Exclusión en procedimiento abierto simplificado por falta de inscripción en ROLECE: no equivalencia de registro autonómico fuera de su ámbito territorial

Primero. El 19 de enero de 2026 se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público (en lo sucesivo, PCSP) el anuncio de licitación para la adjudicación del contrato arriba nominado.

Se trata de un contrato de suministros, no SARA, licitado por procedimiento abierto simplificado, con un valor estimado de 110.985 euros.

Segundo. Dentro del plazo conferido al efecto, presentaron su oferta los siguientes licitadores:

- FELIX RUIZ DE MIGUEL S.L.

- ESTILO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS S.L.

- DISEÑO INTERIORISMO INFORMÁTICA OFICINAS S.A. (en adelante, DINOF).

Tercero. El 4 de febrero de 2026 se reunió la mesa de contratación para proceder a la apertura de los sobres «A» de documentación administrativa y criterios ponderables mediante juicio de valor.

Tras la revisión de la documentación aportada, la mesa acordó admitir a todos los licitadores y remitir las proposiciones a los Servicios Técnicos para su valoración con arreglo a los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante, PCAP).

Cuarto. El 11 de febrero de 2026 se reunió nuevamente la mesa de contratación, en este caso, para valorar los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor.

En esa sesión se puso de manifiesto que, tras la revisión de la documentación técnica aportada por los licitadores y recibido el Informe técnico de valoración, éste valoró las proposiciones técnicas de acuerdo a los criterios del PCAP, otorgando 20 puntos a DINOF y 25 puntos a ESTILO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS S.L.

Asimismo, se acordó la exclusión de FELIX RUIZ MIGUEL S.L, al entender que la memoria de características técnicas por él presentada no cumplía con las previsiones del pliego.

Quinto. El 12 de febrero de 2026 se reunió la mesa de contratación para la apertura de los sobres «B» y realizar la propuesta de adjudicación.

En esa sesión, se expusieron las puntuaciones de los licitadores concurrentes, resultando como oferta mejor valorada la de DINOF

A continuación, la Mesa procedió a comprobar en el ROLECE que la empresa propuesta como adjudicataria está debidamente constituida, los firmantes de las proposiciones tienen poder bastante para formular la oferta, ostentan la solvencia económica, financiera y técnica, o, en su caso la clasificación correspondiente, y no están incursas en ninguna prohibición para contratar.

En ese momento, la mesa constató que al introducir los datos de DINOF, con CIF A48189526, no constaba inscrito como operador económico en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

Al entender que se trataba de un requisito para participar en la licitación, por tratarse de un procedimiento abierto simplificado, conforme al artículo 159.4 letra a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP) y la cláusula decimoséptima del PCAP, acordó requerir al licitador para que, en el plazo de dos días hábiles, justificara documentalmente que se encontraba inscrito en el ROLECE, informándole de que se consideraría admisible la acreditación de haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que la solicitud fuera de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas.

Se le advirtió que, en caso de que no se acreditara tal inscripción, sería excluido de la licitación.

Sexto. El 17 de febrero de 2026 se reunió la mesa para la apertura de la solicitud de información adicional y propuesta de adjudicación.

En esa sesión, la Mesa, a la vista del resultado de la revisión de la documentación aportada por el licitador mejor valorado, acordó la exclusión de la oferta de DINOF, con base en lo siguiente:

"Aporta inscripción en el Registro de Empresas Licitadoras y Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, si bien, conforme al art. 96.2 LCSP, esta inscripción únicamente tiene efectos para la contratación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, aporta inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE), si bien, la fecha de inscripción es el 14 de febrero de 2026, fecha posterior a la fecha final de presentación de ofertas, que concluyó el pasado 3 de febrero de 2026.

Por todo ello, procede excluir al licitador referido, ya que conforme al artículo 159.4 a) LCSP y a la cláusula 17ª del PCAP, todos los licitadores que se presentasen a la licitación, debían estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público en la fecha final de presentación de ofertas".

Séptimo. Frente al acuerdo de exclusión, se interpuso recurso especial en materia de contratación, en el que el recurrente alega que "aportó un certificado autonómico completo que acredita su capacidad, solvencia, habilitación y ausencia de prohibiciones de contratar, conforme a las exigencias de los arts. 96 y 159.4 de la LCSP".

A su juicio, la exclusión por falta de ROLECE "es discriminatoria y formalista, vulnerando los principios de libre concurrencia (arts. 1 y 23 LCSP), no discriminación (art. 14 CE), proporcionalidad y jerarquía normativa (art. 9.3 CE)".

Entiende que el certificado autonómico acredita los mismos extremos que el ROLECE estatal, y que, por tanto, no puede cuestionarse su validez.

Cita, en defensa de sus pretensiones, la recomendación de 24 de septiembre de 2018, de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en la que se indica que los registros autonómicos "cumplen idéntica función acreditativa que el ROLECE", y recomienda evitar formalismos cuando la demora del ROLECE es administrativa.

