sep
2026

¿Puede un concejal instar la declaración de lesividad de un acto adoptado en el seno del ayuntamiento? ¿Qué órgano debe responder?


Planteamiento

El portavoz de un grupo político ha solicitado la anulación de las resoluciones de un expediente. Se ha comprobado que por plazo solo sería revisable una del 2024, siendo la declaración de lesividad una potestad discrecional que resuelve el pleno.

Al analizar la legitimidad de esta petición, se considera que, por su condición estatutaria, se le atribuye responsabilidad por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo (art. 78 LRBRL), y en la medida que su acción está dirigida a la consecución de un funcionamiento ajustado a derecho de la corporación local “como modo de lograr la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”, en el art. 140 de la Constitución gozaría de legitimidad su petición dirigida a la alcaldía, por cuanto forma parte del pleno, siendo atribución del alcalde su convocatoria (art. 21.1.d) LRBRL) y la fijación del orden del día.

¿Es correcta esta interpretación? ¿Cuál sería el órgano competente para responder?

Respuesta

Desde la perspectiva de la legitimación activa de los miembros corporativos para impugnar acuerdos que se adopten en el seno de la entidad local, debemos tener en cuenta que el art. 63.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley Reguladora de Bases de Régimen Local -LRBRL-, desarrollado en el art. 209.2 del RD 2568/1986 , de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF-, que establece que podrán impugnar los actos y acuerdos que incurran en infracción del ordenamiento jurídico los miembros de las corporaciones locales que hubiesen votado en contra de los mismos.

En relación a dicha previsión, la sentencia del TC de 18 de octubre de 2004 , interpretó el alcance de la legitimación corporativa contemplada en el art. 63.1.b) LRBRL declarando que, junto a la legitimación contemplada en el art. 19.1 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa -LJCA-:

  • “… existe una legitimación ex lege, que concierne concretamente, por razón del mandato representativo recibido de sus electores, a los miembros electivos de las correspondientes corporaciones locales para poder impugnar los actos o actuaciones de éstas que contradigan el ordenamiento jurídico.

No se trata de una legitimación basada en un interés abstracto en la legalidad, sino de una legitimación directamente derivada de la condición de representante popular que ostentan, en cuanto ahora importa, los concejales de un ayuntamiento y que se traduce en un interés concreto -inclusive puede hablarse de una obligación- de controlar su correcto funcionamiento, como único medio, a su vez, de conseguir la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal que, como primera competencia, asigna a los municipios el art. 25.1 de la mencionada Ley reguladora de las bases del régimen local.”

Dicha doctrina reiterada posteriormente en las sentencias del TC de 3 de abril de 2006 y de 26 de noviembre de 2009, viene a reforzar y ampliar la legitimación de los miembros de las corporaciones locales, pudiendo impugnar también los actos y acuerdos procedentes de órganos unipersonales o de órganos colegiados de los que no son miembros.

En este sentido, recomendamos la lectura de la consulta “Legitimación de concejal para la impugnación de los acuerdos adoptados por el Pleno”.

Así, vemos que dicha legitimación se extiende, en nuestra opinión, para el ejercicio de la acción de nulidad, así como para la petición de declaración de lesividad, como es el caso que nos ocupa.

Y, a tal efecto, el art. 107.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, dispone que:

  • “Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.”

Y, en relación a dicha previsión, es cierto que la atribución para fijar el orden del día de la sesión correspondiente del pleno de la corporación es de la alcaldía, tal y como señala el art. 21.1.l) LRBRL, que nos dice que corresponde a la figura del alcalde, entre otras atribuciones, la de:

  • “La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía.”

Por otro lado, el art. 22.2.k) LRBRL señala que es atribución del pleno de la corporación la de la declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento, de forma que, si el acto cuya lesividad se pretende declarar fuera competencia del pleno, la atribución para incluir dicho punto en el orden del día sería de la alcaldía, que es quien fija el orden del día de las sesiones de la corporación, como señalan el art. 21.1.c) LRBRL y el art. 80 ROF.

