En las bases específicas de un proceso selectivo de TAG, en la fase de concurso de méritos, uno de los parámetros a puntuar es el siguiente:
Un aspirante solicita que se le valore el tiempo de servicios prestados como abogado, que ejerce como autónomo. Si bien el tribunal considera que sería aceptable como mérito por lo que respecta a funciones, se decide no valorarlo por considerar no justificado el tiempo de servicios prestados. Al efecto el aspirante presenta un certificado del colegio de abogados como abogado ejerciente, pero entiende el tribunal que "per se" dicho documento no acredita servicios en materia contencioso-administrativa durante el período que el documento recoge. Tampoco lo haría la vida laboral o el RETA, que no aportó, pues se refieren a fechas de altas y bajas que no demuestran servicio efectivo. El tribunal no valoró el mérito ni efectuó requerimiento alguno, pues entendió que no cabía duda que dicho mérito, al no poderse “temporalizar” en el sentido que recogen las bases, no se podía tener en cuenta.
El aspirante presenta recurso de alzada contra la decisión del tribunal de selección en el que solicita que se le reconozcan dichos servicios prestados como abogado con el que adjunta diversas sentencias del ámbito contencioso-administrativo para justificar los servicios. Manifiesta, además, que el tribunal debió efectuar requerimiento para subsanar el mérito. El tribunal sigue considerando que, aún con las sentencias presentadas junto con el recurso, es imposible cuantificar el tiempo de dichos servicios prestados de acuerdo con las bases, además de entender que no era necesario efectuar requerimiento alguno, pues de acuerdo con la documentación que presentó con la instancia resultaba claro que, de acuerdo con las bases, el mérito alegado no se podía valorar.
Nos gustaría saber si consideran que el parecer del tribunal ha sido el correcto o si era posible computar tiempo de servicios prestados como abogado que ejerce de forma autónoma de acuerdo con el redactado de las bases y de qué manera.
Primeramente, debemos hacer referencia al principio de vinculación de las bases de la convocatoria. Así, el art 55.2 del RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP -, al establecer los principios rectores de acceso al empleo público reconoce que:
Debiendo indicar que las bases reguladoras de un proceso selectivo son la norma del mismo, como hemos indicado en multitud de consultas, entre otras, “Análisis de las bases para la selección temporal, en régimen laboral, de un capataz de jardinero: titulación exigida, méritos y entrevista”, por tanto, vinculan a todas las partes que quedan sujetas a ellas. Es decir, vinculan a la Administración, a los tribunales y a quienes participen en las mismas.
En este sentido, el carácter vinculante de las bases de la convocatoria ha sido reconocido en reiteradas ocasiones por la jurisprudencia, entre otras, en sentencia del TS de 22 de marzo de 2022:
Debemos partir de que las bases a que se refieren la presente consulta no valoran el ejercicio de una determinada profesión, sino la “capacidad y experiencia demostrada de la actividad profesional en el sector público o en el sector privado que tenga relación con las funciones básicas definidas en su punto 1”, estableciendo para los trabajos realizados en el resto del sector público o en el sector privado una puntuación de 0,375 puntos por año trabajado, con valoración proporcional de las fracciones de año. Si bien ejercicio de la abogacía por cuenta propia no se encuentra excluido, en principio, del concepto de actividad profesional en el sector privado, su valoración exige que las funciones efectivamente desarrolladas guarden la relación con las propias de la plaza a que se refieren las bases.
Ahora bien, según nos indican, el tribunal de selección ha considerado admisible el mérito alegado en cuanto a las funciones desarrolladas en su relación con la plaza, rechazando su valoración por no poder determinar el tiempo durante el cual se prestaron efectivamente los servicios. El certificado del Colegio de Abogados acredita la condición y período como abogado ejerciente, pero no que durante todo ese tiempo se desarrollaran servicios relacionados con las funciones valorables. Lo mismo cabe señalar respecto del alta en RETA o la vida laboral. Por su parte, las sentencias aportadas con el recurso acreditan intervenciones en procesos contencioso-administrativos, pero no permiten “convertirlas” en años o fracciones de año trabajado, ni puede el tribunal establecer una equivalencia temporal no prevista en las bases. Por ello, no cabe atribuir 0,375 puntos por cada año de colegiación como abogado ejerciente.
En cuanto a la posibilidad de subsanación en los procesos selectivos, la sentencia del TS de 14 de septiembre de 2004 indica, respecto a los criterios de racionalidad y proporcionalidad:
La sentencia del TS de 10 de julio de 2012, por su parte, expresa que:
Igualmente, la sentencia del TS de 10 de julio de 2018, afirma también que:
Teniendo en cuenta esta doctrina, el tribunal debió permitir la subsanación, pues el aspirante había alegado en plazo su experiencia como abogado y había aportado el certificado colegial. No se trataría de añadir méritos nuevos, sino de completar su justificación, máxime cuando las bases establecen la valoración por años y fracciones de año pero, según los datos facilitados, no precisan cómo debe acreditar un trabajador autónomo la efectiva prestación y duración de sus servicios.
No obstante, esa subsanación no supone reconocer como mérito todo el período de colegiación. El aspirante deberá aportar documentación que permita determinar objetivamente los períodos de efectiva prestación de servicios relacionados con las funciones valorables (como contratos de prestación de servicios, certificaciones, facturas u otros documentos suficientemente acreditativos, junto con la documentación relativa al ejercicio de la actividad). Si aun así no fuera posible delimitar temporalmente esos servicios, no procedería otorgarles puntuación.
Por lo tanto, al haberse alegado el mérito en plazo y haber presentado una acreditación, aunque insuficiente, debió permitirse al interesado completar su justificación, por lo que debe estimarse parcialmente el recurso de alzada a estos efectos, permitiendo acreditar los períodos de efectiva actividad profesional y valorándolos posteriormente, siempre que resulten suficientemente justificados, conforme a los 0,375 puntos por año o parte proporcional previstos en las bases.
1ª Cualquier proceso selectivo que implique el acceso a la función pública debe ampararse en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, quedando el órgano técnico de selección vinculado por las bases de la convocatoria, que, según reiterada jurisprudencia, son la “ley” del procedimiento.
2ª. Igualmente, la jurisprudencia tiende a aceptar la subsanación por encima de la rigidez de la norma cuando sea posible, a pesar del carácter vinculante que poseen las bases para la regulación del procedimiento.
3ª. Por ello, al haberse alegado en plazo la experiencia profesional como abogado y aportado acreditación, aunque insuficiente, debió permitirse al aspirante completar su justificación, por lo que procedería estimar parcialmente el recurso de alzada. Pero solo podrán valorarse, a razón de 0,375 puntos por año o fracción proporcional, los períodos de efectiva actividad profesional relacionada con las funciones de la plaza que resulten suficientemente acreditados, sin que pueda computarse todo el período de colegiación como abogado ejerciente sin que quede acreditada esa efectiva prestación de servicios según lo expuesto.