro de la convivencia democrática y solidaria de la comunidad balear. Se otorgó a Palma, de esta manera, un claro reconocimiento en términos institucionales y de autonomía local, a la par que se reconocía la necesaria compensación del sobreesfuerzo que realizan la ciudad y sus habitantes al asumir los conocidos como “costes de capitalidad”. Dichos costes derivan principalmente del desequilibrio poblacional al que debe hacer frente Palma como principal centro institucional, económico, social, cultural y turístico del archipiélago balear, al concentrarse, en su término municipal, prácticamente la mitad de los habitantes de la isla de Mallorca, así como un significativo número de visitantes y personas que diariamente recibe principalmente procedentes de otras localidades mallorquinas, sobre todo por motivos laborales. Este desequilibrio ha provocado una presión adicional sobre los servicios públicos municipales palmesanos y ha afectado tanto a su prestación como a su financiación.

En este sentido, la propia exposición de motivos de la Ley de capitalidad indica que “la vocación de capitalidad de Palma no puede plasmarse en un aislamiento construido sobre supuestas superioridades, sino al contrario. Y por ello quiere compartir la prestación de determinados servicios que cubran las necesidades de los que residen en la misma”.

Se fijó por tanto un régimen financiero especial dirigido a compensar todos estos sobrecostes, principalmente a través de transferencias económicas para la puesta en marcha de inversiones encaminadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los palmesanos, así como a brindar una prestación de servicios públicos de calidad. Se determinó, en aquel entonces, en la redacción original del artículo 142 de la ley, que las instituciones públicas autonómicas con ámbito competencial en el término municipal de Palma garantizarán una inversión anual no inferior a treinta millones de euros como compensación de los costes de capitalidad, la cual estará formada por las aportaciones del Fondo de Cooperación Local que le correspondan, más la cantidad adicional necesaria. También, que para complementar el nivel de infraestructuras, instalaciones y servicios asociados al carácter de capitalidad que tiene el municipio, la comunidad autónoma preverá anualmente en su presupuesto inversiones directamente territorializadas en Palma e inversiones indirectas vía aportaciones a los consorcios que se creen al amparo de la presente ley por un importe de, al menos, el 16% del total de las dotaciones consignadas para inversiones reales en los presupuestos del sector público autonómico.

Hace ahora 20 años de este hito, tiempo durante el cual esta normativa ha sido sometida a algunas modificaciones muy puntuales, pero en el que, sobre todo, la realidad que enfrenta Palma, en su condición de ciudad-capital, ha experimentado transformaciones muy profundas, abriendo ante sí todo un abanico de retos y desafíos que, para poder ser gestionados satisfactoriamente, requieren de medios y recursos adicionales.

III 

En este sentido, Palma tiene ante sí toda una serie de retos en materia demográfica, con impactos directos sobre el tejido económico y social del municipio y, particularmente, sobre los equipamientos, infraestructuras, servicios públicos, y, de manera muy intensa, sobre el acceso a la vivienda, con una situación actualmente declarada por ley como “emergencia residencial”, al existir un profundo desequilibrio entre una gran población demandante y una escasa oferta disponible en el municipio, sobre todo a precios asequibles.

La población de Palma ha dado, en las últimas dos décadas, un salto demográfico del 27,41%, lo que equivale a más de 104.000 habitantes, creciendo, durante este periodo, a ritmos anuales de más de 5.000 personas. De esta manera, a 1 de enero del año 2025, se superaron los 484.000 empadronados frente a los casi 380.000 registrados en 2004, de acuerdo con datos del servicio de población del Ayuntamiento de Palma. De esta manera, Palma concentra prácticamente la mitad de la población de la isla de Mallorca y casi el 40% de los 1,24 millones que componen la población total de la comunidad autónoma de las Illes Balears, lo que sitúa también a la ciudad como la séptima más poblada de España. Este crecimiento se ha visto especialmente intensificado en los últimos cinco años, con una significativa participación de personas de origen extracomunitario que llegan principalmente atraídas por oportunidades laborales y económicas.

No obstante, y como se ha referido anteriormente, en Palma existe también una nada desdeñable población flotante, conformada, sobre todo, por residentes de otros municipios que se desplazan diariamente a la capital por distintos motivos, así como por propietarios de segundas residencias, entre quienes se encuentra una importante proporción de ciudadanos procedentes de otros países europeos. Dicha población flotante, igualmente, se ha visto incrementada a la par que lo ha hecho la de la isla de Mallorca y la del conjunto de las Illes Balears durante los últimos 20 años.

Una muestra de la repercusión de este fenómeno viene reflejada por los datos de movilidad de vehículos en Palma. Diariamente, y con un promedio de 1,4 personas por vehículo, alrededor de 150.000 del total de vehículos privados que circulan en el término municipal acceden desde otra localidad. Esta cifra se sitúa cerca de los 360.000 vehículos, cifra en la que se tiene en cuenta también a los vehículos dedicados a actividades comerciales, lo equivale al 21% del total de vehículos que circulan diariamente en Palma. A todo lo anterior cabe sumar los 19.500 vehículos diarios que de media generan el aeropuerto y el puerto como grandes centros de movilidad de interés general.

En cuanto a la estación intermodal ubicada en la Plaza de España, durante los seis primeros meses del año 2025 se ha registrado un promedio de 1.347.391,7 mensual de viajeros, tanto de autobuses TIB, metro y tren, con Palma como salida o destino. A todo ello cabe sumar también a todos aquellos usuarios de los autobuses de la EMT Palma que diariamente ingresan en el municipio desde paradas ubicadas en puntos limítrofes con las distintas localidades que rodean a Palma, o bien directamente situadas dentro de sus respectivos términos municipales. Esto considerando además que la cantidad de pasajeros que transporta anualmente su flota de autobuses prácticamente se ha duplicado en dos décadas, pasando de los 36,5 millones en 2006 a los 60,3 al cierre de 2024.

En este sentido, no debe perderse de vista que, como capital que es, en Palma se concentran la mayoría de sedes y oficinas de las instituciones de los poderes ejecutivo y legislativo balear e insular, de las distintas delegaciones territoriales del Gobierno central, así como del Poder Judicial en las Illes. También se ubican en Palma el campus principal de la Universidad de las Illes Balears, varios de los grandes hospitales del ib-salut, el centro penitenciario, la práctica totalidad de instituciones para el tratamiento de residuos sólidos, y la mayoría de la oferta educativa y de ocio de la isla de Mallorca. Palma también es el principal concentrador de la actividad económica, emprendedora y de negocios de la comunidad balear.

Asimismo, en Palma se ubican dos infraestructuras críticas que contribuyen, en gran medida, al fenómeno de la población flotante que soporta el municipio, como son el Aeropuerto Internacional de Son Sant Joan y el Puerto de Palma. Así, durante el año 2024, el aeropuerto registró más de 243.000 vuelos y más de 33 millones de pasajeros, lo que lo convierte en el tercero más concurrido de España. Por su parte, al puerto de Palma llegaron el año 2024 cerca de 500 cruceros, con más de 1,8 millones de visitantes, así como los más de 1,36 millones de pasajeros de líneas regulares.

Ambos enclaves representan, a la fecha, las dos principales puertas de acceso para las personas que, por distintos motivos, visitan no solo la ciudad de Palma, sino la isla de Mallorca. Cabe aquí puntualizar que Palma ha sido históricamente uno de los municipios con una mayor concentración de establecimientos turísticos y plazas de alquiler turístico vacacional.

Además, Palma es uno de los destinos preferidos por los más de 18 millones de turistas que visitaron las Illes Balears durante el año 2024, lo que también, sumados todos los años de desarrollo turístico que ha experimentado el municipio de Palma, provoca impactos sobre la infraestructura turística y hotelera, contando la ciudad con los ámbitos de la Platja de Palma, el Paseo Marítimo y Cala Major declarados como zonas turísticas saturadas y de reconversión, de acuerdo con la terminología utilizada en el Decreto ley 4/2025, de 11 de abril, contra la oferta ilegal, de medidas transitorias para la oferta, y para la calidad turística de las Illes Balears.

Finalmente, Palma no es ajena al drama de la inmigración irregular, ante el significativo incremento, sobre todo en los últimos cinco años, de las llegadas, por distintas vías y medios, a la comunidad autónoma, lo que también repercute sobre la presión demográfica del archipiélago en general y de la ciudad en particular.

Por lo tanto, además de en materia de organización y funcionamiento, un régimen especial de capitalidad se trata, principalmente, de financiación y prestación de servicios, ya que la capitalidad implica asumir unos costes y prestar unos servicios con esfuerzos públicos adicionales, lo que incluso puede generar situaciones comprometedoras en algunos casos.

Así, por ejemplo, si ya de por sí Palma debe acometer serios esfuerzos para cumplir con la ratio recomendada por la Federación Española de Municipios y Provincias de efectivos policiales por número de habitantes, todo este crecimiento demográfico exponencial añade una mayor dosis de complejidad al cumplimiento de tal cometido. También, en el caso del cuerpo de bomberos, cabe señalar incluso la realización de actuaciones y servicios en otros municipios aledaños a Palma y también en el caso de profesionales de los servicios sociales comunitarios básicos.

Otro caso a destacar es la inversión que ha tenido que asumir el municipio para conectar mediante el servicio BiciPalma con distintas infraestructuras públicas educativas y sanitarias autonómicas.

IV 

En este sentido, es necesario hacer referencia a cómo todas estas transformaciones demográficas, económicas, culturales y sociales han impactado sobre el régimen de competencias y servicios públicos que presta el Ayuntamiento de Palma y su financiación de acuerdo con lo exigido por el ordenamiento jurídico vigente.

Si bien la Ley de capitalidad lleva a cabo las competencias y servicios a realizar dentro del término municipal de Palma, en ningún caso se las atribuye categórica y exclusivamente al Ayuntamiento de Palma.

La norma es clara al señalar, en cada uno de los apartados, los distintos mecanismos de colaboración interadministrativa y de delegación competencial que deben aplicarse para su correcto desarrollo, siguiendo, en este sentido, la estela de lo dispuesto en la normativa estatal básica de régimen local, así como en la correspondiente autonómica.

Así, el artículo 64 de la Ley de capitalidad indica que “el municipio de Palma tiene las competencias atribuidas por la presente ley, las que le atribuyen las demás normas legales y las que le sean delegadas por otras administraciones públicas”.

No obstante, previamente, el artículo 63.1 ya señala que “para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente y del régimen de capitalidad reconocido en la presente ley, así como para el cumplimiento de los fines establecidos por la Ley reguladora de las bases del régimen local y por la Carta Europea de autonomía local, la legislación de la comunidad autónoma de las Illes Balears asegurará al municipio de Palma la atribución de las competencias procedentes con la financiación adecuada, conforme a su capacidad de gestión, así como también la participación en la gestión de los servicios y equipamientos autonómicos básicos para el desarrollo de Palma”.

