Contrato de limpieza de edificios municipales: determinación del cumplimiento del SMI a efectos de considerar una oferta anormalmente baja

Primero. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.4 de la LCSP y en el Convenio suscrito entre el Ministerio de Hacienda y la Generalitat Valenciana sobre atribución de competencias en materia de recursos contractuales, el 21 de mayo de 2025 (BOE número 132 de 2 de junio de 2025).

Segundo. El acto recurrido se notificó a REALAN SERVICES S.L., el 11 de diciembre de 2025 a las 14:08 horas (Documento 30 del expediente administrativo), habiéndose presentado el recurso, en forma, el 18 de diciembre de 2025 a las 13:36 horas (Documento 0 justificante, adjunto al recurso).

En atención a ello, se ha cumplido el requisito del plazo de quince días hábiles para la interposición del recurso, previsto en el artículo 50.1.c) de la LCSP.

Tercero. Uno de los presupuestos legales para abrir la vía del recurso especial en materia de contratación es que nos hallemos ante uno de los contratos relacionados en el artículo 44.1 de la LCSP y dentro de ellos, que se trate de una de las actuaciones administrativas que a renglón seguido define el Legislador en el artículo 44.2, como norma imperativa o de "ius cogens".

Se impugna un contrato de servicios, "Servicio de limpieza de edificios públicos e inmuebles municipales", que, por su valor total estimado de 1.105.811,38 euros, es susceptible de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1.a) de la LCSP.

El acto recurrido es la resolución 1717/2025, por la que se acordó la exclusión del licitador, ahora recurrente, adoptada el 9 de diciembre de 2025, por el órgano de contratación (Documento 18 del expediente administrativo):

"Calificar la oferta de Realan Services SL como una oferta anomalmente baja y, por tanto, excluir a la mercantil del proceso de licitación".

Bien, en relación con la posibilidad de que los actos de trámite puedan ser objeto del recurso especial en materia de contratación, el apartado 2 b) del artículo 44 de la LCSP establece lo siguiente:

"2. Podrán ser objeto del recurso las siguientes actuaciones: b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149".

En este caso, el recurso se dirige contra un acto de trámite que puede considerarse como cualificado, la exclusión de la recurrente de la licitación del contrato del "Servicio de limpieza de edificios públicos e inmuebles municipales", lo que determina la imposibilidad de que REALAN SERVICES SL pueda continuar en el procedimiento, concurriendo, por tanto, los requisitos exigidos por el artículo 44.2 b) de la LCSP, para admitir el recurso especial contra los actos de trámite.

A tenor de lo aducido, se reúnen los requisitos del artículo 44 de la LCSP, pues se trata de un contrato de servicios, con un valor total estimado de 1.105.811,38 euros, que supera los 100.000 euros (artículo 44.1. a) de la LCSP), y la actuación impugnada se contrae a una de las relacionadas en el artículo 44.2. b) de la LCSP, el acuerdo de exclusión, como acto de trámite cualificado.

Cuarto. Con respecto a la legitimación, hay que mencionar que el artículo 48 de la LCSP, en su párrafo primero, establece, que:

"Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso".

El interés legítimo abarca todo interés material o moral que pueda resultar beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada, siempre que no se reduzca a un simple interés por la pura legalidad, en cuanto presupone que la resolución a dictar puede repercutir, directa o indirectamente, de un modo efectivo y acreditado, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien recurre o litiga; como recuerdan las Resoluciones 892/2025, de 12 de junio, 1032/2025, de 10 de julio, 51/2026, de 16 de enero, 400/2026 de 5 de marzo, y 511/2026, de 19 de marzo, de este Tribunal:

"En reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, plasmada entre otras sentencias las de 31 de mayo de 1990, 19 de noviembre de 1993, 27 de enero de 1998, 31 de marzo de 1999 y 2 de octubre de 2001, se declara que por interés debe entenderse toda situación jurídica individualizada, dicha situación que supone una específica relación con el objeto de la petición o pretensión que se ejercita, se extiende a lo que, con más precisión, se titula interés legítimo, que es el que tienen aquellas personas, físicas o jurídicas, que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una regulación sectorial, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás ciudadanos o administrados y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando incidan en el ámbito de ese su interés propio".

