Planteamiento
El ayuntamiento está tramitando un expediente de contratación para la ejecución de unas obras de instalación de juegos en un parque público. Una vez publicados los pliegos del contrato, algunos vecinos de la zona han presentado recurso contra su aprobación. ¿Están legitimados los vecinos para presentar recurso contra el acuerdo de aprobación de los pliegos de contratación?
Respuesta
Tanto en el marco del recurso especial en materia de contratación regulado en el art. 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, como en el de los recursos administrativos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, se exige contar con legitimación activa por ostentar un interés legítimo cualificado en el resultado del recurso. En tal sentido, el art. 48 LCSP 2017 limita la legitimación para la interposición del recurso especial en materia de contratación a las personas físicas o jurídicas:
- “… cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.”
Como se razona en la Resolución del TACP de la Comunidad de Madrid nº 309/2025, de 22 de junio:
- “Como ya hemos indicado en anteriores resoluciones, (vid Resolución 181/2013, de 23 de octubre, o 22/2015 de 4 de febrero), y en un supuesto similar en la 179/2023, de 4 de mayo, la legitimación, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, equivale a la titularidad de una posición de ventaja o de una utilidad por parte de quien ejercita la pretensión que se materializaría, de prosperar ésta, en la obtención de un beneficio de índole material, jurídico o moral o en la evitación de un perjuicio, con tal de que la obtención del beneficio o evitación del perjuicio sea cierta y no meramente hipotética o eventual.
- Ciertamente el concepto amplio de legitimación que utiliza confiere la facultad de interponer recurso a toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso. Es interesado aquél que con la estimación de sus pretensiones pueda obtener un beneficio.
- Según afirma la STC 67/2010, de 18 de octubre: “Como ya se ha señalado, en lo que aquí interesa, la decisión de inadmisión puede producirse por la falta de legitimación activa para accionar o para interponer un recurso, esto es, por la ausencia de derecho o interés legítimo en relación con la pretensión que se pretende articular. En tal orden de ideas, este Tribunal ha precisado, con relación al orden contencioso administrativo, que el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta. O, lo que es lo mismo, el interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida (SSTC 252/2000, de 30 de octubre [RTC 2000, 252], F.3; 173/2004, de 18 octubre [RTC 2004, 173], F.3; y 73/2006, de 13 de marzo [RTC 2006, 73], F.4). En consecuencia, para que exista interés legítimo, la actuación impugnada debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso (STC 45/2004, de 23 de marzo [RTC 2004, 45], F 4)”.
- Siendo el criterio del legislador considerar el requisito de legitimación de una manera amplia, no restringido siquiera solo a los licitadores y siendo el principio orientador para su aplicación el “pro actione”, también cabe recordar que el mero interés por la legalidad no constituye motivo suficiente para reconocer legitimación para el ejercicio de acciones, salvo en aquellos ámbitos del ordenamiento para los que expresamente se haya contemplado una acción pública.
- El ámbito competencial del recurso especial en materia de contratación es coextenso con la normativa en materia de contratos del sector público velando por su correcta aplicación y a partir de la misma accede a materias objeto de otras disciplinas jurídicas en cuanto conciernan a instituciones o figuras jurídicas propias de la contratación del sector público, tales como la aptitud, habilitación o capacidad para contratar, solvencia técnica y económica o prescripciones técnicas, por ejemplo. Es decir, en cuanto sean precisas para solventar y llevar a término en forma legal un procedimiento de contratación.”
Por consiguiente, el interés legítimo para impugnar los pliegos en un procedimiento de contratación va a recaer sobre los operadores económicos que actúan en el mercado correspondiente al objeto del contrato y que ostentan la condición de licitadores reales o potenciales. Aquellos sujetos que no tienen la condición de empresas del sector ni proyectan participar en la licitación carecen de una posición jurídica lesionada por los requisitos técnicos o administrativos establecidos en las condiciones de la contratación.
Tal y como mantiene la resolución 331/2026 del TARC de la Junta de Andalucía, de 22 de mayo:
- “Un recurso especial interpuesto por vecinos no licitadores que pretenda la nulidad del contrato incurriría en falta de legitimación, al no bastar la condición de vecino ni la invocación de una ilegalidad material desconectada de la posición propia de licitador o aspirante real, conforme a la interpretación del interés legítimo mantenida en el art. 48 LCSP 2017.
- El recurso especial en materia de contratación se configura como un remedio potestativo, de naturaleza revisora y finalista, orientado a tutelar la concurrencia, la igualdad y la transparencia en la contratación pública, y no como una acción pública para depurar cualquier ilegalidad administrativa conectada indirectamente con la ejecución del contrato.”
En definitiva, la condición de vecino de la localidad donde se proyectan las obras del parque público no atribuye por sí solo legitimación activa para recurrir los pliegos. El interés que pudieran alegar los vecinos en relación con la ubicación, el tipo de juegos infantiles o el presupuesto destinado a la remodelación del espacio verde se enmarca en la categoría de interés difuso o simple celo por la legalidad. La mera aspiración de que la Administración local actúe conforme a determinado criterio o el interés abstracto por el correcto uso de los fondos públicos no equivalen al interés legítimo cualificado exigido por la norma.
Conclusiones
1ª. La mera condición de vecino no atribuye legitimación para recurrir la aprobación de los pliegos en un procedimiento de contratación, siendo necesario acreditar un interés legítimo, propio y cualificado, de tal forma que la eventual estimación del recurso produzca un beneficio o evite un perjuicio cierto y no meramente hipotético para el interesado.
2ª. La legitimación para recurrir los pliegos no se limita necesariamente a quienes hayan presentado oferta, pudiendo extenderse a potenciales licitadores u otros sujetos cuyos derechos o intereses legítimos resulten afectados por las condiciones de la contratación. No obstante, el mero interés en la legalidad de la actuación administrativa resulta insuficiente.
