Medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica

«3. El procedimiento de elaboración de los proyectos de ley se iniciará en la Consejería competente mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto de ley que irá acompañado por la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (en adelante MAIN), donde se recoja y unifique toda la información sobre su justificación, oportunidad y necesidad, y se realice una estimación de los impactos que en diferentes ámbitos de la realidad tendrá su aprobación. Dicha memoria se elaborará conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Administración de la Junta de Andalucía.»

«b) La iniciación del procedimiento de elaboración de un reglamento se llevará a cabo por el órgano directivo competente, previo acuerdo de la persona titular de la Consejería, mediante la elaboración del correspondiente proyecto, al que se acompañará la MAIN, donde se recoja y unifique la información sobre su justificación, oportunidad y necesidad, y se realice una estimación de los impactos que en diferentes ámbitos de la realidad tendrá su aprobación. Dicha Memoria se elaborará conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Administración de la Junta de Andalucía.»

En la tramitación del texto articulado del anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía no serán de aplicación las disposiciones relativas a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo previstas en esta Ley. A dicho anteproyecto se acompañará la documentación que disponga el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.»

La Consejería competente en materia de planificación económica informará las propuestas de estrategias y planes con contenido económico-financiero sobre su coherencia con la planificación económica general de la Junta de Andalucía.»

1. Los anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos y disposiciones reglamentarias, las propuestas de planes con contenido económico-financiero, de contratos y de convenios y cualquier otra actuación de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias y consorcios adscritos que afecte o pudiera afectar a los ingresos y gastos públicos, deberán valorar sus repercusiones y efectos sobre los ejercicios presupuestarios a los que se extienda su vigencia, y atenerse a las disponibilidades presupuestarias.

2. La Consejería competente en materia de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuestos, informará preceptivamente sobre la incidencia económico-financiera y presupuestaria de los proyectos o propuestas de actuaciones, en el plazo de diez días hábiles, en los siguientes supuestos:

a) Los anteproyectos de Ley y proyectos de Decretos Legislativos.

b) Los proyectos de disposiciones reglamentarias competencia del Consejo de Gobierno.

c) Los proyectos de disposiciones reglamentarias competencia de las personas titulares de las Consejerías. Se exceptúan las bases reguladoras de subvenciones financiadas con Fondos Europeos que sean informadas por la Dirección General de Fondos Europeos, conforme a la normativa de aplicación correspondiente, siempre que su financiación se realice exclusivamente con cargo a dicha fuente de financiación.

d) Las propuestas de planes o estrategias con contenido económico-financiero. En particular, no tendrán esta consideración los acuerdos del Consejo de Gobierno mediante los que se insta o aprueba la formulación de planes o estrategias; así como los textos ya formulados en aquellos casos en los que estos contengan un epígrafe específico en el que se haga constar expresamente que no presentan incidencia económica-financiera y presupuestaria.

e) La propuesta de resolución de las convocatorias para acogerse al régimen de conciertos educativos y la renovación de estos; los proyectos de conciertos sociales y convenios o conciertos sanitarios y la modificación de los mismos; y la propuesta de contratos de concesión de servicios en los ámbitos sanitarios y sociales que no sean informados por la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera. En estos supuestos se emitirá un informe unificado de carácter anual, siempre que la incidencia económica-financiera y presupuestaria de cada una de ellas sea cuantificable individualmente.

Si en el transcurso del año, una vez emitido el informe unificado, se solicita informe para un concierto o contrato de concesión de servicios, se informará este en coherencia con el informe unificado emitido y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes.

f) Los demás proyectos o propuestas de acuerdos, de convenios y de cualquier compromiso que adquieran la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias y consorcios adscritos que tengan o pudieran tener incidencia económico-financiera sobre futuros ejercicios presupuestarios, siempre que no consten en el expediente administrativo documentos contables de imputación a créditos presupuestarios por las autorizaciones o compromisos de gastos del ejercicio corriente o futuros. En especial se excluyen, dada la existencia de documentos contables para las autorizaciones o compromisos de gastos, todos aquellos derivados de convenios; contratos públicos o privados; encargos de ejecución a medios propios; gastos derivados de la aplicación de los mecanismos de financiación de las entidades del sector público andaluz con cargo a aportaciones del Presupuesto de la Comunidad Autónoma; subvenciones excepcionales; y las convocatorias de subvenciones y ayudas públicas, salvo las tramitadas con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

3. El órgano administrativo correspondiente valorará el impacto económico-financiero y presupuestario en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en el caso de anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos y de disposiciones reglamentarias, o en una memoria económica cuando se trate de propuestas de planes o estrategias con contenido económico-financiero y para cualquier otra actuación que requiera informe de acuerdo con los párrafos e) y f) anteriores. Dichas memorias pondrán de manifiesto al menos, una estimación de su incidencia sobre los ingresos y gastos públicos, valorando sus repercusiones y efectos sobre los ejercicios presupuestarios a los que se extienda su vigencia, con referencia a las disponibilidades presupuestarias.

Las memorias serán elaboradas conforme a la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo y remitidas por el órgano administrativo designado por cada Consejería, agencia o consorcio adscrito a la Dirección General de Presupuestos.

4. Analizada por la Dirección General de Presupuestos la memoria, si de ella se desprende que el proyecto o propuesta no tiene incidencia económica o que teniéndola está dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes tanto en el ejercicio corriente como en ejercicios futuros, se emitirá informe simplificado en el plazo de cinco días hábiles, que se limitará a constatar la ausencia de incidencia económica o la existencia de disponibilidad presupuestaria.

5. En todo caso, el plazo de emisión del informe quedará interrumpido cuando por la Dirección General de Presupuestos se solicite subsanación de deficiencias, ampliación de la información o aportación de documentos necesarios para emitir el mismo. De no atenderse a la subsanación o ampliación en el plazo de tres meses, se entenderá que el órgano proponente desiste de la petición de dicho informe.

6. Se habilita con carácter excepcional a la Consejería competente en materia de Hacienda, a través de Resolución dictada por la Dirección General de Presupuestos, a excluir de informe por su escaso impacto económico o cualquier otra circunstancia debidamente motivada, actuaciones contempladas en el apartado 2. Asimismo, se autoriza a la Dirección General de Presupuestos a dictar instrucciones en ejecución de lo previsto en la presente norma.»

«2. Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género. A tal fin, en el proceso de tramitación de los proyectos de ley, de decretos legislativos y disposiciones reglamentarias, deberá emitirse por parte de quien reglamentariamente corresponda, un informe de evaluación del impacto de género del contenido de estas, que quedará integrado en el impacto por razón de género incluido en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (en adelante MAIN).»

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía será un elemento activo en la consecución de forma efectiva del objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres; a tal fin, la Consejería competente en materia de presupuestos, en coordinación con el conjunto de las Consejerías, con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, emitirá el informe de evaluación de impacto de género sobre el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio.»

«1. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará y prestará apoyo y asesoramiento para la elaboración de los planes de igualdad en las empresas privadas que no estén obligadas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El contenido mínimo de los planes de igualdad se ajustará a lo dispuesto en la normativa estatal básica sobre la materia.»

«5. Los planes de igualdad serán objeto de inscripción obligatoria en registro público conforme a lo dispuesto en la normativa estatal sobre la materia.»

«Artículo 31. Empleo en el sector público andaluz.

3. Las ofertas públicas de empleo de la Administración de la Junta de Andalucía deberán ir acompañadas de la evaluación del impacto por razón de género que se incluirá en la MAIN.»

Todos los proyectos de ley y demás disposiciones de carácter reglamentario que apruebe el Consejo de Gobierno y las demás disposiciones generales dictadas en desarrollo de las anteriores deberán tener en cuenta, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género y del respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, según la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, y su concreción en el resto de la normativa internacional, así como en la estatal y la autonómica que son aplicables en materia de menores. A tal fin, en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo se incluirá el informe de evaluación del impacto por razón de género y de evaluación de enfoque de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia sobre el contenido de estas.»

«2. Con carácter preceptivo, el informe de evaluación del impacto de género acompañará al acuerdo de iniciación del procedimiento de elaboración de la disposición, formando parte de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.»

El centro directivo competente para la emisión de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en la que se incluye la evaluación del impacto por razón de género la remitirá al Instituto Andaluz de la Mujer junto con las observaciones de la Unidad de igualdad de género de la Consejería y el proyecto de disposición, acreditándolo en el respectivo expediente, antes de su envío a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras o, en caso de proyectos de disposiciones en las que no sea necesario dicho trámite, antes de su aprobación.»

«d) La Memoria de Análisis de Impacto Normativo, así como cualquier otro informe que conforme los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de la publicidad de estos.»

«2. Sus funciones son las siguientes:

a) Informar los Planes de Calidad y Simplificación Normativa, previamente a su aprobación, y conocer los informes de evaluación de su ejecución con anterioridad a su publicación.

b) Informar las iniciativas en materia de simplificación, modernización y racionalización administrativa, agilización de procedimientos, reducción de cargas y métodos de trabajo y transformación digital que se sometan a su consideración por las Consejerías que las impulsen.

c) Informar los planes estratégicos de consolidación de infraestructuras informáticas y de implantación de un modelo centralizado de dichas infraestructuras.

d) Realizar propuestas en las materias de su competencia.

e) Acordar las propuestas de racionalización de órganos que plantee el órgano directivo responsable de la coordinación y seguimiento del Registro Electrónico de Órganos Colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía. Así mismo aprobará el informe bienal que elaborará dicho órgano directivo en relación a la evaluación y, en su caso, propuesta de supresión por el cumplimiento de pérdida sobrevenida o de unificación o reordenación por la existencia de funciones y atribuciones duplicadas o susceptibles de agruparse.

f) Informar, y en su caso proponer, el desarrollo no programado de proyectos de simplificación y transformación digital concretos cuando la urgencia de la situación así lo aconseje.

g) Coordinar la relación con la ciudadanía en la Administración de la Junta de Andalucía.

h) Impulsar e implantar actuaciones de utilización de medios electrónicos a la gestión administrativa en el marco de la transformación digital de la Junta de Andalucía, desarrollando servicios digitales, accesibles, eficientes, seguros y fiables que proporcionen servicios públicos digitales más inclusivos, eficientes, personalizados, proactivos y de calidad para la ciudadanía.

i) Acordar el desarrollo de medidas de ejecución e impulso en materia de protección de datos.

j) Promover actuaciones de formación del personal empleado público y de difusión y sensibilización entre la ciudadanía.

k) Informar la creación de comisiones interdepartamentales de coordinación de la actuación administrativa en asuntos de ámbito concreto y específico que afecten a varias Consejerías.

l) Promover la formación permanente y específica de los empleados públicos en materia de simplificación administrativa en su triple vertiente: normativa, organizativa y procedimental.

m) Aquellas otras que puedan serle encomendadas por otras disposiciones.

3. La Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa estará adscrita a la Secretaría General con competencias en materia de administración pública y tendrá la siguiente composición:

a) Presidencia: La persona titular de la Viceconsejería con competencias en materia de administración pública.

b) Vicepresidencia primera: la persona titular de la Viceconsejería con competencias en materia de administración Periférica.

c) Vicepresidencia segunda: la persona titular de la Secretaría General con competencias en materia de administración pública.

d) Vicepresidencia tercera: la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Digital de Andalucía.

e) Vocalías, integradas por las siguientes personas:

1. La persona titular del órgano directivo con competencias en materia de Estrategia Digital de la Agencia Digital de Andalucía.

2. La persona titular del órgano directivo central con competencias en materia de administración periférica.

3. La persona titular de la jefatura de la Inspección General de Servicios.

4. Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías.»

«2. Son criterios de simplificación y agilización de los procedimientos:

a) La unificación o eliminación de procedimientos.

b) La reducción de los términos y plazos en la medida que sea posible, manteniendo todas las garantías necesarias.

c) La supresión, acumulación o simplificación de trámites que no aporten valor añadido o que supongan dilaciones del procedimiento, siempre que no afecten a las garantías de las personas interesadas ni de la transparencia de la actividad administrativa.

d) La proactividad por parte del órgano responsable del procedimiento.

e) El establecimiento de modelos de declaración, memorias o test de conformidad que faciliten la elaboración de informes preceptivos.

f) La extensión y potenciación de los procedimientos de respuesta inmediata o resolución automatizada para el reconocimiento inicial de un derecho o facultad, así como para su renovación o continuidad de su ejercicio; este criterio se aplicará especialmente a los procedimientos y servicios en que se resuelven las pretensiones y demandas de la ciudadanía tras un único contacto con la Administración o en un tiempo muy breve.

g) La agilización de las comunicaciones, especialmente potenciando la transformación digital de la Administración y fomentando la relación electrónica con los ciudadanos, garantizando, en todo caso, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deberán reunir los dispositivos y servicios electrónicos para las personas con algún tipo de discapacidad y para las personas mayores, en igualdad de condiciones, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, reduciendo la brecha digital y garantizando atención a aquellas personas para las que no resulte posible la comunicación electrónica.

h) La desconcentración de competencias en órganos jerárquicamente dependientes.

i) La orientación a la ciudadanía.

j) Programación temporal del desarrollo de los procedimientos, considerando el impacto de las incidencias administrativas o generadas por los interesados en los mismos.»

«3. Son criterios de reducción de cargas y simplificación documental:

a) La supresión de cargas administrativas que no sean imprescindibles para la resolución del procedimiento, eliminando requisitos no exigidos por la normativa vigente, valorando su adecuación y reduciendo la frecuencia de su aportación.

b) La supresión o reducción de la documentación requerida a las personas interesadas y su posible sustitución por transmisiones de datos o la presentación de declaraciones responsables.

c) La valoración del momento idóneo para la aportación de la documentación requerida a las personas interesadas, promoviendo siempre que sea posible, su aportación en el trámite de audiencia anterior a la formulación de la propuesta de resolución.

d) El fomento de las declaraciones responsables y comunicaciones, reduciendo la aportación de datos, documentos y requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad.

e) La agrupación documental, incorporando en un único documento las manifestaciones que, en forma de declaraciones, certificaciones o actuaciones de similar naturaleza, haya de hacer una misma persona en un mismo trámite, o en varios si la gestión del procedimiento lo permite.

f) La normalización documental, fundamentalmente de los formularios de solicitud, declaraciones responsables, comunicaciones, certificaciones y documentos de análogo carácter, diseñando modelos que faciliten y agilicen su cumplimentación, con los datos mínimos necesarios para identificar a la persona interesada y facilitando, cuando sea posible, su cumplimentación anticipada. Los documentos e impresos deberán estar en todo caso disponibles en formato electrónico accesible.

g) Revisión de la necesidad de informes preceptivos y potestativos.

h) Revisión de la necesidad de informes de carácter preceptivo y, en la medida que sea posible, la sustitución de informes preceptivos por potestativos, manteniendo todas las garantías necesarias.

i) Revisión de la necesidad de determinados registros y, en caso de serlo, posibilidad de inscripción de oficio y de vigencia indefinida de la inscripción.

j) Mejora de la información sobre requisitos, documentación y procedimientos, cumpliendo las obligaciones generales de transparencia y las específicas que establece la normativa de aplicación.»

«5. Los órganos y entidades del sector público que promuevan iniciativas de simplificación administrativa deberán remitirlas a la Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa para su conocimiento.»

1. A efectos de mejorar la calidad normativa, se implementará de forma gradual un proceso de evaluación de impacto normativo, conforme a los siguientes principios:

a) Principio de necesidad, que implica la obligatoriedad de identificar y definir la problemática que requiere la intervención normativa e identificar los objetivos perseguidos por la nueva regulación.

b) Principio de proporcionalidad, cuya aplicación permite la identificación de los impactos previstos y la determinación de las opciones más adecuadas para conseguir los objetivos definidos.

c) Principio de transparencia, que permite el acceso de la ciudadanía al procedimiento de elaboración de las normas, posibilitando su participación.

d) Principio de coherencia de la nueva regulación con el resto de las actuaciones y objetivos de las políticas públicas.

e) Principio de accesibilidad, que implica que la norma sea clara, comprensible y conocida por sus destinatarios.

f) Principio de responsabilidad, que supone la determinación de los órganos responsables de la ejecución y del control de las medidas incluidas en la norma.

2. El proceso de evaluación de impacto normativo incorporará la metodología adecuada que permita la comparación objetiva y cuantificada de las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones posibles para solucionar el problema que la norma pretende resolver.»

1. La Memoria de Análisis de Impacto Normativo (en adelante MAIN) es el documento en el que se recoge y unifica toda la información que se acompaña, como trámite preceptivo, a los anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos y proyectos de disposiciones reglamentarias, justificando su oportunidad y necesidad y realizando una estimación de los impactos que en diferentes ámbitos de la realidad tendrá su aprobación.

2. En el caso de que el proyecto normativo tenga impacto de carácter económico, presupuestario, social, sobre cargas administrativas o cualquier otro impacto establecido en el artículo 7 bis, el órgano directivo competente para impulsar la norma elaborará la memoria con el contenido que se establece en el citado artículo.

3. En el caso de que por el órgano directivo competente para impulsar la norma se aprecie que el proyecto no tiene un impacto relevante de carácter económico, presupuestario, social, sobre cargas administrativas o cualquier otro, o que los impactos en dichos ámbitos no son significativos, se elaborará por éste una Memoria Abreviada, con el contenido establecido en el artículo 7 ter.»

1. Los procedimientos de aprobación de los anteproyectos de ley, decretos legislativos y disposiciones reglamentarias incorporarán una MAIN que deberá contener los siguientes apartados:

a) Oportunidad de la propuesta de norma, que en todo caso incluirá:

1.º La identificación clara de los fines y objetivos perseguidos.

2.º Alternativas de regulación estudiadas, lo que deberá incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulación.

3.º Justificación de su adecuación a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, en particular, a los principios de necesidad y eficiencia, justificando la razón de interés general en la que se funda, y que es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. También deberá contener una explicación de su adecuación al principio de proporcionalidad, de forma que la iniciativa contenga la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

b) Contenido y análisis jurídico, que incluirá los siguientes extremos:

1.º Referencia al Derecho nacional, si tiene carácter de normativa básica, al derecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía y al de la Unión Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas autonómicas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de esta.

2.º Régimen de distribución de competencias.

3.º Justificación sobre el rango del proyecto normativo y su incardinación con el resto del ordenamiento jurídico.

4.º Cuando se regule un procedimiento administrativo, se expondrán los factores tenidos en cuenta para fijar su plazo máximo de duración, así como una previsión de su impacto organizativo y de los recursos de personal para su óptima gestión. El análisis del procedimiento administrativo deberá contener los criterios empleados en el diseño funcional del mismo, a fin de someterlos a un cribado de técnicas de simplificación, evaluación de cargas administrativas, de factibilidad de su digitalización y automatización, y a la evaluación sobre el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Administración electrónica. Asimismo, deberá incorporar, en la memoria o de forma independiente, el código de identificación del nuevo procedimiento.

Cuando se modifiquen preceptos relativos a procedimientos administrativos ya existentes, se debe llevar a cabo un estudio relativo al análisis y diagnóstico de los procedimientos y su posible rediseño. Dicho estudio formará parte, en su caso de la memoria. Asimismo, cuando se adicionen nuevos trámites en los procedimientos o la obligación de aportar nuevos documentos, se justificará que son eficaces, proporcionados y necesarios para la consecución de los fines propios del procedimiento. En ambos supuestos se analizará los efectos que dicha modificación tiene sobre el plazo de duración del procedimiento y la previsión del impacto organizativo y de recursos de personal para su óptima gestión.

5.º Cuando mediante anteproyecto de ley o proyecto de decreto legislativo se establezca que el silencio tendrá efecto desestimatorio, se expondrá específicamente la razón de interés general que lo justifica, en los supuestos en los que el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio.

6.º Cuando se trate de la creación de nuevos órganos, la acreditación de la no coincidencia de sus funciones y atribuciones con la de otros órganos existentes.

c) Impacto económico-financiero y presupuestario.

1.º El impacto económico evaluará las consecuencias de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la competencia, así como sobre la unidad de mercado, de conformidad con lo establecido en la Guía de Análisis de Impacto Normativo.

En su caso, se evaluará así mismo los impactos sobre las pequeñas y medianas empresas mediante la consideración de las peculiaridades de estas a través del uso de instrumentos de análisis de las diferentes repercusiones que puede generar la aprobación de la norma.

2.º El impacto económico-financiero y presupuestario comprenderá, al menos, una estimación de su incidencia sobre los ingresos y gastos públicos, valorando sus repercusiones y efectos sobre los ejercicios presupuestarios a los que se extienda su vigencia, con referencia a las disponibilidades presupuestarias.

d) Evaluación de las cargas administrativas que conlleva la propuesta, justificando su necesidad y el coste de su cumplimiento para los obligados a soportarlas, con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. En todo caso la iniciativa normativa evitará la imposición de cargas innecesarias y accesorias y racionalizará en su aplicación la gestión de los recursos públicos.

e) Impacto por razón de género, en la infancia y adolescencia y en la familia. El impacto de género analizará y valorará los resultados que se puedan derivar de la aprobación del proyecto desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. A estos efectos las Unidades de Igualdad de Género existentes prestarán asesoramiento al centro directivo que impulse la norma.

Asimismo, se realizará un análisis de los impactos en la infancia y adolescencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor; y en la familia, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas y el artículo 139.1 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

f) Medios electrónicos. Se incorporará un apartado en materia de medios electrónicos en los siguientes casos:

1.º El proyecto regula un procedimiento administrativo.

2.º El proyecto guarda relación directa con las tecnologías de la información y la comunicación.

3.º El proyecto requiere de manera relevante de dichas tecnologías para llevarse a cabo.

Este apartado, así como el correspondiente contenido sobre impacto presupuestario en el ámbito TIC, lo elaborará la Agencia Digital de Andalucía cuando a ésta le corresponda la definición y ejecución de los medios electrónicos, en virtud del ámbito en el cual la Agencia ejerce el desempeño de sus fines dispuestos en el párrafo a) del apartado 1 de la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021.

En el supuesto de que el proyecto regule un procedimiento administrativo, la Agencia Digital de Andalucía elaborará un modelo tipo a partir del protocolo de telematización de los procedimientos y herramientas informáticas de asistencia y ayuda que se elaborará por parte de todos los centros directivos competentes. Dicho modelo contendrá previsiones en materia de gestión electrónica del procedimiento y de cumplimiento de los requisitos relacionados con medios electrónicos derivados de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de este Decreto, y demás normativa de aplicación, así como, en su caso, la publicación automatizada de información en la sección de transparencia del Portal de la Junta de Andalucía y en el catálogo de datos abiertos.

g) Evaluación de otros impactos que sean necesarios por razón de la materia objeto del proyecto, prestando especial atención al impacto de carácter ambiental y al impacto social. Asimismo, se realizará un análisis sobre el coste-beneficio con carácter potestativo y, en todo caso, cuando una norma específica o sectorial así lo exija. Este análisis consistirá en un resumen de todos los costes y beneficios de la norma, tanto directos como indirectos, debiendo quedar acreditado que los beneficios esperados compensan o superan los costes derivados del proyecto y justifican la aprobación del mismo.

h) Resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública previa. En el caso de prescindirse de este trámite de consulta pública previa, deberá justificarse la concurrencia de alguna o varias razones, debidamente motivadas, previstas en el artículo 133.4 primer párrafo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 28.2 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía.

i) Descripción de la tramitación, motivación sobre el alcance del trámite de audiencia y petición de informes y dictámenes, con referencia a resúmenes de las principales aportaciones recibidas en el trámite de audiencia y de información pública, y en los informes y dictámenes preceptivos y facultativos evacuados. En todo caso, dicha descripción contendrá el resultado y el reflejo de aquéllas en el texto del proyecto, así como, en su caso, las razones por las que se prescindió de aquellas o la justificación de la tramitación de urgencia, cuando proceda. En el caso de que se acuerde la tramitación urgente del procedimiento, en la Memoria se mencionará la existencia dicho acuerdo, así como las circunstancias que le sirven de fundamento conforme a lo previsto en el artículo 45 bis de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

j) Impacto en la protección de datos personales.

k) Evaluación ex post, indicando la sistemática que se va a utilizar en la evaluación de los resultados de la aplicación de la norma y la entidad u órgano que se considera idóneo para llevarla a cabo.

2. El órgano directivo competente para la realización de la Memoria, actualizará el contenido de ésta con las novedades significativas que se produzcan a lo largo del procedimiento de elaboración normativa. En especial, se actualizará el apartado relativo a la descripción de la tramitación y petición de informes, que comprenderá la valoración de las observaciones y alegaciones formuladas a lo largo de todo el procedimiento.

3. Para la realización y estructuración de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo se atenderá a las indicaciones contenidas en la Guía Metodológica que se aprobará mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno. En todo caso, se incluirá al principio de la Memoria una ficha con el resumen ejecutivo de la misma, conforme a lo establecido en la Guía Metodológica.»

1. La Memoria Abreviada deberá incluir, al menos, los siguientes apartados:

a) Oportunidad de la norma.

b) Régimen de distribución de competencias.

c) En su caso, listado de las normas que quedan derogadas.

d) Impacto económico-financiero y presupuestario.

e) Impacto por razón de género, en la infancia y adolescencia y en la familia.

f) Medios electrónicos.

g) Descripción de la tramitación y consultas realizadas que comprenderá lo dispuesto en el apartado 1.i) del artículo 7 bis.

2. La Guía Metodológica incluirá indicaciones del contenido preciso de la Memoria Abreviada.

3. El órgano directivo competente deberá justificar oportunamente en la propia Memoria los motivos de su elaboración como abreviada.»

1. El órgano directivo central con competencias en materia de organización de los servicios públicos y simplificación administrativa informará, con carácter preceptivo y no vinculante, los anteproyectos de ley y las disposiciones reglamentarias y previamente a su aprobación, en lo relativo a organización y procedimientos administrativos, así como lo establecido en el 7 bis 1.b) 4.º a 6.º y 1.d). No será necesario el informe en los supuestos de delegación de competencias.

A estos efectos se comprobará, en materia de organización, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, para que en ningún caso se puedan crear nuevos órganos sin que en el expediente de su creación quede acreditado que sus funciones y atribuciones les corresponden como propias, por no coincidir con las de otros órganos existentes, debiendo preverse expresamente en los supuestos en que concurra dicha coincidencia la supresión o disminución de competencias del órgano o unidad administrativa afectados. En materia de procedimientos administrativos se comprobará su simplificación y agilización, y la reducción de cargas administrativas, llevando a cabo un análisis del cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 6.

2. El órgano competente en materia de impulso, coordinación y seguimiento de las actuaciones encaminadas a la consecución de la mejora de la calidad normativa informará, con carácter preceptivo y no vinculante, los anteproyectos de ley, decretos legislativos y demás disposiciones reglamentarias, previamente a su aprobación, en lo relativo al cumplimiento del contenido de la MAIN establecido en los artículos 7 bis y 7 ter, con excepción de lo recogido en el apartado 1 de este artículo. En la emisión del informe se comprobará el cumplimiento de los principios del artículo 6 bis en relación con la evaluación de impacto normativo a efectos de mejorar la calidad normativa.

3. Los informes previstos en los dos apartados anteriores serán solicitados simultáneamente por la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería que promueve la norma, remitiendo la memoria a que alude el artículo 7 junto con el proyecto de disposición. La solicitud de informe referida en el apartado 1 irá acompañada, en su caso, de la propuesta de formularios del procedimiento para su normalización y correspondiente inscripción en el Registro de Procedimientos y Servicios, en los términos previstos en el artículo 12.11 de este decreto.

4. Podrán integrarse en un único documento los informes recogidos en este artículo.

5. El plazo de emisión de los informes quedará interrumpido cuando se solicite la subsanación de deficiencias o ampliación de información.»

«La Consejería competente en materia de impulso, coordinación y el seguimiento de las actuaciones encaminadas a la consecución de la mejora de la calidad normativa pública elaborará cada dos años, el Plan de Calidad y Simplificación Normativa, correspondiendo su aprobación al Consejo de Gobierno mediante acuerdo. Este plan tendrá como objetivo la revisión, simplificación y, en su caso, consolidación normativa de las disposiciones vigentes en el Derecho propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.»

«4. Con el objetivo de mejorar la calidad normativa se implementarán metodologías adecuadas que permitan la evaluación de impacto normativo mediante técnicas de comparación objetiva y cuantificada.»

«4. A fin de garantizar el cumplimiento de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si los datos o documentos que deban constar en el procedimiento ya obran en poder de alguna Administración Pública y están accesibles a través de los servicios y sistemas habilitados al efecto, los formularios podrán incluir la posibilidad de que las personas interesadas manifiesten su oposición expresa a que, los órganos responsables de los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía puedan acceder a los servicios de consulta y de verificación.»

«2. La Administración de la Junta de Andalucía puede crear sedes electrónicas de los siguientes tipos:

a) Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía.

b) Sedes electrónicas derivadas.

c) Sedes electrónicas compartidas.

3. La creación de sedes electrónicas tendrá lugar mediante orden de las Consejerías competentes en materia de administración pública y transformación digital y conforme a lo previsto en los artículos 19 y 20. La orden de creación establecerá:

a) La Consejería, agencia o consorcio titular de la sede y de la integridad, veracidad y actualización de la información y de los servicios que se presten mediante la misma.

b) La dirección electrónica en la que será accesible.

c) El ámbito de aplicación de la sede.

d) Los contenidos y servicios que se prestarán mediante la misma.»

«3. La titularidad de la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía. Su mantenimiento y evolución tecnológica corresponde a la Agencia Digital de Andalucía. Su gestión y supervisión de contenidos de carácter general corresponde a la Consejería competente en materia de administración pública. Cada Consejería, agencia o consorcio, en su caso, será responsable, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con las materias de que se trate, de los datos, documentos, informaciones, contenidos y servicios accesibles en la Sede electrónica general.»

1. Atendiendo a los principios de eficacia y eficiencia en la prestación de servicios, y conforme a criterios de especialización, mediante orden conjunta de las Consejerías competentes en materia de administración pública y transformación digital se podrán crear sedes derivadas de la sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, las cuales deberán resultar accesibles desde ésta última, sin perjuicio de que sea posible el acceso electrónico directo a las mismas.

2. Mediante convenios de colaboración se podrán crear sedes electrónicas compartidas por la Administración de la Junta de Andalucía y otras Administraciones Públicas. Por parte de la Administración de la Junta de Andalucía estos convenios serán suscritos por las Consejerías competentes en materia de administración pública y transformación digital, y serán publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las sedes electrónicas compartidas tendrán el contenido que se determine en su instrumento de creación.»

«1. La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas adecuadas para avanzar en la digitalización de la gestión de los servicios públicos, mediante la implantación progresiva de medios electrónicos en la gestión de su actividad administrativa, en las comunicaciones, relaciones, trámites y prestaciones de servicios con la ciudadanía, así como en sus comunicaciones internas y servicios al empleado público, de forma que se garantice el funcionamiento íntegramente electrónico.

A tal fin, con objeto de impulsar la modernización de los procesos y para lograr la prestación de servicios públicos de calidad centrados en las personas, promoverá una gobernanza inteligente del dato.»

