Cese de funcionario interino: improcedencia de compensación económica en caso de procesos de estabilización derivados de las leyes presupuestarias de 2017 y 2018

Tribunal Supremo , 23-09-2026
, nº 1041/2026, rec.666/2024,  

Pte: Millán Herrándis, María Alicia

ECLI: ES:TS:2026:3766

ANTECEDENTES DE HECHO 

La representación procesal de don Jaime, interpuso el recurso contencioso-administrativo nº 106/2023 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Alicante, seguido por los trámites del procedimiento abreviado, contra la resolución de 5 mayo 2023: desestimación presunta de la reclamación del recurrente por la que desestima la petición de indemnización por cese al Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

Dicho recurso fue estimado parcialmente por sentencia de 26 de octubre de 2023.

Notificada la sentencia, se presentó ante dicho Juzgado escrito por la representación procesal del Ayuntamiento de Alicante informando de su intención de interponer recurso de casación y, tras justificar en el escrito de preparación la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identificar la normativa a su parecer infringida y defender que concurre en el caso interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en los términos que señala en su escrito, el Juzgado sentenciador, por auto de 22 de enero de 2024, tuvo por preparado el recurso, con emplazamiento de las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo.

Recibidas las actuaciones en este Tribunal y personados el Ayuntamiento de Alicante como recurrente y don Jaime como recurrido, la Sección de Admisión de esta Sala acordó, por auto de 20 de noviembre de 2025, lo siguiente:

«1.º) Admitir a trámite el presente recurso de casación n.º 666/2024 preparado por el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, contra la sentencia núm. 284/2023, de 26 de octubre, dictada por Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Alicante en el procedimiento abreviado n.º 106/2023.

2.º) Declarar que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia si la compensación económica prevista en el artículo 2.6 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, resulta aplicable, exclusivamente, a los supuestos de funcionarios interinos que han visto finalizada su relación con la Administración por la no superación del tercer proceso selectivo de estabilización, o si resulta también aplicable a los funcionarios interinos que han visto finalizada su relación con la Administración por la no superación del primer y segundo proceso de estabilización con convocatorias ya publicadas antes de la entrada en vigor de la Ley 20/2021.

3.º) Identificar como norma jurídica que, en principio, habrá de ser objeto de interpretación la contenida en el mencionado artículo 2.6 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.».

Por diligencia de ordenación de 27 de noviembre de 2025 se dispuso la remisión de las actuaciones a esta Sección Cuarta para su tramitación y decisión y se confirió a la parte recurrente el plazo de treinta días para presentar su escrito de interposición.

La representación procesal del Ayuntamiento de Alicante evacuó dicho trámite mediante escrito de 23 de enero de 2026 y su pretensión es:

«Resuelva el debate en la instancia en el sentido de desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Jaime, declarando no haber lugar al reconocimiento de la compensación económica prevista en el artículo 2.6 de la Ley 20/2021.»

Y, en consecuencia, se dicte sentencia estimatoria del recurso por la que se anule la sentencia n.º 284/2023, de 26 de octubre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Alicante en el Procedimiento Abreviado 106/2023.

Por providencia de 27 de enero de 2026 se acordó tener por interpuesto el recurso de casación y en aplicación del artículo 92.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA), dar traslado a la parte recurrida y personada para que presentase escrito de oposición en el plazo de treinta días, lo que efectuó la representación procesal de don Jaime, mediante escrito de 9 de febrero de 2026, en el que interesó que:

«Para el supuesto de que la Sala mantenga la doctrina restrictiva de las STS 895/2025 y 1249/2025: 1) Que PLANTEE CUESTIÓN PREJUDICIAL ante el TJUE.»

«En caso de estimarse procedente plantear la cuestión prejudicial, deberá SUSPENDERSE el procedimiento hasta que el TJUE se pronuncie, conforme al art. 267 TFUE.»

