Prevaricación en la contratación pública: límites entre las irregularidades administrativas y la utilización del procedimiento para dar apariencia de legalidad


TS - 17/09/2026

Se interpone por el alcalde y la secretaria municipal accidental de un ayuntamiento, así como por un arquitecto contratado por aquel, recurso de casación contra la sentencia de la AP que condenó al primero por prevaricación administrativa y falsedad documental, y a los otros dos como cooperadores necesarios de prevaricación, por actuaciones relacionadas con la contratación y construcción de un teatro-auditorio.

El recurso de casación se centra en determinar si las condenas respetaron el principio acusatorio y la presunción de inocencia, si las actuaciones constituían prevaricación y falsedad y si la previa sentencia contencioso-administrativa impedía el enjuiciamiento penal. También se cuestionan la imparcialidad del tribunal, la continuidad delictiva, la apreciación de las dilaciones indebidas como muy cualificadas y el alcance de la inhabilitación impuesta a la secretaria accidental.

El TS considera que la condena se apoya en una valoración racional y conjunta de la prueba indiciaria y distingue entre las meras irregularidades administrativas y la utilización consciente del procedimiento para crear una apariencia de legalidad. Respecto del concurso de proyectos, señala que las actuaciones previas, su secuencia temporal y las condiciones de la convocatoria permitían concluir que el procedimiento se había utilizado para dar cobertura a una contratación previamente orientada. La relevancia penal no derivaba, por tanto, de irregularidades administrativas aisladas ni exigía una ausencia absoluta de procedimiento, sino de su utilización conscientemente desviada con aquella finalidad. En cuanto al proyecto modificado, destaca que la transformación sustancial de la obra se ejecutó antes de su autorización y que su posterior aprobación pretendió conferir cobertura formal a una situación ya consumada.

Asimismo, descarta la vulneración del principio acusatorio, pues los documentos determinantes de la condena por falsedad ya estaban comprendidos en la acusación y habían podido someterse a contradicción. También rechaza que la sentencia contencioso-administrativa impidiera el enjuiciamiento penal, al no haber examinado la responsabilidad penal ni la totalidad de las actuaciones consideradas en este proceso. Desestima las objeciones relativas a la imparcialidad del tribunal y confirma tanto la continuidad delictiva atribuida a la secretaria accidental como la apreciación de las dilaciones indebidas como atenuante simple, no muy cualificada. Sin embargo, acoge la queja de esta recurrente sobre la inhabilitación especial, porque su formulación genérica le atribuía un alcance equivalente al de una inhabilitación absoluta y exigía concretar los empleos, cargos y funciones afectados.

Por ello, desestima los recursos del alcalde y el arquitecto y estima parcialmente el de la secretaria accidental, exclusivamente para limitar la inhabilitación a empleos o cargos con funciones de secretaría, fe pública, asesoramiento legal preceptivo o intervención técnico-jurídica equivalente en la Administración Pública, manteniendo lo demás.

Tribunal Supremo , 17-09-2026
, nº 537/2026, rec.5926/2023,  

Pte: Lamela Díaz, Carmen

ECLI: ES:TS:2026:3852

ANTECEDENTES DE HECHO 

El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Lorca incoó Diligencias Previas núm. 316/2015, por delitos de prevaricación y falsedad, contra D. Pelayo, D. Laureano y D.ª Elisenda, y contra D. Ángel Jesús y una vez concluso, lo remitió para su enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Murcia, cuya Sección Tercera dictó, en el Procedimiento Abreviado núm. 74/2019, sentencia el 6 de marzo de 2023, que contiene los siguientes hechos probados:

«PRIMERO. En el año 2005 y siguientes, el acusado Pelayo era alcalde de la localidad de Puerto Lumbreras. Sabedor de la existencia de subvenciones a corporaciones locales para el desarrollo de determinadas edificaciones culturales, en fecha no concretada del año 2005 pero anterior a septiembre de 2005, encargó, verbalmente y sin previo expediente alguno de contratación, al arquitecto Laureano, también acusado, la redacción de un proyecto que permitiera solicitar tal subvención. Así, el arquitecto acusado redactó el "Anteproyecto de Teatro Auditorio" a construir en la Ribera Sureste de la Rambla de Nogalte, sobre una parcela EQ-1, equipamiento público, de 10.363,00 m2, con una superficie construida de 4.500,00 m2. Este anteproyecto fue remitido junto con un escrito del alcalde a la Dirección general de Cultura en fecha 16 de junio de 2006, poniendo de manifiesto la necesidad y conveniencia de construir un teatro-auditorio, añadiendo "según conversaciones mantenidas al respecto."

Al "Anteproyecto del Teatro Auditorio" de junio de 2006, seguiría otro posterior encargo verbal y sin expediente alguno para realizar un "Proyecto Básico de Teatro Auditorio" de noviembre de 2006.

Ningún otro arquitecto pudo participar en este proceso, ninguno de esos proyectos tuvo entrada de registro en el Ayuntamiento y tampoco estaban visados por el Colegio de arquitectos. Tras recibir comunicación de la Comunidad Autónoma informando de que se iba a conceder la subvención, el acusado Pelayo remitió, en fecha 18 de diciembre de 2006, carta aceptándola a la que acompañaba documentación para la tramitación del expediente. Especialmente, se remitían ambos proyectos de 2006 redactados por el acusado Laureano y comunicación de que se tenía disponibilidad de la parcela para ubicar la obra. Expresamente, se decía "actualmente se encuentra en trámite un Convenio de cesión de terrenos sobre la parcela objeto de la actuación a subvencionar por lo que tan pronto como el convenio sea subsanado se remitirá la certificación acreditativa a la Dirección General de Cultura para su incorporación al expediente." Sin embargo, y en relación con el convenio de cesión de terrenos sobre la parcela EQ-1 Equipamiento Público, en Ribera Sureste de la Rambla de Nogalte, no consta ningún convenio aprobado, ni inscripción en el Registro de convenios urbanísticos sobre la citada parcela, ni expediente alguno tramitado al efecto.

Por tanto, esta última afirmación no era cierta, pero la hizo el alcalde con la finalidad de no perder la oportunidad de obtener la subvención. Así, el documento del acusado Pelayo, en el que afirmaba estar en trámites la obtención de la parcela, fue tenido en cuenta en el informe de 21 de diciembre de 2006 elaborado por el jefe de Servicio de Coordinación Jurídico-administrativa de la Comunidad Autónoma para justificar la subvención, al indicar: "Declaración de la Alcaldía-Presidencia de 12 de diciembre de 2006 indicando la tramitación de convenio sobre titularidad de los terrenos" (sic). Este informe es previo a la propuesta de 22 de diciembre de 2006 del consejero de Educación para que el Consejo de Gobierno aprobara por Decreto la subvención.

A continuación y con el fin de dar cobertura formal a las previas actuaciones y decisiones ya adoptadas por el alcalde, se acordó en la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de diciembre de 2006 prestar conformidad del Ayuntamiento a la subvención y aprobar el proyecto básico de Teatro-Auditorio realizado por el arquitecto acusado Laureano con un presupuesto de ejecución de 6.000.000 euros. La Junta estuvo asistida por la secretaria municipal accidental, la acusada Elisenda, quien es funcionaria de carrera e incumplió gravemente sus obligaciones legales:

- no advertir de la inexistencia de expediente de contratación alguna del arquitecto;

- no advertir de la falta expediente administrativo para la aprobación del proyecto;

- no advertir de la inexistencia de informe jurídico y técnico sobre dicho proyecto básico antes de su aprobación (que hubiera determinado la falta de disponibilidad de la parcela);

- no constatar que la propuesta efectuada por el concejal de Educación Alonso se refería a un simple documento que ni siquiera iba firmado.

La noticia de construcción del Teatro-Auditorio, siendo el arquitecto redactor del proyecto el acusado Laureano, ya se había publicitado en noticias de 20 de noviembre de 2006 y de 11 de diciembre de 2006 en el diario La Verdad. Se anunciaba que el teatro se iba a comenzar antes del mes de marzo de 2007 en el antiguo recinto ferial (Rambla de Nogalte) y que estaba situada frente a la pasarela de Nogalte.

El arquitecto acusado aún redactaría un tercer "Proyecto", en febrero de 2007. Tanto en el "Anteproyecto" (junio de 2006), como en el "Proyecto Básico" (noviembre de 2006) y en el "Proyecto" (febrero de 2007), se mantenía un presupuesto total de ejecución de 4.310.345,00 euros, más 862.069 euros de Gastos Generales (GG) y Beneficio Industrial (BI), lo que hacía un total, excluido el IVA, de 5.172.414 euros. En los tres proyectos el emplazamiento del Teatro Auditorio era una parcela de 10.363,00 m2 en Ribera Sureste de la Rambla de Nogalte, parcela sobre la que el Ayuntamiento carecía de disponibilidad.

Los dos primeros proyectos sirvieron de base para conseguir una subvención de la Comunidad Autónoma de 6.000.000 de euros. Así, el 10 de enero de 2007 se publicó en el BORM el Decreto del Consejo de Gobierno nº 349/2.006, de 22 de diciembre, por el que se regulaba "la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la financiación de la totalidad de las obras de "Construcción de Teatro Auditorio en Puerto Lumbreras" según el anteproyecto redactado por el arquitecto D. Laureano, con un presupuesto de 6.000.000 euros." La subvención se entregaba en dos anualidades: 3 millones de euros en el año 2006 y otros 3 millones en el año 2007, debiendo acreditar el gasto de los 3 millones de la anualidad del año 2006 antes del 31 de octubre de 2007; y justificado, se librarían los otros 3 millones de la anualidad del año 2007 que debería justificarse antes del 31 de octubre 2008.

Concedida la subvención, la Consejería de Cultura remitió al Ayuntamiento los primeros 3 millones de euros de la anualidad del año 2006 el día 29 de diciembre de 2006.

Como no se podía librar los 3 millones correspondientes a la anualidad de 2007 antes de que se justificara la anualidad de 2006 hasta el 31 de octubre de 2007, y en dicha fecha ni se poseía parcela, ni tampoco existía concurso de proyectos, ni había proyecto de ejecución; con fecha 2 de julio de 2007 el alcalde Pelayo dirigió al director general de Cultura escrito del siguiente tenor: "En relación al Decreto número 349/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvención a este Ayuntamiento para la realización de las obras de "Construcción del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras", te adjunto informe de la "Dirección Facultativa de la Obra, emitido por D. Laureano, expresivo de la existencia de demora en la ejecución de la obras. De esta manera te solicito mediante manifestación expresa ampliación del plazo de ejecución y justificación de la cuantía resultante de la anualidad 2006 y la de 2007 hasta el 31 de octubre de 2008". A dicho oficio el alcalde acompañaba un informe del arquitecto Laureano en el que hacía constar "Que, una vez completada la fase de redacción del "Anteproyecto" del mencionado edificio, y dada la complejidad del programa de usos y necesidades contenida en el mismo, y de las relaciones que se establecen entre las diferentes áreas que contiene -sometido a la consideración de los diferentes agentes y colectivos que forman parte activa en el análisis del conjunto de la edificación-,y pendiente por ello del ajuste definitivo del alcance de la construcción y de la urbanización correspondiente, el "Proyecto Básico y de Ejecución de Teatro Auditorio" no se ha terminado en su totalidad, al requerirse un plazo añadido de dieciocho (18) meses para la completa y correcta definición del mismo. Y para que así conste, a petición del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, se expide el presente en Puerto Lumbreras, junio de 2007."

Lo anterior dio lugar al Decreto 331/07 de 26 de octubre, BORM de 6 de noviembre de 2007, que aceptaba la solicitud de ampliación de plazo por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta del consejero de Cultura, Juventud y Deportes, autorizando que la anualidad de 2006 se justificara hasta el 31 de marzo de 2008 y la de la anualidad del 2007 hasta el 30 de abril de 2009.

Con fecha de 14 de diciembre de 2007, el acusado Pelayo solicitó del director general de Promoción Cultural el abono de la parte de la subvención correspondiente al ejercicio 2007, en el que hacía constar "conforme al ritmo de ejecución de las obras previsto", pese a ser conocedor que no existía ni proyecto alguno sobre la parcela URSR-11, ni se había iniciado concurso de proyectos, ni expediente de contratación de obra, ni mucho menos, ejecución de obra alguna. El pago se obtuvo el 21 de diciembre de 2007, y ya se disponía de la totalidad del importe de la subvención.

En esa época, el Colegio oficial de arquitectos de Murcia (COAMU) recibió quejas verbales de otros arquitectos, referidas a que únicamente el arquitecto Laureano había presentado los proyectos sin existir concurso alguno. Tales quejas fueron transmitidas al Ayuntamiento, por lo que el alcalde procedió a tramitar un concurso de proyectos para dar ropaje de aparente legalidad a los actos anteriormente ejecutados y dirigidos a subsanar la contratación verbal y directa del arquitecto Laureano. Para ello, el 17 de diciembre de 2007, el alcalde y acusado Pelayo acordó y firmó el "Pliego de Bases Generales del Concurso de Proyectos para el Auditorio Municipal." En este concurso, sin embargo, la parcela en la que se había de ejecutar el Teatro-Auditorio es otra distinta a la que había servido de base para solicitar y obtener la subvención; sin que conste resolución alguna de órgano municipal que lo justifique o acuerde. La parcela utilizada ahora tiene 7.488,10 m2 y estaba en el ámbito del Plan Parcial URSR-11, parcela sobre la que tampoco se tenía disponibilidad en ese momento: el propietario había cedido el uso al Ayuntamiento (pero no la propiedad) y, a la vez, el Ayuntamiento había otorgado concesión de uso privativo durante 75 años a la Fundación Josefina Alcaraz para construir una residencia para personas mayores; y no consta acuerdo del pleno dejando sin efecto tal concesión. Tampoco se comunicó a la CARM (órgano concedente de la subvención) el cambio de ubicación, ni se solicitó autorización.

Dicho Pliego motivó un informe favorable de la secretaria municipal accidental y funcionaria Elisenda de la misma fecha 17 de diciembre 2006 y se dictó resolución del mismo día por el alcalde Pelayo, que aprobaba el Pliego de Bases, la apertura del procedimiento de adjudicación del Concurso de Proyectos, y la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

El 26 de diciembre de 2007 se publicó en el BORM el "Concurso de proyectos con intervención de jurado para la redacción de un proyecto técnico de ejecución de Auditorio Municipal", convocado por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. El objeto del concurso era la "selección de una propuesta de intervención sobre la ordenación de los espacios, la funcionalidad y la imagen de un edificio público destinado a Auditorio". El proyecto ganador sería "adjudicatario del contrato de asistencia técnica para la redacción de proyecto básico y de ejecución del Auditorio Municipal, y la dirección técnica de las obras" y el plazo para la presentación de los proyectos de 15 días naturales, a partir de la publicación del concurso. De esos 15 días, 6 de ellos eran inhábiles y 9 días hábiles.

Los acusados Pelayo y Elisenda hicieron lo posible para evitar la libre concurrencia de profesionales en el concurso:

- establecieron en las bases que el "premio" consistía en la adjudicación del contrato de Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución del Auditorio, así como la dirección técnica de las Obras con un precio consistente en unos honorarios a calcular "de acuerdo a los baremos orientativos del COAMU (Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia)". Menos de un mes después, el 15 de enero de 2008, el Ayuntamiento valoró los honorarios en 335.484,93 euros, sin justificación concreta. Si se hubiera determinado tal cantidad en el Pliego, existía obligación preceptiva de publicación del concurso en el DOCE, lo que hubiera dilatado el procedimiento y la decisión del concurso.

- establecieron un plazo de 15 días naturales, cuando podía haberse establecido uno mayor, a la vista de la importancia económica del proyecto de 6 millones de euros.

Ante las condiciones del concurso de proyectos, el COAMU, con fecha 28 de diciembre de 2007 envió a todos sus colegiados una Circular Informativa nº 64 advirtiendo de que no existen garantías suficientes sobre la legalidad de este concurso, por lo que desaconsejaba a todos los colegiados que se presentaran. También se remitió escrito del asesor jurídico del COAMU, dirigido al alcalde en fecha 2 de enero de 2008, comunicando la inviabilidad de realizar en 15 días el proyecto objeto del concurso y solicitando la anulación del concurso.

El acusado Pelayo omitió dar respuesta a tales quejas; y ante esta falta de respuesta, el COAMU, a través de su vicedecano Gumersindo, presentó en 10 de enero de 2008 recurso de reposición, solicitando la suspensión del concurso. Este escrito tuvo fecha de entrada el 14 de enero de 2008, el mismo día de la valoración de proyectos y propuesta de adjudicación. Este escrito motivó un informe jurídico de fecha 23 de enero 2008 del asesor jurídico externo del Ayuntamiento Apolonio en el sentido contrario al dicho escrito por "no mencionar el precepto legal vulnerado, exigencia normativa incumplida, o deficiencia de cualquier tipo existente", informe que sirvió de fundamento a la resolución negativa del alcalde de 30 de enero de 2008.

Se formó también un jurado claramente parcial, a partir de la composición concretada en el pliego. Así, el alcalde Pelayo, en fecha 8 de enero de 2008, designó a Paula (concejal de Cultura), Reyes (arquitecta contratada por el Ayuntamiento), Guillerma (arquitecta técnica municipal) y Carlos Ramón (jefe de Servicios Técnicos del Ayuntamiento). Y este jurado estaba presidido precisamente por el acusado Pelayo, en su calidad de alcalde.

El día 14 de enero de 2008 se reunió el jurado y otorgó el contrato al proyecto "Ciudad de Actividades" del acusado Laureano. El acta del jurado, redactada por la funcionaria Elisenda, no argumenta razón alguna por la que fue ganador este proyecto y no otro; sino que se determinó a partir de otorgar puntuaciones de 1 a 3 en los 8 criterios genéricos de selección de la base 11 del pliego. Así, no constan las votaciones individuales de cada miembro del jurado, ni se explicita una mínima justificación de la valoración en los distintos apartados contemplados en los pliegos, ni queda motivada la puntuación consignada en el acta que, en apariencia, es una mera puntuación global. Y ello a pesar de que en el pliego de condiciones se indicaba que la decisión debía ser razonada.

El día 15 de enero de 2008, el alcalde Pelayo anunció que el ganador había sido la propuesta "Coreografía de la Luz" de Laureano, cuando el proyecto que éste había presentado respondía al lema "Ciudad de Actividades". Aunque la secretaria municipal accidental Elisenda firma en fecha 17 de enero de 2008 la certificación correcta del fallo del jurado, la publicación en el BORM de 5 de marzo de 2008 contiene la designación errónea de la resolución de 15 de enero de 2008.

Conocido el fallo del jurado sobre el concurso de proyectos, comenzaron las quejas y recursos contra la adjudicación:

- el 24 de enero de 2008, el Colegio Oficial de arquitectos de Madrid, remitió escrito, dirigido directamente al alcalde, donde además de considerar muy exiguo el plazo de 15 días, se interesaba que se aclarase por qué tanto en la web del Ayuntamiento como en diversas publicaciones, existía información con relación a propuestas de este proyecto, incluso con carácter previo a la convocatoria del concurso de ideas.

- Oscar (uno de los tres arquitectos que concurrieron al concurso de ideas), mediante escrito de 30 de enero 2008 (entrada en el Ayuntamiento 11 de febrero de 2008) interpuso recurso previo al recurso contencioso-administrativo, poniendo de manifiesto la contestación infructuosa a su burofax de información sobre la ubicación de la parcela, las dificultades para obtener copia del acta del fallo del jurado, el hecho de que existían varias publicaciones (algunas datadas en noviembre y diciembre de 2006) donde se indicaba que el autor del proyecto del Auditorio sería el arquitecto Laureano y el escaso plazo de 15 días para la presentación del proyecto. Alegaba también que no se le había proporcionado las bases del concurso hasta el día 2 de enero de 2008, y hasta el día 4 no se le había proporcionado el lugar exacto de ubicación del proyecto.

- El COAMU remitió escrito de 13 de febrero de 2008, reiterando al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras el anterior de 23 de enero de 2008 y solicitando copia del acta del fallo del jurado y listado de participantes. Como tampoco fue contestado, el Colegio presentó nuevo escrito de 20 de febrero 2008. Finalmente, el concurso de proyectos fue objeto de recurso contencioso administrativo interpuesto por el COAMU, dando lugar a la sentencia de fecha 30 de mayo de 2012 dictada por el Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Murcia, que consideró válido el concurso impugnado, aunque sin entrar a resolver sobre aquellos aspectos que no fueron objeto de la demanda y que se referían especialmente a todos los actos previos a la convocatoria del concurso de ideas.

En fecha de 14 de enero de 2008 se adjudicó el concurso de proyectos a Laureano y al día siguiente se inició un procedimiento negociado de Consultoría y Asistencia. El pliego de cláusulas administrativas fue firmado por el acusado Pelayo el 17 de enero de 2008, en el que se establecía el plazo de un mes para la redacción del proyecto Teatro Auditorio- Municipal. Se otorgaba también la dirección técnica de la obra, por importe de 335.484,93 euros (sin desglose de conceptos), directamente a negociar con el adjudicatario del concurso de proyectos.

La invitación a Laureano -único posible participante- para participar en el concurso de consultoría se cursa por la concejal de Cultura Isabel García el mismo día 17 de enero 2008 y es aceptada por el arquitecto el 21 de enero de 2008. El 29 de enero de 2008, el alcalde dicta resolución de adjudicación del contrato consultoría y asistencia para la redacción del Teatro-Auditorio.

El 7 de febrero de 2008 se firmó el contrato entre los acusados Pelayo y Laureano, asistidos por la acusada Elisenda en funciones de secretaria municipal accidental, y se aprobó en posterior Junta de Gobierno Local de 14 de febrero de 2008. Después, se designó como director de Obras al arquitecto Laureano, certificando la resolución la secretaria Elisenda.

SEGUNDO. Tanto en el "Anteproyecto" de junio de 2006, como en el "Proyecto Básico" de noviembre de 2006 y en el "Proyecto de Teatro-Auditorio" de febrero de 2007 se mantenía un presupuesto total de ejecución de 6.000.000€ y se refiere a una obra completa. En los tres proyectos el emplazamiento del Teatro Auditorio era una parcela de 10.363,00 m2 en Ribera Sureste de la Rambla de Nogalte, si bien cambia la superficie construida de 4.500 m2, 4130 m2 y 5.821,02 m2, respectivamente.

El arquitecto Laureano presentó Proyecto de Ejecución, elaborado en enero/febrero de 2008, que respetaba el importe económico de 6 millones de euros, pero contenía más edificios. Se denominaba TEATRO AUDITORIO Y EDIFICIO POLIVALENTE, y se indica:

"DATOS GENERALES:

Superficie total de parcela 7.488,00 m2.

Superficie construida Teatro 4.738,14 m2.

Superficie construida Danza-Música 1.184,00 m2

Superficie construida Exposiciones 1.24,00 m2.

Superficie construida Cafetería 16,00 m2.

Superficie construida Aparcamientos 1.990,00 m2.

Superficie construida total 9.322,64 m2.

PRESUPUESTO:

Presupuesto Ejecución Material 4.345.489,04 €.

Presupuesto Contrata (i/IVA): 5.998.514,00 €.

TIPO DE OBRA: Se trata de una obra completa, cuyo fin último se alcanza una vez concluida la misma.

En la Memoria del proyecto se partía de un PEM (Presupuesto de Ejecución Material) correcto de 4.345.489,04 €; pero en el Resumen del Presupuesto aparece el PEM como de 5.998.514€ (que alcanzaría un Precio Base de licitación de 8.280.348,72€ al añadirle GG, BI e IVA). En cualquier caso y en ese momento, esa contradicción era aparente, pues no hubo confusión alguna, como se acredita con las ofertas que presentaron los licitantes ECISA y Construcciones Villegas, y con el contrato administrativo suscrito por el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y la mercantil adjudicataria ECISA de 4 de abril de 2008, en el que se establece expresamente la garantía definitiva del 4% del precio del contrato, por un importe de 226.383,91€; esto es, calculado sobre el precio del contrato que quedó fijado por las partes en la cuantía de 5.659.597,96 Euros. Pero esa confusión aparente se trasladó posteriormente a las certificaciones de la ejecución de la obra.

A la vez, este proyecto no contenía capítulo de Seguridad y Salud y tampoco contenía estudio geotécnico. También había un error en la determinación del lugar del edificio del teatro, pues ocupaba parte de un vial de nueva construcción previsto en el Plan Parcial que se aprobaría definitivamente el 26 de mayo de 2008, junto con el PGOU. Si bien existían algunas deficiencias en este Plan General, ninguna de ellas se refería a este Plan Parcial.

Por el técnico municipal Carlos Ramón, y pese a los flagrantes defectos, se emitió informe favorable de fecha 11 de febrero de 2008 de supervisión del proyecto, concluyendo que no existían anomalías.

No obstante, el proyecto de ejecución nunca fue visado por el Colegio de arquitectos y cuando fue presentado por el acusado Laureano en fecha tardía de 19 de diciembre de 2008, no obtuvo el visado del Colegio al detectarse los defectos reseñados anteriormente y otros. Tampoco el documento de subsanación de reparos presentado el 16 de enero de 2009 obtuvo el visado.

Se inició, a continuación, el expediente de licitación y contratación de la obra. El anuncio aprobado por el acusado Pelayo se tramitó de forma urgente, con un plazo de presentación de las ofertas de 13 días, "por la adecuación de la ejecución de obras a los plazos del Decreto de la subvención" nº 349/2006." Dicho anuncio y comienzo del expediente, fue objeto de un informe favorable de fecha 11 de febrero de 2008 de la secretaria municipal y acusada Elisenda, en el afirmaba que no había obstáculo legal para que se aprobara el expediente y se acordara la convocatoria del concurso proyectado, afirmando la existencia de un replanteo previo que no existía. A continuación, Pelayo dictó providencia de alcaldía de 11 de febrero de 2008 iniciando, por procedimiento abierto, el expediente de contratación para la construcción del Teatro- Auditorio.

El 14 de febrero de 2008, el acusado Pelayo aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del concurso. A la oferta de licitación para la construcción del Teatro Auditorio publicada en el BORM el 21 de febrero de 2008 se presentaron, dos empresas constructoras: ECISA SA y CONSTRUCCIONES VILLEGAS SL.

En fecha de 24 de marzo de 2008 el técnico Municipal Carlos Ramón, a solicitud de la Mesa de Contratación, realizó un informe de valoración de las propuestas: tras dar a las dos empresas la misma puntuación en todos los criterios, se decantó como mejor oferta por la presentada por ECISA por el menor precio de construcción (pues hacía un ajuste a la baja sobre el presupuesto total de -5,65%) y porque incluía como mejoras, el "recálculo y optimización de la cimentación y la estructura de los edificios proyectados y de las instalaciones, asumiendo ECISA la Dirección Facultativa para el control de la ejecución tanto de la cimentación y estructura como de todas las instalaciones."

El mismo 24 de marzo de 2008, la Mesa de Contratación aprueba proponer al órgano de contratación la adjudicación a ECISA, S.A. Al día siguiente, la Junta de Gobierno Local (JGL) acordó por unanimidad "declarar válida la licitación y adjudicar el contrato a la empresa ECISA, S. A." La empresa ECISA, S. A. presentó, una oferta de realización de las obras en 5.659.597,96 euros, lo que suponía una rebaja de 338.916,04€ (un 5,64%), un plazo de ejecución de 16 meses, una garantía de 2 años y mejoras "sin valorar". De esos 5.659.597,96€, la cantidad de 780.634,20 euros era por 16% IVA, de modo que el presupuesto de contrata era de 4.878.963,75 euros (4.099.969,54 euros de PEM, 532.996,04 euros por 13% como G.G. y 245.998,17 euros por 6% de beneficio industrial).

El día 4 de abril de 2008 el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, representado por su alcalde Pelayo, y la empresa ECISA, S.A., representada por el acusado Ángel Jesús (al ser uno de los múltiples apoderados de la empresa), firmaron el contrato de obra del Teatro Auditorio con las condiciones antedichas, aceptando el encargo de ejecutar la obra completa conforme al presupuesto licitado. El acusado Ángel Jesús no tuvo más participación en los hechos que se describirán.

Como el proyecto no contenía partida de Seguridad y Salud, se autorizó por Pelayo una doble contratación a la empresa METROCUADRADO OFICINA TÉCNICA SL, vía contrato menor, para realizar el Estudio de Seguridad y Salud:

- El día 9 de mayo de 2008 el alcalde autorizó contrato menor para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud con METROCUADRADO OFICINA TÉCNICA SL por importe de 12.750+IVA.

- El mismo día 9 de mayo de 2008, el alcalde autorizó contrato menor con METROCUADRADO OFICINA TÉCNICA SL por coordinación de Seguridad y Salud de la obra de ejecución del Teatro-Auditorio, con cargo a la subvención 20.648€ (17.800+IVA), siendo coordinadores Eusebio y Victorino.

El 12 de mayo de 2008 se firmó el acta de replanteo previo, a la que asistieron Everardo (en representación del Ayuntamiento), Leoncio (en representación de ECISA), Laureano (como director facultativo de la obra) y Eusebio (como arquitecto técnico). Ninguno de los presentes hizo la menor objeción o salvedad en cuanto al proyecto o a la afectación de éste al planeamiento. Así que se inició la obra.

El error del PEM que existía en el Resumen de presupuesto se arrastra desde el primer momento, de tal manera que se mantiene una desviación del contrato del 38,04%. En las certificaciones nº 1 a 17 (de junio de 2008 a septiembre de 2009) se incluyen por dos veces los costes por Gastos Generales (GG) y Beneficio Industrial (BI) e incluso el IVA (16%). Por tanto, en el mes de septiembre de 2009, a 15 meses de iniciada la obra (de los 16 que debía durar la obra según contrato), no existía correlación entre la obra certificada como ejecutada y el dinero entregado.

Por la empresa ECISA, fue Salvador quien firmó las certificaciones 1 y 2. Posteriormente, las certificaciones 3 a 17 las firmó Samuel.

También se confeccionó la certificación 1 bis de acopios (de julio de 2008) con la finalidad de justificar la primera anualidad de 3 millones correspondiente a 2006 hasta el 31 de marzo de 2008. Esta certificación tiene un importe por acopios de 2.254.068,68 euros, que representa un 39,82% del presupuesto total por contrata. Los acopios se garantizaron mediante avales ofrecidos por ECISA y conforme se iban empleando realmente los materiales pagados como acopiados, se iba descontando correctamente, sin que conste perjuicio económico alguno.

También había errores graves en la descripción de las partidas de las certificaciones. Por ejemplo:

- En la certificación nº 2 de julio de 2008 se certificó una losa de cimentación del teatro de 2.205,74 m2 y se cobró un importe de 225.273,23 €. Sin embargo, nunca se hizo tal losa de cimentación al cambiarse por zapata aisladas en el proyecto modificado, supuestamente fechado en abril de 2009.

- En la partida 2.10 de la misma certificación se describe hormigón armado con encofrado trepante para el teatro, que se suprimió en el proyecto modificado de 2009. Sin embargo, se había certificado 314,78 m2 por importe de 84.781,29€.

- En la certificación nº 10 de febrero de 2009 se certifica el 100% del presupuesto de movimiento de tierras y cimentaciones; pero la certificación 18 reduce las cimentaciones.

En un momento en concreto de la ejecución de la obra, el arquitecto Laureano apreció que existía un error en su proyecto referido a la ubicación del edificio del teatro auditorio en relación con el planeamiento, ya que el edificio ocupaba terreno correspondiente a un vial de nueva construcción. Por otro lado, estuvo utilizando un estudio geotécnico realizado por la Fundación Josefina Alcaraz, que únicamente se refería al vértice superior de la parcela. Este estudio era insuficiente para construir con garantías todos los edificios planeados en el proyecto.

Con todos estos defectos referidos, el acusado Laureano sabía que existía inviabilidad técnica y económica en la ejecución del proyecto. Al comunicarlo al alcalde Pelayo, ambos, y la acusada Elisenda, convinieron la confección de un proyecto modificado que permitiera justificar ante la CA la inversión de la subvención e impedir el reintegro, aunque ello supusiera dejar la obra inacabada.

Así, el director técnico de las obras, el acusado Laureano, remitió escrito de fecha 6 de febrero de 2009 al Registro general del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, poniendo de manifiesto la supuesta necesidad de modificar el Proyecto de Ejecución de febrero de 2008. Esta carta iba también firmada por Samuel (jefe de obra de la empresa ECISA) por delegación de su superior Leoncio. Como justificación se describía, sin ser cierta, la necesidad que se vislumbró en el acta de replanteo de retranquear 9 metros al interior el edificio del teatro auditorio. Decía textualmente este documento: "En el acto de la firma del Acta del Replanteo se constata que, debido a la existencia de un vial de próxima construcción, por reparcelación, se debe retranquear el edificio denominado "Teatro" aproximadamente unos nueve metros hacia el interior de la parcela y reubicar el resto del complejo. Esto produce que se deban modificar las dimensiones de los edificios, con un nuevo recálculo de la estructura y un nuevo ajuste en las distribuciones, por lo que el Teatro-Auditorio ha permanecido paralizado por estos motivos hasta enero de 2009." Pero dicha necesidad nuca había sido observada en el momento en que se realizó el acta de replanteo.

En abril de 2009 el arquitecto Laureano redactó el PROYECTO MODIFICADO DE TEATRO-AUDITORIO Y EDIFICIO POLIVALENTE (pabellones de danza-música, exposiciones-congresos y sótano para aparcamientos), siendo promotor el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. La excusa alegada era, según la Memoria: "El presente Modificado de Proyecto Básico y de Ejecución desarrolla la documentación para el necesario ajuste de las características arquitectónicas del nuevo TEATRO- AUDITORIO y Edificio polivalente de Puerto Lumbreras debidas a los cambios originados en los límites y la superficie de la parcela original como consecuencia de la modificación en el Plan General Municipal de Ordenación de la anchura de uno de los viales que la delimitan.... Se trata de una obra completa, cuyo fin último se alcanza una vez concluida la misma."

No obstante, el PGOU se había aprobado definitivamente el 26 de mayo de 2008, a falta de subsanar ciertos reparos que, en ningún caso, afectaban al Plan Parcial de la parcela donde se ubicaba el auditorio y otros edificios. Y el vial de nueva construcción ya venía definido con la misma anchura.

Desde la certificación 18, de octubre de 2009, en adelante, las obras se adecuaron a este proyecto modificado, a pesar de que no fue aprobado hasta la JGL del 17 de septiembre de 2010, presidida por el alcalde y estando de secretaria municipal accidental la acusada Elisenda.

No ha quedado probado quién firmó esta certificación 18, a pesar de que consta el nombre de jefe de obra Samuel.

El proyecto modificado:

- mantiene prácticamente las mismas superficies construidas que el proyecto de febrero de 2008 (64,07 m2 menos frente al proyecto originario) y se mantiene el precio original, pero se reduce la cantidad de obra a ejecutar y se deja la obra incompleta: faltaba un edificio y el del teatro auditorio está por finalizar;

- se ejecutó antes de su aprobación y una vez realizada ésta, nunca se realizó obra alguna, pues la obra estaba suspendida desde abril de 2010, fecha de la certificación nº 24.

- estableció un plazo de 22 meses en ejecución de la obra, cuando previamente se había incumplido el de 16 meses del proyecto original (que finalizaba en septiembre de 2009), sin que exista explicación alguna al respecto.

- no se modificó el contrato de obras suscrito con ECISA, en el que la constructora se obligaba a realizar la obra completa. La secretaria municipal accidental Elisenda emitió informe de 13 de marzo de 2012 mencionado que este contrato inicial fue modificado tras el acuerdo de 17 de septiembre de 2010, sin ser cierto.

- se incluía la partida de Seguridad y Salud que había sido objeto de contrato menor independiente.

- se ajustó el 100% del presupuesto entregado a una obra no terminada.

La certificación nº 18 de octubre de 2009:

- tenía una discordancia en la fecha, pues constan dos de 9 y 10 de octubre de 2009.

- certifica una partida totalmente novedosa de Seguridad y Salud por importe de 169.963,27 euros, que fue objeto de contratación separada con la empresa "Metro Cuadrado".

- certifica partidas del proyecto de obras complementarias de septiembre de 2009 redactado por el acusado Laureano, como son el desvío de línea de baja tensión de la parcela (por importe de 62.264,71 euros), obra civil acometida de media tensión (por importe de 21.833 euros), canalización de telecomunicaciones (por importe de 39.242,15 euros) y la red de drenaje lineal de parcela (por importe de 49.078,61 euros.

Dado que el modificado afectaba a más de un 10% de los precios originales (a la vista de la desviación del 38.04%, de la inclusión de partidas no previstas, de los errores de retranqueo y del estudio geotécnico defectuoso y de la eliminación de uno de los edificios) nunca debió ejecutarse sin haber sido aprobado previamente por el Ayuntamiento.

El proyecto modificado de abril de 2009 se remitió por el acusado Pelayo a la Dirección General de Cultura el 29 de octubre de 2010.

El 20 de septiembre de 2011 se firmó el acta de recepción de la obra conforme al proyecto modificado. Así, el Ayuntamiento podía acreditar ante la CA el destino de la subvención recibida, sin verse sometido a la exigencia de su reintegro. Y el arquitecto se podía liberar de su responsabilidad en los defectos flagrantes cometidos en la redacción del proyecto de 2008.

El acta de recepción lleva el siguiente encabezamiento: "Teatro-Auditorio y Edificio Polivalente (Pabellones de Danza-Música, Exposiciones-Congresos, Bar-Cafetería y Sótano para Aparcamientos)", pero ello no respondía a la realidad, pues ni existía el bar Cafetería, ni se recibió el Teatro-Auditorio objeto de la subvención. Y se añade: "por la representación del constructor se hace formal entrega de la obra, identificada en el encabezamiento, con todas sus instalaciones y elementos que le son propios".

