Acción pública urbanística: posibilidad de impugnar licencias de obras sin acreditar interés particular

TSJ C.Valenciana , 25-09-2026
, nº 462/2026, rec.664/2025,  

Pte: López Tomás, Antonio

ECLI: ES:TSJCV:2026:3665

ANTECEDENTES DE HECHO 

Con fecha de 10 de julio de 2025 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Elche (Alicante) dictó auto 85/2025 inadmitiendo el recurso.

Por la representación de la parte actora se interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia. El recurso fue admitido por el Juzgado y se dio traslado del mismo a la representación procesal de administración como parte apelada, la cual se opuso a dicho recurso e interesó la confirmación de la sentencia. La codemandada comparecida se opuso, asimismo, al recurso.

El Juzgado elevó las actuaciones a este Tribunal. Una vez recibidas y formado el correspondiente rollo, tras los trámites pertinentes se dictó providencia señalando votación y fallo para el 23 de septiembre de 2026, teniendo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La actora interpuso recurso contra:

- Expte. 1190/2022. Licencia de obras a Santamar de la Vega, S.L. para construcción de 165 viviendas, garaje, aparcamiento, trasteros y piscina.

- Expte. 884/2022. Licencia de obras a Santamar de la Vega, S.L., para proyecto básico 108 viviendas y piscinas.

- Expte. 1355/2023. Licencia de obras a Santamar de la Vega, S.L., para construcción para 100 viviendas y piscina.

Asimismo, se realizaba la impugnación indirecta del planeamiento de cobertura, es decir, del Plan Parcial de Suelo Urbanizable S.U.S.-A "Los Invernaderos".

El auto inadmite el recurso sobre la base de la siguiente fundamentación:

En cuanto a la falta de legitimación activa, por falta de interés legítimo directo en el objeto del pleito, se ha de hacer notar que el acuerdo impugnado directamente no tiene por objeto un instrumento de planeamiento, ni siquiera -podría decirse- la aprobación del Programa lo desarrolle, sino tres concesiones de licencias a nombre de entidad diferente, sin que la entidad recurrente ostente ninguna titularidad o propiedad en el sector. No se trata de la impugnación directa de un PAI a través de la acción popular ( STS, Contencioso sección 5 del 27 de mayo de 2015 - ECLI:ES:TS:2015:2514). Por ello debe acreditarse el interés que justifique la legitimación activa, sin que la actora haya acreditado cuál sea este, más bien al contrario, al fundamentar el ejercicio de la acción pública. Todo lo anterior conduce a declarar la inadmisibilidad del recurso, en aplicación del art. 69.b) LJCA , por haberse interpuesto por persona no legitimada, sin entrar a valorar el resto de causas de inadmisibilidad.

La actora interpone recurso de apelación alegando la Sentencia nº 1621/2019 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, dictada el 21 de noviembre de 2019 en el recurso de casación número 6097/2018 y la Sentencia nº 1069 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictada el 27 de diciembre de 2017 en el recurso de apelación nº 157/2015

El Ayuntamiento se opone alegando que carece la demandante de un interés legítimo directo y cualificado en el acto administrativo controvertido para impugnar las tres licencias de edificación objeto del presente recurso.

Refiere que la parte recurrente no ha aportado prueba alguna que acredite su condición de interesada directa, tales como titularidad de parcela, derecho real o afectación concreta en el ámbito espacial de la licencia impugnada. Ni en la demanda inicial ni en sus alegaciones subsiguientes se ha adjuntado documentación probatoria limitándose a invocar un pretendido interés en la legalidad urbanística que, como se ha expuesto, no legitima para actos individuales.

Añade que las sentencias citadas por la apelante no rebaten el fundamento del Auto apelado

La codemandada comparecida se opone, asimismo, al recurso, alegando que no ha sido combatido con razonamiento alguno que contradiga los motivos por los que el Juzgado ha determinado como causa de inadmisibilidad la concurrencia de lo dispuesto en el art. 69.b) de la LJCA.

Añade que no se ha efectuado una crítica al Auto impugnado, por cuanto no se alega contra la razón dada por el Juzgado "a quo" para inadmitir el recurso interpuesto, sino que alude a unas razones de plazos procesales no directamente vinculados a la "ratio decidenci" del citado auto apelado.

Pues bien, así planteada la cuestión, el recurso debe ser íntegramente estimado, y ello por los argumentos que a continuación se exponen.

En efecto, la pretensión de la parte en el recurso de apelación es que se le tenga por parte en el recurso. Así las cosas, como tiene reiteradamente declarado la jurisprudencia, el título legitimador para el ejercicio de la acción en vía contencioso-administrativa es -excepto en el caso de que ejercite la acción pública- la titularidad de un derecho o interés legítimo cuya tutela se postula - art. 19.1.a) de la Ley 29/1998 -, que se traduce en que de la actividad impugnada se derive para el particular que actúa la pretensión, de prosperar ésta, un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), que no ha de ser necesariamente de naturaleza jurídica, sino que también puede ser de otra índole, pudiendo ser tanto directo como indirecto, de carácter patrimonial o moral.