1. Para hacer efectivo el derecho reconocido previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Plataforma de Intermediación de datos de la Administración de la Junta de Andalucía es la herramienta corporativa de la Administración autonómica mediante la que se podrán consultar o verificar determinados datos y documentos de los ciudadanos sin perjuicio de otros sistemas electrónicos habilitados al efecto de carácter sectorial.

2. La consulta de los datos o documentos en la plataforma será realizada, previa autorización legal o consentimiento expreso del interesado en los términos establecidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y normativa de desarrollo, por los empleados públicos de la Administración autonómica en aquellos procedimientos para los que estén expresamente habilitados. La información obtenida de las consultas realizadas se utilizará, exclusivamente, para la finalidad con que fue recabada.

3. Los documentos o datos de carácter personal a consultar o verificar en la plataforma provendrán tanto de registros o ficheros automatizados de la propia Administración de la Junta de Andalucía, como de aquellos que se encuentren disponibles mediante el intercambio electrónico en entornos cerrados de comunicación con otras administraciones públicas en los términos de los convenios de colaboración que resulten de aplicación.

4. Las autorizaciones para el acceso a los servicios proporcionados por la plataforma serán concedidas por el órgano responsable del mantenimiento del Registro de Procedimientos y Servicios mediante el acto de inscripción en dicho Registro, que estará, asimismo, facultado para las actuaciones de control y supervisión que procedan con el fin de verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y de las condiciones normativas o convencionales que resulten de aplicación.»

«a) Tablones de edictos electrónicos, en la sede electrónica que corresponda, con la advertencia de cuál es la fecha de eficacia de la actuación.»

1. Los organismos, órganos y entidades de la Administración autonómica, cuando ejerzan competencias administrativas, podrán realizar comprobaciones o verificaciones automatizadas de las informaciones que precisen para la gestión de los trámites de su competencia.

2. La comprobación o verificación automatizada requerirá la identificación de la información en el diseño y rediseño funcional de los procedimientos, trámites y servicios, y se realizará sin necesidad de intervención directa de una persona empleada pública en la gestión de los expedientes sin otras dilaciones que las que, en su caso, pudieran derivarse de la disponibilidad y continuidad de las plataformas o sistemas que la soporten, todo ello sin perjuicio de la necesaria supervisión y control por empleado público del proceso.

3. Las previsiones contenidas en este precepto se llevarán a cabo con respeto a la normativa de protección de datos de carácter personal; así como el acceso a los datos de carácter reservado se hará conforme a lo establecido por la normativa básica estatal o de la Unión Europea.»

1. Bienalmente la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía evaluará el cumplimiento de los instrumentos de análisis ex ante y ex post previstos para la mejora de la calidad regulatoria y a la aplicación de los principios de sostenibilidad y buena regulación.

2. En la emisión del informe se comprobará que el informe ex ante emitido por el órgano directivo central con competencias en materia de organización de los servicios públicos y simplificación administrativa a que hace referencia el artículo 8 de este decreto contiene recomendaciones claras y basadas en evidencias. Así mismo comprobará que por parte de los distintos órganos directivos, estas recomendaciones se han considerado o incorporado al expediente los motivos por los que no sean necesario para garantizar la calidad de la elaboración de la norma.»

«g) Promover una gobernanza inteligente del dato que proporcione conocimiento e información de valor en la prestación de servicios públicos de calidad centrados en las personas y en la gestión e intercambio transparente de datos, donde la información se utilice eficientemente para diseñar políticas públicas alineadas con la realidad social, económica y territorial de Andalucía.»

Con el fin de coordinar, racionalizar y homogeneizar la relación por medios presenciales de la ciudadanía con la Administración, las Oficinas de asistencia en materia de registros de la Junta de Andalucía se constituyen como unidades de servicios comunes, adscritas a la Consejería competente en materia de Administración Pública.

La relación de Oficinas de asistencia en materia de registros estará publicada en la Sede Electrónica General de la Junta de Andalucía y todas ellas formarán una Red.»

1. Con objeto de estimular la actitud proactiva de los órganos y entidades del sector público de la Junta de Andalucía en el desarrollo de iniciativas para la simplificación administrativa, la Comisión Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa, elaborará un Catálogo de Buenas Prácticas. Dicho catalogo deberá ser revisado, al menos cada dos años.

2. Podrá así mismo otorgar premios y menciones a aquellas iniciativas especialmente relevantes por su carácter innovador y sus efectos positivos para la simplificación administrativa.»

Mediante Orden de la Consejería con competencias en materia de calidad normativa se definirán las metodologías a las que se hace referencia en el artículo 9.4 de este decreto.»

«1. A la entrada en vigor de este decreto continuará en funcionamiento la sede electrónica regulada en el Decreto 188/2018, de 9 de octubre, de ordenación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dicha sede pasará a tener la consideración de sede electrónica derivada de la sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía una vez creada dicha sede.»

«c) Sistema de firma basado en la consignación del número de NIF/NIE, el IDESP/IXEPS y la fecha de caducidad, de las personas que componen una unidad familiar, para manifestar oposición expresa o consentimiento expreso, según lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 42 de este Decreto.

d) Sistema de firma basado en la tarjeta electrónica del profesorado en Andalucía y personal de centros docentes, para los trámites y actuaciones que dicho personal realice en el ámbito de la Administración Educativa de Andalucía.

e) Sistema de firma basado en intercambio de claves a través de mensajes SMS para las personas de la comunidad educativa andaluza.»

1. La celebración de contratos de suministro y de servicios relativos a las TIC, tanto de carácter particular como general, requerirá informe favorable de la Agencia Digital de Andalucía, estando exceptuados los contratos menores. Estarán igualmente sometidas a informe de este órgano las propuestas de prórrogas de los contratos citados y las propuestas de modificaciones de los mismos en el caso de que dicha modificación suponga un coste superior al 20% de su importe inicial, o bien que tengan carácter sustancial o supongan una alteración del contenido técnico del contrato.

La Agencia Digital de Andalucía deberá emitir informe vinculante a la Dirección General competente en materia de Contratación en relación con los bienes y servicios informáticos que han de ser declarados de necesaria uniformidad, así como informe técnico previsto en el artículo 3.a).

Asimismo, le corresponde a la Agencia Digital de Andalucía emitir informe favorable necesario para la contratación de bienes y servicios informáticos que, habiendo sido declarados de necesaria uniformidad, se pretendan contratar al margen de la homologación, ya sea por no estar homologados, o porque la peculiaridad de la necesidad a satisfacer determine que hayan de contratarse fuera del Catálogo de Bienes y Servicios Homologados, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1.d) del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados.

2. Los citados informes se entenderán emitidos en sentido favorable de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Para los contratos financiados con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, si transcurrido el plazo de diez días hábiles no se hubiese emitido informe expreso.

b) Para el resto de los contratos, si transcurrido el plazo de veinte días hábiles no se hubiese emitido informe expreso.

Los plazos anteriores se contarán a partir de la fecha de recepción de la solicitud de los informes.

En todos los supuestos anteriores el importe fijado incluirá el Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con el artículo 102.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

3. El informe favorable de la Agencia Digital de Andalucía requerido en el apartado 1 de este artículo para los distintos supuestos de contratación de bienes y servicios informáticos, deberá emitirse antes del inicio del expediente de contratación y, en todo caso, antes de la fiscalización previa del gasto, y formará parte de dicho expediente.

4. A efectos de la emisión del citado informe, deberá aportarse la siguiente documentación que forma parte del expediente de contratación:

a) Memoria justificativa.

b) Proyecto de Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Proyecto de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Documentos técnicos que avalen las decisiones directivas, funcionales, técnicas y tecnológicas que figuran en los Pliegos de referencia.

5. La Agencia Digital de Andalucía podrá recabar, antes de la emisión del informe, la información o documentación que considere necesaria para la correcta comprensión y determinación del alcance funcional o tecnológico del proyecto a informar.

6. Todas las solicitudes de informes deberán ser canalizadas a través de los órganos directivos que tengan las competencias en materia TIC, que serán los encargados de solicitar los informes y a quienes se les comunicará el sentido de los mismos.

7. El plazo de validez de los informes será de doce meses. Si no se realizara la adjudicación del contrato antes del vencimiento de dicho plazo, deberá solicitarse nuevo informe.

8. El proceso de gestión para la emisión de los informes por medios electrónicos, se llevará a cabo a través de la plataforma INFOCOR actualmente implantada o aquella que la sustituya, en su caso, con objeto de facilitar el intercambio de información y la racionalización de los procedimientos administrativos y electrónicos a observar.

9. Para los contratos menores y para la contratación de bienes y servicios informáticos homologados una vez seleccionados, el informe se sustituirá por una comunicación a la Agencia Digital de Andalucía, que se realizará, en todo caso, antes de la fiscalización previa del gasto. A esta comunicación le será de aplicación lo establecido en el apartado 6 del presente artículo. En los contratos menores deberá aportarse la memoria justificativa de la contratación, así como la documentación técnica que dé soporte a la misma.»

«6. En su condición de encargado del tratamiento de datos personales, la Agencia Digital de Andalucía está autorizada, de manera general, a realizar las actividades de tratamiento necesarias para el desempeño de sus funciones y competencias, conforme al párrafo f) del artículo 6.3 de sus Estatutos, aprobados por el presente Decreto 128/2021, de 30 de marzo, y contribuir a garantizar que el responsable del tratamiento de datos cumpla con los principios establecidos en el artículo 5.1 del Reglamento General de Protección de Datos, para lo cual la Agencia colaborará con el responsable del tratamiento de datos en la realización del análisis de riesgos y, en su caso, de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos.»

«1. Sin perjuicio de las definiciones establecidas en la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, a los efectos de lo que dispone la presente ley, se entiende por:

a) Anunciante. Persona física o jurídica en cuyo interés se difunden comunicaciones comerciales audiovisuales.

b) Emisión en cadena. Conjunto de contenidos audiovisuales emitidos paralelamente por una pluralidad de personas prestadoras y organizados dentro de un horario de programación que no puede ser alterado por el público. En todo caso, se considera que emiten en cadena aquellas personas prestadoras que emitan el mismo contenido durante más del diez por ciento del tiempo total de emisión semanal, aunque sea en horario diferente.

No se considerará emisión en cadena la emisión de programas que hayan sido coproducidos o producidos de forma sindicada por las personas prestadoras del servicio público de comunicación de ámbito autonómico o local, que no sean propiedad de una misma persona física o jurídica y mantengan su autonomía de programación.

c) Indicadores de rentabilidad social. Son indicadores que miden el impacto de la rentabilidad y la responsabilidad social de los servicios de comunicación audiovisual. Estos indicadores evalúan las buenas prácticas en función de determinados ejes básicos, como pueden ser la gestión, la transparencia, el capital social, la articulación territorial, las relaciones laborales, la igualdad de género, la programación, la participación de la ciudadanía en contenidos y gestión, la alfabetización mediática, la presencia en Internet y las infraestructuras, entre otros.

d) Horario no residual. El comprendido entre las 8:00 y las 23:00 horas en televisión y radio.

e) Medios de proximidad. Son aquellos medios audiovisuales que basan su existencia en una relación territorial y comunicativa próxima a la audiencia, y que emiten en un ámbito de cobertura por debajo del regional.

f) Pantalla dividida. La pantalla dividida consiste en la difusión simultánea o paralela de contenidos audiovisuales y comunicaciones comerciales que puede servir para hacer actividad publicitaria y de patrocinio.

g) Participación significativa. La definición coincide con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 38 de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

h) Patrocinio virtual. El patrocinio virtual es la actividad de patrocinio que utiliza publicidad virtual que permite insertar mensajes publicitarios, especialmente durante la emisión de acontecimientos deportivos, mediante una sustitución virtual de los carteles publicitarios instalados sobre el terreno o mediante la inserción de nuevas imágenes.

i) Proyecto audiovisual. Documento mediante el cual la persona prestadora de un servicio de comunicación audiovisual define las principales características que se compromete a respetar durante la explotación de este. El contenido mínimo de dicho documento deberá incluir los siguientes aspectos:

1.º Medios técnicos de producción.

2.º Recursos humanos.

3.º Programación.

4.º Financiación e inversión.

j) Servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro. Es el prestado por entidades privadas sin ánimo de lucro, que ofrece contenidos destinados a dar respuesta a las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de las comunidades y de los grupos sociales a los que da cobertura, basándose en criterios abiertos, claros y transparentes de acceso, respecto a la emisión, la producción y la gestión, asegurando la máxima participación y pluralismo. Quedan expresamente excluidos aquellos servicios que realicen proselitismo político o religioso.

k) Servicio de comunicación audiovisual privado de carácter comercial. Es aquel cuya titularidad corresponde a personas físicas o jurídicas que tienen como finalidad la difusión de cualquier tipo de contenidos permitidos por la legislación vigente, pudiendo incluir la emisión de comunicaciones comerciales.

l) Título habilitante. Son títulos habilitantes para la prestación de un servicio de comunicación audiovisual la licencia y la concesión.

m) Servicio público de comunicación audiovisual. Aquel que es prestado por entidades públicas y cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, a entidades locales de Andalucía o a entes supramunicipales mancomunados, a universidades públicas andaluzas o a centros docentes públicos andaluces no universitarios.

n) Emisión en red. Es la que se produce entre prestadores del servicio de comunicación audiovisual cuando comparten contenidos coproducidos de común acuerdo en emisión simultánea, sin mediación de terceros y siempre que no superen las 4 horas y media al día entre las 7:00 y las 00:00 horas. Su contenido tendrá carácter informativo autonómico y local.

También se considerará emisión en red la que se derive de los contenidos intercambiados entre prestadores de comunicación audiovisual de carácter público y comunitario, con el fin de su emisión a la carta, sin contraprestación económica y con el objetivo de generar una mayor riqueza de contenidos culturales en Andalucía.

ñ) Personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual. Los prestadores definidos en el apartado 4 del artículo 2 de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

o) Publicidad interactiva. La publicidad interactiva es un formato de emisión de publicidad televisiva. La persona receptora se comunica directamente mediante una interfaz conectada a una red para participar de manera activa en el mensaje.

Las personas usuarias de los servicios de comunicación audiovisual tienen derecho a recibir una comunicación audiovisual plural de acuerdo con el principio de pluralismo previsto en el artículo 5 de la Ley 13/2022, de 7 de julio.»

Sin perjuicio de los derechos que les reconoce la legislación comunitaria y estatal, las personas menores de edad tienen los siguientes derechos:

a) Los derechos que les reconoce el Capítulo I del Título VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.

b) Al acceso a contenidos que fomenten valores educativos y formativos acordes con su edad y que contribuyan a su desarrollo integral como persona.

c) Al fomento de estilos de vida saludables y de la dieta mediterránea como patrimonio de la humanidad.»

1. Se garantizará el acceso universal a los servicios de comunicación audiovisual, de acuerdo con los avances tecnológicos, a las personas con discapacidad visual o auditiva.

2. Las personas con discapacidad, especialmente las más vulnerables a contenidos y publicidad estigmatizadores y discriminatorios, como son las personas con discapacidad intelectual, tienen derecho a que los contenidos audiovisuales y publicitarios muestren una imagen real, positiva, digna, inclusiva y no estereotipada y/o paternalista.

3. Las personas con discapacidad auditiva tienen derecho a que los servicios de comunicación audiovisual radiofónicos de cobertura autonómica, ya sean públicos o privados de carácter comercial, cuenten con programas subtitulados en sus canales que puedan sintonizarse en la televisión digital terrestre y en los contenidos que oferten a través de Internet, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 84 y 101 de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

4. Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a que los servicios de comunicación audiovisual televisiva de cobertura autonómica ya sean públicos o privados de carácter comercial, cuenten con programas subtitulados según métodos de lectura fácil.»

«3. La persona prestadora del servicio de comunicación audiovisual inscribirá y mantendrá actualizada, como mínimo, la siguiente información:

1. Titulares de participaciones significativas, conforme lo establecido en el artículo 38 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, indicando el porcentaje de capital que ostenten.

2. Número y proporción de mujeres integrantes del órgano de administración de la sociedad.

3. Punto de contacto con la persona prestadora a disposición del espectador para la comunicación directa con la persona responsable editorial y garantizar el derecho de queja y réplica.»

Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual de ámbito autonómico y local tienen derecho a actualizar el proyecto audiovisual vinculado al título habilitante que les autoriza a prestar el servicio, siempre que no se desvirtúen los compromisos asumidos al obtenerlo, ni las condiciones del mismo, previa comunicación al órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social, conforme a las previsiones de la presente ley y su normativa de desarrollo.»

«f) Está prohibida, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.2 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, la difusión de los nombres, imágenes y otros datos personales que permitan identificar a las personas menores de edad en el contexto de hechos delictivos, de emisiones en las que se discuta su tutela o filiación, o relativos a situaciones en las que los menores hayan sido víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.»

La programación de las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual autonómicos o locales en Andalucía, así como sus contenidos, deberán ajustarse a lo establecido en la Ley 13/2022, de 7 de julio.»

En relación con la obligación de reserva del tiempo de emisión anual de la programación a la que hacen referencia los artículos 115.2 y 116.2 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, el cinco por ciento de dicho tiempo de emisión estará reservado a producciones o coproducciones que difundan la cultura andaluza.»

«1. En relación con la obligación de financiación a la que hace referencia la Sección 3.ª del Capítulo III del Título VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio, al menos el 50% de la financiación deberá aplicarse en el conjunto del cómputo anual a obras que difundan la cultura andaluza y estén realizadas por empresas radicadas en Andalucía, priorizando a las entidades de economía social.»

1. Sin perjuicio de las obligaciones previstas en las Secciones 1.ª y 2.ª del presente Capítulo, son obligaciones específicas de las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual privado de carácter comercial las siguientes:

a) Comunicar al órgano competente en materia de medios de comunicación social de la Junta de Andalucía cambios en la participación del capital y alteraciones de la titularidad de las acciones o títulos equivalentes de la sociedad prestadora.

b) Emitir un número de horas de programación de contenido específico de su ámbito territorial de cobertura de al menos 7 horas de contenidos informativos de emisión semanal en la franja horaria de 8:00 a 23:00 horas.

c) Las personas prestadoras de los servicios de difusión de televisión por cable, por satélite y por Internet han de asegurar que no se añade ninguna limitación injustificada, de forma que se puedan seguir utilizando las instalaciones preexistentes para la recepción en abierto de los servicios de comunicación audiovisual que se venían disfrutando en la vivienda tras la instalación de redes de operadores para dar acceso a sus servicios.

2. Las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual privadas de carácter comercial deberán publicar a través del Portal de la Junta de Andalucía la composición de su accionariado e identificación de los servicios de comunicación audiovisual bajo su control, teléfono, correo electrónico, ubicación de los estudios de producción, el órgano regulador competente y el procedimiento para solicitar la rectificación de cualquier información emitida.

Igualmente, las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual privadas de carácter comercial facilitarán la cesión de sus canales de radio y televisión en abierto a las personas prestadoras de los servicios de difusión de televisión por cable, por satélite y por Internet, previa negociación en la que se fijará la contraprestación económica correspondiente. El órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social mediará, cuando así se hubiera solicitado previamente por ambas partes, en los conflictos que puedan surgir en esta materia.»

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en las secciones 1.ª y 2.ª del presente capítulo, las personas prestadoras del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local tendrán las siguientes obligaciones específicas:

a) Garantizar el derecho de acceso reconocido en el artículo 11, proporcionando a las distintas entidades representativas o significativas de la diversidad política, social y cultural de Andalucía y de cada localidad o territorio los medios técnicos y humanos que resulten necesarios para su ejercicio determinados en el reglamento interno de funcionamiento del servicio.

b) Las personas prestadoras públicas podrán realizar emisiones en cadena, así como conectarse a servicios de comunicación audiovisual de personas prestadoras privadas de carácter comercial y compartir emisiones en red, siempre que cuenten con el correspondiente título habilitante, conforme establece la legislación estatal, tanto las personas prestadoras públicas, como las privadas de carácter comercial y las que compartan emisiones en red.

c) Emitir preferentemente programación de contenido de interés local. Las redifusiones, que deberán identificarse, no podrán superar el 60% del tiempo de emisión. En esta programación de interés local se deberán incluir necesariamente programas de carácter informativo local con una duración total de, al menos, diez horas semanales.

d) Favorecer la realización por profesionales de la información de los servicios informativos.

e) Cumplir con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de tratamiento publicitario electoral.

f) Disponer de un reglamento interno de funcionamiento del servicio.

g) Disponer de un número de teléfono de participación ciudadana, que no podrá ser un número de tarificación adicional que suponga coste para la persona llamante.

h) Disponer de un consejo de participación audiovisual local, los municipios que cuenten con un régimen de organización de municipio de gran población, que funcionará como un órgano asesor en materia de programación y de gestión, representativo de la ciudadanía y de las personas que actúan como agentes económicos y sociales locales, y en cuya composición se respetará la representación equilibrada por sexos. Reglamentariamente se determinará la creación y regulación de dichos consejos.»

Las personas prestadoras de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro estarán sujetas a las obligaciones establecidas en las Secciones 1.ª y 2.ª del presente capítulo y las siguientes obligaciones específicas:

a) Ser un vehículo para ejercer el derecho de participación y acceso reconocido en el artículo 11 de la presente ley, con especial atención a grupos sociales vulnerables, que sufren discriminación o que no cuentan con acceso a otro tipo de prestadores.

b) Fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo, asignando espacios dentro de la programación a asociaciones sin ánimo de lucro de la localidad.»

«2. Los textos escritos de las comunicaciones comerciales realizados sobreimpresionados deberán ser completamente legibles, claros y comprensibles, sin que en ningún caso induzcan o puedan inducir a error a las personas destinatarias. No se permitirá el uso de abreviaturas, acotaciones o cualquier otra fórmula que pueda dificultar su lectura.»

«1. Se prohíbe la inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial audiovisual en emisiones de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual que carezcan del preceptivo título habilitante o que no hayan cumplido el deber de comunicación previa.»

Los publirreportajes, las telepromociones, las sobreimpresiones y transparencias, la publicidad virtual, la pantalla dividida, la publicidad interactiva, el patrocinio virtual y cualesquiera otras fórmulas no convencionales de comunicaciones comerciales audiovisuales que, por las características de su emisión, pudieran confundir a las personas destinatarias sobre su carácter publicitario deberán superponer una sobreimpresión permanente y legible con la indicación «publicidad», de conformidad con lo establecido en el artículo 136.1 de la Ley 13/2022, de 7 de julio.»

«1. Los códigos de conducta que se elaboren en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, deberán prever mecanismos de resolución de reclamaciones, pudiendo dotarse de instrumentos de autocontrol previo, individual o colectivo.»

«1. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito autonómico se realizará mediante gestión directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, y el artículo 210 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local se realizará mediante gestión directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

5. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual local se otorgará por un plazo de quince años. Las sucesivas renovaciones serán automáticas, por periodos iguales, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 29 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, de conformidad con lo que se disponga en el correspondiente desarrollo reglamentario de la presente Ley.»

1. La prestación del servicio público podrá ser objeto de suspensión temporal, por plazo no superior a un año, previa comunicación de la persona concesionaria oportunamente justificada al órgano directivo competente en materia de comunicación social. Reglamentariamente se determinarán los términos en los que se llevará a cabo dicha suspensión temporal, así como su posterior reanudación.

2. Reglamentariamente se determinarán las causas de extinción de las concesiones de las personas prestadoras del servicio público de comunicación audiovisual, contemplándose en todo caso lo establecido en el artículo 31 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, así como los incumplimientos de las condiciones esenciales establecidas en la concesión.»

«2. En el supuesto de demarcaciones plurimunicipales, la concesión para la prestación del servicio se realizará a favor de una entidad pública de gestión que represente a los municipios de la demarcación que hayan decidido prestar el servicio. En aquellas demarcaciones plurimunicipales en las que se asigne un canal para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual televisivo de ámbito local a un único municipio, a este municipio le será de aplicación lo establecido en el apartado anterior. Reglamentariamente se establecerán los criterios de población necesarios y los plazos para la constitución de dicha entidad pública, así como el procedimiento de incorporación a dicha entidad a que tienen derecho todos los municipios pertenecientes a la demarcación.»

«1. Al amparo de lo establecido en el artículo 53.2 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, la Administración de la Junta de Andalucía podrá atribuir, previa solicitud de su órgano de gobierno, la prestación del servicio público de comunicación audiovisual para la emisión en abierto de contenidos temáticos educativos y de divulgación cultural a las universidades públicas andaluzas, así como a centros docentes públicos no universitarios.»

«Además de las establecidas en los artículos 49 y 81 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, son condiciones generales de la prestación del servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro las siguientes:»

1. La prestación de servicios de comunicación audiovisual privados de carácter comercial mediante ondas hertzianas terrestres requerirá la licencia previa otorgada mediante concurso público por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Reglamentariamente se establecerá el régimen jurídico de dicho concurso, que se regirá conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, por los principios de publicidad, transparencia y competencia, previéndose la instrucción del procedimiento por un órgano distinto del que resuelve, y debiendo resolverse en el plazo máximo de doce meses desde la publicación de su convocatoria.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en las bases reguladoras de dichos concursos, el otorgamiento de licencias se regirá por la normativa básica estatal y la presente ley.

3. Además de los requisitos y limitaciones establecidos en los artículos 24 y 25 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, será requisito indispensable para ser titular de la licencia otorgada abonar, en su caso, el valor de la licencia estipulado en la convocatoria pública de la misma.

4. En el resto de los casos, en particular para aquellos servicios de comunicación audiovisual cuya prestación se realice por cable exclusivamente en Andalucía, se requerirá la comunicación fehaciente y previa al inicio de la actividad ante el órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social.»

«2. Además de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, se establecen las siguientes condiciones para las partes que intervienen en el negocio jurídico:»

«a) A la persona titular del órgano directivo de la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de medios de comunicación social, en relación con las infracciones establecidas en los siguientes preceptos:

1.º Apartados 4 a 7 del artículo 157 de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

2.º Apartados 1, 2, 3 y 30 del artículo 158 de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

3.º Apartados 1, 2 y 8 del artículo 159 de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

4.º Letras a) y b) del artículo 72 de la presente ley.

5.º Letras a), b), c), d) y e) del artículo 73 de la presente ley.

6.º Letras a), b), c) y d) del artículo 74 de la presente ley.

(…)

c) Al Consejo Audiovisual de Andalucía, en relación con las infracciones establecidas en los siguientes preceptos:

1.º Apartados 1, 2, 3, 9 y 11 a 16 del artículo 157 de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

2.º Apartados 7 a 30 del artículo 158 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, sin perjuicio de las competencias de las autoridades de control en materia de protección de datos personales.

3.º Apartados 1 y 3 a 8 del artículo 159 de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

4.º Letra c) del artículo 72 de la presente ley.

5.º Letras a), b) y d) del artículo 73 de la presente ley.

6.º Letras a) y d) del artículo 74 de la presente ley.»

«3. El plazo máximo para notificar la resolución expresa del procedimiento sancionador será de un año y el plazo de alegaciones previsto en el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tendrá una duración no inferior a un mes.»

Además de las establecidas en el artículo 157 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia o concesión tres veces en seis meses.

b) La celebración de negocios jurídicos cuyo objeto sea una licencia de prestación del servicio, sin cumplir los requisitos establecidos en el artículo 63.

c) El incumplimiento en más de un diez por ciento del deber de reserva establecido en el artículo 34, así como la obligación de financiación contemplada en el artículo 35.»

Además de las establecidas en el artículo 158 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, son infracciones graves:

a) El incumplimiento de las instrucciones y decisiones relacionadas con la prestación del servicio de comunicación audiovisual realizadas por el órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social o por el Consejo Audiovisual de Andalucía.

b) La no colaboración con la inspección cuando esta sea requerida en los términos establecidos en el artículo 81.

c) La cooperación necesaria de terceras personas, físicas o jurídicas, que difundan o transporten las señales de los servicios de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondiente título habilitante o no hayan cumplido el deber de comunicación previa.

d) La reincidencia en un plazo de noventa días en la conducta que dio lugar a la terminación convencional del procedimiento sancionador al que se refiere el artículo 77.

e) El incumplimiento del deber de inscripción en el Registro de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual previsto en esta ley o la aportación al mismo de datos falsos.»

Además de las establecidas en el artículo 159 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, son infracciones leves:

a) El incumplimiento del deber de atender a los requerimientos de información o de envío de material efectuados por la autoridad competente, así como retrasar injustificadamente su aportación cuando resulte exigible conforme a lo dispuesto en esta ley. A estos efectos, también se entenderá incumplido un requerimiento, a juicio de la autoridad requirente, cuando no se atienda en su totalidad.

b) El incumplimiento de la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondiente título habilitante o no hayan cumplido el deber de comunicación previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1.

c) La reiteración de incidencias en materia de continuidad y de calidad técnica en la prestación de servicios de comunicación audiovisual.

d) El incumplimiento del resto de deberes y obligaciones establecidas en esta ley que no estén tipificadas como infracciones graves o muy graves.»

En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerando, además de los criterios previstos en artículo 166 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, los que a continuación se relacionan como circunstancias atenuantes o agravantes para la graduación de la sanción:

a) El ánimo de lucro.

b) La capacidad económica de la persona infractora, en función de los ingresos devengados.

c) El ámbito territorial de cobertura y población a la que afectaría la emisión.

d) El cumplimiento voluntario de las medidas cautelares que, en su caso, se impongan en el procedimiento sancionador.

e) La negativa u obstrucción al acceso a las instalaciones o a facilitar la información o documentación requerida.

f) El cese de la actividad infractora, previamente o durante la tramitación del expediente sancionador.

Estas circunstancias se tendrán en cuenta siempre que no formen parte del tipo de infracción.»

1. Las infracciones muy graves serán sancionadas:

a) En todo caso, con multa de hasta 1.000.000 de euros para aquellas relacionadas con servicios de comunicación televisiva y de hasta 200.000 para aquellas relacionadas con servicios de comunicación radiofónicos.

b) Podrán ser además sancionadas con la revocación de la licencia para prestar el servicio de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres y el consiguiente cese de la prestación del servicio, el cese de las emisiones y el precintando provisional de los equipos e instalaciones utilizados para realizar la emisión además de los supuestos previstos en el artículo 160.1.c) de la Ley 13/2022, de 7 de julio, cuando la prestadora haya sido sancionada como mínimo en tres ocasiones, mediante resolución administrativa firme y en un plazo no superior a dos años, por la comisión de las infracciones muy graves previstas en las letras b) y c) del artículo 72 de la presente ley.

c) Podrán ser además sancionadas con la extinción de los efectos de la comunicación previa y el consiguiente cese de la prestación del servicio de comunicación audiovisual, además de los supuestos previstos en el 160.1.c) de la Ley 13/2022, de 7 de julio, cuando la persona prestadora cometa por tercera vez en un plazo no superior a cuatro años la infracción muy grave prevista en la letra c) del artículo 72 de la presente ley.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 60.000 euros para aquellas relacionadas con servicios de comunicación televisiva y de hasta 20.000 para aquellas relacionadas con servicios de comunicación radiofónicos.

3. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 20.000 euros para aquellas relacionadas con servicios de comunicación televisiva y hasta 10.000 para las relacionadas con servicios de comunicación radiofónicos.