A continuación, se indica: "el promotor declara recibir la obra terminada y en buen estado y de conformidad a las prescripciones previstas, dándose comienzo al plazo de garantía".

Pero en el libro de incidencias presentado por coordinador de Seguridad y Salud Eusebio se indica: "Finalizada la obra objeto del contrato y entregada mediante acta de recepción oficial, a su promotor el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras con fecha 20 de septiembre de 2011 se da por concluidas las tareas de coordinación dejando la obra del auditorio incompleta según proyecto modificado aprobado en pleno municipal, pasando a ser responsabilidad del Ayuntamiento su mantenimiento."

Los dos edificios relativos al edificio de Congresos y Pabellón de Danza fueron ocupados parcialmente por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras según consta en acta de 19 de mayo de 2011 firmada por el acusado Pelayo.

Al día siguiente del día de recepción de la obra, el día 21 de septiembre de 2011, se emite por ECISA la certificación-liquidación nº 25 por importe de 574.840,52 euros, que fue rechazada por el Ayuntamiento en virtud de la resolución de la Alcaldía de fecha 13 de marzo de 2012. Entre otras razones se indicaba que contenía partida de Seguridad y Salud que no estaba en el proyecto original, pero sí en el modificado, y había unidades de obra inexistentes conforme al proyecto modificado. Tras examinar el modificado, ECISA emitió una nueva certificación por valor de 338.915,85 euros, que fue abonada. Esta certificación nº 25 no se justificó en la cuenta de la CARM, sino que se pagó con dinero procedente de un préstamo concertado por el Ayuntamiento con el Fondo para la financiación de pago a proveedores.

Con dicha certificación, se vino a recoger el importe de obras complementarias de septiembre de 2009 que ya se había certificado en buena parte en la certificación nº 18, a sabiendas de que dichas obras no estaban aprobadas por órgano municipal alguno. Con ello se justificaba la totalidad de la subvención y ECISA, S.A. recibía más de su oferta de licitación.

Efectivamente, en septiembre de 2009 el arquitecto Laureano realiza un Proyecto de Obras Complementarias, sin que existiera expediente alguno en el Ayuntamiento. El acusado Pelayo remitió en fecha 1 de junio de 2010 dicho proyecto de obras complementarias al consejero de Cultura, indicando: "De conformidad con las conversaciones mantenidas recientemente, me complace adjuntarte el Proyecto de Obras Complementarias, elaborado por D. Laureano. Todo ello, para tu conocimiento y efectos oportunos, a fin de ultimar esta actuación". Este proyecto, de 338.916,04 euros, coincide con la rebaja que ECISA había efectuado en su oferta de licitación. Así, con este proyecto y con la certificación nº 25, el acusado Pelayo pudo justificar el gasto total de la subvención y abonar a ECISA la rebaja que había obtenido.

De esta manera, ECISA percibió el importe de 24 certificaciones, que asciende a 5.659.597,96€, que responde a la cuantía contratada. Con la certificación nº 25 de 338.916,04€, ECISA cobró el importe de la subvención.

Existe un expediente de liquidación final de la obra iniciado en el año 2016, que no ha finalizado. A ECISA, S.A todavía no se le ha devuelto la garantía definitiva del 4% de su presupuesto que se le exigió a la firma del contrato de obras.

En escrito de 12 de noviembre de 2010 del secretario municipal Felix, se intentó justificar los reparos que la CA había puesto para tener por justificada la anualidad de 2007 y se indicaba: "el coste de honorarios y de seguridad y salud son inherentes al proyecto y deben contemplarse con cargo a la subvención, y que ya venían incluidos en el Proyecto básico de noviembre de 2006 (que se adjunta una vez más)" Aunque este no era el proyecto que se había ejecutado, la jefa de Servicio de Promoción Cultural aceptó la justificación.

La mercantil INCOSA fue contratada por la CARM para hacer un seguimiento de los plazos y de la obra certificada. Si bien esta mercantil fue informado a los órganos autonómicos sobre el estado de las obras, únicamente se documentaba lo que decían los responsables de la ejecución de la obra; e INCOSA nunca dispuso del proyecto modificado para poder controlar la verdadera ejecución de la obra.

Existió un procedimiento posterior de justificación del gasto de la subvención. Así, en fecha de 25 de septiembre de 2013 se certificó por el consejero de Cultura la justificación de la subvención al considerar que el dinero de la subvención estaba en la obra.

Por último, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras había obtenido otra subvención de la CA (en virtud del Decreto 640/2008) por importe de 1.400.000 euros para la adquisición del terreno y construcción de un "Centro de Arte Joven". A la vista de los acontecimientos anteriormente descritos, se intentó aplicar esta subvención para finalizar el Teatro Auditorio, ya que en el Decreto 284/2011, de 14 de octubre se modificó el objeto de la subvención, a fin de que el "Centro de Arte Joven" pudiera ubicarse en las dependencias del Teatro Auditorio de Puerto Lumbreras.

TERCERO. La causa ha estado paralizada en esta Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Murcia desde el 28 de septiembre de 2020 (en que se recibió por segunda vez tras la subsanación previa de defectos que presentaba el procedimiento) al 15 de noviembre de 2021, cuando se dictó providencia de nuevo nombramiento de magistrada ponente por jubilación anticipada del inicialmente designado.»

La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

«F A L L A M O S

Que DEBEMOS ABSOLVER y ABSOLVEMOS al acusado Ángel Jesús del delito de fraude a la Administración Pública y prevaricación por los que venía acusado.

Que DEBEMOS ABSOLVER y ABSOLVEMOS a los acusados Pelayo, Laureano y Elisenda del delito de fraude a la Administración Pública del que venían acusados.

Que DEBEMOS ABSOLVER y ABSOLVEMOS al acusado Laureano del delito de falsedad del art. 392 del C.P.en relación con el art. 390. 4º del C.P.por el que venía acusado.

Se declaran de oficio 6/13 partes de las costas causadas.

Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS al acusado Pelayo como autor responsable de un delito continuado de prevaricación del art. 404 del C.P., en concurso medial con un delito de falsedad del art. 390.1.4º del C.P.; y como autor responsable de un delito de prevaricación del art. 404 del C.P.; concurriendo en todos los delitos la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6ª del C.P.; y le imponemos:

- Por el delito continuado de prevaricación, la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante 9 años, 3 meses y 1 día.

- Por el delito de falsedad, la pena de prisión de 3 años (con inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo durante el tiempo de 3 años); la pena de multa de 6 meses, con cuota diaria de 20 euros (total 3600 euros); y la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante el tiempo de 2 años.

En caso de impago de la multa, la responsabilidad personal subsidiaria será de 1 día de privación de libertad por cada dos cuotas no abonadas.

- Por el segundo delito de prevaricación, la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante tiempo de 8 años.

Le imponemos también el pago de 3/13 partes de las costas causadas, sin incluir las de la Acusación popular.

Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS a la acusada Elisenda; como cooperadora necesaria de un delito continuado de prevaricación del art. 404 del C.P.; y como cooperadora necesaria de un delito de prevaricación del art. 404 del C.P.; concurriendo en ambos delitos la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6ª del C.P.; y le imponemos:

- Por el primer delito, la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante 8 años, 6 meses y 1 día.

- Por el segundo delito, la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante tiempo de 7 años.

Estas penas conllevarán la pérdida de la condición de funcionaria.

Le imponemos también el pago de 2/13 partes de las costas causadas, sin incluir las de la Acusación popular.

Que debemos CONDENAR y CONDENADOS al acusado Laureano como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación del art. 404 del C.P.; y como cooperador necesario de un delito de prevaricación del art. 404 del C.P.; concurriendo en ambos delitos la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6ª del C.P.; y le imponemos:

- Por el primer delito, la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante 8 años, 6 meses y 1 día.

- Por el segundo delito, la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante tiempo de 8 años.

Le imponemos también el pago de 2/13 partes de las costas causadas, sin incluir las de la Acusación popular.

Todas las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público llevan aparejada la incapacidad para obtener cualquier cargo o empleo público, sea o no electivo, en el ámbito municipal, autonómico y estatal, durante el tiempo de la condena.

Se declara la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras de 17 de septiembre de 2010.

No procede hacer pronunciamiento alguno con respeto a la mercantil ECISA, Compañía General de Construcciones, S.L»

Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por infracción de precepto constitucional e infracción de ley, por los acusados, que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.

Las representaciones procesales de los recurrentes basan sus recursos de casación en los siguientes motivos:

A) D. Pelayo:

Primero.- Por vulneración de precepto constitucional, al amparo del art. 852 de la LECrim y 5.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías, a un Tribunal imparcial y a la tutela judicial efectiva sin indefensión, art. 24 de la Constitución, y por vulneración del principio acusatorio.

Segundo.- Por infracción de Ley, al amparo del art. 849.1 de la LECrim, al haberse infringido preceptos penales de carácter sustantivo u otras normas jurídicas del mismo carácter que deben ser observadas en la aplicación de la Ley Penal, y concretamente, por la indebida aplicación del art. 390.1.4º CP, al haber sido condenado como autor de un delito de falsedad ideológica en documento público.

Tercero.- Por vulneración de precepto constitucional, al amparo del art. 852 de la LECrim y 5.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías, a un Tribunal imparcial y a la tutela judicial efectiva sin indefensión, art. 24 de la Constitución, por vulneración del principio acusatorio.

Cuarto.- Por Infracción de Ley. Al amparo del art. 849.1 de la LECrim, al haberse infringido preceptos penales de carácter sustantivo u otras normas jurídicas del mismo carácter que deben ser observadas en la aplicación de la Ley Penal, y concretamente, por indebida aplicación del art. 390.1.4º, en relación con el art. 77 del CP, al haberse apreciado el delito de falsedad en documento público en concurso medial con el delito de prevaricación.

Quinto.- Por vulneración de precepto constitucional, al amparo del art. 852 de la LECrim y 5.4 de la LOPJ, en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías, a un Tribunal imparcial y a la tutela judicial efectiva sin indefensión, art. 24 de la Constitución por vulneración del principio non bis in ídem y de respeto a la eficacia preclusiva de la cosa juzgada.

Sexto.- Por vulneración de precepto constitucional, al amparo del art. 852 de la LECrim y 5.4 LOPJ, en relación con el art. 24 de la Constitución, por infracción de derechos fundamentales, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías con interdicción de la arbitrariedad, garantizadas por el art. 24 de la constitución española, por omisión de la valoración de la prueba de descargo y por valoración ilógica, incoherente e irracional de las pruebas de las que dispuso la Ilma. Sala de instancia al haber sido condenado el recurrente como autor de un delito de prevaricación con relación al concurso de ideas para la construcción de un Teatro-Auditorio.

Séptimo.- Por vulneración de precepto constitucional, al amparo del art. 852 de la LECrim y 5.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, en relación con el art. 24 de la Constitución, por infracción de derechos fundamentales, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías con interdicción de la arbitrariedad, garantizadas por el art. 24 de la constitución española, por omisión de la valoración de la prueba de descargo y por valoración ilógica, incoherente e irracional de las pruebas de las que dispuso la Ilma. Sala de instancia al haber sido condenado el recurrente como autor de un delito de prevaricación con relación al Proyecto modificado y su aprobación ulterior por la Junta de Gobierno Local.

Octavo.- Por vulneración de precepto constitucional, al amparo del art. 852 de la LECrim y 5.4 de la LOPJ en relación con el art. 24 de la Constitución, por infracción de derechos fundamentales, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías con interdicción de la arbitrariedad, garantizadas por el art. 24 de la constitución española, por omisión de la valoración de la prueba de descargo y por valoración ilógica, incoherente e irracional de las pruebas de las que dispuso la Ilma. Sala de instancia al haber sido condenado el recurrente como autor de un delito de prevaricación.

Noveno.- Por Infracción de Ley. Al amparo del art. 849.1 de la LECrim, al haberse infringido preceptos penales de carácter sustantivo u otras normas jurídicas del mismo carácter que deben ser observadas en la aplicación de la Ley Penal, y concretamente por inaplicación del art. 21.6 CP en relación del art. 66. CP, al no haberse apreciado la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.

B) D. Laureano:

Primero.- Infracción de Ley. Al amparo del art. 849.2) de la LECrim.por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Segundo.- Infracción de Ley. Al amparo del art. 849.1) y 852 LECrim. en relación con el art. 5.4) de la LOPJ por infracción del art. 404 del CP.

Tercero.- Infracción de Ley. Al amparo del art. 849.1) y 852 de la LECrim y 5.4) de la LOPJ por infracción de un precepto de carácter sustantivo u otra norma jurídica que deba ser observada en la aplicación de la ley penal, en relación con el art. 222 de la LEC, y los art. 9.3) seguridad jurídica y el art. 24.1) de la C.E.

Cuarto.- Infracción de Ley. Al amparo del art. 849.1) y 852 de la LECrim. y 5.4) de la LOPJ, en relación con los art. 24.1) y 24.2) de la CE respecto del concurso de proyectos.

Quinto.- Infracción de Ley. Al amparo del art. 849.1) y 852 de la LECrim. y 5.4) de la LOPJ por infracción del art. 404 del CP en relación con los art. 10, 12 y 13 de la Ley de Ordenación de la Edificación, y art. 24.1) y 24.2) de la CE.

Sexto.- Infracción de Ley. Al amparo del art. 849.1) y 852 de la LECrim. y 5.4) de la LOPJ en relación con los arts. 24.1 y 24.2) de la CE y Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 2/2000 y RD 1098/2001 sobre la modificación del contrato de obras.

Séptimo.- Infracción de precepto constitucional. Al amparo del art. 852 de la LECrim.y 5.4) de la LOPJ, en relación con los arts. 24.1) y 24.2) por falta de tutela judicial efectiva e indefensión y art. 9.3) de la CE por infracción de principio de legalidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Octavo.- Por Infracción de Ley. Al amparo del art. 849.1 de la LECrim, al haberse infringido preceptos penales de carácter sustantivo u otras normas jurídicas del mismo carácter que deben ser observadas en la aplicación de la Ley Penal, y concretamente por inaplicación del art. 21.6 CP en relación del art. 66. CP, al no haberse apreciado la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.

Noveno.- Infracción de Ley. Al amparo del art. 849.1) de la LECrim.por infracción del art. 708 de la LECrim y doctrina jurisprudencial de la sentencia del TS 752/2021 de 6 de octubre de 2.021 por ausencia de neutralidad e imparcialidad objetiva del Tribunal.

C) D.ª Elisenda:

Primero.- Por infracción de Ley, al amparo del art. 849.1 y 852 de la LECrim, por infracción del art. 404 del CP, en su redacción anterior a la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, así como los arts. 24.1 y 24.2 de la CE respecto a la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia. Respecto del primer delito de prevaricación.

Segundo.- Por infracción de Ley, al amparo del art. 849.1 y 852 de la LECrim, por infracción del art. 404 del CP, en su redacción anterior a la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, así como los arts. 24.1 y 24.2 de la CE respecto a la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia. Respecto del segundo delito de prevaricación.

Tercero.- Por infracción de Ley, al amparo de lo prevenido en el art. 849.1 de la LECrim, al haberse infringido normas jurídicas que deben de ser observadas en la aplicación de la Ley Penal, y por indebida aplicación del art. 404 del CP, al haberse apreciado el delito de prevaricación.

Cuarto.- Por infracción de Ley, al amparo de lo prevenido en el art. 849.1 de la LECrim, al haberse infringido preceptos penales de carácter sustantivo u otras normas jurídicas del mismo carácter que deben ser observadas en la aplicación de la Ley Penal, y concretamente, por indebida aplicación del art. 404 en relación con el art. 74.1 del CP, al haberse apreciado el delito de prevaricación con el carácter de continuado.

Quinto.- Por Infracción de Ley. Al amparo del art. 849.1 de la LECrim, al haberse infringido preceptos penales de carácter sustantivo u otras normas jurídicas del mismo carácter que deben ser observadas en la aplicación de la Ley Penal, y concretamente por inaplicación del art. 21.6 CP en relación del art. 66. CP, al no haberse apreciado la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.

Sexto.- Por Infracción de Ley, al amparo del art. 849.1) de la LECrim por infracción del art. 708 de la LECrim y doctrina jurisprudencial de la Sentencia del TS 752/2021 de 6 de octubre de 2021 por ausencia de neutralidad e imparcialidad objetiva que exige que el juzgador no emprenda una actividad inquisitiva encubierta, al haber realizado el Tribunal la introducción en la vista oral de cuestiones de hechos nuevos no incluidos en los escritos de acusación tales como los relativos a la no entrada en el registro municipal de escritos o documentos como el anteproyecto de junio del año 2006, o la falta de visado del proyecto de ejecución, y que posteriormente ha considerado como indicios para el delito de prevaricación, interrogando e introduciendo hechos nuevos a la finalización de la declaración de los testigos.

Séptimo.- Por vulneración de un precepto constitucional, al amparo del art. 852 de la LECrim por infracción de la eficacia preclusiva de la cosa juzgada, al ignorar los fundamentos de la sentencia de 30 de mayo de 2.012 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia sobre los mismos hechos.

Octavo.- Por vulneración de precepto constitucional, al amparo del art. 852 de la LECrim y 5.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, en relación con el art. 24 de la Constitución, por infracción de derechos fundamentales, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, y a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías con interdicción de la arbitrariedad, garantizadas por el art. 24 de la constitución española, al haber infringido el art. 42 del CP, provocando con ello una infracción del art. 53.2 de la C.E., dado que los términos de la condena producen manifiesta indefensión.

Noveno.- Por vulneración de precepto constitucional, al amparo del art. 852 de la LECrim y 5.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, en relación con el art. 24 de la Constitución, por infracción de derechos fundamentales, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías con interdicción de la arbitrariedad, garantizadas por el art. 24 de la constitución española.

Instruidas las partes, el Ministerio Fiscal solicita la inadmisión y subsidiaria desestimación de los motivos de los recursos de casación interpuestos, a excepción del motivo octavo del recurso formalizado por la representación procesal de D.ª Elisenda respecto del que interesa su estimación. La parte recurrida se adhirió íntegramente al escrito de inadmisión y desestimación de los diferentes motivos expuestos en los recursos de casación del Ministerio Público. Evacuado el traslado conferido para instrucción por los Procuradores D. Carlos Blanco Sánchez Cueto y D. Manuel Sevilla Flores. Seguidamente la Sala admitió los recursos quedando conclusos los autos para el señalamiento del fallo cuando por turno correspondiera.

Por providencia de 14 de julio de 2026 se señala para deliberación y fallo el próximo día 16 de septiembre de 2026, returnándose la ponencia por necesidades del servicio a la Excma. Sra. D.ª Carmen Lamela Díaz.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Recurren en casación D. Pelayo, D. Laureano y D.ª Elisenda contra la sentencia núm. 77/2023, de 6 de marzo, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia en el Rollo de Sala de Procedimiento Abreviado núm. 74/2019 dimanante del procedimiento abreviado núm. 316/2015, procedentes del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Lorca, en la que han sido condenados:

D. Pelayo, como autor criminalmente responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa, en concurso medial con un delito de falsedad, y como autor responsable de un delito de prevaricación, concurriendo en todos ellos la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, a la pena, por el primer delito, de inhabilitación especial para todo cargo o empleo público durante el plazo de nueve años, tres meses y un día; a las penas de prisión de tres años y multa de seis meses, con cuota diaria de 20 euros con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no abonadas, por el delito de falsificación; y a la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante tiempo de ocho años como autor responsable por el delito de prevaricación. Igualmente fue condenado a abonar tres treceavas partes de las costas procesales causadas, sin incluir las de la Acusación Popular.

D. Laureano, como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación; y como cooperador necesario de un delito de prevaricación, concurriendo en ambos delitos la circunstancia atenuante de dilaciones, indebidas, a la pena, por el primer delito, de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante ocho años, seis meses y un día; y por el segundo, a la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante tiempo de ocho años. Igualmente fue condenado a abonar dos treceavas partes de las costas procesales causadas, sin incluir las de la Acusación Popular.

D.ª Elisenda, como cooperadora necesaria de un delito continuado de prevaricación, y como cooperadora necesaria de un delito de prevaricación, concurriendo en ambos delitos la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, a la pena, por el primer delito, de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante ocho años, seis meses y un día; y, por el segundo delito, la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante tiempo de siete años. Penas que conllevan la pérdida de la condición de funcionaria. Igualmente fue condenada a abonar dos treceavas partes de las costas procesales causadas, sin incluir las de la Acusación Popular.

Asimismo se declaró la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras de 17 de septiembre de 2010; y se acordó que no procedía hacer pronunciamiento alguno con respeto a la mercantil ECISA, Compañía General de Construcciones, S.L.

En la misma sentencia fueron absueltos D. Ángel Jesús del delito de fraude a la Administración Pública y prevaricación por los que había sido acusado; D. Pelayo, D. Laureano y D.ª Elisenda del delito de fraude a la Administración Pública del que venían acusados; y D. Laureano del delito de falsedad por el que venía acusado. Igualmente se declararon de oficio seis treceavas partes de las costas causadas.

Recurso formulado por D. Pelayo.

El primer motivo del recurso se formula por vulneración de precepto constitucional, al amparo de los arts. 852 LECrim y 5.4 LOPJ, en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías, a un Tribunal imparcial y a la tutela judicial efectiva sin indefensión, art. 24 CE, y por vulneración del principio acusatorio.

1. Indica que fue condenado por delito de falsedad documental que se introdujo ex novo en el trámite de conclusiones definitivas por la Acusación Popular, sin que con anterioridad se hubiera formulado acusación por este delito, alterando sustancialmente los hechos que se contenían en el escrito de conclusiones provisionales.

Señala que los documentos que se consideraron falsos en el escrito de conclusiones provisionales se sustituyeron por otros documentos distintos en el de definitivas, sin que sobre la falsedad de estos documentos se hubiere realizado una imputación previa, no formando parte del objeto de la prueba en el plenario.

En su desarrollo sostiene que en el escrito de conclusiones provisionales se consideró delito de falsedad documental los cambios acordados por medio de un modificado del contrato originario. No mencionaba como falsos ninguno de los documentos que luego fueron introducidos en el trámite de conclusiones definitivas, sino que la falsedad documental, subsidiariamente calificada, se refería exclusivamente al «modificado del contrato originario», según resulta del escrito de conclusiones provisionales de la única parte que acusaba por el delito de falsedad documental.

Frente a ello, continúa exponiendo, en el escrito de conclusiones definitivas se consideran delito de falsedad documental los siguientes documentos: la comunicación de fecha 18 de diciembre de 2006, donde se expresa mendazmente que «actualmente se encuentra en trámite un Convenio de cesión de Terrenos sobre la parcela objeto de la actuación a subvencionar»; el escrito de fecha 2 de julio de 2007, por el que se envía un informe de la Dirección Facultativa de la obra, expresivo de la demora en la ejecución de las obras, solicitando la ampliación del plazo de ejecución y justificación de la cuantía resultante de la anualidad de 2006 y 2007; el escrito de fecha 14 de diciembre de 2007, por el que se solicita al Director General de Promoción Cultural el libramiento de la cantidad correspondiente a la anualidad de 2007, conforme al ritmo de ejecución de las obras previstas, eso sin que las obras hubiesen comenzado; y el escrito de fecha 1 de junio de 2010, dirigido al Consejero de Cultura, donde se remite el Proyecto de Obras complementarias.

Alega que la sentencia recurrida condena por delito de falsedad documental con relación a los tres primeros documentos, considerando no punible el escrito de 1 de junio de 2010. Y ninguno de estos documentos guarda relación alguna con el modificado del contrato de obras originario, refiriéndose a documentos que forman parte del expediente de subvención.

Por ello, manifiesta, ha sido condenando por un nuevo delito, con relación a hechos (documentos) por los que no se le ha tomado declaración durante la fase de instrucción; no se mencionaron en el auto de procedimiento abreviado como hechos justiciables; y no se mencionaban como falsarios en el único escrito de acusación de la acusación popular. Tampoco fueron objeto del plenario ninguno de los documentos por los que ha sido condenado por delito de falsedad documental.

Concluye señalando que la sustitución de unos documentos por otros en el trámite de conclusiones definitivas altera sustancialmente el relato histórico del escrito de acusación, lo que debe llevar a su absolución por el delito de falsedad documental.

2. Conforme expresábamos en las sentencias de esta Sala núm. 711/2022, de 13 de julio; 375/2021, de 5 de mayo; 565/2019, de 19 de noviembre; y 8/2021, de 14 de enero, reiterada doctrina de esta Sala recogida en la sentencia núm. 207/2018, de 3 de mayo, con cita expresa de la sentencia 86/2018, de 19 febrero, indica que «entre las garantías que incluye el principio acusatorio se encuentra la de que nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse, habiendo precisado a este respecto que por "cosa" no puede entenderse únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae no sólo sobre los hechos, sino también sobre su calificación jurídica" (SSTC núm. 4/2002, de 14 de enero; 228/2002, de 9 de diciembre; 35/2004, de 8 de marzo; 7/2005, de 4 de abril).

En consecuencia, el pronunciamiento del Tribunal debe efectuarse precisamente en los términos del debate, tal como han sido planteados en las pretensiones de la acusación, no pudiendo el Tribunal apreciar hechos o circunstancias que no hayan sido objeto de consideración en ésta y sobre las cuales, el acusado, por tanto, no haya tenido ocasión de defenderse en un debate contradictorio (SSTC. 40/2004 de 22.3, 183/2005 de 4.7). Además, este Tribunal ha afirmado que, con la prospectiva constitucional del derecho de defensa, lo que resulta relevante es que la condena no se produzca por hechos (o perspectivas jurídicas) que de facto no hayan podido ser plenamente debatidos (por todas STC. 87/2001 de 2.4).

En similar sentido las sentencias del Tribunal Constitucional 34/2009, de 9 de febrero, y 143/2009, de 15 de junio, precisan que "al definir el contenido del derecho a ser informado de la acusación, el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente en anteriores resoluciones que "forman parte indudable de las garantías que derivan del principio acusatorio las que son contenido del derecho a ser informado de la acusación", derecho que encierra un "contenido normativo complejo", cuya primera perspectiva consiste en la exigencia constitucional de que el acusado tenga conocimiento previo de la acusación formulada contra él en términos suficientemente determinados para poder defenderse de ella de manera contradictoria (SSTC. 12/81 de 10.4, 95/95 de 19.6, 302/2000 de 11.9). Esta exigencia se convierte así en instrumento indispensable para poder ejercer la defensa, pues mal puede defenderse de algo quién no sabe qué hechos en concreto se le imputan. (...)

Asimismo la Sala 2ª TS -STS 655/2010, de 13-7, 1278/2009, de 23-12; 313/2007, de 19-6; tiene señalado que el principio acusatorio exige la exclusión de toda posible indefensión para el acusado, lo cual quiere decir "en primer término, que el hecho objeto de acusación y el que es base de la condena permanezcan inalterables, esto es, que exista identidad del hecho punible, de forma que el hecho debatido en juicio, señalado por la acusación y declarado probado, constituya supuesto fáctico de la calificación de la sentencia. La otra condición consiste en la homogeneidad de los delitos objeto de condena y objeto de acusación" (SS. T.C. 134/86 Y 43/97)».

Existe una íntima relación entre principio acusatorio y derecho de la defensa. A este último nos referíamos también en la citada sentencia núm. 375/2021, de 5 de mayo, concretado en el derecho a ser informado de la acusación: «El derecho a ser informado de la acusación forma parte del contenido esencial del principio de contradicción y constituye un presupuesto necesario y fundamental del derecho de defensa.

Conforme señala el Tribunal Constitucional (STC núm. 40/2004, de 22 de marzo) en el ámbito de las garantías integradas en el derecho a un proceso equitativo (art. 24.2 CE) se encuentra el derecho a ser informado de la acusación y éste se conecta con el derecho de defensa. En concreto, señala que la información, a la que tiene derecho el acusado, tiene por objeto los hechos considerados punibles, de modo que sobre ellos recae primariamente la acusación y sobre ellos versa el juicio contradictorio en la vista oral, pero también la calificación jurídica, dado que ésta no es ajena al debate contradictorio.

En este mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado que el artículo 6.3.a) del Convenio reconoce al acusado el derecho a ser informado no sólo de la "causa" de la acusación, es decir, de los hechos materiales que se le imputan y sobre los cuales se basa la acusación, sino también de la "naturaleza" de la acusación, es decir, de la calificación jurídica dada a esos hechos (Mattoccia c. Italia, párrafo 59; Penev c. Bulgaria párrafos 33 y 42, 7 de enero de 2010).

Igualmente ha señalado que el acusado debe ser plena y debidamente informado de los cambios en la acusación, incluyendo aquellos que afecten a su "causa", y debe disponer del tiempo y de los medios adecuados para actuar y preparar su defensa sobre la base de cualquier nueva información o alegación (Mattoccia c. Italia, párrafo 61; Bäckström y Andersson c. Suecia (dec.)).

Ello no obstante, precisa que el artículo 6.3.a) no impone ninguna forma particular de cómo debe ser informado el acusado de la naturaleza y la causa de la acusación formulada contra él (Pélissier y Sassi c. Francia [GS], párrafo 53; Drassich c. Italia, párrafo 34; Giosakis c. Grecia (nº 3), párrafo 29).

En relación al momento en que el investigado o acusado debe recibir esta información, indica el Tribunal que la información sobre los cargos, incluyendo la tipificación jurídica que el tribunal podría adoptar en la materia debe, o bien indicarse antes del proceso en el documento de inculpación, o bien, al menos, durante el proceso por otros medios como la exposición formal o implícita de los cargos (I.H. y otros c. Austria, párrafo 34).

Prevé también la posibilidad de que se produzca una recalificación de los hechos durante el proceso, y considera que en este caso debe darse al acusado la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa de una manera práctica, eficaz y en un plazo pertinente (Pélissier y Sassi c. Francia [GS], párrafo 62; Block c. Hungría, párrafo 24).

A este respecto, señala el Tribunal Constitucional, (STC núm. 34/2009, de 9 de febrero) en un supuesto parecido al que es objeto de examen, que "(...) a efectos de la fijación de la acusación en el proceso, el instrumento procesal esencial es el escrito de conclusiones definitivas, el cual debe contener `los hechos relevantes y esenciales para efectuar una calificación jurídica e integrar un determinado delitoŽ, que es lo que ha de entenderse `por hecho punible a los efectos de la necesidad constitucional de conocer la acusación para poder ejercer el derecho de defensaŽ (STC 87/2001, de 2 de abril, FJ 6). Por eso no es conforme con la Constitución ni la acusación implícita, ni la tácita, sino que la acusación debe ser formulada de forma expresa y en términos que no sean absolutamente vagos o indeterminados (SSTC 36/1996, de 11 de marzo, FJ 5; 87/2001, de 2 de abril, FJ 5; 33/2003, de 13 de febrero; 299/2006, de 23 de octubre, FJ 2; 347/2006, de 11 de diciembre, FJ 2)."

En el mismo sentido tiene declarado (SSTC 11/1992; 95/1995; 36/1996; 4/2002; ATC 467/2004) que "El principio acusatorio, que trata de eludir acusaciones sorpresivas, indefensiones y condenas por delitos por los que no ha sido acusado una persona, exige una comparación entre delitos por los que se acusa y delitos por los que se condena, sin que puedan cumplir la función de comparación las diligencias iniciales de investigación judicial de uno o más delitos en los que aún no aparecen perfilados ni los hechos ni la calificación jurídica inherente. A este respecto no se puede tener en cuenta, ni la calificación del hecho por la denunciante, ni la indiciariamente llevaba a cabo por el órgano judicial en los primeros pasos del procedimiento, sino las especificadas en las conclusiones definitivas de las partes acusadoras en comparación con la sentencia definitivamente dictada".

Así pues, conforme a la doctrina de ambos Tribunales, lo realmente relevante no es que el acusado esté informado desde el mismo inicio del procedimiento de los hechos que se le imputan y de su calificación jurídica, sino que la información se comunique al acusado con la suficiente antelación para que éste pueda preparar su defensa. No es imprescindible que la imputación quede plenamente fijada en el acto de llevarse a cabo la primera declaración al investigado ante el Juez de Instrucción, pudiéndose concretar a lo largo de la instrucción hasta el escrito de calificaciones provisionales, de manera que en la contestación al mismo el acusado puede proponer las pruebas que estime pertinentes y ejercer, a partir de ese momento y durante el Juicio Oral, plenamente su defensa, tanto frente a los hechos como frente a sus calificaciones jurídicas. Incluso cabe la posibilidad de que, tras la práctica de las pruebas en el acto del Juicio Oral, las acusaciones, en sus conclusiones definitivas, cambien la tipificación penal de los hechos o se aprecien un mayor grado de participación o de ejecución o circunstancias de agravación de la pena. En este caso, conforme señala el artículo 788.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el procedimiento abreviado, el Juez o Tribunal podrá considerar un aplazamiento de la sesión, hasta el límite de diez días, a petición de la defensa, a fin de que ésta pueda preparar adecuadamente sus alegaciones y, en su caso, aportar los elementos probatorios y de descargo que estime convenientes.

Este derecho a ser informado de la acusación se ha convertido en un derecho básico de las personas acusadas o sospechosas en el espacio judicial europeo. En este sentido, la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, señala en su considerando (28) que debe facilitarse con prontitud a la persona sospechosa o acusada la información acerca de la infracción penal que se sospecha ha cometido o de cuya comisión se le acusa, a más tardar antes de su primer interrogatorio oficial por parte de la policía o de otra autoridad competente, y sin perjuicio del desarrollo de las investigaciones en curso. Debe facilitarse una descripción de los hechos constitutivos de infracción penal incluyendo, si se conocen, el lugar y la hora así como la posible tipificación jurídica, de forma suficientemente detallada, teniendo en cuenta la fase del proceso penal en la que se facilite esa descripción, a fin de salvaguardar la equidad del procedimiento y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa.

A continuación, en el considerando (29), añade que, si durante el proceso penal los detalles de la acusación cambian hasta el punto de afectar sustancialmente a la posición de la persona sospechosa o acusada, ésta debe ser informada de ello cuando sea necesario para salvaguardar la equidad del proceso y en el momento oportuno para permitir el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa.

En consonancia con ello, en su artículo 6.1, pone el acento del contenido de la información sobre la infracción penal que se sospecha que una persona ha cometido o está acusada de haber cometido. Información que, cuando la persona sospechosa o acusada está detenida, debe extenderse, además, a los motivos de su detención o privación de libertad -artículo 6.2-. Previéndose en el artículo 6.3 que cuando el contenido de la acusación se presente a un tribunal dicha información debe ser más detallada, incluyendo la que afecta a la naturaleza y la tipificación jurídica y a la participación de la persona acusada. Por último, en el apartado 4 contiene la garantía de que la persona sospechosa o acusada sea informada con prontitud sobre cualquier cambio que se produzca en la información facilitada cuando sea necesario para salvaguardar la equidad del procedimiento.

Esta Directiva ha sido transpuesta en nuestro derecho mediante la reforma operada por la LO 5/2015 (arts. art. 118.1.a), 302, 520.2 y 775 LECrim).»

En definitiva, este derecho prohíbe que la sentencia introduzca sorpresivamente valoraciones jurídicas nuevas. Ello tendrá lugar cuando las valoraciones jurídicas introducidas sean más graves que las propuestas por la acusación. Pero igualmente prohíbe una nueva calificación de igual o menor gravedad que la efectuada por las acusaciones cuando el delito objeto de condena no es homogéneo con el delito objeto de acusación.

3. En el supuesto examinado, no se ha producido alteración esencial del hecho histórico ni vulneración del principio acusatorio.

La acusación popular sostuvo en su escrito provisional que determinados comportamientos ligados a la subvención y a la documentación remitida a la Comunidad Autónoma podían integrar un delito de falsedad documental.

Examinados los escritos de conclusiones provisionales emitidos por la Acusación Popular y por el Ministerio Fiscal se comprueba en todo caso que en ambos se hacía referencia a los documentos relacionados por el recurrente.

Así, prescindiendo del documento de fecha 1 de junio de 2010, respecto del cual el Tribunal no ha apreciado falsedad, y al que, en todo caso, se hacía referencia en el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal (pág. 32), los demás documentos se encuentran recogidos en los escritos de ambas acusaciones.

Efectivamente, al documento de fecha 18 de diciembre de 2006 alude la Acusación Popular en la página 5 de su escrito. También el Ministerio Fiscal, quien en las páginas 16 y ss de sus conclusiones relata la remisión de tal documento, «a sabiendas de su ilicitud y de modo mendaz», a la Comunidad Autónoma.

El escrito de fecha 2 de julio de 2007, aparece referenciado en la página 6 del escrito de conclusiones de la Acusación Popular, dando cuenta de la falsedad de las afirmaciones que en el mismo se vertían por el recurrente, y, según se expresa, éste fue preguntado sobre el mismo en su declaración, donde expresamente reconoció su firma.

Finalmente al escrito de fecha 14 de diciembre de 2007 se refieren nuevamente, tanto el Ministerio Fiscal en la página 21 de sus conclusiones, como la Acusación Popular en la página 7 de su escrito de calificación provisional. En ambos casos se hace referencia a la mendacidad de su contenido.

En sus conclusiones definitivas, la Acusación Popular precisó los documentos que sustentaban la imputación de falsedad. Como se ha comprobado, los tres figuraban ya en las conclusiones provisionales y habían sido objeto de prueba y contradicción en el juicio.

El motivo omite además un dato decisivo. El art. 788.4 LECrim permite solicitar la suspensión o aplazamiento del juicio cuando la modificación de conclusiones genere necesidad de defensa adicional. Si la defensa consideraba realmente sorpresiva la concreción de la falsedad documental, podía haber solicitado tiempo para reordenar su estrategia probatoria o alegatoria. No consta que lo hiciera. La ausencia de esa reacción procesal debilita extraordinariamente la alegación de indefensión constitucional, porque la indefensión relevante a efectos del art. 24 CE debe ser real y material, no meramente formal o hipotética.