Por último, solicita sentencia que:

«1) DESESTIME el recurso de casación del Ayuntamiento. 2) CONFIRME la Sentencia nº 284/2023 que reconoció a Don Jaime el derecho a compensación de 24.255,12 euros más intereses. 3) Declare que la compensación del art. 2.6 Ley 20/2021 SÍ resulta aplicable a funcionarios interinos cesados tras procesos de estabilización convocados con anterioridad a su entrada en vigor, cuando: (a) el cese se produce estando vigente la Ley 20/2021, (b) el proceso era auténtico proceso de estabilización, (c) se cumplen los demás requisitos del art. 2.6. 4) Imponga las costas del recurso a la parte recurrente (art. 93.4 LJCA).»

Mediante providencia de 4 de junio de 2026 se señaló este recurso para votación y fallo el 15 de septiembre de 2026, y se designó Magistrada ponente a la Excma. Sra. Dña. María Alicia Millán Herrandis.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Antecedentes administrativos.

El Sr. Jaime -funcionario interino del Ayuntamiento de Alicante- participó en un proceso selectivo de estabilización para la cobertura de plazas de Auxiliar de Servicios Generales, cuyas bases se publicaron en el BOP n.º 240, de 18 de diciembre de 2019. Este proceso selectivo derivaba de las Ofertas de Empleo Público de los años 2016-2018. Al no superar el proceso selectivo fue cesado el 31 de mayo de 2022.

Posteriormente solicitó, mediante escrito de 20 de julio de 2022, compensación económica equivalente a veinte días por año de servicio por su cese, en virtud de la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.

Considera que, al haber estado prestando servicios para el Ayuntamiento mencionado, desde el día 11 de junio de 2007 hasta el 31 de mayo de 2022 como funcionario interino, lo ha estado en fraude de Ley por incumplir el plazo máximo de tres años para el nombramiento que establece el artículo 10 del TREBEP. Por ello, solicitó una compensación económica correspondiente a veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades.

Dicha solicitud fue desestimada mediante resolución de 5 de mayo de 2023, de la concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alicante.

La sentencia recurrida en casación.

Contra dicha resolución, la representación procesal de don Jaime interpuso el recurso contencioso-administrativo n.º 106/2023 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Alicante, que lo estimó parcialmente mediante sentencia n.º 284/2023, de 26 de octubre.

La sentencia impugnada identifica en su fundamento jurídico primero las cuestiones controvertidas y las pretensiones deducidas por las partes. Seguidamente, en el fundamento jurídico segundo, transcribe los apartados 1 y 6 del artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público. Finalmente, en el fundamento jurídico tercero motiva el fallo estimatorio sobre la base de los razonamientos siguientes.

«Como ya ha sido indicado, el demandante ocupó plaza de funcionario interino en el Ayuntamiento de Alicante desde el 11 de junio de 2007 hasta el 31 de mayo de 2022.

La Administración demandada publicó la convocatoria y las bases específicas para la cobertura definitiva de la plaza ocupada por el recurrente.

El demandante participó en el proceso selectivo destinado a cubrir la plaza que había venido ocupando desde junio de 2007 hasta el 31 de mayo de 2022. El recurrente fue cesado en su puesto de trabajo por haberse cubierto la plaza que ocupaba de forma interina por el/la aspirante que había aprobado el proceso selectivo.

La petición del recurrente viene referida al reconocimiento de una indemnización de 20 días por año trabajado.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que el recurrente participó y no obtuvo plaza en el proceso correspondiente a la oferta de empleo público 2016-2018. El artículo 2 de la Ley 20/21, transcrito en el anterior fundamento de derecho, prevé incluir aquellas plazas afectadas por procesos de estabilización incluidas en las correspondientes ofertas de empleo público de estabilización.

Por lo expuesto, se estima la reclamación el recurrente se reconoce su derecho al percibo de la indemnización que reclama.»

El escrito de interposición del recurso de casación.