4. La autoridad competente para la imposición de la sanción podrá acordar que esta lleve aparejada la obligación de difundir, a través de los medios, incluida página web, controlados por la prestadora sancionada o que esta considere oportunos, al menos la parte resolutiva de la sanción impuesta, una vez que esta haya adquirido firmeza en vía administrativa, así como los nombres y apellidos de las personas físicas o la denominación o razón social de las personas jurídicas responsables y la índole y naturaleza de la infracción. Igualmente, la autoridad competente podrá hacer pública la misma información a través de los medios que se consideren oportunos.

5. Además de cualquier otra sanción que corresponda imponer, cuando se trate de una persona jurídica y no sea el caso de un servicio público de comunicación audiovisual, se podrá imponer una multa de hasta 5.000 euros en el caso de las infracciones leves, hasta 10.000 euros en el caso de las infracciones graves y hasta 20.000 euros en el caso de las infracciones muy graves a sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión.

Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvado su voto.

6. Las cuantías señaladas anteriormente serán actualizadas periódicamente mediante decreto del Consejo de Gobierno teniendo en cuenta los índices de precios para el consumo.»

1. Con carácter previo a la incoación del procedimiento sancionador, la autoridad audiovisual competente podrá acordar la adopción de las medidas previstas en el artículo 163 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, previa audiencia del interesado y de forma motivada.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la comisión de las infracciones muy graves y las graves podrán dar lugar, una vez incoado el expediente sancionador, a la adopción de medidas provisionales que, de conformidad con la normativa de procedimiento administrativo común, podrán consistir en las siguientes:

a) Cese temporal de la prestación del servicio de comunicación audiovisual.

b) Precintado provisional de aparatos, equipos y elementos auxiliares utilizados para realizar la prestación del servicio de comunicación audiovisual.

c) Incautación temporal de aparatos y equipos. El depósito de los elementos incautados deberá producirse en condiciones que garanticen su identificación inequívoca, conservación e integridad. La Administración de la Junta de Andalucía proveerá los lugares adecuados para ello.

d) Puesta en marcha del mecanismo de protección activa del espectro radioeléctrico, comunicándolo a la Administración General del Estado para que ejerza sus competencias según lo establecido en la legislación básica de telecomunicaciones.

e) Requerir la interrupción de los suministros básicos para el funcionamiento de la actividad (suministro eléctrico, difusión de señal, entre otras).

3. El Consejo Audiovisual de Andalucía podrá, de forma motivada, y siempre de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad, requerir el cese de aquellos contenidos que contravengan la normativa vigente.»

1. La responsabilidad administrativa por las infracciones cometidas en el ámbito de la presente ley, salvo las establecidas en las letras a) b), y c) del artículo 73 y en las letras a) y b) del artículo 74 de la presente ley, corresponde a la prestadora del servicio de comunicación audiovisual, en los términos preceptuados en el artículo 156 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual. En el caso de personas prestadoras del servicio público de comunicación audiovisual la responsabilidad recaerá directamente en las personas físicas que, desde sus órganos de dirección, actuando a su servicio o por ellas mismas, determinaron con su conducta la comisión de la infracción.

2. La responsabilidad de las infracciones establecidas en la letra a) del artículo 73 y en la letra a) del artículo 74 recaerá en las personas destinatarias de dichas instrucciones, decisiones y requerimientos de información.

3. La responsabilidad de la infracción establecida en la letra b) del artículo 73 recaerá en toda persona física o jurídica obligada a colaborar, según lo establecido en el artículo 81.

4. La responsabilidad de la infracción establecida en la letra c) del artículo 73 recaerá en las personas físicas o jurídicas que difundan o transporten la señal de programas audiovisuales.

5. La responsabilidad de la infracción establecida en la letra b) del artículo 74 recaerá en la persona física o jurídica que difunde o contrata comunicaciones comerciales audiovisuales en las condiciones indicadas en dicho artículo.

6. La concurrencia de varios sujetos infractores en la realización de una infracción determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración al cumplimiento de la sanción.

7. En caso de extinción de la persona jurídica responsable, se considerará responsables a las personas físicas que, desde sus órganos de dirección, actuando a su servicio o por ellas mismas, determinaron con su conducta la comisión de la infracción.»

«1. Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro a las que se refiere la disposición transitoria tercera de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, podrán solicitar su inscripción en el Registro de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual de Andalucía, que contará con un apartado específico para estas inscripciones.»

1. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 33 de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, cualquier acción de comunicación institucional que conlleve gasto y se pretenda realizar por alguno de los órganos o entidades incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto requerirá, con carácter previo al inicio del expediente de contratación, el informe preceptivo y vinculante del Centro Directivo competente en materia de comunicación social sobre la procedencia de la misma, conforme a los modelos homogéneos y procesos simplificados que se establezcan reglamentariamente.

2. Los demás supuestos en los que se prevean necesidades de comunicación institucional y no esté determinado de antemano el gasto de cada una de las acciones que se llevarán a cabo requerirán, asimismo, de informe favorable y vinculante del Centro Directivo competente en materia de comunicación social, sin perjuicio de que, una vez determinado el gasto, cada una de las acciones de comunicación institucional deberá contar con el informe previsto en el apartado anterior.»

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del citado artículo 33 de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, con carácter previo a la ejecución de la acción de comunicación institucional, deberán remitirse las piezas creativas y/o el plan de medios al Centro Directivo competente en materia de comunicación social para que éste emita un informe de adecuación a la identidad corporativa de la Junta de Andalucía, y de compromiso con el uso del lenguaje e imágenes no sexistas, la accesibilidad a la comunicación institucional, y el respeto a los principios de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía.»

1. El Centro Directivo competente en materia de comunicación social emitirá los informes contemplados en los artículos 7 y 8 en el plazo de 7 días.

2. La falta de evacuación de los citados informes en el plazo contemplado en el apartado anterior, determinará el sentido desfavorable de los mismos.»

1. Los órganos y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este Decreto antes del inicio del expediente de contratación pondrán en conocimiento del centro directivo competente en materia de comunicación social los proyectos de pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares de las acciones de comunicación institucional que se pretendan desarrollar para su asesoramiento.

2. Igualmente, el Centro Directivo competente en materia de comunicación social facilitará asistencia técnica, si así lo solicitasen, a los órganos y entidades incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto, en relación con aquellos aspectos que consideren de interés en el proceso de licitación, ya sea en la valoración de ofertas, resolución de dudas técnicas puntuales, entre otros, y que tengan que ver con el desarrollo de acciones de comunicación institucional y campañas de publicidad, incluyendo la comunicación integrada en proyectos cofinanciados con fondos europeos.»

«5. A partir de la información facilitada, el Centro Directivo competente en materia de comunicación social elaborará anualmente el borrador de la Estrategia Anual de Comunicación Institucional.»

1. Cualquier acción de comunicación institucional que conlleve gasto, requerirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 96/2017, de 27 de junio, con carácter previo al inicio del expediente de contratación, el informe preceptivo y vinculante del centro directivo competente en materia de comunicación social.

El órgano o entidad interesada presentará, a través de la aplicación informática habilitada al efecto, la solicitud de informe junto con el modelo del Anexo I, y del Anexo II de la presente Orden.

La solicitud de informe será suscrita por la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería correspondiente de la que dependa o a la que se encuentre adscrito o vinculado el órgano o entidad que promueva la actuación.

Cuando la acción se pretenda realizar por las entidades a que se refiere el párrafo e) del artículo 3 de la presente Orden, la solicitud será suscrita por la persona que ostente su representación.

En el caso de las Delegaciones del Gobierno la solicitud será suscrita por la persona titular de la misma, o, en caso de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra causa legal, por quien ocupe la Secretaría General.

2. En los supuestos en los que se prevean necesidades de comunicación institucional y no esté determinado de antemano el gasto de cada una de las acciones que se llevarán a cabo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 del citado Decreto, el órgano o entidad interesada presentará, a través de la aplicación informática habilitada al efecto, solicitud de informe favorable y vinculante del Centro Directivo competente en materia de comunicación social, junto con el modelo del Anexo I, y del Anexo II de la presente Orden.

Una vez obtenido el informe favorable mencionado en el párrafo anterior, cada una de las acciones de comunicación institucional que se realicen con cargo al mismo deberán contar además con el informe previsto en el apartado 1 de este artículo.

3. Quedan exceptuadas de la solicitud de informe las acciones de comunicación promovidas o gestionadas por los centros directivos responsables de la comunicación de la Consejería competente en materia de comunicación institucional, si bien se incluirá el gasto en la precitada aplicación.»

«1. Cada solicitud deberá estar acompañada tanto del Anexo I (Información técnica detallada de la acción de comunicación institucional) debidamente cumplimentado, especificándose medios y soportes según objetivos y público destinatario para el desarrollo de la acción de comunicación, como del Anexo II (Declaración de compromiso de adecuación a la identidad corporativa de la Junta de Andalucía), de la presente Orden.»

«1. El Centro directivo competente en materia de comunicación social valorará, en cada caso, la procedencia de la acción propuesta, concediendo un plazo de cinco días, si es necesario, para la subsanación de las deficiencias detectadas.»

1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 96/2017, de 27 de junio, una vez sea adjudicado y perfeccionado el contrato, o, en su caso, dictada la resolución por la que se autoriza el encargo de ejecución, y con carácter previo a la ejecución de la acción de comunicación institucional, deberán remitirse las piezas creativas al Centro directivo competente en materia de comunicación social para su revisión y posterior emisión del informe de adecuación a la identidad corporativa de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Revisadas de conformidad las piezas creativas, o el plan de medios con la inversión definitiva en medios y/o soportes, deberá confirmarse en la aplicación informática, sin que en ningún caso pueda incrementarse la cantidad inicialmente prevista.

3. La emisión del informe de adecuación permitirá el inicio de la ejecución de la acción.»

1. El Centro directivo competente en materia de comunicación social emitirá los informes contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la presente Orden en el plazo de 7 días a contar desde la fecha de la recepción de la solicitud, a través de la correspondiente aplicación.

2. En el caso del informe de adecuación previsto en el artículo 7 de la presente Orden el plazo de 7 días se contará desde la confirmación por el órgano promotor de la inversión definitiva en medios y/o soportes en la aplicación informática correspondiente y una vez visadas de conformidad por el equipo del Centro directivo competente en materia de comunicación social, en su caso, las piezas creativas y/o el plan de medios.

3. La falta de evacuación de los citados informes en el plazo señalado determinará el sentido desfavorable de los mismos, conforme al artículo 9.2 del Decreto 96/2017, de 27 de junio.

4. Los informes serán emitidos a través de la precitada aplicación, tal y como establece el artículo 80.2 y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.»

1. El Pleno y la Comisión Permanente del Consejo Andaluz del Fuego podrán adoptar acuerdos mediante el procedimiento escrito que se regula en este artículo, con la finalidad de agilizar su funcionamiento.

2. La decisión de utilizar este procedimiento será adoptada, por delegación de la Presidencia, por la Secretaría del Consejo Andaluz del Fuego, a solicitud del órgano solicitante del informe, a la vista de la urgencia del mismo y de las previsiones de convocatoria de sesión presencial.

3. Recibida la solicitud de informe, la Secretaría del Consejo Andaluz del Fuego remitirá toda la documentación recibida a los miembros del Consejo que deban adoptar el acuerdo, junto con un formulario de votación.

4. Los miembros del Consejo dispondrán de un plazo de 20 días para emitir su parecer, expresando sus observaciones, si las hubiera, así como el sentido de su voto, que podrá ser favorable, desfavorable o abstención.

5. El formulario de votación deberá ser debidamente firmado y remitido a la Secretaría del Consejo Andaluz del Fuego dentro del plazo establecido en el punto anterior.

6. Si no se formularan observaciones, el acuerdo se considerará adoptado por el Consejo, emitiéndose certificación del mismo.

7. Si se formulan observaciones, serán remitidas por la Secretaría del Consejo Andaluz del Fuego al órgano solicitante del informe, al objeto de su consideración, que deberá notificar a la Secretaría en el plazo de 15 días. La nueva propuesta, si la hubiere, será remitida a los miembros del Consejo para que en el plazo de 15 días emitan su voto. Transcurrido este plazo, el acuerdo se considerará adoptado por el Consejo, emitiéndose certificación del mismo.

8. El órgano solicitante del informe podrá solicitar en cualquier momento de este procedimiento escrito el sometimiento de este al procedimiento ordinario.»

1. El Pleno y la Comisión Permanente de la Comisión de Protección Civil de Andalucía podrán adoptar acuerdos mediante el procedimiento escrito que se regula en este artículo, con la finalidad de agilizar su funcionamiento.

2. La decisión de utilizar este procedimiento será adoptada, por delegación de la Presidencia, por la Secretaría de la Comisión de Protección Civil de Andalucía, a solicitud del órgano solicitante del informe u homologación, a la vista de la urgencia del mismo y de las previsiones de convocatoria de sesión presencial.

3. Recibida la solicitud de informe o de homologación, la Secretaría de la Comisión de Protección Civil de Andalucía remitirá toda la documentación recibida a los miembros de la Comisión que deban adoptar el acuerdo, junto con un formulario de votación.

4. Los miembros de la Comisión dispondrán de un plazo de 20 días para emitir su parecer, expresando sus observaciones, si las hubiera, así como el sentido de su voto, que podrá ser favorable, desfavorable o abstención.

5. El formulario de votación deberá ser debidamente firmado y remitido a la Secretaría de la Comisión de Protección Civil de Andalucía dentro del plazo establecido en el punto anterior.

6. Si no se formularan observaciones, el acuerdo se considerará adoptado por el órgano correspondiente, emitiéndose certificación del mismo.

7. Si se formulan observaciones, serán remitidas por la Secretaría de la Comisión de Protección Civil de Andalucía al órgano solicitante del informe o de la homologación, al objeto de su consideración, que deberá notificar a la Secretaría en el plazo de 15 días. La nueva propuesta, si la hubiere, será remitida a los miembros de la Comisión para que en el plazo de 15 días emitan su voto. Transcurrido este plazo, el acuerdo se considerará adoptado por el órgano correspondiente, emitiéndose certificación del mismo.

8. El órgano solicitante del informe podrá solicitar en cualquier momento de este procedimiento escrito el sometimiento de este al procedimiento ordinario.»

«9. Las funciones de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas, sin perjuicio de las que correspondan a los municipios, así como la inspección y control de los establecimientos públicos destinados a la celebración de espectáculos y actividades recreativas sujetos a la intervención de la Administración autonómica».

«El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa en los procedimientos sancionadores tramitados en materia de animales de compañía, incluidos los considerados potencialmente peligrosos, será de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador».

«1. El reconocimiento de una entidad como comunidad andaluza se realizará por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de coordinación de las políticas de la Junta de Andalucía respecto a los andaluces y andaluzas en el mundo, previa audiencia del Consejo de Comunidades Andaluzas, y a solicitud de la entidad interesada, conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente.

2. A la solicitud de reconocimiento como comunidad andaluza se adjuntará:

a) Ejemplar o copia autenticada de los estatutos de la entidad y la documentación acreditativa de su constitución y personalidad jurídica, así como la inscripción en el registro correspondiente, en su caso.

b) Certificación del acuerdo que se adopte por la asamblea general u órgano supremo de gobierno de la entidad relativo a la voluntad manifiesta de solicitar el reconocimiento y velar por el cumplimiento de los objetivos expresados en el artículo 4 de la presente Ley.

c) Memoria indicativa de las actividades llevadas a cabo y de las que se proyecten en el futuro. En esta memoria deberá quedar acreditado el funcionamiento durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud, así como que sus fines y actividades se dirijan a la satisfacción de diversos ámbitos establecidos como objetivos en el artículo 4 de la presente Ley.

d) Certificación de la relación de socias y socios de la entidad.»

La cancelación del reconocimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia del interesado.

La cancelación del reconocimiento podrá iniciarse de oficio en caso de producirse el incumplimiento de lo establecido en la presente Ley y su normativa de desarrollo por parte de una comunidad andaluza o la ausencia de actividad manifiesta durante al menos dos años.

La cancelación del reconocimiento requerirá previa audiencia de la comunidad andaluza y del Consejo de Comunidades Andaluzas, y se adoptará mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de coordinación de las políticas de la Junta de Andalucía respecto a los andaluces y andaluzas en el mundo por la que se deje sin efecto el reconocimiento de la entidad como comunidad andaluza con la consiguiente cancelación en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, según el procedimiento que se establezca reglamentariamente.»

En el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas serán inscritas de oficio las comunidades andaluzas, coordinadoras y federaciones de comunidades andaluzas que hayan sido reconocidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de coordinación de las políticas de la Junta de Andalucía respecto a los andaluces y andaluzas en el mundo, conforme a lo establecido en esta ley.»

«Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía, para la creación de una Unidad Aceleradora de Proyectos y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.»

«2. Los proyectos empresariales que se desarrollen en Andalucía y soliciten su declaración como de interés estratégico deberán:

a) No estar sometido a un específico régimen de protección por la legislación administrativa sectorial que establezca prohibiciones y limitaciones que determinen la improcedencia de su declaración como inversión de interés estratégico.

b) Contribuir a la creación de un mínimo de 50 puestos de trabajo directo equivalentes a tiempo completo y de cómputo anual durante la fase de explotación, así como ofrecer una inversión privada, excluidas las aportaciones y/o ayudas públicas, de, al menos, 25 millones de euros.

c) Ser coherentes con los objetivos establecidos en la planificación estratégica de la Consejería competente por razón de la materia del proyecto empresarial.»

- 1. La Consejería con competencia en materia de economía remitirá a la Unidad Aceleradora de Proyectos, prevista en el artículo 8, la solicitud a la que hace referencia el artículo 4, que dispondrá de un plazo máximo de un mes desde su recepción para recabar la siguiente documentación:

- En primer lugar, un informe de la Consejería competente por razón de la materia del proyecto empresarial, que incluirá la valoración sobre el cumplimiento de los requisitos para la declaración establecidos en los apartados 1, 2.a), en su ámbito sectorial, 2.b), 2.c) y 3 del artículo 3, en base a la documentación aportada de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 4.

En el caso de que el informe anterior sea favorable se recabará:

- Un informe de la Consejería competente de ordenación del territorio sobre la adecuación del proyecto a la planificación territorial en base a las determinaciones de dicha planificación que puedan ser objeto de verificación en función del nivel de definición de la documentación técnica presentada. Excepcionalmente, en caso de actuaciones incompatibles con la planificación territorial y urbanística que sean de especial relevancia por su magnitud, su proyección económica y social o su importancia para la estructuración territorial de Andalucía, se valorará la viabilidad de su modificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3.2, en base a la documentación aportada de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 4.

- Un informe expreso del resto de Consejerías afectadas materialmente por la tramitación y ejecución del proyecto en relación con los requisitos del artículo 3.2.a) en su ámbito sectorial, en base a la documentación aportada de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 4».

«5. Adicionalmente a lo señalado en el apartado 1 del presente artículo, la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, a propuesta de la Consejería competente en la materia, podrá acordar la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos de todas aquellas iniciativas, excluidas las residenciales, que por su importancia o naturaleza contribuyan al logro de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía establecidos en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Posteriormente se elevará el citado acuerdo al Consejo de Gobierno para su toma de razón.

Las iniciativas así asignadas a la Unidad Aceleradora de Proyectos tendrán en sus distintos trámites administrativos un impulso preferente y urgente ante cualquier Administración Pública andaluza, sin perjuicio de la prevalencia de los proyectos declarados de interés estratégico por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que en todo caso tendrán carácter prioritario.

El acuerdo de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras de asignación de un proyecto a la Unidad Aceleradora no implicará en ningún caso la aprobación del proyecto de inversión, ni la autorización de su puesta en marcha, que se producirán una vez sustanciado el correspondiente procedimiento, sin que pudieran exigirse responsabilidades a la administración autonómica por la no autorización del proyecto empresarial.

El proyecto asignado deberá ejecutarse de conformidad con la solicitud presentada por el promotor, especialmente en lo relativo a los plazos, volumen de inversión y empleo, y deberá cumplir con las obligaciones impuestas por la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, quedando afectada la asignación a la realización del proyecto por el promotor del mismo. Cualquier modificación en los términos de plazos, volumen de inversión, entidad promotora del proyecto o de cualquier otro requisito exigido por norma de rango legal, tendrá que ser analizada por la Consejería competente en la materia que propuso la asignación del proyecto, la cual podrá solicitar la documentación que estime conveniente al objeto de proponer a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras la revocación o la modificación de la asignación, o la necesidad de proceder al inicio de un nuevo procedimiento de asignación, siempre y cuando los cambios sean sustanciales y modifiquen y afecten directamente al proyecto o a la entidad promotora.

La Consejería competente en la materia que propuso la asignación del proyecto podrá proponer a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, de oficio o a instancia de la Unidad Aceleradora de Proyectos, la revocación de la asignación del proyecto a dicha Unidad cuando se incumplan algunos de los requisitos que la motivaron, o cuando de forma injustificada se produzca una paralización, abandono o la no consumación del proyecto asignado, por inactividad u otras circunstancias que justifiquen la revocación de la misma. En el caso de que se proceda a la revocación de la asignación, esta determinará su alcance».

A efectos del presente decreto, se entiende por:

a) “BOJA”: Acrónimo de Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) “Boletín”: Edición concreta de un BOJA con una fecha y numeración determinada.

c) “Código de Verificación Electrónica": Conjunto de caracteres que permite identificar de forma única cualquier documento publicado en la Sede electrónica del BOJA a partir del 10 de mayo de 2012.

d) “CVE”: Siglas de Código de Verificación Electrónica.

e) “Desindexación”: Adopción de medidas técnicas conducentes a que los buscadores de internet impidan la localización de un determinado texto publicado en el BOJA.

f) “Inserción”: Acción de incluir un documento en un boletín.

g) “Insertante”: Persona que tiene la facultad de remitir un texto a la unidad administrativa encargada de la edición y difusión del BOJA para su inserción, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.

h) “International Standard Serial Number”: Es el código internacional de identificación de las publicaciones seriadas.

i) “ISSN”: Siglas de International Standard Serial Number.

j) “Lectura fácil”: Método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción de textos, al diseño y maquetación de documentos y a la validación de la comprensibilidad de los mismos, destinado a hacer accesible la información a las personas con dificultades de comprensión lectora.

k) “Lenguaje claro”: Estilo de redacción simple y eficiente que ayuda a las personas a entender con facilidad lo escrito.

l) “Pago electrónico”: Procedimiento de pago establecido por la Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda, mediante la que se regule esta modalidad de pago.

m) “Procedencia”: Criterio de agrupación de textos dentro de una misma sección/subsección en función de la tipología del insertante.

n) “Reutilización”: Conforme el artículo 3.1 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, se entiende por reutilización el uso de documentos que obran en poder de las Administraciones y organismos del sector público, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública.

o) “Sistema de firma electrónica”: Aquél que se ajusta a lo especificado en el artículo 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

p) “Sistema de identificación electrónico”: Aquél que se ajusta a lo especificado en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

q) “Sistemas de Información del BOJA”: Conjunto de elementos interrelacionados entre sí orientados al tratamiento y administración de datos e información, que dan soporte a los procesos de publicación del BOJA.

r) “Texto”: Cada uno de los documentos que se publican en un boletín, compuesto de título, cuerpo, pie de firma y anexos en su caso.

s) “Texto consolidado”: Documento que integra en el texto original de una norma las modificaciones y correcciones que ha tenido desde su origen.

t) “Titular”: Persona o personas que firman un texto objeto de publicación.

u) “Universe Resource Locator”: Localizador universal de recursos, es la dirección única de una página web.

v) “URL”: Siglas de Universe Resource Locator.»

«4. Los textos consolidados que el BOJA ofrece tienen carácter meramente informativo y carecen de validez jurídica alguna, sin desplegar los efectos contemplados en los apartados anteriores.»

2. La edición y difusión del BOJA corresponderá a una unidad administrativa dependiente del órgano directivo al que se le atribuyan las competencias en materia de diario oficial, la cual será responsable, entre otras, de las siguientes funciones:

a) La adopción de medidas necesarias para garantizar el acceso permanente a los boletines publicados en la sede electrónica desde el día de su fecha.

b) La adopción de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los estándares y normativa vigente en materia de seguridad, interoperabilidad o de cualquier otra índole técnica, así como lo establecido en el presente decreto.

c) La adopción de las medidas necesarias para garantizar la adaptación a los avances tecnológicos.

d) Respecto de las condiciones de accesibilidad de la edición electrónica del BOJA, la adopción de medidas necesarias para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular, de las personas con discapacidad y de las personas mayores, a través de sistemas de apoyo que propicien la lectura fácil y el lenguaje claro.

1. La sede electrónica del BOJA se crea con objeto de ofrecer información, servicios y trámites gestionados por la unidad administrativa responsable de la edición y difusión del BOJA a través de la dirección electrónica definida en el apartado siguiente.

La dirección electrónica de referencia de la sede será: https://juntadeandalucia.es/eboja

2. La identificación de la sede electrónica se llevará a cabo mediante certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación vigente en materia de firma electrónica.

3. La titularidad de la sede electrónica corresponderá al centro directivo al que se refiere el artículo 4.1 del presente decreto.

4. La unidad administrativa responsable de la edición y difusión del BOJA a que se refiere el artículo 4.2 del presente decreto será la encargada de la gestión y de los servicios puestos a disposición de la ciudadanía.

5.Los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede son los siguientes:

a) Acceso electrónico, a través de su sede electrónica.

b) Atención presencial en la oficina de la unidad administrativa responsable de la edición y difusión del BOJA, sita en la Carretera de Isla Menor s/n, Dos Hermanas (Sevilla) y en las oficinas de asistencia en materia de registro que determine el centro directivo al que se refiere el artículo 4.1 del presente decreto.

c) Atención telefónica, en el teléfono 955 034 802.

6. Los medios disponibles para la formulación de quejas y sugerencias en relación con el contenido, gestión y servicios ofrecidos en la sede a la que se refiere el presente decreto, serán los siguientes:

a) Presentación telemática, a través de la URL: https://www.juntadeandalucia.es/lsr/

b) Presentación presencial o por correo postal conforme a lo previsto en los apartados b), c) y d) del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 82 y 84 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

No se consideran medios para la formulación de quejas y sugerencias los servicios de información y atención técnica a la ciudadanía en la utilización de las aplicaciones y sistemas que sustentan la sede, sin perjuicio de la obligación de atender los problemas que sean planteados por la ciudadanía respecto a dichos servicios

7. La sede electrónica del BOJA dispondrá, al menos, de los siguientes contenidos:

a) Fecha y hora oficial.

b) Identificación de la sede, de su titular y del responsable de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma.

c) Enlace a este decreto.

d) Información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de la misma con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.

e) Advertencias legales, de seguridad y de propiedad intelectual.

f) Información relacionada con la protección de datos de carácter personal, incluyendo un enlace al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Información sobre los medios para la formulación de quejas y sugerencias, así como los medios para recibir información y asistencia técnica en la utilización de las aplicaciones y sistemas que sustenten la sede.

g) Información sobre las tasas que son de aplicación para la inserción de textos en el BOJA.

h) Relación de servicios disponibles en la sede electrónica.

i) Relación de sistemas de autenticación y firma admitidos y utilizados en la sede electrónica.

8. La sede electrónica del BOJA dispondrá, al menos, de los siguientes servicios:

a) Acceso al último boletín publicado y a los boletines publicados cada día.

b) Búsqueda de boletines anteriores.

c) Remisión de textos para su publicación en BOJA.

d) Solicitud de desindexación de datos de carácter personal en BOJA.

e) Acceso a legislación andaluza consolidada.

f) Verificación de la autenticidad de sumarios y textos publicados en el BOJA.

9. Para el acceso a determinados contenidos y servicios de la sede electrónica del BOJA, será necesaria autenticación electrónica previa mediante los mecanismos establecidos por el organismo competente en materia de Administración Electrónica. Los contenidos y servicios para los que sea necesaria esta autenticación estarán debidamente indicados en la sede electrónica del BOJA.»

1. Boletín ordinario: toman esta denominación los boletines publicados de forma ordinaria de lunes a viernes, uno al día, durante todo el año, excepto los días declarados inhábiles en todo el ámbito territorial de Andalucía.

2. Boletín complementario: por necesidades de urgencia apreciadas por la persona titular del centro directivo encargado de la dirección del BOJA, y previa solicitud, debidamente motivada, de la persona proponente de la inserción en el BOJA, podrán publicarse boletines complementarios a los boletines ordinarios, para incluir textos que no han podido ser planificados en el boletín ordinario de un determinado día».

3. Boletín extraordinario: de modo excepcional, por imperativo legal o por imposibilidad de acudir a las tipologías de boletín descritas en los dos apartados anteriores, a juicio de la persona titular del centro directivo encargado de la dirección del BOJA, previa solicitud, en su caso, debidamente motivada, de la persona proponente de la inserción en el BOJA podrán publicarse boletines extraordinarios en cualquier día del año.

4. La concreción de las características de la tipología de cada boletín se establecerá mediante Orden de la persona titular de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de dirección, edición y publicación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»

«3. El título de un texto es el párrafo que precede al cuerpo del texto, y se compondrá de la siguiente forma: tipo de norma, acto o texto con su numeración si procede, seguida de la fecha y órgano que la suscribe en su caso, y a continuación un breve compendio de su contenido.»

«a) En la primera página del sumario deberá figurar el escudo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el título completo de la publicación «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», el año de publicación, la fecha de su publicación, el número de boletín, el tipo de boletín, cuando sea distinto del ordinario, identificación del organismo encargado de su edición, depósito legal e ISSN y la dirección de la sede electrónica del BOJA.»

«1. Dentro de cada sección o subsección, los textos aparecerán agrupados por su procedencia.

2.Dentro de cada procedencia, los textos se ordenarán de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Según el rango normativo del texto.

b) Si coinciden dos o más textos del mismo rango normativo, se dispondrán por el orden de prelación del organismo o unidad administrativa que lo expide, después su fecha y finalmente por el número que tenga asignado, si fuese el caso.

3.El orden de las procedencias y rangos normativos se hará conforme a lo que establezca la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de diario oficial de la Junta de Andalucía.»

«2. Sin perjuicio de lo anterior, la unidad administrativa responsable de la edición y difusión del BOJA, al editar los textos, podrá corregir errores ortográficos o de sintaxis detectados y les aplicará las características tipográficas y de composición del boletín establecidas por la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de diario oficial de la Junta de Andalucía.»

«1. En virtud del artículo 16.5, párrafo 2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los textos que se desee publicar se remitirán por medios electrónicos a la unidad encargada de la edición y difusión del BOJA. A tal efecto, la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de diario oficial de la Junta de Andalucía, habilitará la plataforma electrónica que permita dicha remisión.»

1. Diariamente se organizarán los textos ordenados conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 y se programará su inclusión en el primer boletín ordinario que corresponda.

2. El orden de prioridad de inclusión de los textos será el cronológico, atendiendo a su recepción. No obstante lo anterior, la unidad administrativa encargada de la edición y difusión del BOJA dará preferencia a los textos que tengan señalado día o plazo determinado para producir sus efectos, las correcciones de erratas y errores, y aquellos que por su índole especial así lo requieran.