La concreción documental efectuada en las conclusiones definitivas no alteró, por tanto, el objeto de la acusación ni produjo indefensión.

El motivo por ello se desestima.

El segundo motivo del recurso se formula por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECrim, por indebida aplicación del art. 390.1.4º CP.

1. Sostiene que los documentos por los que fue condenado no contienen una alteración sustancial de la verdad ni poseen aptitud falsaria penalmente relevante.

A su juicio, los tres documentos considerados falsos por la sentencia (de 18 de diciembre de 2006, 2 de julio de 2007 y 14 de diciembre de 2007), no tienen función probatoria, y por tanto no puede apreciarse respecto de ellos la falsedad ideológica. Estima que, en todo caso, en los documentos que se consideran falsos no se faltó a la verdad, no se han narrado hechos falsamente, pues, en ninguno de los documentos referidos se expresa a la Dirección General de Cultura que las obras estuvieran ya en curso, sino que se solicitaba plazo para justificar la subvención ante la demora de las obras. Además, manifiesta que el contenido de los escritos remitidos por el recurrente a la Dirección General de Cultura carece de la esencialidad que requiere el delito de falsedad.

Entiende por ello que en ninguno de los documentos se produce una alteración sustancial de la verdad que pueda ser calificada como falsedad ideológica.

Señala también que en ninguno de ellos se afecta la función probatoria del documento, pues las comunicaciones y escritos del alcalde dirigidos a la Dirección General de Cultura no tenían una finalidad probatoria del hecho al que se referían.

Considera que no se trata de documentos públicos con función de fe o acreditación autónoma de hechos, sino de meras comunicaciones o escritos administrativos sujetos a ulterior comprobación dentro del expediente administrativo. Por ello, según la defensa, no serían documentos idóneos para integrar el delito de falsedad documental, pues no prueban por sí mismos la realidad de lo manifestado.

En relación con el documento de 18 de diciembre de 2006, el recurrente niega que sea falso el escrito dirigido a la Comunidad Autónoma relativo a la disponibilidad de terrenos para el auditorio. Alega que el documento no identificaba específicamente la parcela de la Rambla de Nogalte, por lo que no puede afirmarse que se mintiera sobre la disponibilidad de esos terrenos concretos.

Sobre el documento de 2 de julio de 2007 en él se solicitó ampliación del plazo para la justificación de la subvención sobre la demora en la ejecución de la obra, alega que no se afirmaba que las obras hubieran comenzado, sino únicamente que existía una demora, circunstancia que, según el recurrente, podía ser cierta aunque la obra no se hubiera iniciado materialmente. Añade que no era necesario que se hubieran comenzado las obras para obtener el pago de la subvención y que la Consejería admitió retraso en el inicio de las obras como justificación para otorgar la ampliación de plazo.

Sobre el documento de 14 de diciembre de 2007, y en relación con la solicitud de pago de la anualidad de la subvención «conforme al ritmo de ejecución de las obras previsto», sostiene que tampoco se afirmaba expresamente que las obras estuvieran iniciadas, sino solo una previsión de ejecución, por lo que no existiría falsedad típica. Además, invoca el Decreto autonómico regulador de la subvención para sostener que era posible solicitar el libramiento de fondos antes de la completa justificación de la obra.

Concluye señalando que lo esencial es que en ninguno de los documentos referidos se expresa a la Dirección General de Cultura que las obras estuvieran ya en curso, sino que se solicitaba plazo para la justificación de la subvención ante la demora de las obras, de modo que no se faltó a la verdad sobre la situación de las obras y su demora.

Destaca que finalmente, la subvención se dio por justificada, siendo lo relevante que el Ayuntamiento justificó la totalidad de la subvención y así lo certificó la CARM.

2. El motivo parte indebidamente del relato alternativo del recurrente y no del factum. Con ello pretende revisar la valoración fáctica bajo apariencia de infracción jurídica

Al formularse por el cauce del art. 849.1 LECrim, el motivo exige un respeto absoluto a los hechos probados, sin sustituirlos por la versión defensiva.

Sin embargo, el recurrente construye el motivo precisamente negando extremos afirmados por la sentencia, como que el acusado sabía que no existía disponibilidad de la parcela, que no existía proyecto apto ni concurso iniciado, que no se habían comenzado las obras, y que, pese a ello, remitió escritos dirigidos a obtener o mantener la subvención autonómica.

En todo caso, los documentos a los que se refiere el recurrente sí son idóneos para integrar el tipo contenido en el art. 390.1.4º CP

No puede acogerse la tesis de que fueran meras comunicaciones inocuas sin eficacia documental.

La sentencia condena por falsedad ideológica cometida por autoridad o funcionario en documento oficial, consistente en faltar a la verdad en la narración de hechos (art. 390.1.4º CP en su redacción aplicable). Los documentos en cuestión no eran escritos irrelevantes o internos, sino documentos administrativos oficiales dirigidos al órgano autonómico concedente de la subvención, integrados en el procedimiento administrativo y encaminados a justificar requisitos esenciales para la concesión o libramiento de fondos públicos.

No se trataba de simples opiniones o valoraciones políticas, sino de afirmaciones fácticas sobre extremos objetivamente verificables, como la disponibilidad de terrenos, estado de ejecución de la obra o cumplimiento del ritmo de ejecución exigido normativamente.

Como expresábamos en la sentencia núm. 757/2025, de 24 de septiembre, «La doctrina jurisprudencial de esta Sala (SSTS 990/2013, de 30 de diciembre y 872/2021, de 15 de noviembre) ha reiterado que el delito de falsedad en documento oficial concurre cuando se incorpora al documento una alteración sustancial de la verdad sobre hechos con trascendencia jurídica, con conocimiento de su falsedad y con voluntad de hacer pasar el documento por legítimo en el tráfico jurídico. No se exige daño efectivo, sino que basta el riesgo potencial de lesión a la seguridad jurídica, que en este caso se produjo mediante la utilización de tales documentos para justificar pagos y subvenciones públicas.»

En nuestro caso, la mendacidad apreciada por la sentencia es material y sustancial, no meramente interpretativa.

La defensa intenta reconstruir el significado de los documentos en términos ambiguos o inocuos, pero esa interpretación contradice frontalmente el relato fáctico declarado probado, el propio contenido de los documentos y omite los efectos jurídicos que los mismos produjeron.

Así, en el escrito de 18 de diciembre de 2006 que el recurrente remitió a la Comunidad Autónoma, afirmaba la disponibilidad de la parcela y que «actualmente se encuentra en trámite un convenio de cesión de terrenos», cuando no existía convenio aprobado, ni expediente, ni disponibilidad real de los terrenos destinados al auditorio. Además, junto al mismo se remitió el «Anteproyecto de Teatro Auditorio» redactado por el arquitecto Sr. Laureano, en el que se hacía constar que la construcción se llevaría a cabo «en la Ribera Sureste de la Rambla de Nogalte», y en el escrito se manifestaba que ya tenía la disponibilidad de la parcela para ubicar la obra.

La mendacidad no reside en una cuestión semántica sobre la concreta referencia topográfica, sino en la afirmación de una situación administrativa inexistente cuya finalidad era sostener la viabilidad del proyecto subvencionado.

Y, como señala la Audiencia, este escrito tuvo efectos jurídicos, pues el jefe de servicio de coordinación jurídico-administrativa de la Comunidad Autónoma realizó informe sobre que se había cumplido el requisito de la disponibilidad del terreno; y, con base en éste y otros informes, se dictó el Decreto 349/2006, de 22 de diciembre de concesión de la subvención.

Lo mismo puede decirse del escrito de 2 de julio de 2007. La alegación de que hablar de «demora» no equivale a afirmar el inicio de las obras resulta artificiosa.

El escrito se emitió para justificar la situación de ejecución ante la Administración concedente y presupone necesariamente la existencia de una obra iniciada cuya evolución sufre retrasos. Ni siquiera existía proyecto viable ni procedimiento de contratación iniciado, de modo que presentar una «demora en la ejecución» implicaba atribuir una realidad material inexistente. Además, como indica el Ministerio Fiscal ante esta Sala, a través del mismo lo que se solicitaba eran los tres millones de euros correspondientes a la anualidad de 2007, puesto que los primeros tres millones de euros de la anualidad de 2006 ya se habían remitido, y sobre los que había que justificar su utilización, que bien podría referirse a la obra strictu sensu o a la existencia de algún acto real que justificara el gasto de los primeros tres millones de euros.

Nuevamente, este escrito produjo efectos jurídicos, ya que se dictó el Decreto 331/2007, de 26 de octubre, que permitió dilatar la justificación de la subvención.

Tampoco puede calificarse de inocua la afirmación efectuada en el escrito de 14 de diciembre de 2007, relativa al «ritmo de ejecución de las obras previsto», porque dicha manifestación constituía precisamente el presupuesto exigido por la normativa autonómica para el libramiento de la anualidad de la subvención. El documento se utilizó para solicitar el pago de fondos públicos cuando el acusado conocía que no existía proyecto sobre la parcela URSR-11, ni concurso de proyectos, ni expediente de contratación, ni ejecución material de la obra.

No se trató de una expresión neutra, sino de una afirmación funcionalmente dirigida a producir un efecto administrativo concreto. De esta forma, el pago se obtuvo el 21 de diciembre de 2007, disponiendo con ello ya de la totalidad del importe de la subvención.

No concurre pues falsedad inocua o inofensiva, que exige ausencia de aptitud para generar perjuicio o incidir en el tráfico jurídico. En el caso examinado, como hemos analizado, sucede justamente lo contrario. Los documentos fueron empleados en un procedimiento subvencional de varios millones de euros, dirigidos al órgano competente para sostener la concesión y el libramiento de fondos públicos, cumpliendo una función causal en la continuidad financiera del proyecto. Difícilmente puede sostenerse su irrelevancia material.

Así pues, la alteración de la verdad apreciada por la sentencia fue sustancial y funcionalmente idónea para incidir en la actuación administrativa, quedando por ello plenamente integrada la tipicidad del art. 390.1.4º CP.

Procede por ello la desestimación del motivo.

El tercer motivo del recurso de Pelayo se formula por vulneración de precepto constitucional, al amparo de los arts. art. 852 LECrim y 5.4 LOPJ por infracción del principio acusatorio.

Señala que la Audiencia ha apreciado un concurso medial entre el delito de falsedad documental y el delito continuado de prevaricación, pese a que la Acusación Popular, única que formuló acusación por delito de falsedad, no lo había solicitado en sus conclusiones definitivas.

Aunque el recurrente reconoce que, en el caso concreto, el resultado final de las penas no resultó más gravoso por la aplicación de la regla favorable del art. 77 CP, insiste en que ello no neutraliza la lesión constitucional, porque el tribunal habría introducido indebidamente un marco penológico potencialmente más severo. Añade que el beneficio obtenido no deriva de la correcta aplicación del Derecho, sino de una corrección posterior de una infracción previa del principio acusatorio.

En el mismo sentido, a través del cuarto motivo del recurso, que formula al amparo del art. 849.1 LECrim, por indebida aplicación del art. 390.1.4º, en relación con el art. 77 CP, al haberse apreciado el delito de falsedad en documento público en concurso medial con el delito de prevaricación.

Se queja de que la sentencia no explica en qué consiste la conexión de medio a fin de que presupone conceptualmente el concurso medial. Considera que los documentos que se consideran falsarios, aun cuando guardaban relación con el expediente de subvención, no guardan relación alguna con las resoluciones que se consideran prevaricadoras. Y, en todo caso estima que aquellos documentos, si fueran falsarios, serían medios para la comisión del delito de fraude de subvenciones que resultó atípico, pero no para el dictado de ningún acto de prevaricación.

2. En los dos motivos, con distintas perspectivas, se denuncia la aplicación del concurso medial apreciado por el tribunal entre los delitos de falsedad y continuado de prevaricación. Por ello, por razones de sistemática casacional y a fin de evitar repeticiones innecesarias, daremos respuesta conjunta a estos dos motivos en los que, pese a la distinta vía casacional articulada, el recurrente denuncia una misma infracción con un fundamento común.

3. Es cierto que la correlación entre acusación y sentencia impide al tribunal condenar por hechos distintos de los atribuidos o por delitos heterogéneos que alteren sustancialmente el objeto del proceso sin posibilidad de contradicción. Nos remitimos en este momento a lo ya expuesto al examinar el primer motivo del recurso formulado por el recurrente.

En el presente supuesto, el acusado conoció desde el inicio del procedimiento los hechos que se le atribuían y las infracciones penales cuya condena se interesaba. La acusación popular formuló expresamente acusación tanto por un delito de falsedad documental como por un delito continuado de prevaricación administrativa en relación con un mismo conjunto de actuaciones vinculadas a la obtención y mantenimiento de la subvención pública. El debate contradictorio se desarrolló precisamente sobre esos hechos y sobre ambos tipos delictivos, de modo que la eventual apreciación de una relación medial entre ellos -ya descrita en los escritos de calificación de ambas acusaciones, aunque sin la correspondiente explicitación en la calificación jurídica- no introdujo hechos nuevos, ni delitos diversos, ni un marco fáctico inesperado sobre el que la defensa no hubiera podido ejercer su derecho de contradicción.

La apreciación del concurso medial no constituyó, por tanto, una alteración del objeto acusatorio, sino una consecuencia de la valoración jurídica realizada por el tribunal acerca de la conexión funcional existente entre las conductas enjuiciadas.

Frente a lo sostenido por el recurrente, el tribunal razonó de manera previa las razones que le conducían a la conclusión alcanzada, explicitando igualmente los efectos jurídicos que tales documentos mendaces produjeron en el tráfico jurídico, en los términos ya expuestos en el anterior fundamento de derecho de la presente resolución.

En todo caso, la alegada lesión del derecho de defensa carece de consistencia material ya que la apreciación del concurso medial no determinó una agravación efectiva de la pena. La propia sentencia acudió a la regla favorable del art. 77 CP, buscando la solución más beneficiosa para el recurrente, imponiendo las penas separadamente por resultar más beneficioso para éste. De este modo, aunque se aceptara la tesis del recurrente, la supuesta infracción carecería de trascendencia material, pues no produjo un perjuicio penológico efectivo. No concurre pues ni indefensión, ni agravación sorpresiva.

En consecuencia, el motivo debe ser desestimado.

El quinto motivo del recurso se formula por vulneración de precepto constitucional, al amparo del art. 852 LECrim y 5.4 LOPJ, en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías, a un Tribunal imparcial y a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24 CE), por vulneración del principio non bis in ídem, y de respeto a la eficacia preclusiva de la cosa juzgada.

1. Expone que se siguió un recurso contencioso-administrativo, a instancia del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia (COAMU) contra la decisión del Jurado del Concurso de Proyectos por el que se adjudicaba dicho concurso al redactado por el arquitecto Sr. Laureano. En dicho recurso, conforme a las pretensiones que fueron concretadas en la demanda, se alegaba que el concurso se había hecho en fraude de ley por cuanto antes de convocarlo ya estaba adjudicado al arquitecto Sr. Laureano, considerando que la Administración había incurrido en desviación de poder. Tal recurso se resolvió por sentencia de fecha 30 de mayo de 2012, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de la Región de Murcia, que desestimó el recurso y consideró que la decisión del Jurado del concurso de proyectos del Auditorio Municipal era conforme a Derecho y no concurría desviación de poder.

Considera que la jurisdicción penal no podía reabrir ese debate jurídico sin vulnerar la seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva.

A juicio del recurrente, la sentencia contencioso administrativa había validado o, al menos, cerrado definitivamente el examen de la legalidad administrativa de los actos relativos al concurso y contratación, de forma que la posterior condena penal supondría una indebida reiteración sancionadora respecto de unos mismos hechos ya enjuiciados. Insiste en que la eficacia negativa de la cosa juzgada impedía revisar en sede penal una cuestión ya definitivamente decidida en otro orden jurisdiccional.

El recurrente conecta esta objeción con el principio non bis in idem, sosteniendo que no puede existir un nuevo pronunciamiento condenatorio basado en el mismo núcleo fáctico ya resuelto judicialmente, pues ello comprometería la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y el derecho a obtener una resolución coherente y estable sobre hechos ya decididos.

2. Conforme hemos declarado de forma reiterada (SSTS núm. 1048/2007, de 10 de diciembre; 132/2010, de 18 febrero; 124/2020, de 31 marzo; y 876/2024, de 17 de octubre) «constituye doctrina jurisprudencial consagrada y pacífica: a) que los testimonios o certificaciones de resoluciones, más concretamente sentencias, dictadas por cualesquiera órganos judiciales, acreditan la realidad de su emisión, pero de ninguna manera, y frente a otros órganos judiciales, hacen fe del acierto y corrección jurídica de lo resuelto, ni de la realidad y veracidad de los hechos que le sirvieron de antecedente y determinaron su pronunciamiento; b) lo resuelto por un Tribunal, y excepto en el contenido y alcance propio que contornea la cosa juzgada material, no vincula ni condiciona a otro distinto, el cual con soberano criterio y plena libertad de decisión puede aceptar como correcto lo ya resuelto, o, por el contrario, llegar a conclusiones dispares de las del primero; c) en consecuencia, no pueden extrapolarse las apreciaciones o valoraciones de los jueces recogidas en una determinada resolución; se incurriría en recusable interferencia en la función de apreciación racional y en conciencia de la prueba reservada inexcusablemente al Juez o Tribunal sentenciador; d) de ahí que se predique, cuando de error en la apreciación de la prueba se trata, la carencia de virtualidad suficiente de los fundamentos fácticos de sentencias o resoluciones antecedentes, a fin de que en proceso distinto y por Tribunal diferente se haya de estar forzosamente a las conclusiones adoptadas en aquéllas; y e) la jurisdicción penal, por su carácter sancionador y la naturaleza personal de las penas que pueden ser impuestas, requiere un máximo de rigor en la valoración de las pruebas».

3. En nuestro caso, el recurrente identifica el previo control contencioso administrativo de determinados actos municipales con un auténtico enjuiciamiento penal de los hechos ahora objeto de condena. Sin embargo, ni concurre la identidad exigida para apreciar cosa juzgada material, ni puede afirmarse que el proceso penal haya supuesto una reiteración sancionadora constitucionalmente prohibida.

Debe recordarse, ante todo, que el principio non bis in idem exige una triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, de manera que solo impide un nuevo enjuiciamiento cuando una misma conducta ya ha sido definitivamente resuelta desde la misma perspectiva sancionadora. Y precisamente esa identidad falta en el presente caso.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Murcia de 30 de mayo de 2012 no tuvo por objeto determinar la eventual responsabilidad penal del acusado ni enjuiciar si las resoluciones adoptadas integraban un delito de prevaricación administrativa del art. 404 CP, sino examinar la legalidad administrativa de acuerdos y actuaciones municipales muy concretos, como es el concurso de proyectos, desde los parámetros propios de la jurisdicción contencioso administrativa. La función de aquel órgano jurisdiccional era distinta y los efectos jurídicos perseguidos también lo eran. La jurisdicción contenciosa controla la conformidad al ordenamiento administrativo; la jurisdicción penal enjuicia si determinadas actuaciones, además de ilegales, son constitutivas de delito. No existe, por tanto, identidad de fundamento.

Tampoco concurre verdadera identidad objetiva. La condena penal no descansa exclusivamente sobre la validez o invalidez administrativa del concurso de proyectos o de la contratación del arquitecto, sino sobre un entramado de actuaciones concertadas y conscientemente arbitrarias que la sentencia penal examina en toda su dimensión. Tales son el previo encargo verbal al arquitecto sin expediente de contratación, la utilización de sus proyectos para obtener la subvención autonómica, la inexistencia de disponibilidad de la parcela y la posterior instrumentalización del concurso de ideas como mecanismo de cobertura formal de una decisión ya adoptada. El objeto de enjuiciamiento penal posee, por tanto, un alcance sustancialmente más amplio que el eventual control administrativo previo del concurso de proyectos para el auditorio municipal. Lo que ha sido objeto del presente procedimiento no es únicamente la convocatoria y adjudicación del concurso de proyectos, sino todos los actos anteriores irregulares, los cuales no fueron sometidos al control del órgano judicial contencioso administrativo y por ello tampoco fueron objeto de análisis, esto es, como explica la Audiencia, el enmascaramiento de unos actos ilícitos y groseros (la previa adjudicación del proyecto de construcción del teatro) bajo la forma de actos lícitos (la convocatoria del concurso de ideas).

El motivo se desestima.

El sexto motivo se deduce al amparo del art. 852 LECrim y 5.4 LOPJ, en relación con el art. 24 CE, por infracción de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías en relación al concurso de ideas para la construcción de un Teatro-Auditorio.

1. Señala que la sentencia recurrida considera que existió delito de prevaricación en relación con tres bloques de actuaciones administrativas, como son, el supuesto encargo verbal del anteproyecto y los proyectos básicos del Teatro Auditorio, el posterior concurso de ideas y, finalmente, el modificado del contrato de obras. Sin embargo, niega que en ninguno de estos actos pueda apreciarse una contradicción grave y evidente con el ordenamiento jurídico que justifique una condena por prevaricación.

En primer lugar, respecto al denominado encargo verbal, sostiene que tal hecho ni siquiera ha quedado probado. Lejos de haberse acreditado una contratación irregular, lo que resulta del propio proceso es que el arquitecto actuó por iniciativa propia, presentando diversas ideas de manera voluntaria y sin que mediara procedimiento administrativo ni contraprestación económica alguna. La ausencia de retribución constituye, además, un indicio relevante de que no existió contrato. El uso posterior de estas propuestas por el Ayuntamiento, motivado por la urgencia de solicitar una subvención, no implica por sí mismo una infracción administrativa, pudiendo dar lugar, en todo caso, a una eventual reclamación por enriquecimiento injusto, pero no a responsabilidad penal. Asimismo, la posterior contratación del proyecto se realizó conforme a la legalidad mediante la convocatoria de un concurso público. A ello se añade que ni siquiera la propia sentencia recurrida afirma con certeza la existencia de dolo, elemento imprescindible del delito de prevaricación, al admitir que la actuación pudo deberse a la premura y no a una voluntad consciente de actuar contra la legalidad.

En segundo lugar, en relación con el concurso de proyectos, destaca que este fue formalmente convocado y publicado, con arreglo a la normativa vigente, y que su legalidad fue además confirmada por una resolución firme de la jurisdicción contencioso-administrativa. Rebate a continuación separadamente los indicios valorados por la sentencia de instancia. Así expone que el supuesto encargo previo no condicionó el resultado del concurso; la falta de publicación en el DOUE no puede considerarse irregularidad concluyente, al tratarse de una cuestión jurídicamente discutida; el plazo breve de presentación de propuestas estaba amparado por la tramitación urgente; y la composición del jurado no infringía norma alguna, ya que la legislación solo exigía su independencia respecto de los participantes, sin impedir que estuviera integrado por miembros vinculados al Ayuntamiento.

Tampoco se acredita, a su juicio, que el jurado actuara de forma parcial o contraria a Derecho. Por el contrario, no se practicó prueba alguna que permita sostener que la decisión adoptada no respondiera a criterios técnicos o que se quebrantara el deber de independencia. La mera condición de funcionarios de sus miembros no permite inferir falta de imparcialidad. En definitiva, estima que la conclusión de que el concurso estaba preadjudicado se basa en una valoración indiciaria sin suficiente solidez lógica ni probatoria.

Concluye señalando que el conjunto de circunstancias señaladas por la sentencia recurrida carece de la fuerza necesaria para demostrar una actuación arbitraria o ilegal. Ni de forma individual ni conjunta permiten sostener la existencia de prevaricación, máxime cuando la actuación administrativa fue declarada conforme a Derecho por la jurisdicción competente.

2. La queja exige examinar la suficiencia de la prueba indiciaria y la racionalidad de la inferencia seguida por la Audiencia.

Debe recordarse que el control casacional sobre la presunción de inocencia no autoriza una nueva valoración íntegra de la prueba practicada en el juicio oral, sino únicamente comprobar si existió prueba de cargo válida, regularmente obtenida, susceptible de contradicción y racionalmente valorada. Cuando la condena descansa sobre prueba indiciaria, el canon de control exige verificar que los indicios estén plenamente acreditados, sean plurales y convergentes, y que el proceso deductivo exteriorizado por el tribunal no resulte arbitrario, absurdo o contrario a las máximas de experiencia. El derecho fundamental concernido no exige que la inferencia incriminatoria sea la única imaginable, sino que resulte razonable, lógica y suficientemente fundada. Y ese estándar aparece plenamente satisfecho en el presente caso.

La sentencia no construye la condena sobre una mera sospecha ni sobre la sola circunstancia de que el concurso terminara adjudicándose al arquitecto D. Laureano. Reconoce que, desde una perspectiva estrictamente formal, el procedimiento del concurso de proyectos se ajustaba a la legalidad administrativa vigente, extremo corroborado tanto por el perito interventor núm. NUM000 como por la perito D.ª Laura, y asimismo reflejado en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Murcia. Sin embargo, la resolución explica de forma razonada que el objeto del proceso penal no consistía en reproducir un juicio abstracto de mera legalidad administrativa, sino en determinar si aquel procedimiento aparentemente regular fue instrumentalizado para «enmascarar unos actos ilícitos y groseros (la previa adjudicación del proyecto de construcción del teatro) bajo la forma de actos lícitos (la convocatoria del concurso de ideas)», esto es, si el concurso constituyó un mecanismo de cobertura formal de una decisión ya previamente adoptada.

La conclusión incriminatoria deriva así de un conjunto de indicios plurales, convergentes y mutuamente reforzados, cuya valoración conjunta permitió inferir razonablemente que el concurso de proyectos no respondió a una verdadera lógica competitiva, sino a la necesidad de otorgar apariencia de legalidad a una contratación previamente decidida y ya parcialmente ejecutada.

En efecto, la Audiencia declara probado que el arquitecto D. Laureano había sido encargado verbalmente por el alcalde, años antes de la convocatoria del concurso, para la elaboración de un anteproyecto de junio de 2006, un proyecto básico de noviembre de 2006 y un proyecto de definición general de febrero de 2007, todos ellos empleados para solicitar y obtener la subvención autonómica de seis millones de euros destinada al teatro-auditorio. Tales trabajos se realizaron sin expediente de contratación, sin concurrencia pública y sirvieron materialmente para impulsar el proyecto mucho antes de que existiera convocatoria alguna de concurso. La sentencia destaca que la propia construcción del teatro-auditorio conforme al proyecto de dicho arquitecto ya había sido objeto de difusión pública en fechas anteriores a la convocatoria del concurso, circunstancia documentalmente acreditada y corroborada incluso por la pericial aportada por la propia defensa. La inferencia de que el arquitecto partía de una posición singularmente privilegiada, derivada de un trabajo previo ya desarrollado, no puede calificarse de arbitraria.

Resulta particularmente significativo que el concurso no fuera convocado hasta diciembre de 2007, es decir, después de obtenida la subvención, aceptada formalmente la financiación y remitida a la Comunidad Autónoma la documentación técnica elaborada precisamente por el arquitecto posteriormente adjudicatario. La secuencia cronológica apreciada por la sentencia posee una evidente fuerza incriminatoria. Primero se encomienda informalmente el trabajo; después se utilizan los proyectos para conseguir seis millones de euros de financiación pública; y solo posteriormente se arbitra un procedimiento competitivo formal. La inferencia de que el concurso perseguía regularizar o legitimar una decisión ya tomada no puede calificarse de arbitraria ni ilógica.

A ello se añaden otras circunstancias objetivas valoradas por el tribunal de instancia. Singularmente, la omisión en el pliego inicial de los honorarios del adjudicatario, posteriormente fijados en 335.484,93 euros, pese a resultar perfectamente determinables desde el inicio conforme a los baremos orientativos del COAMU, lo que permitía inferir racionalmente que tal omisión perseguía evitar las exigencias de publicidad comunitaria y restringir el ámbito de concurrencia. La sentencia explica razonadamente que, de haberse incorporado tal importe al concurso desde el primer momento, hubiera resultado exigible publicidad comunitaria, lo que habría ampliado la concurrencia y dificultado la rápida culminación del procedimiento. La conclusión de la Audiencia, esto es, que la omisión perseguía limitar la concurrencia, aparece apoyada en un razonamiento lógico y objetivamente verificable, no en una mera sospecha.

Del mismo modo, la sentencia pondera el exiguo plazo de quince días naturales, en periodo navideño y de los cuales seis eran días inhábiles, conferido para la presentación de proyectos, circunstancia que la Audiencia no valora aisladamente, sino en conexión con el hecho de que el arquitecto finalmente adjudicatario llevaba más de un año trabajando en sucesivos proyectos sobre el mismo objeto. El juicio inferencial de la sentencia, conforme al cual un plazo tan exiguo beneficiaba singularmente al único profesional que ya disponía de un conocimiento exhaustivo y previo del proyecto, encuentra además corroboración objetiva en las protestas formuladas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, que desaconsejó expresamente la participación de sus colegiados, y en la declaración testifical practicada en el juicio oral.

Igualmente pondera la Audiencia la intervención decisiva del alcalde en la configuración y presidencia del jurado, integrado por personas designadas por él mismo, así como el hecho particularmente significativo de que el acta de adjudicación no exteriorizara motivación alguna acerca de las razones de preferencia del proyecto ganador, pese a exigirlo expresamente el pliego de condiciones, limitándose a una puntuación genérica carente de explicación racional. También valoró la presentación de un proyecto distinto al previamente utilizado por el Ayuntamiento para conseguir la subvención, el error en el nombre del proyecto cuando comunica el ganador por el Alcalde, y el plazo de un mes establecido para la redacción del proyecto, que era completamente insuficiente, a la vista de los errores que se cometieron en su redacción (tenía un grave defecto en el presupuesto al establecer como presupuesto de ejecución de contrata el presupuesto de ejecución de material, no contenía capítulo de seguridad y salud, no contenía estudio geotécnico y existía una clara necesidad de retranquear el edificio de Teatro-Auditorio, a la vista del Plan Parcial que se iba a aprobar de forma definitiva en la aprobación del PGOU el 26 de mayo de 2008).

Tales elementos no fueron valorados aisladamente, sino en una perspectiva global, permitiendo concluir razonablemente que el concurso aparecía profundamente condicionado desde su origen, erosionando gravemente los principios de publicidad, igualdad y concurrencia propios de la contratación pública.

El recurrente insiste en que pudo existir una finalidad legítima de «regularización administrativa», pero precisamente esa tesis no neutraliza, antes bien refuerza, la conclusión alcanzada por la sentencia. Si el concurso fue convocado para proporcionar cobertura formal a actuaciones ya desarrolladas al margen del procedimiento legal, la cuestión deja de residenciarse en el ámbito de la mera irregularidad administrativa para incidir directamente en la arbitrariedad proscrita por el art. 404 CP.La prevaricación no exige ausencia absoluta de procedimiento, sino la utilización conscientemente desviada del mismo para producir una apariencia de legalidad inexistente.

Tampoco puede acogerse la alegada falta de acreditación del elemento subjetivo. La sentencia no deduce el dolo de una mera conjetura, sino del propio contexto objetivo de actuación. El previo encargo verbal al arquitecto, la utilización anticipada de sus trabajos para obtener financiación pública, la convocatoria posterior del concurso y la posición determinante del acusado en su configuración y resultado permiten inferir racionalmente que el recurrente actuó con pleno conocimiento de la injusticia material de la resolución adoptada.

La secuencia descrita y los indicios examinados sustentan la conclusión de que el concurso dio apariencia de legalidad a una contratación previamente decidida. No se aprecia la vulneración de la presunción de inocencia denunciada, por lo que el motivo se desestima.

El séptimo motivo del recurso se formula al amparo del art. 852 LECrim y 5.4 LOPJ, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías con interdicción de la arbitrariedad garantizados por el art. 24 CE, en relación al segundo delito de prevaricación administrativa, referido al denominado «proyecto modificado» del teatro-auditorio y a su posterior aprobación por la Junta de Gobierno Local.

1. Sostiene que la sentencia llega a la conclusión de la ilegalidad del proyecto modificado a partir de premisas no concluyentes y de interpretaciones discutibles de la normativa administrativa, sin base probatoria suficiente para afirmar que la actuación municipal constituyera una resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia.

Expone que, una vez adjudicado el contrato de obras a ECISA, S.A. en marzo de 2008 e iniciadas las obras en mayo siguiente, el arquitecto director D. Laureano comunicó en febrero de 2009 la necesidad de modificar el proyecto originario debido a cambios sobrevenidos en la delimitación de la parcela derivados de la modificación del planeamiento urbanístico y del retranqueo impuesto por la alteración de uno de los viales. Tales circunstancias eran imprevisibles al tiempo de elaborarse el proyecto inicial y justificaban técnicamente un modificado orientado a reubicar y redimensionar edificios sin alterar sustancialmente sus características esenciales.

Refiere que el proyecto modificado comenzó a ejecutarse antes de su aprobación formal por entender aplicable la excepción prevista en el art. 160 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, posteriormente reproducida en el art. 217.3 de la Ley 30/2007, que permitía introducir variaciones sin autorización previa cuando consistieran en alteraciones de unidades de obra sin incremento superior al 10 % del precio originario del contrato.

Estima que la sentencia considera acreditado, sin prueba concluyente practicada en el plenario, que el modificado superaba el referido umbral del 10 %, circunstancia de la que deduce la ilegalidad de su ejecución anticipada y la necesidad de aprobación previa. En este punto denuncia que el propio presidente del tribunal manifestó durante el juicio oral que el coste de terminación del proyecto o las desviaciones económicas no constituían objeto del proceso penal, impidiendo con ello desplegar prueba específica sobre dicha cuestión, para después incorporar en la sentencia afirmaciones según las cuales el modificado afectaba a un 38,04 % de los precios originales y necesariamente superaba el límite legal del 10 %.

Asimismo, cuestiona la valoración del informe pericial del arquitecto Sr. Benjamín, utilizado por la acusación para sostener la existencia de una reducción indirecta de unidades de obra equivalente a un incremento del coste superior al 10 %. Sostiene que el propio informe reconocía que las superficies construidas eran sustancialmente similares a las inicialmente proyectadas, con una diferencia de apenas 64,70 m², y que lo realmente producido fue una reubicación y redimensionado de edificios motivada por necesidades urbanísticas sobrevenidas, adoptándose precisamente un modificado a coste cero para no incrementar el importe contractual.

Concluye señalando que la cuestión discutida es si la reducción de unidades de obra, sin alterar el precio original del contrato, puede ser valorada indirectamente como alteración del precio, determinando el valor de la obra reducida, a los efectos del art. 160 de la Ley de Contratos. Entiende que se trata en todo caso de una cuestión jurídica sobre la que no existe una posición incontrovertida.

En definitiva, considera que la aprobación del proyecto modificado por la Junta de Gobierno Local el 17 de septiembre de 2010, aunque producida una vez ejecutadas las obras, no puede reputarse una resolución arbitraria o clamorosamente contraria a Derecho.

2. La impugnación se refiere a la ejecución anticipada del proyecto modificado y a su posterior aprobación por la Junta de Gobierno Local.

La Audiencia considera que la aprobación de septiembre de 2010 formalizó una modificación sustancial ya ejecutada al margen del procedimiento de contratación. Para alcanzar esa conclusión examina la cronología de las obras, la entidad de las alteraciones y las justificaciones técnicas ofrecidas, en los términos que se exponen a continuación.

La resolución parte de un hecho cierto no controvertido, como es que el proyecto modificado presentado en febrero de 2009 comenzó a ejecutarse inmediatamente, sin esperar a su aprobación por el órgano de contratación, que no tuvo lugar hasta el 17 de septiembre de 2010, es decir, más de un año después y cuando las modificaciones ya habían sido materialmente incorporadas a la obra.

Tal circunstancia no solo quedó acreditada documentalmente, sino reconocida por los propios acusados. Así, el arquitecto D. Laureano admitió expresamente en el juicio oral que el proyecto modificado se ejecutó antes de su aprobación formal y que pronto se advirtió la insuficiencia económica del proyecto inicialmente concebido para culminar la totalidad de la obra. De igual forma, la acusada D.ª Elisenda reconoció conocer que el modificado se estaba ejecutando con anterioridad a su aprobación y que resultaba imprescindible su aprobación para justificar las certificaciones emitidas y el gasto ya realizado.

La Audiencia no desconoce que el art. 160 del Reglamento contemplaba una excepción a la exigencia general de autorización previa cuando las variaciones consistieran en alteraciones de unidades de obra sin incremento superior al 10 % del precio primitivo del contrato. Pero explica razonadamente por qué tal excepción no resultaba aplicable al caso concreto. Y lo hace no mediante afirmaciones apodícticas, sino identificando los elementos objetivos que conducen a esa conclusión, como son la desviación del 38,04 % respecto del proyecto original; la incorporación de partidas no previstas; la alteración derivada de los errores de retranqueo y de un estudio geotécnico defectuoso; la eliminación de un edificio completo, esto es, el bar cafetería; y la reducción de capítulos esenciales relativos a carpintería, equipamiento escénico, acabados e instalaciones, todo ello reflejado en la documentación técnica y pericial valorada en el plenario. La conclusión de que las modificaciones excedían del ámbito permitido para variaciones menores de unidades de obra no constituye una conjetura arbitraria, sino una inferencia apoyada en datos objetivos expresamente exteriorizados en la sentencia.

Frente a ello, el recurrente sostiene que el tribunal ha presumido indebidamente un incremento superior al 10 % sin haberse practicado prueba concluyente y pese a determinadas manifestaciones realizadas por el presidente de la Sala durante el juicio oral acerca de que la cuestión del coste no constituía objeto del proceso. Sin embargo, la objeción no desvirtúa el razonamiento condenatorio. La sentencia no fundamenta la ilegalidad del modificado en el coste futuro de terminación del auditorio ni en una mera especulación económica ajena al objeto del proceso, sino en la entidad objetiva de las alteraciones ya ejecutadas y en su incompatibilidad con la excepción normativa invocada por la defensa. La referencia realizada durante el plenario a la improcedencia de cuantificar hipotéticas responsabilidades económicas futuras no impedía al tribunal valorar, como efectivamente hizo, la significación jurídica de las alteraciones introducidas a efectos del régimen legal de aprobación de modificados.