Comienza la representación procesal del Ayuntamiento de Alicante su escrito de interposición diciendo que la sentencia de instancia infringe el artículo 2 .6 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, ya que, a su juicio y en base a la interpretación dada al mismo, se debió desestimar la pretensión de la parte actora y concluir que no procede reconocerle la compensación económica prevista en el apartado sexto del referido precepto, ya que el mismo viene referido al proceso de estabilización regulado en la propia norma. En el caso de autos se trató del proceso OEP 2016-2018, ajeno por tanto al proceso extraordinario del artículo 2 de la ley 20/2021.

Por ello solicita la aplicación de la doctrina fijada en nuestras sentencias de 1 de julio y 8 de octubre de 2025 y que fueron citadas en el Auto de admisión de esta casación.

En consecuencia, interesa que al amparo del artículo 93.1 LJCA, se dicte sentencia por la que se anule la sentencia recurrida, declarando la improcedencia de lo pretendido de contrario.

Oposición al recurso de casación

La representación procesal de Sr. Jaime señala que estuvo durante más de 15 años en situación de interinidad desempeñando funciones estructurales y permanentes, lo que constituye un supuesto de abuso de temporalidad, por lo que no es compatible con el derecho de la UE una interpretación del artículo 2.6 de la ley 20/2021, que excluye de compensación a funcionarios interinos cesados tras procesos de estabilización convocados antes de su entrada en vigor, cuando el cese se produjo estando vigente la ley.

Se remite a la Directiva 199/70/CE, Cláusula Quinta y a la sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020.

Sigue diciendo que una interpretación conforme con la CE y el derecho de la UE conduce a reconocerle el derecho de compensación pues se encuentra en situación de abuso de temporalidad, participo en proceso selectivo de estabilización y su cese se produjo tras la entrada en vigor de la ley 20/2021.

Y para el caso de que la Sala mantenga la doctrina de sus sentencias anteriores de 1 de julio y 8 de octubre de 2025, solicita que se plantee cuestión prejudicial ante el TJUE.

Por todo ello, suplica que se dicte sentencia que desestime el recurso de casación, confirmando la sentencia del Juzgado de Alicante.

La cuestión de interés casacional identificada en el auto de admisión ha sido ya resuelta por nuestras sentencias núms. 895/2025, de 1 de julio (recurso de casación núm. 5709/2023), y 1249/2025, de 8 de octubre (recurso de casación núm. 2731/2024), cuya doctrina resulta plenamente aplicable al presente supuesto.

En dichas resoluciones declaramos lo siguiente:

« A) Articulo 1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público .

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, dispone en su artículo 1.1 una nueva redacción del artículo 10 del TREBEP, y en su apartado tercero introduce en el TREBEP una nueva disposición adicional 17 en la que se prevé un régimen de responsabilidades en caso de incumplimiento de las medidas previstas en el artículo 10. Por su parte la disposición transitoria segunda de la citada Ley 20/221, dispone que:" Las previsiones contenidas en el artículo 1 de esta ley serán de aplicación únicamente respecto del personal temporal nombrado o contratado con posterioridad a su entrada en vigor.»

Y de este modo nuestra sentencia de 9 de mayo de 2023 (RC 5132/2019 , ECLI:ES:TS:2023:3641 ), declaró:

«No es aplicable al caso de autos ni el Real Decreto-ley 14/2021 ni la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, pues tal y como se desprende de la disposición transitoria segunda , sus previsiones rigen para el personal temporal nombrado a partir del 30 de diciembre de 2021...

En fin, la Sala no ignora que lo que en su momento pretendió doña Eloisa, y estima la sentencia impugnada, tiene ya respaldo legal en la disposición adicional decimoséptima.4 del EBEP , introducida por la Ley 20/2021. Esto es cierto, pero como hemos dicho también, esta innovación normativa rige pro futuro y en este caso, a la relación estatutaria de doña Eloisa y en especial a su cese, le era aplicable la normativa y la jurisprudencia que hemos expuesto».

Por tanto, como la Sra. Miriam fue nombrada funcionaria interina por el Ayuntamiento de Benidorm el 8 de marzo de 2011, dicho precepto no le resultaría de aplicación.

