Cese de trabajador municipal indefinido no fijo: ¿procede una indemnización adicional por abuso de la temporalidad?


TSJ Aragón - 25/09/2026

Se interpone por un trabajador municipal recurso de suplicación contra la sentencia de la sección de lo social del tribunal de instancia. El trabajador, oficial carpintero del ayuntamiento, había sido cesado por la cobertura reglamentaria de su plaza mediante la contratación del aspirante que obtuvo la mayor puntuación en el proceso de estabilización, y presentó demanda impugnando ese cese. La sentencia declara abusiva su contratación temporal y reconoce su condición de indefinido no fijo, pero rechaza la fijeza y la declaración del cese como despido nulo o improcedente. Además, la sentencia de instancia reconoce una indemnización calculada conforme a la prevista para el despido improcedente, sin expresar una cuantía concreta y descontando la cantidad previamente concedida por el ayuntamiento.

El recurso se centra en determinar si corresponde una indemnización adicional por daños morales vinculados al abuso en la temporalidad, si la extinción contractual debe fijarse el 8 de abril de 2025 y si procede abonar las vacaciones devengadas durante 2024 y 2025.

La Sala señala que no procede la indemnización adicional solicitada porque la demanda reclamaba daños morales por una vulneración de derechos fundamentales que no se produjo, y no una indemnización compensatoria por abuso en la temporalidad. Asimismo, considera que la baja anterior respondió a la suspensión del contrato durante la incapacidad temporal, sin expresar por sí sola una voluntad extintiva, por lo que fija el cese el 8 de abril de 2025. A partir de esa fecha, reconoce el derecho a percibir una cantidad por vacaciones pendientes.

Por ello, estima parcialmente el recurso, revoca la sentencia únicamente para fijar el cese el 8 de abril de 2025 y condenar al ayuntamiento al pago de las vacaciones.

TSJ Aragón , 25-09-2026
, nº 655/2026, rec.499/2026,  

Pte: Lumbreras Lacarra, Elena

ECLI: ES:TSJAR:2026:1406

ANTECEDENTES DE HECHO 

Según consta en autos, se presentó demanda por D. Leovigildo contra Ayuntamiento de Huesca, siendo parte el Ministerio Fiscal, sobre despido, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Huesca. Plaza nº 1, de fecha 29 de abril de 2026, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

"Estimo parcialmente la demanda formulada por D. Leovigildo, frente al AYUNTAMIENTO DE HUESCA, declarando que en la contratación temporal del demandante existió abuso, declarando que el trabajador como indefinido no fijo, desestimando la solicitud de fijeza.

En relación a la solicitud de declaración del cese como despido nulo o subsidiariamente improcedente, procede la desestimación de la demanda.

A consecuencia del cese del actor en su puesto de trabajo por la cobertura reglamentaria de la plaza, se declara el derecho del demandante a percibir la indemnización prevista para el despido improcedente a fecha de cese, conforme a la antigüedad y salarios que se recogen en esta sentencia, CONDENANDO a la administración demandada a las consecuencias derivadas de dicha declaración. De la indemnización reconocida deberá descontarse la indemnización ya concedida por el referido cese, tal y como consta en los hechos probados".

En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal siguiente:

"PRIMERO.- D. Leovigildo, mayor de edad, con DNI NUM000, viene prestando servicios profesionales a tiempo completo para el AYUNTAMIENTO DE HUESCA desde el 20/04/2005 hasta el día 17/12/2023, como OFICIAL CARPINTERO.

Desde el día 20/04/2004 hasta el día 19/04/2005, bajo contrato de relevo a jornada parcial de 30 a la semana, y desde el 20/04/2005 paso a ser a jornada completa, lo que se aprobó mediante Decreto de Alcaldía 1008/2005. La causa de esta novación es la aprobación del trabajador asociado al contrato de relevo (constan los contratos y el Decreto de Alcaldía al evento nº 4 del EJE, con remisión íntegra a su contenido).

Desde el 20/04/2006 fue modificada la causa de sustitución del contrato de interinidad, siendo la nueva causa: finalización del contrato hasta cobertura definitiva de la plaza o su amortización.