En contra de la tesis defensiva según la cual el modificado obedeció a una necesidad sobrevenida derivada del retranqueo exigido por la modificación de un vial, la Audiencia razona de forma particularmente detallada por qué tal explicación no resultó acreditada. La prueba testifical, documental y pericial practicada permitía concluir que, cuando se formuló el modificado, el edificio del teatro-auditorio ni siquiera se había iniciado materialmente, lo que desmentía que el retranqueo justificara alteraciones de la magnitud finalmente incorporada. En la misma línea, el tribunal valoró el informe del perito Sr. Benjamín y el resto del material probatorio para concluir que las modificaciones derivadas de la anchura del vial no explicaban la dimensión real del modificado aprobado.

Tampoco quedó acreditada, según razona la sentencia, la segunda de las justificaciones invocadas, esto es, la necesidad de un nuevo estudio geotécnico. La Audiencia aprecia que tal estudio nunca llegó realmente a elaborarse para el proyecto litigioso, utilizándose el previamente realizado para otra actuación distinta (la Fundación Josefina Alcaraz), circunstancia que debilitaba aún más la tesis de que el modificado respondiera a necesidades técnicas sobrevenidas e imprevisibles.

Precisamente por ello, la sentencia explica que la actuación conforme a Derecho hubiera exigido la suspensión temporal de la obra y el examen de las consecuencias contractuales derivadas de aquella desviación sustancial, incluida la eventual resolución del contrato y las responsabilidades técnicas derivadas de los errores detectados. Sin embargo, lo que se produjo fue una decisión distinta, como fue acudir a un proyecto modificado ya ejecutado de hecho para regularizar retrospectivamente una situación consumada y evitar el reintegro de la subvención concedida.

La relevancia penal que la Audiencia atribuye a los hechos se funda en la ejecución consciente de una transformación sustancial sin autorización y en su posterior aprobación para presentar como regular la situación consumada.

La presencia de informes o de cobertura documental no neutraliza automáticamente el delito de prevaricación cuando el procedimiento se utiliza precisamente para conferir apariencia de legalidad a una decisión previamente ejecutada y materialmente contraria al régimen jurídico aplicable. El art. 404 CP no exige una ilegalidad burda desprovista de toda cobertura formal; la prevaricación puede concurrir también cuando el procedimiento administrativo es instrumentalizado para legitimar decisiones conscientemente apartadas del ordenamiento.

Tampoco resulta arbitraria la inferencia relativa al elemento subjetivo del tipo. La sentencia no deduce el dolo prevaricador de una mera discrepancia interpretativa sobre normativa contractual, sino del propio contexto objetivo de actuación. El conocimiento por los responsables municipales de la inviabilidad técnica y económica del proyecto originario; la ejecución anticipada de un proyecto materialmente distinto sin autorización previa; la prolongada ausencia de aprobación formal; y la finalidad de salvar la subvención y evitar su reintegro constituyen un sustrato fáctico suficientemente sólido para inferir racionalmente que la resolución aprobatoria de 17 de septiembre de 2010 fue adoptada con pleno conocimiento de su contradicción sustancial con el régimen legal aplicable.

Estos datos sustentan tanto la arbitrariedad atribuida a la resolución aprobatoria como la inferencia sobre el conocimiento de su injusticia. Las objeciones examinadas no desvirtúan ese razonamiento. El motivo se desestima.

El octavo motivo del recurso se formula por vulneración de precepto constitucional al amparo del art. 852 LECrim y del art. 5.4 LOPJ en relación con el art. 24 CE, denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías con interdicción de la arbitrariedad, respecto del delito de falsedad documental y de prevaricación por el que fue condenado.

Señala que no tuvo más intervención en el procedimiento administrativo que la de haber firmado los documentos que institucionalmente debían ser rubricados por él, o tras las decisiones colegiadas de la Junta de Gobierno, pero sin haber tenido intervención efectiva en la preparación de los documentos y la tramitación administrativa.

Indica que se limitó a suscribir los informes y conclusiones y valoraciones realizadas por los técnicos y personal del Ayuntamiento, sin tener nunca un informe en contra, ni un reparo por los órganos fiscalizadores del expediente administrativo.

En desarrollo del motivo, efectúa un examen pormenorizado de las declaraciones prestadas en el juicio oral por diversos cargos políticos, funcionarios y técnicos municipales, sosteniendo que todas ellas evidenciaron la ajenidad del alcalde respecto de la tramitación técnica del expediente y la inexistencia de una actuación personal dirigida a imponer decisiones contrarias a los informes técnicos o jurídicos.

En particular, destaca la declaración de D.ª Elisenda, secretaria del Ayuntamiento, quien explicó el funcionamiento de la Junta de Gobierno Local, la tramitación por urgencia de determinados asuntos y el papel de asesoramiento jurídico de Secretaría, insistiendo, según el recurrente, en que las decisiones sobre el desarrollo del expediente y de la obra correspondían a los técnicos y órganos competentes, sin intervención material del alcalde. Asimismo, resalta la declaración de la interventora municipal D.ª Guadalupe, quien describió los controles financieros y de legalidad sobre certificaciones de obra, afirmando que éstas eran revisadas técnicamente y llegaban a intervención con el visto bueno del director facultativo, sin intervención directa del alcalde en tales extremos.

Pone igualmente énfasis en las declaraciones del concejal D. Alonso y del técnico municipal D. Carlos Ramón, quienes, según señala, situaron la dirección efectiva del expediente en la Concejalía de Obras Públicas y en los técnicos municipales, bajo la coordinación del concejal delegado D. Hugo, explicando que las obras públicas eran gestionadas ordinariamente por dicha concejalía y elevadas a los órganos colegiados una vez contaban con informes técnicos favorables. También invoca la declaración de D.ª Reyes, arquitecta municipal, así como la de la concejal D.ª Paula, miembro del jurado del concurso, para sostener la ausencia de manipulación o injerencia del alcalde en el proceso de selección del proyecto arquitectónico.

Especial relevancia atribuye asimismo el recurrente a la declaración de D. Celso, Director General de Cultura de la Comunidad Autónoma de Murcia, quien afirmó que sus interlocutores en el proyecto fueron siempre el concejal de Cultura o el de Obras Públicas, manifestando no haber tratado con el alcalde ni tener constancia de una intervención personal de éste en la tramitación del expediente del complejo Teatro-Auditorio.

Denuncia que la Audiencia omite cualquier consideración real de estos elementos de descargo, sin explicar por qué, pese a las declaraciones coincidentes de técnicos, funcionarios y cargos municipales, atribuye al alcalde un papel de implicación y dominio del expediente.

2. El recurrente no cuestiona realmente los datos objetivos sobre los que se asienta la condena por el delito de falsedad documental, sino que desplaza el debate hacia una supuesta falta de intervención efectiva en la preparación de los documentos remitidos a la Comunidad Autónoma, sosteniendo que su única participación consistió en la firma institucional de escritos elaborados por terceros en el seno de la organización municipal.

El examen se realizará conforme al alcance del control casacional sobre la presunción de inocencia expuesto en el fundamento sexto, apartado 2.

La sentencia recurrida no prescinde de la prueba de descargo invocada por el recurrente ni ignora las declaraciones de funcionarios, técnicos o cargos municipales relativas al funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y a la intervención de concejalías delegadas en la tramitación administrativa del expediente. Antes al contrario, la Audiencia las valora expresamente, pero explica de forma razonada por qué tales declaraciones no resultan incompatibles con la conclusión alcanzada acerca del conocimiento y participación del acusado en la remisión de documentos inveraces de especial relevancia para la obtención y mantenimiento de la subvención autonómica.

Debe destacarse, además, que el recurso no discute los hechos objetivos de falsedad que la sentencia declara acreditados. No cuestiona que, cuando el acusado remitió el escrito de 18 de diciembre de 2006, no existía convenio alguno aprobado ni expediente tramitado relativo a la cesión de la parcela sobre la que debía ejecutarse el teatro-auditorio, pese a afirmarse en el documento que «actualmente se encuentra en trámite un convenio de cesión de terrenos sobre la parcela objeto de la actuación a subvencionar». Tampoco discute que, al remitirse el escrito de 2 de julio de 2007, no existía dirección facultativa formalmente contratada ni se había realizado el concurso de proyectos. Ni que, cuando el acusado solicitó el 14 de diciembre de 2007 el abono parcial de la subvención, no existía aún proyecto aprobado sobre la parcela ni siquiera se había iniciado el concurso de proyectos arquitectónicos. Tales extremos, determinantes para apreciar la inveracidad de los documentos, permanecen sustancialmente incontestados.

La línea defensiva se reduce, en realidad, a sostener que el recurrente desconocía el contenido de los documentos que firmaba o que su intervención era meramente protocolaria o institucional. Sin embargo, la Audiencia ofrece razones suficientes, lógicas y no arbitrarias para descartar tal hipótesis exculpatoria.

En efecto, la sentencia pondera, en primer término, la extraordinaria relevancia del proyecto concernido. Las declaraciones testificales practicadas en el juicio oral, incluidas las de distintos concejales municipales y del entonces Director General de Cultura, Celso, permitieron acreditar que el Teatro Auditorio constituía el proyecto público de mayor dimensión económica, institucional y política impulsado por el Ayuntamiento en aquella etapa. La propia notoriedad del proyecto, su cuantía y el relevante despliegue institucional asociado a su promoción hacían escasamente verosímil que el alcalde desconociera extremos esenciales de una actuación cuya obtención de financiación dependía precisamente de los documentos litigiosos.

La Audiencia pondera asimismo el papel desempeñado personalmente por el acusado en la promoción del proyecto, resaltando el intenso despliegue institucional y publicitario en torno al teatro-auditorio y la implicación activa del recurrente en las relaciones con la Administración autonómica. En base a todo ello, la afirmación de que se limitaba a firmar escritos sin conocer mínimamente su contenido ni las circunstancias esenciales del expediente aparece razonablemente descartada por el tribunal de instancia.

Particular relevancia atribuye además la sentencia a la declaración testifical de D. Edemiro, persona encargada de tramitar el expediente de subvención por indicación de la Alcaldía. Según razona la Audiencia, este testigo explicó que el documento relativo a la tramitación de la cesión de terrenos no fue elaborado por él, sino que recibió instrucciones desde la Secretaría de Alcaldía para recogerlo e incorporarlo al expediente subvencional, lo que refuerza racionalmente la inferencia de una intervención consciente y no meramente formal del acusado en la documentación remitida a la Comunidad Autónoma.

La relevancia del proyecto, la intervención del acusado en su promoción y la declaración de D. Edemiro sustentan la inferencia de que conocía el contenido y la inveracidad de los documentos que suscribió. Las declaraciones invocadas sobre el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento no excluyen esa intervención concreta. El motivo se desestima.

El noveno motivo (numerado por el recurrente también como motivo octavo) se formula por infracción de ley al amparo del art. 849.1 LECrim, denunciando la inaplicación indebida del art. 21.6 CP, en relación con el art. 66 CP, al no haber apreciado la sentencia la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.

1. Sostiene que la duración del procedimiento fue extraordinariamente prolongada y anómala, muy superior a la razonable para una causa de esta naturaleza, y que tal demora no le resulta imputable. Destaca que los hechos investigados comenzaron en 2006, mientras que el juicio se celebró en 2022, de modo que transcurrieron más de dieciséis años.

Expone que el procedimiento se originó a raíz de la querella interpuesta por la Fiscalía de Murcia el 2 de febrero de 2015 ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que se inhibió por auto de fecha 2 de marzo de 2015 en favor de los Juzgados de Instrucción de Lorca.

Tras relacionar los hitos que considera más importantes del procedimiento, concluye que, ni la naturaleza de los hechos, ni las circunstancias del litigio, permiten justificar la dilación extremadamente prolongada del procedimiento, que no es imputable a la conducta procesal desplegada por él.

Por ello entiende que debe ser apreciada la atenuante de dilaciones indebidas que ha de conllevar la rebaja en dos grados de las penas.

2. Este Tribunal viene señalando (sentencias núm. 360/2014 y 364/2018) que, al margen de circunstancias excepcionales que acrediten una efectiva lesión de especial entidad derivada de la dilación, la atenuante de dilaciones indebidas ha de acogerse (más como resumen empírico que como norma de seguimiento) atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante más de cinco años, plazo que de por sí se consideraba, en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal por la vía del art. 21.6ª CP.

Como criterios a tener en cuenta en la doctrina del Tribunal Constitucional y en jurisprudencia del Tribunal Supremo para determinar si se han producido o no las dilaciones indebidas, se encuentran: a) la naturaleza y circunstancias del litigio, singularmente su complejidad, debiendo prestarse exquisito cuidado al análisis de las circunstancias concretas; b) los márgenes ordinarios de duración de los litigios del mismo tipo; c) la conducta procesal correcta del demandante, de modo que no se le pueda imputar el retraso; d) el interés que en el proceso arriesgue el demandante y consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes; e) la actuación del órgano judicial que sustancia el proceso y consideración de los medios disponibles, etc.

Conforme señalábamos en la sentencia núm. 703/2018, de 14 de enero, «el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que aparece expresamente reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, no es identificable con el derecho al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes procesales, pero impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también la de ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. El artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, se refiere expresamente al derecho de toda persona a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable. En función de las alegaciones de quien lo invoca, puede ser preciso en cada caso el examen de las actuaciones. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes (STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España, y las que en ellas se citan).

En la regulación expresa que de esta causa de atenuación aparece en el artículo 21.6ª del Código Penal tras la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, se exige para su aplicación con efectos de atenuante simple que se trate de una dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, lo que excluye los retrasos que no merezcan estas calificaciones; y, además, que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa.

Su apreciación como muy cualificada requerirá de una paralización que pueda ser considerada superior a la extraordinaria, o bien que ésta, dadas las concretas circunstancias del penado y de la causa, pueda acreditarse que ha ocasionado un perjuicio muy superior al ordinariamente atribuible a la dilación extraordinaria necesaria para la atenuante simple. En este sentido, en la STS 692/2012 se hace referencia a una dilación manifiestamente desmesurada por paralización del proceso durante varios años. Y añade que también, cuando no siendo así, la dilación materialmente extraordinaria pero sin llegar a esa desmesura intolerable, venga acompañada de un plus de perjuicio para el acusado, superior al propio que irroga la intranquilidad o la incertidumbre de la espera, como puede ser que la ansiedad que ocasiona esa demora genere en el interesado una conmoción anímica de relevancia debidamente contrastada; o que durante ese extraordinario período de paralización el acusado lo haya sufrido en situación de prisión provisional con el natural impedimento para hacer vida familiar, social y profesional, u otras similares que produzcan un perjuicio añadido al propio de la mera demora y que deba ser compensado por los órganos jurisdiccionales.

En algunos precedentes, esta Sala ha aplicado la atenuante como muy cualificada en procesos por causas no complejas de duración entre ocho y doce años entre la incoación y la sentencia de instancia (STS 1224/2009; STS 1356/2009; STS 66/2010; STS 238/2010; y STS 275/2010) reduciendo la pena en uno o dos grados según las circunstancias de cada caso. Así se recogía en la STS nº 72/2017, de 8 de febrero.»

Como explica y compendia la sentencia núm. 668/2016, de 21 de julio «en las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en las sentencias 291/2003 de 3 de marzo (ocho años de duración del proceso); 655/2003 de 8 de mayo (9 años de tramitación); 506/2002 de 21 de marzo (9 años); 3912007 de 15 de enero (10 años); 896/2008 de 12 de diciembre (15 años de duración); 132/2008 de 12 de febrero (16 años); 44012012 de 25 de mayo (10 años); 805/2012 de 9 octubre (10 años); 37/2013 de 30 de enero (8 años); y 360/2014, de 21 de abril (12 años).»

La sentencia núm. 760/2015, de 3 de diciembre estimó una atenuante de dilaciones muy cualificada en un supuesto de 13 años de duración del proceso, en el que la única actividad procesal relevante en los últimos cinco fue el nombramiento de Letrado a un responsable civil y la formulación de conclusiones provisionales por éste.

3. En el caso de autos, el recurrente relaciona los hitos más importantes en la tramitación de la causa, que ha tenido una duración total de siete años y medio. Así, el procedimiento fue incoado mediante auto de fecha 22 de junio de 2015. Mediante diligencia de ordenación de fecha 10 de julio de 2015, se tuvo por personado y parte, en nombre y representación del recurrente, al Letrado D. Francisco Martinez-Escribano Gomez. Y fue citado para prestar declaración como investigado el día 15 de julio de 2015. El juicio se celebró el día 29 de noviembre de 2022 y se dictó sentencia el día 6 de marzo de 2023.

Es cierto que el procedimiento presenta una duración temporal extensa, pero la prolongación temporal del proceso, aun siendo relevante, no determina automáticamente la apreciación de la atenuante como muy cualificada. Concurrían circunstancias objetivas de complejidad que justificaban razonablemente una tramitación prolongada. No se trataba de una causa sencilla ni de un único episodio delictivo delimitado en el tiempo, sino de una investigación relativa a una pluralidad de actuaciones administrativas complejas vinculadas a subvenciones públicas, contratación administrativa, proyectos técnicos, modificaciones de obra, expedientes urbanísticos y ejecución contractual, con abundante documentación administrativa y técnica, varios acusados y diversidad de infracciones inicialmente investigadas, incluidas prevaricación, falsedad y fraude de subvenciones.

Aunque el recurrente invoca genéricamente lapsos temporales excesivos, no identifica con precisión fases concretas de paralización absolutamente inexplicable de entidad tal que permitan concluir que el funcionamiento del proceso desbordó de manera extraordinaria los estándares de razonabilidad, singularmente teniendo en cuenta la complejidad de la causa.

Únicamente, como aprecia la sentencia de instancia, el procedimiento se paralizó al llegar al Tribunal de enjuiciamiento, donde permaneció durante un año sin actividad. Precisamente por ello la Audiencia apreció la atenuante simple, ponderando el tiempo transcurrido, pero rechazó razonablemente elevarla a muy cualificada.

Tampoco puede apreciarse que se haya ocasionado a los acusados un perjuicio muy superior al ordinariamente atribuible a la dilación extraordinaria necesaria para la atenuante simple.

En definitiva, con arreglo a los parámetros jurisprudenciales anteriormente expuestos, aunque la causa haya tenido una duración superior a la debida en atención a la complejidad de la investigación y se hayan producido paralizaciones injustificadas que alcanzan el carácter de extraordinarias, no han quedado desbordados los contornos propios de la atenuante de dilaciones, que solo podría operar como simple al no haber alcanzado la injustificada demora entidad o envergadura suficientes para sustentar la cualificación que se pretende. Solo a partir de tal cualificación sería factible la degradación penológica que el recurrente postula, reservada, como hemos dicho para supuestos de extremada intensidad. Conforme señala la sentencia núm. 668/2016, de 21 de julio, «una cosa es adaptar la pena por una demora excesiva en la tramitación del procedimiento y otra muy distinta desactivar los tipos penales por dilaciones procesales que no resulten verdaderamente superextraordinarias».

El motivo no puede prosperar.

Recurso formulado por D. Laureano.

El primer motivo del recurso se formula por infracción de ley al amparo del art. 849.2 LECrim, por error en la apreciación de la prueba basado en documentos obrantes en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

1. Denuncia un error fáctico patente de la sentencia respecto del conocimiento del proyecto modificado por la empresa INCOSA, designada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) para el control de ejecución de la obra.

El recurrente sostiene que la sentencia incurre en un error documentalmente verificable al afirmar en el hecho probado segundo que INCOSA «nunca dispuso del proyecto modificado para poder controlar la verdadera ejecución de la obra», pues tal afirmación resulta frontalmente contradicha por el contenido literal de cuatro informes emitidos por dicha entidad entre julio de 2009 y noviembre de 2010 (informes NUM001 de 28 de julio y 11 de diciembre de 2009; e informes NUM002 de 5 de mayo y 5 de noviembre de 2010). Según el recurrente, dichos documentos acreditan de forma literosuficiente que INCOSA conocía y manejaba el proyecto modificado desde fechas muy tempranas, haciendo expresa referencia a modificaciones estructurales, documentación técnica digital, memoria, planos, pliegos, planificación y certificaciones mensuales de obra.

A partir de ello, defiende que el proyecto modificado nunca fue ocultado ni a INCOSA ni a la CARM, sino que fue objeto de seguimiento técnico continuado y transparente. Destaca que ninguno de los informes de control emitidos por INCOSA advirtió ilegalidad alguna, recomendó la paralización de la obra o cuestionó técnicamente las modificaciones introducidas, insistiendo en que todos los peritos coincidieron en el juicio oral en que los proyectos constructivos sufren ajustes normales durante la fase de ejecución.

Considera por ello que la sentencia construye parte de su inferencia incriminatoria sobre un presupuesto fáctico erróneo, como es que la empresa de control INCOSA no disponía del proyecto modificado, lo que no es cierto, y en ningún caso se ocultó la existencia del proyecto modificado.

Cuestiona, además, que la Audiencia reste credibilidad al contenido de dichos informes apoyándose en las limitaciones de memoria de los técnicos de INCOSA al declarar en el juicio oral más de doce años después de haber intervenido en la obra, cuando ya no trabajaban para la empresa y no recordaban detalles concretos sin consultar la documentación. Alega que el valor documental de los informes no podía verse neutralizado por la falta de recuerdo preciso de sus firmantes tantos años después, insistiendo en que el contenido literal de los documentos es claro y no contradicho.

Finalmente, interesa la estimación del motivo y con ello uno de los hechos probados que sirve de base a la sentencia, y que en concreto es que el proyecto modificado era conocido por INCOSA y por la CARM y que ni desde la Comunidad, ni desde ningún otro organismo se requirió o prohibió la continuación de la obra, ni se dijo en ningún momento que las decisiones técnicas del Sr. Laureano o la forma de ejecutar la obra fuera desacertada o errónea.

2. Como expresábamos en la sentencia núm. 307/2025, de 2 de abril «En relación al motivo de casación por error en la apreciación de la prueba esta Sala (sentencias núm. 936/2006, de 10 de octubre, 778/2007, de 9 de octubre y 424/2018, de 26 de septiembre), viene exigiendo para su prosperabilidad la concurrencia de los siguientes elementos: 1) Ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; 2) Ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones; 3) Que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, pues en esos casos no se trata de un problema de error sino de valoración, la cual corresponde al Tribunal, artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; 4) Que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo.

Por tanto -se dice en las STS 765/2001, de 19 de julio- el motivo de casación alegado no permite una nueva valoración de la prueba documental en su conjunto sino que exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados para incluir en él un hecho que el Tribunal omitió erróneamente declarar probado, cuando su existencia resulta incuestionable del particular del documento designado, o bien para excluir de dicho relato unos hechos que el Tribunal declaró probados erróneamente, ya que su inexistencia resulta de la misma forma incuestionable del particular del documento que el recurrente designa. Además, como se ha dicho, es preciso que sobre el particular cuestionado no existan otros elementos de prueba, ya que en esos casos, lo que estaría bajo discusión sería la racionalidad del proceso valorativo por la vía de la presunción de inocencia en caso de sentencias condenatorias o de la interdicción de la arbitrariedad, en todo caso, aunque sus efectos de su estimación fueran distintos el referido vicio de error en la valoración probatoria presupone la autarquía demostrativa del documento que ha de serlo desde dos planos: 1º) El propiamente autárquico, lo que se ha venido denominando como literosuficiente, es decir que no precise de la adición de otras pruebas para evidenciar el error; y 2º) que no resulte contradicho por otros elementos de prueba obrantes en la causa, como, siguiendo lo expresamente establecido en el precepto, viene también señalando una reiterada doctrina jurisprudencial" (STS 310/2017, de 3 de mayo).»

3. Ninguna de tales exigencias concurre plenamente en el presente caso.

En primer lugar, los informes de INCOSA invocados por el recurrente no evidencian de manera inequívoca, directa y autosuficiente el error denunciado en los términos exigidos por la jurisprudencia de esta Sala. Que en dichos documentos existan referencias a determinadas modificaciones estructurales, a documentación técnica, memorias, planos o alteraciones de la ejecución material de la obra no permite concluir de forma inmediata, automática e incontrovertible que INCOSA dispusiera del íntegro proyecto modificado finalmente relevante a efectos de control de la ejecución en los términos asumidos por la defensa. La inferencia pretendida exige un ejercicio valorativo y contextualizador impropio del estrecho cauce del art. 849.2 LECrim.

En segundo término, el motivo soslaya que el extremo combatido fue objeto de valoración conjunta por la Audiencia a partir no sólo de documentación escrita, sino también de abundante prueba personal practicada en el plenario, singularmente la declaración de los técnicos vinculados a INCOSA y de otros intervinientes en la obra. La jurisprudencia de esta Sala es constante al afirmar que el error documental no puede prosperar cuando el dato cuya rectificación se pretende aparece contradicho, matizado o sometido a valoración conjunta con otros elementos probatorios, pues en tal caso la controversia deja de pertenecer al ámbito del art. 849.2 para situarse en el terreno propio de la valoración probatoria reservada al tribunal de instancia.

Precisamente eso acontece en el presente supuesto. La sentencia no desconoce el contenido de los informes de INCOSA, que incluso reproduce parcialmente en sentido análogo a lo que hace el recurrente en los denominados «antecedentes de su recurso», sino que los pondera conjuntamente con las declaraciones testificales practicadas y con el resto del material probatorio, alcanzando la conclusión de que la empresa de control no dispuso de la información completa necesaria para supervisar la verdadera dimensión y alcance de las modificaciones sustanciales ejecutadas. Una cosa es que conociera la existencia de modificaciones o incluso de un proyecto de modificación y otra cosa es que éste les fuese facilitado. El recurrente pretende transformar una discrepancia valorativa sobre el significado de esos informes en un error documental patente, cuando en realidad nos encontramos ante una cuestión interpretativa integrada dentro de la valoración global de la prueba.

No puede acogerse tampoco el argumento relativo a las limitaciones de memoria de los técnicos de INCOSA al declarar más de una década después de los hechos. Tal circunstancia fue precisamente ponderada por el tribunal sentenciador al valorar el conjunto de la prueba practicada, sin que corresponda a esta Sala sustituir dicha apreciación mediante una reinterpretación alternativa del significado de los documentos y de las declaraciones personales.

En este sentido, el Tribunal después de recoger parte del contenido de los informes los valora atendiendo a resultado de otras pruebas en los siguientes términos: «Lo primero que se observa es que estos informes no describen claramente las causas del modificado. Y, en todo caso, tales causas no coinciden con las puestas de manifiesto por el arquitecto Laureano.

Tampoco aporta nada nuevo las declaraciones de los técnicos que realizaron dichos informes, pues son genéricas e imprecisas. Así, Rosalia ha declarado que consta que las obras en general, en cuanto a estructura y cimentaciones, se efectuaba conforme al proyecto, pero no recuerda qué proyecto de ejecución se estaba realizando. No recuerda el tipo de cimentación del edificio del teatro y sí constataron que existía un retraso en la ejecución de este edificio. Añade incluso que, si bien es cierto que se les informó del proyecto modificado, cree que no le llegaron a dar copia; e incluso afirma que en sus informes siempre había tres edificios, no tuvo conocimiento del bar-cafetería. Y en cuanto a la discordancia entre los precios, añade que ellos hicieron el informe de acuerdo con los precios que les facilitaba la dirección de la obra, nadie les hizo partícipes de que existía un error en los precios desde el proyecto original. Tampoco pudieron comprobar si las certificaciones se efectuaban conforme al modificado, porque nunca dispusieron de este proyecto.

Y es incluso más parco en su narración el testigo Landelino, pues ni siquiera recuerda si trabajaron con el proyecto original o con el modificado.

Ambos testigos sí indican que cuando hablan de obra completa, no significa edificio completo, sino visita completa en la obra.»

Pero, además, aun cuando se admitiera a efectos dialécticos la existencia de cierta imprecisión en la literalidad del pasaje combatido, el motivo tampoco satisfaría la exigencia de trascendencia decisiva sobre el fallo. La condena no descansa exclusivamente, ni siquiera principalmente, sobre la premisa de una supuesta ocultación absoluta del proyecto modificado a INCOSA o a la Comunidad Autónoma, sino sobre una pluralidad de elementos concurrentes ya examinados al resolver los motivos anteriores, como son, la ejecución del modificado antes de su aprobación formal; la alteración sustancial del proyecto inicialmente subvencionado; el desfase entre obra ejecutada y certificada; la inviabilidad técnica y económica del proyecto originario; y la finalidad regularizadora apreciada por la Audiencia respecto de la aprobación tardía del modificado.

En consecuencia, aun cuando los informes de INCOSA reflejaran conocimiento parcial de determinadas modificaciones o incidencias técnicas de la obra, extremo que no se niega, ello no desvirtuaría el núcleo esencial del razonamiento incriminatorio asumido por la sentencia ni alteraría de manera decisiva la conclusión alcanzada acerca de la ilicitud del procedimiento seguido.

En definitiva, los documentos invocados no acreditan un error con los requisitos del art. 849.2 LECrim ni con trascendencia decisiva para el fallo. El motivo se desestima.

El segundo motivo se formula por infracción de ley al amparo de los arts. 849.1 y 852 LECrim, en relación con el art. 5.4 LOPJ, denunciando la infracción del art. 404 CP y, simultáneamente, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, principio acusatorio y proceso con todas las garantías (art. 24 CE).

Señala que la sentencia le considera responsable en base a una construcción meramente indiciaria, arbitraria y contraria a la prueba practicada, al considerar acreditada la existencia de un concierto previo e ilícito entre él y el entonces alcalde de Puerto Lumbreras, Pelayo, para favorecerle irregularmente en la contratación del Teatro Auditorio, cuando, a su juicio, el material probatorio revela únicamente una colaboración profesional gratuita y desinteresada.

Niega que existiera el supuesto concierto previo entre el alcalde y él, que la Audiencia aprecia para concluir que el posterior concurso de proyectos constituyó un mero «ropaje de legalidad» destinado a regularizar unos trabajos previamente encargados y conferir cobertura formal a una adjudicación ya decidida. Expresa que el anteproyecto elaborado en junio de 2006, el proyecto básico de noviembre de 2006 y la documentación técnica posterior fueron realizados de forma gratuita, altruista y desinteresada, a raíz de conversaciones mantenidas sobre la conveniencia de dotar a Puerto Lumbreras de un equipamiento cultural, sin contrato, encargo administrativo ni expectativa económica alguna. Destaca que nunca emitió factura, reclamó honorarios ni percibió contraprestación por tales trabajos preliminares, a diferencia, según expone, de otros encargos profesionales efectivamente contratados y remunerados, lo que excluiría la existencia de un derecho de crédito o de una contratación encubierta. Aduce que no existe prueba documental ni testifical que acredite la existencia de pacto alguno con el alcalde dirigido a eludir la normativa de contratación pública.

A continuación, combate de forma individualizada los indicios utilizados por la Audiencia para sustentar la condena. Rechaza que la ausencia de registro de entrada, visado colegial o expediente formal de contratación respecto de los trabajos de 2006 pueda operar como elemento incriminatorio, sosteniendo precisamente lo contrario, esto es, que tales circunstancias evidenciarían la inexistencia de encargo profesional alguno y el carácter meramente preliminar, voluntario y gratuito de aquellos trabajos. De esta forma expone que si no hubo expediente ni visado fue porque no existía encargo alguno y se trataba de meras ideas o propuestas básicas. Niega igualmente relevancia incriminatoria al hecho de que el Ayuntamiento utilizara posteriormente esa documentación para la solicitud de la subvención autonómica, insistiendo en que él no intervino en la tramitación administrativa de dicha subvención ni en la remisión de documentación a la Comunidad Autónoma. Asimismo, sostiene que el hecho de que los proyectos iniciales se refirieran a la Rambla de Nogalte, y no a la parcela finalmente seleccionada, reforzaría precisamente la inexistencia de un plan preconcebido o de un acuerdo previo con el alcalde orientado a asegurar una futura adjudicación.

En relación con la utilización del anteproyecto para obtener la subvención, afirma que esa actuación fue interna del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma, no del arquitecto. Alega que él no intervino en la tramitación administrativa de la subvención ni en la decisión de la CARM de concederla, y que la documentación remitida era suficiente para esa fase previa, según la práctica administrativa descrita por el Director General de Cultura.

Cuestiona también la inferencia alcanzada por la Audiencia en relación con el concurso de proyectos convocado en diciembre de 2007, negando que constituyera un procedimiento fraudulento o un simple mecanismo de regularización de trabajos previos. En particular, combate la afirmación de que el concurso se diseñó para retribuir actuaciones ya realizadas o conferir apariencia de legalidad a una adjudicación previamente decidida, considerando ilógico presumir tal finalidad cuando los trabajos anteriores fueron gratuitos y jamás dieron lugar a reclamación económica alguna. Por ello estima que la sentencia sustituye la prueba por conjeturas acerca de una hipotética finalidad ilícita que no encontraría respaldo objetivo en el material probatorio.

Invoca especialmente la sentencia firme de 30 de mayo de 2012 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Murcia, recaída en el recurso promovido por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia (COAMU), que desestimó la impugnación del concurso y rechazó la existencia de fraude de ley o desviación de poder en la adjudicación. Subraya que en aquella resolución se consideró compatible con la legalidad administrativa su participación en el concurso pese a haber elaborado previamente documentación técnica relacionada con el futuro auditorio, sosteniendo que la jurisdicción penal no podía reconstruir ex post una actuación fraudulenta sobre extremos ya examinados en sede jurisdiccional contenciosa. Critica además que la Audiencia otorgara relevancia incriminatoria a aspectos tales como la falta de publicación en el DOCE, el plazo de quince días, la composición del jurado, los criterios de valoración, la forma de votación, la ausencia inicial de precio cierto o la posterior fijación de honorarios, cuando todos ellos fueron susceptibles de control jurisdiccional y no determinaron anulación alguna del procedimiento.

Especial relevancia otorga a la prueba testifical practicada en el acto del juicio, singularmente a las declaraciones de los miembros del jurado del concurso, quienes, según refiere, manifestaron que la selección del proyecto se efectuó libremente, sin presiones ni instrucciones políticas, respetándose el anonimato de las propuestas y sin conocimiento previo de la identidad de sus autores. A su juicio, tales testimonios desvirtuarían la inferencia alcanzada por la Audiencia acerca de que el resultado del concurso se hallaba predeterminado o de que los miembros del jurado conocían anticipadamente qué proyecto debía resultar adjudicatario. Del mismo modo, minimiza la relevancia de las objeciones formuladas por colegios profesionales o participantes descontentos, destacando que el único recurso jurisdiccional interpuesto fue finalmente desestimado y no recurrido ulteriormente.

Discrepa también de la afirmación que hace la sentencia en el sentido de que participó en el concurso «a sabiendas» de que iba a ser ganador. Frente a ello aduce que no hay prueba alguna de ese conocimiento, que el proyecto presentado al concurso era diferente de los trabajos de 2006 y que la propia diferencia entre los proyectos debería operar como dato exculpatorio, no incriminatorio.

Critica asimismo que la sentencia utilice los supuestos errores del proyecto de enero/febrero de 2008 para reforzar la tesis incriminatoria. Afirma que esos errores no demuestran un concierto previo, sino, en su caso, incidencias técnicas o administrativas, tales como, discordancia PEM/PEC sin efecto real, falta de capítulo de seguridad y salud ya considerada irregularidad no penal por el órgano contencioso administrativo, existencia de estudios geotécnicos y aprobación posterior del Plan Parcial que determinó la cuestión del retranqueo.

Finalmente, señala que no hubo perjuicio material ni inmaterial para el Ayuntamiento ni para otros arquitectos. Y ello, porque el Ayuntamiento obtuvo una subvención gracias a un trabajo gratuito y él no cobró nada por los documentos previos. Por ello niega que pueda hablarse de prevaricación en un trabajo gratuito, desinteresado y no retribuido.

En definitiva, sostiene que la sentencia recurrida transforma irregularidades administrativas discutibles, decisiones técnicas y meras interpretaciones controvertidas de la normativa contractual en indicios de prevaricación administrativa, prescindiendo de prueba de cargo suficiente y sustituyendo una valoración objetiva de la prueba por conjeturas acerca de una supuesta finalidad ilícita compartida con el alcalde. Niega, por ello, que concurra el presupuesto típico del art. 404 CP, al no existir, a su juicio, resolución arbitraria patente y groseramente contraria al Derecho ni prueba bastante de que conociera o participara conscientemente en un plan de actuación prevaricador, interesando en consecuencia su absolución.

2. Aunque formalmente se canaliza a través de la infracción de ley, el recurrente denuncia en realidad una supuesta insuficiencia probatoria e irracionalidad de la inferencia alcanzada por el tribunal de instancia respecto de su participación en el delito continuado de prevaricación. La queja, por ello, debe examinarse desde la perspectiva propia del derecho a la presunción de inocencia, limitada en casación, como ya se ha expresado en fundamentos anteriores, a verificar la existencia de prueba de cargo constitucionalmente válida, la racionalidad del proceso inferencial y la suficiencia de la motivación exteriorizada por el tribunal sentenciador.

La Audiencia sustenta la participación del recurrente en la documentación que elaboró, su utilización para obtener la subvención y la secuencia que culminó en la adjudicación del concurso. Estos elementos se examinan a continuación.

Frente a ello, el recurrente efectúa una lectura fragmentaria y aislada de la prueba practicada, sustituyendo el examen global llevado a cabo por la Audiencia por una reinterpretación aislada de determinados elementos probatorios que pretende presentar como incompatibles con la conclusión condenatoria, cuando, en realidad, examinados en su conjunto, no desvirtúan el sólido cuadro indiciario apreciado por el tribunal sentenciador.