No obstante, la sentencia recurrida en casación, a pesar de lo argumentado por doña Miriam tanto en su reclamación administrativa como en su demanda, estima el recurso por aplicación/interpretación del artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre , por tanto, ningún pronunciamiento adicional vamos a efectuar sobre el alcance y aplicación del artículo 1.

B) Procesos de estabilización de empleo temporal.

Dada la tasa de temporalidad del personal al servicio de las administraciones públicas, los procesos de estabilización han estado presentes en nuestro Ordenamiento bajo diferentes fórmulas y así nos podemos referir a los procesos restringidos de acceso a las administraciones autonómicas tras la implantación de la nueva estructura territorial derivada de la CE de 1978.

Posteriormente la disposición transitoria cuarta de la Ley del Estatuto Básico dispone: "1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005. 2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria. Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 61 del presente Estatuto."

Procesos de consolidación que se reiteran y actualizan en los artículos 19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 19.1.9 de la Ley 6/ 2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Estos procesos contemplaron dos modelos de estabilización de empleo temporal en función de las fechas en que se hubiera accedido al empleo público temporal.

1.- Los procesos de estabilización de las plazas ocupadas de forma temporal e interrumpidamente al menos en los 3 años anteriores al 31 de diciembre de 2016 o al 31 de diciembre de 2017, tramitados en los términos previstos en los artículos 19.1.6 de la Ley 3 /2017 y 19.1.9 de la Ley 6/2018 .

2.- Los procesos de estabilización de las plazas desempeñadas interinamente con anterioridad al 1 de enero de 2005, tramitados conforme a lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 19.1.6 de la Ley 3/2017 y en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por su parte la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que tiene por objeto, según consta en su preámbulo, situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del ocho por ciento en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas; autoriza en su artículo 2 un tercer proceso de estabilización de empleo público, distinto por tanto de los procesos de estabilización derivados de las Leyes Generales de Presupuestos del Estado para 2017 y 2018.

Que se trata de un tercer proceso de estabilización se recoge en el propio preámbulo de la Ley y se infiere sin dificultad de la lectura del precepto y en este sentido lo hemos declarado, entre otras, en nuestra sentencia de 4 de marzo de 2025 (RC 182/2024 , ECLI:ES:TS:2025:1179):

«La expresada Ley prevé un tercer proceso de estabilización del empleo temporal en las Administraciones Públicas de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal. Se trata de un proceso adicional a los que ya regularon los artículos 19. Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y 19. Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018».

Por su parte los procesos de estabilización previos al previsto en la Ley 20/2021 mantienen el desarrollo previsto en la fecha de la convocatoria y solo en el caso de que, a la entrada en vigor de la Ley 20/2021, no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltos hayan quedado sin cubrir sus plazas, serán incluidas dentro del tercer proceso de estabilización del artículo 2 .

Es decir, el artículo 2 de la Ley 20/2021 regula un nuevo proceso de estabilización, el tercero, sin perjuicio de que a éste se puedan incorporar plazas de los dos anteriores procesos cuando concurran los requisitos anteriormente expuestos.

Por tanto, solo procede la compensación económica prevista en el artículo 2.6 para el personal funcionario interino que, estando en activo como tal, viera finalizada su relación con la Administración por la no superación del tercer proceso selectivo de estabilización convocado al amparo de este articulo 2.»

En ellas se concluye, en respuesta a la cuestión de interés casacional planteada, que:

«conforme con lo que llevamos expuesto, la compensación económica prevista en el artículo 2.6 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público , solo resulta de aplicación a los supuestos de funcionarios interinos que hayan visto finalizada su relación con la Administración por la no superación del tercer proceso selectivo de consolidación previsto en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público .»