Asimismo, el apartado tercero de este artículo recoge que “en todo caso, el Ayuntamiento puede promover toda clase de actividades y prestar todos aquellos servicios públicos que afectan al interés general de la ciudadanía y que no estén expresamente atribuidos a otras administraciones públicas. En dicho supuesto, el Ayuntamiento puede realizar actividades complementarias de las propias de estas administraciones”.

Por su parte, la referida Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en lo que concierne a la delegación competencial de las comunidades autónomas en las entidades locales, expresa, en su artículo 27.6 que “La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación”.

La necesidad de acompañar la delegación e, incluso, la transferencia de competencias de la debida “dotación de los medios materiales, personales y económicos necesarios para su ejercicio” es una previsión también recogida por los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears.

Asimismo, durante los 20 años de vigencia de la Ley de capitalidad, también se han promulgado o actualizado leyes sectoriales que afectan a estos ámbitos competenciales y que prevén, precisamente, delegaciones en favor de los ayuntamientos. En el caso de Palma, el desarrollo de dichas previsiones normativas se encuentra, en general, aún pendiente y, por ello, en detrimento de unos servicios públicos municipales que, por este motivo, se encuentran en una evidente situación de infrafinanciación.

Un caso ciertamente relevante de infrafinanciación competencial se da en lo relacionado a las competencias y servicios a prestar por parte del Ayuntamiento de Palma en materia de servicios sociales, y, en particular, en aquellos destinados a atender a las mujeres víctimas de violencia de género.

Si bien dichos servicios constituyen una competencia propia del municipio de Palma, reconocida como tal por varias normas de rango legal, entre ellas la Ley de capitalidad, deben, no obstante, reputarse complementarios y adicionales respecto de la competencia propia y principal de la Administración autonómica, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, competencia que se encuentra actualmente transferida a los consejos insulares junto con los correspondientes recursos económicos. Sin embargo, este servicio no se ha venido prestando por la comunidad autónoma de las Illes Balears en el municipio de Palma ni tampoco se ha previsto en la transferencia al Consejo Insular de Mallorca la financiación necesaria para su efectiva prestación en la capital balear, la cual concentra al 37% de las mujeres que viven actualmente en el archipiélago (y el 47% de las que residen en la isla de Mallorca).

En este sentido, el Partido Judicial de Palma registra el índice de denuncias más alto de España desde hace décadas, superando en un 81% la media del Estado.

Por su parte, el correspondiente Servicio de Atención Integral a la Violencia Machista del Ayuntamiento de Palma (SAIVM) atendió a 991 mujeres en 2024 (un 15% más que en 2023), de un total de 1.362 personas atendidas.

En cuanto al Servicio de Acogida de Víctimas de Violencia Machista de Palma (SAMVVM), en septiembre de 2024 se acogía a 116 personas diarias, sobre un total de 91,5 plazas contratadas -llegándose a acoger, en determinados momentos, hasta a 119 personas en un mismo día-, cuando la ratio legalmente establecida para los servicios de acogida es de una plaza por cada 3.500 mujeres mayores de 18 años, lo que en Palma se traduciría en 56 plazas.

Al respecto, el artículo 70 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, referido a la financiación de los servicios sociales comunitarios básicos, señala en su apartado segundo que “la aportación de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears tendrá que garantizar, en el marco de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la financiación a las entidades locales titulares de los servicios sociales comunitarios básicos que podrán tener carácter plurianual”. Por su parte, su apartado tercero indica que “el importe y la distribución de los créditos que deberá satisfacer la consejería competente en materia de servicios sociales respecto a la aportación en concepto de cofinanciación de la comunidad autónoma de las Illes Balears a los consejos insulares y ayuntamientos en ningún caso podrá ser inferior al 50% de su coste, siempre que se cumpla como mínimo con las ratios de plantilla establecidas en la normativa que regula estos servicios”.

Otra situación desventajosa en este sentido para el municipio de Palma se refleja en la infrafinanciación sobre todo lo relativo a la creación, mantenimiento y gestión de escuelas de primer ciclo de educación infantil.

Por lo tanto, Palma, además de asumir los llamados “costes de capitalidad”, también experimenta una serie de situaciones de desequilibrio en materia de infrafinanciación competencial.

V 

La reclamación de financiación adicional, suficiente y justa para Palma, ya sea por su condición de capital balear como por prestar servicios competencia de otras administraciones, ha sido una reivindicación histórica. No en vano, en la propia exposición de motivos de la Ley de capitalidad se indicaba que Palma “siempre ha mantenido su compromiso solidario y de convivencia en armonía con el resto de pueblos de las Illes, en especial de Mallorca, ya que ha tenido que afrontar en su término municipal multitud de servicios de carácter supramunicipal”.

Por todo ello, a 20 años de la promulgación de la Ley 23/2006, resulta del todo necesario actualizar esta norma para que la condición de capitalidad de Palma continúe desarrollando todos sus efectos beneficiosos no solo en el término municipal, sino en la isla de Mallorca y en el conjunto de las Illes Balears. Para ello necesitará contar con un régimen financiero actualizado suficiente y justo.

Cabe señalar, en adición a los costes de capitalidad y a la cuestión de competencias y servicios infrafinanciados, que, prácticamente, en los últimos diez años, no se ha llegado a satisfacer la inversión mínima anual de los 30 millones de euros que indica la ley, salvo en los últimos dos años. Así, entre los ejercicios 2016 y 2023 se dejaron de destinar a Palma por dicho concepto un total de más de 152 millones de euros.

Además, esta cifra de aportación mínima ha permanecido inmutable desde la promulgación de la ley hace ya 20 años, aun cuando los presupuestos de la comunidad autónoma y del consejo insular prácticamente se han triplicado.

Todo esto sin considerar además el incremento poblacional de Palma en un 27,41% y el de la isla de Mallorca en un 29%.

Palma, por su parte, ha tenido que realizar un esfuerzo presupuestario de más del 122% para poder seguir haciendo frente a los costes de capitalidad, así como para continuar ejerciendo las competencias y servicios infrafinanciados.

Por lo tanto, a raíz de todo lo anteriormente expuesto, se ha de cumplir efectivamente y de manera sistemática con la financiación específica en materia de capitalidad, de tal forma que la actualización de la ley permita una financiación más acorde con las necesidades y desafíos que debe enfrentar Palma en su condición de capital, y teniendo particularmente en cuenta el incremento de población experimentado desde la promulgación de la ley hace más de 20 años, el aumento de los denominados costes de capitalidad, el esfuerzo para mantener la prestación de servicios y competencias infrafinanciadas, así como el incremento de los precios y el coste de vida durante todo este periodo.

Asimismo, para evitar que, de nuevo, la aportación quede congelada durante todo el tiempo de vigencia de esta modificación, anualmente se actualizará automáticamente y se preverá en los presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears y del Consejo Insular de Mallorca considerando anualmente el índice autonómico de variación de precios y la variación de población en el municipio de Palma.

También se prevé que, si en un ejercicio no se alcanzara el porcentaje de inversión directamente territorializada en Palma o inversiones indirectas de todo tipo con el objetivo de complementar el nivel de infraestructuras, instalaciones y servicios asociados al carácter de capitalidad de Palma, la diferencia pendiente de ejecutar se añadirá a la cuantía de compensación de los costes de capitalidad prevista para el año siguiente al que se apruebe la referida liquidación para destinarla a estas inversiones.

Por otro lado, y como resulta de justicia, se aclara que la aportación mínima a realizar a Palma no podrá ser, en ningún caso, compensada mediante subvención alguna, ya que el régimen actual supone un agravio comparativo para Palma y sus residentes, pues desvirtúa tanto la naturaleza y razón de ser del régimen jurídico especial de capitalidad de Palma, y, por ello, su régimen de financiación, como la naturaleza y propósito de subvenciones de diverso ámbito, como pueden ser las financiadas con cargo a la Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible, o a las distintas modalidades de fondos europeos. En este sentido, esta aportación mínima forma parte de la financiación global de Palma a los efectos de lo que establecen el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el artículo 2.3.d) del texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.

Toda esta modificación del régimen financiero por la especial condición de capital de Palma reforzará su autonomía local, estando al servicio de una gestión administrativa eficaz y próxima a las ciudadanas y ciudadanos, de una descentralización más amplia, de una potenciación de las competencias municipales en el marco de una positiva colaboración institucional, y de una mejora de la calidad de los servicios de la ciudad que se corresponda con las necesidades y ambiciones de todos los palmesanos, sobre todo teniendo en cuenta las distintas complejidades que deben enfrentar dentro de su término municipal.

VI 

La modificación de la Ley de capitalidad también debe abordar algunas cuestiones en materia de seguridad y civismo, encaminadas a garantizar en Palma un espacio de convivencia más armónico y respetuoso, como puede ser la potenciación de la figura de la Policía Comunitaria, así como la adopción de nuevas tecnologías y el uso de herramientas de video vigilancia como medidas preventivas y disuasorias.

También, y como se ha expuesto, se aprovecha el impulso de esta modificación normativa para aclarar la operatividad del régimen de delegación de competencias y su necesario acompañamiento económico, particularmente en lo referido a los servicios para atender a las mujeres víctimas de la violencia de género.

Por otro lado, se plantea, de acuerdo con los principios constitucionales de objetividad, eficiencia y eficacia administrativa, la necesaria actualización del objeto y propósito del denominado Consejo Jurídico del Ayuntamiento de Palma -que pasa a denominarse Consejo Jurídico-Técnico-, a fin de dirimir posibles discrepancias en la interpretación de las normas y procedimientos que rigen el funcionamiento de la administración municipal y que, a su vez, permita la fijación de criterios mediante dictámenes vinculantes, siendo por ello de obligado cumplimiento no solo por las áreas municipales, sino también por todo su sector público instrumental.

Asimismo, y por razón de su estatuto especial como capital de la comunidad autónoma de las Illes Balears y sede de las instituciones autonómicas e insulares, se establece que el municipio de Palma deberá verse representado, a través de su organización municipal, en aquellas comisiones u organismos análogos que constituyan el Gobierno de las Illes Balears o el Consejo Insular de Mallorca y que afecten a los intereses legítimos del municipio.

Finalmente, en aras de un mejor diseño y adopción de políticas públicas para afrontar los retos económicos y sociodemográficos señalados, y dada la concreción del proyecto del Distrito de Innovación de Nou Llevant y la puesta en marcha del Centro de Datos de Control Demográfico y Turístico del Ayuntamiento de Palma, también se establece que la comunidad autónoma de las Illes Balears, el Consejo Insular de Mallorca y el consistorio palmesano establecerán los mecanismos de cooperación, colaboración y coordinación legalmente previstos en materia de intercambio de datos e información con este propósito.