Así, el recurrente insiste en que su intervención obedeció exclusivamente a razones altruistas y gratuitas, negando la existencia de concierto previo alguno con el alcalde Pelayo y sosteniendo que el anteproyecto remitido a la Comunidad Autónoma en junio de 2006, el proyecto básico de noviembre de ese mismo año y los trabajos posteriores respondieron únicamente a simples ideas arquitectónicas voluntariamente ofrecidas al Ayuntamiento, sin encargo profesional, contrato, expediente administrativo ni expectativa económica alguna.

La Audiencia rechaza esa explicación a partir de los indicios que se exponen a continuación.

De esta manera toma en consideración un hecho inicialmente favorable al recurrente, admitiendo que el origen de la intervención del arquitecto pudo situarse en conversaciones mantenidas con el alcalde acerca de la conveniencia de dotar al municipio de un equipamiento cultural. Pero razona con acierto que ello no permite descontextualizar lo sucedido después ni convertir en inocua una secuencia ulterior extraordinariamente significativa.

Comienza recordando razonadamente que la aportación de ideas nunca es desinteresada, siendo obvio que un profesional aporta un proyecto a la Administración pública para obtener una ganancia.

Refiere también el Tribunal que, tras aquella conversación inicial no se produjo una mera entrega informal de ideas o bocetos carentes de trascendencia, sino la elaboración sucesiva de un anteproyecto de Teatro Auditorio en junio de 2006, un proyecto básico en noviembre de 2006 y posteriores desarrollos técnicos utilizados directamente por el Ayuntamiento para obtener una subvención autonómica de seis millones de euros.

Concluye que, aun siendo obvio que los entes públicos pueden recibir proyectos, ideas o dosieres de particulares y empresas, su presentación debe hacerse por los cauces administrativos pertinentes y el órgano competente y con manifiesta intervención y control de los técnicos, lo que no ocurrió en el supuesto examinada. Así, ninguno de los tres documentos redactados por el arquitecto Sr. Laureano tuvieran entrada de registro en el Ayuntamiento, y no se siguieran los trámites para que el Ente público pudiera contratar con este profesional, pese a que se trataba de un proyecto de seis millones de euros. Recuerda en este punto el testimonio de D. Belarmino (secretario-interventor en el año 2008) que declaró que es de suponer que todas las solicitudes que venían de fuera del Ayuntamiento se registraban y que era difícil que llegaran solicitudes por ideas externas.

Junto a ello destaca también que ya en el anuario municipal correspondiente al año 2005 aparecía presentado públicamente el Sr. Laureano como arquitecto vinculado al proyecto del Teatro Auditorio; que en el anuario de 2006 se describía la presentación institucional del proyecto por parte del Alcalde, acompañado, entre otros, por el Sr. Laureano, al Presidente de la Comunidad Autónoma; y que distintas noticias de prensa identificaban al recurrente como autor del futuro auditorio mucho antes de la convocatoria formal del concurso.

La valoración de estos elementos aparece plenamente fundada. Sin duda alguna corroboran objetivamente que el Ayuntamiento ya exteriorizaba públicamente una vinculación profesional concreta con el recurrente cuando todavía no existía procedimiento competitivo alguno.

Valora asimismo con acierto el propio contenido de la documentación técnica elaborada por el recurrente. Subraya un hecho de especial valor como es que en el anteproyecto se identificara ya al Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras como promotor y que el presupuesto ascendiera precisamente a seis millones de euros, cifra coincidente con el importe de la subvención autonómica posteriormente concedida. Igualmente se fija en que la fecha de este anteproyecto coincidía plenamente con el momento en que la Consejería de Hacienda comunicó a la Consejería de Educación y Cultura que se contaba con un remanente de algo más de sesenta millones de euros y que podían presentar grandes proyectos a fin de evaluar si se podían llevar a término.

Se refiere junto a ello el Tribunal al tercer proyecto realizado por el recurrente. Se trata del proyecto de ejecución de febrero de 2007. Examina el informe pericial del interventor núm. NUM000, en el que se hace constar que «No se conoce la razón por la que se realizaron los proyectos de noviembre de 2006 y de febrero de 2007, similares al Anteproyecto de junio de 2006, dado que, en principio, éste era un Proyecto de ejecución para el que había sido concedida la subvención de la CARM. De acuerdo con el informe técnico de D. Laureano de fecha junio de 2007, parece deducirse que estos proyectos no estaban terminados y que era preciso redactar uno nuevo para su ejecución».

Igualmente se refiere al informe de junio de 2007 redactado por el Sr. Laureano, respecto al que éste sostuvo que se imaginaba que se lo pidieron desde el Ayuntamiento. Destaca el siguiente texto: «Tal informe dice textualmente: "Que, una vez completada la fase de redacción del "anteproyecto" del mencionado edificio, y dada la complejidad del programa de usos y necesidades contenida en el mismo, y de las relaciones que se establecen entre las diferentes áreas que contiene -sometido a consideración de los diferentes agentes y colectivos que forman parte activa en el análisis del conjunto de la edificación-, y pendiente por ello del ajuste definitivo del alcance de la construcción y de la urbanización correspondiente, el "Proyecto Básico y de Ejecución de Teatro auditorio" no se ha terminado en su totalidad, al requerirse un plazo añadido de dieciocho (18) meses para la completa y correcta definición del mismo. Y para que así conste, a petición del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, se extiende el presente en Puerto Lumbreras, junio de 2007"», informe que, conforme expresa la Audiencia, fue remitido por el Alcalde al Director General de Cultura haciendo constar que el mismo era de la «Dirección Facultativa de la Obra», cualidad ésta que niega el recurrente argumentando que no había obra. A ello, el Tribunal añade que no solo no había obra, sino que tampoco había parcela, ni concurso de proyectos. Ello no obstante, ese informe sirvió de base para obtener una prórroga en la justificación del gasto de los primeros tres millones de euros.

Por ello se estima razonable la conclusión que alcanza el Tribunal en el sentido de que no nos encontrábamos ante meras ideas desinteresadas o reflexiones arquitectónicas espontáneas, sino ante documentos elaborados para una finalidad administrativa perfectamente definida y estrechamente coordinada con la estrategia municipal de obtención de financiación pública.

La cuestión decisiva no residía en quién remitiera materialmente la documentación ni en la existencia de un acto formal de encargo, sino en la secuencia global de actuaciones acreditada. El arquitecto elaboró una documentación técnica avanzada que superaba lo que el recurrente refiere como meras ideas o propuestas básicas; ésta fue utilizada como soporte de una solicitud de financiación pública millonaria; el Ayuntamiento ya lo presentaba públicamente como arquitecto del proyecto; y todo ello aconteció al margen de cualquier procedimiento legal de contratación. La inferencia alcanzada, esto es, la existencia de una relación profesional previamente concertada, aunque todavía no formalizada aparece así sólidamente fundada.

Además el Tribunal ha considerado racionalmente que el concurso de proyectos convocado en diciembre de 2007 no surgió como un procedimiento genuinamente abierto de concurrencia competitiva, sino como un instrumento destinado a formalizar ex post una situación ya creada. El recurrente sostiene que el concurso fue plenamente legal, invocando la sentencia firme dictada el 30 de mayo de 2012 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Murcia, recaída en el recurso promovido por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia (COAMU), así como las declaraciones de los miembros del jurado, quienes manifestaron haber deliberado libremente, sin presiones y respetando el anonimato de los concursantes.

Sin embargo, la Audiencia ofrece una explicación razonada de por qué tales elementos no neutralizan el juicio incriminatorio alcanzado. La sentencia no descansa exclusivamente, ni siquiera principalmente, en que existieran presiones directas sobre el jurado o en la vulneración puramente formal del anonimato, sino en el análisis integral del procedimiento seguido y de su contexto temporal y funcional. Particularmente relevante considera el Tribunal el hecho de que el concurso fuera convocado cuando el Sr. Laureano ya había desarrollado desde tiempo atrás una parte sustancial del trabajo técnico sobre el proyecto finalmente adjudicado, disponiendo de una información y conocimiento material del objeto del contrato de los que objetivamente carecían los restantes participantes. En este punto, recuerda la propia manifestación realizada por el recurrente señalando que le sorprendió que se convocara el concurso, así como la conclusión del perito interventor nº NUM000: «No se conoce la razón por la que, habiéndose redactado un Anteproyecto en junio de 2006 para solicitar la concesión de una subvención de la CARM, del cual se hicieron posteriormente nuevas redacciones en noviembre de 2006 y febrero de 2007, por el mismo Arquitecto D. Laureano, luego se convocó un Concurso de Proyectos para la redacción de un nuevo proyecto con relación a la misma obra».

La Audiencia examina asimismo una serie de circunstancias adicionales concurrentes en el concurso que, valoradas conjuntamente, considera reveladoras de que éste operó como mecanismo de regularización de una decisión previamente orientada. Circunstancias tales como la reducida duración del plazo de presentación de propuestas, con varios días inhábiles, lo que fue cuestionado por parte COAMU; determinadas singularidades en la configuración y funcionamiento del jurado; la amplitud e indeterminación de ciertos criterios de valoración; la ausencia de publicación en el DOCE pese a la entidad económica del contrato; la inexistencia inicial de un precio cierto claramente fijado; y la posterior determinación de honorarios por importe de 335.484,93 euros, que, valoradas aisladamente, quizá no resultarían concluyentes, pero que integradas en una secuencia ya precedida por los trabajos previos del recurrente, la obtención de la subvención y su previa presentación pública como arquitecto del Teatro Auditorio, refuerzan racionalmente la conclusión de que el concurso operó como mecanismo de regularización de una decisión previamente orientada. Igualmente valoró la designación y composición del jurado, la forma en que se llevó a cabo la votación, la presentación de un proyecto distinto al previamente utilizado, el error en el nombre del proyecto cuando comunica el ganador por el Alcalde, y la insuficiencia del plazo de un mes para redactar un proyecto.

De esta forma, el razonamiento incriminatorio aparece construido sobre una pluralidad de datos objetivos y concordantes, cuya valoración conjunta permite inferir racionalmente que el concurso de proyectos no respondió a una genuina necesidad de selección abierta entre arquitectos concurrentes, sino a la finalidad de conferir cobertura formal a una relación profesional ya existente y a unos trabajos que venían siendo materialmente desarrollados con mucha anterioridad.

Tampoco la invocación de la sentencia contencioso administrativa de 30 de mayo de 2012 permite desvirtuar la racionalidad de la conclusión alcanzada. La Audiencia parte de que formalmente, el procedimiento del concurso de proyectos se ajustó a la legalidad vigente, recordando que la sentencia del juzgado contencioso administrativo «reconoce que resulta llamativo que se presente un proyecto antes de que se adjudique el concurso y concluye "de existir irregularidades en el comportamiento de la Administración son previos al concurso que ahora se impugna e independientes al mismo, y aquellas irregularidades, no pueden impedir que precisamente se convoque el concurso de proyectos en la forma prevista en la Ley para poder elegir el mejor en condiciones de concurrencia y publicidad.»

Como ya se razonó al resolver el motivo formulado por D. Pelayo sobre esta misma cuestión, el juicio efectuado por la jurisdicción contencioso administrativa acerca de la validez formal del concurso no desplaza ni condiciona el análisis penal relativo al eventual dolo de los intervinientes, al concierto previo de voluntades o a la utilización instrumental de procedimientos aparentemente legales para encubrir resoluciones arbitrarias. Ninguna de estas irregularidades, no obstante, es analizada en la sentencia de la jurisdicción contenciosa, ni se pone en relación con el concurso de proyectos. La Audiencia no desconoce aquella resolución, sino que se sitúa en un plano analítico distinto. No sanciona una mera ilegalidad administrativa o una discutible interpretación de la normativa de contratación pública, sino una actuación conscientemente dirigida a soslayar las reglas esenciales de contratación mediante la utilización formal de mecanismos administrativos destinados a conferir apariencia de legalidad a decisiones previamente adoptadas. Como advierte la Audiencia, lo que se ha examinado en el presente procedimiento no es únicamente la convocatoria y adjudicación del concurso de proyectos, sino todos los actos anteriores irregulares que la sentencia anterior no analiza por no ser objeto de la demanda, esto es, el enmascaramiento de unos actos ilícitos y groseros (la previa adjudicación del proyecto de construcción del teatro) bajo la forma de actos lícitos (la convocatoria del concurso de ideas).

Igualmente pondera expresamente la Audiencia la prueba testifical invocada por el recurrente, singularmente la de los miembros del jurado, sin desconocer ni omitir sus manifestaciones sobre la inexistencia de presiones o el respeto al anonimato. Pero destaca que los miembros del jurado fueron designados por el Alcalde, quien además lo presidía, por lo que su composición era afín al Ayuntamiento y al alcalde, pues todos ellos formaban parte de dicha Institución; los criterios para la adjudicación del concurso eran genéricos e inespecíficos; aunque en ellos se expresaba que el jurado debería emitir el fallo de forma libre y razonada, las actas de votación no contenían explicación o motivación alguna y ninguno de los testigos que fueron miembros del jurado ofrecieron una explicación coherente y clara de las razones que les decantaron a favor del proyecto del Sr. Laureano.

En este punto recuerda también el Tribunal que la composición del jurado no fue analizada por la sentencia dictada en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, porque su posible falta de independencia no fue objeto de la demanda.

En definitiva, los documentos, la cronología y las circunstancias del concurso examinados sustentan la inferencia sobre la participación consciente del recurrente. Las objeciones formuladas no revelan insuficiencia probatoria ni irracionalidad en ese razonamiento. El motivo se desestima.

El tercer motivo del recurso se formula por infracción de ley al amparo de los arts. 849.1 y 852 LECrim y del art. 5.4 LOPJ, denunciando la vulneración del art. 222 LEC, del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

El recurrente considera, en esencia, que la condena penal entra en contradicción con la sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Murcia, que declaró ajustada a Derecho la convocatoria y tramitación del concurso de proyectos del Teatro Auditorio, desestimando la impugnación promovida por el Colegio Oficial de Arquitectos. A su juicio, la Audiencia Provincial ha desconocido indebidamente el efecto prejudicial o, al menos, la fuerza vinculante de aquella resolución judicial firme, infringiendo el principio de seguridad jurídica y el valor de la cosa juzgada material.

Argumenta que la jurisdicción contencioso administrativa ya examinó precisamente los aspectos que la sentencia penal utiliza como indicios de arbitrariedad o manipulación del procedimiento, como urgencia de la convocatoria, brevedad de plazos, posible ventaja competitiva derivada de trabajos previos, composición del jurado y legalidad del concurso, concluyendo que el procedimiento era conforme a Derecho. Por ello, sostiene que la Audiencia no podía reconstruir posteriormente los mismos hechos desde una lógica penal para alcanzar una conclusión incompatible con aquella resolución firme sin vulnerar el principio de coherencia del ordenamiento y la tutela judicial efectiva.

En consonancia con ello, pretende que se declare improcedente la condena por prevaricación al haberse asentado sobre una valoración de la legalidad del concurso que ya había sido resuelta de forma firme y favorable por la jurisdicción competente, con infracción del art. 222 LEC y de los principios constitucionales de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva.

2. Sobre el alcance de la sentencia contencioso-administrativa de 30 de mayo de 2012, nos remitimos a los fundamentos quinto, apartado 3, y undécimo, apartado 2. Resta examinar la invocación de la sentencia de esta Sala núm. 294/2019, de 3 de junio.

El recurrente destaca el pasaje en que la sentencia, siguiendo la doctrina constitucional, afirma que la eventual contradicción entre órdenes jurisdiccionales puede adquirir relevancia cuando la cuestión ya ha sido resuelta por el «orden jurisdiccional genuinamente competente». Sin embargo, la propia doctrina constitucional citada en aquella resolución distingue entre los supuestos en que dos órganos judiciales examinan unos mismos hechos desde perspectivas jurídicas distintas, situación en la que la divergencia no tiene por sí sola relevancia constitucional, y aquellos otros en que el ordenamiento atribuye expresamente prevalencia a un determinado orden jurisdiccional respecto de una concreta cuestión.

En la sentencia núm. 294/2019 la cuestión debatida giraba en torno a la incidencia de una cuestión administrativa previa sobre un elemento del tipo penal y a los efectos que podía producir una resolución posterior del órgano especializado. Lo relevante era determinar si existía una auténtica cuestión prejudicial administrativa cuya resolución correspondiera exclusiva y excluyentemente al orden contencioso-administrativo.

En este procedimiento, el proceso contencioso-administrativo examinó el concurso y su adjudicación, mientras que el enjuiciamiento penal comprende también los actos preparatorios: los trabajos del arquitecto, las comunicaciones con la Comunidad Autónoma y la obtención de la subvención. La condena se funda en la utilización del concurso para dar cobertura a esa actuación previa, no en la anulación de la adjudicación.

El pronunciamiento contencioso-administrativo sobre la diferencia entre el proyecto presentado en 2007 y el anteproyecto de 2006 tampoco resuelve la cuestión penal examinada. La Audiencia no basa la condena en la identidad de ambos proyectos, sino en los indicios de contratación previa y en la secuencia de actuaciones descrita.

En consecuencia, el motivo debe ser íntegramente desestimado.

El cuarto motivo del recurso se formula por infracción de ley y vulneración de derechos fundamentales al amparo de los arts. 849.1 y 852 LECrim, 5.4 LOPJ y arts. 24.1 y 24.2 CE, en relación con el concurso de proyectos del Teatro Auditorio.

Considera que la Audiencia ha construido la condena sobre indicios inválidos, ilógicos o incompatibles con la prueba practicada y con la legalidad administrativa previamente declarada por la jurisdicción contencioso administrativa.

El motivo parte nuevamente de que el concurso de proyectos ya había sido declarado ajustado a Derecho por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Murcia, por lo que la Audiencia no puede transformar en indicios incriminatorios precisamente aquellos elementos del procedimiento administrativo que habían sido considerados legales, sin incurrir en arbitrariedad valorativa ni vulnerar el principio de seguridad jurídica. Aduce, además, que cuando existe una controversia interpretativa razonable sobre normas administrativas, desaparecen los requisitos típicos del delito de prevaricación (resolución manifiestamente injusta, arbitrariedad y actuación a sabiendas).

El recurrente identifica específicamente los siete indicios utilizados por la Audiencia para concluir que el concurso constituyó un mecanismo de cobertura formal de una adjudicación previamente orientada: (i) la no publicación del concurso en el DOCE y solo en el BORM; (ii) el plazo de quince días para presentar propuestas; (iii) la composición del jurado; (iv) el sistema de votación seguido; (v) la presentación por el recurrente de un proyecto distinto al previamente utilizado para la subvención; (vi) un error del alcalde al comunicar públicamente el nombre del proyecto ganador; y (vii) la supuesta insuficiencia del plazo de un mes para redactar el proyecto definitivo, inferida de los errores posteriores detectados.

Sostiene que las cuatro primeras cuestiones fueron ya expresamente validadas por la jurisdicción contencioso administrativa y, por tanto, no podían operar como indicios de criminalidad, sino, en todo caso, a la contra de la tesis acusatoria.

Respecto de los tres indicios restantes, considera que la Audiencia incurre en razonamientos ilógicos. En particular, afirma que el hecho de que el proyecto presentado al concurso fuera distinto del anteproyecto de junio de 2006 y destinado a otra parcela excluiría precisamente la existencia de un acuerdo previo, pues si el trabajo que presentó el Sr. Laureano era totalmente distinto, para una parcela distinta, no hay ninguna posibilidad de considerarlo como algo convenido. Del mismo modo, minimiza el error del alcalde al anunciar públicamente el nombre del proyecto ganador, calificándolo de simple lapsus linguae irrelevante y carente de aptitud incriminatoria. Por último, combate la inferencia de que el plazo de un mes para redactar el proyecto definitivo fuera indicio de prevaricación, alegando que, si realmente hubiera existido un acuerdo previo para beneficiar al recurrente, se le habría concedido un plazo más amplio y no uno que, según la propia sentencia, favoreció errores técnicos posteriores.

Estima también que la sentencia de la Audiencia adolece de coherencia lógica, ya que parte de premisas o proposiciones que no sólo son erróneas, sino que además opta por interpretaciones que excluyen las alternativas razonables. En particular, niega toda base probatoria a la conclusión de que el concurso se utilizó para remunerar de forma encubierta los trabajos previos de 2006, insistiendo en que Laureano realizó otros trabajos gratuitos para entidades públicas y privadas, no emitió factura alguna durante más de dieciocho meses y, cuando existía un encargo real, sí acostumbraba a facturar formalmente.

Por último, refiere que lo señalado para el concurso, es igualmente pertinente para los trabajos que permitieron al ayuntamiento obtener la subvención. Expone nuevamente que el primer informe solo fue una idea simple, de mínima extensión, que no permite en ningún caso un desarrollo constructivo. Ni reclamó ni cobró cantidad alguna por ello, por lo que entiende que no existe delito de prevaricación porque un trabajo que se regala y que permite obtener una subvención, nunca puede producir un resultado materialmente injusto.

2. Las cuestiones comunes sobre el concurso y el alcance de la sentencia contencioso-administrativa han sido examinadas en los fundamentos sexto, undécimo y duodécimo, a los que nos remitimos. Las objeciones específicas de este motivo se examinan a continuación.

Únicamente cabe añadir en este momento que el recurrente incurre en un error metodológico relevante al examinar aisladamente los distintos elementos valorados por la Audiencia, fragmentándolos y proponiendo para cada uno de ellos una explicación alternativa abstractamente posible, cuando la sentencia no construye la condena sobre el valor autónomo de cada indicio individualmente considerado, sino sobre su concurrencia contextual, conexión temporal y fuerza convergente dentro de una secuencia global de actuaciones.

La resolución recurrida no afirma que la no publicación en el DOCE, el plazo de quince días para concurrir, la composición del jurado, el sistema de votación, la presentación de un proyecto distinto, el error en la publicidad del proyecto ganador o el reducido plazo concedido para redactar el proyecto, constituyan, por sí solos, prueba concluyente de una prevaricación. La Audiencia pondera tales circunstancias dentro de un contexto mucho más amplio, caracterizado por la previa elaboración por el recurrente de los trabajos técnicos utilizados para obtener la subvención autonómica, su posición materialmente privilegiada respecto de cualquier competidor, la secuencia cronológica de actuaciones y la posterior adjudicación del concurso al mismo arquitecto cuyos trabajos habían servido ya de soporte técnico esencial al proyecto subvencionado.

Frente a la alegación de que el proyecto presentado al concurso era distinto del anteproyecto de junio de 2006 y relativo a otra parcela, la Audiencia no desconoce dicha circunstancia, pero explica razonadamente por qué ello no neutralizaba la ventaja material del recurrente ni excluía la hipótesis incriminatoria. La sentencia pone de relieve que, aun existiendo variaciones de emplazamiento y ajustes técnicos, el acusado concurría al procedimiento con un conocimiento previo privilegiado sobre el programa funcional, necesidades del Ayuntamiento, alcance de la actuación y parámetros técnicos de una infraestructura cuya financiación se había obtenido precisamente sobre la base de trabajos por él previamente elaborados. La inferencia de que tal situación condicionaba materialmente el procedimiento competitivo no resulta arbitraria ni contraria a la lógica.

Idéntica consideración merece la crítica relativa al error del alcalde en la denominación pública del proyecto ganador. La Audiencia no atribuye a dicho episodio, aisladamente considerado, valor incriminatorio decisivo ni construye sobre él el fundamento de la condena. Lo valora como un dato contextual periférico dentro de un entramado mucho más amplio de circunstancias concurrentes, de modo que la objeción del recurrente, centrada en el carácter anecdótico del lapsus, carece de capacidad para desvirtuar el razonamiento global de la sentencia.

Tampoco la argumentación relativa a la insuficiencia del plazo de un mes para la redacción del proyecto permite apreciar irracionalidad alguna. El recurrente pretende convertir en incompatible con la hipótesis acusatoria una circunstancia que la Audiencia integra razonablemente dentro del conjunto de factores concurrentes. La sentencia no afirma que la brevedad del plazo constituya, por sí sola, prueba de concierto ilícito, sino que la pondera junto con otros elementos para valorar la configuración del procedimiento y sus efectos materiales sobre la concurrencia, especialmente en un contexto donde el acusado partía ya de un conocimiento técnico previo de extraordinaria relevancia.

Por lo demás, la sentencia no desconoce que el recurrente hubiera podido realizar otros trabajos gratuitos ni ignora la ausencia de reclamación económica inmediata, pero considera racionalmente que la concatenación temporal de actuaciones (elaboración de trabajos previos, utilización de éstos para obtener la subvención, posterior convocatoria del concurso y adjudicación al propio autor) permitía inferir una continuidad funcional entre unas y otras actuaciones. La inexistencia de factura inmediata o de reclamación económica no excluye, por sí sola, la racionalidad de esa conclusión.

En definitiva, el motivo no evidencia insuficiencia probatoria ni una inferencia arbitraria, ilógica o irracional. El recurrente propone explicaciones alternativas para determinados elementos parciales de la valoración, pero el derecho a la presunción de inocencia no exige descartar toda hipótesis alternativa imaginable, sino únicamente que la inferencia condenatoria resulte razonable y se sustente en prueba válida y suficiente. La sentencia recurrida exterioriza de forma particularmente minuciosa el itinerario lógico seguido para alcanzar su convicción, apoyándose en una pluralidad de indicios objetivos valorados conjunta y racionalmente, por lo que el motivo debe ser íntegramente desestimado.

El quinto motivo se formula por infracción de ley al amparo de los arts. 849.1 y 852 LECrim, denunciando indebida aplicación del art. 404 CP, en relación con los arts. 10, 12 y 13 de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) y los arts. 24.1 y 24.2 CE, en relación al proyecto modificado del Teatro Auditorio aprobado en 2009.

1. Sostiene que la sentencia construye toda su conclusión condenatoria sobre la idea de que el proyecto de ejecución redactado en enero-febrero de 2008 era desde su origen técnica y económicamente inviable y de que tanto el alcalde como el arquitecto conocían esa circunstancia. Frente a ello, afirma que dicha inviabilidad no ha sido acreditada y que resulta incompatible con el hecho de que dos empresas constructoras de primer nivel, ECISA y Villegas, concurrieran a la licitación ofreciendo incluso rebajas económicas respecto del presupuesto previsto. A su juicio, la propia existencia de tales ofertas constituye un indicio objetivo de viabilidad económica del proyecto y desmiente la tesis de que todos los intervinientes fueran conscientes desde el principio de su imposibilidad de ejecución.

Rechaza asimismo la interpretación de la Audiencia acerca de los supuestos errores del proyecto inicial. Alega que la sentencia transforma en indicios de prevaricación una serie de incidencias técnicas o constructivas que, en el peor de los casos, podrían constituir errores profesionales o irregularidades administrativas, pero nunca actuaciones dolosas dirigidas a provocar el fracaso de la obra. En particular, niega que la diferencia de superficie respecto de los anteproyectos previos, la discordancia entre el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) y el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC), la ausencia de una partida específica de seguridad y salud, la falta de visado colegial o determinadas cuestiones geotécnicas puedan servir para afirmar que el proyecto fue conscientemente concebido como inviable.

Sobre la discordancia entre el PEM y el PEC refiere que dicha discrepancia no produjo confusión alguna en las empresas licitadoras, no afectó a la adjudicación, no generó perjuicio económico y fue posteriormente corregida mediante el proyecto modificado. Critica además que la Audiencia considere que ese error hubiera exigido paralizar inmediatamente la obra y tramitar un modificado, afirmación que considera técnicamente irrealizable porque ni siquiera fue detectado entonces por los servicios técnicos municipales.

Igualmente niega que el proyecto se redactara sin estudios suficientes o sobre la base de información inexistente. Expone detalladamente la sucesión de informes geotécnicos utilizados y sostiene que el Ayuntamiento facilitó al arquitecto los estudios disponibles en el momento de la redacción del proyecto. Añade que, una vez adjudicada la obra, el propio Sr. Laureano promovió nuevas comprobaciones y aclaraciones geotécnicas para verificar las condiciones reales del terreno. Según su tesis, fue precisamente durante la excavación cuando se comprobó que el estrato resistente aparecía a una profundidad superior a la inicialmente prevista, circunstancia que obligó a sustituir la cimentación mediante losa por otra basada en zapatas y hormigón ciclópeo y a modificar parte de la estructura para reducir cargas. Lejos de evidenciar negligencia o arbitrariedad, entiende que tales decisiones constituyeron el cumplimiento de las obligaciones que la Ley de Ordenación de la Edificación atribuye al director de obra para garantizar la estabilidad y seguridad del edificio.

Sobre el retranqueo de aproximadamente nueve metros impuesto por el vial previsto en el Plan Parcial USR-11, destaca que dicho planeamiento fue aprobado el 26 de mayo de 2008, es decir, con posterioridad a la redacción del proyecto de enero-febrero de ese mismo año. Por ello considera ilógico reprochar al arquitecto no haber tenido en cuenta una circunstancia urbanística que todavía no existía cuando elaboró el proyecto. Aduce que la pérdida aproximada de 900 metros cuadrados de superficie edificable fue reconocida incluso por peritos de la acusación y que dicha reducción obligó necesariamente a reubicar y redimensionar los edificios proyectados.

A partir de estos dos hechos, el retranqueo derivado del nuevo planeamiento y la necesidad de modificar la cimentación y la estructura como consecuencia de las características reales del terreno, el recurrente estima que el proyecto modificado de abril de 2009 no fue una construcción artificiosa destinada a encubrir irregularidades, sino una respuesta técnica obligada. Recuerda que todos los peritos coincidieron en que alteraciones de esa naturaleza exigían la elaboración de un proyecto modificado y que tales modificaciones son habituales en cualquier obra de cierta complejidad.

Sobre las certificaciones de obra señala que esta materia había quedado fuera del objeto del procedimiento conforme al auto de procedimientos abreviado, auto resolviendo el recurso de reforma contra aquella resolución y auto posterior dictado por el Tribunal Superior de Justicia. En todo caso, afirma que las certificaciones constituían pagos a cuenta sujetos a liquidación final y que cualquier eventual desviación existente en las primeras certificaciones fue corregida a partir de la certificación número 18. Invoca además la declaración del encargado de obra de ECISA, quien declaró que las certificaciones se elaboraban sobre obra efectivamente ejecutada y previamente medida. Destaca igualmente que no se discute que la totalidad de los aproximadamente seis millones de euros de la subvención fueron invertidos en la propia obra.

Cuestiona asimismo la valoración realizada por la Audiencia respecto de los informes emitidos por INCOSA. Sostiene que dicha entidad conoció el proyecto modificado, nunca instó la paralización de las obras y no detectó irregularidades que justificaran una actuación de naturaleza penal. Por ello considera arbitrario utilizar esos informes como elemento incriminatorio.

Sobre normativa contractual aplicable, niega que exista prueba de que las modificaciones introducidas superaran el límite del 10 % previsto en el art. 160 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Refiere que la sentencia presume ese exceso sin base probatoria suficiente y recuerda que durante la práctica de la prueba pericial el propio Presidente del Tribunal manifestó expresamente que la cuantificación económica exacta de la diferencia no constituía objeto del debate penal. Añade que la normativa vigente permitía determinadas variaciones sin aprobación previa cuando no excedieran de dicho porcentaje y que, incluso en supuestos de mayor entidad, la legislación contemplaba mecanismos de continuación provisional de las obras por razones de interés público. Desde esta perspectiva, sostiene que la ejecución anticipada del modificado podría, en su caso, constituir una irregularidad administrativa, pero no una resolución arbitraria susceptible de integrar un delito de prevaricación.

Invoca igualmente la denominada doctrina del reformado anticipado, recogida en diversos dictámenes del Consejo de Estado, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia y en resoluciones de la jurisdicción contencioso administrativa. A su juicio, si dicha doctrina admite la obligación de la Administración de abonar determinadas obras ejecutadas aun antes de la aprobación formal del modificado, resulta incompatible transformar esa situación en una conducta constitutiva de prevaricación.

Finalmente, el recurrente reprocha al Tribunal haber asumido de forma acrítica la hipótesis formulada por el perito Sr. Benjamín acerca de una supuesta inviabilidad económica inicial del proyecto y de la existencia de una actuación concertada entre múltiples intervinientes para suplirla mediante futuras subvenciones. Considera que dicha reconstrucción carece de soporte probatorio y exige admitir una suerte de acuerdo previo entre responsables municipales, técnicos, miembros del jurado, empresas constructoras y demás participantes en el proyecto, hipótesis que califica de manifiestamente ilógica y ajena a los hechos acreditados. Concluye que el proyecto modificado obedeció a circunstancias técnicas y urbanísticas reales, que los supuestos errores que le son atribuidos carecen de relevancia penal, que no se ha acreditado ninguna actuación arbitraria ni dolosa y que la sentencia vulnera la presunción de inocencia al construir la condena sobre inferencias incompatibles con las pruebas obrantes en la causa.

El sexto motivo se formula por infracción de ley al amparo de los arts. 849.1 y 852 LECrim y 5.4 LOPJ, en relación con los arts. 24.1 y 24.2 CE, Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 2/2000 y RD 1098/2001 sobre la modificación del contrato de obras.

Discrepa de la condena por prevaricación derivada de la aprobación del proyecto modificado de abril de 2009, manteniendo que dicha actuación se ajustó a la normativa contractual entonces vigente.

Niega que exista prueba alguna de que las modificaciones introducidas en la obra superaran el límite del 10 % previsto en el art. 160.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Sostiene que la propia sentencia reconoce la necesidad de una liquidación final para determinar el alcance económico definitivo de la modificación y que ningún informe pericial practicado en la causa cuantificó el incremento correspondiente a la parte inacabada del Teatro Auditorio. Añade que durante la práctica de la prueba pericial el propio presidente del tribunal consideró irrelevante dicha cuestión y la excluyó expresamente del debate. Por ello reprocha a la Audiencia haber afirmado que el modificado superaba el límite legal basándose únicamente en una apreciación subjetiva o presuntiva, sin apoyo en prueba pericial alguna.

Invoca también la doctrina administrativa y jurisprudencial relativa a los denominados «reformados anticipados». Cita expresamente los dictámenes 50/1998 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia y 828/2003 del Consejo de Estado, así como la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, para sostener que la ejecución anticipada de determinadas modificaciones contractuales no constituye por sí misma una actuación ilícita y que la Administración está obligada a abonar las obras efectivamente ejecutadas en su beneficio para evitar situaciones de enriquecimiento injusto. A su juicio, la sentencia confunde una posible irregularidad administrativa con una conducta constitutiva de prevaricación, sin atender a la doctrina consolidada que admite el reconocimiento económico de las obras realmente ejecutadas aun cuando la tramitación del modificado no se hubiera completado previamente.

Destaca la existencia de informes técnicos y jurídicos favorables tanto en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras como en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Subraya que el proyecto modificado fue aprobado por el Ayuntamiento, remitido a la Consejería competente y considerado técnicamente idóneo, circunstancia que, a su juicio, resulta incompatible con la existencia de una resolución arbitraria y conscientemente injusta en los términos exigidos por el art. 404 CP.Afirma que la sentencia omite o minusvalora estos informes favorables y sustituye su contenido por una interpretación propia que carece de respaldo técnico suficiente.

Finalmente, denuncia la vulneración de la presunción de inocencia, del derecho a un proceso con todas las garantías y de la interdicción de la arbitrariedad. Sostiene que la sentencia se apoya en una serie de presunciones carentes de base probatoria, como que el modificado superaba el límite legal del 10 %, que debía haberse suspendido la obra y estudiado la resolución del contrato, que el alcalde habría impuesto su criterio al resto de los miembros de la Junta de Gobierno Local o que la finalidad del modificado era justificar artificialmente la subvención concedida. Señala que la Audiencia no identifica el concreto precepto administrativo que habría sido conscientemente infringido y construye la condena sobre hipótesis y conjeturas, ignorando además las explicaciones técnicas ofrecidas acerca del planeamiento urbanístico, los problemas geotécnicos y las necesidades arquitectónicas que motivaron la modificación del proyecto.

Por razones de sistemática casacional y dada la íntima conexión existente entre ambos motivos, procede examinarlos conjuntamente.

2. En lo relativo a la ejecución anticipada y a la aprobación del proyecto modificado, nos remitimos al fundamento séptimo. Procede completar aquella respuesta con el examen de las objeciones técnicas y de la intervención personal del arquitecto que se plantean en estos motivos.

Bajo la apariencia formal de una infracción de ley, el recurrente vuelve a cuestionar la valoración probatoria efectuada por la Audiencia Provincial respecto del origen, finalidad y significado del proyecto modificado de abril de 2009, intentando sustituir la conclusión alcanzada por el tribunal sentenciador por una interpretación alternativa de los mismos elementos probatorios.

Sin embargo, la sentencia recurrida no construye su juicio de culpabilidad sobre una mera discrepancia técnica acerca de la conveniencia o necesidad de determinadas modificaciones constructivas, ni tampoco sobre simples irregularidades administrativas aisladamente consideradas. Lo que la Audiencia declara probado, tras un exhaustivo examen de la prueba pericial, documental y testifical practicada en el plenario, es que el proyecto básico y de ejecución redactado por D. Laureano en enero-febrero de 2008 presentaba una serie de deficiencias objetivas y relevantes que determinaron su inviabilidad económica y técnica, y que el posterior proyecto modificado fue utilizado conscientemente para dar cobertura formal a una situación ya creada, evitando las consecuencias jurídicas que habrían derivado de la detección de tales deficiencias.

La Audiencia parte de una reconstrucción cronológica particularmente detallada. Examina la tramitación del proyecto de ejecución de 2008, la licitación de las obras, la adjudicación a ECISA, el desarrollo de las certificaciones y la posterior elaboración y ejecución anticipada del modificado. A partir de ese análisis concluye que la explicación ofrecida por las defensas acerca de las supuestas causas sobrevenidas que justificarían el modificado carece de respaldo suficiente en los elementos objetivos obrantes en las actuaciones.