La representación procesal de D. Jaime interesa, subsidiariamente para el caso de que la Sala mantenga la doctrina hasta ahora seguida en esta materia, que se plantee cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

1.- El artículo 267 TFUE, en relación con el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, exige que los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia motiven expresamente su decisión cuando rechazan plantear una cuestión prejudicial sobre la interpretación o validez del Derecho de la Unión.

No basta una fundamentación sucinta. El tribunal debe explicar de forma concreta por qué concurre alguna de las excepciones establecidas por la doctrina Cilfit: (i) que la cuestión no es relevante para resolver el litigio, (ii) que ya existe jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia que resuelve la cuestión, o (iii) que la correcta interpretación del Derecho de la Unión resulta tan evidente que no deja lugar a duda razonable.

En consecuencia, cuando una parte suscita una cuestión de Derecho de la Unión, el órgano jurisdiccional de última instancia solo puede abstenerse de plantear la cuestión prejudicial si expone de manera específica las razones que justifican la aplicación de alguna de estas excepciones. (Sentencia TJUE Gran Sala de 24 de marzo de 2026)

2.- La parte recurrida en este recurso de casación articula su petición de planteamiento de cuestión prejudicial en torno a las siguientes cuestiones:

« PRIMERA: "¿Es compatible con la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada, anexo a la Directiva 1999/70/CE, y con la jurisprudencia del TJUE (Sentencia 19 marzo 2020, C-103/18 y C-429/18), una normativa nacional que reconoce derecho a compensación económica (20 días/año, máximo 12 mensualidades) a funcionarios interinos cesados tras no superar determinado proceso selectivo de estabilización (denominado 'tercer proceso'), pero excluye dicha compensación a otros funcionarios interinos en situación sustancialmente idéntica (abuso de temporalidad durante años, desempeño de funciones permanentes, cese tras no superar proceso selectivo de estabilización), por la sola circunstancia de que el proceso que no superaron fue convocado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, cuando el cese se produjo ya estando vigente la ley que establece la compensación?"

SEGUNDA: "A efectos de garantizar el efecto útil de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre trabajo de duración determinada y de asegurar medidas efectivas y dotadas de efecto disuasorio contra el abuso de temporalidad en el empleo público, ¿debe interpretarse que el derecho a compensación económica por abuso de temporalidad debe extenderse a todos los funcionarios interinos cesados en situaciones de abuso, con independencia de la fecha de convocatoria del proceso selectivo de estabilización que no superaron, cuando el cese se produce tras la entrada en vigor de la norma que establece la compensación?"

TERCERA (subsidiaria): "¿Se opone al principio de no discriminación del Derecho de la Unión Europea una interpretación de la normativa nacional que otorga compensación económica a unos funcionarios interinos cesados tras proceso selectivo de estabilización pero la niega a otros en situación equiparable, basándose exclusivamente en el momento de convocatoria del proceso selectivo, circunstancia ajena a la voluntad del funcionario y que no altera la situación de abuso de temporalidad preexistente?" »

3.-La representación procesal de Sr. Jaime sostiene en su escrito de oposición al recurso de casación que en su relación de servicio como funcionario interino con el Ayuntamiento de Alicante ha existido una situación de abuso en la utilización de la temporalidad. Sin embargo, dicha cuestión no constituye el presupuesto sobre el que se asienta la sentencia impugnada. En efecto, la resolución dictada en la instancia no efectúa pronunciamiento alguno acerca del eventual carácter abusivo de los nombramientos del recurrente, sino que fundamenta la estimación de la demanda exclusivamente en la consideración de que el artículo 2.6 de la Ley 20/2021 resulta aplicable también a los procesos de estabilización o consolidación convocados con anterioridad a su entrada en vigor cuando el cese se produce estando en vigor la nueva norma.