El demandante accedió a dichos puestos de trabajo a través de procesos selectivos que tiene por objeto la creación de Bolsas de Trabajo destinadas a proveer puestos de trabajo temporal del Ayuntamiento de Huesca. No consta que superara todas las pruebas en proceso selectivo para plaza laboral de carácter permanente (no temporal).

SEGUNDO.- Con fecha 24/11/2022 fue publicada en el BOP HU nº 226, la RESOLUCIÓN nº 10223/2022, de 22 de noviembre de 2022, la convocatoria para la cobertura en propiedad, por el procedimiento de concurso libre de estabilización de empleo temporal, autorizado por la Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, de una plaza de Oficial Carpintero, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios especiales, Clase Personal de Oficios, Grupo C, Subgrupo C2, vacante en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Huesca del año 2022. La plaza objeto de dicha convocatoria es la correspondiente al número 390 de la Plantilla de Personal laboral del Ayuntamiento de Huesca.

El actor, tras participar en dicho proceso, resultó excluido en la lista provisional de admitidos y excluidos en el proceso de selección para la cobertura en propiedad, por el sistema de estabilización de empleo temporal por no faltar la copia de la titulación exigida en la convocatoria, tal y como consta en la resolución publicada con fecha 15/03/2023.

Con fecha 22/03/2023 fueron presentadas alegaciones por el actor para subsanación. Consta informe del Ayuntamiento en el que se indica que no ha subsanado debidamente en plazo.

Con fecha 29/05/2023 fue publicada la resolución por la que se eleva a definitiva la lista provisional de Admitidos.

No se formuló impugnación por el actor frente a dicha resolución.

TERCERO.- Con fecha 26/11/2024 le es notificada la finalización de su contrato laboral temporal y en consecuencia su cese para el día 17/12/2023, como consecuencia de la contratación del aspirante que obtuvo la mayor puntuación del proceso de estabilización citado.

CUARTO.- El cese efectivo es el 01/09/2024, tal y como se hace constar en la TGSS.

QUINTO.- Mediante Decreto del Ayuntamiento de Huesca nº 2200/2025, de fecha 25/04/2025, notificado el 08/05/2025, se resuelve conceder al trabajador la cantidad correspondiente a doce días de salario por cada año de servicio, en concepto de indemnización, al amparo de lo dispuesto en el artículo 49.1º.c) del texto Refundido de la Ley del estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. La cantidad reconocida es de 16.270,86 euros. Se indica como fecha de antigüedad el 20/04/2005. Se indica como fecha baja por fin de contrato el 17/12/2023.

En dicha resolución se hace constar expresamente que la indemnización es por no haber superado el proceso de estabilización.

Se reconoce igualmente la cantidad de 1.501,65 euros en concepto de vacaciones, 23 días del año 2023.

SEXTO.- El actor ha estado en situación de IT desde el mes de marzo de 2023 hasta la notificación de la resolución del INSS denegatoria de la incapacidad permanente con fecha 08/04/2025.

SÉPTIMO.- El salario diario es de 72,62 euros (reconocido en la resolución de cese del Ayuntamiento)".

En fecha 13 de mayo de 2026 se dictó auto de aclaración cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Acuerdo la aclaración la sentencia dictado/a en las presentes actuaciones de 29 DE ABRIL DE 2026, quedando el fallo redactado en los siguientes términos:

"Estimo parcialmente la demanda formulada por D. Leovigildo, frente al AYUNTAMIENTO DE HUESCA, declarando que en la contratación temporal del demandante existió abuso, declarando que el trabajador como indefinido no fijo, desestimando la solicitud de fijeza.

En relación a la solicitud de declaración del cese como despido nulo o subsidiariamente improcedente, procede la desestimación de la demanda.

A consecuencia del cese del actor en su puesto de trabajo por la cobertura reglamentaria de la plaza, se declara el derecho del demandante a percibir la indemnización prevista para el despido improcedente a fecha de cese, conforme a la antigüedad y salarios que se recogen en esta sentencia, CONDENANDO a la administración demandada a las consecuencias derivadas de dicha declaración. De la indemnización reconocida deberá descontarse la indemnización ya concedida por el referido cese, tal y como consta en los hechos probados".