VII 

Se establece un nuevo capítulo X en el título V de la ley para alcanzar la importante tarea de la participación ciudadana vía el asociacionismo. En efecto, una buena gestión de las competencias locales requiere que los equipos municipales dispongan de la máxima información posible de la realidad de su territorio. En este sentido, la participación ciudadana, entendida como un canal de comunicación e información entre los ciudadanos y los equipos municipales deviene clave.

Es por eso que toda la estructura jurídica reconoce y cuida la participación ciudadana. Lo hace la Constitución Española en su artículo 9.2 y también lo hace el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares en su artículo 15. Igualmente, la Ley de bases locales de régimen común lo hace en su artículo 72, cuando establece que “Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsan su participación en la gestión de la Corporación en los términos del número 2 del artículo 69. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública.” En paralelo a lo anterior, la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears establece en su artículo 116 que “1. Las corporaciones locales tienen que facilitar la más amplia información sobre su actividad y tienen que promover la participación de toda la ciudadanía en la vida local. 2.

La participación ciudadana tiene que hacerse efectiva por los mecanismos establecidos por cada corporación local, con arreglo a las normas de participación contenidas en esta ley y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.”

Por todo ello, en esta ley se quiere reconocer la importancia, cualitativa y cuantitativa, del trabajo hecho por las federaciones y asociaciones de vecinos. Y al respecto, no se puede obviar el coste económico que tienen todas estas tareas de interlocución y dinamización con los ciudadanos y después con el entramado institucional.

Por todo ello en el capítulo II bis del Título V en su artículo 41 bis se establecen cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las federaciones o asociaciones de vecinos que pueden tener la consideración de más representativas a los efectos de los reconocimientos económicos establecidos en este título de la ley. En el artículo 41 ter se formulan las funciones a desarrollar por estas entidades más representativas. En el artículo 41 quinquies se establecen aquellos órganos que, sin perjuicio de que puedan ser ampliados por otras normas, tendrán que ser motivo de participación institucional por estas federaciones y/o asociaciones. El artículo 41 sexies recoge la necesidad de que esta participación venga compensada económicamente cada año en los presupuestos del Ayuntamiento de Palma.

Finalmente, también se incluye un nuevo capítulo XXI en el título VII a la Ley de capitalidad de Palma relativo a apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad.

VIII 

En cuanto a la iniciativa legislativa de modificación de la Ley de capitalidad, la propia norma, en su disposición adicional segunda, así como el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears en su artículo 75.10, y la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears en su artículo 27, señalan que "el Ayuntamiento de Palma tiene iniciativa para proponer la modificación de este régimen especial y, de acuerdo con las leyes y el Reglamento del Parlamento, tiene que participar en la elaboración de los proyectos de ley que inciden en este régimen especial y tiene que ser consultado en la tramitación parlamentaria de otras iniciativas legislativas sobre su régimen especial".

En este sentido, el Reglamento del Parlamento de las Illes Balears indica en su artículo 123.4 que "el Ayuntamiento de Palma tiene iniciativa para ejercer la potestad legislativa para la modificación de su Ley de capitalidad, tal como establece el artículo 75.10 del Estatuto de Autonomía".

Finalmente, el artículo 11 de la Ley de capitalidad regula las competencias del Pleno del Ayuntamiento de Palma, entre ellas, y como indica en su apartado 4, "la iniciativa para proponer la modificación de la Ley de capitalidad en el marco del Estatuto de Autonomía y de la Ley municipal y de régimen local de las Illes Balears".

A tal efecto, y a criterio de conveniencia y oportunidad política a partir de los antecedentes expuestos previamente, es que el Ayuntamiento de Palma preparó una propuesta de modificación legislativa de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma.

TÍTULO I. 
MODIFICACIONES EN MATERIA DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

Artículo 1. 
Modificación del artículo 66 de la Ley 23/2006, de capitalidad de Palma

Se adicionan los apartados 3 y 4 al artículo 66 de la Ley 23/2006, de capitalidad de Palma, que quedarán redactados de la siguiente manera:

“Artículo 66. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Ayuntamiento de Palma y las diversas administraciones autonómicas mantendrán las precisas relaciones de colaboración interadministrativa en los sectores de interés concurrente entre las mismas.

2. Se consideran sectores de interés concurrente, a los efectos de la presente ley, aquellos sectores de la actuación administrativa que resulten afectados por la condición de capital de la comunidad de las Illes Balears y que exijan el establecimiento de relaciones interadministrativas específicas. Los sectores de interés concurrente están determinados por el Consejo de la Capitalidad. Tendrán, en todo caso, esta consideración los sectores de actuación administrativa regulados en los capítulos II a XVIII de este título.

3. Cuando por parte de la administración competente no se haya establecido ni se vengan prestando los servicios de los sectores de interés concurrente en el término municipal de Palma, la comunidad autónoma y el Consejo Insular de Mallorca, de forma individual o conjunta, estarán obligados a financiar los servicios municipales previamente establecidos y prestados por el Ayuntamiento de Palma en su término municipal, o los que deban establecerse por no ser prestados por la administración competente.

4. Para la gestión municipal de funciones, actividades o servicios de los sectores de interés concurrentes, en ámbitos en los que el Ayuntamiento tiene implantación y capacidad de gestión contrastada, el Consejo de Capitalidad, a propuesta del Ayuntamiento de Palma, podrá presentar propuestas vinculantes para la administración competente dirigidas a formalizar acuerdos de delegación y/o de financiación entre las administraciones implicadas. El plazo de tramitación de dichas propuestas no podrá superar el año natural.”

Artículo 2. 
Modificación del artículo 67 de la Ley 23/2006, de capitalidad de Palma

Se modifica el artículo 67 de la Ley 23/2006, de capitalidad de Palma, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 67. 

Para la gestión conjunta de funciones, actividades o servicios de los sectores de interés concurrente cuando el Ayuntamiento no disponga de la competencia, se podrá optar:

i) por la vía de la delegación de competencia, con la dotación de la financiación suficiente, definida en el epígrafe anterior,

ii) por otras vías de colaboración con la administración que detente la competencia,

iii) por la vía de la gestión conjunta a través de la constitución de consorcios entre la comunidad autónoma de las Illes Balears, el Consejo Insular de Mallorca, en su caso, y el Ayuntamiento de Palma, en la forma y por el procedimiento regulado en la Ley municipal y de régimen local de las Illes Balears, con las siguientes especialidades:

a) El Consejo de la Capitalidad determinará el número de representantes o votos en los órganos de gobierno del consorcio que corresponden a cada administración; concretará si pueden incorporarse al consorcio otras administraciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro; y establecerá las reglas relativas a su financiación, sin perjuicio de pacto en contrario de las administraciones consorciadas. En cualquier caso, las aportaciones serán, como mínimo, iguales a las presupuestadas a tal fin en el ejercicio anterior para el desarrollo de las competencias respectivas, salvo las derivadas de actuaciones excepcionales. El propio consorcio determinará por reglamento la programación, los sectores de inversión o los requisitos de aplicación de las tasas o tarifas de las actividades o los servicios que lleve a cabo. Para la adopción de acuerdos tanto relativos a la constitución de consorcios como a su funcionamiento, se estará a lo previsto en el artículo 24 de esta ley, que prevé el necesario voto favorable de la administración que tenga la responsabilidad legal del ejercicio de cualquiera de las competencias que puedan ser objeto de estos consorcios.

b) Los estatutos de los consorcios, dentro del marco de los acuerdos adoptados por el Consejo de la Capitalidad, determinarán el régimen orgánico y funcional, en el que se contemplarán, en todo caso, las siguientes reglas:

b.1. El Ayuntamiento, en relación con los servicios y las gestiones en el momento de creación del consorcio, puede optar entre su integración en el consorcio en la forma de gestión que el mismo acuerde, o bien que el consorcio cree un ente personalizado conforme a lo establecido en la letra b.2. siguiente, sin que en ningún caso se altere el sistema de financiación de los consorcios establecidos por la presente ley. Los estatutos recogerán, necesariamente, la opción decidida por el Ayuntamiento.

b.2. A los efectos de lo establecido en la letra b.1. y con el objetivo de preservar los intereses competenciales del Ayuntamiento, cuando no tenga mayoría en el consorcio le corresponde la mayoría de representantes o votos en los órganos de gobierno de los entes personalizados.”

TÍTULO II. 
MODIFICACIONES EN MATERIA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SEGURIDAD Y CIVISMO

Artículo 3. 
Modificación del artículo 102 de la Ley 23/2006, de capitalidad de Palma

Se modifica y se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 102 de la Ley 23/2006, de capitalidad de Palma, que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 102. 

1. El Ayuntamiento de Palma promoverá todas las acciones y todos los servicios que faciliten la integración y la participación de la mujer en la sociedad y que eviten la discriminación por razón de sexo.

2. El Ayuntamiento de la ciudad ejerce, por delegación o en régimen de cooperación con la comunidad autónoma de las Illes Balears, o del Consejo Insular de Mallorca, la gestión de todos los equipamientos públicos destinados a la mujer situados en su término municipal y que pertenecen a dichas instituciones. Pueden incluirse en esta gestión los equipamientos y servicios públicos de otras administraciones públicas que deseen efectuar dicha delegación o cooperación.

3. La administración autonómica y/o la del Consejo Insular de Mallorca, dotarán de los alojamientos suficientes, con el mobiliario adecuado, para atender a las víctimas de la violencia contra la mujer para la prestación de los servicios establecidos en los artículos 70 y 71 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.

El cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior se podrá realizar:

a) Mediante aportación de alojamientos.

b) Mediante aportación económica para asumir los gastos de alquiler y mantenimiento.

c) Mediante aportación económica para asumir los gastos de inversión en edificios destinados a tal fin.

4. El Ayuntamiento de Palma participa en los órganos competentes para la planificación de la política de la mujer y será informado de las solicitudes relativas al otorgamiento de subvenciones a entidades de promoción de la mujer que actúan en el municipio.”

Artículo 4. 
Modificación del artículo 123 de la Ley 23/2006, de capitalidad de Palma

Se modifica el artículo 123 de la Ley 23/2006, de capitalidad de Palma, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 123. 

La Policía Local de Palma actúa como policía de autoridad, policía de seguridad, policía comunitaria y asistencial y policía judicial, en los términos de la presente ley y de las leyes orgánicas y procesales aplicables.”

Artículo 5. 
Modificación del artículo 125 de la Ley 23/2006, de capitalidad de Palma

Se modifica el artículo 125 de la Ley 23/2006, de capitalidad de Palma, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 125. 

La Policía Local de Palma ejerce las siguientes funciones:

a) Proteger a las autoridades del Ayuntamiento, así como a los edificios y las instalaciones municipales.

b) Ordenar y dirigir el tráfico y el uso de las vías públicas urbanas en el término municipal de Palma, conforme a lo establecido en las normas de circulación.

c) Instruir atestados por accidentes de circulación en las vías públicas urbanas del término municipal de Palma.

d) Prestar auxilio en los supuestos de accidente, catástrofe o calamidad pública y participar en la forma establecida por las leyes en la ejecución de los planes de protección civil.

e) Efectuar diligencias de prevención y las actuaciones tendentes a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido por la Junta Local de Seguridad.

f) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado y de la comunidad autónoma, en su caso, en la protección de manifestaciones y el mantenimiento del orden cuando sea requerida.

g) Cuidar el cumplimiento de las ordenanzas y los bandos que dicte el Ayuntamiento.

h) Ayudar a la ciudadanía en la resolución de los conflictos privados cuando se lo solicite.

i) Captar, recibir y analizar todos los datos que tengan interés para el orden y la seguridad en los espacios públicos y estudiar, programar y ejecutar los métodos y las técnicas de prevención de la delincuencia que atenten contra aquella seguridad, implementando el uso de la videovigilancia y las nuevas tecnologías.

j) Cualquier otra función que le pueda ser atribuida de acuerdo con la legislación vigente en materia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con los que se deberán establecer mecanismos eficientes de coordinación de actuaciones y de traspaso de datos, bajo la supervisión de la Junta Local de Seguridad.”

Artículo 6. 

1. La denominación del Capítulo XV del título VII de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, queda modificado de la manera siguiente:

“Capítulo XV. 
Seguridad Ciudadana y Civismo”

2. Se añade un nuevo artículo, el artículo 125 bis, en el capítulo XV del tìtulo VII, de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, con el redactado siguiente:

“Artículo 125 bis. 

a) Las personas que, por encargo del Ayuntamiento o de su sector público instrumental, realicen servicios en la vía pública pueden actuar como agentes cívicos con funciones de información y de vigilancia de la normativa que apruebe el Ayuntamiento en materia de civismo y convivencia.

b) Cuando corresponda, los agentes cívicos podrán solicitar a la Policía Local de Palma que ejerza las funciones de autoridad que tiene reconocidas por el ordenamiento jurídico.

c) En ningún caso, los agentes cívicos podrán realizar funciones de seguridad privada, reguladas a la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada.”

3. Se añade un nuevo artículo, el artículo 125 ter, en el capítulo XV del título VII, de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, con el redactado siguiente:

“Artículo 125 ter. 

a) Para la organización de las escalas de mando de la Policía Local de Palma, el Ayuntamiento podrá convocar comisiones de servicios restringidas al personal funcionario de carrera de la Policía Local.

b) Las plazas convocadas podrán ser ocupadas por personal funcionario de carrera del mismo grupo y escala o de la categoría superior de la escala inmediatamente inferior, siempre que cumpla el requisito de titulación y el resto de requisitos del puesto de trabajo.

c) Cuando el funcionario sea de una categoría inferior a la del puesto de trabajo convocado, se requerirá una antigüedad mínima de dos años como funcionario de carrera en la categoría desde la que se accede. No será requisito el curso de capacitación de la escala superior.”

TÍTULO III. 
MEDIDAS EN MATERIA DE FINANCIACIÓN Y DE EFICACIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Artículo 7. 
Modificación del artículo 142 de la Ley 23/2006, de capitalidad de Palma

Se modifica el artículo 142 de la Ley 23/2006, de capitalidad de Palma, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 142. 

Se establece una cláusula de garantía para compensar la capitalidad de Palma mediante la siguiente financiación especial:

a) Las instituciones públicas autonómicas con ámbito competencial en el término municipal de Palma tienen que garantizar una aportación anual no inferior a 60 millones de euros para Palma como compensación de los costes de capitalidad. Esta cuantía anual estará formada por las aportaciones del Fondo de Cooperación Local que le correspondan más la cantidad adicional necesaria.

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior en el ámbito de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, los presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears deben incluir, anualmente, en los capítulos 4 o 7 del presupuesto de gastos, una o varias consignaciones específicas no inferiores en conjunto a 25 millones de euros a favor del Ayuntamiento de Palma, con el fin de financiar los proyectos o las actuaciones que se determinen en el seno del Consejo de la Capitalidad, los cuales deben vincularse a la compensación de los costes de capitalidad. Por su parte, los presupuestos generales del Consejo Insular de Mallorca deben incluir, anualmente, en las partidas correspondientes, una o varias consignaciones específicas no inferiores en conjunto a 10 millones de euros a favor del Ayuntamiento de Palma.

Sin perjuicio de las consignaciones específicas anuales mínimas de 25 y 10 millones de euros que, respectivamente, establece el párrafo anterior, así como las inversiones directas e indirectas reguladas en la letra siguiente, formarán también parte de la garantía anual mínima de 60 millones de euros a que se refiere el primer párrafo de este artículo las aportaciones dinerarias que puedan hacer la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears o los entes instrumentales que dependen de esta y el Consejo Insular de Mallorca para financiar globalmente la actividad del Ayuntamiento de Palma, así como la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones del Ayuntamiento vinculadas al coste de capitalidad, siempre que no resulten de una convocatoria pública. Estas aportaciones podrán ser también en especie.

La aportación mínima de 60 millones de euros especificada en el primer párrafo de este artículo se actualizará anualmente de acuerdo con el índice oficial de variación de precios, así como con la variación de la población del municipio de Palma. Esta actualización se formalizará mediante acuerdo del Consejo de la Capitalidad y deberá ser incorporada en el respectivo presupuesto anual de la comunidad autónoma y del Consejo Insular de Mallorca en los términos acordados.

Si en el momento de realizarse esta actualización resultara una cantidad inferior a la acordada para el ejercicio previo, se deberá mantener esta última para el nuevo ejercicio.

b) Con el fin de complementar el nivel de infraestructuras, instalaciones y servicios asociados al carácter de capitalidad que tiene el municipio de Palma, la comunidad autónoma de las Illes Balears debe prever anualmente en los presupuestos generales inversiones directamente territorializadas en el municipio de Palma o inversiones indirectas de todo tipo, pudiendo en este caso realizarse aportaciones a las entidades instrumentales que se creen al amparo de esta ley, por un importe equivalente, como mínimo, al 16% del total de las dotaciones consignadas para inversiones reales en el presupuesto de gastos de la administración de la comunidad autónoma.

En caso de que la ejecución del presupuesto del sector público autonómico de un año acredite un nivel de ejecución en las inversiones territorializadas previstas en el párrafo anterior inferior al 16%, la diferencia entre el importe ejecutado y el 16% del total de las dotaciones consignadas para inversiones reales en los presupuestos del sector público autonómico incrementará la cuantía de compensación de los costes de capitalidad prevista en el epígrafe anterior del año siguiente al que se apruebe la referida liquidación.

c) Las aportaciones a que se refieren las letras anteriores forman parte de la financiación global de Palma a los efectos de lo que establecen el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el artículo 2.3.d) del texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.”

Artículo 8. 

1. La denominación del título XI de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, queda modificado de la manera siguiente:

“Título XI. 
Régimen jurídico de la representación, defensa y asesoramiento jurídico del Ayuntamiento de Palma”

2. El artículo 149 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, queda modificado de la manera siguiente:

“Artículo 149. 

El Ayuntamiento de Palma, en su condición de administración pública con personalidad jurídica, puede ser citado ante los diferentes órdenes y órganos judiciales, y ocupar las diferentes situaciones procesales que permitan las leyes. Además, está legitimado no solo para impugnar las disposiciones y los actos de las diferentes administraciones públicas, sino que también tiene la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos.”

3. El artículo 150 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, queda modificado de la manera siguiente:

“Artículo 150. 

La representación y la defensa en juicio del Ayuntamiento de Palma y el asesoramiento jurídico en materias de competencia municipal corresponden, sin perjuicio de las funciones reservadas al secretario o secretaria general del Pleno, al o a la titular de la asesoría jurídica, así como a los letrados y letradas asesores que integran este órgano administrativo.

No obstante lo que dispone el párrafo anterior, estas funciones también pueden corresponder a abogados y abogadas colegiados, designados para casos o ámbitos concretos, que tienen que actuar de acuerdo con las instrucciones fijadas a tal efecto por el o por la titular de la asesoría jurídica.”

4. El artículo 151 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, queda modificado de la manera siguiente:

“Artículo 151. 

La representación y la defensa en juicio, así como el asesoramiento jurídico de organismos autónomos y entidades públicas empresariales locales vinculados o dependientes del Ayuntamiento de Palma, pueden ser asumidos puntualmente por la asesoría jurídica municipal, con carácter previo al encargo de gestión aprobado por las entidades intervinientes. Así mismo, la representación y la defensa en juicio, así como el asesoramiento jurídico de fundaciones y sociedades mercantiles locales participadas únicamente o mayoritariamente por el Ayuntamiento de Palma, pueden ser asumidas por la asesoría jurídica municipal, previa suscripción del convenio correspondiente entre las entidades respectivas.”

5. El artículo 152 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, queda modificado de la manera siguiente:

“Artículo 152. 

Las notificaciones, citaciones y otras comunicaciones judiciales se practicarán por medios electrónicos conforme a lo que se establece en las leyes procesales y en la forma que estas determinen. Cuando la utilización de los mismos no fuera posible, los actos de comunicación podrán practicarse por cualquier otro medio que permita la constancia de su práctica y de las circunstancias esenciales de la misma según determinen las leyes procesales. En el supuesto de que se realicen presencialmente, porque se entiendan hechos con validez, los actos de comunicación se tendrán que practicar en la sede de la asesoría jurídica municipal y en la persona de su titular o de uno de los letrados o letradas de este órgano, sin perjuicio de las actuaciones judiciales de investigación.”

6. El artículo 153 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, queda modificado de la manera siguiente:

“Artículo 153. 

El o la titular de la asesoría jurídica puede formular, con la conformidad del alcalde o alcaldesa, propuestas de instrucción que unifiquen los criterios interpretativos o de actuación de los diferentes departamentos, áreas o servicios municipales en materia jurídica, sin perjuicio de las que puedan formular la Secretaría General del Pleno, la dirección de la Secretaría de la Junta de Gobierno, la Intervención General, el departamento económico-financiero, el departamento tributario, la oficina presupuestaria, así como la gerencia de urbanismo y de los organismos autónomos y sociedades mercantiles que conforman el sector público instrumental del Ayuntamiento de Palma dentro del ámbito de sus competencias y de acuerdo con la normativa en materia del régimen jurídico del sector público. Estas instrucciones, una vez aprobadas mediante decreto, serán de cumplimiento obligado para todo el personal al servicio del Ayuntamiento, así como de los organismos autónomos y sociedades mercantiles que conforman su sector público instrumental.

El o la titular de la asesoría jurídica, tres letrados o letradas asesores propuestos para cada dictamen por el titular, el secretario o secretaria general del Pleno y, cuando resulte necesario por razón de la materia, técnicos municipales especializados y/o profesionales de reconocido prestigio del correspondiente ámbito pericial, actuando de forma colegiada, constituyen el Consejo Jurídico-Técnico del Ayuntamiento de Palma.

El Consejo Jurídico-Técnico del Ayuntamiento de Palma emitirá dictámenes sobre los asuntos generales de especial relevancia e importancia para la capital de la comunidad autónoma de las Illes Balears. Estos dictámenes, una vez conformados y aprobados por la Junta de Gobierno, serán vinculantes para el Ayuntamiento y su sector público instrumental.

Las solicitudes dirigidas al Consejo Jurídico-Técnico podrán ser realizadas por los jefes de departamento, con la conformidad del alcalde o alcaldesa o del regidor o regidora titular del área interesada; así como por cualquier interesado en un expediente administrativo, cuando conste motivada la especial relevancia e importancia del asunto en la solicitud y así lo aprecien los jefes de departamento con la conformidad anteriormente señalada.

El alcalde o alcaldesa, por instrucción de servicio, regulará la composición y el funcionamiento.

Los dictámenes del Consejo Jurídico-Técnico del Ayuntamiento de Palma serán objeto de publicación periódica.”

Artículo 9. 

Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 1 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma con el redactado siguiente:

“4. La actuación municipal se regirá por los principios de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, no-discriminación por razón de sexo, accesibilidad universal, inclusión y equidad. La transversalidad de la perspectiva de género y de los usos del tiempo informará el conjunto de las políticas, normativas, planes, presupuestos y actuaciones municipales y, de manera prioritaria, la prevención y la erradicación de la violencia machista y del acoso sexual y por razón de sexo en todos los ámbitos de la vida ciudadana.”

Artículo 10. 

1. El artículo 10 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, queda modificado de la manera siguiente:

“Artículo 10. 

El gobierno del municipio corresponde al Ayuntamiento de Palma, integrado por el alcalde o la alcaldesa, los vicealcaldes o las vicealcaldesas, si procede, los o las tenientes de alcalde, los concejales y las concejalas, que ejercerán sus funciones de acuerdo con esta ley y el resto de normativa aplicable en cada momento, constituidos como órganos de gobierno municipal.

Los órganos esenciales del gobierno municipal de Palma son el pleno, como máximo órgano colegiado de representación política; el alcalde o la alcaldesa, como máximo órgano unipersonal; y la Junta de Gobierno Local. Los citados órganos tienen las competencias que en cada momento les otorgan esta ley y las disposiciones legales aplicables.

También son órganos de gobierno municipal los vicealcaldes o las vicealcaldesas, si procede, los o las tenientes de alcalde, los concejales y las concejalas con responsabilidad de gobierno, las comisiones del pleno cuando actúan con competencias delegadas, las gerencias municipales y cualesquiera otros órganos que cree o permita crear la legislación aplicable.

El Ayuntamiento de Palma, en el ejercicio de la potestad de autoorganización, configura los órganos de gobierno dentro del marco legal correspondiente.

En este marco de autoorganización, el Ayuntamiento de Palma puede constituir los órganos complementarios de información, de consulta o de asesoramiento que considere necesarios para el buen gobierno del municipio.”

2. El primer párrafo del artículo 11 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de Capitalidad de Palma, queda modificado de la manera siguiente:

“Artículo 11. 

El pleno es el órgano de máxima representación política de la ciudadanía de Palma en el gobierno de la ciudad y ejerce las atribuciones expresamente asignadas por las leyes estatales y autonómicas.

Está formado por el alcalde o la alcaldesa, los vicealcaldes o las vicealcaldesas, si procede, y por los concejales y las concejalas. El alcalde o la alcaldesa lo preside, salvo delegación o en los supuestos regulados por la legislación electoral.”

3. El artículo 16 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, queda modificado de la manera siguiente:

“Artículo 16. 

De acuerdo con la legislación vigente, el alcalde o la alcaldesa nombrará a los vicealcaldes o las vicealcaldesas, si procede, y a los o las tenientes de alcalde entre los concejales y las concejalas miembros de la Junta de Gobierno Local, a quien corresponde su sustitución en caso de ausencia, enfermedad o vacante por orden de su nombramiento.”

4. El artículo 17 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, queda modificado de la manera siguiente:

“Artículo 17. 

La Junta de Gobierno Local, formada por el alcalde o la alcaldesa, los vicealcaldes o las vicealcaldesas, si procede, los concejales y las concejalas que el alcalde o la alcaldesa nombre libremente, dentro de los límites que establece la legislación básica de régimen local, goza de las competencias propias o delegadas que en cada momento disponga la legislación vigente.”

5. El artículo 19 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, queda modificado de la manera siguiente:

“Artículo 19. 

El pleno del Ayuntamiento podrá crear gerencias municipales como órganos administrativos de carácter unipersonal o colegiado, que bajo la dependencia del alcalde o la alcaldesa, o de los vicealcaldes o las vicealcaldesas, si procede, o de un o una teniente de alcalde, o de un concejal o de una concejala delegados, ejerza funciones ejecutivas o de gestión para la prestación y optimización de los servicios municipales.”

Artículo 11. 

Se añade un nuevo artículo 20 bis a la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, que queda redactado de la manera siguiente:

“Artículo 20 bis. 
Gerencia del Ayuntamiento de Palma

1. Con el fin de garantizar la transversalidad, eficacia y coherencia ejecutiva de la acción de gobierno, el Ayuntamiento de Palma podrá contar con una Gerencia del Ayuntamiento, como máximo órgano directivo con responsabilidades ejecutivas de dirección estratégica municipal, bajo la dependencia directa del alcalde o alcaldesa o del miembro de la Junta de Gobierno en quien delegue, de conformidad con la legislación aplicable.

2. A la Gerencia del Ayuntamiento de Palma le podrán corresponder, entre otras que le puedan ser atribuidas o delegadas, las siguientes funciones:

a) La coordinación interdepartamental de las diferentes áreas de gobierno del Ayuntamiento de Palma y de los organismos que integran su sector público instrumental para la planificación, seguimiento y control de la ejecución de las políticas públicas transversales.

b) La tramitación, seguimiento, evaluación y control de ejecución del Plan de Actuación Municipal.

c) El impulso, planificación y coordinación de las áreas de gobierno implicadas en cuanto al diseño, tramitación y ejecución de los proyectos e intervenciones municipales que, por su envergadura y dimensión, tengan una relevancia estratégica y significación global para el término municipal de Palma.

3. La Gerencia del Ayuntamiento de Palma tendrá la condición de órgano directivo y podrá organizarse a su vez en otros órganos directivos bajo su dependencia, así como en departamentos, servicios, secciones y otras unidades inferiores o asimiladas.”

Artículo 12. 

Se añade un nuevo artículo 27 bis a la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, que queda redactado de la manera siguiente:

“Artículo 27 bis. 
Estructura, competencias y financiación de los distritos

1. Los distritos son los órganos territoriales desconcentrados para la gestión de las políticas de proximidad, la prestación de servicios urbanos y el fomento de la participación ciudadana en su ámbito.

2. Se creará en cada distrito una gerencia de distrito dotada de personal técnico y competencias ejecutivas delegadas en materia de vía pública, mantenimiento, movilidad local y participación ciudadana.

3. El presupuesto general del Ayuntamiento de Palma garantizará anualmente a los distritos una partida de gestión directa con criterios de proporcionalidad.”

Artículo 13. 

Se añade un nuevo artículo 30 bis a la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, que queda redactado de la manera siguiente:

“Artículo 30 bis. 
Consejos de distrito

1. En cada distrito se constituirá un consejo de distrito como órgano deliberativo y de participación, integrado por representantes políticos y de las entidades vecinales y sectoriales del territorio.

2. Será preceptivo el informe previo del consejo de distrito correspondiente para:

a) La aprobación inicial del presupuesto municipal en cuanto a las inversiones a ejecutar en el distrito.

b) Las modificaciones del planeamiento urbanístico que afecten de manera sustancial al distrito.

c) Los planes territoriales de movilidad sostenible.

3. Se reserva con carácter obligatorio un mínimo del 5% del capítulo de inversiones del presupuesto general para su ejecución a través de los consejos de distrito.”

Artículo 14. 

Se añade un nuevo Capítulo II bis al título V de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, que queda redactado de la manera siguiente:

“Capítulo II bis. 
De la participación institucional de las federaciones de vecinos más representativasArtículo 41 bis. 
Entidades más representativas

A los efectos que determina esta ley se considera como federación de vecinos más representativa aquella que cumple a la vez que:

a) Tenga como ámbito de actuación únicamente el conjunto del municipio de Palma.

b) Tenga el reconocimiento de entidad de utilidad pública municipal en el Registro municipal de entidades del Ayuntamiento de Palma.

Artículo 41 ter. 
Funciones de las entidades más representativas

Son funciones de las federaciones de vecinos consideradas como más representativas las siguientes:

a) Recoger propuestas e informaciones de ciudadanos.

b) Ofrecer asesoramiento al Ayuntamiento en cuestiones de participación ciudadana.

c) Participación institucional ciudadana.

d) Ofrecer asesoramiento y apoyar a las asociaciones de barriadas de la ciudad.

Artículo 41 quater. 
Ámbito y contenidos de aplicación de la participación institucional

El derecho de participación institucional que regula esta ley se ejercerá en los ámbitos de intervención propios del Ayuntamiento de Palma, sin perjuicio que otras administraciones puedan requerir su participación. La participación institucional se lleva a cabo mediante su presencia en consejos o órganos similares de participación, consulta o asesoramiento de entidades del Ayuntamiento de Palma. La participación institucional que regula este título podrá incluir también el Consejo Social de la Ciudad, los consejos territoriales de distrito, los consejos sectoriales y órganos de seguimiento y evaluación de las políticas derivadas de esta ley que reglamentariamente se determinen. Asimismo, el Ayuntamiento de Palma tendrá que establecer en la creación de futuros posibles ámbitos de gestión el grado de participación institucional de las federaciones de vecinos más representativas.

Artículo 41 quinquies. 
Fomento de la participación

Atendidas la importancia y la trascendencia de la participación institucional de las federaciones de vecinos más representativas, se reconoce el derecho que tienen estas de percibir una subvención económica en concepto de compensación por los gastos derivados de dicha participación.