3. La programación de los boletines complementarios y extraordinarios se realizará con los textos que deban incluirse conforme a las directrices de la persona titular del centro directivo encargado de la dirección del BOJA.»

«b) Inserciones de pago en su día: son aquellas en las que el sujeto pasivo es indeterminado o incierto en el momento de ordenar la inserción.»

«2. La sede electrónica del BOJA incluirá un servicio para facilitar el pago telemático de la tasa correspondiente.»

1. Los textos publicados en el Suplemento de Anuncios que contengan datos de carácter personal permanecerán libremente accesibles en la sede electrónica del BOJA durante un plazo de seis meses desde su publicación, transcurrido el cual sólo serán accesibles mediante petición de la persona interesada o su representante, así como por los órganos y Administraciones que puedan precisarlo para el ejercicio de las competencias que les correspondan.

2. La solicitud de acceso a textos cuya visibilidad haya sido restringida en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior se podrá hacer por cualquiera de los medios establecidos en la siguiente URL:

https://juntadeandalucia.es/servicios/tramites/presentacion-documentos/peg.html

3. Dicha solicitud deberá estar dirigida a la persona titular del órgano directivo que tenga atribuidas las competencias en materia de diario oficial de la Junta de Andalucía.

4. En la solicitud deberá indicarse necesariamente el título del texto al que se quiere acceder, el número y fecha de boletín en el que fue publicado y la legitimación para obtener el acceso al mismo.

5. En caso de que una solicitud incumpliese con alguno de los requisitos expuestos en este artículo, se requerirá a la persona solicitante para que proceda a su subsanación en el plazo de diez días hábiles, con indicación de que, si no lo hiciera, se procederá al archivo de la petición.»

«2. Las nuevas tipologías de boletines previstas en el artículo 8, los mecanismos de autorizaciones a que hacen referencia los artículos 18.2 y 22.6 así como el servicio a que hace referencia el artículo 29.2, no serán aplicables hasta la entrada en vigor de la orden que los regule.»

«4. En el caso de que el Plan de Restauración incluya la reforestación de los terrenos afectados, ésta se llevará a cabo con arreglo a lo previsto en la legislación forestal. Con objeto de promover la adopción de este tipo de actuaciones activas de restauración, las actuaciones de reforestación que se lleven a cabo podrán ser reconocidas como proyectos de absorción de emisiones a efectos del artículo 37 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.»

«4. La vigencia de los planes de prevención de incendios forestales se extenderá desde la fecha de la resolución aprobatoria de los mismos hasta la finalización de la época de peligro alto de incendios forestales del quinto año a contar desde su aprobación. Llegado ese momento, los planes de prevención deberán ser revisados.»

1. La quema de matorral, pastos y residuos procedentes de tratamientos selvícolas, fitosanitarios y otros trabajos forestales, así como la quema de rastrojos o residuos en labores agrícolas que se realicen en terrenos forestales y en zona de influencia forestal requieren autorización administrativa debidamente motivada, en la que se fijarán las condiciones de ejecución de la quema, y que será dictada previa solicitud del interesado; salvo en aquellos tipos de quema en los que se permita la presentación de una declaración responsable.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, a las pequeñas explotaciones y a las microexplotaciones agrarias no les es de aplicación de prohibición de quema que, con carácter general, se establece en dicha norma para los residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. En el caso de las explotaciones agrarias que no tengan la consideración de pequeña explotación o de microexplotación, la quema podrá realizarse bien por razones de carácter fitosanitario motivando que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, o bien al objeto de prevenir incendios.

3. Atendiendo a la especial estructura de los montes y explotaciones forestales andaluces, generalmente de escasa extensión y considerando que los mismos forman parte del sector agrario, se establecen las siguientes tipologías de quemas forestales y de restos agrícolas, a realizar sobre los terrenos forestales y en la zona de influencia forestal de 400 metros que circunda a éstos:

a) Quemas de matorral y pastos a realizar en terrenos forestales, previa autorización conforme a las condiciones establecidas en el artículo 15.

b) Quemas de restos vegetales procedentes de trabajos forestales y tratamientos preventivos contra incendios forestales, a realizar conforme a lo dispuesto en el artículo 16. Estas quemas se podrán realizar previa presentación de una declaración responsable, en el caso de que la quema de restos vegetales se realice por puntos, en pilas o montones. Se requerirá autorización previa en el caso de tratarse de restos vegetales acordonados o en otra disposición.

c) Quemas de restos vegetales procedentes de la actividad agrícola llevada a cabo en zonas de influencia forestal, las cuales se podrán realizar previa presentación de declaración responsable para el caso general de pequeñas y microexplotaciones agrarias.

En el caso del resto de explotaciones agrarias que ocupen a cincuenta o más personas y cuyo volumen de negocios anual sea igual o superior a diez millones de euros, conforme a la clasificación recogida en el Reglamento (UE) 2022/2472 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en la normativa sectorial, y se encuentren igualmente en zona de influencia forestal, la quema podrá realizarse por razones de carácter fitosanitario motivando que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, conforme a la normativa específica en materia de agricultura, o bien al objeto de prevenir incendios, siempre previa autorización.

d) Quemas prescritas de vegetación en pie, a realizar por el Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales del Plan INFOCA, con fines de conservación y regeneración de ecosistemas ligados al uso del fuego, investigación y formación de dicho personal, así como de prevención de incendios forestales. Dichas quemas podrán realizarse sin limitaciones horarias y durante todo el año, previa aprobación de un Plan de Quema en el que se definirán las condiciones de ejecución de estas y la estructura organizativa del personal encargado de su realización. Asimismo, podrán realizarse sobre terrenos de titularidad pública o bien sobre terrenos de titularidad privada, previo acuerdo o convenio con los propietarios de los terrenos.

Se excluye la ejecución del uso del fuego técnico, realizada por el personal del Servicio Operativo de Incendios Forestales del dispositivo INFOCA, consistentes en operaciones de contrafuegos, quemas de ensanche, quemas anticipadas de determinadas zonas, el desbroce de la vegetación y otras labores realizadas durante las operaciones de extinción propias de un incendio, reguladas en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

4. En las resoluciones de autorización de usos y aprovechamientos forestales otorgadas conforme a la normativa específica en materia de montes deberá contemplarse la obligatoriedad de obtener la correspondiente autorización o declaración responsable, en función del tipo de quema, la cual podrá realizarse bajo ciertas condiciones, en caso de no ser posible la eliminación de dichos restos vegetales por otros métodos, tales como el astillado o la trituración, por motivos fitosanitarios y/o al objeto de prevenir incendios, previa justificación técnica y/o económica y conforme a los criterios definidos en la normativa básica estatal en materia de residuos.

5. El plazo de ejecución para los distintos tipos de quema se sujetará a los siguientes límites:

a) Quemas sometidas al procedimiento de declaración responsable: Con carácter general podrán ejecutarse durante toda la Época de peligro bajo. En el caso de quemas a realizar durante la Época de peligro medio de incendios, la quema únicamente se podrá realizar mediante autorización expresa obtenida conforme al procedimiento descrito en el artículo 18, sometiéndose en todo caso a cualquier disposición de carácter general emitida por el superior órgano competente en materia de uso del fuego para todas las quemas incluidas en un determinado ámbito territorial.

b) Quemas sujetas al procedimiento de autorización: El plazo de ejecución será aquel que se contemple en su autorización, con los límites establecidos en la normativa sectorial específica en materia de prevención de incendios.

6. Para todos los tipos de quema autorizados por resolución o mediante declaración responsable, y conforme a lo dispuesto en el artículo 48.6 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, la realización de dicha quema deberá suspenderse cuando previsiblemente el riesgo diario de incendio sea Muy Alto o Extremo, de acuerdo con el índice de riesgo aprobado mediante Orden de 16 de junio de 2023, por el que se establece un índice de riesgo de incendios forestales oficial para Andalucía».

1. Las quemas de restos vegetales por puntos, pilas o montones en terreno forestal así como las quemas de restos vegetales procedentes de la actividad agrícola en zona de influencia forestal, en el caso de pequeñas explotaciones y microexplotaciones agrarias, requerirán de la previa presentación por parte del interesado de una declaración responsable, mediante la cual el titular se comprometerá a ejecutar la quema en las condiciones fijadas en esta norma y resto de normativa aplicable, así como al condicionado adjunto a dicha declaración responsable.

2. Las personas titulares de los terrenos forestales o de las explotaciones agrícolas en las que se pretenda realizar la quema de restos vegetales, presentarán la declaración responsable mediante los formularios oficiales adjuntos al presente reglamento, dirigida a la persona titular de la Delegación de Gobierno de la provincia en la que se ubiquen los terrenos, y se presentará de la siguiente forma:

a) Las personas o entidades obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán presentar el modelo de declaración responsable, a través del enlace del Catálogo de Procedimientos y Servicios de la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía.

b) Las personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración, además de en la forma recogida en el párrafo anterior, podrán presentarla en los lugares y registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. Se adjuntará a la declaración responsable la delimitación de las parcelas donde se realizará la quema sobre plano a escala adecuada (1:10.000 o similar) con indicación de la situación y accesos.

4. En el caso de explotaciones que no tengan el carácter de pequeña o microexplotación agraria, se aportará una memoria suscrita por el titular del terreno o de la actividad justificativa de la necesidad de realizar dicha quema en base a criterios de carácter fitosanitario, bien para la prevención de incendios forestales, justificando la imposibilidad de su ejecución por otros medios.

5. La declaración responsable habrá de presentarse con una antelación mínima de diez días hábiles a la realización de la actividad, pudiendo ser denegada mediante resolución motivada del órgano competente por razón del territorio en materia de uso del fuego con carácter previo a su realización con una antelación mínima de 24 horas a su ejecución.

6. Cuando lo aconsejen las circunstancias sobrevenidas o no se acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas, los agentes de la autoridad o funcionarios que tengan reconocida dicha condición y estuvieran presentes en el acto de la quema podrán ordenar su interrupción.

7. Para la presentación electrónica, las personas interesadas deberán disponer de un sistema de firma que permita garantizar y acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En relación con los medios válidos a efectos de firma electrónica se estará a lo dispuesto en el artículo 10.2 de la anterior ley, en los artículos 15 y 26 y siguientes del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos y en los artículos 21 y 22 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía».

«4. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, y en garantía de la protección del interés público, el aprovechamiento forzoso de los productos forestales afectados por un incendio en monte público, se realizará por la Administración titular con sus propios medios o mediante convenio con la Consejería con competencia en materia forestal, que podrá recurrir a sus propios medios propios o acordar motivadamente, que los trabajos necesarios para el aprovechamiento, sean objeto de contratación, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la adjudicación resultante.»

«1. La Consejería competente en materia forestal fijará los criterios aplicables a las condiciones de los aprovechamientos de productos procedentes de áreas incendiadas, bien en la resolución de aprobación del Plan de Restauración, bien mediante la aprobación de un modelo tipo de contrato de aprovechamiento. En los montes públicos, la comercialización exigirá la medición de los productos procedentes del área incendiada y podrá llevarse a cabo en cargadero o a partir del aprovechamiento de los árboles en pie.»

La exigencia del interés de demora para los reintegros, devoluciones y remanentes no aplicados no será de aplicación a las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo.

Las disposiciones reglamentarias específicas, de carácter estatal y no básico, en materia de subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo serán de aplicación supletoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.»

a) A los procedimientos de reintegro, devolución y remanentes no aplicados ya iniciados antes de la entrada en vigor de la disposición adicional única de esta ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.

b) Los procedimientos de reintegro, devolución y remanentes no aplicados iniciados tras la entrada en vigor de la disposición adicional única de esta ley se regirán por lo dispuesto en ésta.»

«5. Las medidas en materia de contratación previstas en el Capítulo IV son aplicables a procedimientos de contratación y encargos a medios propios personificados, financiados con recursos propios del Presupuesto de la Junta de Andalucía o con otros fondos, realizados por las entidades previstas en el apartado 1 siempre que vayan dirigidos directa o indirectamente a la gestión, soporte, apoyo, asistencia técnica y ejecución de proyectos y actuaciones financiadas con los fondos establecidos en el apartado 2 del presente artículo.»

1. En el seno de la Comisión Delegada para la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera se crea un Comité Técnico para el Seguimiento de la Ejecución de los Fondos Europeos.

2. El Comité Técnico estará compuesto por las siguientes personas miembros:

a) La persona titular de la Secretaría General competente en materia de Fondos Europeos, que presidirá el Comité.

b) Las personas titulares de los siguientes órganos, que actuarán como vocales:

1.º La Secretaría General competente en materia de Economía.

2.º La Secretaría General competente en materia de Acción Exterior.

3.º La Secretaría General competente en materia de Fondos Europeos Agrarios.

4.º La Dirección General competente en materia de Sector Público Instrumental.

5.º La Dirección General competente en materia de Recursos Humanos y Función Pública.

6.º La Dirección General competente en materia de Presupuestos.

7.º La Dirección General competente en materia de Fondos Europeos.

8.º La Dirección General competente en materia de coordinación sobre la contratación pública.

9.º La Dirección Gerencia de la Agencia Digital de Andalucía.

10.º La Intervención General de la Junta de Andalucía.

11.º Las Secretarías Generales Técnicas de todas las Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía.

Se promoverá la representación equilibrada de hombres y mujeres en la composición del Comité Técnico de conformidad con el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Su funcionamiento se regirá por lo establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y en la sección 3.ª del Capítulo II del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo que constituya legislación básica.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 89.1.c) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, el Comité Técnico podrá elaborar sus propias normas de régimen interno.

3. La Secretaría del Comité será designada por la Presidencia del Comité Técnico para el Seguimiento de la Ejecución de los Fondos Europeos entre el personal funcionario adscrito a la Secretaría General competente en materia de Fondos Europeos. La persona titular de dicha Secretaría asistirá a las reuniones del citado Comité con voz, pero sin voto.

4. Se podrán crear grupos de trabajo con carácter permanente o temporal, para la asistencia al Comité Técnico en el desarrollo de las funciones atribuidas a este en el apartado 5 en los términos que, en su caso, se establezcan en las normas de funcionamiento.

Los grupos de trabajo contarán con el número de miembros que se determine por el Comité Técnico.

Podrán formar parte de los mismos personas que no sean miembros del Comité Técnico, en cuyo caso serán nombradas por la persona titular de la presidencia del Comité Técnico entre personal funcionario adscrito a la Consejería competente en materia de Fondos Europeos, con nivel al menos de jefatura de servicio o equivalente.

Igualmente, podrá formar parte de los grupos de trabajo personal funcionario de las restantes Consejerías y de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía, con nivel al menos de jefatura de servicio o equivalente, que será nombrado por la persona titular de la presidencia del Comité Técnico a propuesta de la Consejería o entidad correspondiente.

5. Las funciones del Comité Técnico serán:

a) Proporcionar soporte técnico a la Comisión Delegada para la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera, facilitando toda la documentación que sea necesaria para el desarrollo de sus funciones.

b) La realización de los estudios, informes y análisis que le encargue la Comisión Delegada para la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera, y aquellos otros que estime de utilidad para el seguimiento y ejecución de la financiación europea y de los proyectos y fondos financiables.

c) Además de lo previsto en el párrafo b) anterior, informar periódicamente a la Comisión Delegada para la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera del seguimiento de los proyectos financiables con fondos europeos, su programación y ejecución y las posibles reprogramaciones.

d) La aprobación de las orientaciones, así como el impulso en la elaboración de modelos de pliegos de licitación y de manuales de procedimiento, de bases reguladoras para convocatorias de subvenciones o ayudas, de convenios o de cualquier otro instrumento que considere que podría servir de orientación a los órganos gestores por razones de eficacia o eficiencia.

e) La aprobación de recomendaciones u orientaciones sobre la adopción de herramientas informáticas o digitales.

f) El seguimiento del cumplimiento de las propuestas, criterios o recomendaciones elaboradas por el mismo.

g) La aprobación de las normas de funcionamiento de los grupos de trabajo a que se refiere el apartado 4.

h) La aprobación de recomendaciones de planificación de la programación y ejecución de los proyectos y fondos financiables, incluyendo los instrumentos de planificación estratégica de gestión.

6. El Comité Técnico podrá requerir la colaboración de cualquier órgano o entidad de la Administración de la Junta de Andalucía para el cumplimento de las funciones que le son propias.»

«1. Para la tramitación de la aprobación de las bases reguladoras de subvenciones financiables con fondos europeos en el procedimiento de elaboración de las mismas solo serán exigibles, con carácter previo a su aprobación los siguientes informes: informe de la Dirección General competente en materia de Fondos Europeos previsto en el párrafo b) del artículo 4.3 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 282/2010, de 4 de mayo; informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, salvo que se ajusten a las bases tipo, y de la Intervención General de la Junta de Andalucía previstos en los párrafos a) y d) del artículo 4.2 del Reglamento anterior; e informe de la Dirección General de Presupuestos en los casos previstos en el artículo 35 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras.»

Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones y actos sean necesarios para garantizar el cumplimiento y desarrollo de lo establecido por la presente disposición, y especialmente para que, mediante Decreto, pueda modificar la composición y funciones del Comité Técnico para el Seguimiento de la Ejecución de los Fondos Europeos.»

«7. El pago del importe de los trabajos realizados se efectuará con la periodicidad establecida en la resolución por la que se ordene el encargo y conforme a la actuación efectivamente realizada, una vez expedida certificación de conformidad por la persona designada para dirigir la actuación y/o el documento que acredite la realización total o parcial de la actuación de que se trate. También se deberá aportar certificación en la que conste la aplicación de las tarifas aprobadas a los trabajos ejecutados, así como el coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades que se subcontraten con empresarios particulares o entidades del sector público en los casos en que estos costes sean inferiores al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas, mediante la relación detallada y certificada de las facturas que deba abonar el medio propio. En el caso de actuaciones financiadas con fondos procedentes de la Unión Europea, deberá asegurarse la posibilidad de subvencionar estos gastos de acuerdo con lo establecido en la normativa comunitaria.

No obstante, en las condiciones y con los requisitos que se determinen por el órgano o entidad competente para efectuar el encargo, este podrá autorizar pagos en concepto de anticipo, cuya cuantía no podrá superar los límites establecidos en el artículo 26.3 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, debiendo quedar justificado el anticipo antes de los tres meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución del encargo y, en todo caso, con anterioridad al último pago que proceda»

«e) Requerir a las entidades locales de la provincia para que anulen los actos y acuerdos referidos al ámbito de las competencias de la respectiva Delegación del Gobierno que infrinjan el ordenamiento jurídico y, en su caso, promover la impugnación de los actos o acuerdos de las entidades locales de la provincia que infrinjan el ordenamiento jurídico.»

«d) Requerir a las entidades locales de la provincia para que anulen los actos y acuerdos, referidos al ámbito de las competencias de la respectiva Delegación Territorial y Provincial, que infrinjan el ordenamiento jurídico.»

1. La Administración de la Junta de Andalucía dispondrá de un registro electrónico, que será único para la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y, para las agencias públicas empresariales, las agencias de régimen especial y los consorcios a los que se refiere el artículo 12.3 de esta Ley, cuando ejerzan potestades administrativas. En el Registro Electrónico Único, quedará constancia de la entrada y salida de los documentos.

2. El Registro Electrónico Único será accesible en las respectivas sedes electrónicas, rigiéndose por su fecha y hora oficial y donde constará el calendario de días inhábiles.

3. El Registro Electrónico Único será interoperable con los registros del resto de Administraciones Públicas, en los términos establecidos por la legislación del procedimiento administrativo común, garantizándose su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros electrónicos.

4. Reglamentariamente se regulará el funcionamiento del Registro Electrónico Único».

1. El Registro Electrónico Único estará asistido por las oficinas de asistencia en materia de registros que reglamentariamente se determinen.

2. Las oficinas de asistencia en materia de registros ejercerán las funciones establecidas en la legislación estatal básica, así como aquellas otras que reglamentariamente les sean atribuidas al establecer su cartera de servicios.

3. Reglamentariamente se establecerán los días y horario en que deberán permanecer abiertas, así como, el procedimiento por el que se acuerde su establecimiento, modificación o supresión».

1. Quienes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tengan capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, tendrán derecho a presentar documentos en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía, así como, a obtener constancia de dicha presentación.

2. Los órganos administrativos que por error reciban documentos de las personas interesadas, darán traslado inmediato de los mismas al órgano competente para su tramitación poniéndolo en conocimiento de aquellas.

3. Las personas interesadas tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración de la Junta de Andalucía en los términos establecidos en la legislación estatal básica».

«d) Autorizar con carácter previo a su aprobación los actos administrativos o negocios jurídicos que conlleven realización de gastos, en los supuestos previstos legalmente».

«c) Aprobar, en los casos en que le correspondan conforme al ordenamiento jurídico, los actos administrativos o negocios jurídicos que conlleven la realización de gastos y, en su caso, elevarlos al Consejo de Gobierno para su autorización previa, en los supuestos previstos legalmente.»

«c) Aprobar los actos administrativos o negocios jurídicos que conlleven la realización de gastos y, en su caso, elevarlos por conducto de la persona titular de la Consejería al Consejo de Gobierno para su autorización previa en los supuestos previstos legalmente.»

«6. Al texto articulado del anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía se acompañará una memoria justificativa de su contenido.»

El proyecto de Ley del Presupuesto, integrado por el texto articulado y los estados de ingresos y de gastos, se remitirá al Parlamento de Andalucía al menos dos meses antes de la expiración del Presupuesto corriente, para su examen, enmienda y aprobación.

Al proyecto de Ley del Presupuesto se acompañará la siguiente documentación:

a) La cuenta consolidada del Presupuesto.

b) La memoria económica, comprensiva de la información sobre objetivos, actuaciones e indicadores de los programas presupuestarios, y de las principales modificaciones que presenten comparados con el Presupuesto vigente.

c) La liquidación del Presupuesto del año anterior y un avance de la del ejercicio corriente.

d) Un informe económico y financiero.

e) La clasificación por programas del Presupuesto.

f) El informe de evaluación de impacto de género.

g) El informe sobre la incidencia de los indicadores presupuestarios en el cambio climático.

h) El informe de evaluación de enfoque de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.

i) El anexo de inversiones con los proyectos de inversión de las Consejerías, agencias administrativas, agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás entidades de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

j) El anexo de personal, incluyendo al personal de las Consejerías, agencias, consorcios, sociedades mercantiles del sector público andaluz, fundaciones y demás entidades de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Toda la documentación que se entregue al Parlamento de Andalucía será objeto, tras su remisión, de publicación en el Portal de Transparencia. Una vez aprobada la Ley, se procederá de igual forma a la publicación en dicho Portal de Transparencia del Presupuesto de la Junta de Andalucía y de su documentación anexa.»

Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en él crédito o sea insuficiente y no ampliable el consignado, la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, previo informe de la Dirección General de Presupuestos, elevará al acuerdo del Consejo de Gobierno la remisión de un proyecto de Ley al Parlamento de concesión de un crédito extraordinario, en el primer caso, o de un suplemento de crédito en el segundo, y en el que se especifiquen los recursos concretos que deben financiarlos.

En el supuesto de que el Consejo de Gobierno haya acordado la aplicación del Fondo de Contingencia contemplado en el artículo 35.4, de conformidad con el artículo 52 bis.4 el crédito extraordinario o suplemento de crédito correspondiente será aprobado por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.»

1. La competencia en materia de gestión de los gastos corresponderá a quienes la ostenten para adoptar los actos administrativos o negocios jurídicos que los generen y ejecuten, conforme a lo dispuesto en las normas que regulen la estructura orgánica y atribución de competencias en la Administración de la Junta de Andalucía, instituciones, agencias administrativas, de régimen especial, públicas empresariales referidas en el artículo 2.c) y consorcios adscritos, sin perjuicio de que, en los supuestos legalmente establecidos, se requiera la autorización del Consejo de Gobierno previamente a la adopción de los actos administrativos o negocios jurídicos que conlleven la realización de gasto.

A estos efectos, los actos de ejecución presupuestaria del gasto son actos debidos consecuencia de los actos de gestión administrativa o negocios jurídicos de los que derive, de forma que, cuando conlleven un gasto se producirá de forma simultánea la fase de gestión presupuestaria que le corresponda.

2. La desconcentración, la delegación y, en general, los actos por los que se transfieran la titularidad o el ejercicio de las competencias citadas en el apartado anterior se entenderán siempre referidos a ambas competencias, de gestión administrativa y de gestión presupuestaria.

3. La Consejería competente en materia de Hacienda podrá imputar al presupuesto de gastos de la Consejería, agencia administrativa, agencia de régimen especial, agencia pública empresarial comprendida en el artículo 2.c) o consorcio afectado las obligaciones de pago no atendidas a su vencimiento que hubieran ocasionado minoración de ingresos o incremento de gasto por compensaciones de deudas o deducciones sobre transferencias efectuadas por otras Administraciones Públicas. A tal efecto adoptará, asimismo, los acuerdos y dictará las resoluciones que procedan para la adecuada contabilización de los respectivos gastos e ingresos, realizando estas actuaciones en el ejercicio en el que se produzcan. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 53 bis.»

1. La ejecución del presupuesto de gastos se realizará a través de las siguientes fases:

a) Aprobación de la realización de gasto. Se corresponde con el acto administrativo o negocio jurídico que conlleva la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o estimada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

b) Disposición. Se corresponde con el acto administrativo o negocio jurídico del que se deriva, en la cuantía y condiciones establecidas, un compromiso de gasto frente a terceros, de la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas, de régimen especial, públicas empresariales referidas en el artículo 2.c), los consorcios adscritos, y en general, cualesquier organismo y entidad de derecho público vinculado o dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía sometido a la contabilidad presupuestaria.

c) Reconocimiento de la obligación. Declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública y comporta la propuesta de pago correspondiente.

d) Ordenación del pago y pago material conforme a lo dispuesto en el artículo 73bis.

2. La sucesión de las fases de gestión del presupuesto de gastos requerirá, en todo caso, de la materialización de los actos administrativos o negocios jurídicos que las generen de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Atendiendo a la naturaleza de los gastos y a criterios de economía y agilidad administrativa, podrán acumularse en un solo acto todas o algunas de las fases de ejecución del gasto en los supuestos y con las condiciones que se determinen por la consejería competente en materia de Hacienda.

3. Con cargo a créditos que figuren en los estados de gastos de la Administración de la Junta de Andalucía, de las agencias administrativas, de régimen especial y las públicas empresariales referidas en el artículo 2.c), y consorcios, correspondientes a servicios cuyo volumen de gasto tenga correlación con el importe de tasas, cánones y precios públicos liquidados por las mismas, o que por su naturaleza o normativa aplicable deban financiarse total o parcialmente con unos ingresos específicos y predeterminados, tales como los provenientes de transferencias finalistas, subvenciones, convenios con otras Administraciones o encargos de ejecución a medios propios personificados, solo podrán gestionarse sus gastos en la medida en que se vaya asegurando su financiación.

4. Con cargo al crédito del Fondo de Contingencia se financiarán únicamente, cuando proceda, las siguientes modificaciones de crédito:

a) Crédito extraordinario.

b) Suplementos de crédito.

c) Ampliaciones.

En ningún caso podrá utilizarse el mencionado crédito para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Administración, que carezcan de cobertura presupuestaria.

Su aplicación se decidirá por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda.»

1. Corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda las funciones de ordenación general de pagos de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Compete a las personas titulares de la Presidencia o Dirección de las instituciones, agencias administrativas, de régimen especial y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c) y los consorcios, la ordenación de los pagos relativos a sus gastos.

3. La Consejería competente en materia de Hacienda podrá establecer directrices a los entes referidos en el apartado anterior, para el ejercicio de sus funciones de ordenación de los pagos y ejercerá la supervisión de su cumplimiento con el objeto de garantizar las exigencias establecidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

4. El régimen de la ordenación de pagos se regulará por Decreto a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.»

1. La fiscalización previa de los gastos y las obligaciones consiste en el examen de los expedientes administrativos que conllevan gasto, con el fin de verificar que su contenido y tramitación se ajustan a la legalidad vigente, en los términos previstos en este artículo y en lo que se disponga reglamentariamente.

2. Serán objeto de fiscalización previa los expedientes administrativos que conlleven alguna de las siguientes fases de ejecución del gasto, y justificación de libramientos, definidas en la normativa de desarrollo de esta Ley:

a) La aprobación de la realización de gasto.

b) La disposición del gasto.

c) El reconocimiento de la obligación.

d) La justificación de los pagos de justificación posterior.

3. La Intervención General podrá establecer, mediante resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que los extremos a comprobar en la fiscalización previa sean los siguientes:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en que se trate de disposición de gastos con cargo a ejercicios futuros se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 40 de esta Ley.

b) Que la aprobación de la realización de gasto, el acto o negocio jurídico del que se deriva una disposición de los gastos y el reconocimiento de las obligaciones se proponen al órgano competente.

c) Que los expedientes de reconocimiento de obligaciones corresponden a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente.

d) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, determine la Intervención General.

4. Si la Intervención, al realizar la fiscalización, se manifestase en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción, deberá formular sus reparos de forma motivada. La formulación del reparo suspenderá la tramitación del expediente hasta que sea solventado, bien por subsanación de las deficiencias, o bien, en el caso de no aceptación del reparo, por la resolución del procedimiento previsto en el apartado siguiente.

En el supuesto de que la función interventora se desarrolle en el régimen previsto en el apartado anterior, consistente en la previa delimitación del alcance por resolución de la Intervención General, únicamente procederá la formulación de reparos cuando no se cumpla alguno de los aspectos de comprobación establecidos. En caso contrario, el ámbito de comprobación se extenderá a los aspectos de legalidad económico-presupuestaria y únicamente procederá la formulación de reparo en los casos siguientes:

a) Cuando no exista crédito presupuestario suficiente y adecuado a la naturaleza del gasto que se proponga autorizar.

b) En los casos de falta de competencia del órgano al que se propone la aprobación del acto administrativo o negocio jurídico que conlleva la realización del gasto.

c) Si no queda acreditada la legitimidad de la persona o entidad en cuyo favor se contrae la disposición de gasto.

d) Si no se acredita documentalmente la efectiva realización de la prestación y el derecho del acreedor.

e) En los supuestos en los que, siendo preceptiva la fiscalización previa, se haya omitido este trámite.

5. Si el órgano al que afecta el reparo no estuviera conforme con el mismo, se procederá de la siguiente forma:

a) Cuando haya sido formulado por la Intervención que efectúa la fiscalización previa, corresponderá a la Intervención General conocer de la discrepancia, siendo su resolución obligatoria para aquella.

b) Cuando el reparo emane de la Intervención General o esta, previa tramitación del expediente por la persona titular de la Viceconsejería correspondiente, haya confirmado el reparo de una Intervención, subsistiendo la discrepancia, corresponderá la resolución:

1.° A la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, cuando el importe del gasto no exceda de 150.000 euros.

2.° Al Consejo de Gobierno en los demás casos.

6. No están sometidos a fiscalización previa de la aprobación de la realización y disposición del gasto:

a) Los contratos menores, así como los asimilados a ellos en virtud de la legislación contractual.

b) Los gastos del Capítulo II de la clasificación económica del estado de gastos menores de 3.000 euros o los gastos de la misma naturaleza menores de los importes que se establezcan reglamentariamente.

c) Los gastos de honorarios de los agentes recaudadores.

d) Los gastos de depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación, derivados de las expropiaciones forzosas.

e) Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que se deriven o sus modificaciones.

