El año pasado el ayuntamiento formalizo un contrato de arrendamiento de un terrero por 20 años para destinarlo a huertos familiares. Dicho arrendamiento se formalizó con una pareja que ambos son titulares del terreno ya que se encuentran casados en régimen de gananciales y así consta en la nota registral aportada en el expediente. Ambos cónyuges firmaron el contrato de arrendamiento con el ayuntamiento.
No obstante, a día de hoy, uno de los cónyuges no quiere que aparezca su firma en dicho contrato de arrendamiento por motivos personales, habiendo solicitado ambos cónyuges que se modifique el contrato de arrendamiento y figure un único cónyuge. No obstante, el cónyuge que no quiere aparecer en el documento se manifiesta conforme con prestar autorización o consentimiento al arrendamiento.
¿Sería posible modificar un contrato de arrendamiento ya firmado para quitar la firma de uno de los cónyuges? En caso afirmativo, ¿habría que modificar todo el expediente o sería suficiente modificar el documento de formalización?
¿Qué forma debe de adoptar la autorización o consentimiento del cónyuge al arredramiento? ¿Sería suficiente con que presentara un consentimiento por registro de entrada?
Los contratos de arrendamiento son negocios patrimoniales excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, de conformidad con lo dispuesto en su art. 9.
Por ello, debemos acudir al marco normativo aplicable a este tipo de negocios jurídicos, esto es, el propio del orden civil y la normativa aplicable en materia de arrendamientos.
A tal efecto, la “modificación” planteada es, en puridad, una novación subjetiva, ya que la finalidad pretendida no es más que pasar de un negocio jurídico suscrito entre el ayuntamiento y dos personas físicas al mismo negocio patrimonial pero con dos partes, esto es, el ayuntamiento, en su condición de arrendador, y el cónyuge restante, en su calidad de arrendatario.
Así pues, lo que se pretende es que el cónyuge restante se subrogue en la condición de arrendatario con la totalidad de los derechos y obligaciones que le corresponden a la parte arrendataria, lo que responde al concepto, como hemos señalado, de “novación subjetiva” del contrato.
En ese sentido, a modo de ejemplo, la sentencia de la AP de Salamanca de fecha 13 de septiembre de 2017 nos dice en su FJ 2:
Por otro lado, desde la perspectiva de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos -LAU-, según su art. 8, el inquilino no puede ceder el contrato de arrendamiento a un tercero a menos que medie el consentimiento expreso y por escrito del propietario. Si se produce la cesión del arrendamiento con el consentimiento del propietario, el cesionario queda subrogado en la posición contractual del inquilino (cedente) frente al propietario. Ello significa que el contrato de arrendamiento no se modifica, salvo en el hecho de que el inquilino queda sustituido por otra persona, que tendrá en todo caso los mismos derechos y obligaciones que tenía el anterior.
Sabido es que la jurisprudencia ha admitido esta figura y, para ello, baste citar la sentencia del TS de 6 de noviembre de 2006, que recoge la doctrina del TS sobre la cesión de contrato. También ha establecido los requisitos o presupuestos necesarios para que la cesión de contrato sea válida y, por tanto, tenga eficacia jurídica desde el punto de vista de la cesión de créditos.
Asimismo, el art. 23 de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos -LAR-, establece que:
Como puede apreciarse, en los supuestos de arrendamientos rústicos el consentimiento no es preciso cuando la cesión del contrato se efectúa a favor del cónyuge o de uno de los descendientes del arrendatario, si bien resulta preciso que el subrogante y el subrogado notifiquen fehacientemente al arrendador la cesión o el subarriendo, en el plazo de 60 días hábiles a partir de su celebración.
Por tanto, si nos encontramos en el caso planteado ante un arrendamiento rústico, bastará con que los cónyuges celebren un contrato privado de cesión entre ellos mediante el cual uno de los dos ceda dicho contrato al otro cónyuge y, en consecuencia, al amparo del art. 23 LAR, notifiquen por registro de entrada del ayuntamiento al órgano de contratación dicha cesión, en el plazo máximo de sesenta días hábiles a partir de su celebración, consolidándose así la novación subjetiva planteada.
1ª. La “modificación” planteada es, en puridad, una novación subjetiva, ya que la finalidad pretendida no es más que pasar de un negocio jurídico suscrito entre el ayuntamiento y dos personas físicas al mismo negocio patrimonial pero con dos partes, esto es, el ayuntamiento, en su condición de arrendador, y el cónyuge restante, en su calidad de arrendatario.
2ª. Así pues, lo que se pretende es que el cónyuge restante se subrogue en la condición de arrendatario con la totalidad de los derechos y obligaciones que le corresponden a la parte arrendataria, lo que responde al concepto, como hemos señalado, de “novación subjetiva” del contrato.
3ª. Dicha pretensión es posible, independientemente de si nos encontramos ante un arrendamiento urbano o rústico.
4ª. En ese sentido, en los supuestos de arrendamientos rústicos el consentimiento no es preciso cuando la cesión del contrato se efectúa a favor del cónyuge o de uno de los descendientes del arrendatario, si bien resulta preciso que el subrogante y el subrogado notifiquen fehacientemente al arrendador la cesión o el subarriendo, en el plazo de 60 días hábiles a partir de su celebración.
Por tanto, si nos encontramos en el caso planteado ante un arrendamiento rústico, bastará con que los cónyuges celebren un contrato privado de cesión entre ellos mediante el cual uno de los dos ceda dicho contrato al otro cónyuge y, en consecuencia, al amparo del art. 23 LAR, notifiquen por registro de entrada del ayuntamiento al órgano de contratación dicha cesión, en el plazo máximo de sesenta días hábiles a partir de su celebración, consolidándose así la novación subjetiva planteada.