En el presente supuesto, la licitadora, REALAN SERVICES S.L., ostenta legitimación para la interposición del recurso, pues la estimación del recurso le permitiría tener una expectativa razonable de resultar adjudicataria del contrato.

Quinto. Examinados los aspectos formales del recurso, corresponde el estudio de la única cuestión de fondo, esgrimida por REALAN SERVICES S.L. la disconformidad a derecho de su exclusión de la licitación por haber presentado una oferta anormalmente baja, que, a su juicio, no incumple la normativa laboral, y en concreto, que el «"coste real de personal asciende a 11,82 €/hora", tal y como figura en el Anexo Económico II de la justificación, superando ampliamente el umbral del SMI y garantizando el cumplimiento íntegro de la normativa laboral aplicable"., y no a los 8,27 euros que expresa el acuerdo aquí impugnado, habiendo incurrido el órgano de contratación en una "Incorrecta equiparación entre coste interno y salario efectivo, con vulneración del principio de valoración global de la oferta", lo que conduce a que su oferta presente "Viabilidad económica plenamente acreditada y ausencia de causa legal de exclusión"».

Por último, el recurrente invoca "Arbitrariedad técnica, falta de motivación suficiente y vulneración de los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y buena administración".

Sexto. Entrando en la cuestión nuclear del recurso, si se hubiera debido o no excluir al licitador, ahora recurrente, por incurrir su oferta en baja anormal y si la justificación para dicha exclusión es suficiente, esto es, si el acuerdo de exclusión de la oferta por oferta anormal o desproporcionada es ajustado a derecho; este Tribunal tiene sentada la siguiente doctrina, que se contiene, entre otras, en nuestras Resoluciones 1020/2024, 43/2025, y 286/2025:

«"Séptimo. En cuanto al segundo motivo del recurso, relativo a la valoración de ofertas incursas en presunción de anormalidad o desproporción, es constante la doctrina de este Tribunal que recuerda que el rechazo de las proposiciones temerarias no tiene otro objeto que el garantizar la correcta ejecución del contrato, evitando que la misma se frustre como consecuencia de una proposición que en atención a sus valores sea desproporcionada no cumpliéndose el fin institucional que se persigue con el contrato".

Ello tiene como principal consecuencia el hecho de que una oferta se encuentre en presunción de anormalidad "constituye un mero indicio, sin que en ningún caso pueda dar lugar a la exclusión automática de la oferta, sino que necesariamente y en todo caso, debe el órgano de contratación iniciar un procedimiento contradictorio, dando audiencia al licitador para que pueda justificar satisfactoriamente el bajo nivel de precios ofertados o de costes propuestos y, por tanto, que es susceptible en sus propios términos y solo en caso contrario, cabe el rechazo de la oferta anormalmente baja y la exclusión del licitador oferente" (en este sentido, resolución 877/2017, de 3 de octubre o resolución 985/2022, de 2 de septiembre de 2022, entre otras muchas).

Como hemos señalado en anteriores resoluciones, las alegaciones del licitador no deben justificar exhaustivamente la oferta desproporcionada, sino proveer de argumentos que permitan al órgano de contratación llegar a la convicción de que se puede llevar a cabo (Resoluciones 457/2016, de 10 de junio; o 907/2017, de 5 de octubre o resolución nº494/2022, de 27 de abril).

Asimismo, es también reiterada nuestra doctrina que establece que la exhaustividad de la justificación aportada por el licitador habrá de ser tanto mayor cuanto mayor sea la baja en que haya incurrido la oferta, por relación con el resto de ofertas presentadas, y, del mismo modo, a menor porcentaje de baja, menor grado de exhaustividad en la justificación que se ofrezca (Resoluciones nº 559/2014; 662/2014; 37/2017 o la resolución núm. 33/2020, entre otras muchas).