Reglamentariamente podrán excluirse de fiscalización previa, en cualquiera de las fases previstas en el apartado 2 de este artículo, aquellos gastos, distintos o no a los descritos anteriormente, para los que se considere más adecuada otra forma de control.

La Intervención General podrá establecer procedimientos de control posterior sobre los gastos excluidos de fiscalización previa.

7. La fiscalización previa podrá ejercerse aplicando técnicas de muestreo o comprobaciones periódicas a los gastos de personal y de subvenciones, así como a cualesquiera otros en los que concurra la circunstancia de afectar a un gran número de actos, documentos o expedientes. A tales efectos, la Intervención General determinará los actos, documentos y expedientes sobre los que la fiscalización previa podrá ser ejercitada sobre una muestra y no sobre el total de los expedientes, estableciendo los procedimientos aplicables para la muestra, de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información.

8. En los supuestos en los que la fiscalización previa o la comprobación material del gasto prevista en el apartado 2 del artículo anterior fuesen preceptivas y se hubiesen omitido, no se podrá continuar el expediente administrativo que conlleve gasto ni, por tanto, reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni fiscalizar favorablemente estas actuaciones hasta que, en su caso, se resuelva dicha omisión, mediante su convalidación por el Consejo de Gobierno o la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, en los términos que se determinen reglamentariamente».

«3. En el ejercicio de las facultades de control previstas en el presente artículo, y cuando sea necesaria la posesión de especiales conocimientos técnicos, el personal funcionario encargado del control podrá solicitar de la persona titular de la Intervención General la designación de asesores o peritos para la comprobación de la realidad de la inversión o de los elementos empleados y, en particular, para la verificación de la realidad del proyecto y la entrega del bien o servicio de manera plenamente acorde con las condiciones establecidas en el correspondiente expediente administrativo que conlleve el gasto. La realización de la labor de asesoramiento a que se refiere esta disposición, que en todo caso se considerarán tareas de apoyo a las funciones públicas de control realizadas por personal funcionario, cuando se desarrolle por empleados públicos, se considerará parte integrante de las funciones del puesto de trabajo de los asesores o peritos, debiendo colaborar sus superiores jerárquicos en la adecuada prestación de este servicio.

Los supuestos y requisitos para la solicitud de asesores y peritos, así como el procedimiento para su designación, se establecerán por la Consejería competente en materia de Hacienda.»

«2. No obstante, será necesario el Acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar la concesión de subvenciones que conlleven la aprobación de un gasto superior a 3.000.000 de euros.»

«3. Las normas reguladoras y, en su caso, los convenios que se suscriban con entidades colaboradoras, para que por éstas se lleve a cabo la entrega y distribución de los fondos a las personas o entidades beneficiarias, deberán prever el régimen de control, previo o financiero, al que se someterán los expedientes administrativos de subvenciones, conforme a los criterios que para determinar la modalidad de control interno se determinan en el Capítulo II del Título V.

En caso de sometimiento a fiscalización previa, esta podrá llevarse a cabo aplicando técnicas de muestreo, mediante el procedimiento que determine al efecto la Intervención General.»

«1. Las fases de aprobación de la realización del gasto y de disposición en materia de subvenciones, con excepción de las tramitadas con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), las subvenciones financiadas con cargo al crédito del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en relación con los artículos 21.1.a) y b), 28 a 31, 33 y 34 del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, y aquellas que se determinen por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, previo informe de la Intervención General que versará sobre la justificación y procedencia de la medida a adoptar, se ajustarán a las siguientes normas:

a) La aprobación de la convocatoria de subvenciones regladas, conllevará la aprobación de la realización del gasto sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 115 de esta Ley.

b) La concesión directa de subvenciones, conllevará la aprobación de la realización y disposición del gasto.

c) La resolución de concesión de las subvenciones conlleva la disposición del gasto correspondiente.»

El informe de evaluación de enfoque de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia a que se refiere el artículo 36.h), se emitirá por la Consejería competente en materia presupuestaria, en coordinación con el conjunto de las Consejerías y con participación de los órganos directivos competentes por razón de la materia».

1. Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán entre la documentación necesaria para la adjudicación aquella que acredite que ostentan la debida representación, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora del procedimiento de contratación respectivo.

2. En aquellos procedimientos en los que se hubiera constituido una mesa de contratación, el citado poder podrá presentarse acompañado de bastanteo realizado por los servicios jurídicos de cualquier Administración a nivel estatal, autonómico o local, que acredite la comprobación por parte de la Administración de que las facultades o poderes de una o varias personas físicas son suficientes para actuar en nombre y representación de una determinada persona en la realización de determinadas actuaciones. En caso de tratarse de una entidad instrumental será igualmente válido el bastanteo de su asesoría jurídica.

Si dicho bastanteo no se aportara, la suficiencia de los poderes de las personas físicas que actúen firmando proposiciones en nombre y representación de las personas que sean propuestas adjudicatarias será valorada en el acto de celebración de la sesión de la mesa de contratación que tenga por objeto el análisis de la documentación previa a la adjudicación, por el Letrado o Letrada del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía o persona a la que se asignen sus funciones, o la persona de las que tengan atribuido el asesoramiento jurídico del órgano de contratación.

Del juicio de suficiencia que se haga en los términos del párrafo anterior se dejará constancia en el acta sin que en este caso sea necesario recabar bastanteo de poderes y facultades.

3. Si la mesa no se hubiera constituido, será necesario aportar el bastanteo referido en el apartado anterior.»

1. Los contratos menores de obras, servicios y suministros tramitados por la Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales y los consorcios adscritos en virtud del artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía cuyo pago sea único y se efectué a través del sistema de anticipos de caja fija o priorización de pagos menores, regulado en la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, de 24 de julio de 2018, por la que se regula el procedimiento de anticipo de caja fija y la priorización de pagos menores, u otro similar, cuyo precio fuera inferior a cinco mil euros, IVA incluido y sean financiados exclusivamente con fondos propios, no exigirán la emisión del informe previsto en el artículo 118.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En estos casos el reconocimiento de la obligación y el pago de los gastos solo requerirá la presentación ante el órgano competente de la factura o del documento equivalente y la conformidad a la prestación, sin perjuicio de las normas especiales sobre pagos a justificar.

2. Los contratos descritos en el apartado anterior constituyen pagos menores a los efectos establecidos en el inciso final del artículo 63.4, el tercer párrafo del artículo 335.1 y el tercer párrafo del artículo 346.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En este sentido quedan exceptuados de la obligatoria publicación en el perfil de contratante y de la obligación de inscripción en el Registro de Contratos de la Junta de Andalucía, prevista en el artículo 28 del presente Decreto.»

De conformidad con lo previsto en el artículo 108.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rijan la licitación de un contrato de obras, suministro o servicios así como en los de concesión de servicios cuando las tarifas las abone la Administración contratante del sector público andaluz deberán recoger expresamente la posibilidad de que el contratista opte por la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio, indicando que se retendrá en el momento del primer pago las cantidades necesarias para su constitución y, de no ser posible por ser insuficiente su importe, de los sucesivos hasta completarla.

El importe retenido será devuelto al contratista cuando finalice el plazo de garantía del contrato.»

1. En el caso de que una persona contratista haya concertado con terceros la realización parcial de la prestación objeto del contrato con sujeción a lo que se disponga en los pliegos, los subcontratistas podrán solicitarle un certificado de buena ejecución que refleje el objeto de la subcontratación, el importe, las fechas, la persona contratista principal, el destinatario público final de los trabajos, el lugar de ejecución si procede, y si se realizaron los trabajos según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron a buen término, en su caso. Asimismo, dichos certificados expresarán que los subcontratistas solo quedan obligados con el contratista y aquellos no dispondrán de acción directa contra la Administración contratante, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

El certificado, que deberá ser expedido por la persona contratista principal en el plazo máximo de diez días hábiles, deberá ser presentado para su validación por el órgano de contratación.

Los certificados a los que se refieren los dos primeros párrafos podrán ser utilizados por los subcontratistas para acreditar la solvencia técnica o profesional en los procedimientos de adjudicación en los que participe.

2. La persona contratista deberá tener informado en todo momento al órgano de contratación de la parte de la prestación que se subcontrata y la identidad, datos de contacto y representantes legales de la persona subcontratista. Por su parte, el órgano de contratación incluirá la identificación y el porcentaje de subcontratación efectuada en la ejecución del contrato en el certificado de buena ejecución que expida a la persona contratista principal.»

1. En el ámbito de las entidades locales andaluzas y de los poderes adjudicadores vinculados a las mismas, la competencia para el conocimiento y resolución del recurso especial en materia de contratación y de las reclamaciones a que se refiere el artículo 1 de este Decreto corresponderá a los órganos propios, especializados e independientes que creen, que actuarán con plena independencia funcional conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

2. De conformidad con la competencia de asistencia material a los municipios que atribuye a las provincias el artículo 11.1.c) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, y en la forma regulada en el artículo 14.2 de dicha Ley, el conocimiento y resolución de estos recursos especiales y reclamaciones podrán corresponder a los órganos especializados en esta materia que puedan crear las Diputaciones Provinciales.

3. Con la excepción que se contempla en el párrafo segundo de este apartado, en caso de que las entidades locales y los poderes adjudicadores vinculados a las mismas no hayan optado por la posibilidad descrita en los apartados anteriores, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía será el competente para resolver los recursos y reclamaciones respecto a los actos de dichas entidades.

Cuando los recursos y reclamaciones se interpongan respecto de actos dictados por Diputaciones Provinciales o municipios de gran población a los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la atribución de competencia al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía exigirá la suscripción de convenio con la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda en el que se estipulen las condiciones para sufragar los gastos derivados de esta asunción de competencias».

1. El complemento de desempeño a que se refiere la normativa reguladora de la función pública de la Junta de Andalucía se percibirá por las personas titulares de la Presidencia y las Vocalías del Tribunal Administrativo, con arreglo a lo establecido en las normas generales reguladoras de esta materia, en la presente disposición y en las que por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda se dicten en su desarrollo.

2. La persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, con los límites de las disponibilidades presupuestarias existentes para este fin, asignará una cantidad global que constituirá el tope del complemento de desempeño de las personas titulares de la Presidencia y las Vocalías del Tribunal Administrativo y que se distribuirá individualmente conforme a los criterios establecidos en el apartado siguiente. La determinación de esa cantidad global se hará en atención a los objetivos programáticos fijados para el Tribunal Administrativo y en razón de la responsabilidad de los asuntos, carga de trabajo y valoración de las actuaciones realizadas.

3. La asignación individualizada del complemento de desempeño se realizará por semestres naturales vencidos, a propuesta de la persona titular de la Presidencia del Tribunal y sus cuatro vocales mediante acuerdo adoptado por mayoría, previa evaluación de los resultados obtenidos.»

«2. En el marco de las disponibilidades presupuestarias, el órgano que haya de realizar la convocatoria fijará la categoría en la que quedará clasificado el tribunal, órgano o comisión correspondiente a los efectos de percepción de asistencias, en las categorías que, para cada supuesto se establece en el párrafo a) del apartado 1 del presente artículo.»

«2. En el marco de las disponibilidades presupuestarias, el órgano que haya de realizar la convocatoria fijará la categoría en la que quedará clasificada la comisión correspondiente a los efectos de percepción de asistencias, en las categorías que, para cada supuesto, se establecen en el párrafo a) del apartado 1 del presente artículo.»

«2. Al personal mencionado en el apartado anterior se le abonarán asistencias por la concurrencia a sesiones de tribunales y órganos encargados de pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o para la realización de actividades.

En el marco de las disponibilidades presupuestarias, el órgano que haya de realizar la convocatoria fijará el grupo en el que quedará clasificado el órgano, de entre los que se establecen en el Anexo V.

Los órganos se entenderán clasificados, a los efectos de la percepción de asistencias, en los siguientes grupos:

Grupo primero: Acceso a Cuerpos o Escalas del Grupo A.

Grupo segundo: Acceso a Cuerpos o Escalas del Grupo B.

Grupo tercero: Acceso a Cuerpos o Escalas del Grupo C.

Grupo cuarto: Acceso a Cuerpos o Escalas del Grupo D.

Grupo quinto: Acceso a Cuerpos o Escalas del Grupo E.»

«La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá ejercer la potestad investigadora sobre los bienes de dominio público a fin de tomar conocimiento sobre su titularidad, cuando ésta no le conste anteriormente.

Si el procedimiento de investigación no fuera resuelto y no fuera notificada su resolución en el plazo de dos años a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, caducará, acordándose el archivo de las actuaciones.

La resolución administrativa será recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotados los recursos previos necesarios.

Las cuestiones de propiedad que se susciten se resolverán por la jurisdicción ordinaria, a la que podrán acudir tanto la Administración como los administrados.»

«Salvo lo dispuesto en el artículo 32 bis de esta Ley, todo uso privativo, sea en favor de personas públicas o privadas, exige previa concesión administrativa.

La adscripción para uso privativo de bienes de dominio público a una Agencia dependiente de la Comunidad Autónoma para su gestión, conservación, explotación o la prestación de un servicio público no requerirá concesión administrativa.»

«1. La Consejería o agencia que tuviera adscritos bienes demaniales, podrá autorizar su uso por persona física o jurídica, pública o privada, previo informe favorable de la Dirección General de Patrimonio, cuando la ocupación no se realice con obras o instalaciones fijas y por un plazo máximo de un año, siempre que dicho uso no resulte contradictorio con la afectación del bien.

2. Las autorizaciones, en todo caso, podrán revocarse libremente en cualquier momento sin que la persona interesada tenga derecho a indemnización alguna.

3. No será necesario informe favorable de la Dirección General de Patrimonio en los siguientes casos:

a) Las autorizaciones de uso por plazo inferior a tres meses.

b) Las autorizaciones para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos.

c) Las autorizaciones solicitadas por una agencia dependiente de la Consejería que tenga adscrito el bien.

4. Las autorizaciones reguladas en este precepto pueden ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o con condiciones o estar sujetas a la tasa por utilización privativa de bienes de dominio público regulada en la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía o a las tasas previstas en sus normas especiales.

Serán gratuitas las autorizaciones cuando la utilización privativa de los bienes no conllevase una utilidad económica para la persona autorizada o, aun existiendo esa utilidad, la utilización o aprovechamiento supusiese condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante la misma.

5. El órgano competente deberá fijar en el acto de autorización, tanto las condiciones de utilización del bien, estableciendo lo necesario para que la misma no interfiera su uso por los órganos administrativos que lo tuvieran adscrito, como la contraprestación a satisfacer por la persona solicitante.»

«1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes.

Reglamentariamente se desarrollará el sistema de adjudicación, así como la posibilidad de convocar licitación entre proyectos.

2. Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez otorgada la concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo. Este documento será título suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad.

3. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público reguladas en la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o a las tasas previstas en sus normas especiales.

No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para el concesionario, o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento entrañe condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla.

En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en los pliegos de condiciones o clausulado de la concesión.

4. En ningún caso podrán ser titulares de concesiones sobre bienes y derechos demaniales las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en alguna de las prohibiciones de contratación se producirá la extinción de la concesión.»

«Las concesiones de dominio público se otorgarán siempre sin perjuicio de terceros, y su duración no podrá exceder, incluidas las prórrogas, de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación.»

«1. Las adquisiciones de bienes inmuebles a título oneroso respetarán los principios de publicidad y concurrencia, salvo cuando por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las limitaciones del mercado o la urgencia se considere preciso autorizar la adquisición directa.

Igualmente, se podrá acordar la adquisición directa en los siguientes supuestos:

a) Cuando el vendedor sea otra Administración Pública o, en general, cualquier persona jurídica de Derecho Público o Privado perteneciente al sector público.

A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de Derecho Privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones Públicas o personas jurídicas de Derecho Público.

b) Cuando fuese declarado desierto el procedimiento promovido con publicidad para la adquisición, y siempre que no se modificasen las condiciones originales del contrato, salvo el precio y la superficie, que podrán alterarse en un 10%.

c) Cuando se adquiera a un copropietario una cuota de un bien, en caso de condominio.

d) Cuando la adquisición se efectuase en virtud del ejercicio de un derecho de adquisición preferente.

La adquisición en estos supuestos excepcionales habrá de estar precedida de resolución motivada que se hará pública.»

«1. Las adquisiciones a título lucrativo de bienes inmuebles o derechos en favor de la Comunidad Autónoma, o de cualquiera de las Entidades públicas dependientes de ella, deberán ser previamente aceptadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.

En caso de adquisiciones a título lucrativo de bienes muebles, serán competentes para aceptarlas las Consejerías o Entidades Públicas a las que vayan a quedar adscritos los mismos cuando el donante hubiera señalado el fin a que deben destinarse. En caso de que dicho fin no hubiera sido señalado, la aceptación corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.

Las herencias se entenderán siempre aceptadas a beneficio de inventario.

2. Corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio la aceptación de las cesiones gratuitas y mutaciones demaniales que recaigan sobre bienes inmuebles, siendo competencia de la persona titular de la Consejería a la que van a quedar adscritos la aceptación de las cesiones y mutaciones demaniales de bienes muebles.

3. En ningún caso podrán aceptarse dichas adquisiciones si las cargas que graven el bien superan el valor intrínseco del mismo.»

«1. La creación de sociedades mercantiles del sector público andaluz requerirá autorización del Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de patrimonio, a propuesta de la Consejería a la que haya de quedar adscrita la sociedad o, en su defecto, de la competente por razón de la materia.

2. La adquisición por la Comunidad Autónoma de Andalucía de acciones o participaciones en sociedades mercantiles se acordará por la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.

3. La adquisición por entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma será acordada por el órgano que legal o estatutariamente tenga atribuida dicha competencia y, en defecto de atribución expresa, por las personas titulares de sus presidencias, direcciones generales u órganos asimilados, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de patrimonio.

4. Cuando con la adquisición la Comunidad Autónoma de Andalucía pase a constituirse en partícipe mayoritario, directa o indirectamente, será necesaria la previa autorización del Consejo de Gobierno.

En caso de adquisición por entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma la propuesta para la autorización se elevará por la Consejería a la que se encuentre adscrita la entidad pública que realice la adquisición o, en su defecto, de la competente por razón de la materia.

5. Las adquisiciones que realicen las sociedades mercantiles participadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía se someterán a las normas de Derecho privado. No obstante, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de patrimonio, a propuesta de la Consejería a la que se encuentre adscrita o, en su defecto, de la competente por razón de la materia, cuando mediante la adquisición la Comunidad Autónoma de Andalucía pase a constituirse, de forma indirecta, en partícipe mayoritario.

6. Cuando conforme a los apartados anteriores sea necesaria la autorización del Consejo de Gobierno, esta autorización llevará implícita la aprobación del gasto correspondiente cuando se requiera por la normativa en materia de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

«1. El órgano competente conforme al artículo 82 de esta Ley podrá acordar la adquisición de acciones o participaciones mediante la aportación de bienes o derechos previa autorización del órgano competente para su enajenación. En estos casos el informe de expertos independientes previsto en la legislación mercantil se sustituirá por un informe de tasación en los mismos términos previstos en la Disposición Adicional Novena de la presente Ley.

2. El precio de la adquisición de las acciones o participaciones se determinará según los métodos de valoración comúnmente aceptados. Cuando las acciones o participaciones cuya adquisición se acuerde coticen en algún mercado secundario organizado, el precio de adquisición será el correspondiente de mercado en el momento y fecha de la operación.

No obstante, en el supuesto que los servicios técnicos designados por la Dirección General de Patrimonio o por el órgano competente en el caso de entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma estimaran que el volumen de negociación habitual de los títulos no garantiza la adecuada formación de un precio de mercado podrán proponer, motivadamente, la adquisición y determinación del precio por otro método legalmente admisible de adquisición o valoración.

3. Cuando la adquisición de las acciones o participaciones tenga por finalidad obtener la plena propiedad de inmuebles o de parte de los mismos la valoración de éstas exigirá la realización de la tasación de los bienes inmuebles.»

«1. Los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles en favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de las Entidades Públicas dependientes de la misma se acordarán por la persona titular de la Consejería o Entidad interesada.

Cuando se trate de inmuebles, se requerirá previo informe favorable de la Dirección General de Patrimonio.

Quedan excluidos del anterior informe los arrendamientos de plazo inferior a tres meses para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones, participaciones en ferias y congresos u otros eventos.

Si el inmueble objeto del contrato va a ser utilizado por varias Consejerías o entidades públicas, la competencia para el arrendamiento corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.»

«1. El órgano competente para enajenar los bienes inmuebles será la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio. La incoación y tramitación del procedimiento corresponderá a la Dirección General de Patrimonio.

2. Cuando el valor del bien o derecho, según tasación, exceda de 20 millones de euros, la enajenación deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno.»

«1. La enajenación de los bienes inmuebles se hará mediante subasta. No obstante, podrá realizarse mediante enajenación directa en los siguientes supuestos:

a) Cuando el adquirente sea otra Administración Pública o, en general, cualquier persona jurídica de Derecho Público o Privado perteneciente al sector público.

A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de Derecho Privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho Público.

b) Cuando fuera declarada desierta la subasta o concurso promovidos para la enajenación o éstos resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde su celebración. En este caso, las condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas en que se hubiese producido la adjudicación.

c) Cuando se tratase de terrenos que por su forma o pequeña extensión resulten de difícil edificación,

fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efectuase a un propietario colindante.

d) Cuando la venta se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente reconocido por disposición legal.

e) Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble.

f) Cuando el valor del bien o derecho sea inferior a 120.000 euros.

g) Cuando el Consejo de Gobierno así lo disponga si existen razones justificadas.

Cuando concurriesen varios interesados con igual derecho, se resolverá a favor del mejor postor.

En los supuestos de enajenación directa, se dará cuenta a la Comisión parlamentaria competente en materia de Hacienda.

2. Asimismo, podrá acordarse la enajenación de bienes inmuebles o derechos por concurso cuando los mismos, por su situación, naturaleza o características, sean adecuados para atender a las directrices derivadas de las políticas públicas y, en particular, de la política de vivienda.»

«Los bienes inmuebles pertenecientes a Entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma que no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines se incorporarán al Patrimonio de la citada Comunidad Autónoma.

A tal fin, la Entidad pública deberá poner el hecho en conocimiento de la Consejería competente en materia de patrimonio que tramitará el oportuno expediente y procederá a la incorporación formal del bien al Patrimonio de la Comunidad Autónoma.

No será aplicable lo expuesto en los párrafos anteriores cuando se trate de bienes adquiridos por dichas Entidades públicas con la finalidad de devolverlos al tráfico jurídico, de acuerdo con sus reglas de funcionamiento, así como para garantizar la rentabilidad de las reservas que tengan que constituir en cumplimiento de sus normas específicas o responder de los avales que puedan prestar de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.

La enajenación de los bienes inmuebles exige previa autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio en todo caso. Cuando el valor del bien o derecho exceda de 20 millones de euros se requerirá, además, autorización del Consejo de Gobierno.»

«La enajenación de los bienes muebles se someterá a las mismas reglas de los inmuebles y será competente para acordarla la persona titular de la Consejería que los tuviera adscritos si su valor no excede de diez millones de euros. Si supera dicha cantidad será necesaria autorización del Consejo de Gobierno.

No obstante, cuando se trate de bienes muebles obsoletos, perecederos o deteriorados por el uso, la enajenación podrá efectuarse de forma directa. El acuerdo de enajenación llevará implícita la desafectación de los bienes.

Se considerarán obsoletos o deteriorados por el uso, aquellos bienes cuyo valor en el momento de su tasación para venta sea inferior al 25 por ciento del de adquisición.

Si no fuese posible o no procediese su venta, podrá acordarse su destrucción, inutilización, abandono o donación a otras Administraciones Públicas o a organismos o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, exceptuándose en ese caso la prohibición establecida en el artículo 107 de esta ley.»

«1. La enajenación por la Comunidad Autónoma de Andalucía de acciones o participaciones en sociedades mercantiles se acordará por la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.

2. La enajenación por entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma será acordada por el órgano que legal o estatutariamente tenga atribuida dicha competencia y, en defecto de atribución expresa, por las personas titulares de sus presidencias, direcciones generales u órganos asimilados, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de patrimonio.

3. Cuando mediante la enajenación la Comunidad Autónoma pierda la condición de partícipe mayoritario, directa o indirectamente, se enajenen la totalidad de las acciones de que se disponga en la sociedad o cuando el valor de las acciones o participaciones a enajenar supere la cantidad de diez millones de euros, será necesaria la autorización del Consejo de Gobierno.

En caso de enajenación por entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma, la propuesta para la autorización se elevará por la Consejería a la que se encuentre adscrita la entidad pública que realice la enajenación o, en su defecto, de la competente por razón de la materia.

4. Las enajenaciones que realicen las sociedades mercantiles participadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía se someterán a las normas de Derecho privado. No obstante, se requerirá la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Patrimonio, a propuesta de la Consejería a la que se encuentre adscrita o, en su defecto, de la competente por razón de la materia, cuando mediante la enajenación la Comunidad Autónoma de Andalucía pase a perder, de forma indirecta, la condición de partícipe mayoritario.»

«1. La enajenación se podrá realizar en mercados secundarios organizados, o fuera de los mismos, de conformidad con la legislación vigente y por medio de cualesquiera actos o negocios jurídicos.

El importe de la enajenación se determinará según los métodos de valoración comúnmente aceptados.

Cuando los títulos o valores cuya enajenación se acuerde coticen en algún mercado secundario organizado, el precio de enajenación será el correspondiente al valor que establezca el mercado en el momento y fecha de la operación.

No obstante, en el supuesto que los servicios técnicos designados por la Dirección General de Patrimonio o por el órgano competente en el caso de entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma estimaran que el volumen de negociación habitual de los títulos no garantiza la adecuada formación de un precio de mercado podrán proponer, razonadamente, la enajenación y determinación del precio de los mismos por otro método legalmente admisible de adquisición o valoración.

Cuando los títulos y valores que se pretenda enajenar no coticen en mercados secundarios organizados, el órgano competente para la autorización de la enajenación determinará el procedimiento de venta que se realizará por concurso o por subasta. No obstante, el órgano competente podrá acordar la enajenación directa cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Existencia de limitaciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones, o existencia de derechos de adquisición preferente.

b) Cuando el adquirente sea cualquier persona jurídica de Derecho Público o Privado perteneciente al sector público.

c) Cuando fuera declarada desierta una subasta o ésta resultase fallida como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario. En este caso la venta directa deberá efectuarse en el plazo de un año desde la celebración de la subasta, y sus condiciones no podrán diferir de las publicitadas para la subasta o de aquellas en que se hubiese producido la adjudicación.

d) Cuando la venta se realizase a favor de la propia sociedad en los casos y con las condiciones y requisitos establecidos en la legislación mercantil.»

«El uso por terceros de estos bienes se someterá al régimen general previsto en Derecho privado, con las especialidades establecidas en la presente Ley.

La atribución del uso de bienes o derechos patrimoniales por plazo inferior a tres meses, para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos o solicitados por una agencia dependiente de la Consejería que tenga adscrito el inmueble, no se sujetará a los requisitos del presente capítulo. El órgano competente fijará en el acto de autorización tanto las condiciones de la utilización como la contraprestación que habrá, en su caso, de satisfacer el solicitante.»

«1. La explotación de los bienes o derechos patrimoniales puede efectuarse directamente por la Administración titular de los mismos o a través de cualquier negocio jurídico, típico o atípico.

2. La explotación directa de los bienes o derechos patrimoniales puede encomendarse a una entidad pública instrumental o a una sociedad mercantil del sector público andaluz. El órgano competente para acordar la puesta en explotación de los bienes o derechos fijará sus condiciones y adoptará las medidas conducentes a la entrega del bien a la entidad o sociedad a que se encomendase su explotación, así como las de vigilancia del exacto cumplimiento de las condiciones impuestas.

3. La adjudicación de los contratos se hará respetando los principios de publicidad y concurrencia, excepto cuando por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las limitaciones del mercado o la urgencia se considere preciso autorizar la adquisición directa.

Estos supuestos excepcionales habrán de estar precedidos de resolución motivada que se hará pública.»

«La competencia para encomendar la explotación directa o para adjudicar contratos conforme a lo dispuesto en el artículo anterior corresponde a la persona titular de la Consejería que tenga adscritos los bienes y derechos.

En caso de bienes inmuebles, se requerirá previa autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio.»

«La explotación de bienes inmuebles pertenecientes a Entidades públicas que dependan de la Comunidad Autónoma requerirá previa autorización de la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.

Será necesaria autorización de la persona titular de la Consejería a que esté adscrita la entidad pública cuando se trate de explotar bienes muebles.»

La creación y extinción de fundaciones del sector público andaluz y la adquisición y pérdida de la representación mayoritaria requerirá la autorización del Consejo de Gobierno en los términos establecidos en los artículos 56 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 52 de su Reglamento aprobado por Decreto 32/2008, de 5 de febrero.

El Consejo de Gobierno podrá acordar, a propuesta de la Consejería competente en materia de patrimonio, la aportación de bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía a fundaciones del sector público andaluz, en los términos establecidos en el artículo 82 bis de esta Ley.»

El órgano competente para enajenar los bienes o derechos podrá admitir el pago aplazado del precio de venta por un periodo no superior a diez años siempre que, además de incluir condición resolutoria explicita, el pago de las cantidades aplazadas se garantice suficientemente mediante hipoteca, aval bancario, seguro de caución u otra garantía suficiente usual en el mercado. El interés de aplazamiento no podrá ser inferior al interés legal del dinero.»

«1. La Consejería competente en materia de patrimonio, a través de la Dirección General de Patrimonio o de sus Delegaciones Territoriales, y las entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma, deberán solicitar la inscripción en el Registro de la Propiedad de los derechos susceptibles de inscripción conforme a la legislación hipotecaria. En los supuestos de inmatriculación y reanudación del tracto sucesivo recogidos en el artículo 206 del texto refundido de la Ley hipotecaria, aprobado mediante Decreto de 8 de febrero de 1946, deberá informar previamente el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.»

«La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá ejercer la potestad investigadora sobre los bienes de dominio público a fin de tomar conocimiento sobre su titularidad, cuando ésta no le conste anteriormente.

Si el procedimiento de investigación no fuera resuelto y no fuera notificada su resolución en el plazo de dos años a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, caducará, acordándose el archivo de las actuaciones.

La resolución administrativa será recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotados los recursos previos necesarios.

Las cuestiones de propiedad que se susciten se resolverán por la jurisdicción ordinaria, a la que podrán acudir tanto la Administración como los administrados.»

«El procedimiento de investigación se iniciará de oficio, por iniciativa propia o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

Cuando la denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.»

«El procedimiento comenzará mediante acuerdo de la Dirección General de Patrimonio, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y durante quince días, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde radique el bien. El anuncio deberá individualizar el bien en el mayor grado posible.

Dicho acuerdo deberá adoptarse tras los estudios e informes previos que se estimen pertinentes.»

«1. La titularidad del bien deberá constar en documento o en el Inventario.

2. El procedimiento comenzará de oficio o a instancia de la persona interesada.

En caso de que comience a instancia de persona interesada, ésta dirigirá su solicitud a los servicios periféricos de la Consejería que tenga adscrito el bien o, cuanto esté adscrito a una entidad pública, directamente a ésta, redactándose a continuación, un presupuesto aproximado del costo del deslinde.

Para que la Administración proceda a efectuar el deslinde y amojonamiento, será preciso que el solicitante se comprometa a hacerse cargo del total de los gastos. Para el cobro de dichos gastos podrá seguirse la vía de apremio.

En otro caso no se procederá a practicar el deslinde solicitado y se rechazará de plano la petición.

En todo caso la Administración de oficio podrá iniciar el deslinde, corriendo de su cargo los gastos ocasionados por tal motivo.»

«1. Tanto si se inicia de oficio como a instancia de interesado, los servicios periféricos de la Consejería que tenga adscrito el bien o, cuando esté adscrito a una entidad pública, directamente ésta, prepararán una memoria en la que se justifique la realización del deslinde, se describa la finca o fincas en cuestión de tal forma que queden individualizadas en el mayor grado posible, y se reseñe el título justificativo del derecho que la Administración ostente sobre el referido bien, con los datos sobre inscripción registral y demás que consten en el Inventario.

2. La memoria será remitida a la persona titular de la Consejería de adscripción o, en el caso de entidades públicas, al órgano que legal o estatutariamente tenga atribuida dicha competencia y, en defecto de atribución expresa, a las personas titulares de sus presidencias, direcciones generales u órganos asimilados, que será competente para acordar la iniciación del deslinde, acuerdo que será notificado, en la forma prevista en la legislación sobre procedimiento administrativo, al solicitante del deslinde y a todos aquellos cuyos derechos o intereses directos queden afectados por el mismo y sean conocidos.

Se publicará el acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como por Edictos, durante el plazo de quince días, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o Ayuntamientos donde radique el bien.

Las personas interesadas tendrán un plazo de un mes a partir de la notificación, o, en su caso, de la publicación para formular alegaciones y aportar documentación en defensa de sus derechos. Sobre las alegaciones formuladas emitirá el oportuno informe la Consejería a la que se encuentre adscrito el bien a través del Servicio Territorial correspondiente.»

«1. Al menos con un mes de antelación, se notificará a las personas interesadas, y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o Ayuntamientos donde radique la finca, la fecha señalada para la práctica del apeo.

2. Asistirá en representación de la Administración, una persona a la que corresponda el asesoramiento técnico de los servicios periféricos de la Consejería competente en materia de patrimonio, y una persona representante del órgano que tenga adscrito el bien, que podrán ir acompañadas de una persona que realice el asesoramiento jurídico. Irán acompañadas en todo caso, de las personas necesarias para la realización práctica del apeo.

3. Las personas interesadas podrán asistir al apeo por sí mismas o mediante representante, y podrán estar acompañadas por una persona que desempeñe funciones de asesoramiento técnico y otra que desempeñe funciones de asesoramiento jurídico.»

«2. Los pliegos de condiciones particulares para regular la concesión deberán contener, al menos, los siguientes extremos:

a) Objeto de la concesión y límites a que se extendiere.

b) Plazo de utilización.

c) Deberes y obligaciones recíprocos de la Administración y concesionario.

d) Si hubieren de prestarse servicios tarifables, bases del referido régimen, con descomposición de sus factores constitutivos y criterios para las revisiones futuras.

e) En caso de que se otorgaren subvenciones, clase y cuantía de las mismas, plazos y formas de entrega a la persona interesada.»

«El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes.

Previamente, deberá redactarse pliego de condiciones particulares, que una vez informado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía será aprobado por el órgano al que corresponda adjudicar la concesión.

La redacción de dicho pliego de condiciones particulares podrá haber sido también objeto de concurso conjuntamente con el proyecto regulado en los artículos anteriores.»

«Las concesiones de dominio público se otorgarán previa licitación, salvo en los supuestos de otorgamiento directo a que se refiere el artículo 89 de este Reglamento.

Cuando el procedimiento se inicie a solicitud de persona interesada se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, otorgándose un plazo de al menos treinta días para que otras personas interesadas puedan formular solicitudes alternativas. Si dentro del plazo fijado en el anuncio referido no se formulan peticiones alternativas podrá otorgarse directamente la concesión al solicitante, no pudiendo alterarse previamente las condiciones concesionales por encima de los porcentajes establecidos en el artículo siguiente. Si así se hiciera, se entenderá iniciado el procedimiento de concesión de oficio, debiendo abrirse a trámite de pública licitación para el otorgamiento de la concesión.

En caso de que en el plazo previsto en el párrafo anterior se presentaran otra u otras peticiones incompatibles, se aplicará analógicamente lo establecido en los artículos anteriores, entendiéndose que el anuncio previsto en este artículo es el de convocatoria, a cuyo fin deberá cumplir los requisitos establecidos para los anuncios de convocatoria de pública licitación.»

«1. Las concesiones de dominio público se otorgarán siempre sin perjuicio de terceros, y su duración no podrá exceder, incluidas las prórrogas, de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación.

2. El otorgamiento de la concesión sin perjuicio de terceros permitirá poner fin al título jurídico que la ampare una vez se descubra el derecho preferente de un tercero sobre el bien objeto de la concesión. Ello no liberará a la Administración de sus responsabilidades por los daños y perjuicios que, en su caso, hubiera ocasionado como consecuencia de haberse producido la creencia de buena fe en el concesionario de la legalidad de los actos administrativos. A tal fin, la Administración deberá procurar que las concesiones se efectúen sobre bienes cuya condición demanial le conste.

3. El plazo de duración de la concesión comenzará a contarse a partir del momento previsto en el pliego.»

«1.Las adquisiciones de bienes inmuebles a título oneroso respetarán los principios de publicidad y concurrencia, salvo cuando por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las limitaciones del mercado o la urgencia se considere preciso autorizar la adquisición directa.

Igualmente, se podrá acordar la adquisición directa en los siguientes supuestos:

a) Cuando el vendedor sea otra Administración Pública o, en general, cualquier persona jurídica de Derecho Público o Privado perteneciente al sector público.

A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de Derecho privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho público.

b) Cuando fuese declarado desierto el procedimiento promovido con publicidad para la adquisición, y siempre que no se modificasen las condiciones originales del contrato, salvo el precio y la superficie, que podrán alterarse en un 10%.

c) Cuando se adquiera a un copropietario una cuota de un bien, en caso de condominio.

d) Cuando la adquisición se efectuase en virtud del ejercicio de un derecho de adquisición preferente.

La adquisición en estos supuestos excepcionales habrá de estar precedida de resolución motivada que se hará pública.»

«1. El acuerdo de iniciación de un procedimiento de adquisición será adoptado por la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio, si bien podrá delegar tal competencia en la persona titular de la Dirección General de Patrimonio o en otros órganos de la Administración de la Junta de Andalucía.

En todo procedimiento de adquisición de inmuebles a título oneroso deberá constar informe de los servicios técnicos de la Dirección General de Patrimonio. Asimismo, la Dirección General de Patrimonio podrá recabar de los distintos órganos y entidades instrumentales de la Comunidad Autónoma, los informes que considere necesarios.

2. Si se tratara de una entidad pública dependiente de la Comunidad Autónoma, el acuerdo de iniciación del procedimiento de adquisición corresponderá a la persona titular de la Presidencia de dicha entidad. En caso de entidades no sometidas a fiscalización previa del gasto y de las obligaciones, deberá constar en el expediente informe de la Intervención General.»

«1. Corresponderá a la Consejería a la que haya de quedar adscrita la sociedad o, en su defecto, a la competente por razón de la materia la tramitación de los procedimientos de creación de sociedades mercantiles del sector público andaluz.

2. Corresponderá a la Dirección General de Patrimonio, a propuesta de la Consejería a la que se encuentre adscrita la sociedad o, en su defecto, de la competente por razón de la materia, la tramitación de los procedimientos de adquisición por la Comunidad Autónoma de Andalucía de acciones o participaciones de sociedades mercantiles.

Las personas titulares de las Consejerías conservarán sus competencias en cuanto a la autorización, compromiso del gasto y reconocimiento de la obligación, debiendo acreditar ante la Dirección General de Patrimonio la disponibilidad de los créditos suficientes para satisfacer el importe de las acciones o participaciones solicitadas, de acuerdo con las consignaciones presupuestarias que existan al efecto.

3. Los procedimientos de adquisición de acciones o participaciones por entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma se tramitarán por el órgano que legal o estatutariamente tenga atribuida dicha competencia.

4. Los informes a que se refieren los apartados 1, 3 y 5 del artículo 82 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán emitidos por la Dirección General de Patrimonio, quien podrá recabar de los distintos centros directivos y entidades instrumentales de la Junta de Andalucía los informes que considere necesarios.

5. Cuando los actos regulados en este artículo impliquen la creación o alteración de entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía se requerirá informe favorable de la Dirección General de Presupuestos.

6. En caso de entidades no sometidas a fiscalización previa del gasto y de las obligaciones, deberá constar, además, informe de la Intervención General.

7. Los acuerdos relativos al ejercicio de facultades de tutela sobre Agencias y Sociedades Mercantiles del sector público andaluz habrán de ser informados previamente por la Consejería competente en materia de patrimonio. Queda facultada la citada Consejería para determinar qué clase de acuerdos requerirán el informe anterior.»

«1. Los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles en favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de las entidades públicas dependientes de la misma se acordarán por la persona titular de la Consejería o entidad interesada.

Cuando se trate de inmuebles, se requerirá previo informe favorable de la Dirección General de Patrimonio.

Quedan excluidos del anterior informe los arrendamientos de plazo inferior a tres meses para la organización de conferencias, seminarios, presentaciones, participaciones en ferias y congresos u otros eventos.

Si el inmueble objeto del contrato va a ser utilizado por varias Consejerías o entidades públicas, la competencia para el arrendamiento corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.

2. Los referidos contratos se adjudicarán con respeto a los principios de publicidad y concurrencia, salvo cuando por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las limitaciones del mercado o la urgencia se considere preciso autorizar la adquisición directa. El arrendamiento de bienes inmuebles en estos supuestos excepcionales habrá de estar precedido de resolución motivada que se hará pública.

Asimismo, podrá acordarse la adjudicación directa en aquellos casos en los que el bien objeto de arrendamiento sea de titularidad de una entidad instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía, de otra Administración Pública o, en general, de cualquier persona jurídica de Derecho Público o Privado perteneciente al sector público.

3. El órgano competente para la adjudicación de estos contratos lo será para cuantas incidencias se produzcan en relación con los mismos.»

«1. El órgano competente para enajenar los bienes inmuebles será la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio. La incoación y tramitación del procedimiento corresponderá a la Dirección General de Patrimonio.

2. Cuando el valor del bien o derecho, según tasación, exceda de 20 millones de euros, la enajenación deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno.»

«La enajenación de los bienes inmuebles se hará mediante subasta. No obstante, podrá realizarse mediante enajenación directa o concurso en los supuestos contemplados en el artículo 88 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo.

En los supuestos de enajenación directa, se dará cuenta a la Comisión parlamentaria competente en materia de Hacienda.»

«Una vez la Dirección General de Patrimonio tenga conocimiento de alguna solicitud de compra o adquisición de un bien de la Comunidad Autónoma, iniciará el oportuno procedimiento, o rechazará de plano la petición.

Si se decidiese iniciar el procedimiento, se incorporarán al mismo los datos pertinentes del Inventario, y en su caso, se justificará la depuración física del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 178.

Posteriormente, y previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, se adoptará el acuerdo de alienabilidad a que se refiere el artículo 179 de este Reglamento.

Aprobada la tasación pericial por la persona titular de la Dirección General de Patrimonio, comenzará la tramitación de la subasta salvo que, conforme a lo establecido en el artículo 88 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, procediese la enajenación directa.»

«1. La enajenación directa se acordará por resolución del órgano competente previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía o del órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico.

2. En el supuesto previsto en la letra g) del artículo 88 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, será necesario el previo acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio.

Serán consideradas razones justificadas a los efectos de lo dispuesto en la letra g) del artículo 88 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, entre otras, la de urgencia, secreto, características específicas del bien, circunstancias excepcionales e imposibilidad o grave dificultad de promover concurrencia de ofertas.»

«1. Aprobada la tasación conforme al artículo 182 del presente Reglamento, se anunciará la subasta en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, anuncio en el que deberán contenerse al menos los siguientes datos.

a) Existencia de la declaración de alienabilidad del bien, y su fecha.

b) Día, hora y lugar donde haya de celebrarse la subasta.

c) Mesa de contratación.

d) Descripción de las circunstancias físicas y jurídicas que permitan la correcta identificación del inmueble objeto de venta.

e) Precio que ha de servir de tipo para la subasta.

f) Periodo durante el cual podrán presentarse ofertas, que deberán formularse en sobre cerrado.

g) Plazo para la elevación a escritura pública del negocio.

h) Plazo máximo durante el que mantendrán su vigencia las ofertas.

Podrán exigirse en el anuncio especiales garantías a los oferentes, cuya acreditación se efectuará en sobre aparte.

2. Las ofertas que se presenten deberán ir acompañadas de un resguardo acreditativo de haber constituido en la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma, y a disposición de la Dirección General de Patrimonio una garantía que no podrá ser inferior al 5 por ciento ni superior al 25 por ciento del valor de tasación del inmueble.»

«En el lugar, día y hora señalados en el anuncio se constituirá la Mesa de contratación que estará formada por un representante del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, una persona en representación de la Intervención General de la Junta de Andalucía, siendo presidida, en el caso de bienes inmuebles, por la persona titular de la Dirección General de Patrimonio o de la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de patrimonio correspondiente, o en quien deleguen una u otra. La Secretaría, con voz y voto, será desempeñada por una persona funcionaria designada por la persona titular de la Presidencia.

En caso de subasta de bienes muebles o derechos incorporales, la mesa será presidida por la persona titular de la Secretaría General Técnica o de la Delegación Territorial correspondiente de la Consejería de adscripción o en quien delegue una u otra.»

«Para tomar parte en la subasta será requisito imprescindible haber constituido en la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma la garantía fijada en el procedimiento, que se acreditará en sobre independiente.».

«Los bienes inmuebles pertenecientes a entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma que no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines se incorporarán al patrimonio de la citada Comunidad Autónoma.

A tal fin, la entidad pública deberá poner el hecho en conocimiento de la Consejería competente en materia de patrimonio que tramitará el oportuno expediente y procederá a la incorporación formal del bien al patrimonio de la Comunidad Autónoma.

No será aplicable lo expuesto en los párrafos anteriores cuando se trate de bienes adquiridos por dichas entidades públicas con la finalidad de devolverlos al tráfico jurídico, de acuerdo con sus reglas de funcionamiento, así como para garantizar la rentabilidad de las reservas que tengan que constituir en cumplimiento de sus normas específicas o responder de los avales que puedan prestar de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.

La enajenación de los bienes inmuebles exige previa autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio en todo caso. Cuando el valor del bien o derecho exceda de 20 millones de euros se requerirá, además, autorización del Consejo de Gobierno.»

«Para la venta de bienes inmuebles por parte de entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma, se aplicará analógicamente el procedimiento establecido en los artículos anteriores, si bien previamente a la convocatoria deberá remitirse el expediente, conforme al artículo 180 de este Reglamento, a la Consejería competente en materia de patrimonio para que ésta directamente, o a su propuesta, el Consejo de Gobierno, adopten, si procedieren, los acuerdos previos de su autorización. La tramitación y resolución del procedimiento compete a la entidad que pretenda enajenar los bienes.»

«1. La enajenación de los bienes muebles se someterá a las mismas reglas de los inmuebles y será competente para acordarla la persona titular de la Consejería que los tuviera adscritos si su valor no excede de diez millones de euros. Si supera dicha cantidad será necesaria autorización del Consejo de Gobierno.

No obstante, cuando se trate de bienes muebles obsoletos, perecederos o deteriorados por el uso, la enajenación podrá efectuarse de forma directa. El acuerdo de enajenación llevará implícita la desafectación de los bienes.

Se considerarán obsoletos o deteriorados por el uso, aquellos bienes cuyo valor en el momento de su tasación para venta sea inferior al 25 por ciento del de adquisición.

Si no fuese posible o no procediese su venta, podrá acordarse su destrucción, inutilización, abandono o donación a otras Administraciones Públicas o a organismos o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, exceptuándose en ese caso la prohibición establecida en el artículo 107 de la ley.

2.En todo caso, se dará cuenta de la tramitación seguida por cada Consejería a la Dirección General de Patrimonio, para la debida toma de razón en el Inventario.»

«1. Corresponderá a la Dirección General de Patrimonio, a propuesta de la Consejería a la que se encuentre adscrita la sociedad o, en su defecto, de la competente por razón de la materia, la tramitación de los procedimientos de enajenación por la Comunidad Autónoma de Andalucía de acciones o participaciones de sociedades mercantiles.

2. Los procedimientos de enajenación de acciones o participaciones por entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma se tramitarán por el órgano que legal o estatutariamente tenga atribuida dicha competencia.

3. Los informes a que se refieren los apartados 2 y 4 del artículo 94 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, serán emitidos por la Dirección General de Patrimonio quien podrá recabar de los distintos centros directivos y entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, los informes que considere necesarios.

4. Cuando los actos regulados en este artículo impliquen la alteración o supresión de entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía se requerirá, además, informe favorable de la Dirección General de Presupuestos.»

«Todos los acuerdos a que se refiere este Capítulo, así como el anterior y siguiente, e igualmente todos los acuerdos de adjudicación de concesiones o cesión de bienes o derechos, serán publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de las pertinentes notificaciones que procedan.»

«Los expedientes de explotación se incoarán, de oficio, a petición razonada de otros órganos o de persona interesada, por la Consejería que tenga adscritos los bienes o derechos e informará el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y la Intervención. En caso de bienes inmuebles, se requerirá previo informe favorable de la Dirección General de Patrimonio.

La solicitud se acompañará de una memoria comprensiva de la descripción del bien, posibilidades de explotación, estudio económico, forma de explotación que se considere más conveniente y cualesquiera otras circunstancias que se estimen de interés.»

«La Consejería competente en materia de patrimonio podrá aprobar pliegos-tipo de condiciones generales para la adjudicación de los contratos.»

«i) Los anuncios de acuerdos de información pública en los procedimientos de autorización y/o modificación sustancial de los instrumentos de prevención y control ambiental de autorización ambiental integrada y autorización ambiental unificada, regulados en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental, o norma que lo sustituya.

j) Los anuncios de acuerdos de información pública relativos a los procedimientos de autorizaciones administrativas de las instalaciones de energía eléctrica, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sujetos a tramitación conjunta entre las Consejerías con competencias en autorización ambiental y en energía, que se encuentren sometidos a autorización ambiental unificada.

k) Los anuncios de acuerdos de información pública en los procedimientos administrativos regulados en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, así como en los reglamentos que la desarrollan, y en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, o normas que las sustituyan.»

*Importes actualizados a 2024.

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

*Importes actualizados a 2024.

En las tarifas en que se apliquen reducciones por la solicitud simultánea de varias muestras, el importe final debe calcularse mediante la suma de los importes parciales que resulten de multiplicar el número de muestras de cada tramo por la tarifa unitaria minorada con el coeficiente reductor asignado a cada uno de ellos.»

«1. Estarán exentos del pago los sujetos pasivos que hayan solicitado las autorizaciones, así como sus correspondientes modificaciones o prórrogas, a que se refiere el artículo 154.1.a), que se encuentren integradas en la tramitación de una autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada.

En dichos casos, se liquidará solo la tasa correspondiente, según proceda, por la tramitación o modificación de la correspondiente autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada.

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota tributaria resultante, incluso cuando se trate de la tasa mínima, las solicitudes y trabajos facultativos realizados por personas físicas cuando:

a) Ejerzan una actividad con fines no lucrativos o que no tenga el carácter de onerosa.

b) Ejerzan una actividad económica o profesional a título lucrativo, de forma individual, sin trabajadores por cuenta ajena a su cargo.»

La tasa se devengará cuando se presente la declaración responsable que inicie la actuación administrativa, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.»

Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o a quienes se presten los servicios o actividades administrativas que constituyen el hecho imponible.»

TABLAS ANEXAS DE LA TASA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN

Tabla 1. Descripción del parámetro K

*Importes actualizados a 2024.

Constituye el hecho imponible de la tasa la ocupación de terrenos de monte público de titularidad de la Comunidad Autónoma por parte de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por razones de interés público o particular por concesiones administrativas, siempre que resulte compatible con las funciones del monte.»

Estarán exentas del pago de esta tasa las solicitudes de cambio de uso forestal a agrícola, cuando la superficie afectada esté incluida en un área cuya transformación en regadío haya sido declarada de interés general por la Administración competente y se derive de la aplicación de un Plan de Regadíos que concrete las zonas a transformar como consecuencia de dicha declaración.»

La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la prestación de los servicios administrativos, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.»

Estarán exentas del pago de la tasa por autorizaciones para las excepciones al régimen general de protección de las especies silvestres y sus hábitats, las Universidades Públicas, la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos dependientes de cualquiera de las anteriores, y las entidades colaboradoras y las entidades de custodia a que se refieren los artículos 5 y 6 del Decreto 23/2012, de 14 de febrero.»

«2.En las tarifas por expedición de licencia de pesca continental 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.5, cuando el solicitante de la licencia sea un extranjero en situación de estancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, o norma que la sustituya, que opte por la tramitación de la solicitud de licencia a través de otra persona o entidad, serán sujetos pasivos, como sustitutos del contribuyente, quienes tramiten la solicitud.

El sustituto deberá repercutir íntegramente el importe de la tasa sobre el contribuyente, que queda obligado a soportarlo.»

«2. Cuando el solicitante de la licencia sea un extranjero en situación de estancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, o norma que la sustituya, que opte por la tramitación de la solicitud de licencia a través de otra persona o entidad, serán sujetos pasivos, como sustitutos del contribuyente, quienes tramiten la solicitud.

El sustituto deberá repercutir íntegramente el importe de la tasa sobre el contribuyente, que queda obligado a soportarlo.»

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, los puestos del Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía que se encuentren vacantes podrán ser cubiertos de forma transitoria por personal funcionario de las distintas especialidades del Cuerpo Superior de Administración A1.1, por cualquiera de los procedimientos previstos en la normativa vigente en materia de función pública, hasta que queden adscritos al Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía todos los puestos a los que se refiere la disposición transitoria primera de esta ley.»

«3. La tramitación de los procedimientos establecidos en el presente Decreto se realizará de forma exclusivamente electrónica. Para ello, las personas interesadas formularán las correspondientes solicitudes a través de la Secretaría Virtual de la Consejería competente en materia de educación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrán consultar sus expedientes y presentar por medios electrónicos las alegaciones, los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en el trámite de audiencia.»

«1. El procedimiento de autorización administrativa para la apertura y funcionamiento de un centro docente privado en el que se impartan enseñanzas de régimen general se iniciará mediante la presentación, por la persona promotora del centro, de una solicitud dirigida a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, en la forma prevista en el apartado 3 del artículo 2.

2. La solicitud contendrá los siguientes datos:

a) Persona física o jurídica que promueve el centro.

b) Denominación específica que se propone.

c) Municipio, localidad, código postal, vía y, en su caso, número en que se va a ubicar el centro.

d) Enseñanzas para las que se solicita autorización.

e) Número de unidades y puestos escolares con que contará el centro.

f) Declaración o manifestación de que la persona física o jurídica promotora del centro no se encuentra incursa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 3.»

3. Asimismo, deberá adjuntarse el proyecto de obras que hayan de realizarse para la construcción del centro, que deberá tener en cuenta las instalaciones y condiciones establecidas en la normativa que resulte de aplicación. Si se trata de inmuebles ya existentes, deberán presentarse los planos de las instalaciones en su estado actual y, en su caso, el proyecto de obras previstas para su acondicionamiento. En cualquier caso, se aportará el título jurídico que justifique la posibilidad de utilización de los inmuebles afectados a los fines objeto de la autorización.

4. En el supuesto de que los documentos requeridos se encontraran ya en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, la persona interesada podrá ejercitar el derecho previsto en el artículo 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, siempre que indique la fecha y el procedimiento en que los presentó.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir a la persona solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

«6. Siempre que no sea necesaria la realización de obras, por tratarse de inmuebles ya existentes que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente, se prescindirá de los trámites previstos en este artículo.»

«1. Si el informe a que se refiere el artículo 7.3 fuera favorable o no fuera necesaria la realización de obras, la persona interesada presentará la relación del personal del que dispondrá el centro desde el momento del inicio de su actividad, con indicación de sus titulaciones respectivas. Esta relación podrá ser sustituida por el compromiso de aportarla antes del inicio de las actividades docentes.»

«1. La tramitación de los procedimientos establecidos en el presente Decreto se realizará de forma exclusivamente electrónica. Para ello, las personas interesadas formularán las correspondientes solicitudes a través de la Secretaría Virtual de la Consejería competente en materia de educación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrán consultar sus expedientes y presentar por medios electrónicos las alegaciones, los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en el trámite de audiencia.

2. Las solicitudes, dirigidas a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, contendrán los siguientes datos:

a) Persona física o jurídica que promueve el centro.

b) Denominación específica que se propone.

c) Municipio, localidad, código postal, vía y, en su caso, número en que se va a ubicar el centro.

d) Enseñanzas para las que se solicita autorización, haciendo mención expresa, en su caso, de las especialidades o ciclos.

e) Número de puestos escolares con que contará el centro.

f) Declaración expresa de responsabilidad de la persona promotora del centro de que no se encuentra incursa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 7.»

3. La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Proyecto básico de obras que hayan de realizarse para la construcción del centro o acondicionamiento del existente, que deberá cumplir los requisitos mínimos en cuanto a instalaciones exigidas por la normativa vigente.

b) Si se trata de inmuebles ya existentes, que no precisen de obras de adecuación o acondicionamiento, deberán presentarse los planos de las instalaciones en su estado actual.

c) En cualquier caso, se aportará el título jurídico que justifique la posibilidad de utilización de los inmuebles afectados a los fines objeto de la autorización.

d) Relación del profesorado de que dispondrá el centro desde el momento del inicio de su actividad con indicación de su titulación. Esta relación podrá ser sustituida por el compromiso de aportarla antes del inicio de las actividades docentes.

«1. La solicitud de modificación de la autorización, dirigida a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, se presentará en la forma prevista en el apartado 1 del artículo 9.»

«1. La tramitación de los procedimientos establecidos en el presente Capítulo se realizará de forma exclusivamente electrónica. Para ello, las personas interesadas formularán las correspondientes solicitudes a través de la Secretaría Virtual de la Consejería competente en materia de educación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrán consultar sus expedientes y presentar por medios electrónicos las alegaciones, los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en el trámite de audiencia.

2. La solicitud, dirigida a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, contendrá los siguientes datos:

a) Persona física o jurídica que promueve la escuela.

b) Denominación específica que se propone.

c) Municipio, localidad, código postal, vía y, en su caso, número en que se va a ubicar la escuela.

d) Oferta educativa, haciendo mención expresa de si se trata de una escuela de música, una escuela de danza o una escuela de música y danza.

e) Declaración expresa de responsabilidad de la persona promotora de no encontrarse incursa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 12.3.

3. La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de la persona promotora.

b) Documentación acreditativa de que el profesorado cumple los requisitos de titulación u homologación previstos en este Decreto.

c) Documentación en la que se acrediten los méritos académicos y pedagógicos de la persona que va a ejercer la dirección del centro.

d) Planificación de las materias que se van a impartir, del profesorado, así como de los horarios de dedicación de éste al centro y demás aspectos organizativos y pedagógicos.

e) Valoración del número y características del alumnado que se pretende atender.

f) Planos de las instalaciones de la escuela y relación detallada de la dotación en equipamiento.

g) Certificaciones de las condiciones arquitectónicas, higiénicas, acústicas, de habitabilidad y seguridad previstas en la legislación vigente de carácter general.

h) En cualquier caso, se aportará el título jurídico que justifique la posibilidad de utilización de los inmuebles afectados a los fines objeto de la autorización.»

«3. La solicitud de modificación de la autorización, dirigida a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, se presentará en la forma prevista en el artículo 13.»

«3. La solicitud correspondiente a una persona menor de edad o mayor de edad sometida a patria potestad prorrogada y tutela deberá ser firmada por alguna de las personas que ejercen su representación legal y que ostentan la guarda y custodia. En el caso de que dicha persona no sea el padre o la madre y no pueda recabarse la información necesaria mediante medios electrónicos que acredite dicha circunstancia, deberá presentarse copia autenticada del documento que acredite la tutela legal. Asimismo, en el caso de menores en situación de acogimiento, la solicitud será firmada por alguna de las personas que ostentan la guarda, y en caso de que no pueda recabarse la información necesaria mediante medios electrónicos que acredite dicha circunstancia, deberá presentarse copia autenticada del documento que acredite el acogimiento.»

«5. A efectos de acreditar la situación de adopción u otras medidas de protección de menores a que se refiere el artículo 20.4 del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, la Consejería competente en materia de educación recabará, a través de medios electrónicos, la información necesaria de los registros administrativos correspondientes, salvo que la persona que suscribe la solicitud se oponga a ello, en cuyo caso deberá aportar copia autenticada del documento que lo acredite.»

1. El número de domingos y días festivos en los que los comercios podrán permanecer abiertos al público en la Comunidad Autónoma de Andalucía será de dieciséis días.

2. El calendario anual, fijando los referidos días, se establecerá, previa consulta al Consejo Andaluz de Comercio, mediante orden de la Consejería competente en materia de comercio interior, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con anterioridad al 1 de septiembre del año inmediatamente anterior al que haya de aplicarse.

3. Las Corporaciones Locales, por acuerdo motivado del órgano correspondiente, podrán permutar hasta dos de los domingos y festivos habilitados en el calendario anual regional por otros en atención a las necesidades comerciales de su término municipal, conforme a los criterios establecidos en el apartado 4 de este artículo.

Cuando, como consecuencia de la fijación de una festividad local, se produzca la coincidencia de dos o más días continuados no aperturables comercialmente, el Ayuntamiento solicitará la permuta de uno de ellos por otro domingo o festivo del calendario autonómico. Excepcionalmente, en el caso de que el Ayuntamiento no solicite dicha permuta, la Consejería competente en materia de Comercio podrá decidir la permuta para un ámbito municipal determinado.

Con carácter general, dichas permutas podrán solicitarse a la Dirección General competente en materia de comercio interior, en las siguientes fechas: antes del 1 de noviembre del año inmediatamente anterior, las que vayan a materializarse a lo largo de todo el año siguiente; antes del 1 de febrero, las que vayan a materializarse en los trimestres segundo, tercero y cuarto del año en curso; antes del 1 de mayo, las que vayan a materializarse en los trimestres tercero y cuarto del año en curso; y antes del 1 de agosto, las que vayan a materializarse en el cuarto trimestre del año en curso. A efectos del cómputo de los plazos de solicitud de las permutas, ambas fechas, deben estar dentro de los períodos establecidos anteriormente, tanto el día de apertura ya autorizado, como el día que se solicita de nueva apertura.