Es claro, en consecuencia, esa excepción, esto, es, el ejercicio de la acción pública, que obviamente alcanza a los actos de gestión urbanística como son las licencias de obra, determina que el actor no tenga que acreditar, más allá del interés en la legalidad urbanística, un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio).

Debemos traer a colación la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho de acceso la jurisdicción, contenida en la sentencia 12/2017 en la que dice:

"Por tanto, encontrándose el núcleo del debate a partir del cual han de examinarse las quejas de la actora en el ámbito del derecho de acceso a la jurisdicción, resulta imprescindible referirse a la constante y reiterada doctrina establecida en la materia por este Tribunal a partir de la STC 19/1981, de 18 de junio , que ha quedado sintetizada recientemente, entre otras muchas, en la STC 83/2016, de 28 de abril , FJ 5, en los siguientes términos: "[E]l primer contenido del derecho a obtener la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24.1 CE es el acceso a la jurisdicción, que se concreta en el derecho a ser parte en el proceso para poder promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas. No se trata, sin embargo, de un derecho de libertad, ejercitable sin más y directamente a partir de la Constitución, ni tampoco de un derecho absoluto e incondicionado a la prestación jurisdiccional, sino de un derecho a obtenerla por los cauces procesales existentes y con sujeción a una concreta ordenación legal que puede establecer límites al pleno acceso a la jurisdicción, siempre que obedezcan a razonables finalidades de protección de bienes e intereses constitucionalmente protegidos. Esto es, al ser un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del ordenamiento procesal. De ahí que el derecho a la tutela judicial efectiva quede satisfecho cuando los órganos judiciales pronuncian una decisión de inadmisión o meramente procesal, apreciando razonadamente la concurrencia en el caso de un óbice fundado en un precepto expreso de la ley, si éste es, a su vez, respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental. Por tanto, una decisión judicial de inadmisión no vulnera este derecho, aunque impida entrar en el fondo de la cuestión planteada, si encuentra fundamento en la existencia de una causa legal que resulte aplicada razonablemente. No obstante, al tratarse en este caso del derecho de acceso a la jurisdicción y operar, en consecuencia, en toda su intensidad el principio pro actione, no sólo conculcan este derecho las resoluciones de inadmisión o desestimación que incurran en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente, sino también aquellas que se encuentren basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelan una clara desproporción entre los fines que la causa legal preserva y los intereses que se sacrifican. En este sentido, y aunque la verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos materiales y procesales a que el acceso a la jurisdicción está sujeto constituye en principio una cuestión de mera legalidad ordinaria que corresponde resolver a los Jueces y Tribunales, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que les atribuye el art. 117.3 CE , hemos señalado también que el control constitucional de las decisiones de inadmisión ha de verificarse de forma especialmente intensa, dada la vigencia en estos casos del principio pro actione, principio de obligada observancia por los Jueces y Tribunales, que impide que interpretaciones y aplicaciones de los requisitos establecidos legalmente para acceder al proceso obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca o resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida. Todas estas afirmaciones resultan acordes con el mayor alcance que el Tribunal otorga al principio pro actione en los supuestos de acceso a la jurisdicción, que obliga a los órganos judiciales a aplicar las normas que regulan los requisitos y presupuestos procesales teniendo siempre presente el fin perseguido por el legislador al establecerlos, evitando cualquier exceso formalista que los convierta en obstáculos procesales impeditivos del acceso a la jurisdicción que garantiza el art. 24 CE , aunque ello no implica necesariamente la selección forzosa de la solución más favorable a la admisión de la demanda de entre todas las posibles, ni puede conducir a que se prescinda de los requisitos establecidos por las leyes que ordenan el proceso en garantía de los derechos de todas las partes."

En consecuencia, estimamos el recurso y acordamos la retroacción de actuaciones procesales al momento inmediatamente anterior al auto revocado, acordando la continuación del procedimiento.

En virtud de lo regulado en el art. 139.2 de la Ley precitada Ley 29/1998, no se imponen las costas

Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación

FALLO 

1º.- ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto la representación de BERLIN INVEST TRADE S.L, contra el auto 85/2025 de fecha 10 de julio de 2025 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Elche (Alicante) el cual se revoca y se deja sin efecto, acordando la continuación del procedimiento.

2.- Sin costas.

La presente sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo o, en su caso, ante esta Sala, que deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de 30 días, desde el siguiente al de su notificación, y en la forma que previene el vigente art. 89 de la LJCA . La preparación deberá seguir las indicaciones del acuerdo de 19-5-2016 del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el acuerdo de 20-4-2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (BOE núm. 162, de 6-7-2016), sobre la extensión máxima y otras consideraciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación ante la Sala III del Tribunal Supremo.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvanse los autos con el expediente administrativo al Juzgado de procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente que ha sido para la resolución del presente rollo de apelación, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de la que, como Letrada de la administración de Justicia, certifico. En Valencia, a la fecha arriba indicada.