De la misma forma, el art. 82.1 ROF determina expresamente que:

  • “El orden del día de las sesiones será fijado por el alcalde o presidente asistido de la secretaría. Asimismo, podrá recabar la asistencia de los miembros de la comisión de gobierno (actualmente junta de gobierno local) y, donde ésta no exista, de los tenientes de alcalde, y consultar si lo estima oportuno a los portavoces de los grupos existentes en la corporación.”

Para entender el alcance de la convocatoria y la formación del orden del día de la sesión plenaria, conviene mencionar las consideraciones realizadas en la sentencia del TSJ Castilla y León de 4 de febrero de 2013 en cuyo FJ 3º se argumenta que:

  • "Estas normas garantizan la correcta formación de la voluntad colectiva del Pleno Municipal, pues hacen posible que sus miembros conozcan con una antelación adecuada los asuntos a tratar, puedan estudiarlos y adoptar posiciones respecto de los mismos, de tal modo que, únicamente cuando deba tomarse un acuerdo sobre un asunto que sea urgente, se restringen o limitan estas garantías …"

Por lo tanto, la adecuada realización de la convocatoria, así como la correcta formación del orden del día constituye una garantía para la formación de la voluntad del órgano colegiado, que en última instancia manifiesta el respeto al derecho constitucional a la participación política establecido en el art. 23 CE.

En ese sentido, si nos encontramos ante un asunto que, por cuestiones de legalidad, debe ser sometido a consideración del pleno de la corporación, la alcaldía no puede negarse a incluir dicho asunto en el orden del día correspondiente, advirtiéndose que la secretaría del ayuntamiento debe asistir en la determinación de dicho orden del día a la alcaldía.

Ahora bien, el órgano competente para responder (resolver en sentido favorable o desfavorable a la petición) o inadmitir, en su caso, la petición de declaración de lesividad será el competente para pronunciarse sobre el fondo del asunto, esto es, el pleno de la corporación, tal y como señala el art. 107.5 LPACAP.

Conclusiones

1ª. La legitimación de los concejales para impugnar acuerdos de la corporación es una legitimación directamente derivada de la condición de representante popular que ostentan los concejales de un ayuntamiento y que se traduce en un interés concreto -inclusive puede hablarse de una obligación- de controlar su correcto funcionamiento, como único medio de conseguir la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal que es una competencia que asigna a los municipios el art. 25.1 LRBRL.

2ª. Dicha legitimación se extiende, en nuestra opinión, para el ejercicio de la acción de nulidad, así como para la petición de declaración de lesividad.

3ª. Corresponde a la figura del alcalde la iniciativa para proponer al pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la alcaldía.

4ª. Es atribución del pleno de la corporación la de la declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento, de forma que, si el acto cuya lesividad se pretende declarar fuera competencia del pleno, la atribución para incluir dicho punto en el orden del día sería de la alcaldía, que es quien fija el orden del día de las sesiones de la corporación.

5ª. La adecuada realización de la convocatoria, así como la correcta formación del orden del día constituye una garantía para la formación de la voluntad del órgano colegiado, que en última instancia manifiesta el respeto al derecho constitucional a la participación política establecido en el art. 23 CE.

6ª. Ante un asunto que, por cuestiones de legalidad, debe ser sometido a consideración del pleno de la corporación, la alcaldía no puede negarse a incluir dicho asunto en el orden del día correspondiente, advirtiéndose que la secretaría del ayuntamiento debe asistir en la determinación de dicho orden del día a la alcaldía.

7ª. El órgano competente para responder (resolver en sentido favorable o desfavorable a la petición) o inadmitir, en su caso, la petición de declaración de lesividad será el competente para pronunciarse sobre el fondo del asunto, esto es, el pleno de la corporación, tal y como señala el art. 107.5 LPACAP.