Asimismo, cita la resolución de la Junta Consultiva de Andalucía de 16 de marzo de 2016, para alegar que "exigir la inscripción en ROLECE de manera exclusiva, ignorando una clasificación autonómica equivalente, contraviene no solo los principios comunitarios, sino también los principios de igualdad y libre concurrencia recogidos en la LCSP".

Defiende la entidad recurrente que el registro "viene a ser una extensión o ampliación del Registro de Empresas Clasificadas hasta ahora existente, al que se añaden una serie de contenidos y, sobre todo, se facilita y agiliza su consulta por vía telemática".

Entiende que, dado que las cuestiones que se recogen en el ROLECE son recogidas igualmente en el registro Oficial de empresas licitadoras del País Vasco, debe reconocerse plenamente su eficacia.

Solicita, con base en lo expuesto, que se declare la nulidad del acuerdo de exclusión, al fundarse en el no reconocimiento de la equivalencia del registro autonómico vasco, "en contra de la LCSP, la doctrina consultiva y la jurisprudencia administrativa y europea".

Octavo. Tras el requerimiento efectuado por la Secretaría General del Tribunal, el órgano de contratación (en adelante, OC) ha remitido el expediente y el informe del artículo 56 de la LCSP.

En ese informe, el OC pone de manifiesto que, "al contrario de lo que manifiesta el recurrente en el segundo de los antecedentes, el 3 de febrero de 2026 NO aportó el certificado de inscripción en el Registro de Empresas Licitadores y Clasificadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco".

Lo que presentó el licitador en ese momento, dice, es el modelo de declaración responsable que figura en el PCAP que rige el contrato, y que literalmente dice: "Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, que no está incurso en prohibición de contratar alguna, así como que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado con en número de identificación 00012".

Entiende que, al no estar inscrito en el ROLECE, incurre en falsedad al presentar esa declaración responsable.

En cuanto a la necesidad de la inscripción, dice el OC que la misma constituye un "requisito imprescindible para participar en el expediente de contratación de referencia, que se tramita por procedimiento abierto simplificado (art. 159.4 a) LCSP), y considerando que el licitador había declarado responsablemente que sí se encontraba inscrito en dicho Registro, la mesa acuerda requerirle para que acredite tal extremo".

En ese requerimiento, se informa al licitador de que será admisible acreditar el hecho de haber presentado la solicitud de inscripción en ROLECE junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que la solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas.

Es en ese momento cuando el recurrente aportó el certificado de inscripción en el registro autonómico, ante lo cual entiende el OC que no se cumple con la exigencia del artículo 159.4 de la LCSP, y de la cláusula 17 del PCAP.

En cuanto a la suficiencia de la inscripción en el registro autonómico, cita el OC el artículo 96.2 de la LCSP, con arreglo al cual:

"2. La inscripción en el Registro de Licitadores de una Comunidad Autónoma acreditará idénticas circunstancias a efectos de la contratación con la misma, con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los restantes entes, organismos o entidades del sector público dependientes de una y otras".

Atendiendo a la literalidad del precepto, entiende el OC que, estando el contrato que nos ocupa fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el certificado aportado carece de validez y efectos para esta licitación.

En cuanto a las recomendaciones de las Juntas Consultivas que se citan en el escrito de recurso, dice el OC que hay que atender a las fechas de las mismas, por cuanto: las de 2016, son anteriores a la vigente LCSP; y las de 2018, se dictan justo después de la entrada en vigor de la actual LCSP, momento en el cual, precisamente por la exigencia de inscripción en el ROLECE para los procedimientos abiertos simplificados, hubo un aluvión de solicitudes por parte de las empresas.

Rechaza el OC que el colapso que se vivió en aquellos primeros momentos exista en la actualidad e indica que ahora el registro estatal funciona correctamente, siendo posible obtener la inscripción en un par de días, si la documentación es correcta, como lo prueba el hecho de que la entidad recurrente fue requerida por el OC el 12 de febrero de 2026 y su primera inscripción es de fecha 14 de febrero de 2026, tan sólo dos días después de su solicitud.

Así las cosas, a juicio del OC no puede argumentarse la suficiencia de la inscripción en el registro autonómico, con base en un colapso del ROLECE que no existe en la actualidad.

Entiende, por tanto, que, al no cumplir el licitador ahora recurrente, en el momento en que finalizó el plazo de presentación de ofertas, el requisito de inscripción en el ROLECE que se impone, tanto en el artículo 159.4 de la LSCP, como en la cláusula 17 del PCAP, está justificado el acuerdo de exclusión que aquí se impugna, dado que, de admitir lo contrario, estaría favoreciendo a un licitador sobre otro.

Noveno. En fecha 18 de marzo de 2026 la Secretaría General del Tribunal dio traslado para alegaciones a los interesados, sin que ninguno de ellos haya hecho uso de este derecho.

Décimo. La Secretaria General del Tribunal, por delegación de éste, resolvió en fecha 20 de marzo de 2026 la concesión de la medida cautelar consistente en suspender el procedimiento de contratación, de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 56 de la LCSP, de forma que, según lo establecido en el artículo 57.3 del mismo cuerpo legal, será la resolución del presente recurso la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada