sep
2026

¿Debe atenderse el recurso de reposición interpuesto en contestación a la notificación de un decreto de incoación en el que se incluyó por error el pie de recurso?


Planteamiento

En un expediente incoado a varios vecinos copropietarios de un solar exigiendo que procedan a eliminar la vegetación existente en cumplimiento de lo dispuesto en una ordenanza municipal, en la notificación del decreto de incoación concediendo trámite de audiencia, por error, figura un pie de recurso erróneo concediendo la posibilidad de interponer recurso de reposición, cuando se trata de un acto de trámite contra el que no cabe.

¿Consideran procedente practicar nueva notificación realizando la corrección correspondiente o analizar el contenido del escrito presentado considerando su carácter de alegación y no de recurso?

El interesado ha presentado un escrito muy extenso en el que aborda hasta quince cuestiones que, a nuestro juicio, exceden sobremanera el contenido de los aspectos sobre los que corresponde pronunciarse.

¿Existe fundamentación jurídica para no entrar a analizar aquellas cuestiones que no se consideren relevantes para los derechos del interesado, como las que aluden a cuestiones organizativas municipales de tramitación, actuaciones seguidas para determinar el carácter o condición de interesados de los otros terceros notificados, etc.?

Respuesta

El art. 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, establece que:

  • “1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
  • La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.”

Partiendo de que el decreto de incoación al que se refiere la consulta se limita a iniciar el procedimiento y conceder trámite de audiencia a los interesados, sin concurrir ninguna de las circunstancias del art. 112.1 LPACAP, nos encontramos ante un acto de trámite no susceptible de recurso administrativo. No obstante, en la notificación se ofreció por error la posibilidad de interponer recurso de reposición, posibilidad de la que ha hecho uso el interesado.

A tal efecto, la sentencia del TS de 18 de mayo de 2012, analiza un supuesto en el cual se ofreció un recurso improcedente, al amparo del cual el tercero ejerció sus derechos:

  • “(…) No menos consolidada es la jurisprudencia que ha recordado que la interposición de recursos improcedentes en vía administrativa no interrumpe el transcurso de los plazos para la interposición del recurso contencioso-administrativo. Ahora bien, esta aseveración ha sido matizada en relación con los casos en que la equivocada interposición de un recurso administrativo improcedente se ha debido a una errónea indicación u ofrecimiento de recursos por la propia Administración con ocasión de la notificación o publicación del Acuerdo impugnado. En tales casos, la jurisprudencia puntualiza que la confusión o error en el ofrecimiento de recursos, imputable a la Administración, no puede perjudicar al recurrente (…).
  • Así ocurrió en este caso, como con razón pone de manifiesto la Sala de instancia y de hecho la misma parte recurrente no puede dejar de reconocer. La Administración autonómica, al notificar a la actora en la instancia el Acuerdo de aprobación del plan parcial controvertido, le indicó expresamente que contra el mismo cabía recurso de alzada (esta misma indicación errónea de recursos también se contenía en la publicación del plan parcial en el Diario Oficial de Castilla y León num. 229 de 25 de noviembre de 2003), de manera que GADISA no hizo más que atenerse a lo explícitamente indicado por la Administración al interponer ese recurso de alzada, que fue finalmente resuelto por la propia Administración sin reparo alguno sobre su procedencia y viabilidad.
  • La parte recurrente en casación reconoce estos datos, pero aun así considera que debe prescindirse de ellos porque, a su juicio, las normas sobre los recursos procedentes no pueden ser obviadas para beneficiar a la una parte procesal si con ello se ocasiona un perjuicio a la parte enfrentada; pero este razonamiento no puede compartirse, dado el superior valor que tiene el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, del que es manifestación el derecho de acceso a la jurisdicción, y del que los ciudadanos no pueden verse privados cuando los eventuales errores en la interposición de sus recursos no les son imputables.”

También, para la sentencia del TS de 18 de julio de 2006, los errores de la Administración al indicar un recurso improcedente no pueden perjudicar al interesado que haya seguido la vía impugnatoria que equivocadamente se le señaló.

Por lo tanto, la Administración no puede beneficiarse de sus errores y negar la posibilidad al tercero de ejercer sus derechos, lo que conllevaría que, toda vez que la Administración ha ofrecido la posibilidad de interponer un recurso de reposición, aunque de forma errónea, por el mero hecho de haber otorgado dicha posibilidad, debe someterse a ello y pronunciarse sobre dicho recurso de reposición.

En cuanto al contenido del escrito, la resolución debe decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento (art. 88.1 LPACAP), lo que obliga a dar respuesta a las cuestiones que puedan incidir en la obligación que se exige al interesado, pero no a contestar de forma individualizada cualquier consideración que sea ajena a su objeto. Por ello, habría que analizar las alegaciones que afecten a la condición de obligado a la orden de ejecución, los hechos que conllevan el deber de eliminar la vegetación, la aplicación de la ordenanza municipal o los defectos procedimentales que puedan producir indefensión, pero no resultando necesario entrar en cuestiones que sean meramente organizativas municipales o relativas a las actuaciones seguidas respecto de otros copropietarios, siempre que éstas carezcan de incidencia sobre los derechos o intereses legítimos del alegante. Entendemos que bastaría con agrupar estas últimas cuestiones y motivar de forma somera que no guardan relación con el objeto del procedimiento ni afectan a la posición del interesado en éste, razón por la cual no procede efectuar un pronunciamiento específico sobre ellas.

Conclusiones

1ª. El decreto de incoación que inicia el procedimiento en el presente caso, y concede trámite de audiencia, constituye un acto de trámite no susceptible de recurso administrativo, aunque si la Administración ha ofrecido por error la posibilidad de interponer recurso de reposición y el interesado ha hecho uso de ella, tal error no puede perjudicarle, y la Administración debe pronunciarse sobre el recurso interpuesto.

2ª. La resolución debe dar respuesta a las cuestiones que puedan incidir en la obligación exigida al interesado, pero no resulta necesario entrar en cuestiones meramente organizativas municipales o relativas a las actuaciones seguidas respecto de otros copropietarios cuando carecen de incidencia sobre sus derechos o intereses legítimos, bastando con motivar de forma somera que no guardan relación estas últimas con el objeto del procedimiento.