Asimismo se rectifica el Hecho Probado Primero, que quedará redactado del siguiente tenor:

"PRIMERO.- D. Leovigildo, mayor de edad, con DNI NUM000, viene prestando servicios profesionales a tiempo completo para el AYUNTAMIENTO DE HUESCA desde el 20/04/2005 hasta el día 17/12/2023, como OFICIAL CARPINTERO.

Desde el día 20/04/2004 hasta el día 19/04/2005, bajo contrato de relevo a jornada parcial de 30 a la semana, y desde el 20/04/2005 paso a ser a jornada completa, lo que se aprobó mediante Decreto de Alcaldía 1008/2005. La causa de esta novación es la aprobación del trabajador asociado al contrato de relevo (constan los contratos y el Decreto de Alcaldía al evento nº 4 del EJE, con remisión íntegra a su contenido).

Desde el 20/04/2006 fue modificada la causa de sustitución del contrato de interinidad, siendo la nueva causa: finalización del contrato hasta cobertura definitiva de la plaza o su amortización.

El demandante accedió a dichos puestos de trabajo a través de procesos selectivos que tiene por objeto la creación de Bolsas de Trabajo destinadas a proveer puestos de trabajo temporal del Ayuntamiento de Huesca. No consta que superara todas las pruebas en proceso selectivo para plaza laboral de carácter permanente (no temporal)".

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado dicho escrito por la parte demandada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

D. Leovigildo recurre en suplicación la sentencia dictada por la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Huesca Plaza nº 1 que estima parcialmente su demanda frente al AYUNTAMIENTO DE HUESCA declarando que en la contratación temporal del demandante existió abuso, declarando al trabajador como indefinido no fijo, desestimando la solicitud de fijeza.

En relación a la solicitud de declaración del cese como despido nulo o subsidiariamente improcedente, procede la desestimación de la demanda.

A consecuencia del cese del actor en su puesto de trabajo por la cobertura reglamentaria de la plaza, se declara el derecho del demandante a percibir la indemnización prevista para el despido improcedente a fecha de cese, conforme a la antigüedad y salario que se recogen en esta sentencia, condenando a la administración demandada a las consecuencias derivadas de dicha declaración. De la indemnización reconocida deberá descontarse la indemnización ya concedida por el referido cese, tal y como consta en los hechos probados.

Basa su recurso en los motivos previstos en las letras b) y c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

El Ayuntamiento de Huesca ha impugnado el recurso interpuesto solicitando su desestimación.

En primer lugar el recurrente solicita la revisión del relato de hechos probados de la sentencia de instancia con base en el artículo 193 b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Sabido es que el legislador ha configurado el proceso laboral como un proceso al que es consustancial la regla de la única instancia, lo que significa la inexistencia del doble grado de jurisdicción, pese a la expresión contenida en la Base 31-1 de la Ley de Bases 7/1989, y construyendo el Recurso de Suplicación como un recurso extraordinario, que no constituye una segunda instancia, y que participa de una cierta naturaleza casacional (Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1983, de 25 de Enero).

Ello significa que este recurso puede interponerse sólo para la denuncia de determinados motivos tasados y expresados en el precitado artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre los que se encuentra el de la revisión de los Hechos Probados.

De ahí que el Tribunal no pueda examinar ni modificar la relación fáctica de la Sentencia de instancia si ésta no ha sido impugnada por el recurrente, precisamente a través de este motivo, que exige, para su estimación:

a.-) Que se haya padecido error en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso, tanto positivo, esto es, consistente en que el Magistrado declare probados hechos contrarios a los que se desprenden de los medios probatorios; como negativo, es decir, que se hayan negado u omitido hechos que se desprenden de las pruebas;

b.-) Que el error sea evidente;

c.-) Que los errores denunciados tengan transcendencia en el Fallo, de modo que si la rectificación de los hechos no determina variación en el pronunciamiento, el Recurso no puede estimarse, aunque el error sea cierto;

d.-) Que el recurrente no se limite a expresar qué hechos impugna, sino que debe concretar qué versión debe ser recogida, precisando cómo debiera quedar redactado el hecho, ofreciendo un texto alternativo; y,

e.-) Que el error se evidencie mediante las pruebas documental o pericial obrantes en autos, concretamente citadas por el recurrente, excluyendo todos los demás medios de prueba, salvo que una norma atribuya a algún elemento probatorio un determinado efecto vinculante de la convicción del Juez, en cuyo caso, la infracción de dicha norma habría de ser denunciada.