Conviene recordar que esta Sala, en la sentencia de 25 de febrero de 2025 (recurso de casación n.º 4436/2024), ha precisado los criterios que permiten apreciar la existencia de abuso en el empleo temporal por parte de la Administración:

«Hemos tenido ocasión de pronunciarnos sobre los criterios que permiten apreciar abuso en la utilización por parte de la Administración de nombramientos temporales. En último extremo, se puede decir que son abusivos cuando con ellos se quieren atender necesidades de carácter estructural en lugar de a las de naturaleza circunstancial para las que han sido previstos por la ley. Así, hay abuso en los nombramientos temporales que se mantienen o reiteran a lo largo de los años para desempeñar el mismo puesto vacante sin que se proceda a su convocatoria para su provisión por funcionario de carrera, o en los de concatenación de sucesivos nombramientos para el mismo puesto o para distintos puestos de semejante contenido. Naturalmente, la determinación del abuso requiere del examen de las circunstancias singulares a fin de establecer que, efectivamente, se ha recurrido de manera reiterada a personal temporal para atender necesidades permanentes».

Y sobre la indemnización de perjuicios que puedan haber sufrido quienes hayan sido objeto de nombramientos temporales abusivos:

«de un lado, hemos recordado que nuestro ordenamiento jurídico no conoce la figura de las indemnizaciones de carácter punitivo que, si bien existe en algunas legislaciones, no es propia de las que se inscriben, como la española, en el llamado sistema continental. Y, de otro, hemos dicho que las pretensiones de resarcimiento por esta causa deben apoyarse en la justificación de los perjuicios efectivamente sufridos [ sentencias n.º 1401/2021, de 30 de noviembre (casación n.º 6302/2018) y posteriores, antes citadas]. Naturalmente, la cuantía de la indemnización en las ocasiones en que se considere procedente habrá de corresponderse con la entidad de los daños de toda naturaleza sufridos y que sean imputables al abuso. O, de ser el caso, en la medida en que establezca el legislador.»

La jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha precisado que la compensación prevista en el artículo 2 de la Ley 20/2021 no constituye una medida que, por sí sola, satisfaga las exigencias derivadas de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada. En las sentencias de 13 de junio de 2024 (asuntos acumulados C-331/22 y C-332/22) y de 14 de abril de 2026 (asunto C-418/24, Obadal), el Tribunal declara que las indemnizaciones tasadas sujetas a un doble límite máximo, tanto de días de salario por año de servicio como de mensualidades, no garantizan una reparación proporcionada y efectiva de los perjuicios ocasionados por la utilización abusiva de sucesivas relaciones temporales, especialmente cuando el abuso se prolonga durante extensos períodos de tiempo. Asimismo, destaca que tales compensaciones carecen de la eficacia necesaria para sancionar adecuadamente el incumplimiento del Derecho de la Unión y eliminar íntegramente sus consecuencias, al devengarse únicamente en determinados supuestos de extinción de la relación de empleo y no en todas las situaciones de abuso. De ello concluye que ni dichas indemnizaciones ni la mera convocatoria de procesos selectivos constituyen medidas suficientemente efectivas, proporcionadas y disuasorias para garantizar la plena eficacia de la cláusula 5 del Acuerdo Marco, correspondiendo al ordenamiento interno articular mecanismos que permitan una reparación adecuada de los daños efectivamente causados y una respuesta suficientemente disuasoria frente a la utilización abusiva de la temporalidad.

Esta doctrina permite distinguir entre la compensación legalmente prevista para determinados supuestos de cese y el eventual derecho del interesado a reclamar, por los cauces previstos en el ordenamiento nacional, la indemnización de aquellos daños concretos y efectivamente acreditados que no queden resarcidos mediante aquella compensación tasada.

Corresponde, en todo caso, al legislador nacional determinar y articular las medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar las consecuencias derivadas de la utilización abusiva de relaciones de servicio de duración determinada, así como establecer los presupuestos, alcance y régimen jurídico de las compensaciones o indemnizaciones que procedan.

