Consecuencias del desistimiento del procedimiento de contratación antes de la adjudicación o de la formalización del contrato

Planteamiento

¿Cuáles son las consecuencias de adjudicar el contrato y desistir del mismo antes de su formalización?

¿Cuáles son las consecuencias de desistir del procedimiento de contratación antes de la adjudicación del contrato?

¿Qué opción resulta más ventajosa, a efectos de minimizar las posibles indemnizaciones que pudieran solicitarse?

Respuesta

Se plantea la no continuidad del procedimiento de contratación en dos escenarios diferentes:

• - El contrato está adjudicado; sin embargo, no se ha procedido a su formalización.

• - El contrato no ha sido adjudicado.

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato, o el desistimiento del procedimiento, podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización (art. 152 LCSP 2017).

Añade el citado artículo que:

• “Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.”

Por tanto, para ambos supuestos es preciso alegar razones de interés público. La doctrina del Consejo de Estado señala que el desistimiento es admisible cuando la continuación del contrato perjudique el interés público o sea incompatible con él. Tal como ha manifestado el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en su Dictamen 89/2024, de 2 de mayo: 

• “como ha puesto de manifiesto en su jurisprudencia el Tribunal Supremo en reiteradísimas ocasiones (Sentencia núm. 686/2020, de 8 junio, RJ 2020\5128, entre otras muchas), esta facultad está reservada a supuestos en los que la prosecución de las actuaciones o la continuación de la ejecución del contrato perjudiquen el interés público o sean incompatibles con él, y todo ello teniendo en cuenta los principios de racionalidad y proporcionalidad. Por ello, el desistimiento de la Administración constituye un remedio excepcional de plena aplicación a las relaciones contractuales del sector público, que habrá de emplearse únicamente cuando la ejecución del contrato perjudique al interés público o sea incompatible con él.

• Ahondando en la ya citada doctrina del Consejo de Estado, en el dictamen 1208/2008, de 16 de octubre, se ahonda más en la determinación de cuál debe ser la afección al interés público que puede justificar un desistimiento unilateral de la Administración, al señalar:

• “En puridad, el interés público que justifica el desistimiento unilateral de la Administración se ha venido apreciando en aquellas relaciones contractuales que, por una alteración sobrevenida de las circunstancias, han perdido su objeto. No obstante, esta causa de resolución también se ha utilizado en ocasiones para solventar determinadas incidencias en la ejecución de la prestación convenida que, aunque no puedan calificarse de incumplimientos imputables al contratista, aconsejan que éste sea relevado en aras del buen fin del contrato: así lo ha entendido el Consejo de Estado, por ejemplo, en su dictamen 1.949/2007, de 22 de noviembre, favorable a la resolución por desistimiento de un contrato para la redacción de proyecto y asistencia técnica a la obra -similar al ahora sometido a dictamen-, en virtud de las discrepancias surgidas entre el titular de este contrato y el contratista de obras”.”

Las razones que justifican el desistimiento pueden ser diversas, pero deben girar siempre en torno a la salvaguarda del interés general: alteraciones sobrevenidas de las circunstancias que hagan innecesaria la prestación, incompatibilidad del objeto con nuevas necesidades públicas, existencia de una duplicidad o ineficiencia acreditada o una necesidad imperiosa de reasignar recursos públicos. Lo que no es admisible es acudir al desistimiento cuando la ejecución contractual es correcta y el único fundamento es la mera voluntad política de poner fin anticipado al contrato.

En ambos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común.

Por tanto, no existe diferencia entre ambos supuestos. Se debe compensar a los licitadores por los gastos en que hubieran incurrido, siempre que la no formalización del contrato o la falta de adjudicación obedezcan a razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, aplicando subsidiariamente las normas sobre responsabilidad patrimonial.

Sólo en el supuesto de que no exista tal motivación basada en el interés público procede la indemnización por lucro cesante, siguiendo lo señalado en la sentencia del TS de 14 de mayo de 2020:

• “En ese inusual marco factual más arriba descrito la Sala de instancia aplica la doctrina jurisprudencial de esta Sala, tres Sentencias, que reproduce parcialmente. La inicial de 15 de noviembre de 2004, casación 6812/2001, la de 7 de noviembre de 2011, casación 4569/2009, que a su vez transcribe otra anterior de 1 de octubre de 2007, casación 5179/2005. Concluye que, si quien no ha sido adjudicatario originario de un contrato, pero debió serlo, puede ser indemnizado por lucro cesante, con mayor razón habrá de serlo quien resultando adjudicatario de origen no puede ejecutarlo al no proceder la administración a su formalización sin causa justificada.”

Conclusiones

1.ª La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato, así como el desistimiento del procedimiento, podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, siempre que concurran razones de interés público debidamente justificadas en el expediente.

2.ª En ambos casos deberá compensarse a los candidatos aptos para participar en la licitación o a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido.

3.ª No podrá promoverse una nueva licitación del mismo objeto mientras subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.