Así pues, como se dijo en la resolución 517/2016, de 1 de julio, "en caso de exclusión de una oferta incursa en presunción de temeridad es exigible que se fundamenten los motivos que justifiquen tal exclusión mediante una resolución "reforzada". Por el contrario, en caso de conformidad, no se requiere que se expliciten de manera exhaustiva los motivos de aceptación", procediendo la estimación del recurso porque "En ningún momento, ni el informe técnico sobre la justificación ofrecida por la recurrente, ni los subsecuentes acuerdos de la mesa de contratación, ni la resolución del órgano de contratación por la que se excluye la oferta de la recurrente, contienen de modo explícito la apreciación de que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, sobre lo cual, en las circunstancias particulares del caso, habría sido lógico pronunciarse explícitamente. (…) En definitiva, resulta improcedente hacer prevalecer la presunción de desproporción de la oferta cuando se ha ofrecido una justificación interpretable en el sentido de que dicha oferta es viable, algo que no es excluido por los informes técnicos, que no proponen el rechazo de la oferta, sino, eventualmente, una clarificación" (en idéntico sentido, la resolución 1240/2023, de 28 de septiembre de 2023).

En relación con los informes técnicos, también hemos expuesto en múltiples ocasiones (resolución 310/2017, de 31 de marzo, con cita de la resolución 786/2014, de 24 de octubre, la resolución 677/2014, de 17 de septiembre o la resolución 968/2019, de 14 de agosto) que "la revisión de la apreciación del órgano de contratación acerca de la justificación de las ofertas incursas en presunción de temeridad incide directamente en la discrecionalidad técnica de la Administración y que, a tal respecto, es criterio de este Tribunal (Resoluciones 105/2011 y las 104 y 138/2013) que la apreciación hecha por la entidad contratante del contenido de tales justificaciones en relación con el de las propias ofertas debe considerarse que responde a una valoración de elementos técnicos que en buena medida pueden ser apreciados en función de parámetros o de criterios cuyo control jurídico es limitado. Aun así, hay aspectos que, aun siendo difíciles de controlar jurídicamente por venir determinados por la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados, pueden y deben ser revisados por el Tribunal".

Por tanto, lo que puede hacer este Tribunal, respetando la discrecionalidad técnica de la Administración, es determinar, desde una perspectiva jurídica, si el Informe Técnico emitido está suficientemente motivado, y si las razones en él expuestas tienen debida apoyatura en los datos proporcionados por el licitador y en los pliegos por el que se rige el contrato. Y, en cuanto a la motivación de los mismos, también hemos señalado que no precisa ser un razonamiento exhaustivo y pormenorizado, bastando con que sea racional y suficiente, así como de suficiente amplitud para que los interesados tengan el debido conocimiento de los motivos del acto para poder defender sus derechos e intereses, pudiendo ser por ello sucintos siempre que sean suficientes (STC 37/1982, de 16 junio, SSTS de 9 junio 1986, 31 de octubre de 1995, 20 de enero 1998, 11 y 13 de febrero, 9 de marzo 1998, 25 de mayo 1998, 15 de junio de 1998, 19 de febrero 1999, 5 de mayo de 1999 y 13 enero 2000)».

En segundo lugar, cabe destacar un elemento muy relevante en este caso, en relación con la obligación de motivación de los acuerdos de exclusión de ofertas anormales. Y es que, la motivación relevante es la que se efectúa en el acuerdo del órgano de contratación que acuerda la exclusión.

En este sentido, nuestra Resolución 22/2024, de 12 de enero, afirmaba:

«(…) se razonaba en la Resolución 1254/2020, de 20 de noviembre: "la decisión sobre si la oferta puede cumplirse o no corresponde al órgano de contratación sopesando las alegaciones formuladas por la empresa licitadora y los informes emitidos por los servicios técnicos. Evidentemente ni las alegaciones mencionadas ni los informes tienen carácter vinculante para el órgano de contratación, que debe sopesar adecuadamente ambos y adoptar su decisión en base a ellos (Resoluciones 24/2011, de 9 de febrero, 72/2012, de 21 de marzo, o 121/2012, de 23 de mayo)".

Igualmente, se afirmaba en la Resolución nº 614/2020, de 21 de mayo, por lo que aquí interesa:

"Debe tenerse en cuenta especialmente que el artículo 149 de la LCSP, después de explicar en el apartado 4º cómo debe actuar la Mesa de contratación (o, en su defecto es decir, en aquellos casos en que no se constituye Mesa de contratación en una licitación-el Órgano de contratación) cuando se identifica en la licitación una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad formulación de requerimiento al licitador en cuestión para justificación de la viabilidad de la oferta, y solitud de asesoramiento técnico al servicio correspondiente-, en su apartado 6º ordena a la Mesa de contratación (en su defecto, al Órgano de contratación) la evaluación de la información y documentación aportada por el licitador y, después de efectuar el análisis oportuno, la elevación ‘de forma motivada’ al Órgano de contratación de la ‘correspondiente propuesta de aceptación o rechazo’ [de la oferta incursa en presunción de anormalidad], atribuyéndose expresamente al Órgano de contratación, a la vista de la justificación efectuada por el licitador y del informe técnico evacuado al efecto, la decisión de excluir a la empresa en cuestión si considera que la oferta no puede ser cumplida. (…).

Por tanto, es claro que, específicamente en el caso de la justificación de ofertas anormalmente bajas regulado en el artículo 149 de la LCSP, la Mesa de contratación no tiene potestad decisoria acerca de la exclusión de la empresa incursa en presunción de anormalidad -como tampoco la tiene acerca de la adjudicación del contrato-, sino que a dicho órgano de asistencia únicamente corresponde proponer al Órgano de contratación la exclusión de la empresa cuando considere motivadamente que ésta no ha justificado debidamente la viabilidad de su proposición así como la adjudicación del contrato a la mejor oferta, excluida la oferta ‘anormal’-, siendo el Órgano de contratación, que no está vinculado por la propuesta de la Mesa de contratación (en efecto, puede separarse de su criterio, si así lo motiva debidamente) el competente para adoptar dicha decisión"».

Las anteriores consideraciones derivan de lo dispuesto en el artículo 149.6 de la LCSP:

"La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por el licitador en plazo y, en el caso de que se trate de la mesa de contratación, elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación. En ningún caso se acordará la aceptación de una oferta sin que la propuesta de la mesa de contratación en este sentido esté debidamente motivada.

Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado cuatro, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 150".

Séptimo. Aplicando la referida doctrina al presente supuesto, el control de este Tribunal ha de centrarse en determinar si el acuerdo de 9 de diciembre de 2025 del órgano de contratación fundamenta de forma suficiente y adecuada el carácter no satisfactorio de las explicaciones dadas por la empresa licitadora incursa en baja anormal y, por ello, la exclusión de dicha oferta. En definitiva, si los argumentos empleados por la recurrente para acreditar la viabilidad de su oferta económica gozan de peso suficiente como para destruir la discrecionalidad de la actuación administrativa impugnada. Todo ello atendiendo a que la exclusión debe encontrarse suficientemente motivada, lo que no implica que tenga que ser exhaustiva.

Con carácter previo, debe tenerse presente que es un hecho no controvertido que la oferta, que presentó la parte recurrente, está incursa en baja anormal, ex artículo 85.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y concordante cláusula 15 del PCAP, como se recoge en los Antecedentes de Hecho IV, V, VI, VII y VIII de esta resolución.

En este contexto, se debe examinar el acuerdo de exclusión de 9 de diciembre de 2025, y el razonamiento ofrecido para excluir a REALAN SERVICES, S.L., al calificar la oferta que realizó como anormalmente baja, con fundamento en que aquella no podía ser ejecutada, dado que el importe ofertado implicaría remunerar a los trabajadores por debajo del SMI, infringiendo el penúltimo párrafo del artículo 149.4 de la LCSP.

Delimitado el nudo gordiano a resolver en el presente recurso especial, para darle una adecuada respuesta, se debe acudir al tenor literal del acuerdo de exclusión de 9 de diciembre de 2025 (Documento 18 del expediente administrativo), reproducido en el Antecedente de Hecho VIII de esta resolución:

«(…)

Visto que el informe descrito establece que "Realan no cumple con las especificaciones del convenio colectivo" y concluye que "la oferta presentada no es susceptible de su normal cumplimiento en los términos económicos redactados por la empresa Realan Services SL, y que se reflejan en su correspondiente proposición, considerando no favorable la justificación presentada.

Vista el acta de la Mesa de Contratación nº3, celebrada para la comprobación de la justificación de la oferta supuestamente incursa en baja temeraria en el marco de la licitación para la adjudicación del contrato de servicios de limpieza de edificios públicos e inmuebles municipales, celebrada el 4 de diciembre de 2025.

Vistas las comprobaciones realizadas por la Mesa de Contratación para asegurar que, efectivamente, la oferta planteada por Realan Services SL, tal y como está justificada por la propia empresa, no llega a cubrir los costes de los salarios establecidos en el convenio y que propone una oferta en la que se pagaría a los trabajadores por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

Visto que estas comprobaciones consisten, en primer lugar, en verificar el importe anual del Salario Mínimo Interprofesional, marcado por el Gobierno, que se fija en 16.576 €. La Mesa de Contratación toma como referencia este Salario Mínimo Interprofesional y no el del convenio del sector (convenio colectivo de trabajo del Sector de limpieza de edificios y locales. Código 46001595011981. Publicado en el BOP núm. 173, de fecha 8 de octubre de 2022) por ser éste inferior al SMI.

Visto que, posteriormente, la Mesa calcula el importe a qué saldría la hora teniendo en cuenta dicho SMI y la jornada laboral del sector que, de acuerdo con la Cláusula 12 del convenio colectivo del sector, es de 1.780 horas de trabajo efectivo, siendo la jornada semanal de 39 horas de promedio en cómputo trimestral. De esta forma: 16.576 € / 1.780 horas = 9,31 €/hora.

Visto que, sin embargo, la empresa Realan Services SL, en la página 9 del documento de su justificación, al detallar el gasto en personal, establece que los Salarios + pagas + complementos suponen un coste de 8,27 €/hora, quedando este importe por debajo del Salario Mínimo Interprofesional marcado por el Gobierno.

(…)».

Del razonamiento dado por el Órgano de contratación para acordar la exclusión de la recurrente, por no haber justificado suficientemente su oferta anormalmente baja, al entender que aquella incumple la normativa laboral, a efectos del artículo 149.4 de la LCSP, "En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201"; resulta que el mismo pivota, en que el coste salarial por hora correspondiente al gasto del personal, ofrecido y justificado por la licitadora excluida, es inferior al salario mínimo interprofesional (en adelante SMI), resultante de dividir, el importe del SMI de 16.576 euros anuales, fijado en el artículo 1 del Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2025, por el número de horas de trabajo efectivo anuales, 1780 horas, de la cláusula 12 del Convenio colectivo de trabajo del Sector de limpieza de edificios y locales (Código 46001595011981. Publicado en el BOP número 173, de fecha 8 de octubre de 2022), esto es, 9,31 euros/hora (16.576 euros/1780 horas = 9,31 euros/hora), con apoyo en el informe técnico de 28 de noviembre de 2025 y en las comprobaciones efectuadas por la mesa de contratación (Documentos 11 y 12 del expediente administrativo).

En concreto, tanto la mesa de contratación, en el acta de 4 de diciembre de 2025, (Documento 11, páginas 7 a 11), como el acuerdo de 9 de diciembre de 2025 del Órgano de contratación, aquí impugnado, teniendo presente que el grueso del coste del contrato, lo constituyen los costes salariales, atendiendo a su objeto, "la prestación del servicio de limpieza integral de los edificios e inmuebles cuyo mantenimiento sea a cargo del Ayuntamiento de Godella, como parte integrante de los trabajos que comporta este", y a la propia justificación de la oferta anormalmente baja de REALAN SERVICES, S.L., donde se indica que el coste salarial es del 70 % del gasto de personal del 82,56 % del coste base del contrato; explican y fundamentan que toman como referencia para examinar la justificación de la oferta anormalmente baja, los costes salariales ofrecidos por aquella licitadora; y alcanzan la conclusión de que no se puede garantizar su viabilidad, dado que el coste salarial "Salarios + pagas + complementos (incluye plus supervisor-cristales 900 €/año" por hora ofertado, 8,27 euros/hora, es inferior al SMI que han comprobado y calculado, que alcanza a 9,31 euros/hora, lo que determina que la recurrente al fijar en su oferta unos costes salariales de 8,27 euros/hora incumpla las obligaciones en materia laboral al respecto, al no alcanzar ese umbral mínimo de 9,31 euros/hora, cuyo cuantificación y como se alcanza la misma, también razonan.

Dicho con otros términos, el acuerdo impugnado, fundamenta la exclusión de la recurrente, en que admitir su oferta como viable implicaría remunerar a los trabajadores por debajo del SMI, lo que implica una directa infracción de las normas laborales, ex artículo 149.4 de la LCSP.

La recurrente sostiene que es erróneo acudir sólo a esa partida de los costes salariales, dado que según ella, la magnitud de comparación con el SMI debe ser el importe total del gasto de personal, que figura en la justificación de la oferta anormalmente baja de 9 de octubre de 2025 (Documento 42 del expediente administrativo, páginas 11 y 12), de donde resulta que el coste del personal total es de 11, 82 euros/horas, comprendiendo, no solo los "Salarios + pagas + complementos (incluye plus supervisor-cristales 900 €/año" que son 8,27 euros/hora, sino también las "cotizaciones SS empresa", 3,07 euros/hora, y las "sustituciones/coberturas/plueses", 0,47 euros/hora; siendo a su juicio el importe correcto comparativo con el SMI, la cuantía total del gasto de personal por hora, por los tres conceptos, 11,82 euros/hora, y no 8,27 euros/hora relativa a los Salarios + pagas + complementos (incluye plus supervisor-cristales 900 €/año".

Sin embargo, no asiste la razón a la parte recurrente, dado que, a efectos de examinar la viabilidad de la oferta anormalmente baja, no sería válida la comparativa entre el concepto gastos de personal, incluyendo no sólo los costes salariales, sino las cotizaciones a la Seguridad Social y las previsiones para sustituciones y coberturas, y el SMI, cuando esté último, conforme a los artículos 26 y 27 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 2/2015, de 23 de octubre, comprende sólo costes salariales, "la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo. (…) No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. (…)", y no incluye las cargas de la Seguridad Social, como son las cotizaciones, ni las previsiones de sustituciones o coberturas.

Admitir el razonamiento del recurrente, siempre arrojaría un importe de los gastos de personal totales (costes salariales, cotizaciones de la Seguridad Social y otros gastos de personal) superiores al SMI, reducido sólo a una partida de esos gastos de personal, los costes salariales, y haría siempre viable la oferta anormalmente baja, a efectos del cumplimiento de la normativa laboral por este extremo, como ocurriría en el presente caso, comparando el importe total del gasto de personal de 11,82 euros/hora con el SMI de 9,31 euros/hora; lo que es no es correcto, y supondría una comparación incorrecta, que , en este caso evitaría la aplicación de la previsión del penúltimo párrafo del artículo 149.4 de la LCSP, que no permite aceptar las ofertas anormalmente bajas, cuando impliquen un incumplimiento de la obligaciones en materia laboral.

De modo que cuando la mesa de contratación, y el Órgano de contratación, toman como referencia comparativa con el importe del SMI resultante de dividirlo por el número de horas de trabajo efectivo anuales, 1780 horas, de la cláusula 12 del Convenio colectivo de trabajo del Sector de limpieza de edificios y locales (Código 46001595011981. Publicado en el BOP número 173, de fecha 8 de octubre de 2022), esto es, 9,31 euros/hora (16.576 euros/1780 horas = 9,31 euros/hora), el importe de 8,27 euros por hora, circunscrito únicamente a una de las partidas del gasto de personal, los costes salariales, "Salarios + pagas + complementos (incluye plus supervisor-cristales 900 €/año", sin tomar en consideración las restantes dos partidas del gasto de personal, las "cotizaciones SS empresa", 3,07 euros/hora, y las "sustituciones/coberturas/plueses", 0,47 euros/hora; no es arbitrario, ni incurre en error, detallando y razonando, además, como alcanzan esa conclusión de que la recurrente no garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales, al prever remunerar a los trabajadores por debajo del SMI, como se ha expuesto y transcrito más arriba.

Vistos los argumentos esgrimidos a lo largo de este Fundamento Jurídico solo cabe afirmar que el acuerdo de exclusión de 9 de diciembre de 2025, con apoyo en las comprobaciones de la mesa de contratación, reflejadas en su acta de 4 de diciembre de 2025, y en el informe técnico de 28 de noviembre de 2025, fundamenta de forma suficiente y adecuada el carácter no satisfactorio de las explicaciones dadas por la recurrente incursa en baja anormal, unos costes salariales inferiores al SMI, que determinan un incumplimiento de las normas laborales, y las razones por las que se acordó su exclusión de la licitación, ex artículos 149.4 y 6 de la LCSP, y 85.2 del RD 1098/2001, y concordante cláusula 15 del PCAP, sin que los alegatos del recurso especial presentado, las desvirtúen, por lo que procede su desestimación.

Por todo lo anterior,

VISTOS los preceptos legales de aplicación,