Especial relevancia atribuye la sentencia a la discordancia existente entre el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) y el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC). La resolución explica detalladamente que en el proyecto coexistían dos magnitudes incompatibles, pues mientras la memoria distinguía entre un PEM de 4.345.489,04 euros y un PEC con IVA de 5.998.514 euros, el resumen presupuestario identificaba indebidamente ambos conceptos, circunstancia que provocó que en las primeras diecisiete certificaciones se añadieran nuevamente los conceptos de gastos generales, beneficio industrial e IVA sobre importes que ya los incorporaban. La Audiencia destaca que esta anomalía no constituye una mera hipótesis acusatoria, sino un hecho admitido incluso por peritos de las defensas, que reconocieron una desviación próxima al 38,04 %. La sentencia razona que semejante desviación evidenciaba que la obra no podía concluirse con los recursos económicos disponibles y que, necesariamente, exigía una actuación correctora formal mediante la correspondiente modificación contractual.

La resolución también valora la evolución de las certificaciones de obra. Lejos de aceptar la tesis defensiva según la cual se trataba simplemente de pagos a cuenta susceptibles de regularización final, la Audiencia recuerda que el régimen legal de certificaciones exige que éstas reflejen obra efectivamente ejecutada. Sobre esta base considera especialmente significativo que determinadas partidas certificadas inicialmente, como la losa de cimentación o determinados elementos estructurales, nunca llegaran a ejecutarse en la forma descrita y fueran posteriormente sustituidas en el proyecto modificado. El tribunal entiende que tales discordancias revelan una situación anómala que no puede explicarse únicamente mediante posteriores ajustes de liquidación.

Igualmente razonada resulta la valoración efectuada acerca de la superficie edificada prevista. La Audiencia constata que mientras los proyectos previos de 2006 y 2007 contemplaban superficies construidas comprendidas entre aproximadamente 4.100 y 5.800 metros cuadrados, el proyecto de ejecución de 2008 elevó dicha superficie hasta más de 9.300 metros cuadrados, incluyendo varios edificios adicionales y un aparcamiento subterráneo. Aunque la defensa destaca que dos constructoras concurrieron a la licitación considerando viable la obra, la sentencia explica razonablemente que ello no elimina la evidencia objetiva de que la magnitud final del proyecto excedía notablemente de la prevista cuando se concedió la subvención de seis millones de euros.

La Audiencia dedica además una extensa motivación a examinar los supuestos problemas urbanísticos derivados del retranqueo del edificio del auditorio. El recurrente sostiene que la ampliación del vial prevista en el planeamiento obligó a desplazar la edificación y justificó las modificaciones introducidas. Sin embargo, la sentencia analiza detalladamente el contenido del Plan Parcial SR-11, las fechas de aprobación de los instrumentos urbanísticos, la documentación técnica obrante en autos y las diversas periciales practicadas, llegando a la conclusión de que la anchura del vial ya era conocida desde mucho antes y que no consta modificación alguna del planeamiento que justificara las alteraciones de gran entidad reflejadas en el modificado. La Audiencia no ignora los informes favorables aportados por las defensas, sino que los confronta con otros elementos probatorios y explica por qué otorga mayor credibilidad a las conclusiones alcanzadas por los peritos de las acusaciones y por otros técnicos que intervinieron en la causa.

En contra de las consideraciones del recurrente, el Tribunal no ignora que la aprobación definitiva del plan parcial se efectuó el 26 de mayo de 2008, y por tanto posterior al proyecto de febrero de 2008, no obstante lo cual, consideró imposible que los técnicos de la obra no tuvieran conocimiento de que el vial tenía un ancho de 25 metros, teniendo en cuenta que el acta de replanteo se efectuó unos días antes, el 12 de mayo de 2008. Y añade que, aunque fuera así, cuando se realizó el modificado, el edificio del Teatro Auditorio ni siquiera se había iniciado, por lo cual concluye, junto con el perito Sr. Benjamín, que las modificaciones del proyecto por este motivo, si es que hubieran existido, no eran tan importantes como las que contenía el modificado.

Análogo razonamiento desarrolla respecto de la cuestión geotécnica. La sentencia no niega que durante la ejecución de una obra puedan aparecer incidencias del terreno que obliguen a introducir ajustes constructivos. Lo que afirma es algo distinto, esto es, que el proyecto original carecía de un estudio geotécnico adecuado para una actuación de tal envergadura; que el Colegio Oficial de Arquitectos formuló expresamente reparos por esa ausencia; que nunca llegó a aportarse un estudio geotécnico específico del teatro-auditorio; y que las explicaciones ofrecidas para justificar la necesidad de modificar cimentaciones y estructuras aparecen apoyadas en estudios realizados originalmente para otra actuación distinta. La conclusión alcanzada por la Audiencia no responde, por tanto, a una mera discrepancia técnica, sino a la constatación de que las causas invocadas para justificar el modificado no resultaban suficientemente acreditadas.

También resulta particularmente significativa la valoración de los informes emitidos por INCOSA. La sentencia destaca que tales informes no corroboran realmente las causas alegadas para el modificado, limitándose a reflejar la existencia de cambios estructurales, retrasos en la ejecución y la paralización del edificio principal. Lejos de avalar la versión defensiva, esos documentos muestran que el proyecto modificado ya estaba siendo ejecutado cuando todavía no había sido aprobado por el órgano de contratación, circunstancia que la propia Audiencia considera especialmente reveladora.

A partir de todo ello, la resolución concluye que la verdadera finalidad del proyecto modificado no fue corregir unas incidencias técnicas sobrevenidas y limitadas, sino dar cobertura jurídica a una situación generada por los defectos del proyecto original y por la imposibilidad de culminar la obra conforme a los parámetros inicialmente aprobados. La sentencia subraya que el modificado se ejecutó antes de su aprobación formal, que alteró sustancialmente unidades de obra relevantes, que eliminó elementos completos del proyecto inicial, entre ellos la cafetería, que incorporó conceptos no previstos originariamente y que permitió presentar como terminada una obra que objetivamente no lo estaba.

Particularmente expresiva resulta la valoración efectuada acerca del límite legal del 10 %. Frente a la tesis defensiva de que las variaciones introducidas no superaban dicho umbral, la Audiencia razona que la magnitud de las modificaciones realizadas, la desaparición de unidades funcionales completas o modificación de unidades de obra relevantes, la incorporación de nuevos conceptos, la reducción de partidas esenciales y, sobre todo, la desviación económica derivada del error entre PEM y PEC evidenciaban sobradamente una alteración muy superior a la legalmente tolerada sin aprobación previa. La sentencia expone de forma razonada que no era posible presentar como simples variaciones cuantitativas lo que en realidad constituía una alteración sustancial del proyecto inicialmente contratado.

La resolución examina igualmente la invocada doctrina del reformado anticipado y los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Y lo hace para concluir precisamente lo contrario de lo pretendido por el recurrente, esto es, que dichos precedentes admiten la obligación de pagar determinadas obras efectivamente ejecutadas para evitar enriquecimientos injustos de la Administración, pero no legitiman la ejecución de modificaciones sustanciales al margen del procedimiento legalmente establecido. La Audiencia destaca que incluso los propios dictámenes invocados califican de irregular la ejecución de modificaciones antes de su aprobación formal.

Finalmente, la sentencia explica de forma particularmente convincente por qué atribuye a D. Laureano una participación esencial en la aprobación del modificado. No lo hace únicamente por haber redactado el proyecto modificado de abril de 2009, sino porque considera acreditado que fueron precisamente los errores y deficiencias presentes en el proyecto de ejecución elaborado por él los que condujeron a la inviabilidad económica del proyecto, y a la situación que posteriormente se intentó regularizar mediante dicho modificado. Desde esta perspectiva, la Audiencia aprecia una contribución causal y consciente de singular relevancia, razonamiento que en modo alguno puede calificarse de arbitrario o ilógico.

Las razones expuestas permiten rechazar las objeciones sobre la justificación técnica del modificado, su encaje en la normativa contractual y la participación del recurrente. No se aprecia la infracción de ley ni la vulneración constitucional denunciadas. Ambos motivos se desestiman.

El séptimo motivo del recurso se formula por vulneración de precepto constitucional al amparo de los arts. 852 LECrim y 5.4 LOPJ, en relación con el art. 24 CE, por falta de tutela judicial efectiva e indefensión y artículo 9.3) de la CE por infracción de principio de legalidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Afirma que no existe verdadera prueba de cargo respecto de los dos delitos de prevaricación por los que ha sido condenado y que la Audiencia ha construido la condena mediante una utilización incorrecta de la prueba indiciaria. Considera que los supuestos indicios empleados por la sentencia no son hechos plenamente acreditados, sino interpretaciones jurídicas, valoraciones subjetivas o nuevas lecturas de hechos que ya habían sido examinados por otros órganos jurisdiccionales. Estima que la Audiencia efectúa conclusiones sin ninguna base lógica, y en contra de hechos acreditados, por lo que infringe la presunción de inocencia.

Respecto del primer delito continuado de prevaricación, relativo a la supuesta contratación verbal de los trabajos desarrollados por el Sr. Laureano en 2006 y a la posterior convocatoria del concurso de proyectos de diciembre de 2007, el recurrente insiste en que la sentencia reconoce expresamente la inexistencia de prueba directa y construye toda la condena sobre la hipótesis de que aquellos trabajos fueron realmente encargados y debían ser retribuidos mediante la adjudicación posterior del concurso. Frente a ello sostiene que los hechos acreditados apuntan precisamente en sentido contrario, esto es, inexistencia de encargo formal, ausencia de registro de entrada del documento presentado en junio de 2006, inexistencia de factura, ausencia de pago alguno por parte del Ayuntamiento y carácter meramente preliminar y esquemático del documento elaborado. Recuerda además que en otros trabajos efectivamente encargados por el Ayuntamiento sí emitió las correspondientes facturas, mientras que en este caso nunca reclamó cantidad alguna. A su juicio, la sentencia convierte en indicios de culpabilidad circunstancias que, correctamente interpretadas, corroborarían el carácter altruista y desinteresado de su actuación.

Discrepa también de la conclusión de la Audiencia de que el concurso de proyectos convocado en diciembre de 2007 constituyera una «farsa» destinada a retribuir trabajos anteriores.Manifiesta que dicha tesis resulta incompatible con la declaración de legalidad efectuada por la sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Murcia, con la declaración de los miembros del jurado sobre la inexistencia de presiones o instrucciones previas y con la circunstancia de que el proyecto ganador era distinto del anteproyecto presentado en junio de 2006. Según el recurrente, la Audiencia reconstruye retrospectivamente una hipótesis de fraude mediante meras conjeturas y cuestiona aspectos ya examinados y validados por la jurisdicción contencioso administrativa, vulnerando con ello los principios de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva.

En cuanto al segundo delito de prevaricación, relacionado con el proyecto modificado de 2009, el recurrente sostiene que la sentencia vuelve a apoyarse en una construcción indiciaria carente de base suficiente. Reprocha a la Audiencia haber asumido la tesis pericial del Sr. Benjamín según la cual el proyecto de 2008 era económicamente inviable desde su origen y todos los intervinientes eran conscientes de ello, pese a que dos empresas constructoras concurrieron al concurso y formularon ofertas para ejecutar la obra. Afirma que la sentencia ignora hechos acreditados, como la pérdida de aproximadamente 900 metros cuadrados de superficie edificable derivada del retranqueo impuesto por el planeamiento urbanístico aprobado con posterioridad al proyecto o los problemas geotécnicos detectados durante la ejecución de la obra, circunstancias que justificarían racionalmente la necesidad del proyecto modificado. A su juicio, la resolución prescinde de estas explicaciones alternativas y construye una hipótesis incriminatoria basada en una supuesta conspiración generalizada entre todos los intervinientes, hipótesis que califica de ilógica, arbitraria y carente de apoyo probatorio. Destaca que los casi seis millones de euros están en la obra, que no consta en el proceso el importe que falta para terminar el Auditorio y que no se puede presumir como hace la sentencia que supera el 10 %, no sólo sin prueba, sino además en contra de lo manifestado por el Sr. Presidente del Tribunal en Sala.

Finalmente, el recurrente invoca la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo sobre la prueba indiciaria para sostener que en el presente caso no concurren los requisitos exigidos para una condena fundada en indicios. Estima que no existen hechos base plenamente acreditados, que las inferencias realizadas por la Audiencia no responden a un razonamiento lógico y racional y que las conclusiones alcanzadas no excluyen otras hipótesis explicativas igualmente plausibles. En consecuencia, considera que la sentencia se apoya únicamente en sospechas o probabilidades y no en una auténtica prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia, interesando por ello su absolución respecto de ambos delitos de prevaricación.

2. El motivo reproduce las objeciones a la prueba del concierto previo, al concurso de proyectos y al proyecto modificado. Estas cuestiones han sido examinadas en los fundamentos undécimo a decimocuarto; el alcance de la sentencia contencioso-administrativa se ha tratado específicamente en el duodécimo. Nos remitimos a esas respuestas, que comprenden la suficiencia de la prueba y la racionalidad de las inferencias cuestionadas.

Al no introducirse una cuestión distinta que altere lo allí razonado, el motivo se desestima.

El motivo octavo del recurso se formula por infracción de ley al amparo del art. 849.1 LECrim, por inaplicación del artículo 21.6 CP en relación del artículo 66. CP, al no haberse apreciado la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.

El motivo parte de que la sentencia ya aprecia la atenuante de dilaciones indebidas, pero únicamente con carácter simple, lo que el recurrente considera insuficiente y desproporcionado atendida la extraordinaria duración temporal de los hechos y del procedimiento. Se destaca que los hechos relativos al delito continuado de prevaricación se sitúan, según la propia sentencia, entre septiembre de 2005 y enero de 2008, mientras que el segundo delito de prevaricación, vinculado al proyecto modificado, se refiere a abril de 2009, celebrándose el juicio en octubre-noviembre de 2022 y dictándose sentencia en marzo de 2023, de modo que entre los hechos y el enjuiciamiento habrían transcurrido entre 14 y 18 años. Asimismo, subraya que desde la interposición de la querella por el Ministerio Fiscal (marzo de 2015) hasta la sentencia transcurrieron ocho años de procedimiento, considerando irrazonable que la sentencia solo valore como indebida la paralización producida durante aproximadamente un año en la Sección Tercera por la designación de ponente.

En relación con el primer delito continuado de prevaricación, el recurrente afirma que no existe delito continuado, además, que la Audiencia debió aplicar el art. 65.3 CP, al tratarse de un cooperador necesario que no ostentaba la condición especial del autor (intraneus), reduciendo la pena en un grado conforme al principio de proporcionalidad. Critica que la sentencia justifique la negativa a aplicar esa reducción basándose precisamente en los mismos elementos empleados para fundamentar la condena, como son, la realización de tres proyectos irregulares, eventual perjuicio a otros arquitectos o participación en actos ligados a la subvención, lo que considera una indebida «doble penalización». Añade que la condena descansa sobre prueba indiciaria y no directa, que los trabajos realizados en 2006 fueron gratuitos y no retribuidos, y que la sentencia transforma meras sospechas en certezas para agravar el reproche penal.

Junto a ello se refiere a la dilación del procedimiento, lo que a su juicio debió llevar a aplicar la atenuante como muy cualificada, destacando que se están juzgando en 2.023 hechos que han transcurrido nada menos que entre quince y diecisiete años antes de la fecha de la sentencia

Respecto del segundo delito de prevaricación, relativo al proyecto modificado de abril de 2009, el recurrente insiste en que la sentencia atribuye sin base suficiente una supuesta conciencia de inviabilidad del proyecto y convierte errores técnicos o decisiones discutibles en prueba de dolo prevaricador. No obstante, centra nuevamente la crítica en la pena impuesta, sosteniendo que la combinación de la gran distancia temporal entre hechos y sentencia, la duración de ocho años del proceso, y el hecho de que la condena se apoye en indicios de «intenciones» de muchos años atrás, debería haber llevado a apreciar la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, con la consiguiente rebaja de uno o dos grados de la pena conforme a los arts. 66.2 y 21.6 CP.

2. La pretensión de apreciar las dilaciones indebidas como muy cualificadas se rechaza por las razones expuestas en el fundamento noveno, apartado 3, sobre la duración, complejidad y paralización de la causa. La queja relativa al cómputo desde la fecha de los hechos y la invocación del art. 65.3 CP requieren las siguientes precisiones.

Además, debe recordarse que es doctrina consolidada de esta Sala (SSTS 440/2012, de 29 de mayo; 1394/2009, de 25 de enero; 106/2009, de 4 de febrero; 553/2008, de 18 de septiembre; 1123/2007, de 26 de diciembre; 1051/2006, de 30 de octubre; 1288/2006, de 11 de diciembre y 277/2018, de 8 de junio), la que considera que la referencia para la ponderación del tiempo transcurrido no puede ofrecerla la fecha de comisión de los hechos, sino la de incoación del procedimiento o, siendo más precisos, la de imputación del denunciado. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir el derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable en el derecho de todo delincuente a ser descubierto e indagado con prontitud. En este mismo sentido, exponíamos en la sentencia núm. 1123/2007, de 26 de diciembre, que como fecha de inicio para la determinación de posibles dilaciones no puede tomarse la de la ocurrencia de los hechos, ni tan siquiera la de la denuncia efectuada ante la autoridad judicial, sino aquella fecha en la que el denunciado/querellado comenzó a sufrir las consecuencias del proceso. En palabras del TEDH en las sentencias Eckle vs. Alemania de 15 de Julio de 1982 ó López Solé vs. España, de 28 de Octubre de 2003 «el periodo a tomar en consideración en relación al art. 6-1º del Convenio, empieza desde el momento en que una persona se encuentra formalmente acusada, o cuando las sospechas de las que es objeto, tienen repercusiones importantes en su situación, en razón a las medidas adoptadas por las autoridades encargadas de perseguir los delitos....».

En cuanto a la invocación del art. 65.3 del Código Penal, tampoco cabe apreciar la infracción denunciada. La aplicación de la rebaja facultativa de pena respecto del cooperador necesario que no comparte la condición especial del autor constituye una facultad judicial vinculada al principio de proporcionalidad y a la concreta intensidad de la intervención del partícipe, no un automatismo imperativo. La Audiencia razona expresamente las razones por las que considera improcedente efectuar dicha minoración, atendiendo a la singular relevancia de la intervención atribuida al recurrente en los hechos enjuiciados, cuya participación no se reputa periférica o secundaria, sino nuclear en el desarrollo de las actuaciones consideradas delictivas.

En consecuencia, el motivo debe ser íntegramente desestimado.

El motivo noveno del recurso se formula por infracción de ley al amparo del art. 849.1 LECrim., en relación con el art. 708 LECrim.

Denuncia una supuesta quiebra de la neutralidad e imparcialidad objetiva del Tribunal sentenciador. Considera que el Tribunal desarrolló durante el juicio oral una actividad de carácter inquisitivo incompatible con la posición neutral que corresponde al órgano de enjuiciamiento.

Parte de la doctrina constitucional y jurisprudencial relativa al art. 708 LECrim., conforme a la cual el tribunal puede formular preguntas aclaratorias, pero sin sustituir a las acusaciones ni asumir una posición activa en la construcción de la hipótesis incriminatoria. Alega que, en el presente caso, el Presidente de la Sala y la Magistrada Ponente habrían excedido ampliamente esas facultades, introduciendo hechos nuevos no incluidos en los escritos de acusación y desarrollando interrogatorios con un sesgo inquisitivo orientado a reforzar la tesis acusatoria.

Señala que hubo muchos momentos del juicio oral en los que, a su juicio, el Tribunal abandonó la posición de tercero imparcial, formulando preguntas extensas, sugestivas o de contenido incriminatorio a testigos, peritos y acusados. Entre los extremos destacados se encuentran las preguntas realizadas por el Presidente del Tribunal y por la Magistrada Ponente sobre la falta de registro administrativo de determinados anteproyectos o escritos, la recepción informal de ideas o proyectos en el Ayuntamiento, la naturaleza de las subvenciones concedidas por la Comunidad Autónoma, la tramitación urbanística de la parcela, el alcance de los estudios geotécnicos utilizados en el proyecto, la interpretación de los paneles presentados al concurso de ideas y las deliberaciones del jurado del concurso arquitectónico. Según el recurrente, muchas de estas cuestiones no formaban parte del objeto delimitado por las acusaciones y, sin embargo, fueron posteriormente utilizadas por la sentencia como indicios relevantes de la prevaricación.

Reproduce extensamente fragmentos de la grabación del juicio para sostener que no se trató de meras aclaraciones neutrales, sino de una auténtica actividad de reconstrucción incriminatoria, mediante preguntas dirigidas a completar vacíos probatorios o a suscitar líneas de inferencia no planteadas por las acusaciones. Reprocha, singularmente, la insistencia en cuestiones relativas al anteproyecto de junio de 2006, el estudio geotécnico, la configuración urbanística de la parcela, el contenido de los paneles del concurso o la interpretación de determinados elementos gráficos de los proyectos presentados, extremos que el recurrente considera introducidos de oficio por el Tribunal.

Asimismo, el recurrente invoca como indicio revelador de una previa toma de posición del Tribunal el comentario efectuado por el Presidente tras su declaración, en el que reconoció haber permitido determinadas formas de interrogatorio del Ministerio Fiscal para detectar aspectos relativos a la calidad profesional y personal del acusado, afirmando el recurrente que tal intervención evidenciaría una actitud preconcebida y una pérdida de objetividad incompatible con el derecho a un juez imparcial.

En base a ello considera que sería procedente la nulidad del juicio oral, aunque entiende que debe prevalecer la pretensión absolutoria por insuficiencia probatoria.

2.1. Conforme exponíamos en la sentencia núm. 102/2025, de 6 de febrero, «La imparcialidad judicial, como es bien sabido, comprende dos perspectivas: una, subjetiva y, otra, objetiva. Como precisa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "la existencia de imparcialidad a los efectos del artículo 6.1 [CEDH ] debe ser analizada desde una perspectiva subjetiva, teniendo en cuenta las convicciones personales y el comportamiento de un juez en particular, es decir, analizando si el juez se encontraba afectado por cualquier prejuicio personal o predeterminación en relación a un concreto caso; y también de acuerdo con una perspectiva objetiva, es decir, analizando si el Tribunal en sí mismo y, entre otros aspectos, su composición ofrecían suficientes garantías para excluir cualquier duda legítima relativa a su imparcialidad" -vid. entre muchas, SSTEDH, caso Kyprianou c. Chipre, de 15 de diciembre de 2005 ; caso Micallef c. Malta de 15 de octubre de 2009 -.

Doble dimensión que comporta, a su vez, significativas diferencias metodológicas a la hora de analizar cuándo se ha producido una lesión del derecho.

Así, la imparcialidad subjetiva del juez debe presumirse mientras no se pruebe lo contrario -vid. caso Hauschildt c. Dinamarca, de 24 de mayo de 1989-. Para destruir dicha presunción se requiere que se acredite que el juez ha mostrado hostilidad o animadversión por razones personales -vid. STEDH, caso De Cubber c. Bélgica, de 26 de octubre de 1984 ; SSTC 5/2004 , 60/2008 , 91/2021 -.

Por lo que se refiere a la imparcialidad objetiva si bien debe, también, presumirse, la prueba de su ausencia no está sometida a estándares de acreditación tan exigentes como cuando se cuestiona la imparcialidad subjetiva.

Las dudas, en todo caso, han de estar objetivamente justificadas lo que reclama, como también destaca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, analizar si, con independencia del comportamiento del juez, existen hechos acreditados que pudieran generar dudas sobre su imparcialidad. Lo que comporta que, si bien el punto de vista de la persona afectada es importante, no resulta concluyente a la hora de decidir sobre si en un caso concreto hay una razón justificada para temer que el juez o el tribunal, carece de imparcialidad.

Lo relevante es, insistimos, determinar si dicho temor puede considerarse objetivamente justificado -vid. SSTEDH, caso Micallef, anteriormente citado; caso Harabin c. Eslovaquia, de 20 de noviembre de 2012 ; caso Deli c. Moldavia, de 22 octubre 2019 -. Se trata, a la postre, de valorar si por el modo de proceder del Tribunal, en clásica formula de la Corte Suprema norteamericana, «se infectó de tal modo el juicio de injusticia que la condena o sentencia resultante constituye una denegación del debido proceso».

2.2. En nuestro caso, la alegación de la parte recurrente relativa a la supuesta pérdida de imparcialidad del presidente y de la magistrada ponente carece de sustento objetivo suficiente. El planteamiento parte de una valoración subjetiva y parcial de determinados episodios del juicio oral que, en ningún caso, permiten sostener una quiebra efectiva del principio de imparcialidad judicial.

En primer lugar, debe recordarse que la mera percepción individual de una actitud prejuiciosa por parte del órgano jurisdiccional no constituye, por sí sola, una vulneración del derecho a un juicio imparcial. Para que exista una afectación real de este principio, es imprescindible que se acrediten indicios objetivos y claros que permitan concluir que el tribunal ha perdido o comprometido su neutralidad. En el caso presente, ninguna de las actuaciones referidas cumple ese estándar.

En segundo término, conviene precisar que el modelo procesal penal vigente otorga al tribunal una intervención limitada pero legítima en la práctica de la prueba. Si bien las partes son quienes ostentan el protagonismo en la proposición y desarrollo del material probatorio, el juez conserva facultades para intervenir cuando sea necesario aclarar extremos relevantes sobre los hechos enjuiciados, especialmente durante el interrogatorio de testigos o peritos. El tribunal no puede permanecer inactivo ante eventuales lagunas, imprecisiones o ambigüedades surgidas durante el juicio oral. El deber de garantizar una correcta valoración probatoria impone, en determinadas ocasiones, una participación puntual del juzgador con fines exclusivamente aclaratorios, lo que no puede confundirse con una actitud parcial o con la formulación de un juicio anticipado de culpabilidad.

La jurisprudencia constitucional y de esta Sala, incluida la invocada por el propio recurrente, ha venido afirmando de forma constante que el art. 708 LECrim no proscribe toda intervención judicial en el interrogatorio, ni exige un tribunal silente o puramente pasivo, sino únicamente que el ejercicio de las facultades aclaratorias no se transforme en una actividad inquisitiva encubierta o en una indebida sustitución funcional de las partes acusadoras. Como recuerda la STS 752/2021, citada por el propio recurrente, el tribunal puede formular preguntas dirigidas a aclarar extremos oscuros, ordenar cronológicamente los hechos o contrastar la consistencia de las versiones ofrecidas, siempre que no abandone su posición de tercero imparcial ni descienda a la «arena del combate» procesal.

No hay prohibición alguna para que el Presidente o incluso otros magistrados que componen el Tribunal, sea o no el ponente, dirijan preguntas a testigos o peritos, siempre con autorización del Presidente. Ello no obstante, debe hacerse un uso moderado de esta posibilidad y solo para solicitar aclaraciones sobre el contenido de sus declaraciones. Debe respetar la garantía de imparcialidad probatoria, que exige en todo caso que con su iniciativa, el juzgador no emprenda una actividad inquisitiva encubierta. Por ello queda excluida la formulación de preguntas de contenido incriminatorio que pudieran completar la actuación de la acusación.

Igualmente, el Tribunal Constitucional (SSTC 229/2003 y 334/2005) ha entendido que el límite a esta actuación del Presidente del Tribunal venía establecido por la exigencia de que la formulación de preguntas no fuera una manifestación de una actividad inquisitiva encubierta, sustituyendo a la acusación, o una toma de partido a favor de las tesis de ésta. (STS 31/2011, de 2 de febrero).

En el mismo sentido se pronuncian las SSTS 340/2023, de 10 de mayo; 559/2022, de 8 de junio; 561/2019, de 19 de noviembre; 130/2019, de 12 de marzo; 674/2013, de 23 de julio; 31/2011, de 2 de febrero.

2.3. Pues bien, eso es precisamente lo que no sucede en el presente caso.

Debe destacarse que el motivo no identifica una concreta actuación del Tribunal que hubiera supuesto sustitución efectiva de las acusaciones o formulación de una hipótesis incriminatoria autónoma, sino que ofrece una extensa recopilación fragmentaria de preguntas formuladas durante varias sesiones del juicio, extrayendo de ellas la conclusión de una supuesta contaminación del órgano de enjuiciamiento. En todo caso el examen de las partes de los interrogatorios transcritos por el recurrente no permite apreciar la vulneración denunciada.

Las preguntas reproducidas por el recurrente versan sobre aspectos ya incorporados al objeto procesal y ampliamente presentes en los escritos de acusación. Aspectos tales como el registro administrativo de documentos, la tramitación del concurso de ideas, el origen y cronología de los anteproyectos, la documentación remitida para la obtención de la subvención, la situación urbanística de la parcela, el alcance de los estudios geotécnicos, la lógica arquitectónica de los proyectos presentados, el funcionamiento del jurado del concurso, la ejecución del proyecto modificado o las circunstancias técnicas concurrentes en la obra. No se trata de hechos nuevos incorporados ex novo por el Tribunal, sino de cuestiones íntimamente ligadas a los hechos objeto de acusación, respecto de las cuales el órgano de enjuiciamiento formuló preguntas de aclaración, contextualización o precisión dirigidas a comprender adecuadamente una prueba extraordinariamente extensa, técnica y compleja. La circunstancia de que posteriormente la sentencia otorgue relevancia valorativa a algunos de esos extremos no convierte las preguntas judiciales en inquisitivas ni evidencia pérdida de imparcialidad. El tribunal no queda impedido de valorar elementos de convicción cuya comprensión haya tratado legítimamente de esclarecer durante el juicio oral.

La alegación relativa al comentario efectuado por el Presidente tras la declaración del recurrente tampoco revela pérdida de imparcialidad objetiva. Leído en su contexto, dicho comentario no exterioriza una convicción anticipada de culpabilidad ni una toma de partido a favor de la acusación, sino precisamente una explicación acerca de la permisividad mantenida respecto de determinadas preguntas del Ministerio Fiscal, justificándola en la propia capacidad dialéctica del acusado y manifestando expresamente que cualquier interrogatorio capcioso sería impedido por el Tribunal. La afirmación dista de revelar prejuicio condenatorio alguno y no puede aislarse artificiosamente del conjunto del desarrollo del juicio.

No es irrelevante recordar, además, que las defensas dispusieron durante el plenario de todos los mecanismos procesales necesarios para reaccionar frente a eventuales excesos en el interrogatorio judicial, tales como protestas, solicitudes de nulidad, constancia en acta o recusación, sin que del motivo resulte una oposición efectiva y sostenida frente a las concretas actuaciones ahora denunciadas, lo que debilita notablemente la consistencia de una alegación formulada ex post tras el dictado de una sentencia condenatoria.

Conforme a lo expuesto, no se aprecia una verdadera pérdida de imparcialidad objetiva del Tribunal ni una actividad inquisitiva encubierta incompatible con el art. 24 CE.

El motivo por ello se desestima.

Recurso formulado por D.ª Elisenda.

DECOMOCTAVO.- El primer motivo del recurso se formula por infracción de Ley, al amparo de los arts. 849.1 y 852 LECrim, por infracción del art. 404 CP, en su redacción anterior a la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, así como los arts. 24.1 y 24.2 CE respecto a la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia. Respecto del primer delito de prevaricación.

1. Expone que es Técnico de la Administración General del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (TAG). Durante el periodo de los hechos enjuiciados -años 2005 al 2010-, era funcionaria interina, ocupaba un puesto de Técnico de la Administración General y, tan solo de forma accidental y por necesidades del servicio, no por voluntad propia, suplía, como Secretaria Accidental, en momentos puntuales a los Secretarios Generales que en cada momento eran los titulares. Por tal motivo, no tenía un conocimiento preciso de todos los expedientes que se tramitaban en la Corporación, sino tan solo de aquellos expedientes que por razón de su puesto le presentaban para su informe, y en todo caso su conocimiento se limitaba a aquellos asuntos que con arreglo a su condición de TAG realizaba en el estricto ejercicio de sus competencias. Su posición igualmente le privaba de cualquier poder de decisión en las distintas sesiones de los órganos colegiados.

En consonancia con ello, continúa señalando, el día 26 de diciembre de 2006 tuvo que sustituir a la secretaria titular. Se trataba de una Junta ordinaria y en el orden del día no estaba el punto relativo a la aceptación de una subvención para la construcción de un auditorio, sino que se incorporó por el trámite de urgencia, siendo en ese momento cuando conoció del mismo, no habiendo tenido conocimiento de ningún proyecto anterior. Por ello, estima que no pudo participar, de ningún modo ni con ningún grado de implicación, en una posible trama urdida junto con D. Pelayo y D. Laureano, tal y como se considera probado por la sentencia recurrida.

Refiere a continuación que la cuestión sometida a aprobación era prestar la conformidad a la concesión de una subvención de 6.000.000 de euros para la construcción de un Teatro Auditorio en Puerto Lumbreras, y el hecho de que en el apartado segundo se aprobara el «Proyecto Básico» realizado por el arquitecto D. Laureano, era consecuencia de que el Anteproyecto redactado por él había sido utilizado por el Ayuntamiento para solicitar la subvención. No era pues un acto preparatorio de un expediente de contratación de obra que sí hubiese requerido los informes y el expediente cuya ausencia se reprocha. Y ninguna participación había tenido hasta ese momento en la tramitación del expediente.

Destaca también que del acuerdo alcanzado en dicha Junta se dio traslado a todos los posibles órganos y personas responsables interesadas o afectadas (Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma y al Departamento de Intervención-Tesorería del Ayuntamiento), y ninguno de ellos puso ningún tipo de reparo.

Se refiere también a su participación en el concurso de proyectos. Sobre ello refiere que el día 17 de diciembre de 2007, esto es, un año después, tuvo que emitir un informe, no vinculante para el órgano de contratación, acerca de la adecuación a derecho del Pliego de Condiciones para el concurso de proyectos del Teatro Auditorio, limitándose a manifestar que el procedimiento regulado en el Pliego era, a su juicio, conforme a Derecho. Tampoco consta que se emitiera ningún informe desfavorable por parte de la Intervención Municipal.

Señala que la sentencia le atribuye unas funciones de control de legalidad absoluta que no le corresponden, y sin embargo omite una y otra vez las que legamente corresponden al Interventor Municipal respecto de la existencia de crédito, de fiscalización y aprobación del gasto. Ello pone de manifiesto que no pudo llevarse a cabo la trama de la que es acusada sin que en ella hubieran intervenido otros funcionarios.

Indica que la sentencia fundamenta su condena en prueba de indicios. Indicios tales como la falta de publicación del concurso en el DOCE. Sin embargo el art. 216 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no vincula el importe del contrato de servicios que suponga la continuidad del concurso a la determinación de la cuantía de éste, sino al importe de los premios, los cuales pueden existir o no. Por ello, a su juicio, no era necesario conocer de antemano el importe del contrato de servicios para determinar el régimen de publicidad del concurso. En el caso, se trataba de un concurso sin premios, ni primas de participación a los participantes.

Añade que además se respetó el principio de publicidad pues el concurso se publicó en el BORM conforme a lo dispuesto en el artículo 78.1 del TRLCAP, por lo que se trataría en todo caso de una irregularidad de la que no es responsable.

El segundo indicio alude al exiguo plazo del concurso. Sobre ello alega que ella no estableció el contenido del pliego de condiciones sino que se limitó a informarlo, siendo conforme a lo dispuesto en el art. 78.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Tal plazo además era coherente con la subvención concedida, ya que la contratación de las obras tenía que estar justificada en el primer trimestre del año 2.008, que posteriormente fue ampliado tras la solicitud efectuada por el Alcalde en el escrito de 27 de julio 2007, el auditorio tenía que estar terminado a finales de abril de 2009, la duración de la obra se calculaba en veintidós meses y se encontraban en enero de 2008, por lo que solo faltaban catorce meses y la obra no había comenzado, ni existía arquitecto, ni proyecto, y contrata de obras.

En todo caso se refiere al testimonio prestado por la arquitecta D.ª Celsa, quien manifestó que, aunque el plazo era corto, era totalmente posible la presentación de su licitación en el plazo de los quince días. Añadió que era algo que ella y su hermano tenían estudiado, ya que el proyecto de fin de carrera de su hermano era un auditorio. Respecto al otro licitante, el arquitecto D. Oscar, señala que manifiestamente dolido por no haber sido elegido, afirmó; «que el plazo era muy corto; que lo normal era dar dos o tres meses para el concurso de ideas, y que tuvo que estar trabajando con otros colaboradores durante días y noches para presentar una idea».

Destaca también la manifestación de D.ª Reyes, arquitecta contratada por el Ayuntamiento para la elaboración del PGOU, quien refirió que los estudios de arquitectura que se dedican a presentar concursos tienen tiempo suficiente para hacer una propuesta, porque además suelen utilizar trabajos previamente redactados.

Sobre el tercer indicio valorado por el Tribunal, composición del jurado, señala que ella nada tuvo que ver con su formación, composición y elección de sus miembros, por corresponder exclusivamente al órgano de contratación, y la composición prevista en el Pliego no contravenía ningún precepto legal aplicable al procedimiento. Además su composición no solo no era contraria a la ley, sino que estaba plenamente justificada.

En relación al cuarto indicio, la votación, manifiesta que el contenido del Acta no tiene otra finalidad que recoger el resultado de las decisiones del Jurado, tal y como se produjeron. Ya que no hubo discrepancias, ni votos particulares de los que se tuviera que dejar constancia, la finalidad del acta no era otra que constatar el fallo, es decir, el resultado final. Argumenta que el acta se limitó a recoger el resultado de la deliberación y las puntuaciones otorgadas, y que los miembros del jurado declararon que votaron libremente, sin presiones, sin conocer la identidad de los autores y respetando el anonimato de las propuestas. Frente a ello, reprocha a la sentencia haber utilizado las lagunas de memoria de los testigos, explicables por el tiempo transcurrido, como elemento incriminatorio.