Artículo 41 sexies. 
Financiación de la compensación económica

En los presupuestos del Ayuntamiento de Palma se consignará anualmente una partida presupuestaria en la sección presupuestaria del área con competencias de participación ciudadana destinada a las federaciones de vecinos más representativas, tal y como se definen en el artículo 41 bis anterior. Esta partida irá destinada a compensar económicamente el ejercicio de las funciones y cometidos que derivan de la participación institucional que desarrollan, así como al mantenimiento de las estructuras organizativas de las federaciones necesarias para el desarrollo de dicha participación institucional. Esta partida presupuestaria se establecerá sin perjuicio que las federaciones o asociaciones más representativas puedan también recibir otras subvenciones del Ayuntamiento de Palma por otros conceptos. La concesión y tramitación de esta subvención se ejecutará de acuerdo con lo que establece la normativa de subvenciones para el caso de concesión directa o en concurrencia, en los supuestos previstos en la legislación de aplicación. A partir de la aprobación de esta ley los presupuestos anuales del Ayuntamiento de Palma consignarán una partida presupuestaria suficiente. El reparto de esta partida entre las diferentes federaciones de vecinos que cumplan todos los requisitos de más representativas apuntados en este capítulo se efectuará aplicando un criterio de proporcionalidad basado en el número de asociaciones de vecinos reconocidas como entidades de utilidad pública por el Ayuntamiento de Palma en el registro de entidades que acredite cada federación de vecinos.

Artículo 41 septies. 
Justificación y control de las compensaciones económicas y obligaciones de colaboración

Las entidades beneficiarias de las compensaciones económicas que regula este capítulo se tienen que someter a las actuaciones de control de la actividad económica y financiera que corresponda a los órganos de control competentes del Ayuntamiento de Palma y de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, para lo cual tienen que prestar la colaboración necesaria y aportar toda la información que se les requiera en el ejercicio de las actuaciones mencionadas.”

Artículo 15. 

El artículo 85 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 85. 

1. Para la gestión de las políticas en materia urbanística y del patrimonio municipal del suelo en el término municipal de Palma, el Ayuntamiento de Palma podrá constituir, mediante acuerdo del Pleno, la Gerencia de Urbanismo de Palma, con naturaleza jurídica de organismo autónomo local, adscrita al área municipal competente en materia de urbanismo, de conformidad con la legislación reguladora del régimen local y con el resto de normativa que resulte aplicable.

La Gerencia de Urbanismo de Palma podrá asumir, en los términos que determinen sus estatutos, funciones de planeamiento, gestión, ejecución, intervención y disciplina urbanística, gestión del patrimonio municipal del suelo, así como las otras competencias y funciones municipales en materia urbanística que le sean atribuidas o delegadas, sin perjuicio de las funciones reservadas legalmente a los órganos municipales y al personal funcionario.

2. La Gerencia de Urbanismo de Palma dispondrá de personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, autonomía de gestión y presupuesto propio, en los términos establecidos por la legislación aplicable y por sus estatutos.

Actuará como instrumento del Ayuntamiento de Palma para el desarrollo y ejecución de las políticas públicas urbanísticas y de gestión del suelo, con el objetivo de favorecer una gestión especializada, ágil, coordinada y eficiente de la actividad urbanística municipal.

3. Los estatutos de la Gerencia determinarán su organización, régimen de funcionamiento, órganos de gobierno y dirección, competencias, régimen económico, presupuestario y de personal, así como los mecanismos de control y tutela por parte del Ayuntamiento de Palma, de conformidad con la legislación vigente.”

Artículo 16. 

Se añade un nuevo artículo 85 bis a la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, que queda redactado de la manera siguiente:

“Artículo 85 bis. 
Empresa municipal de vivienda

1. El Ayuntamiento de Palma constituirá, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, una sociedad mercantil de capital íntegramente municipal, como medio propio e instrumento de la política municipal de vivienda.

2. Corresponden a la empresa, en los términos de sus estatutos y de los encargos que reciba:

a) La promoción, la construcción, la rehabilitación y la gestión de viviendas sometidas a cualquier régimen de protección pública y de alojamientos dotacionales.

b) La gestión del parque público municipal de vivienda.

c) La condición de administración actuante, por encargo del Ayuntamiento, en las actuaciones de transformación urbanística con destino residencial, incluidos los proyectos residenciales estratégicos, con percepción de las cesiones de aprovechamiento correspondientes.

d) El ejercicio, por delegación, de los derechos de adquisición preferente que correspondan al Ayuntamiento de Palma.

e) La captación de vivienda privada para su incorporación a programas de alquiler asequible.

f) La gestión, si procede, de los servicios previstos en los artículos 97 bis y 97 ter de esta ley.

3. Los terrenos y las edificaciones del patrimonio municipal de suelo y los obtenidos por cesión se pueden aportar a Palma Habitatge preferentemente mediante la constitución de derechos de superficie, con una duración mínima de 75 años y reversión al Ayuntamiento.

4. La empresa puede constituir sociedades de economía mixta o subscribir acuerdos con inversores privados seleccionados por concurrencia competitiva, manteniendo en todo caso la participación pública mayoritaria, con renta máxima tasada y afectación permanente de las viviendas a regímenes de protección.

5. Las viviendas promovidas o gestionadas por la empresa sobre suelo público se destinan con carácter general a vivienda asequible y no se pueden alienar, sin perjuicio de la transmisión del derecho de superficie.

6. La comunidad autónoma de las Illes Balears y el Consejo Insular de Mallorca pueden participar en la financiación y en los órganos de la empresa mediante convenio, sin que sus aportaciones computen a efectos de la garantía financiera del título VIII de esta ley.

7. La entidad será presidida por el alcalde o la alcaldesa de Palma o persona en quien delegue, contará con una gerencia designada por el Ayuntamiento de Palma y el concejal o concejala competente en las materias de urbanismo y vivienda formará parte de su consejo de administración.”

Artículo 17. 

Se añade un nuevo artículo 97 bis a la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, que queda redactado de la manera siguiente:

“Artículo 97 bis. 
Oficina de Defensa de las Personas Arrendatarias

1. El Ayuntamiento de Palma prestará un servicio municipal permanente de información, asesoramiento jurídico y acompañamiento a las personas arrendatarias de vivienda habitual, así como a las que se encuentren en riesgo de pérdida de la vivienda, desahucios, ocupación, alquiler turístico y alquiler de larga estancia.

2. Este servicio se coordina con la oficina municipal de información al consumidor, con los servicios sociales municipales y con los servicios autonómicos e insulares de vivienda.

3. El servicio dispondrá de dotación presupuestaria y de personal suficientes, que se podrán financiar con cargo al régimen especial de financiación de esta ley.”

Artículo 18. 

Se modifican los artículos 99 y 100 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, que quedan con el redactado siguiente:

“Artículo 99. 
Servicios sociales comunitarios básicos y singularidad de Palma

1. Corresponde al Ayuntamiento de Palma la planificación estratégica de los servicios sociales municipales, de acuerdo con el marco competencial autonómico y estatal, y tiene competencia para la gestión directa o indirecta de los servicios sociales comunitarios básicos, de atención primaria, información, orientación y asesoramiento, apoyo a la unidad de convivencia y ayuda a domicilio, alojamiento de urgencia y prevención e inserción social.

2. Los servicios sociales comunitarios de Palma incorporarán la perspectiva de género y el modelo de ciudad de los cuidados como ejes rectores de su intervención, facilitando la autonomía personal, la corresponsabilidad y el apoyo a las redes familiares y cuidadoras. Asimismo, el Ayuntamiento de Palma garantizará desde los servicios sociales básicos la información, la atención de primera instancia, el acompañamiento psicosocial y la derivación especializada a mujeres en situación de violencia contra la mujer y a sus hijos e hijas, en coordinación con el resto de administraciones competentes, especialmente con los servicios públicos de salud y educativos.

3. Los servicios, programas, proyectos, actividades, así como las correspondientes intervenciones en materia de servicios sociales que se desarrollen dentro del ámbito municipal serán aquellos que recoja la cartera municipal de servicios sociales vigente en cada momento, garantizando en todo caso la responsabilidad, la financiación, el acceso y el control público de los servicios, así como los principios de universalidad, equidad, calidad, continuidad, transparencia y no-discriminación.

4. En el marco del sistema público de servicios sociales de las Illes Balears, se reconoce la singularidad del municipio de Palma derivada de su condición de capital de la comunidad autónoma, de principal núcleo urbano y de concentración de infraestructuras, movilidad y dinamismo demográfico, así como de la mayor incidencia y complejidad de las problemáticas sociales que se concentran en el municipio, y respecto de las cuales el Ayuntamiento de Palma asume, en el ámbito de sus competencias propias, una presión asistencial singular de alcance supramunicipal.

5. Esta singularidad será vinculante en la determinación de los criterios de distribución y transferencia de los recursos económicos por parte de la Administración de la comunidad autónoma y del Consejo Insular de Mallorca, en el ámbito de sus respectivas competencias, para garantizar al Ayuntamiento de Palma una financiación estable, suficiente y proporcional a las necesidades sociales reales y a los sobrecostes que asume.

6. Mediante acuerdo en el seno del Consejo de la Capitalidad o de los convenios de colaboración singulares plurianuales con la Administración de la comunidad autónoma y, si se tercia, con el Consejo Insular de Mallorca (lnstituto Mallorquín de Asuntos Sociales), se determinarán los indicadores sociales objetivos -tasa de vulnerabilidad urbana, atención a población flotante y volumen de demanda asistencial- que cuantifiquen esta financiación singular para la prestación de los servicios sociales comunitarios y especializados, otorgando estabilidad estructural a estos instrumentos de cooperación. Además, el municipio de Palma podrá efectuar, a través del Consejo de la Capitalidad, propuestas de mejora en la planificación y gestión de los servicios sociales comunitarios básicos.

Artículo 100. 
Gestión, cooperación y financiación de los servicios sociales

1. La gestión de los servicios sociales incluidos en el artículo anterior se podrá llevar a cabo mediante gestión pública directa o indirecta y/o mediante los instrumentos jurídicos de cooperación, colaboración o gestión conjunta entre las administraciones públicas que sean admitidos por el ordenamiento jurídico.

Cuando la prestación de estos servicios no sea asumida directamente por el Ayuntamiento de Palma, se priorizará, de acuerdo con la normativa aplicable, la acción concertada con entidades sin ánimo de lucro del tercer sector social, en los términos establecidos por la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

2. Los instrumentos de cooperación, colaboración o gestión conjunta tendrán que garantizar la coordinación entre los servicios sociales comunitarios básicos y los servicios sociales especializados, y cuando corresponda con otros servicios públicos, especialmente de salud y educación, así como la participación, coordinación y cooperación de las entidades y colectivos sociales, especialmente de las entidades sin ánimo de lucro del tercer sector social, en su ámbito de actuación.

3. Las administraciones que participen en el instrumento jurídico que se adopte podrán solicitar informe al órgano o entidad que se determine en el correspondiente instrumento jurídico, sobre las solicitudes de subvenciones y de convenios formuladas por dichas administraciones con otras entidades públicas o privadas que afecten al municipio de Palma.