Ahora bien, la eventual concurrencia de una situación de abuso en la relación de servicio mantenida por el Sr. Jaime con el Ayuntamiento de Alicante constituye una cuestión completamente ajena al objeto del presente recurso de casación. En efecto, ni fue objeto de pronunciamiento por la sentencia recurrida ni integra la cuestión de interés casacional delimitada en el auto de admisión, y de este modo tal y como se razona en la sentencia de esta Sala de 14 de julio de 2026 RC 78/2024:

«la pretensión revocatoria casacional no puede fundamentarse en un motivo que suponga el planteamiento por el recurrente de cuestión nueva, y ello por dos razones; por una parte, porque el recurso de casación tiene por finalidad propia valorar si se infringieron por el Tribunal a quo normas o jurisprudencia aplicables y resulta imposible que pueda producirse aquella infracción en relación con una cuestión que ni siquiera fue considerada y sobre la que, por tanto, no hubo pronunciamiento en la sentencia y, por otra, porque tan singular mutatio libelli afectaría al mismo derecho de defensa del recurrido que garantiza el artículo 24 de la Constitución, en el supuesto de que, sin las posibilidades de la alegación y de la prueba que corresponden a la instancia, se entendiera admisible el examen y decisión de una cuestión sobrevenida a través del recurso de casación con las limitaciones que comporta su régimen respecto de dichos medios de defensa. Así lo ha establecido de forma reiterada una tradicional jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de 5 de julio de 1996, rec. 4689/93, reproducida, junto a otras, en la de 7 de abril de 2007 (rec. 5066/2004) y más recientemente la STS nº 233/2023, de 23 de febrero de 2023 (rec. 6895/2021).»

Conviene recordar, además, que la sentencia impugnada estimó parcialmente las pretensiones ejercitadas en la instancia, de modo que el demandante pudo haber interpuesto recurso de casación interesando un pronunciamiento específico acerca de la existencia de una utilización abusiva de la temporalidad, sin que conste que lo hiciera.

En estas circunstancias, cualquier consideración relativa a la existencia o inexistencia de abuso excedería de los límites objetivos de este recurso y supondría abordar una cuestión que no forma parte del debate casacional. Por ello, resulta improcedente efectuar en esta sede valoración alguna sobre tal extremo, que queda extramuros del ámbito de cognición propio del presente recurso de casación.

4.- En consecuencia, no procede el planteamiento de cuestión prejudicial.

Las cuestiones prejudiciales cuya elevación interesa la representación procesal de don Jaime parten de una premisa que no constituye el objeto del presente recurso de casación: la existencia de una situación de abuso en la utilización de la temporalidad en su relación de servicio con el Ayuntamiento de Alicante. Sin embargo, como se ha expuesto, la sentencia recurrida, estimatoria parcial y no recurrida en casación por el actor, no efectuó pronunciamiento alguno sobre dicha cuestión ni basó su decisión en la apreciación de un eventual abuso, limitándose a declarar aplicable el artículo 2.6 de la Ley 20/2021 a procesos de estabilización convocados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha norma, pero resueltos cuando ya estaba en vigor.

De este modo, las dudas interpretativas que se pretenden suscitar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea carecen de relevancia para la resolución del litigio en los términos en que ha quedado delimitado por la sentencia impugnada y por el auto de admisión del recurso de casación.

En particular, la cuestión de interés casacional no versa sobre la existencia de abuso en el empleo temporal ni sobre las consecuencias indemnizatorias que pudieran derivarse de tal situación a la luz de la cláusula 5 del Acuerdo Marco incorporado por la Directiva 1999/70/CE, sino exclusivamente sobre la interpretación del régimen transitorio y del ámbito de aplicación temporal del artículo 2.6 de la Ley 20/2021.

Por tanto, la respuesta a las cuestiones propuestas no resulta necesaria para resolver la controversia planteada, pues obligaría a efectuar consideraciones jurídicas sobre extremos ajenos al objeto del recurso y sobre presupuestos fácticos y jurídicos que no han sido establecidos por la sentencia de instancia. En estas circunstancias concurre la excepción reconocida por la doctrina Cilfit, según la cual no existe obligación de plantear cuestión prejudicial cuando la cuestión de Derecho de la Unión suscitada carece de relevancia para la solución del litigio.