En cuanto a los documentos que pueden servir de base para el éxito de este motivo del Recurso, ha de señalarse que no basta cualquiera de ellos, sino que se exige -como la Jurisprudencia ha resaltado- que los alegados tengan "concluyente poder de convicción" o "decisivo valor probatorio" y gocen de fuerza suficiente para poner de manifiesto al Tribunal el error del Magistrado de instancia, sin dejar resquicio alguno a la duda.

Respecto a la prueba pericial, cuando en el proceso se ha emitido un único Dictamen, el Magistrado lo aprecia libremente, pero aquél puede servir de base para el Recurso de Suplicación cuando el Juzgador lo desconoció o ignoró su existencia, y lo mismo puede predicarse del caso en que, habiéndose emitido varios Dictámenes, todos ellos lo hayan sido en el mismo sentido.

Solicita el recurrente la revisión del hecho probado cuarto para que conste la siguiente redacción: "el cese efectivo es el 8/04/2025, tal y como se hace constar en la vida laboral del trabajador".

Si atendemos a la vida laboral del trabajador su cese en el Ayuntamiento de Huesca fue el 8 de abril de 2025 por lo que procede acceder a la revisión interesada pues lo que se produjo el 1 de septiembre de 2024 es la suspensión de la relación laboral.

El trabajador basa asimismo su recurso en la denuncia de la normativa y jurisprudencia de aplicación, con base en el artículo 193 c) de la LRJS.

El artículo 193-c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social recoge, como otro motivo para la interposición del Recurso de Suplicación, el examen de las normas sustantivas o de la Jurisprudencia, debiendo entenderse el término "norma" en sentido amplio, esto es, como toda norma jurídica general que traiga su origen de autoridad legítima dentro del Estado (incluyendo la costumbre acreditada, las normas convencionales y los Tratados Internacionales ratificados y publicados en el Boletín Oficial del Estado).

Debe matizarse, por otra parte, la referencia legal a las "normas sustantivas", en el sentido de que existen supuestos en los que la norma procesal determina el Fallo de la Sentencia de instancia, sin que pueda alegarse su infracción por la vía de la letra a) del ya precitado artículo 193 de la ley procesal laboral, lo que ocurre en los casos de cosa juzgada, incongruencia, contradicción en el Fallo y error de derecho en la apreciación de la prueba.

Ha de remarcarse también que la infracción ha de cometerse en el Fallo de la Sentencia, lo que significa que la Suplicación no se da contra las argumentaciones empleadas en su Fundamentación Jurídica, sino contra la Parte Dispositiva que, al entender del recurrente, ha sido dictada infringiendo determinadas normas sustantivas, que deben ser citadas, por lo que no cabe admitir la alegación genérica de una norma, sino que debe citarse el concreto precepto vulnerado, de manera que si el derecho subjetivo conculcado se recoge en norma distinta de la alegada, la Sala no podrá entrar en su examen, salvo error evidente, ya que su objeto queda limitado al estudio y resolución de los temas planteados.

El recurrente denuncia la infracción de los artículos 23.2 en relación con el artículo 103.3 de la Constitución, infracción por inaplicación del artículo 183 de la LRJS y la sentencia del Tribunal Supremo que en su sentencia de fecha 11/05/2026 recurso 3543/2023 establece el criterio para los asuntos por abuso en la contratación temporal de personal laboral en las Administraciones Públicas.

Entiende el trabajador que una vez que se ha declarado el carácter fraudulento y abusivo de su contratación temporal desde el año 2005 se debe indemnizar el daño moral consistente en el abuso en la temporalidad reclamando una cantidad de 20.000 euros o subsidiariamente de 10.000 euros, calculada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40.1 de la LISOS.