4. La financiación de los servicios sociales comunitarios básicos del Ayuntamiento de Palma se incluirá en el Plan de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios Básicos de las Illes Balears, en el cual se detallarán los créditos y las líneas de actuación específicos para el municipio, con una consideración específica de la singularidad de Palma prevista en el artículo 99 anterior y en consonancia con los acuerdos en el seno del Consejo de la Capitalidad.

Esta financiación se articulará mediante los correspondientes convenios e instrumentos de cooperación entre las administraciones competentes -Gobierno de las Illes Balears, Consejo de Mallorca y Ayuntamiento de Palma- según corresponda a la naturaleza de los servicios comunitarios o de los programas cofinanciados, y concretará, entre otros, las proporciones de unidades de trabajo social, los programas y las líneas de financiación necesarios para garantizar la suficiencia, estabilidad y continuidad de los servicios.

5. Los instrumentos de financiación y cooperación tendrán carácter plurianual y tendrán que establecer criterios objetivos que permitan adecuar los recursos a la evolución de las necesidades sociales del municipio y a los servicios de alcance supramunicipal que presta el Ayuntamiento de Palma.

6. El Ayuntamiento de Palma tendrá representación con voz y voto en la Conferencia Sectorial sobre Servicios Sociales prevista en el artículo 47 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears.”

Artículo 19. 

Se añade una nueva letra e) al artículo 118 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, que quedará redactada de la manera siguiente:

“e) Colaborar, en el marco de sus competencias y de acuerdo con la normativa vigente, con las administraciones competentes en materia turística, especialmente en las actuaciones de prevención, detención y control de posibles actividades turísticas irregulares o ilegales desarrolladas dentro del término municipal de Palma.

Esta colaboración podrá incluir actuaciones de apoyo, comprobación, intercambio de información y coordinación con los servicios municipales y con otras administraciones competentes, así como aquellas otras actuaciones que se consideren oportunas para contribuir al cumplimiento de la normativa turística, respetando en todo caso las competencias de cada administración.”

Artículo 20. 

Se añade un nuevo capítulo, el XXI, al título VII de la Ley 23/2006, de 20 diciembre, de capitalidad de Palma, que queda con el redactado siguiente:

“Capítulo XXI. 
FamiliaArtículo 139 bis. 

1. El Ayuntamiento de Palma impulsará políticas específicas de apoyo a las familias, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mediante:

a) Programas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal.

b) Medidas de apoyo para el acceso a la vivienda asequible y a la vivienda social.

c) Servicios municipales de orientación, mediación y atención psicológica familiar.

d) Programas de protección y apoyo a la infancia y la adolescencia.

e) Actuaciones específicas de apoyo a las familias numerosas, monoparentales y a las familias con personas dependientes o con discapacidad.

f) Coordinación con las administraciones competentes en materia educativa, sanitaria y social para garantizar una atención integral a las familias.

2. El Ayuntamiento de la ciudad ejerce, por delegación o en régimen de cooperación con la comunidad autónoma de las Illes Balears, la gestión de todos los equipamientos públicos destinados a las familias situados dentro de su término municipal y que pertenecen a ambas instituciones. También se pueden incluir en esta gestión los equipamientos y servicios públicos de otras administraciones públicas que quieran efectuar esta delegación o cooperación.

3. El Ayuntamiento de Palma participa en los órganos competentes para la planificación de la política de la familia y será informado de las solicitudes relativas a la concesión de subvenciones a entidades de promoción y apoyo a la familia que actúan en el municipio.”

Artículo 21. 

El artículo 143 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, queda modificado de la manera siguiente:

“Artículo 143. 

1. El sistema de planificación del Ayuntamiento de Palma comprende:

a) El plan de actuación municipal.

b) El plan presupuestario a medio plazo.

c) El plan de inversiones.

d) El presupuesto general.

e) El plan de tesorería.

2. El plan de actuación municipal, propuesto por el equipo de gobierno, con una vigencia igual a la del mandato, será aprobado por la Junta de Gobierno Local, y comprende los objetivos y las políticas que se prevén llevar a cabo en las diferentes actividades y los diferentes servicios que presten el Ayuntamiento de Palma, sus organismos autónomos y sus sociedades municipales.

3. El plan presupuestario a medio plazo, propuesto por el equipo de gobierno, lo aprobará la Junta de Gobierno Local, dando cuenta al pleno del Ayuntamiento, y establecerá los objetivos y las políticas económicas y financieras que se tienen que llevar a cabo en los próximos cuatro años, e integrará las diversas adaptaciones previstas en el plan de actuación municipal y hacer una previsión de la financiación. Este plan se revisará anualmente.

4. El plan de inversiones, propuesto por el equipo de gobierno municipal, lo aprobará el pleno del Ayuntamiento junto con los presupuestos generales, y detallará los proyectos de inversión que se prevén llevar a cabo en los próximos cuatro años. Este plan se revisará anualmente.

5. Los presupuestos generales, la aprobación de los cuales corresponde al pleno del Ayuntamiento, comprenden las obligaciones y los gastos que, como máximo, puedan reconocer el Ayuntamiento de Palma y sus organismos autónomos, y los derechos e ingresos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio presupuestario, así como las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles, el capital social de las cuales pertenece íntegramente al Ayuntamiento. Al presupuesto se le aplicará la normativa reguladora de las haciendas locales.

6. El plan de tesorería prevé, mensualmente, para el ejercicio presupuestario correspondiente, los cobros y pagos del Ayuntamiento de Palma y, como consecuencia, los excedentes y déficits transitorios de Tesorería, con el propósito de administrar los fondos de forma que permitan satisfacer puntualmente las obligaciones de pago. El plan se revisará mensualmente. Aprobarlo corresponde al alcalde o a la alcaldesa.”

Artículo 22. 

Se añade una nueva disposición transitoria a la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, con la redacción siguiente:

“Disposición Transitoria Tercera. 

A iniciativa del Ayuntamiento de Palma o de los ayuntamientos de Calvià, Marratxí o Llucmajor, por acuerdo del pleno municipal, y con audiencia previa al resto de ayuntamientos, así como al Consejo Insular de Mallorca, el Gobierno de las Illes Balears tendrá que tramitar, en un plazo de dos años, el proyecto de ley de creación del Área Metropolitana de Palma, que especifique su naturaleza, demarcación, organización, atribuciones y configuración de su hacienda, de conformidad con la normativa básica estatal y autonómica en materia de régimen local.”

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición Adicional Primera. 

Aplicación de la normativa autonómica vigente o que pueda aprobarse en materia de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Illes Balears a infraestructuras y equipamientos privados en el municipio de Palma

Se adiciona una disposición adicional, la sexta, a la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, que queda redactada de la siguiente manera:

“Disposición Adicional Sexta. 

En el caso del municipio de Palma, por razón de la capitalidad de su ciudad, la normativa autonómica vigente o que pueda aprobarse en materia de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Illes Balears será aplicable a infraestructuras o equipamientos de titularidad privada cuando, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se acuerde su relevancia e interés para el municipio de Palma dentro de su régimen jurídico especial de capitalidad.”

Disposición Adicional Segunda. 

Representación del municipio de Palma a través de su organización municipal, en aquellas comisiones u organismos análogos que constituyan el Gobierno de las Illes Balears o el Consejo Insular de Mallorca y que afecten a los intereses legítimos del municipio

Se adiciona una disposición adicional, la séptima, a la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, que queda redactada de la siguiente manera:

“Disposición Adicional Séptima. 

Por razón de su estatuto especial como capital de la comunidad autónoma de las Illes Balears y sede de las instituciones autonómicas e insulares, el municipio de Palma se tendrá que ver representado, a través de su organización municipal, en aquellas comisiones u organismos análogos que constituyan el Gobierno de las Illes Balears o el Consejo Insular de Mallorca y que afecten a los intereses legítimos del municipio.”

Disposición Adicional Tercera. 
Cooperación, colaboración y coordinación en materia de intercambio de datos entre la comunidad autónoma de las Illes Balears, el Consejo Insular de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma

Se adiciona una nueva disposición adicional, la octava, a la Ley 23/2006, de capitalidad de Palma, que queda redactada de la manera siguiente:

“Disposición Adicional Octava. 

Para el mejor diseño y adopción de políticas públicas, la comunidad autónoma de las Illes Balears, el Consejo Insular de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma establecerán los mecanismos de cooperación, colaboración y coordinación legalmente previstos en materia de intercambios de datos e información con este propósito.”

Disposición Adicional Cuarta. 

Se adiciona una nueva disposición adicional, la novena, a la Ley 23/2006, de capitalidad de Palma, con la redacción siguiente:

“Disposición Adicional Novena. 
Lectura fácil

La lectura fácil es un método de accesibilidad cognitiva que consiste en la aplicación de un conjunto de pautas de redacción, diseño y validación para hacer comprensibles los textos a personas con dificultades de comprensión lectora, tal como se define en la Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.

En relación con la potestad normativa del Ayuntamiento de Palma y con la accesibilidad cognitiva, las páginas web, trípticos, folletines o cualquier otro soporte publicitario, de cualquier departamento, organismo autónomo y/o empresa municipal tendrá que ser susceptible de ser realizado en lectura fácil; por ello el Ayuntamiento de Palma, a través del servicio Palma Accesible, realizará el traspaso de los textos formales en un texto de lectura fácil, así como de las webs a este acceso de más fácil comprensión para toda la ciudadanía.”

Disposición Adicional Quinta. 
Supresión del Consejo Jurídico del Ayuntamiento de Palma

A la entrada en vigor de esta ley queda suprimido el Consejo Jurídico del Ayuntamiento de Palma previsto en el artículo 153 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, en su redacción anterior.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Disposición Transitoria Primera. 

Aquello que establecen los apartados 1 a 4 del artículo 30 del Decreto 39/2006 que se modifica mediante la disposición final segunda de esta ley es de aplicación a los nombramientos de director de zona básica de salud anteriores a la entrada en vigor de esta ley.

Disposición Transitoria Segunda. 

Plazo para la determinación del número de asociaciones de vecinos con la declaración de utilidad pública correspondientes a las federaciones de vecinos y consignación presupuestaria inicial de acuerdo con el artículo 41 sexies

Dentro del plazo de tres meses desde la aprobación de esta ley las federaciones de vecinos tendrán que presentar al Ayuntamiento de Palma la documentación que acredite la pertenencia de las diferentes asociaciones de vecinos que cuentan con el reconocimiento de utilidad pública.

El Pleno del Ayuntamiento podrá determinar un nuevo plazo en el caso de la creación de nuevas federaciones de vecinos.

De conformidad con el artículo 41 sexies de esta ley, el Ayuntamiento de Palma consignará en el primer presupuesto municipal a aprobarse a partir de la entrada en vigor de esta disposición una partida con una consignación inicial de 120.000 euros.