Excepcionalmente, si con posterioridad a la concesión de la permuta solicitada se producen circunstancias sobrevenidas justificadas, el Ayuntamiento podrá renunciar a la misma y, en caso de que lo considere necesario, solicitar por el órgano municipal competente una nueva permuta conforme a los criterios establecidos en el apartado 4 de este artículo, siempre que se solicite con anterioridad a la fecha de la permuta concedida y, en todo caso, con un mes de antelación a la nueva fecha solicitada.

En ningún caso podrán ser objeto de permutas, aquellos domingos o festivos, incluidos en alguno de los supuestos de libertad horaria establecidos en el artículo 20.

La Dirección General competente en materia de comercio interior resolverá previa consulta del Consejo Andaluz de Comercio. Las permutas estimadas serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4. Para la determinación de los domingos y festivos de apertura a los que se refieren los apartados anteriores, se deberá atender de forma prioritaria al atractivo comercial de los días para las personas consumidoras y las empresas comerciales, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La apertura obligatoria de al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia de dos o más días festivos continuados.

b) La apertura en los domingos y festivos correspondientes a los períodos tradicionales de rebajas o ventas promocionales. Se entenderá que los períodos tradicionales de rebajas son dos, el de rebajas de invierno, que comprende desde el 7 de enero al 7 de marzo, y el de rebajas de verano, que comprende desde el 1 de julio al 31 de agosto; todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

c) La apertura en los domingos y festivos de mayor afluencia turística en la Comunidad Autónoma, previo informe de la Consejería competente en materia de turismo.

d) La apertura en los domingos y festivos de la campaña de Navidad, que comprenderá desde el domingo posterior al cuarto jueves de noviembre al 24 de diciembre, y de Reyes, que comprenderá del 26 de diciembre al 5 de enero».

«1. Los Centros de Atención a las Adicciones se clasifican conforme a la siguiente tipología:

a) Comunidades Terapéuticas: Son Centros especializados en la atención a las personas con problemas de adicciones, con carácter residencial, donde se realizan actividades de prevención, asistencia sanitaria que incluye diagnóstico, tratamiento y deshabituación, además de rehabilitación e incorporación social. Pueden contar con una Unidad de Desintoxicación Residencial.

b) Centros de Desintoxicación Residencial: Centros especializados en la atención a las personas con problemas de adicciones, con carácter residencial, que ofrecen asistencia sanitaria para la desintoxicación de sustancias.»

«1. Se someterán a informe de evaluación del impacto en la salud:

a) Los planes y programas que se elaboren o aprueben por la Administración de la Junta de Andalucía con clara incidencia en la salud, siempre que su elaboración y aprobación vengan exigidas por una disposición legal o reglamentaria, o por Acuerdo del Consejo de Gobierno, y así se determine en el acuerdo de formulación del referido plan o programa.

b) Los siguientes instrumentos de ordenación urbanística de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía:

1.º Los instrumentos de ordenación urbanística general.

2.º Los planes de ordenación urbana, los planes parciales de ordenación y los planes de reforma interior, salvo en los supuestos del apartado 3.c).

3.º Los planes especiales de adecuación ambiental y territorial de agrupaciones de edificaciones irregulares y los que tengan por objeto la ordenación de servicios, infraestructuras o equipamientos.

4.º Las revisiones y modificaciones de los instrumentos de ordenación urbanística anteriores.

c) Aquellas actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos, que deban someterse a los instrumentos de prevención y control ambiental establecidos en los párrafos a) del artículo 16.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Asimismo, se someterán a evaluación de impacto en salud aquellas actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos, que deban someterse a los instrumentos de prevención y control ambiental establecidos en los párrafos b) y d) del artículo 16.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y que se encuentren incluidos en el Anexo I de la presente Ley.

En estos supuestos, la resolución de los instrumentos señalados anteriormente contendrá el informe de evaluación de impacto en la salud.

d) Aquellas otras actividades y obras, no contempladas en el párrafo anterior, que se determinen mediante decreto del Consejo de Gobierno, sobre la base de la evidencia de su previsible impacto en la salud de las personas.

2. En el informe de impacto en la salud de las actividades y obras a que se refieren los párrafos c) y d) del apartado anterior, se podrá establecer la necesidad de delimitar una zona de seguridad para la protección de la salud con limitaciones de uso para las actividades humanas que específicamente se determinen.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, no se someterán a evaluación del impacto en la salud:

a) Los planes y programas que se elaboren o aprueben por las Administraciones Públicas y que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia, así como aquellos de carácter estrictamente financiero o presupuestario.

b) Las actuaciones a las que hacen referencia los párrafos b) y c) del apartado 1 de este artículo, que no presenten impactos significativos en la salud y así se determine expresamente por la Consejería competente en materia de Salud. Este pronunciamiento tendrá lugar en el proceso de cribado inserto en el trámite de consultas previas al procedimiento de evaluación del impacto en la salud previsto en el artículo 59.5, al que con carácter potestativo podrán acogerse las personas promotoras de las actuaciones anteriormente citadas.

c) Los planes parciales de ordenación y planes de reforma interior que desarrollen la ordenación pormenorizada de los instrumentos de ordenación general vigentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía que hayan sido objeto de evaluación de impacto en la salud, a menos que exista un pronunciamiento expreso en dicha evaluación que implique la necesidad de someterlo a Evaluación de Impacto en Salud.

d) Aquellas actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos que se localicen, con carácter general, a una distancia superior a 1.000 metros de una zona residencial.»

Parte I: Actividades extraídas del Anexo I de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería.

f) Instalaciones destinadas a la cría intensiva de ganado que dispongan de más de:

1.º 55.000 plazas para pollos.

5.º 750 plazas de vacuno de leche y 1.100 plazas para vacuno de cebo.

Grupo 2. Industria extractiva.

d) Los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento de gas y geotermia de media y alta entalpía, que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica. No se incluyen en este apartado las perforaciones de sondeos de investigación que tengan por objeto la toma de testigos previos a proyectos de perforación que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica.

Grupo 4. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales.

b) Plantas integradas para la fundición inicial del hierro colado y del acero.

Grupo 6. Proyectos de infraestructuras.

b) Ferrocarriles:

1.º Construcción de nuevas líneas de ferrocarril de más de 5 km.

2.º Ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente en una longitud continuada de más de 10 km.

c) Proyectos de aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud igual o superior a 2.100 metros.

d) Construcción de puertos comerciales, pesqueros o deportivos que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t.

e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con exclusión de los muelles para transbordadores) que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t, excepto que se ubiquen en zona I, de acuerdo con la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios regulados en el artículo 69, letra a), del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.

a) Se incluyen:

1.º Grandes presas según se definen en el artículo 4 del Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses.

2.º Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla de forma permanente, cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 10 hectómetros cúbicos, o que supongan una inundación nueva o adicional de más de 100 ha.

3.º Nuevas presas o azudes que ocupen modifiquen, supongan embalsamiento o alteren el régimen de caudales en más de un 5 % cualquier mes, en espacios naturales protegidos incluyendo, las reservas fluviales, las masas de agua en estado muy bueno, las áreas críticas para la conservación de especies protegidas o hábitats catalogados como en peligro de desaparición.

d) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 150.000 habitantes-equivalentes.

Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.

a) Instalaciones de incineración de residuos peligrosos definidos en el artículo 2.añ) de la Ley 7/2022, 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como el depósito de seguridad o tratamiento químico.

b) Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos definidos en el artículo 2.an) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, o de eliminación de dichos residuos mediante tratamiento físico-químico con una capacidad superior a 100 t diarias.

Parte II: Actividades extraídas del Anexo I Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

(*) Nota:

CA: La actuación está sometida a Calificación Ambiental.

CA (Anexo II): La actuación está sometida a Calificación Ambiental y además está en el Anexo II de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Por lo que en caso de que no proceda realizar informe EIS, será necesario hacer informe de efectos en salud cuando así se solicite por parte del órgano competente.

1. La población de derecho es la que consta en el Padrón Municipal vigente.

2. La población de hecho residente y no censada es la que consta mediante la oportuna certificación emitida por el Ayuntamiento o informe de la entidad correspondiente de donde procedan los datos.

3. La población estacional comprende la de segunda residencia y la de las zonas con afluencia turística, definidas de la siguiente manera:

a) La población de segunda residencia. Será la resultante de multiplicar el número de viviendas secundarias que constan en el Censo de Viviendas por 3,5 personas y 92 días, y dividir el resultado por 365 días.

b) La población en zonas con afluencia turística, consideradas como aquellas en las que las plazas de alojamientos turísticos superen el 5% de la cifra de población según el Padrón Municipal vigente. Será la resultante de multiplicar las plazas de alojamientos turísticos por el grado de ocupación, conforme a los datos oficiales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.»

Dos. Se modifica el artículo 40.1.b), que queda redactado como sigue.

«b) Por no haber transmitido la oficina de farmacia en el plazo de veinticuatro meses, contados a partir de la fecha en que se produzcan los hechos causantes:

1.º Declaración judicial de ausencia.

2.º Incompatibilidad legal.

3.º Incapacidad laboral permanente, total o absoluta.

4.º Fallecimiento.

No obstante, si dicho plazo resultara insuficiente, éste quedará ampliado por doce meses más si se presenta, dentro del plazo de veinticuatro meses tras el hecho causante, comunicación de las personas interesadas manifestando su voluntad a favor de dicha ampliación.

En los supuestos de cotitularidad de la oficina de farmacia, podrá seguir al frente de la misma aquella persona cotitular que no se encuentre afectada por el hecho causante.»

«1. El procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia se realizará de oficio mediante concurso público, en el que podrán participar los farmacéuticos y farmacéuticas que reúnan los requisitos establecidos en esta Ley y demás normas de desarrollo.

El procedimiento constará de tres fases:

a) En la primera fase solo podrán participar los farmacéuticos y farmacéuticas que, a la fecha de publicación de la convocatoria, sean titulares de oficina de farmacia abierta al público en municipios, ELA o EATIM, o núcleos poblacionales aislados, todos ellos de menos de mil habitantes, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, deberán haber mantenido la titularidad sobre la citada oficina de farmacia, como mínimo, durante los diez años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria.

En esta fase se adjudicará como máximo el 50% de las oficinas de farmacia convocadas.

b) En la segunda fase podrán participar los farmacéuticos y farmacéuticas interesados que no sean titulares o cotitulares de oficina de farmacia situada dentro o fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la fecha de publicación de la convocatoria, ni lo hayan sido los últimos cinco años anteriores. En esta fase se adjudicarán las oficinas de farmacia convocadas y no adjudicadas en la primera fase.

c) En la tercera fase podrán participar los restantes farmacéuticos y farmacéuticas interesados, así como aquellos que no hayan resultado adjudicatarios en las fases anteriores. En esta fase se adjudicarán las oficinas de farmacia que no hubieran sido adjudicadas en las fases anteriores, así como las vacantes que hayan quedado por resultar sus titulares adjudicatarios de otra oficina de farmacia en la fase primera o en la propia fase tercera.

Las fases del concurso se realizarán de acuerdo con el baremo que reglamentariamente se establezca y en el que, necesariamente, se tendrán en cuenta los méritos académicos, la formación posgraduada y la experiencia profesional.

El concurso reservará un cupo de oficinas de farmacia para personas con discapacidad.

El procedimiento de adjudicación finalizará por medio de una resolución única, en la que se incluirán todas las oficinas de farmacia adjudicadas en las distintas fases del procedimiento.»

«b) Que esta oficina de farmacia se hubiese convocado por resultar vacante al ser su titular adjudicatario de otra oficina de farmacia en la fase primera o tercera.»

«b) Que la oficina de farmacia que pretende trasladarse haya permanecido un mínimo de tres años consecutivos, inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del traslado, en la misma ubicación.»

«2. La transmisión de la totalidad o una parte indivisa de la oficina de farmacia solo podrá llevarse a cabo a favor de otra u otras personas licenciadas o graduadas en farmacia, en las condiciones siguientes:

a) Si se trata de la primera transmisión de una oficina de farmacia adjudicada por concurso público, deberán haber transcurrido al menos diez años desde su apertura inicial al público.

b) El resto de las transmisiones solo podrá llevarse a cabo a favor de otro u otros farmacéuticos o farmacéuticas siempre que el establecimiento haya permanecido abierto al público durante un mínimo de cinco años, con la misma persona titular o cotitulares.

c) Los plazos previstos en los epígrafes a) y b) anteriores no serán de aplicación en los supuestos de fallecimiento, incapacidad laboral permanente, total o absoluta, declaración judicial de ausencia o establecimiento de curatela con funciones representativas o remoción de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40.1.b) de esta Ley.»

1. Tendrá la consideración de traslado el transporte de un cadáver entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y otras Comunidades Autónomas o el extranjero, y se realizará conforme a lo establecido en la normativa vigente.

2. Salvo en los casos de intervención judicial o en los cadáveres de los grupos 1, el traslado de cadáveres del grupo 2 desde Andalucía hasta el domicilio del difunto, velatorio, tanatorio o depósito de cadáveres del cementerio que se ubiquen en cualquier Comunidad Autónoma, podrá realizarse una vez emitido el certificado médico de defunción y la licencia de enterramiento o incineración.»

El traslado de cadáveres del grupo 2 desde Andalucía hasta el domicilio del difunto, velatorio, tanatorio o depósito de cadáveres del cementerio que se ubiquen en cualquier municipio fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no conllevará Autorización Sanitaria y podrá realizarse una vez emitido el certificado médico de defunción y la licencia de enterramiento o incineración. En caso de que se trasladen al extranjero se estará a lo dispuesto en la normativa estatal.

En caso de cadáveres intervenidos judicialmente se estará a lo que se disponga por el órgano jurisdiccional.»

«4. La exhumación, conducción y traslado de restos cadavéricos están exentos de autorización sanitaria. El órgano competente del cementerio o lugar de enterramiento regulará dicha actividad de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y/o el Reglamento de Régimen Interno.»

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, se encuentran sometidos a evaluación de impacto en la salud:

a) Los planes y programas que se elaboren o aprueben por la Administración de la Junta de Andalucía con clara incidencia en la salud, siempre que su elaboración y aprobación vengan exigidas por una disposición legal o reglamentaria, o por Acuerdo del Consejo de Gobierno, y así se determine de acuerdo con los criterios contenidos en el Anexo II del presente Decreto o en el acuerdo de formulación del referido plan o programa.

b) Los siguientes instrumentos de ordenación urbanística de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía:

1.º Los instrumentos de ordenación urbanística general.

2.º Los planes de ordenación urbana, los planes parciales de ordenación y los planes de reforma interior, salvo en los supuestos del apartado 2.c).

3.º Los planes especiales de adecuación ambiental y territorial de agrupaciones de edificaciones irregulares y los que tengan por objeto la ordenación de servicios, infraestructuras o equipamientos.

4.º Las revisiones y modificaciones de los instrumentos de ordenación urbanística anteriores.

c) Aquellas actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos, que deban someterse al instrumento de prevención y control ambiental establecido en el párrafo a) del artículo 16.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Asimismo, se someterán a evaluación de impacto en salud aquellas actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos, que deban someterse a los instrumentos de prevención y control ambiental establecidos en los párrafos b) y d) del artículo 16.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y que se encuentren incluidos en el Anexo I de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior del presente artículo, conforme a lo establecido en el artículo 56.3 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, no se someterán a evaluación de impacto en la salud:

a) Los planes y programas que se elaboren o aprueben por las Administraciones públicas y que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia, así como aquellos de carácter estrictamente financiero o presupuestario.

b) Las actuaciones a las que hacen referencia los párrafos b) y c) del apartado 1 de este artículo que no presenten impactos significativos en la salud y así se determine expresamente por la Consejería competente en materia de salud en el proceso de cribado inserto en el trámite de consultas previas regulado en los artículos 13, 16 y 17 del presente decreto, al que con carácter potestativo podrán acogerse las personas promotoras de las actuaciones anteriormente citadas.

c) Los planes parciales de ordenación y planes de reforma interior que desarrollen la ordenación pormenorizada de los instrumentos de ordenación general vigentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía que hayan sido objeto de evaluación de impacto en la salud, a menos que exista un pronunciamiento expreso en dicha evaluación que implique la necesidad de someterlo a Evaluación de Impacto en Salud.

d) Las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos que se localicen, con carácter general, a una distancia superior a 1.000 metros de una zona residencial». En estos casos, la evaluación sobre los efectos para la salud de la actividad u obra y sus proyectos se efectuará sobre el estudio de impacto ambiental, dentro del procedimiento de tramitación del instrumento de control y prevención ambiental correspondiente.»

1. Corresponde a la persona titular del órgano directivo competente en materia de salud pública de la administración autonómica la competencia para la emisión del informe de EIS de aquellas actuaciones cuyo ámbito territorial sea superior a la provincia.

2. Corresponde a la persona titular de las Delegaciones Territoriales o Provinciales de la Consejería competente en materia de salud la competencia para la emisión del informe de EIS de aquellas actuaciones cuyo ámbito territorial sea inferior o igual a la provincia. En expedientes que se consideren especialmente complejos, se podrá solicitar la conformidad del contenido del informe de EIS al órgano directivo competente en materia de salud pública de la administración autonómica.»

«a) Los datos de la población a la que se refiere el artículo 31 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, en su apartado 1. En su caso, se considerarán de manera adicional los tipos de población contemplados en sus apartados 2 y 3, conforme a la estancia media y otros factores correctores que ayuden a determinar dichas necesidades.»

Las oficinas de farmacia adjudicadas en cada concurso serán las ofertadas en la convocatoria, así como las que se pudieran incorporar en la fase tercera en ese mismo concurso. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, el procedimiento constará de tres fases:

a) En la primera fase solo podrán participar los farmacéuticos y farmacéuticas que, a la fecha de publicación de la convocatoria, fuesen titulares de oficina de farmacia abierta al público en municipios, Entidades Locales Autónomas y Entidades de Ámbito Territorial inferior al Municipio, o núcleos poblacionales aislados, todos ellos de menos de mil habitantes, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, deberán haber mantenido la titularidad sobre la citada oficina de farmacia, como mínimo, durante los diez años anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria.

En esta fase se adjudicará como máximo el 50% de las oficinas de farmacia convocadas.

b) En la segunda fase podrán participar los farmacéuticos y farmacéuticas interesados que no sean titulares o cotitulares de oficina de farmacia situada dentro o fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la fecha de publicación de la convocatoria, ni lo hayan sido los últimos cinco años anteriores. En esta fase se adjudicarán las oficinas de farmacia convocadas y no adjudicadas en la primera fase.

c) En la tercera fase podrán participar los restantes farmacéuticos y farmacéuticas interesados, así como aquellos que no hayan resultado adjudicatarios en las fases anteriores. En esta fase se adjudicarán las oficinas de farmacia que no hubieran sido adjudicadas en las fases anteriores, así como las vacantes que hayan quedado por resultar sus titulares adjudicatarios de otra oficina de farmacia en la fase primera o en la propia fase tercera.»

«4. Además de los anteriores requisitos, se deberán reunir los requisitos específicos de participación exigidos en el artículo 41.1 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, en las fases primera y segunda del procedimiento.»

1. Una vez terminados los actos para ratificar la conformidad para la adjudicación en las fases primera y segunda, por resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se determinarán:

a) Las oficinas de farmacia que se oferten en ese momento, en la fase tercera, conforme los criterios determinados en el artículo 4.c).

b) El plazo para que las personas participantes que estén admitidas en la fase tercera presenten su correspondiente orden de preferencia respecto de las oficinas de farmacia ofertadas en dicha resolución, cumplimentando para ello la hoja de orden de preferencia que figura en el Anexo II.

2. Con posterioridad a la finalización del plazo citado en el apartado 1 se publicará anuncio a través del Portal de la Junta de Andalucía, incluyendo en el mismo los datos identificativos de las solicitudes de las personas participantes que hubieran presentado hoja de orden de preferencia debidamente cumplimentada para la fase tercera y que cumplieran los requisitos para ser adjudicatarias en dicha fase. Esta publicación se realizará como mínimo con diez días de antelación a las convocatorias previstas en el apartado siguiente.

3. Una vez publicada la lista referida en el apartado anterior se publicarán anuncios a través del Portal de la Junta de Andalucía y en los tablones de anuncios en los que se convocará a las personas solicitantes admitidas en la fase tercera que hayan presentado su orden de preferencia, señalándose el lugar, fecha y hora, para la realización de los actos para ratificar la conformidad para la adjudicación de la oficina de farmacia que les haya correspondido de acuerdo con su puntuación final y orden de preferencia solicitado, aplicándose las reglas establecidas en los artículos 15.1 y 16, hasta que se ratifiquen todas las oficinas de farmacia ofertadas o en su defecto, hasta que finalicen los actos de todas las personas convocadas para la fase tercera.

4. Si una vez finalizados estos actos resultase que ha ratificado la conformidad al menos una persona titular o todas las cotitulares de una oficina de farmacia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se considerase necesario adjudicar dicha vacante o vacantes, se procederá a ofertar dichas oficinas de farmacia en esta fase tercera aplicando lo establecido en los apartados anteriores.

5. Una vez transcurrido el plazo estipulado en la última resolución que al amparo del apartado 1 se dicte en el procedimiento, se entenderá que renuncian a su admisión y participación en la fase tercera del concurso las personas admitidas en dicha fase que no hayan presentado en tiempo y forma una hoja de orden de preferencia respecto de las oficinas de farmacia ofertadas en al menos una de las resoluciones dictadas conforme a dicho apartado.»

«b) Que la oficina de farmacia se hubiese ofertado por resultar vacante al ser su titular persona adjudicataria de otra oficina de farmacia en la fase primera o tercera.»

«Decreto 62/2018, de 6 de marzo, por el que se ordena el sistema de formación sanitaria especializada en ciencias de la salud de Andalucía.»

«El artículo 149.1.16.a) de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad y el arti´culo 55.2 del Estatuto de Autonomi´a para Andalucía establece que corresponde a la Comunidad Auto´noma la competencia compartida en materia de sanidad interior y, en particular, el régimen estatutario y la formacio´n del personal que presta servicios en el sistema sanitario pu´blico, asi´ como la formacio´n sanitaria especializada y la investigacio´n cienti´fica en materia sanitaria. Por otra parte, en el arti´culo 46.1a del Estatuto de Autonomi´a se le asigna a la Comunidad Auto´noma la competencia exclusiva en la organizacio´n y estructura de sus instituciones de autogobierno y en el arti´culo 47.1.1a, la competencia exclusiva en el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de organizacio´n propia de la Comunidad Auto´noma, y en la estructura y regulacio´n de los o´rganos administrativos pu´blicos de Andaluci´a.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesio´n y Calidad del Sistema Nacional de Salud, dedica su Capi´tulo III a los profesionales sanitarios, a los que considera elemento esencial en la modernizacio´n y calidad del sistema sanitario. En este sentido, la citada Ley dispone, en su artículo 34, que la formacio´n y el desarrollo de la competencia te´cnica del personal deben orientarse a la mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud.

De igual modo, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, pretende garantizar, entre otros aspectos, que todos los profesionales sanitarios cumplen con los niveles de competencia necesarios para tratar de seguir salvaguardando el derecho a la protección de la salud. Para ello, la Ley abordó, en su Título II, Capítulo III, importantes modificaciones en el panorama de la formación especializada en Ciencias de la Salud, definiéndola como una formación reglada y de carácter oficial que tiene como objeto dotar a los profesionales de los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la misma. En este sentido, el artículo 20 de dicha Ley establece que la formación del personal especialista en formación en Ciencias de la Salud tendrá lugar por el sistema de residencia en centros acreditados, conforme a los criterios que define en su apartado 2.o Así mismo, el artículo 20 dispone que el Gobierno regulará la relación laboral especial de residencia. Esta previsión legal ha sido cumplida mediante el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

Para seguir completando el proceso de reforma iniciado por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, se aprobó también el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. En este sentido, el Real Decreto recoge los diferentes elementos relativos a la estructura y el procedimiento de formación del personal especialista en formación en Ciencias de la Salud incluyendo las características de los títulos, las unidades docentes, los órganos de supervisión y organización de la formación y los procedimientos de evaluación. Se establece así un modelo general común estatal de formación sanitaria especializada que reconoce la necesidad de reforzar las estructuras docentes para que incidan favorablemente en el proceso de aprendizaje del personal especialista en formación en Ciencias de la Salud. Este modelo general supone un esfuerzo de sistematización al incorporar conceptos unitarios en la configuración abierta y flexible de las unidades docentes, en la regulación de los aspectos básicos de los distintos órganos colegiados y unipersonales que intervienen en el proceso formativo, y al establecer una regulación común para todo el sistema de las evaluaciones del personal especialista en formación con instrumentos que constaten que éste ha cumplido los objetivos cuantitativos y cualitativos y que ha alcanzado las competencias profesionales según las previsiones del correspondiente programa formativo y posibilitando la revisión de las evaluaciones. De igual modo, el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, en su disposición transitoria primera contempla un plazo de adaptación normativa en cuanto a las comisiones de docencia y las personas que ejercen la tutoría hasta tanto las Comunidades Autónomas dicten las correspondientes disposiciones de desarrollo.

El Real Decreto 589/2022, de 19 de julio por el que se regulan la formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud, el procedimiento y criterios para la propuesta de un nuevo título de especialista en Ciencias de la Salud o diploma de área de capacitación específica, y la revisión de los establecidos, y el acceso y la formación de las áreas de capacitación específica; y se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación en especialidades en Ciencias de la Salud, establece las competencias comunes principalmente actitudinales que deben adquirirse durante el periodo de formación en centros acreditados, y que formará parte del programa formativo oficial de todas las especialidades.

Este Decreto supone un avance significativo en cuanto a la integración y sistematización en un instrumento normativo del conjunto de los elementos que conforman el modelo de formación sanitaria especializada del personal especialista en formación en Ciencias de la Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía y que han permitido un importante desarrollo significativo de la calidad de los procesos de formación en el ámbito de las especialidades en Ciencias de la Salud.

Desde esta perspectiva de plena implicación de la estructura asistencial del Sistema Sanitario de Andalucía de ámbito público y privado, además de otras estructuras no asistenciales que puedan participar en el proceso de formación del personal especialista en formación en Ciencias de la Salud, la ordenación que realiza el Decreto confirma, además, la trascendencia de la actividad docente que se desarrolla en las unidades asistenciales y no asistenciales de los centros y con ello, la importancia de la actividad de transferencia del conocimiento y entrenamiento en competencias clínicas que los diferentes profesionales sanitarios llevan a cabo en su actividad habitual. Junto a ello, el Decreto presta especial atención a la tarea docente que, en particular, desarrollan las personas que ejercen la tutoría del personal especialistas en formación para quienes establece medidas de reconocimiento e incentivación.

Este Decreto refuerza y profundiza diferentes aspectos básicos para la formación del personal especialista en formación en Ciencias de la Salud. De igual modo se concretan aquellos aspectos relacionados con la graduación de la supervisión y se modula la responsabilidad progresiva del personal especialista en formación, y se define el conjunto de todos los dispositivos asistenciales, de gestión, técnicos del Sistema Sanitario o no sanitario de Andalucía como potenciales espacios docentes. Se trata, por tanto, de definir un sistema de formación del personal especialista en formación en Ciencias de la Salud orientado hacia la innovación docente centrado en el que aprende y que desarrolla nuevos modelos de evaluación de la formación basados en competencias.

Así, el presente Decreto pretender avanzar en la configuración de un modelo global de formación sanitaria especializada basado en criterios de calidad, que promueva la adquisición de las competencias necesarias para un ejercicio profesional acorde a las necesidades de la organización sanitaria y de la ciudadanía, que apueste por la innovación docente y que articule la red de estructuras docentes que supervisan y apoyan el cumplimiento de los programas formativos, de igual modo que se garantiza una formación flexible e integrada en el conjunto de la organización sanitaria y su entorno.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, en la elaboración de este Decreto se ha tenido en cuenta la perspectiva de la igualdad de género.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Salud, conforme a los artículos 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 6 de marzo de 2018.»

«1. El objeto del presente Decreto es la ordenación del sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de Salud en Andalucía de conformidad con la legislación básica del Estado en esta materia.

2. A los efectos de la presente norma, se considera como personal especialista en formación en Ciencias de la Salud el que, tras haber accedido a una plaza de formacio´n sanitaria especializada a trave´s de la correspondiente convocatoria nacional, este´ adquiriendo en unidades docentes acreditadas del mismo, mediante el sistema de residencia, las competencias profesionales propias de la especialidad que este´ realizando, mediante una práctica profesional programada y supervisada destinada a alcanzar de forma progresiva, los conocimientos, habilidades, actitudes y la responsabilidad profesional necesarios para el ejercicio autónomo y eficiente de la especialidad.

3. La ordenación del sistema de la formacio´n sanitaria especializada en Ciencias de la Salud será de aplicación a los centros, comisiones de docencia y profesionales que participen en la formacio´n del personal especialista en formacio´n de Andalucía.»

«1. Las unidades docentes acreditadas y las entidades titulares responsables de las mismas, desarrollarán las actuaciones necesarias para garantizar que el personal especialista en formacio´n pueda alcanzar las competencias y capacidades contempladas en los programas formativos oficiales de las especialidades.

2. Los centros en los que se integren las unidades docentes:

a) Facilitarán la integración de las actividades asistenciales, formativas, organizativas, técnicas, investigadoras y docentes del personal especialista en formación, mediante el sistema de residencia. b) Incorporarán los correspondientes objetivos relacionados con la formación del personal especialista en formación.

c) Garantizarán que las unidades docentes destinen su capacidad docente con carácter prioritario para la formación del personal especialistas en formación.

d) Incentivarán la incorporación del personal especialista en formación a las actividades de investigación, docencia y gestión de la unidad asistencial.

«1. La formacio´n del personal especialista en formacio´n se desarrollara´ en las unidades docentes acreditadas por el Ministerio competente en materia sanitaria.

2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, la unidad docente se define como el conjunto de recursos personales y materiales, pertenecientes a los dispositivos asistenciales, docentes, de investigación o de cualquier otro carácter que, con independencia de su titularidad, se consideren necesarios para impartir formación reglada en especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, de acuerdo con lo establecido en los programas oficiales de las distintas especialidades.»

«Las personas responsables en las que se integre el personal especialista en formacio´n colaborarán con las jefaturas de estudio, desde su ámbito de competencias, en la aplicación de las decisiones de la comisión de docencia y en la mejora continua de la calidad de la formacio´n del personal especialista en formacio´n para lo que llevarán a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones:

a) Analizar la capacidad docente de la unidad asistencial a la que se adscribe el personal especialista en formación de las especialidades acreditadas de su ámbito, oída la jefatura de estudios.

b) Intervenir en la acogida del personal especialista en formación que hayan obtenido plaza en su unidad.

c) Fomentar la incorporación del personal especialista en formación a todas las actividades de la unidad.

d) Incentivar y facilitar la labor de las personas que ejerzan la tutoría del personal especialista en formación, dotándoles del tiempo necesario en su jornada laboral para la realización de la tutorización y la organización de las actividades docentes de la unidad asistencial. A estos efectos, serán los responsables de estos profesionales que ejercen la tutoría, quienes concreten la distribución de los tiempos para el desarrollo de esta tarea docentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.5.

e) Emitir cuantos informes facultativos consideren adecuados sobre la docencia, la asistencia y la participación de la unidad en la formación del personal especialista en formación.»