El actor ha prestado servicios como empleado público temporal en régimen laboral en el Ayuntamiento de Huesca como carpintero desde el 20 de abril de 2004, inicialmente bajo la modalidad de contrato de relevo a jornada parcial y desde el 20 de abril de 2005 a jornada completa. Desde el 20 de abril de 2006 fue modificada la causa de sustitución del contrato de interinidad siendo la causa la finalización del contrato hasta cobertura definitiva de la plaza o su amortización.

Partiendo de que efectivamente en su caso ha existido abuso en la temporalidad sin embargo el trabajador en su demanda pide una indemnización de 20.000 euros por daños morales derivados de la vulneración de derechos fundamentales y subsidiariamente de 10.000 euros.

La STS de 11 de mayo de 2026 (recurso 3543/2023) dice: "5. Cuando se extingue una relación laboral abusiva, en tal caso el trabajador tendrá derecho a dos indemnizaciones distintas e independientes, compatibles entre sí:

A) Indemnización extintiva

Se devengará la correspondiente indemnización legal tasada derivada de la pérdida del contrato de trabajo cuya cuantía dependerá de cuál haya sido la causa de extinción de la relación laboral.

Si la Administración pública convoca un proceso de selección para ocupar con personal fijo la plaza del trabajador abusado, aprueba otro trabajador que es contratado con una relación laboral fija y se extingue el contrato de aquel trabajador, debemos aplicar analógicamente la indemnización por despido objetivo de 20 días de salario por año trabajado, prorrateada mensualmente, con un máximo de 12 mensualidades.

El abono de una indemnización directamente proporcional a la duración del contrato, al aplicarse a relaciones laborales anormalmente largas o inusualmente largas, conllevará que su cuantía no sea exigua.

B) Indemnización compensatoria del abuso en la temporalidad

Además de la indemnización extintiva, se devengará una indemnización adicional derivada del abuso en la temporalidad que debe reparar en su integridad el daño sufrido por este concepto. El trabajador ha prestado servicios durante un prolongado lapso temporal en una situación de inseguridad laboral que le ha producido un menoscabo profesional. Ese perjuicio debe ser indemnizado".

Y dice también: "El principio dispositivo exige que el trabajador reclame la indemnización adicional reparadora del abuso en la temporalidad cuando ejercite una acción de despido en la que impugne la extinción del contrato de trabajo".

Dice dicha sentencia:

"UNDÉCIMO. Demandas interpuestas antes de la STJUE Obadal

1.Tenemos que abordar la problemática suscitada por las demandas interpuestas antes de que el TJUE dictase la sentencia Obadal en las que se alegue el abuso en la temporalidad, ya sea ejercitando la acción declarativa de fijeza o de despido, sin que se haya reclamado la indemnización por abuso en la temporalidad (...)

B)Procedimiento en suplicación o en casación

Por el contrario, si la sentencia de instancia ha sido recurrida en suplicación o en casación, la naturaleza extraordinaria de estos recursos y la prohibición de practicar prueba que permita acreditar cuáles son los perjuicios sufridos por el trabajador abusado, excepto la aportación excepcional de prueba documental al amparo del art. 233 de la LRJS (sin que, obviamente, pueda considerarse como tal la propia STJUE Obadal o la presente), impide que se pueda introducir en el debate suplicacional o casacional la reclamación de la indemnización compensatoria si no la había reclamado en la instancia".

Pue bien en el caso que nos ocupa el trabajador en su demanda no solicitaba una indemnización por el abuso en la temporalidad a raíz de la llamada sentencia Obadal sino que solicitaba una indemnización por daño moral derivada de la vulneración de derechos fundamentales (artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución), vulneración que no se ha dado.

Por lo expuesto no procede estimar su petición relativa al abono de una indemnización por abuso en la temporalidad.

En el siguiente motivo del recurso denuncia la infracción del artículo 174 de la LGSS así como la jurisprudencia con cita de la STS de 27/11/2025 (recurso 4669/2024).

El recurrente muestra su disconformidad con la fecha del cese fijado en la sentencia de 1 de septiembre de 2024 dado que en esa fecha no se produjo una voluntad extintiva por parte del Ayuntamiento sino únicamente una suspensión del contrato de trabajo en virtud del artículo 174 de la LGSS. Y que consta que al recibir el trabajador el alta médica por denegación de la incapacidad permanente, fue nuevamente dado de alta como trabajador del Ayuntamiento en fecha 8 de abril de 2025 así como la baja nuevamente ese mismo día.