Procede, en consecuencia, rechazar la solicitud de planteamiento de cuestión prejudicial formulada por la parte recurrida.

5.-La alegada vulneración del principio de igualdad tampoco puede ser acogida. La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, introdujo una compensación económica para determinados supuestos de cese del personal temporal, configurando un nuevo régimen jurídico orientado a prevenir y reducir la temporalidad en el empleo público. La representación procesal del Sr. Jaime sostiene que la diferencia de trato existente entre los funcionarios interinos que no superaron los procesos de consolidación convocados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley y aquellos que no superaron los procesos extraordinarios de estabilización previstos en ella resulta contraria al artículo 14 de la Constitución.

Sin embargo, el término de comparación propuesto no permite apreciar la existencia de una discriminación constitucionalmente relevante. Los colectivos comparados se encuentran sometidos a regímenes jurídicos distintos, resultantes de una opción normativa adoptada por el legislador en ejercicio de su libertad de configuración. La Ley 20/2021 estableció un nuevo marco regulador de la temporalidad en el empleo público y, como toda reforma legislativa, delimitó objetivamente su ámbito temporal de aplicación mediante la fijación de una fecha de entrada en vigor.

La circunstancia de que la compensación introducida por dicha norma únicamente resulte aplicable a las situaciones comprendidas en su ámbito temporal no constituye una diferencia de trato arbitraria, sino una consecuencia inherente a la sucesión de normas en el tiempo. El criterio temporal empleado por el legislador es objetivo, general y razonable, responde a la finalidad perseguida por la reforma y no se sustenta en ninguna de las circunstancias personales o sociales a las que se refiere el artículo 14 CE.

Además, quienes cesaron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 20/2021 no habían incorporado a su patrimonio jurídico el derecho a percibir la compensación posteriormente creada por dicha norma, por lo que no cabe apreciar privación alguna de derechos adquiridos ni una desigualdad de trato carente de justificación objetiva y razonable. En consecuencia, la diferencia de régimen jurídico denunciada no vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución.

A la luz de lo expuesto debemos reiterar la doctrina casacional recogida en nuestras sentencias núms. 895/2025, de 1 de julio (recurso de casación núm. 5709/2023), y 1249/2025, de 8 de octubre (recurso de casación núm. 2731/2024).

Aplicación al caso.

Pues bien, el proceso de consolidación en el que participó don Jaime fue publicado en el BOP n.º 240, de 18 de diciembre de 2019, y traía causa de las Ofertas de Empleo Público correspondientes a los años 2016 a 2018.

En consecuencia, dicho proceso de consolidación no puede quedar comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 2 de la Ley 20/2021, pues este precepto contempla, como ya hemos señalado, un nuevo proceso de estabilización, distinto de los anteriormente previstos en los artículos 19. Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19. Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Por tanto, no procede reconocer al recurrente la compensación económica prevista en el artículo 2.6 de la Ley 20/2021, al no haberse producido su cese como consecuencia de un proceso de estabilización comprendido en el ámbito de dicho precepto. Ello determina la estimación del recurso de casación, la anulación de la sentencia recurrida y la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sr. Jaime.

Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.3 de la LJCA, en relación con el artículo 93.4 de la LJCA, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes.

No se imponen las del recurso contencioso-administrativo por las dudas que ha suscitado.

FALLO 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido ,

PRIMERO. - Estimar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Alicante, frente a la sentencia de 26 de octubre de 2023, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Alicante, en el recurso contencioso-administrativo n.º 106/2023, sentencia que se anula.

SEGUNDO. - Se desestima el recurso n.º 106/2023, deducido por la presentación de don Jaime, contra la resolución de 5 de mayo de 2023, por la que se desestima la solicitud del demandante a la compensación económica equivalente a veinte días por años de servicio por su cese, en virtud de la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

TERCERO. - En cuanto a las costas, estése a lo declarado en el último fundamento de Derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.