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición Final Primera. 
Tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento de Palma sobre terrenos afectados por el planeamiento municipal

Se añade una nueva disposición adicional a la ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, con el siguiente contenido:

“Disposición Adicional Vigésimo Segunda. 
Tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento de Palma sobre terrenos afectados por el planeamiento municipal

1. El Ayuntamiento de Palma podrá ejercer el derecho de tanteo y retracto, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 107, siguientes y concordantes de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, sobre los terrenos calificados como sistemas generales, red viaria o dotaciones locales de espacios libres o equipamientos en el Plan General de Palma aprobado definitivamente en fecha 28 de abril de 2023, o en el Plan General de Ordenación Urbana de fecha 23 de diciembre de 1998 y texto refundido de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente en fecha 4 de septiembre de 2006, siempre que hayan mantenido la calificación bien como sistema general o como dotación local en el Plan de 28 de abril de 2023. El mismo derecho podrá ejercer respecto de los mismos terrenos y mientras mantengan la misma calificación de los previstos en los futuros planos generales y de ordenación detallada.

2. A los efectos de esta disposición en cuanto al procedimiento de tanteo y retracto de los artículos 107, siguientes y concordantes de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears, la referencia a áreas delimitadas se entenderá hecha a los terrenos calificados de acuerdo con el apartado anterior.

3. Con el objetivo de cumplir con la función social del suelo y la obligación de los poderes públicos de impedir la especulación, esta disposición será de aplicación a las transmisiones onerosas formalizadas los doce meses anteriores a su entrada en vigor. En este caso la persona adquirente tendrá que notificar a la administración actuante la transmisión efectuada, mediante entrega de una copia de escritura o del documento en que se haya formalizado, a los efectos de que pueda ejercer el derecho de retracto en el plazo de 60 días naturales a contar desde el día siguiente a la notificación. En caso de que no se produzca la notificación, el plazo anterior se contará a partir del momento en que la administración municipal tenga conocimiento de la transmisión; y si hubiera tenido conocimiento de la misma con anterioridad a la entrada en vigor de esta disposición, el plazo se contará a partir del día siguiente a dicha entrada en vigor.”

Disposición Final Segunda. 

Modificación del artículo 30 del Decreto 39/2006, de 21 de abril, por el cual se aprueban los estatutos del ente público Servicio de Salud de las Illes Balears, con la siguiente redacción:

“Artículo 30. 
Equipo de Atención Primaria (EAP)

1. El Equipo de Atención Primaria es el conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios con responsabilidades en la prestación de atención sanitaria primaria integral, continuada y de urgencia, así como de medidas de promoción de salud, prevención de las enfermedades y educación sanitaria de la población de la zona básica de salud, que tiene como centro de referencia y coordinación dentro de esta el centro de salud correspondiente.

2. El director o directora de zona es la máxima autoridad de la zona básica de salud y es la persona que asume la dirección del EAP, responsable de la prestación sanitaria, de acuerdo con los planes, programas y directrices adoptadas, como también la encargada de la gestión de los recursos humanos y materiales de la zona básica de salud.

La designación se realizará de acuerdo con el sistema de libre designación entre los profesionales sanitarios del subgrupo A1 y A2 integrantes del Equipo de Atención Primaria, previa valoración del proyecto de gestión que cada candidato presente en relación a las actividades de la zona básica de salud.

En caso de que no se presenten candidatos o candidatas que cumplan los requisitos, se abrirá una convocatoria pública y transparente a todo el ámbito del área de salud, para garantizar la selección del profesional más capacitado.

El director de zona continuará desarrollando las funciones como miembro del Equipo de Atención Primaria, excepto que su gerente declare que tiene que realizar las funciones de director de zona con carácter de exclusividad.

3. Para el desarrollo operativo del proyecto de gestión y de todos los programas y actividades que se llevan a cabo en la zona básica de salud, el o la directora de zona contará con cargos intermedios de coordinación técnica para cada ámbito profesional, integrados en el equipo de gestión del centro para asegurar la ejecución óptima del proyecto asistencial, el liderazgo técnico y la autonomía de cada disciplina profesional.

a) Coordinación de Medicina: Liderará la organización de las actividades del ámbito médico. Esta figura será preceptiva cuando la persona que ocupe la dirección de zona no pertenezca a esta disciplina.

b) Coordinación de Enfermería: Liderará la organización de las actividades del ámbito de enfermería. Esta figura será preceptiva cuando la persona que ocupe la dirección de zona no pertenezca a esta disciplina.

c) Coordinación de Admisión y Atención a la Ciudadanía: Se encargará de la organización del personal administrativo y de los procesos de apoyo.

4. El Equipo de Atención Primaria coordinará las actuaciones en materia de promoción y defensa de la salud pública, así como del control y de la inspección sanitaria con los servicios dependientes de la consejería competente en materia de sanidad, y colaborará con estos cumpliendo las órdenes, instrucciones y directrices que la consejería establezca al respecto.

5. El Servicio de Salud de las Illes Balears dictará las disposiciones necesarias para modificar las plantillas orgánicas y adecuarlas a los requisitos que establece el apartado segundo de esta disposición, como también para adaptar las retribuciones complementarias a la naturaleza del cargo.

6. Los apartados 1 a 5 de esta disposición tienen rango reglamentario.”

Disposición Final Tercera. 
Modificaciones de la Ley 4/2026, de 11 de junio, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Illes Balears y otras medidas de simplificación y racionalización administrativas

1. La condición 3.ª del apartado b) del artículo 16 queda modificada de la manera siguiente:

“3.ª Creación de al menos cinco puestos de trabajo, en cómputo anual y equivalentes en jornada completa, en fase de explotación, con ocupación de calidad y de carácter estable, en los casos de los proyectos de atención a la dependencia o de carácter social o asistencial previstos en la letra d) y de los proyectos relativos a los usos agrarios previstos en la letra f), ambas del artículo 15.1.”

2. Se añade una nueva disposición adicional, la disposición adicional décima, a la Ley 4/2026, de 11 de junio, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Illes Balears y otras medidas de simplificación y racionalización administrativas, con la redacción siguiente:

“Disposición Adicional Décima. 
Régimen especial para la construcción, reforma o ampliación de equipamientos socioasistenciales promovidos por entidades del tercer sector social

1. Se pueden declarar PEIE autonómico las inversiones que supongan la construcción de centros de carácter socioasistencial de titularidad privada, promovidos por entidades sin ánimo de lucro del tercer sector social en suelo rústico común, siempre que la consejería competente en materia de asuntos sociales motive su relevancia especial para el desarrollo social de las Illes Balears, el carácter suprainsular del servicio, la necesidad terapéutica o asistencial del emplazamiento en el medio rural y las razones de interés público que aconsejan la declaración para atender la demanda creciente de servicios en este ámbito.

Asimismo, se pueden declarar PEIE autonómico las inversiones que supongan la construcción de centros de carácter socioasistencial de titularidad privada o la reforma o ampliación de los existentes legalmente implantados, promovidos por entidades sin ánimo de lucro del tercer sector social en suelo urbano o urbanizable, siempre que la consejería competente en materia de asuntos sociales motive su relevancia especial para el desarrollo social de las Illes Balears, el carácter suprainsular del servicio y las razones de interés público que aconsejan la declaración para atender la demanda creciente de servicios en este ámbito.

2. La entidad promotora tiene que estar inscrita en el Censo público de organizaciones del tercer sector social de las Illes Balears con una antigüedad mínima de 5 años, tiene que tener formalizados conciertos con el Gobierno de las Illes Balears o los consejos insulares o haber prestado servicios con alguna administración pública de las Illes Balears bajo otras formas jurídicas durante los 3 últimos años, y se tiene que comprometer a destinar el centro a la finalidad para la cual ha solicitado la declaración de PEIE durante un periodo mínimo de 30 años.

3. La solicitud de declaración de PEIE se efectuará por vía de la consejería competente en materia de asuntos sociales y se aportará el proyecto, que puede incluir la dotación de servicios necesaria para el funcionamiento de la actividad, y, si procede, la documentación prevista en el artículo 39 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears.

Se solicitará al ayuntamiento del término municipal donde se prevea ubicar el centro un informe vinculante exclusivamente respecto de las circunstancias de interés local que se puedan ver afectadas por la actuación, en particular, la afección a servicios y dotaciones municipales concurrentes, la movilidad y los accesos, así como cualesquiera otras circunstancias de interés local ajenas a la conformidad de la actuación con el planeamiento urbanístico vigente. Este informe se emitirá en un plazo de 10 días hábiles. Si una vez transcurrido no se ha emitido, se entenderá que es favorable en la declaración de la inversión como PEIE.

La propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno irá a cargo de la consejería competente en materia de asuntos sociales, que lo comunicará previamente a la consejería competente en materia de proyectos estratégicos de inversión.

4. El acuerdo del Consejo de Gobierno de declaración de PEIE identificará los datos a que hace referencia el apartado segundo del artículo 32 de esta ley, si bien determinará el uso socioasistencial que tiene que darse al equipamiento y señalará el sistema general de equipamiento al suelo al que se adscribe o, en su caso, informará de la calificación urbanística de los terrenos donde se sitúa el equipamiento. La declaración eximirá la entidad promotora de la obligación de constituir aval a todos los efectos.

5. La declaración comporta los efectos previstos en el apartado tercero del artículo 32 de esta ley, con la excepción de que los terrenos donde se acuerde la ubicación del equipamiento se tienen que calificar automáticamente como sistema general de equipamiento de uso socioasistencial en suelo rústico, urbano o urbanizable. En suelo rústico no se tendrá que obtener la declaración de interés general.

6. En caso de transmisión inter vivos, tanto onerosa como gratuita, de las edificaciones objeto de la declaración, el Gobierno de las Illes Balears dispondrá de un derecho de tanteo y retracto, con las mismas condiciones de la propuesta de transmisión o la transmisión efectuada.

El derecho de tanteo se podrá ejercer en el plazo de dos meses contador desde la notificación fehaciente de la propuesta de transmisión al Gobierno de las Illes Balears. El derecho de retracto se podrá ejercer en el plazo de dos meses contador desde que el Gobierno tenga conocimiento fehaciente de la transmisión efectuada y de sus condiciones.”

Disposición Final Cuarta. 

Se añade un nuevo artículo a la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del patrimonio histórico de las Illes Balears, con el redactado siguiente:

“Artículo 92 bis. 

El Consejo de Mallorca podrá delegar en el Ayuntamiento de Palma el ejercicio de las competencias de autorización e informe que le atribuya la legislación de patrimonio histórico respecto de obras, usos e intervenciones que afecten bienes catalogados situados en el término municipal de Palma, en los términos establecidos en el artículo 66 bis de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma.”

Disposición Final Quinta. 
Entrada en vigor

La presente norma entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que corresponda la hagan guardar.

Palma, 13 de noviembre de 2026

La presidenta

Margarita Prohens Rigo