Dice la STS de 27 de noviembre de 2025: "Esta sala ha tenido ocasión de abordar asuntos similares en las sentencias 233/2022 de 15 de marzo (rcud. 3031/2020 ), y 968/2022 de 20 de diciembre (rcud. 2984/2021 ). En ambas sentencias se explica que para que pueda entenderse que hay un despido tácito tiene que haber alguna clara voluntad empresarial de finalizar la relación laboral. Analizan supuestos idénticos al presente y razonan en los siguientes términos:

«En el supuesto enjuiciado, la empresa cursó la baja en la Seguridad Social del trabajador cuando había finalizado el plazo máximo de la prestación de incapacidad temporal de 545 días naturales desde la baja médica. Dicha baja respondió al cumplimiento de lo previsto en el art. 174 de la LGSS y en la disposición adicional quinta.2 del Real Decreto 1300/1995 , al haberse extinguido el derecho al subsidio por el transcurso del plazo máximo, sin que existiera obligación de cotizar.

Al cursar la baja en la Seguridad Social, la empresa se limitó a cumplir los citados preceptos, lo que revela que no ha habido una conducta empresarial que revele inequívocamente su voluntad de poner fin a la relación contractual: no se ha probado la existencia de hechos suficientemente concluyentes a partir de los cuales pueda establecerse la voluntad extintiva del empresario».

Dicha doctrina es aplicable al presente caso y ello nos lleva a la conclusión de que la doctrina correcta es la de la sentencia recurrida, y ello implica que por motivos de seguridad jurídica y no habiéndose aportado razones que nos llevan a variar nuestro criterio, el recurso debe ser desestimado".

Según la doctrina expuesta se estima el motivo del recurso y se fija la fecha de la extinción contractual en el 8 de abril de 2025.

En el último motivo del recurso el trabajador denuncia la infracción del artículo 12.2 del Convenio Colectivo para personal laboral del Ayuntamiento de Huesca así como del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores.

Reclama el trabajador el abono de las vacaciones devengadas por el ejercicio 2024 y 2025 hasta la fecha del cese el 8 de abril de 2025 o en su caso hasta el 1 de septiembre de 2024, dado que según el hecho probado quinto se reconoce la cantidad de 1.501,65 euros en concepto de vacaciones, 23 días del año 2023.

Efectivamente extinguiéndose su relación laboral el 8 de abril de 2025 le corresponde el abono de las vacaciones del año 2024 y del año 2025: por el año 2024 le corresponden 23 días laborables en 2024 y 6 días laborales en 2025 a los que deben sumarse los correspondientes días no laborables en ese mismo período, por lo que resultarían 29 días en 2024 y 9 días en 2025 que a razón de 72,62 euros el día ofrece un resultado de 2.759,56 euros.

Por lo expuesto estimamos parcialmente el recurso de suplicación.

FALLO 

Que estimamos parcialmente el Recurso de Suplicación interpuesto por D. Leovigildo frente a la Sentencia de 29 de abril de 2026 dictada por la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Huesca Plaza nº 1 en autos 504/2025 frente al AYUNTAMIENTO DE HUESCA, revocando parcialmente la sentencia recurrida en cuanto que se fija la fecha del cese en el 8 de abril de 2025 y se condena también al Ayuntamiento de Huesca a abonar al trabajador la cantidad de 2.759,56 euros en concepto de vacaciones, sin imposición de costas.

Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que:

- Contra la misma pueden preparar recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo por conducto de esta Sala de lo Social en el plazo de diez días desde la notificación de esta sentencia.

- El recurso se preparará mediante escrito, firmado por Letrado y dirigido a esta Sala, con tantas copias como partes recurridas y designando un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a efectos de notificaciones.

- En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de preparar el recurso y en el plazo de diez días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar aval bancario por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de formalizar el recurso de casación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 600 euros, IBAN: ES55 00493569920005001274, CONCEPTO: 4873-0000-00-0499-26, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el Banco Santander, debiendo hacer constar en el campo "observaciones" la indicación de "depósito para la interposición de recurso de casación".

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.