Sobre el quinto indicio, relativo a que el proyecto presentado por D. Laureano al concurso era distinto de los trabajos anteriores utilizados para obtener la subvención, señala que ese dato debería operar en sentido exculpatorio, porque demostraría que el arquitecto no concurrió con el mismo documento previamente elaborado, sino con una propuesta distinta y ubicada en otra parcela. A su juicio, la sentencia invierte el sentido lógico del indicio y convierte en sospechoso un dato que debería debilitar la tesis del concurso predeterminado.

Se refiere también a la sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Murcia, que declaró conforme a Derecho el concurso de proyectos y rechazó la existencia de fraude, desviación de poder, arbitrariedad o error patente. Considera que la Audiencia no podía utilizar como indicios de prevaricación elementos del procedimiento que ya habían sido judicialmente validados, como la publicidad, los plazos, la composición del jurado o la adjudicación. También alude al informe de la Intervención General de la Administración del Estado como elemento que, a su juicio, avalaría la regularidad esencial del procedimiento.

Finaliza señalando que la sentencia construye su condena a partir de una prueba meramente indiciaria insuficiente, basada en actos administrativos ajustados a Derecho o, en su caso, en irregularidades administrativas sin relevancia penal. Afirma que no existe prueba directa ni indicio sólido de que conociera el supuesto acuerdo verbal entre el alcalde y el arquitecto, de que participara en una trama para adjudicar el contrato al Sr. Laureano o de que actuara a sabiendas de la injusticia de los actos administrativos en los que intervino.

2. Aunque el motivo se formula por infracción de ley, al amparo de los arts. 849.1 y 852 LECrim, en su desarrollo la recurrente cuestiona, en realidad, la suficiencia de la prueba de cargo y la racionalidad de la inferencia alcanzada por la Audiencia Provincial acerca de su intervención como cooperadora necesaria en el primer delito continuado de prevaricación, mezclando cuestiones de carácter estrictamente jurídico. La queja debe ser examinada, por tanto, desde la perspectiva del derecho a la presunción de inocencia, sin perjuicio de recordar que también se denuncia la indebida aplicación del art. 404 CP.

Las cuestiones comunes sobre la contratación previa y el concurso de proyectos han sido examinadas en los fundamentos sexto y undécimo a decimotercero, a los que nos remitimos.

Corresponde ahora examinar la intervención de D.ª Elisenda, quien sostiene que su actuación como Técnico de Administración General y secretaria accidental fue puntual, puramente funcional y carente de capacidad decisoria.

La Audiencia no le atribuye las decisiones propias del órgano de contratación. Su condena como cooperadora necesaria se funda en las omisiones, informes y actuaciones documentales que se describen a continuación, valorados por su contribución consciente a la tramitación del procedimiento.

El carácter accidental de la sustitución explica su intervención en determinados actos, pero no excluye el examen de las funciones que ejerció ni del conocimiento que adquirió mediante sus sucesivas actuaciones.

La primera actuación relevante se produjo en la Junta de Gobierno Local de 26 de diciembre de 2006. La recurrente insiste en que actuó accidentalmente, que el asunto se introdujo por urgencia y que lo conoció en ese mismo momento. Sin embargo, la Audiencia razona que precisamente en esa sesión se adoptó un acuerdo de singular trascendencia ya que se prestó conformidad a la subvención de seis millones de euros y se aprobó el proyecto básico del Teatro Auditorio realizado por D. Laureano, sin expediente de contratación del arquitecto, sin expediente administrativo de aprobación del proyecto, sin informe jurídico ni técnico sobre el documento aprobado, sin propuesta formalmente adecuada y sin disponibilidad real de la parcela sobre la que se decía proyectada la actuación.

Como pone de manifiesto la Audiencia, uno de los contenidos de la fe pública municipal que correspondía a la recurrente, es el control de la preparación de los asuntos a tratar en los órganos colegiados y la custodia de la documentación de los expedientes, que debe estar a disposición de los componentes del órgano con anterioridad a la celebración de la Junta. Igualmente, con base a la legislación vigente, expone que no podían entrar asuntos de forma urgente sin que existiera un expediente incoado y terminado. Constata que, pese a ello, la acusada no retiró, como le correspondía, el asunto sobre la aprobación del proyecto básico de 2006 si, verdaderamente, tuvo entrada por la propuesta del concejal de Educación. Además tal propuesta aparecía sin firma, no hubo exposición oral por el concejal de educación, y el escrito llevaba la misma fecha que el día de celebración de la Junta

Junto a ello, la introducción del asunto por urgencia no priva de relevancia a la omisión apreciada por el tribunal. Al contrario, en una actuación de esa entidad económica e institucional, la ausencia de expediente, de informes y de comprobación de extremos esenciales exigía una advertencia expresa por parte de quien, en ese momento, ejercía las funciones de fe pública y asesoramiento legal del órgano colegiado.

La Audiencia considera por ello que el primer acto prevaricador atribuido a la recurrente tuvo naturaleza omisiva al no advertir a la Junta de Gobierno Local de que no podía aprobarse un proyecto básico carente de expediente previo ni de los informes indispensables para valorar su regularidad.

La defensa sostiene que el acuerdo no formaba parte de un expediente de contratación de obra, sino de un expediente de aceptación de una subvención ya concedida. Pero ese argumento no desactiva el razonamiento de la sentencia. El acuerdo de 26 de diciembre de 2006 no se limitó a aceptar una ayuda pública, sino que incorporó la aprobación municipal del proyecto básico elaborado por el arquitecto que ya venía trabajando informalmente para el Ayuntamiento. Ese documento técnico no era inocuo, sino que había servido para obtener la financiación autonómica y permitía presentar ante la Comunidad Autónoma la existencia de una actuación concreta, presupuestada y aparentemente asumida por el Ayuntamiento. En ese contexto, la omisión de toda advertencia sobre la inexistencia de expediente de contratación y de aprobación del proyecto básico adquiere una significación que excede de la mera irregularidad formal.

Tampoco es concluyente que el acuerdo se comunicara a la Consejería de Educación y Cultura y al Departamento de Intervención-Tesorería sin que consten reparos posteriores. La eventual intervención posterior de otros órganos o funcionarios no elimina la relevancia de la actuación propia ni convierte en lícito un acuerdo adoptado sin las garantías esenciales que debían precederlo. La responsabilidad penal no exige demostrar que todos los intervinientes administrativos formaran parte de la actuación prevaricadora, sino que la concreta contribución de la acusada fue causalmente relevante y subjetivamente consciente dentro de la secuencia apreciada por el tribunal.

Como señala el Ministerio Fiscal ante esta Sala, aunque la recurrente actuara como secretaria accidental, debía conocer que no existía expediente alguno relativo a la contratación del arquitecto, ni a la aprobación del anteproyecto o proyecto básico, y que tenía obligación de informar a la Junta de las graves irregularidades existentes. A partir de ello cometió ese primer acto prevaricador por omisión, al obviar conscientemente la legislación municipal que la obligaba a advertir de la ilegalidad notoria del acuerdo sometido a aprobación.

La Audiencia no se detiene, además, en ese primer episodio. Razona que los informes y actuaciones posteriores de la recurrente ratificaron una conducta dirigida a soslayar los obstáculos legales que habrían puesto de manifiesto la ilegalidad de la contratación verbal del arquitecto. En esa línea, como destaca el Ministerio Fiscal tuvieron especial relevancia los informes y actuaciones de 17 de diciembre de 2007, 10 de enero de 2008, 12 de enero de 2008, 14 de enero de 2008, 17 de enero de 2008 y 11 de febrero de 2008, mediante los cuales la recurrente contribuyó a validar con su firma y anuencia consciente la tramitación del concurso y la posterior formalización de la adjudicación.

El informe de 17 de diciembre de 2007 sobre el pliego del concurso de proyectos, en el que la recurrente informó que no existía inconveniente para aprobar el pliego y convocar el concurso de ideas, no puede ser contemplado aisladamente, como pretende la recurrente, como un informe técnico jurídico neutro y no vinculante sobre la conformidad a Derecho del procedimiento, a través del cual ella no decidió el tipo de licitación, la publicidad, los plazos, la composición del jurado ni los criterios de adjudicación. La Audiencia no atribuye a la recurrente la decisión material de tales extremos. Lo que valora es que, desde su función de asesoramiento jurídico, informó favorablemente un pliego que, considerado en el contexto ya descrito, contribuía a articular el mecanismo de cobertura formal de la contratación previamente orientada. De esta forma, lo inserta en la secuencia global ya analizada. Primero se elaboraron trabajos técnicos por el Sr. Laureano sin expediente de contratación; después se utilizaron para obtener la subvención; posteriormente se aprobó el proyecto básico en la Junta de 26 de diciembre de 2006 sin las garantías exigibles; y, finalmente, se convocó un concurso de proyectos que, conforme expresa el Tribunal, sirvió para conferir cobertura formal a una decisión previamente orientada. En ese contexto, la inexistencia de carácter vinculante del informe no priva de relevancia penal a su emisión cuando dicho informe se integra en una actuación administrativa dirigida a dotar de apariencia de regularidad al procedimiento.

La recurrente combate de forma individualizada determinados indicios relativos al concurso, como la falta de publicación en el DOCE, el plazo de quince días para la presentación de propuestas, la composición del jurado y la forma de votación. Sin embargo, incurre con ello en el mismo error metodológico ya apreciado al resolver los motivos formulados por los otros recurrentes, ya que analiza separadamente cada elemento y ofrece para cada uno de ellos una explicación alternativa, cuando la Audiencia no construye la condena sobre el valor autónomo de cada indicio, sino sobre su fuerza conjunta dentro de una secuencia global de actuaciones.

Así, la eventual discusión jurídica sobre la exigencia de publicación comunitaria no neutraliza el razonamiento de la sentencia, que conecta la ausencia de publicidad en el DOCE con la omisión inicial de los honorarios del adjudicatario, la cuantía posteriormente fijada y la finalidad de restringir materialmente la concurrencia. Del mismo modo, sobre el plazo de quince días, la Audiencia no desconoce que pudiera existir una base formal para establecer ese plazo, sino que razona que, en las circunstancias concretas del caso, un plazo tan reducido, en periodo navideño, con seis días inhábiles y nueve hábiles, y para una actuación de singular complejidad, favorecía objetivamente al profesional que ya venía trabajando sobre el proyecto desde hacía tiempo. La legalidad abstracta del plazo mínimo no impide valorar su utilización concreta como un indicio más de la finalidad restrictiva del procedimiento, especialmente cuando se conecta con el previo desarrollo de trabajos por el arquitecto finalmente adjudicatario.

Tampoco la composición del jurado ni la forma de votación pueden examinarse al margen del contexto. La Audiencia no afirma que toda composición de un jurado con miembros vinculados al Ayuntamiento sea ilícita, ni que la recurrente decidiera personalmente quiénes debían integrarlo. Lo que valora es que el jurado fue presidido por el alcalde, impulsor de la actuación previa, y estuvo integrado por personas vinculadas al Ayuntamiento, sin que el acta exteriorizara una verdadera motivación de la decisión adoptada, pese a que el pliego exigía un fallo razonado. La recurrente, como secretaria accidental, documentó un acta que se limitó a reflejar puntuaciones y consenso, sin explicación suficiente de las razones técnicas por las que el proyecto del Sr. Laureano debía prevalecer sobre los restantes.

La recurrente invoca las declaraciones de los miembros del jurado, quienes afirmaron haber votado libremente, sin presiones y sin conocer la identidad de los autores. Pero la sentencia no desconoce tales manifestaciones, sino que las pondera junto con sus limitaciones, contradicciones y con la falta de una explicación clara y coherente sobre las razones técnicas de la elección. El tribunal de instancia, que presenció directamente la prueba personal, otorgó mayor valor al conjunto de circunstancias objetivas que rodearon el procedimiento que a las declaraciones genéricas de ausencia de presión. Esa valoración no puede calificarse de arbitraria, pues aparece exteriorizada y razonablemente conectada con los demás datos probatorios.

La recurrente sostiene también que el hecho de que el proyecto presentado al concurso por el Sr. Laureano fuera distinto de los trabajos anteriores utilizados para obtener la subvención debería operar como indicio exculpatorio. Esta objeción ya ha sido rechazada al resolver los motivos del recurso del Sr. Laureano. La Audiencia no basa la ventaja del Sr. Laureano en que presentara exactamente el mismo documento u otro distinto, sino en su previa vinculación material con el proyecto, su conocimiento anticipado de las necesidades municipales, su intervención en los trabajos que sirvieron para obtener la financiación autonómica y su presentación pública anterior como arquitecto del futuro auditorio. La diferencia formal entre las propuestas no elimina esa ventaja contextual ni excluye la inferencia de que el concurso fue utilizado para regularizar una relación profesional preexistente.

También debe rechazarse la alegación relativa a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Murcia. Como ya se ha razonado al resolver los motivos de los otros recurrentes, aquella resolución examinó la regularidad administrativa del concurso de proyectos desde la perspectiva propia de ese orden jurisdiccional. No valoró la totalidad de la secuencia previa, esto es, la elaboración de trabajos técnicos por el Sr. Laureano al margen de expediente, su utilización para obtener la subvención, la aprobación del proyecto básico sin expediente ni informes y la posterior convocatoria del concurso como mecanismo de cobertura formal. No existe, por tanto, contradicción entre la sentencia contencioso-administrativa y la valoración penal efectuada por la Audiencia.

La recurrente insiste en que carecía de poder decisorio. Pero la cooperación necesaria no exige ostentar la competencia formal para dictar la resolución administrativa prevaricadora. Basta con una aportación causal, relevante y consciente al hecho del autor. Como explica la Audiencia, esa aportación concurrió en este caso porque la recurrente, desde su función de secretaria accidental y asesora jurídica del órgano municipal, no solo omitió las advertencias debidas en la Junta de 26 de diciembre de 2006, sino que posteriormente emitió informes, certificó acuerdos y documentó actuaciones que permitieron avanzar en la formalización del concurso y en la contratación del arquitecto. La relevancia de su intervención no radica en haber decidido el resultado, sino en haber contribuido de forma necesaria a la apariencia de regularidad del procedimiento.

Desde la perspectiva subjetiva, tampoco puede afirmarse que la sentencia se apoye en meras conjeturas. La Audiencia infiere el conocimiento de la recurrente no de su sola condición funcionarial, sino de la naturaleza de las irregularidades apreciadas, de la entidad económica e institucional del proyecto, de la ausencia de expediente en actuaciones de indudable trascendencia, de la aprobación de un proyecto básico sin soporte administrativo suficiente y de su intervención posterior en actos esenciales del concurso. Se trata de una inferencia fundada en hechos acreditados y razonablemente enlazados entre sí.

Las actuaciones descritas y los datos de los que se infiere su conocimiento sustentan la participación de la recurrente como cooperadora necesaria. No se aprecia insuficiencia probatoria ni la indebida aplicación del art. 404 CP denunciada.

El motivo por ello debe ser desestimado.

El segundo motivo del recurso se formula por infracción de ley, al amparo de los arts. 849.1 y 852 LECrim, por indebida aplicación del art. 404 CP, en relación con los arts. 24.1 y 24.2 CE.

1. La recurrente sostiene que la sentencia vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia al considerar delictiva una actuación que, a su juicio, se ajustó a la normativa de contratación administrativa y que, en todo caso, no podía imputársele personalmente.

Discrepa de la apreciación de la sentencia sobre la ilegalidad de la aprobación del proyecto modificado y la ejecución anticipada de las obras conforme a dicho modificado antes de su aprobación formal.

Sostiene que la modificación de un proyecto de obra pública es una posibilidad expresamente prevista por la ley cuando concurren necesidades nuevas o causas imprevistas, citando los arts. 101 y 146 TRLCAP y el art. 160 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, estando facultado expresamente para ello el Director Facultativo de la obra.

Igualmente, según la defensa, el modificado respondió a causas técnicas reales. La recurrente menciona el retranqueo del edificio principal por razón de las alineaciones del planeamiento, la necesidad de reubicar el auditorio, la insuficiencia del estudio geotécnico disponible para la nueva ubicación y las modificaciones de cimentación y estructura adoptadas por el arquitecto director para garantizar la estabilidad de la obra. Desde esa perspectiva, el proyecto modificado no sería una ficción para justificar la subvención, sino una respuesta técnica a incidencias sobrevenidas durante la ejecución. Al igual que los anteriores recurrentes justifica el modificado en la necesidad de efectuar un retranqueo como consecuencia de la existencia de un vial colindante con la parcela del auditorio. La nueva ubicación para el edificio del auditorio, determinó la necesidad de efectuar un estudio geotécnico pues el estudio del que se disponía en esos momentos había sido elaborado para la construcción de un geriátrico, con cálculos de resistencia del terreno en otros puntos del solar, e igualmente se modificó una cubierta de hormigón por una cubierta de estructura metálica tubular. Continúa razonando que esas modificaciones, que posteriormente fueron recogidas en el proyecto modificado, existen y que por tanto se ejecutaron, y que por su importancia exigían de la elaboración y aprobación de un proyecto modificado. Añade que existe la posibilidad de llevar a cabo variaciones del proyecto inicial sin necesidad de que se realice necesariamente la previa aprobación de un modificado siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 % del precio primitivo del contrato, lo que entiende que nunca se acreditó pericialmente y que incluso el presidente del tribunal excluyó del debate la cuantificación exacta del coste pendiente o de la diferencia económica. Por ello reprocha a la Audiencia haber afirmado que el modificado superaba el límite legal sobre la base de una presunción y no de una prueba técnica específica.

A continuación se refiere a su posición concreta, insistiendo en que era Técnico de Administración General, dependiente orgánica y funcionalmente de los secretarios titulares, y que no tenía competencia alguna en la fase de ejecución de la obra. Así, no podía controlar partidas, plazos, mediciones, certificaciones, necesidad técnica del modificado, ni adecuación material de la obra ejecutada. Según la defensa, su única intervención relevante fue estar presente como secretaria accidental en la Comisión Informativa de 10 de septiembre de 2010 y en la Junta de Gobierno Local de 17 de septiembre de 2010, por sustitución del secretario titular, que estaba de vacaciones.

Con base en ello, niega que estuviera obligada a emitir informe de Secretaría para la aprobación del proyecto modificado. Sostiene que el art. 146 TRLCAP no exigía dicho informe y que el acuerdo consistía únicamente en aprobar el proyecto redactado por el arquitecto. Por tanto, afirma que se limitó a dar fe del acuerdo adoptado y que la sentencia le atribuye indebidamente una obligación de control técnico y jurídico que no le correspondía.

Se refiere igualmente a la doctrina de los reformados anticipados. Invoca el Dictamen 50/1998 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, doctrina del Consejo de Estado y otros ejemplos de práctica administrativa para sostener que la aprobación a posteriori de un modificado ya ejecutado puede constituir, en su caso, una irregularidad administrativa, pero no necesariamente una ilegalidad penal ni un acto nulo constitutivo de prevaricación. Añade que en este caso ni siquiera se produjo un gasto superior al autorizado, porque el modificado era a coste cero y todo el dinero de la subvención se destinó a la obra.

2. La cuestión suscitada en este motivo por la recurrente relativa al proyecto modificado ha sido ya examinada al resolver el séptimo motivo del recurso formulado por D. Pelayo y los motivos quinto y sexto del recurso formulado por D. Laureano. En dichos fundamentos se ha razonado que la Audiencia Provincial no condenó por la mera existencia de un modificado, ni por la sola ejecución anticipada de determinadas unidades de obra, ni por una discrepancia técnico administrativa sobre la mejor forma de resolver incidencias constructivas. Lo que la sentencia declaró probado fue que el proyecto modificado de abril de 2009 fue utilizado para dar cobertura formal a una situación ya consumada de hecho, derivada de la inviabilidad técnica y económica del proyecto inicial, de la ejecución de obras conforme a un modificado todavía no aprobado y de la necesidad de justificar ante la Comunidad Autónoma la inversión de la subvención concedida.

Procede, por tanto, remitirse a lo ya razonado en los fundamentos anteriores sobre la entidad de las modificaciones introducidas, la desviación derivada de la discordancia entre PEM y PEC, la inclusión de partidas no previstas, la eliminación de unidades relevantes del proyecto inicial, la falta de terminación del Teatro Auditorio, la ausencia de modificación del contrato de obras suscrito con ECISA y la insuficiencia de la doctrina de los reformados anticipados para legitimar penalmente una actuación conscientemente apartada del procedimiento legalmente exigible. No obstante, resulta necesario efectuar algunas precisiones específicas sobre la intervención atribuida a D.ª Elisenda.

La Audiencia no condena a la recurrente por haber dirigido técnicamente la obra, por haber decidido la necesidad arquitectónica del modificado, por haber certificado unidades ejecutadas o por haber controlado materialmente la ejecución del contrato. Esa no es la base de su responsabilidad. Lo que la sentencia le atribuye es una cooperación necesaria, desde su posición de secretaria municipal accidental, en la aprobación formal de un proyecto modificado que ya venía ejecutándose desde mucho antes y cuya aprobación resultaba imprescindible para dotar de apariencia de regularidad a las certificaciones emitidas y al gasto realizado. Su condena se fundamenta por el Tribunal en base a que aquella conocía, «sin género de dudas alguno, que el proyecto modificado no había sido informado por técnico municipal y que su finalidad era salvar los defectos detectados con el único fin de evitar el reintegro de la subvención. Ella misma se irrogó facultades de asesoramiento jurídico para evitar obtener informes preceptivos en este punto».

La recurrente insiste en que no podía controlar el retranqueo, la cimentación, la estructura, la suficiencia del estudio geotécnico o la correspondencia material entre lo certificado y lo ejecutado. Pero la sentencia no le exige responsabilidad por no haber ejercido funciones técnicas que no le correspondían. La condena se apoya en que conocía la existencia de una situación administrativa anómala y, pese a ello, intervino en la aprobación formal del instrumento que permitía regularizarla retrospectivamente.

En este punto la Audiencia destaca que la propia recurrente reconoció extremos esenciales tales como, que era consciente de que el proyecto modificado se estaba ejecutando antes de su aprobación; que no se había seguido el procedimiento ordinario; y que la aprobación del modificado era imprescindible para justificar las certificaciones y el dinero gastado. A partir de tales datos, la conclusión de que su intervención no fue meramente neutra o mecánica no puede calificarse de arbitraria.

La recurrente pretende presentar su actuación en la Junta de Gobierno Local de 17 de septiembre de 2010 como una simple función fedataria. Sin embargo, la Audiencia razona que no se trataba de documentar un acto administrativo ordinario, sino de aprobar un proyecto modificado que, desde la certificación número 18, de octubre de 2009, ya venía siendo ejecutado materialmente, pese a no haber sido aprobado por el órgano de contratación. Además, cuando se aprobó formalmente el modificado, la obra ya estaba paralizada desde abril de 2010, fecha de la certificación número 24, de modo que la aprobación no sirvió para autorizar previamente una modificación de obra, sino para dar cobertura a una situación ya producida.

Tampoco puede aceptarse que el carácter «a coste cero» del modificado excluyera la arbitrariedad de la resolución. La Audiencia explica que el mantenimiento nominal del precio no significó ausencia de modificación sustancial. El proyecto modificado conservó prácticamente las mismas superficies construidas y el mismo presupuesto global, pero redujo la cantidad de obra a ejecutar, dejó la obra incompleta, eliminó o alteró unidades relevantes, incorporó partidas no previstas y ajustó el cien por cien del presupuesto disponible a una obra que no se correspondía con la inicialmente contratada ni quedaba terminada en los términos exigibles. La apariencia de coste cero no elimina la alteración del objeto ni transforma una modificación sustancial en una mera variación ordinaria de unidades.

Resulta, además, particularmente expresivo que la propia dinámica de los hechos desmienta la pretendida irrelevancia jurídica de la aprobación del modificado. Si las alteraciones introducidas hubieran constituido simples variaciones ordinarias de unidades de obra, carentes de verdadera trascendencia contractual, o si bastara con considerarlas una mera adaptación técnica inocua dentro de la ejecución normal del contrato, difícilmente se explica la necesidad de redactar un proyecto modificado completo y someterlo a aprobación formal de la Junta de Gobierno Local cuando la obra ya venía ejecutándose conforme a él desde tiempo atrás y se encontraba incluso paralizada. La aprobación a posteriori del modificado pone precisamente de manifiesto que los intervinientes eran conscientes de que la obra realmente ejecutada se había apartado de forma relevante del proyecto inicialmente aprobado y que resultaba imprescindible dotar de cobertura administrativa a una situación de hecho ya consumada.

Desde esta perspectiva, la intervención de la recurrente no puede reducirse a una actuación fedataria neutra. La cuestión no era meramente certificar un acuerdo ordinario, sino intervenir en la aprobación formal de un instrumento cuya propia existencia revelaba la necesidad de regularizar una desviación relevante del proyecto inicial.

En todo caso, la recurrente insiste en que no se probó la superación del límite del 10 %. Pero, como ya se ha razonado al responder a los motivos de los otros recurrentes, la sentencia no basa su conclusión en una especulación abstracta sobre el coste futuro de terminación de la obra, sino en datos objetivos apreciados en la prueba practicada, como son, la desviación del 38,04% vinculada al error presupuestario inicial, la inclusión de partidas ajenas al proyecto originario, la eliminación de un edificio, la incorporación de conceptos de seguridad y salud que habían sido objeto de contratación separada, la certificación de partidas propias del proyecto de obras complementarias y la reducción real de obra ejecutada manteniendo el mismo precio global. La conclusión de que no nos hallábamos ante simples variaciones menores amparables por el art. 160 del Reglamento no es irracional.

Tampoco la doctrina de los reformados anticipados permite acoger el motivo. Como ya se ha expuesto en fundamentos anteriores, los dictámenes invocados por las defensas se refieren a la posibilidad de evitar situaciones de enriquecimiento injusto de la Administración cuando se han ejecutado obras de las que ésta se ha beneficiado. Pero esa doctrina no convierte en lícito cualquier procedimiento de regularización ex post, ni autoriza a ejecutar una modificación sustancial al margen del órgano de contratación para aprobarla después cuando las obras ya han sido realizadas. La Audiencia razona con acierto que una cosa es la eventual obligación administrativa de pagar obras efectivamente ejecutadas y otra muy distinta la utilización de un modificado tardío para conferir apariencia de legalidad a una obra que se había apartado sustancialmente del proyecto inicial y que no había sido previamente autorizada.

La aprobación posterior del modificado tampoco quedó justificada por la intervención de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda ni por la falta de reparo de la Intervención. La Audiencia destaca que no consta un verdadero informe específico sobre el proyecto modificado realizado por técnicos municipales y que la falta de reparo de la intervención se explicó por el dato de que el modificado se presentaba como actuación a coste cero y con partida presupuestaria. Pero la cuestión penalmente relevante, reiteramos una vez más, no era solo la existencia de crédito o la ausencia de incremento formal del precio, sino la aprobación de un proyecto sustancialmente alterado, ya ejecutado y que no iba acompañado de la modificación del contrato de obras.

Este último extremo resulta particularmente significativo respecto de la recurrente. La sentencia destaca que no se modificó el contrato de obras suscrito con ECISA, pese a que la constructora se había obligado a ejecutar una obra completa conforme al contrato inicial. Y, sin embargo, la propia recurrente emitió el 13 de marzo de 2012 un informe en el que afirmó que dicho contrato inicial había sido modificado por acuerdo de 17 de septiembre de 2010. Ese dato permite al tribunal reforzar la conclusión de que la recurrente no era ajena a la significación jurídica de la aprobación del modificado ni a la necesidad de enlazarlo con la modificación contractual correspondiente.

No se trata, por tanto, de exigirle conocimientos técnicos sobre cimentaciones, retranqueos o estructuras, sino de valorar su intervención en un acto administrativo cuya irregularidad jurídica resultaba patente desde la perspectiva de la contratación pública. El modificado se había ejecutado antes de ser aprobado; se aprobó cuando la obra ya estaba paralizada; no se modificó el contrato de obras; se mantuvo el precio original reduciendo la obra realmente ejecutada; y se presentó como obra completa una actuación que no permitía entregar al uso el Teatro Auditorio en los términos inicialmente subvencionados.

La recurrente afirma que no existía obligación legal de emitir informe de Secretaría para la aprobación del proyecto modificado. Pero la Audiencia no limita su reproche a la ausencia de un informe formal autónomo. El reproche se conecta con su deber de advertencia y asesoramiento jurídico en el seno de la Junta de Gobierno Local cuando se sometía a aprobación un acuerdo que pretendía dar cobertura a una modificación ya ejecutada, que no iba acompañada de la correspondiente modificación contractual y que era necesaria para justificar administrativamente el gasto efectuado. La eventual discusión sobre la preceptividad formal del informe no excluye la racionalidad de la inferencia relativa al conocimiento y cooperación de la recurrente.

A ello se añade que el secretario titular, D. Felix, declaró que el modificado debía ir acompañado de una modificación del contrato de ejecución de la obra y que para ésta sí era necesario informe del secretario municipal. La Audiencia valora ese dato para concluir que la aprobación del modificado sin la correspondiente modificación contractual constituía una irregularidad relevante, precisamente en el ámbito jurídico administrativo en el que la recurrente intervenía como secretaria accidental.

Tampoco puede aceptarse que la posterior aceptación o conocimiento de la Comunidad Autónoma elimine la responsabilidad penal. La Audiencia razona que el eventual visto bueno de la Comunidad Autónoma a la justificación de la subvención no depura las responsabilidades generadas en el momento en que se decidió elaborar y aprobar un modificado destinado a salvar los errores previos del proyecto y justificar una inversión en una obra que quedaba incompleta. La actuación del órgano autonómico, posterior y orientada a la comprobación de la subvención, no convierte en ajustado a Derecho el procedimiento seguido por el Ayuntamiento ni neutraliza el dolo apreciado en quienes intervinieron en su aprobación.

Sobre el elemento subjetivo, la inferencia alcanzada por la Audiencia es igualmente racional. La recurrente no intervino en un episodio aislado e incomprensible para ella. Ya había participado en la secuencia administrativa anterior relativa al proyecto del Teatro Auditorio; conocía la relevancia institucional y económica de la obra; actuó como secretaria accidental en la Junta de Gobierno que aprobó el modificado; sabía que éste se había ejecutado antes de su aprobación; sabía que no se había seguido el procedimiento ordinario; y conocía que su aprobación era necesaria para justificar las certificaciones y el gasto. Tales datos permiten inferir razonablemente que su actuación no fue puramente mecánica ni ajena al significado real del acuerdo.

La cooperación necesaria no exige que el partícipe tenga dominio funcional del hecho ni que ostente competencia decisoria sobre todos los elementos del expediente. Basta con que su aportación sea causalmente relevante para la ejecución del hecho delictivo y se preste con conocimiento de su significación. En este caso, la aprobación formal del modificado era indispensable para dotar de cobertura jurídica a la situación creada; y la intervención de la recurrente como secretaria accidental de la Junta contribuyó precisamente a la producción de esa apariencia de regularidad.

En definitiva, la sentencia ofrece una motivación suficiente, lógica y no arbitraria, apoyada en una pluralidad de elementos documentales, testificales y en las propias manifestaciones de la recurrente, por lo que el motivo debe ser desestimado.

El tercer motivo del recurso se formula por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECrim, por indebida aplicación del art. 404 CP.

1. Entiende que no concurren los requisitos del delito de prevaricación administrativa respecto de su actuación como secretaria accidental.

Parte de la doctrina general sobre el art. 404 CP.Señala que para apreciar prevaricación no basta una irregularidad administrativa, ni una interpretación discutible, ni una actuación eventualmente errónea. Afirma que es necesaria una resolución administrativa objetivamente contraria a Derecho, de ilegalidad patente, clamorosa o grosera, dictada además «a sabiendas» de su injusticia. Desde esa premisa, defiende que la sentencia no identifica una resolución arbitraria dictada por ella, ni una omisión legalmente equiparable, ni prueba suficiente del dolo específico exigido por el tipo.

Describe a continuación de forma extensa las funciones del secretario municipal. Sostiene que la sentencia le atribuye una función de control absoluto de legalidad que no le correspondía. Indica que sus funciones se limitaban a la fe pública y al asesoramiento legal preceptivo en los supuestos tasados por la normativa local, y que no existía una obligación genérica de advertencia de ilegalidad ni podía formular «reparos», función que correspondería a la Intervención municipal. Por ello, considera que no podía exigírsele una responsabilidad penal general por no impedir acuerdos adoptados por órganos municipales competentes.

Respecto a su intervención en la Junta de Gobierno Local de 26 de diciembre de 2006, insiste en que el acuerdo se introdujo por urgencia, que ella actuaba accidentalmente por sustitución de la secretaria titular y que el objeto del acuerdo era aceptar una subvención ya concedida, no tramitar un expediente de contratación. Por ello afirma que no estaba obligada a emitir informe contrario ni a retirar el asunto del orden del día, competencia que, según sostiene, correspondía al presidente del órgano. De esta forma, estima que sí realizó las funciones que le correspondían como eran levantar acta recogiendo la aceptación por parte del Ayuntamiento de una subvención, conforme al proyecto básico que había sido utilizado para tramitar la solicitud de la subvención, y certificar acuerdos. Añade que la aprobación de la propuesta de acuerdo, al ser introducida por urgencia y, por tanto, formulada de viva voz, difícilmente podía estar firmada en el momento de la sesión, siéndolo habitual en la práctica que este tipo de propuestas se redacten a posteriori, y así lo sería en este caso.

También combate la imputación relativa al concurso de proyectos. Sostiene que los informes que emitió fueron informes no vinculantes y ajustados a Derecho. El de 17 de diciembre de 2007 sobre el pliego del concurso, el de 11 de febrero de 2008 sobre el expediente de licitación de la obra y otros informes o certificaciones ligados al desarrollo del procedimiento (17/01/2007, 10/01/2008, 12/01/2008 y acta de 14/01/2008). Afirma que la sentencia no concreta qué informe suyo era ilegal ni por qué, y que el procedimiento del concurso fue declarado conforme a Derecho por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Asimismo se refiere a los indicios valorados por la Audiencia relativos al concurso, como falta de publicación en el DOCE, plazo de quince días, composición del jurado y sistema de votación.

Nuevamente señala que el plazo estaba permitido por la normativa contractual; que la inclusión en el mismo contrato de dos objetos diferentes, como era de un lado la redacción del proyecto y de otro la dirección de obras, no vulnera precepto legal alguno; que se cumplió el principio de anualidad presupuestaria; que la publicación en el BORM era suficiente; y que no era obligatoria la emisión de un informe previo a la declaración de urgencia en el contrato de obras.

Además se refiere a sus certificaciones y actuaciones posteriores en enero y febrero de 2008. Mantiene que sus certificaciones de resoluciones de Alcaldía o de acuerdos municipales eran actos de fe pública, no de fiscalización, ni informes de legalidad sustantiva, ni actos decisorios. Respecto del informe de 11 de febrero de 2008 sobre la licitación de la obra, invoca que existían informes técnicos municipales favorables sobre la idoneidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, de modo que no podía exigírsele que desautorizara a los técnicos competentes.

En relación con la fase de ejecución de la obra y las certificaciones, afirma que esa materia quedaba fuera de sus funciones como TAG y secretaria accidental. Señala que no podía controlar partidas, mediciones, plazos, certificaciones ni correspondencia entre obra ejecutada y obra proyectada. Añade que las resoluciones de Alcaldía aprobatorias de certificaciones, especialmente las relativas al proyecto modificado no aprobado, fueron certificadas por secretarios titulares y no por ella, por lo que no puede atribuírsele responsabilidad por esos pagos o certificaciones.

Sobre el proyecto modificado, la recurrente expone que no intervino en la decisión técnica de modificar el proyecto, ni en su ejecución anticipada, ni en las certificaciones emitidas conforme al modificado. Aduce que su única intervención relevante fue asistir como secretaria accidental a la Comisión Informativa de 10 de septiembre de 2010 y a la Junta de Gobierno Local de 17 de septiembre de 2010, por vacaciones del secretario titular. Afirma que el acuerdo se limitó a aprobar el proyecto técnico modificado redactado por el arquitecto y que tal aprobación no exigía informe de Secretaría.

En ese punto invoca nuevamente la legalidad de los reformados anticipados. Sostiene que la modificación de proyectos de obra pública estaba prevista en la legislación de contratos, que las modificaciones respondieron a causas técnicas reales, como retranqueo, alineaciones, nueva ubicación, geotecnia y estructura, y que, en todo caso, la aprobación posterior podía constituir una regularización administrativa admisible, no una prevaricación. Alega que el modificado era a coste cero, que reflejaba la obra realmente ejecutada y que la cuestión, si afectaba a la subvención, correspondía a la Comunidad Autónoma a través de un eventual expediente de reintegro, no al ámbito penal.

Se refiere también a la declaración del secretario titular, D. Felix. Según la recurrente, este declaró que el acuerdo de aprobación del modificado no requería informe de Secretaría porque no llevaba aparejada modificación contractual, y que no apreció motivo para iniciar revisión del acto. La defensa sostiene que la Audiencia confundió dos cuestiones distintas, como son, la aprobación del proyecto modificado y la eventual modificación del contrato de ejecución de obras necesarias para la conclusión del proyecto, que nunca llegó a tramitarse.

Finalmente alude a la recepción de las obras. Afirma que no intervino en el acta de recepción de 20 de septiembre de 2011 y que, por tanto, no puede exigírsele responsabilidad por el contenido de ese acto, aunque la sentencia lo valore indirectamente para afirmar que la obra estaba inacabada o que no se correspondía con el objeto subvencionado.

Como conclusiones del motivo refiere que intervino solo de forma puntual, accidental y funcional en distintos momentos del expediente; que actuó conforme a las funciones propias de Secretaría; que no tenía competencia decisoria ni técnica; que sus informes y certificaciones no eran vinculantes; que se la puede acusar de la omisión de informes preceptivos cuando la ley no los exige; que ninguna resolución contencioso administrativa declaró ilegales sus actos; que no existió prueba directa ni indiciaria de connivencia con los otros acusados; y que la sentencia convierte en indicios de culpabilidad actuaciones administrativas que, según la recurrente, fueron legalmente correctas o, como mínimo, jurídicamente discutibles.

Considera en definitiva que la sentencia ha aplicado indebidamente el art. 404 CP porque no dictó resolución arbitraria, no tenía competencia decisoria, no omitió informes preceptivos, no infringió de forma patente sus funciones como secretaria accidental, no actuó a sabiendas de ilegalidad alguna y, en todo caso, sus informes o certificaciones no tenían eficacia causal suficiente para convertirla en cooperadora necesaria de los delitos de prevaricación.

2. El motivo plantea, desde la perspectiva del art. 404 CP, cuestiones examinadas en los fundamentos decimoctavo y decimonoveno. Nos remitimos a ellos en cuanto a las actuaciones y al conocimiento atribuidos a la recurrente. Procede precisar aquí la relevancia de sus funciones y de su participación como cooperadora necesaria.

Las funciones de fe pública y asesoramiento legal de la Secretaría municipal no comprenden la fiscalización económica ni el control técnico de las obras. Tampoco implican un deber universal de supervisión de todos los expedientes de la corporación.

La responsabilidad de la recurrente debe examinarse, por tanto, atendiendo a los deberes correspondientes a los actos en los que intervino y a la contribución consciente que la sentencia le atribuye. La falta de un informe escrito o de una advertencia no basta, por sí sola, para fundar la condena.

Ahora bien, ello no conduce a la estimación del motivo. Una cosa es negar que la secretaria accidental tuviera un deber universal de control de todos los extremos técnicos, económicos o administrativos de la actuación municipal, y otra muy distinta sostener que su intervención se redujo a una actuación mecánica, neutra o puramente protocolaria. La función de fe pública no se agota en la firma material de actas o certificaciones, y el asesoramiento legal que corresponde a la Secretaría adquiere especial relevancia cuando el órgano colegiado somete a aprobación acuerdos que presentan carencias manifiestas en sus presupuestos administrativos esenciales.

La Audiencia parte de esta misma base. Recuerda que no cabe convertirlo en garante absoluto de toda la legalidad municipal, pero también razona que, cuando la actuación ilegal se produce precisamente mediante su intervención activa u omisiva, y cuando esa intervención se proyecta sobre extremos esenciales del procedimiento, la responsabilidad penal no puede descartarse por la sola invocación abstracta de la limitación funcional del cargo.

Además, la recurrente no fue condenada como autora directa de las resoluciones administrativas prevaricadoras, sino como cooperadora necesaria. Por ello, no es decisivo que no ostentara la competencia formal para adoptar los acuerdos municipales ni que sus informes no fueran vinculantes. La cooperación necesaria, como se ha expresado también de forma reiterada, no exige dominio funcional del acto administrativo ni competencia decisoria propia, sino una aportación relevante, eficaz y consciente sin la cual el hecho típico no habría podido ejecutarse en la forma en que se produjo. Desde esta perspectiva, un informe, una certificación, un acta o una omisión de advertencia pueden integrar cooperación necesaria cuando contribuyen de modo esencial a la cobertura formal de la resolución arbitraria.

Eso es lo que, como expresa la sentencia recurrida, aconteció en el presente caso. Como ya se ha expuesto, en relación con el primer delito continuado de prevaricación, la Audiencia identifica la intervención de la recurrente en la Junta de Gobierno Local de 26 de diciembre de 2006, en la que se prestó conformidad a la subvención y se aprobó el proyecto básico del Teatro Auditorio realizado por D. Laureano sin expediente de contratación del arquitecto, sin expediente administrativo de aprobación del proyecto, sin informes técnicos y jurídicos previos, sin propuesta formalmente adecuada y sin disponibilidad real de la parcela. No se le reprocha haber decidido el acuerdo, sino no haber advertido, desde la función que ejercía en ese momento, de unas deficiencias que afectaban a presupuestos elementales de la actuación administrativa.

La recurrente sostiene que el asunto se introdujo por urgencia y que ella actuaba por sustitución accidental de la secretaria titular. Pero, como ya se ha expuesto, esas circunstancias no eliminan la significación jurídica de su intervención. La introducción urgente de un asunto de tal trascendencia económica e institucional, además de que debía haber llevado al rechazo de su inclusión en el orden del día, no reducía las exigencias de control, sino que hacía especialmente necesaria la advertencia de las carencias esenciales que presentaba la propuesta. La accidentalidad de la sustitución explica por qué intervino, pero no convierte en neutra la omisión apreciada por la Audiencia.

Tampoco cabe aceptar que se tratara de una mera aceptación de una subvención ya concedida, ajena a toda relevancia en materia de contratación. Como ya se ha razonado, el acuerdo no se limitó a aceptar fondos públicos, sino que aprobó el proyecto básico elaborado por el arquitecto cuyos trabajos habían servido para obtener la subvención y respecto del cual no existía expediente de contratación. Esa aprobación municipal era un elemento de cobertura formal de la actuación previa y, por ello, la omisión de toda advertencia sobre la inexistencia de expediente y de informes no podía considerarse irrelevante.

La secuencia posterior refuerza esa conclusión. La Audiencia no se limita a valorar la Junta de Gobierno Local de 26 de diciembre de 2006, sino que aprecia una continuidad en la actuación de la recurrente mediante informes, certificaciones y actas que permitieron avanzar en la formalización del concurso y en la contratación del arquitecto. En particular, se valoran el informe de 17 de diciembre de 2007 sobre el pliego del concurso, las certificaciones de enero de 2008, el acta del jurado de 14 de enero de 2008, la certificación de la decisión del jurado de 17 de enero de 2008 y el informe de 11 de febrero de 2008 sobre la licitación de la obra.

La defensa reitera que tales informes no eran vinculantes. Pero la ausencia de carácter vinculante no equivale a irrelevancia penal. La Audiencia razona que esos actos documentales formaron parte del itinerario administrativo que permitió dotar de cobertura formal a la decisión previamente orientada en favor del Sr. Laureano. La cooperación necesaria no se mide únicamente por la imposibilidad jurídica absoluta de adoptar el acuerdo sin el informe, sino por la relevancia material de la aportación al plan ejecutado. En el caso, esos informes y certificaciones permitieron presentar como regular una tramitación que, valorada en conjunto, encubría una contratación previamente decidida.

La recurrente insiste, además, en que algunas de sus actuaciones posteriores consistieron en meras certificaciones de acuerdos o resoluciones ya adoptadas, propias de la función de fe pública, y no en informes de legalidad sustantiva. La objeción es correcta en abstracto, pero tampoco desvirtúa el razonamiento de la Audiencia. La sentencia no atribuye a cada certificación, aisladamente considerada, valor decisorio autónomo, sino que las integra en una secuencia administrativa más amplia en la que la recurrente intervino de forma reiterada dando soporte documental a actuaciones que permitieron presentar como regular una contratación previamente orientada. La fe pública del secretario no convierte en irrelevante la intervención cuando lo certificado se inserta en un itinerario administrativo que, conforme a la valoración probatoria de instancia, servía precisamente para dotar de cobertura formal a una situación irregular precedente.

También debe rechazarse que el informe de 11 de febrero de 2008 quede neutralizado por la existencia de informes técnicos favorables sobre la idoneidad del proyecto o la disponibilidad de los terrenos. La Audiencia no exige a la recurrente que sustituyera el juicio técnico de arquitectos o técnicos municipales, ni que resolviera cuestiones constructivas ajenas a su competencia. Lo que valora es que el informe jurídico se emitió dentro de una secuencia ya marcada por los trabajos previos del arquitecto, la utilización de esos trabajos para obtener la subvención, la aprobación del proyecto básico sin expediente y la posterior convocatoria del concurso. La existencia de informes técnicos sobre aspectos materiales concretos no privaba de relevancia a la función jurídica de Secretaría ni obligaba al tribunal a considerar neutra su intervención.

Tampoco puede compartirse la tesis de que, al no poder formular «reparos» en sentido técnico-presupuestario, la recurrente carecía de toda obligación de advertencia. Es cierto que el reparo propio de la función interventora corresponde a la Intervención municipal. Pero una cosa es el reparo económico-presupuestario y otra distinta la advertencia jurídica que podía y debía formular quien ejercía la Secretaría en un órgano colegiado cuando se sometían a aprobación acuerdos con carencias manifiestas desde la perspectiva jurídico-administrativa. La sentencia no le exige funciones interventoras, sino la actuación propia de quien documenta, asesora y otorga cobertura formal a decisiones municipales de singular trascendencia.

En relación con el segundo delito de prevaricación, vinculado al proyecto modificado, la alegación tampoco altera lo ya resuelto. La Audiencia no condenó a la recurrente por controlar técnicamente la obra, por medir partidas, por dirigir la ejecución, por decidir soluciones estructurales o por certificar materialmente unidades ejecutadas. Lo que apreció fue su cooperación en la aprobación formal de un proyecto modificado que ya venía ejecutándose desde octubre de 2009 y que fue aprobado el 17 de septiembre de 2010, cuando la obra se encontraba incluso paralizada, con la finalidad de dotar de apariencia de regularidad a una situación ya consumada.

La recurrente afirma que la aprobación del proyecto modificado no exigía informe de Secretaría. Pero el reproche de la Audiencia no se agota en la falta de un informe formalmente preceptivo. La sentencia destaca que el modificado se había ejecutado antes de su aprobación, que alteraba sustancialmente el proyecto inicialmente contratado, que no iba acompañado de la correspondiente modificación del contrato de obras y que su aprobación era necesaria para justificar las certificaciones y el gasto realizado. En ese contexto, la intervención de la recurrente en la Junta de Gobierno Local que aprobó el modificado no fue valorada como un acto fedatario indiferente, sino como una contribución necesaria a la cobertura formal de la actuación prevaricadora.

La defensa invoca la declaración del secretario titular para sostener que la aprobación del proyecto técnico modificado no requería informe de Secretaría y que la eventual modificación del contrato de obras era una cuestión distinta que no llegó a tramitarse. Sin embargo, esa distinción no favorece la tesis exculpatoria en los términos pretendidos. Precisamente porque el modificado afectaba a la ejecución real de la obra y no fue acompañado de la correspondiente modificación contractual, la Audiencia considera que la aprobación de 17 de septiembre de 2010 operó como una cobertura formal insuficiente e irregular de una transformación ya ejecutada. La cuestión no era solo si el acuerdo aislado exigía formalmente un informe secretarial escrito, sino si la recurrente podía desconocer, al intervenir como secretaria accidental, que se estaba aprobando ex post un instrumento llamado a regularizar una modificación sustancial ya materializada sin la tramitación contractual correspondiente.

Tampoco altera esta conclusión que muchas de las certificaciones de obra o resoluciones de aprobación de pagos fueran emitidas o certificadas por otros funcionarios o secretarios titulares. La sentencia no fundamenta la responsabilidad de la recurrente en haber intervenido en todos y cada uno de los actos de ejecución material de la obra, ni en haber controlado las certificaciones ordinarias. Su responsabilidad se construye sobre las concretas intervenciones que sí le atribuye: su participación en la aprobación del modificado y su conocimiento de que éste se estaba ejecutando antes de su aprobación formal y resultaba necesario para justificar certificaciones y gasto. La ausencia de intervención en otros actos del expediente puede acotar el reproche, pero no elimina la relevancia de aquellos en los que sí intervino.

La tesis defensiva de que ningún informe suyo fue declarado ilegal por la jurisdicción contencioso-administrativa tampoco puede prosperar. La prevaricación no exige que cada acto instrumental haya sido previamente anulado por la jurisdicción contenciosa, ni que el cooperador necesario dicte por sí mismo una resolución administrativa. Lo relevante es si, desde la perspectiva penal y a partir del conjunto de la prueba practicada, su aportación fue consciente y esencial para la adopción o formalización de resoluciones arbitrarias. La Audiencia respondió afirmativamente a esta cuestión mediante una motivación extensa, concreta y racional.

Debe descartarse igualmente que la ausencia de un interés personal acreditado excluya el dolo. El art. 404 CP no exige ánimo de lucro ni ventaja personal para el funcionario o partícipe. Basta el conocimiento de la injusticia de la resolución y la voluntad de contribuir a su adopción o cobertura formal. La sentencia infiere ese conocimiento no de una mera sospecha, sino de la entidad de las irregularidades, de la reiteración de las intervenciones de la recurrente, de su cualificación funcionarial, de la trascendencia económica e institucional del proyecto y de la evidencia de que las actuaciones en las que intervino carecían de presupuestos administrativos elementales.

Por último, la alegación relativa a la recepción de la obra tampoco conduce a una conclusión distinta. La recurrente sostiene que no intervino en el acta de recepción de 20 de septiembre de 2011 y que, por tanto, no puede exigírsele responsabilidad por su contenido. Pero la Audiencia no construye la condena sobre una intervención directa de la recurrente en dicho acto, sino que toma la recepción como un dato contextual más para valorar la finalidad de la actuación precedente y la discordancia entre la apariencia formal de terminación y la realidad material de una obra que no se correspondía con el objeto inicialmente proyectado y subvencionado. La falta de participación directa en la recepción impide atribuirle ese acto como propio, pero no desvirtúa la valoración de sus intervenciones anteriores en la aprobación del modificado.

Las limitaciones funcionales invocadas no excluyen, por las razones expuestas, la cooperación necesaria que se atribuye a la recurrente en las resoluciones identificadas. Se rechaza la indebida aplicación del art. 404 CP.

El motivo se desestima.

El cuarto motivo del recurso se formula por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECrim, por indebida aplicación del art. 404 CP en relación con el art. 74.1 CP, al haberse apreciado el primer delito de prevaricación como delito continuado.

1. Sostiene que no concurren los requisitos del delito continuado respecto al primer delito de prevaricación.

Señala que la sentencia no identifica con precisión qué actos concretos integrarían esa continuidad delictiva ni acredita respecto de cada uno de ellos todos los elementos del art. 404 CP.Reprocha que se hayan agrupado de forma genérica el anteproyecto, el proyecto básico, los actos previos y el concurso bajo una misma continuidad delictiva. A su juicio, la única finalidad sería evitar la prescripción. Refiere que la sentencia no explica si hubo un único acuerdo verbal entre D. Pelayo y D. Laureano o tres acuerdos verbales diferentes, ni cómo puede proyectarse sobre ella una cooperación necesaria en esos supuestos acuerdos previos.

En relación con su intervención personal, insiste en que la sentencia no motiva cuál fue su grado de participación en cada uno de los actos que integrarían el supuesto delito continuado.

Reitera una vez más que el concurso de proyectos fue declarado conforme a derecho por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Murcia. Estima que, al haber sido validado el concurso por esa jurisdicción, no puede utilizarse como uno de los actos integrantes de la continuidad delictiva.

Igualmente, insiste que no existe prueba de que conociera la existencia de un proyecto previo para construir el auditorio ni, menos aún, de contratos verbales entre el alcalde y Laureano. Estima que la sentencia se basa en presunciones del tipo «debió darse cuenta», «debió oponerse» o «debía conocer» otros proyectos anteriores, afirmaciones que considera carentes de soporte probatorio y vulneradoras de la presunción de inocencia.

2. La vía casacional utilizada exige partir del pleno respeto a los hechos declarados probados. Sin embargo, la recurrente construye buena parte del motivo sobre la negación de los presupuestos fácticos ya examinados al resolver sus motivos anteriores. A ellos nos remitimos.

2.1. La sentencia de esta Sala núm. 695/2019, de 19 de mayo, con referencia expresa a la sentencia núm. 671/2011, de 20 de junio, señala que «(...) tanto en la unidad natural de acción como en el delito continuado concurren una pluralidad de hechos desde una perspectiva ontológica o fenomenológica. Lo que sucede es que en el primer caso los hechos albergan una unidad espacial y una estrechez o inmediatez temporal que, desde una perspectiva normativa, permiten apreciar un único supuesto fáctico subsumible en un solo tipo penal. En cambio, en los casos en que no se da esa estrecha vinculación espacio-temporal propia de las conductas que se ejecutan en un solo momento u ocasión, sino que se aprecia cierto distanciamiento espacial y temporal, no puede hablarse de una unidad natural de acción sino de distintos episodios fácticos insertables en la figura del delito continuado. De modo que cuando los diferentes actos naturales no presentan la inmediatez y proximidad propias de la unidad natural de acción subsumible en un solo tipo penal, pero tampoco alcanzan la autonomía fáctica propia del concurso de delitos, ha de acudirse a la figura intermedia del delito continuado.

Tanto en la unidad natural de acción como en el delito continuado se opera con criterios normativos, toda vez que ontológica o naturalísticamente se da en ambos casos una pluralidad de actos en sentido natural. Lo que sucede es que en el primer supuesto la densidad de la normativización es menor al operar los distintos actos con una mayor estrechez y vinculación espacio-temporal, circunstancia que propicia la aplicación de un solo tipo penal más liviano, excluyéndose la modalidad más grave del delito continuado, en la que se incrementa el grado de ilicitud de la conducta y la punición de la norma debido a la menor unicidad naturalística de los actos ejecutados por el autor y a la intensificación del dolo».

2.2. En el supuesto de autos, los hechos probados relacionan distintos actos que integran individualizadamente decisiones prevaricadoras realizados por la acusada a lo largo del tiempo.

La Audiencia identifica una secuencia de actuaciones administrativas conectadas por una misma finalidad, como era, conferir cobertura formal a una contratación previamente orientada del arquitecto D. Laureano para el proyecto del Teatro Auditorio. Esa secuencia comenzó con la utilización de sus trabajos técnicos para la obtención de la subvención, continuó con la Junta de Gobierno Local de 26 de diciembre de 2006, en la que se prestó conformidad a la subvención y se aprobó el proyecto básico sin expediente de contratación ni expediente de aprobación del proyecto, y culminó con la convocatoria, tramitación y adjudicación del concurso de proyectos, mediante el cual se dio apariencia de legalidad a una relación profesional que, según la Audiencia, ya existía materialmente.

Nos encontramos así ante comportamientos jurídicos penalmente equivalentes, concebidos con el mismo propósito o finalidad, que constituyen la ejecución del mismo plan desarrollado por la acusada. La continuidad delictiva aparece fundada en la pluralidad de resoluciones y actuaciones administrativas adoptadas dentro de un mismo plan y con infracción del mismo bien jurídico, como es, la recta actuación de la Administración conforme a los principios de legalidad, objetividad, publicidad, concurrencia e interdicción de la arbitrariedad. No se trata de sumar artificialmente episodios inconexos, sino de valorar una actuación administrativa progresiva, integrada por actos sucesivos que respondían a una unidad de propósito y que permitieron avanzar desde la previa utilización de los trabajos del arquitecto hasta la formalización de su contratación.

El Ministerio Fiscal, al impugnar este motivo, destaca precisamente que los hechos probados detallan dos núcleos de actuación atribuidos a la recurrente. En primer lugar, la omisión deliberada de sus obligaciones en la Junta de Gobierno Local de 26 de diciembre de 2006; y, en segundo lugar, su actuación en los sucesivos actos que integraron el concurso de proyectos. Ambos hechos, considerados conjuntamente, configuran el delito continuado de prevaricación por el que fue condenada. La recurrente, por tanto, no se enfrenta a una condena basada en una referencia indeterminada a «actos previos», sino a una secuencia concreta que la sentencia examina y valora.

Tampoco puede aceptarse que la Audiencia no motivara su grado de participación. La sentencia identifica su intervención en la Junta de Gobierno Local de 26 de diciembre de 2006, en la que, actuando como secretaria accidental, no advirtió de la inexistencia de expediente de contratación del arquitecto, de la falta de expediente administrativo para aprobar el proyecto básico, de la ausencia de informes jurídicos y técnicos y de la falta de disponibilidad real de la parcela. Posteriormente, valora sus intervenciones en la tramitación del concurso, singularmente el informe de 17 de diciembre de 2007 sobre el pliego, las certificaciones y actuaciones de enero de 2008, el acta del jurado y el informe de 11 de febrero de 2008. Esas actuaciones no son descritas como episodios aislados, sino como aportaciones documentales y jurídicas que permitieron presentar como regular una tramitación dirigida a formalizar una decisión previamente orientada.

La recurrente sostiene que no se explica su participación en los eventuales acuerdos verbales previos entre el alcalde y el arquitecto. Olvida sin embargo que la Audiencia no afirma que la recurrente interviniera en la conversación inicial o en el eventual acuerdo verbal primario entre D. Pelayo y D. Laureano. Lo que aprecia es que, cuando esa actuación previa comenzó a traducirse en acuerdos, informes, certificaciones y actos administrativos, la recurrente intervino en momentos esenciales de la secuencia, omitiendo advertencias jurídicas relevantes y contribuyendo a dotar de cobertura formal a lo que ya se había decidido materialmente al margen del procedimiento legal.

Aun cuando se trataba de un único plan, éste se llevó a cabo a través de acciones homogéneas plurales y prolongadas en el tiempo. Y todas ellas infringieron idénticos preceptos penales. Se trataba de actos administrativos diversos y separados en el tiempo que por, sí mismos, integrarían cada uno de ellos un delito de prevaricación. Por tanto, integran un delito continuado.

El motivo se desestima.

El quinto motivo del recurso se formula por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECrim, por inaplicación del art. 21.6 CP en relación con el art. 66 CP, al no haberse apreciado la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.

La recurrente parte de que la Audiencia sí aplicó la atenuante de dilaciones indebidas, pero solo como atenuante simple. Considera que esa apreciación fue insuficiente porque los hechos que la sentencia considera delictivos se iniciaron en septiembre de 2005 y concluido con el proyecto modificado de abril de 2009, mientras que el juicio se celebró en octubre-noviembre de 2022 y la sentencia se dictó en marzo de 2023. De ahí extrae que entre los hechos y la sentencia transcurrieron entre catorce y dieciocho años.

Destaca también que desde el inicio de los hechos hasta la querella del Ministerio Fiscal de 31 de marzo de 2015 transcurrieron casi diez años; que desde la fase de instrucción hasta el auto de apertura de juicio oral de 17 de mayo de 2019 pasaron cuatro años; y que desde esa fecha hasta la sentencia transcurrieron casi otros cuatro años. Añade que la duración de ocho años del procedimiento no fue imputable a los acusados. Con esos datos sostiene que la duración global del proceso fue extraordinaria y que no puede considerarse razonable.

2. La duración, complejidad y paralización del procedimiento han sido examinadas en el fundamento noveno, apartados 2 y 3. Sobre la improcedencia de computar sin más el tiempo desde la comisión de los hechos, nos remitimos al fundamento decimosexto, apartado 2. Esas razones son aplicables a la recurrente y justifican mantener la atenuante simple.

La recurrente no aporta un perjuicio singular que diferencie su situación de la de los demás condenados y justifique apreciar la atenuante como muy cualificada.

El motivo por ello se desestima.

El sexto motivo del recurso se formula por infracción de ley, al amparo del art. 849.1 LECrim, por infracción del art. 708 LECrim y de la doctrina jurisprudencial sobre la neutralidad del tribunal, especialmente la STS 752/2021, de 6 de octubre.

Sostiene que el tribunal de instancia excedió las facultades aclaratorias que le reconoce el art. 708 LECrim y desarrolló durante el juicio oral una actividad inquisitiva incompatible con su posición de tercero imparcial. En particular, afirma que el Presidente y otros miembros del tribunal introdujeron cuestiones no planteadas por las acusaciones, como la falta de entrada en el registro municipal de determinados documentos, la ausencia de visado o la significación de algunos extremos documentales y técnicos que, según la defensa, fueron posteriormente utilizados por la sentencia como indicios incriminatorios.

Reprocha que esas preguntas se formularan al final de declaraciones de testigos, peritos e incluso acusados, con lo que, a juicio de la recurrente, el tribunal habría completado o reforzado la tesis acusatoria. Entiende que el art. 708 LECrim permite preguntas de aclaración, pero no autoriza al órgano judicial a suplir la actividad probatoria de las acusaciones ni a introducir hechos nuevos con relevancia incriminatoria.

2. La queja coincide sustancialmente con la examinada en el fundamento decimoséptimo, apartado 2, al resolver el noveno motivo del recurso de D. Laureano. Nos remitimos a lo allí razonado sobre el alcance de las preguntas del tribunal y su relación con el objeto del proceso.

Las preguntas a las que se refiere la recurrente versaron sobre extremos ya incorporados al objeto del proceso y ampliamente debatidos durante el plenario. La falta de registro de determinados documentos, la ausencia de visado, la existencia y contenido de los trabajos previos del arquitecto, la tramitación del concurso de proyectos, la aprobación del proyecto básico, la documentación técnica utilizada para obtener la subvención y la secuencia administrativa posterior no fueron hechos nuevos introducidos por el tribunal, sino elementos nucleares de la acusación y de la defensa.

La recurrente tampoco identifica una concreta pregunta que hubiera introducido un hecho sorpresivo ajeno al debate ni acredita una indefensión material derivada de la actuación judicial. La alegación se formula de manera global, a partir de una selección de intervenciones del tribunal, pero sin demostrar que se le privara de contradicción, que se alterara el objeto del proceso o que la defensa no pudiera responder a los extremos aclarados. Antes al contrario, todas las partes pudieron interrogar, repreguntar, formular observaciones y articular sus conclusiones sobre los hechos objeto de debate.

El motivo por ello se desestima.

El séptimo motivo del recurso se formula por vulneración de precepto constitucional, al amparo del art. 852 LECrim, por infracción de la eficacia preclusiva de la cosa juzgada, en relación con la sentencia firme dictada el 30 de mayo de 2012 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Murcia sobre el concurso de proyectos del Teatro Auditorio.

Sostiene que el concurso de proyectos ya fue enjuiciado por la jurisdicción contencioso administrativa, que declaró conforme a Derecho la convocatoria, el procedimiento seguido y el fallo del jurado. A su juicio, esa sentencia firme impide que la jurisdicción penal vuelva a examinar los mismos actos para utilizarlos como base de una condena por prevaricación.

Insiste en que la Audiencia reconoció que, formalmente, el concurso se ajustó a la legalidad vigente, como también concluyeron determinados peritos y la propia sentencia contencioso-administrativa. Sin embargo, reprocha a la Audiencia que, pese a ese reconocimiento, utilice el concurso como indicio de una actuación prevaricadora al afirmar que sirvió para dar cobertura formal a decisiones previas entre el alcalde y el arquitecto.

Afirma que los indicios utilizados por la Audiencia, como falta de publicación en el DOCE, plazo de presentación de propuestas, composición del jurado, forma de votación, acta del jurado, criterios de valoración o ausencia de precio cierto inicial, ya fueron objeto del control contencioso-administrativo o, al menos, formaban parte del expediente administrativo revisado por aquella jurisdicción. Por ello estima que no pueden ser reexaminados por la Audiencia para llegar a una conclusión opuesta.

También mantiene que, si el juzgado contencioso-administrativo, como órgano especializado, no apreció fraude de ley, desviación de poder ni arbitrariedad, difícilmente puede sostenerse después que la recurrente actuó dolosamente y a sabiendas de la injusticia de sus informes o certificaciones. Entiende que la existencia de una sentencia firme de legalidad excluiría, al menos, la ilegalidad patente y clamorosa exigida por el art. 404 CP.

2. El alcance de la sentencia contencioso-administrativa de 30 de mayo de 2012 se ha examinado en los fundamentos quinto y duodécimo. Nos remitimos a esas razones sobre la ausencia de un efecto de cosa juzgada que impida el enjuiciamiento penal de la secuencia de actuaciones descrita.

La aplicación de esa respuesta a la recurrente se completa con lo expuesto en el fundamento decimoctavo acerca de sus intervenciones concretas y de los datos de los que se infiere su conocimiento.

El motivo se desestima.

El octavo motivo del recurso se formula por vulneración de precepto constitucional, al amparo de los arts. 852 LECrim y 5.4 LOPJ, en relación con el art. 24 CE, por infracción de la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, el derecho a un proceso con todas las garantías y la interdicción de la arbitrariedad, al haberse infringido el art. 42 CP, provocando con ello una infracción del art. 53.2 CE.

Sostiene que la sentencia le impuso, por el primer delito, la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante ocho años, seis meses y un día y, por el segundo, la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante siete años, añadiendo que dichas penas conllevaban la pérdida de la condición de funcionaria. Señala que debieron ser especificados los empleos, cargos u honores sobre los que recaía la inhabilitación, como exige expresamente el último párrafo del art. 42 CP.A su juicio, esa omisión convierte materialmente la inhabilitación especial en una suerte de inhabilitación absoluta, al no delimitar qué empleos o cargos públicos quedan afectados y cuáles podrían seguir siendo desempeñados u obtenidos durante el tiempo de condena.

2.1. El art. 42 CP exige especificar los empleos, cargos u honores sobre los que recae la inhabilitación especial. Esta pena priva de los concretamente determinados en la sentencia y comporta la incapacidad para obtener el mismo u otros análogos durante la condena.

Como señalábamos en la sentencia núm. 314/2017, de 3 de mayo, «Una cosa es que la imposición de la pena principal de inhabilitación especial no haya de argumentarse, más allá del juicio de subsunción del comportamiento analizado en uno de los tipos penales que contemplan esa sanción como ineludible, y otra bien distinta es que, aún en esos supuestos, habrán de especificarse las actividades a las que se refiere la inhabilitación, pues la inhabilitación especial -accesoria o principal- no tiene un alcance general, sino que sólo se proyecta respecto del empleo o cargo sobre el que recaiga, el cual debe especificarse en la sentencia, tal y como se recoge en el artículo 42 CP y como exige el derecho a la tutela judicial efectiva, manifestado en la motivación y concreción de la pena que se impone (...) Respecto a la concreción del alcance de la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, la jurisprudencia de esta Sala tiene proclamado que la inhabilitación especial no tiene por fundamento la privación selectiva de concretas parcelas funcionariales, sino que su significado -como pena restrictiva de derechos- mira de modo preferente al empleo o cargo público como tal, esto es, al título jurídico que habilita, tanto para el ejercicio de las ocupaciones laborales básicas, como a cualquiera otras de carácter temporal que puedan estarle vinculadas; esto es, que a la hora de definir el contenido de la inhabilitación, ésta ha de conectarse con la función raíz o la actividad que está en el origen del delito, no con los desempeños puramente ocasionales (SSTS 695/2012 de 19 de septiembre , 887/08, de 10 de diciembre ) ».

2.2. En el caso, la sentencia recurrida no satisfizo suficientemente esa exigencia. El fallo se limitó a imponer la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público y a declarar que tales penas conllevaban la pérdida de la condición de funcionaria. Además, en la fundamentación jurídica se añadió que, conforme al art. 42 CP, las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público llevarían aparejada la incapacidad para obtener cualquier cargo o empleo público, sea o no electivo, en el ámbito municipal, autonómico y estatal durante el tiempo de la condena.

La queja es fundada. Esa formulación no delimita el empleo o cargo afectado ni los análogos cuya obtención queda impedida, y atribuye a la inhabilitación especial un alcance equivalente al de la absoluta.

Ahora bien, el defecto apreciado, que podía haber sido subsanado por vía de aclaración, afecta únicamente a la determinación del alcance objetivo de la inhabilitación especial, no a la procedencia de la pena ni a su extensión temporal. La condena de la recurrente se vincula directamente con su actuación como secretaria accidental, ejerciendo funciones de fe pública y asesoramiento legal en los órganos municipales.

Por ello, la pena de inhabilitación especial debe concretarse en relación con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena empleo o cargo u otros análogos que comporten funciones de Secretaria, fe pública, asesoramiento legal preceptivo o intervención técnico-jurídica equivalente en entidades integradas en el ámbito de la Administración Pública.

En consecuencia, procede estimar el motivo.

El noveno motivo del recurso se formula por vulneración de precepto constitucional, al amparo de los arts. 852 LECrim y 5.4 LOPJ en relación con el art. 24 CE, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías con interdicción de la arbitrariedad.

Señala que la sentencia considera como hechos probados aquellos que resultan de meras presunciones personales, sin cobertura probatoria alguna, a las que atribuye la consideración de prueba indubitada de culpa, que más adelante tratará de darles cobertura y fuerza legal bajo la forma de indicios, de las que saca sus propias conclusiones, despreciando u omitiendo la prueba practicada en contrario.

Sostiene que la Audiencia ha construido su responsabilidad penal a partir de inferencias no razonables, convirtiendo actuaciones administrativas que, según ella, fueron correctas o ajustadas a Derecho en indicios de culpabilidad. Afirma que no existe prueba directa de connivencia con Pelayo y Laureano, ni prueba indiciaria suficientemente sólida de que participara en una planificación fraudulenta o en el dictado de actos administrativos a sabiendas de su injusticia.

Antes del concurso de proyectos, vuelve a afirmar que no hay prueba ni indicio que puedan relacionarla con los supuestos acuerdos entre D. Pelayo y D. Laureano respecto del proyecto de construcción del Teatro-Auditorio. En la Junta de Gobierno de 26 de diciembre de 2006 se limitó a dar fe de lo que se aprobó. En el concurso de proyectos, actuó puntualmente en sustitución de la que era Secretaria titular, tramitando la convocatoria del concurso y el posterior procedimiento negociado que suponía la continuidad de aquél, que el procedimiento se tramitó conforme a Derecho, y que la legalidad del concurso estuvo avalada por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia y por el informe de la IGAE.

En relación con el proyecto modificado, insiste en que actuó también como secretaria accidental y no era responsable de si el proyecto estaba mal presupuestado, si la obra se ejecutó de forma distinta, si los informes técnicos eran correctos o si la obra estaba o no terminada, porque carecía de conocimientos técnicos y esas materias no pertenecían a sus competencias como TAG o secretaria accidental. Reitera que el informe de la IGAE consideró bien tramitado el procedimiento de aprobación del modificado, salvo la cuestión técnica relativa a la aprobación de una obra no terminada, extremo que ella no podía comprobar.

2. El motivo reproduce las objeciones a la valoración de la prueba, al conocimiento de la recurrente y a la relevancia de sus funciones e intervenciones. Nos remitimos a los fundamentos decimoctavo a vigésimo, que examinan esas cuestiones, y al vigésimo cuarto en lo relativo al alcance de la sentencia contencioso-administrativa. El recurso no introduce aquí una cuestión distinta que altere aquellas conclusiones.

El motivo se desestima.

La estimación parcial del recurso formulado por D.ª Elisenda determina que se declaren de oficio las costas de su recurso. La desestimación de los recursos formulados por D. Pelayo y D. Laureano conlleva la imposición a los mismos de las costas de sus recursos. Todo ello de conformidad con las previsiones del art. 901 LECrim.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

1) Estimar en parte el recurso de casación interpuesto por la representación de D.ª Elisenda, contra la sentencia núm. 77/2023, dictada el 6 de marzo por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, en la causa seguida por delito de prevaricación, y en su virtud casamos y anulamos parcialmente la expresada sentencia, dictándose a continuación otra más ajustada a Derecho.

2) Declarar de oficio las costas ocasionadas por la recurrente en este recurso.

3) Desestimar los recursos de casación interpuestos por D. Pelayo y D. Laureano contra la sentencia núm. 77/2023, dictada el 6 de marzo por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.

4) Imponer a dichos recurrentes el pago de las costas ocasionadas por sus recursos.

5) Comunicar esta resolución y la que seguidamente se dicta a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa, interesando acuse de recibo.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

SEGUNDA SENTENCIA 

RECURSO CASACION núm.: 5926/2023

Ponente: Excma. Sra. D.ª Carmen Lamela Díaz

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Concepción Sáez Rodríguez

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Segunda Sentencia

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Manuel Marchena Gómez

D.ª Carmen Lamela Díaz

D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina

D. Leopoldo Puente Segura

D. Javier Hernández García

En Madrid, a 17 de septiembre de 2026.

Esta Sala ha visto la causa con origen en las diligencias de Procedimiento Abreviado núm. 74/2019, procedente del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Lorca, seguida por delito continuado de prevaricación contra los hoy recurrentes en casación D. Pelayo con DNI nº NUM003, nacido en Puerto Lumbreras (Murcia) el día NUM004 de 1976, hijo de Humberto y de Bibiana, D. Laureano, con DNI nº NUM005, nacido en Bilbao, el día NUM006 de 1961, hijo de Fausto y de Estibaliz y D.ª Elisenda, con DNI nº NUM007, nacida en Puerto Lumbreras (Murcia) el día NUM008 de 1971, hija de Rosendo y de Esther; la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia dictó la sentencia condenatoria núm. 77/2023, de 6 de marzo, que ha sido casada y anulada parcialmente por la dictada en el día de la fecha por esta sala integrada como se expresa.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Carmen Lamela Díaz.

ÚNICO.- Se aceptan y reproducen los antecedentes de la sentencia de instancia en cuanto no estén afectados por esta resolución.

PRIMERO.- Se tienen aquí por reproducidos los fundamentos de nuestra anterior Sentencia de Casación, así como los de la recurrida, en lo que no se opongan a los primeros.

SEGUNDO.- Conforme a los razonamientos expresados en el vigésimo quinto fundamento jurídico de los de la resolución que precede, las penas de inhabilitación especial impuestas a D.ª Elisenda por el Tribunal de instancia deben concretarse en relación con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena empleo o cargo u otros análogos que comporten funciones de Secretaria, fe pública, asesoramiento legal preceptivo o intervención técnico-jurídica equivalente en entidades integradas en el ámbito de la Administración Pública.

TERCERO.- Confirmamos, en lo que no se oponga a lo expuesto, la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

1. Las penas de inhabilitación especial impuestas a D.ª Elisenda por el Tribunal de instancia deben concretarse en relación con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena empleo o cargo u otros análogos que comporten funciones de Secretaria, fe pública, asesoramiento legal preceptivo o intervención técnico-jurídica equivalente en entidades integradas en el ámbito de la Administración Pública.

2. Confirmamos, en lo que no se oponga a lo expuesto, la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.