«1. Las solicitudes de acreditación de centros y unidades docentes para impartir formacio´n sanitaria especializada que se formulen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, deben dirigirse por la dirección gerencia del hospital, distrito o área de gestión sanitaria al centro directivo competente en materia de formación sanitaria especializada de la Consejería competente en materia de salud, quien, previo informe, dará traslado al Ministerio competente en materia sanitaria, en el plazo establecido para ello.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior es también aplicable a las solicitudes de modificación de la acreditación inicial y de desacreditación de centros y unidades docentes.

3. El centro directivo competente en materia de formación sanitaria especializada podrá establecer criterios de calidad mínimos relativos a las solicitudes de acreditación de las unidades asistenciales correspondientes.»

«El centro directivo competente en materia de formacio´n sanitaria especializada, mediante resolución expresa, adscribirá´ cada una de las unidades docentes a la comisión de docencia del centro del que dependan o a una comisión de docencia propia. A estos efectos, la adscripción se determinara´ en virtud del número de unidades docentes, su dispersión territorial, el número de personas especialistas en formacio´n y la singularidad del proceso formativo. En el caso de las unidades docentes multiprofesionales se atenderá´ igualmente al ámbito en el que se realice mayoritariamente la formacio´n.»

«1. El ámbito de actuación de las comisiones de docencia vendrá determinado por el centro directivo competente en formación sanitaria especializada de la Consejería competente en materia de salud.

2. Con carácter general y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, se constituirán comisiones de docencia de centro que agruparán a las unidades docentes de las especialidades que se formen en su ámbito.

3. En función del total de personal especialista en formacio´n, de su distribución geográfica o de criterios funcionales podrán, igualmente, constituirse comisiones de docencia de unidad docente.»

1. Las comisiones de docencia dependera´n directamente de la direccio´n gerencia del centro que determine el centro directivo competente en materia de formacio´n sanitaria especializada de la Consejeri´a competente en materia de salud.

«1. Las comisiones de docencia se constituirán, modificarán o extinguirán por el centro directivo competente en materia de formación sanitaria especializada de la Consejería competente en materia de salud.

2. Mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de salud se establecerá el procedimiento a través del cual el centro directivo competente en materia de formación sanitaria especializada creará, modificará o extinguirá las comisiones de docencia.

3. El centro directivo competente en materia de formacio´n sanitaria especializada de la Consejería competente en materia de salud mantendrá´ actualizada la relación de unidades docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y las comisiones de docencia y la publicara´ a través de PortalEir y del Portal de la Junta de Andalucía.»

«1. La dirección gerencia de las entidades titulares responsables del centro o unidad docente o dispositivo correspondiente atenderá´, con cargo a los propios medios materiales y recursos humanos de aquellas, la constitución y el funcionamiento de las comisiones de docencia. A tal fin, facilitara´ que las comisiones de docencia, en función de sus características y número del personal especialista en formacio´n, cuenten con los medios materiales y recursos humanos adecuados para el desarrollo de sus funciones.

2. Los criterios generales relativos a las necesidades de medios y recursos de las comisiones de docencia quedarán establecidos en los objetivos docentes del Plan de Gestión Estratégico del centro y en el Plan de Gestión de la Calidad Docente de la formacio´n sanitaria especializada del centro.»

«1. La comisión de docencia estará integrada por:

a) La Presidencia, que corresponderá a la persona titular de la jefatura de estudios de formación sanitaria especializada del centro sanitario o unidad docente.

b) Un máximo de 20 vocalías, de las cuales:

1.º Una vocalía en representación de la Comunidad Autónoma.

2.º En el caso de contar con unidades docentes para la formación del personal especialista en formación en el ámbito de la profesión enfermera, una vocalía corresponderá a la persona que ocupe la presidencia de la Subcomisión de Enfermería.

3.º Una vocalía en representación de la dirección gerencia del centro al que se encuentre adscrita

4.º El resto de las vocalías, sin superar el número máximo, será en representación de las personas que ejercen la tutoría y del personal especialista en formación, de forma paritaria.

c) La secretaría, con voz, pero sin voto.

2. En función de la dimensión del centro docente, se podrán distribuir las vocalías por áreas de conocimiento, año de formación y, en su caso, áreas funcionales, en particular área quirúrgica, área médica, que incluirá salud mental, área de tocoginecología y pediatría, área de anestesiología, cuidados críticos y emergencias y área de servicios generales.

«1. Las vocalías representantes de las personas que ejerzan la tutoría y del personal especialista en formación serán designadas por la presidencia de la comisión de docencia y se elegirán de la siguiente manera:

a) Vocalías en representación de las personas que ejerzan la tutoría, serán elegidas por todas las personas tutoras dependientes de la comisión de docencia para un período de 4 años, renovable de forma indefinida, por sufragio, libre, igual, directo y secreto de entre aquellas personas tutoras que voluntariamente presenten su candidatura.

b) Vocalías en representación de las personas especialistas en formación, serán elegidas por todas las personas especialistas en formación para un período de 2 años, no renovable, por sufragio libre, igual, directo y secreto de entre quienes voluntariamente presenten su candidatura. Se garantizará la incorporación a estas vocalías de personal especialista en formación de otros niveles asistenciales.

c) Serán causas de cese de estas vocalías las siguientes:

1.º Renuncia expresa presentada por escrito ante la persona titular de la presidencia.

2.º Transcurso del plazo para el cual fueron nombrados, si no se produce renovación.

3.º La ausencia injustificada a tres reuniones consecutivas de la comisión.

4.º Pérdida de la condición de persona tutora o personal especialista en formación.

2. En caso de vacantes por ausencia de candidaturas, la comisión de docencia articulará mecanismos que garanticen la presencia equilibrada de personal especialista en formación y de personas que ejerzan la tutoría.

3. La vocalía en representación de la dirección gerencia del centro sanitario de la que dependa la comisión de docencia será´ designada por la misma por un periodo de cuatro años, determinada por criterios de idoneidad de representación, siendo el no cumplimiento de estas funciones causa posible de cese

4. La vocalía en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía será designada, por un periodo de cuatro años, por el centro directivo competente en materia de formación sanitaria especializada de la Consejería competente en materia de salud, mediante resolución expresa, recayendo en la persona que se considere más adecuada para el cargo a desempeñar que, en todo caso, será un profesional con experiencia en la gestión de formación sanitaria especializada y gestión de la calidad.

5. La secretaría de la comisión de docencia atenderá´ el funcionamiento administrativo de la misma y será designada por un plazo de cuatro años renovables, por la dirección gerencia del centro u órgano directivo de la entidad titular al que este´ adscrito la comisión de docencia, a propuesta de la presidencia de la misma, entre profesionales auxiliares administrativos y administrativos, con experiencia en el ámbito de la gestión de los procesos de formacio´n.»

«Las funciones de las comisiones de docencia serán aquellas contempladas en la normativa básica estatal, y en particular:

a) Comunicar al centro directivo competente en materia de formación sanitaria especializada los cambios que se produzcan en su composición.

b) Utilizar el PortalEir y el Portal de la Junta de Andalucía garantizando la actualización de los datos correspondientes a la comisión de docencia.

c) Facilitar la integración de las actividades formativas y de las del personal especialista en formación, en la actividad ordinaria del centro, planificando su actividad profesional en el centro conjuntamente con los órganos de dirección.

d) Facilitar la implantación del Plan de Gestión de Calidad Docente.

e) Elaborar y aprobar los Protocolos de Supervisión del personal especialista en formación.

f) Aprobar y difundir el Plan de Gestión de Calidad Docente del centro.

g) Aprobar el reglamento del comité de evaluación.

h) Informar al centro directivo competente en materia de formación sanitaria especializada, en tiempo y forma, de las solicitudes de acreditación que presente la entidad titular del centro donde se ubique la unidad docente, conforme a lo establecido en la normativa.

i) Aprobar y mantener actualizadas, a propuesta de las personas que ejercen la tutoría de cada especialidad de su ámbito, las guías o itinerarios formativos tipo de las especialidades, así como publicarlas y difundirlas, antes de los actos de adjudicación de la convocatoria anual, en soporte electrónico a través de PortalEir y del Portal de la Junta de Andalucía.

j) Garantizar que todo el personal especialista en formación que se forme en su centro o unidad cuente con el correspondiente plan individual de formación en soporte electrónico a través de PortalEir y el Portal de la Junta de Andalucía, verificando en colaboración con las personas que ejerzan la tutoría de la especialidad correspondiente, su adecuación a la guía o itinerario formativo tipo.

k) Elaborar, aprobar y publicar una memoria anual docente del centro, que incluya los resultados de los objetivos docentes contemplados en el contrato programa.

l) Facilitar la formación continuada de las personas que ejercen la tutoría.

m) Tener un registro actualizado de la formación en competencias docentes que realizan las personas que ejercen la tutoría en las diferentes unidades docentes que dependen la comisión de docencia.»

«1. La jefatura de estudios es el órgano unipersonal al que corresponde la gestión, coordinación y organización de la formación sanitaria especializada del centro sanitario.

2. El procedimiento para la selección de la jefatura de estudios se iniciará mediante la correspondiente convocatoria pública efectuada por la dirección gerencia del centro al que se encuentre adscrita la comisión de docencia, que se difundirá en todos los centros sanitarios del ámbito asistencial que abarque la comisión de docencia.

3. En la convocatoria se harán constar los méritos a valorar que, en todo caso, contemplarán la trayectoria profesional asistencial, docente, de investigación y de gestión, la formación en metodología docente, la acreditación vigente del nivel de la competencia profesional y la presentación de un proyecto de gestión docente de formación sanitaria especializada para el centro.»

«1. La designación de la persona que ejerza la jefatura de estudios se llevará a cabo mediante resolución de la persona titular de la dirección gerencia del centro al que se encuentre adscrita la comisión de docencia y en ningún caso implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea titular.

2. La jefatura de estudios de formación especializada tendrá autonomía de gestión, en el ámbito de la formación sanitaria especializada, respecto de las jefaturas de las unidades.

3. El desempeño de la jefatura de estudios de formación especializada será incompatible con el de cargos intermedios. De igual modo, también será incompatible con la tutoría de especialistas en formación.

4. Corresponden a la persona que ejerza la jefatura de estudios de formación especializada las siguientes funciones, sin perjuicio de las previstas en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, y en la Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se fijan criterios generales relativos a la composición y funciones de las comisiones de docencia, a la figura del jefe de estudios de formación especializada y al nombramiento del tutor:

a) Asumir la presidencia de la comisión de docencia y formar parte de los órganos de dirección de los correspondientes centros y servicios sanitarios, con el fin de asegurar y garantizar la incardinación de la docencia en la actividad asistencial ordinaria, continuada y de urgencias de dichos centros.

b) Trasladar a la comisión de docencia para su validación la capacidad docente del centro, una vez analizadas las propuestas de capacidad docente de las direcciones de las unidades asistenciales.

c) Garantizar y supervisar la aplicación y el desarrollo del Programa de Formación en Competencias Transversales del personal especialista en formación de su centro o unidad.

d) Garantizar la utilización del PortalEir y del Portal de la Junta de Andalucía.

e) Proponer a las personas responsables de las unidades donde están adscritas las personas tutoras, la asignación de tiempo de dedicación directa y expresa a la docencia por parte de las personas tutoras, conforme al artículo 22.5.

f) Aquellas otras que le asigne el centro directivo competente en materia de formación especializada y las demás normas que regulen la formación sanitaria especializada.»

«1. Conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, las funciones de la jefatura de estudio tienen la consideración de funciones de gestión clínica y, por tanto, han de ser evaluadas y reconocidas. El desempeño de la jefatura de estudios tendrá carácter temporal y estará sujeta a evaluaciones cuatrienales a efectos de su continuidad.

2. La dirección gerencia responsable de la designación de la persona que ejerza la jefatura de estudios realizará anualmente la evaluación del desempeño, nivel de cumplimiento de objetivos y balance de la gestión. Se valorará, entre otros, el cumplimiento de los objetivos del contrato-programa, las auditorías docentes recibidas y, en su caso, los resultados en la encuesta anual de satisfacción del personal especialista en formación de la Comunidad Autónoma.

3. La jefatura de estudios de formación sanitaria especializada será un elemento de apoyo a la dirección gerencia del Centro y participará en la gobernanza de las unidades.

4. La labor desarrollada por la jefatura de estudios será reconocida en el modelo de acreditación del nivel de la competencia profesional, en los baremos de la carrera profesional, en los procesos selectivos y de provisión de puestos de trabajo, y a los efectos de evaluación del Complemento al Rendimiento Profesional (CRP).

5. Sin perjuicio de su actividad asistencial, docente e investigadora, el tiempo de trabajo asignado a la jefatura de estudios, habrá de ser suficiente para realizar sus funciones y tendrá carácter variable en función de su ámbito de actuación, complejidad, número de unidades docentes acreditadas y la existencia o no de otras figuras docentes. A esos efectos, la dirección gerencia del centro o entidad de la que dependa garantizará que la persona titular de la jefatura de estudios que tenga a su cargo cincuenta o más personas especialistas en formación, pueda disponer de un tiempo no inferior al 50% de su jornada laboral ordinaria, en cómputo mensual, para el ejercicio de las funciones propias de la jefatura de estudios. En caso de tener a su cargo menos de cincuenta personas, el porcentaje de tiempo se concretará de forma proporcional.»

a) A petición propia.

b) Rendimiento insuficiente.

c) Cuando la evaluación sea negativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2.

d) Pérdida de su vinculación profesional con la entidad titular a la que se adscriba la comisión de docencia, que implique no estar en situación de servicio activo o equivalente.

e) Fallecimiento.»

1. La persona que ejerce la tutori´a es aquel profesional con ti´tulo de especialista en Ciencias de la Salud y en servicio activo que, estando nombrado por el o´rgano directivo correspondiente, tiene la misio´n de planificar y participar activamente en el aprendizaje de las competencias del personal especialista en formacio´n a fin de garantizar el cumplimento del programa formativo de la especialidad de que se trate.

2. La persona que ejerce la tutori´a sera´ responsable del proceso de ensen~anza- aprendizaje del personal especialista en formacio´n, por lo que mantendra´ con e´ste un contacto continuo y estructurado, cualquiera que sea el dispositivo de la unidad docente en el que se desarrolle el proceso formativo en cada momento.

3. La persona que ejerce la tutori´a, con la finalidad de seguir dicho proceso de aprendizaje, mantendra´ entrevistas perio´dicas con colaboradores docentes y dema´s profesionales que intervengan en la formacio´n del personal especialista en formacio´n, con quienes analizara´ el proceso continuado de aprendizaje y los correspondientes informes de evaluacio´n formativa, que incluira´n las de las rotaciones realizadas.

4. Conforme a lo previsto en el arti´culo 11.3 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, la persona que ejerce la tutori´a, que sera´ la misma durante todo el peri´odo formativo, salvo causa justificada, tendra´ asignadas hasta un ma´ximo de cinco personas especialistas en formacio´n.

5. Se incentivara´ la tutorizacio´n mediante la dotacio´n de tiempo dentro de la jornada laboral para la realizacio´n y gestio´n de las tareas docentes. A este fin los responsables de las unidades, a propuesta de la jefatura de estudios, con cara´cter anual y en el marco de la contribucio´n de las personas que ejercen la tutori´a al cumplimiento de los objetivos docentes de las unidades, asignara´n el tiempo de dedicacio´n directa y expresa a la docencia de este grupo de profesionales, que en ningu´n caso podra´ ser inferior a 60 horas al an~o.

1. El nombramiento del tutor se efectuará por el órgano directivo de la entidad titular de la unidad docente, a propuesta de la comisión de docencia y previo informe del jefe de la unidad de la especialidad correspondiente o, en su caso de enfermería, entre profesionales previamente acreditados, que presten servicios en los distintos dispositivos integrados en el centro o unidad docente y que ostenten el título de especialista que proceda, de acuerdo con lo establecido en la Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero.

2. La comisio´n de docencia propondra´ mediante convocatoria pu´blica las plazas vacantes o necesarias para no superar una ratio de 5 personas especialistas en formacio´n por persona que ejerza la tutori´a.

3. En la convocatoria pu´blica se determinara´ el perfil correspondiente. Sera´n requisitos imprescindibles poseer el ti´tulo de especialista en Ciencias de la Salud de la misma especialidad que este´ cursando el personal especialista en formacio´n que debera´ tutorizar, una experiencia mi´nima de un an~o en el centro, servicio o unidad desempen~ando una actividad específica de su especialidad y prestar servicios en cualquiera de los dispositivos que integran la unidad docente.

4. A los efectos de la seleccio´n de las personas que ejerzan la tutori´a se valorara´ la actividad profesional asistencial, investigadora y docente, la acreditacio´n vigente del nivel de la competencia profesional, asi´ como la formacio´n previa en competencias docentes y la experiencia como personal colaborador docente.

5. Una vez concluido el procedimiento expuesto, la comisio´n de docencia realizara´ la valoracio´n oportuna y, oi´da la direccio´n de la unidad correspondiente, propondra´ a la direccio´n gerencia del centro titular de la unidad docente, el nombramiento de las personas tutoras de su a´mbito.

6. La comisio´n de docencia, previo informe de la unidad correspondiente y oi´da la persona tutora, podra´ proponer a la direccio´n de la entidad titular de la unidad docente el cese como persona tutora de la persona designada, cuando e´sta haya dejado de cumplir sus obligaciones o de reunir las condiciones necesarias para su funcio´n docente.

7. De igual modo, el desempen~o de la tutori´a finalizara´ en los siguientes supuestos:

a) Peticio´n propia.

b) Pe´rdida de su vinculacio´n profesional con la entidad titular a la que se adscriba la comisio´n de docencia, que implique no estar en situacio´n de servicio activo o equivalente

c) Fallecimiento.

1. La comisión de docencia evaluará periódicamente el desempeño de la labor desarrollada por las personas que ejerzan la tutorización en sus unidades docentes.

2. Las personas que ejercerán la tutoría serán un elemento de apoyo a la dirección de la unidad e intervendrán en el sistema de gobierno y participación profesional de la misma.

3. La labor de tutorización desarrollada tendrá un reconocimiento en el modelo de acreditación profesional, en los baremos de la carrera profesional, en los procesos selectivos y de provisión de puestos de trabajo y a los efectos de evaluación del complemento al rendimiento profesional (CRP) o equivalentes del ámbito profesional de la persona tutora.

4. Las personas que ejercen la tutoría tendrán acceso a una formación continuada que asegure la adquisición, mantenimiento y mejora de competencias docentes con metodología innovadora.»

1. De conformidad con el artículo 13 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, cada unidad docente contará con personas colaboradoras docentes, y las comisiones de docencia podrán incorporar personal para la asesoría en investigación.

2. Cada unidad docente contará con profesionales que colaboren de forma activa en las tareas de formación y evaluación de personal especialista en formación en cumplimiento de su Plan Individual de Formación, o cuando roten en los distintos dispositivos que conforman la unidad docente. El personal que ejerza como colaborador docente será designado por la comisión de docencia correspondiente, a propuesta de la persona tutora del personal especialista en formación. La persona colaboradora docente tendrá la función de asegurar el cumplimiento de los objetivos formativos del plan docente individual del personal especialista en formación y de realizar la evaluación formativa de estas rotaciones a demanda de la persona que ejerza la tutoría. Su tarea será reconocida en los procesos de selección de las personas que ejercerán la tutoría, en el modelo de acreditación profesional, en los baremos de la carrera profesional, en los procesos selectivos y de provisión de puestos de trabajo y a los efectos de evaluación del complemento al rendimiento profesional (CRP) o equivalentes del ámbito profesional de la persona colaboradora docente. De igual manera su tarea será evaluada por parte de la persona especialista en formación, a través de encuestas de satisfacción.

3. Las comisiones de docencia podrán incorporar la figura de personal para la asesoría en investigación para fomentar la participación del personal especialista en formación en estudios y proyectos de investigación que se lleven a cabo, o en los que participe, la unidad docente. Corresponderá a este personal apoyar las líneas de investigación de la unidad docente y que confeccione un itinerario de investigación como parte de la Guía o Itinerario Formativo Tipo para el personal especialista en formación de la especialidad. Este itinerario debe establecer las directrices generales por las que conducir la actividad investigadora del personal especialista en formación que se vaya incorporando a la misma.

4. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de salud, se podrán crear figuras docentes.»

1. Los protocolos de supervisión son aquellos documentos que recogen las políticas y procedimientos aprobados por las comisiones de docencia para graduar la supervisión de las actividades que lleve a cabo el personal especialista en formación en los diferentes ámbitos profesionales.

2. Los centros, unidades y dispositivos docentes contarán con los correspondientes protocolos de supervisión del personal especialista en formación.

3. La supervisión y responsabilidad progresiva del personal especialista en formación estará establecida en un protocolo de supervisión, que existirá en todas las áreas por las que rote el personal especialista en formación y especialmente en el área de urgencias, en dispositivos asistenciales que realicen actividades quirúrgicas y gabinetes con técnicas intervencionistas y, en general, en toda aquella área de alta sensibilidad e impacto en los pacientes.

4. Corresponderá a la comisión de docencia velar por el cumplimiento de los protocolos de supervisión y la actualización periódica de los mismos cuando se estime necesario en función de modificaciones estructurales o funcionales de los centros o los dispositivos y, en todo caso, cada cuatro años.

5. La comisión de docencia y la dirección gerencia de los centros dispondrán lo necesario para la adecuada difusión de los protocolos de supervisión entre el personal especialista en formación, las personas que ejerzan la tutoría, las personas colaboradoras docentes y el conjunto de profesionales que desarrollen su actividad en los dispositivos de las diferentes unidades docentes.

6. El protocolo debe garantizar la supervisión de la persona especialista en formación de primer año, de presencia física y por profesional del centro o unidad por los que está rotando. Debe incluir el visado de documentos por parte de una persona profesional de plantilla de la unidad asistencial correspondiente, incluyendo las altas hospitalarias.»

1. El centro directivo competente en materia de formación de personal especialistas en formación en Ciencias de la Salud planificará las actuaciones que aseguren la calidad docente de acuerdo con el Modelo de Formación de Personal Especialistas en formación en Ciencias de la Salud.

2. La Dirección Gerencia de los centros y las comisiones de docencia llevarán a cabo las actuaciones necesarias para ajustar los procesos de formación del personal especialista en formación a lo previsto en el Plan de Gestión de Calidad Docente.»

1. Cada unidad docente dispondrá de la correspondiente Guía o Itinerario Formativo Tipo de la especialidad, que deberá ser aprobada por la Comisión de Docencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.4 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero.

2. Las Guías o Itinerarios Formativos Tipo se publicarán a través de PortalEir y del Portal de la Junta de Andalucía.

3. Las unidades docentes contarán igualmente con los correspondientes Planes Individuales de Formación de cada una de las personas especialistas en formación de la misma, que serán actualizados, como mínimo, anualmente donde se especifican las diferentes rotaciones planificadas y los objetivos formativos, docentes e investigadores.

4. Los Planes Individuales de Formación estarán, en todo caso, soportados en formato electrónico y se ubicarán en PortalEir del Portal de la Junta de Andalucía. Estos planes individuales de formación se entregarán al especialista en formación en los primeros treinta días del inicio del año formativo, con independencia de que se modifique a lo largo del mismo.

5. A fin de minimizar la variabilidad de los procesos de formación en la Comunidad Autónoma, el centro directivo competente en materia de formación sanitaria especializada podrá establecer recomendaciones o establecer modelos para la elaboración de las Guías o Itinerarios Formativos Tipo y los Planes Individuales de Formación.»

1. La adquisición por parte del personal especialista en formación de competencias transversales tiene carácter obligatorio y podrá adquirirse a lo largo de la residencia con el resto de las competencias y a través de la formación específica que la comisión de docencia determine.

2. En el caso de existir un programa formativo específico para la adquisición de dichas competencias establecido por la Comisión de docencia o por el órgano competente en materia de formación sanitaria especializada de la Comunidad Autónoma, la realización y superación del mismo por parte del residente, supondrá dentro de la evaluación su valoración como competencias adquiridas.»

1. Las solicitudes de rotaciones externas se realizarán, en formato electrónico, a través de PortalEir y del Portal de la Junta de Andalucía. Una vez cumplimentada telemáticamente y en todos sus extremos, la petición deberá ser suscrita y fechada, en los apartados al efecto, por parte de la dirección gerencia del centro, hospital, área o distrito de la que dependa el contrato del especialista en formación.

2. En todo caso, las solicitudes de rotación externa deberán ir acompañadas de la autorización previa y motivada de la persona que ejerza la tutoría del personal especialista en formación y del informe favorable de la comisión de docencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero.

3. Las rotaciones externas se autorizarán mediante la correspondiente resolución expresa de la persona titular del centro directivo competente en materia de formación sanitaria especializada.»

1. El personal en formación como especialista en Ciencias de la Salud podrá incorporarse a los diferentes programas de cooperación promovidos o subvencionados por las Instituciones Públicas de la Junta de Andalucía y a aquellos otros que por su especial trascendencia se consideren oportunos por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.

2. La duración de las estancias para la cooperación internacional no podrá superar el periodo de treinta días en cada año de formación sanitaria especializada.

3. La autorización de las estancias que se tramitará conforme al procedimiento que al respecto contemple la entidad titular de la unidad docente exigirá, en todo caso:

a) La autorización previa y motivada de la persona que ejerza la tutoría del personal especialista en formación.

b) El informe favorable de la comisión de docencia

4. Las estancias para la cooperación internacional podrán tener carácter de rotación externa de forma excepcional, previa evaluación de objetivos, cuando la comisión de docencia que la tramite indique la persona profesional sanitaria que supervisará al personal especialista en formación y que ejercerá de colaboradora docente haciéndose cargo del cumplimiento y evaluación de los objetivos de la misma. En el caso de no tener carácter de rotación externa, la evaluación anual del especialista en formación computará sobre 10 meses en lugar de 11 meses.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, con la finalidad de efectuar el seguimiento de la calidad de la formación especializada, se realizará una encuesta anual y anónima a todo el personal especialista en formación que se forme en sus respectivos ámbitos, para comprobar su grado de satisfacción en cuanto a la formación recibida.

2. Los resultados analizados, con el objetivo de establecer un ciclo de mejora continua, tendrán carácter público y serán difundidos entre las comisiones de docencia, manteniéndose, en todo caso, el anonimato de las personas participantes.

3. La evaluación desfavorable de la actividad docente de un centro o unidad implicará que, por parte del centro directivo competente en materia de formación sanitaria especializada, se realice el correspondiente análisis para delimitar las causas de los resultados de la evaluación y, en su caso, decidir las acciones correctoras que se consideren.

4. Los resultados de las encuestas anuales de satisfacción serán tenidos en consideración a los efectos de valorar la participación de la persona tutora en la consecución de los objetivos cuantitativos y cualitativos asignados al centro o unidad en la que preste servicios.»

El centro directivo competente en materia de formación sanitaria especializada establecerá, con carácter anual, objetivos relacionados con la formación del personal especialista en formación como parte de los objetivos del contrato-programa que se establezca entre la Consejería con competencias en salud y las diferentes entidades titulares de los centros acreditados para la formación del personal especialista en formación.

1. Durante el periodo de formación especializada en Ciencias de la Salud, se fomentará y facilitará que el personal especialista en formación participe en todas las actividades formativas de los centros, siempre que se realice fuera de la jornada laboral que corresponde a la relación laboral especial del personal especialista en formación.

2. La formación complementaria que se realice directamente, relacionada con el programa de formación de la especialidad y se desarrolle en los centros, podrá ser reconocida tras finalizar el periodo de residencia.»

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 589/2022, de 19 de julio, por el que se regulan la formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud, el procedimiento y criterios para la propuesta de un nuevo título de especialista en Ciencias de la Salud o diploma de área de capacitación específica, y la revisión de los establecidos, y el acceso y la formación de las áreas de capacitación específica; y se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación en especialidades en Ciencias de la Salud.

Las unidades docentes y las direcciones gerencias de los centros facilitaran las adaptaciones de los planes individuales de formación al personal especialista en formación, víctimas de violencia de género.

c) Establecer mecanismos de control en colaboración con el órgano competente en materia de inspección de servicios sanitarios para supervisar que todos los proyectos de investigación que se vayan a realizar, en el ámbito de este Decreto, hayan sido evaluados favorablemente por un CEI, estén autorizados por la autoridad competente cuando la normativa legal lo requiera, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 14/2007 de investigación biomédica, de 3 de julio, y se desarrollen conforme a los protocolos de investigación aprobados.

«3. Serán funciones del Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica las atribuidas en el artículo 12.2 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, en relación con proyectos, ensayos u otras actuaciones que se desarrollen en varios centros, y las que se relacionan a continuación:

a) Establecer los mecanismos adecuados de coordinación de la ponderación metodológica, ética y legal de proyectos de investigación biomédica, para garantizar la unidad de criterio y la existencia de un dictamen único en Andalucía.

b) Evaluar o remitir para su evaluación a los Comités de Ética de la Investigación de Centros, los proyectos de investigación asignados, de acuerdo con los criterios de coordinación que a tal efecto se establezcan, en función de su especialización. Para que las decisiones de evaluación de un protocolo sean válidas se requerirá la participación de una persona de las vocalías ajena a las profesiones sanitarias.

c) Promover y asignar la especialización de los Comités de Ética de la Investigación de Centros en las distintas áreas temáticas de investigación biomédica, con criterios de complementariedad entre los mismos.

d) Autorizar, dentro del ámbito de sus competencias, los proyectos de investigación con células humanas pluripotentes obtenidas mediante reprogramación celular que no requieran del informe previo favorable de la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos.

e) Supervisar y coordinar el seguimiento que realicen los Comités de Ética de la Investigación sobre los proyectos de investigación desarrollados en el área geográfica de actuación de estos.

f) Proponer cuantas medidas se consideren necesarias para garantizar la efectividad de los derechos de las personas incluidas en alguna actividad investigadora realizada en los centros.

g) Coordinar y elaborar procedimientos normalizados de trabajo a seguir por los Comités de Ética de la Investigación.

h) Coordinar la elaboración de la memoria anual de actividades de los Comités de Ética de la Investigación en Andalucía.

i) Realizar funciones de control de los Comités de Ética de la Investigación y de los CEIm, sin perjuicio de las competencias atribuidas al órgano competente en materia de inspección de servicios sanitarios de la Consejería competente en materia de salud.

j) Resolver las discordancias que pudieran surgir en los Comités de Ética de la Investigación.

k) Resolver las cuestiones que, motivadamente, le sean planteadas por los Comités de Ética de la investigación.

l) Establecer criterios y procedimientos comunes de evaluación ética de las solicitudes de cesión de muestras y datos asociados a las mismas.

m) Ejercer las funciones correspondientes al comité externo de ética del Biobanco del SSPA, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.3 del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos básicos de autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos para investigación biomédica, y en el artículo 13.2 del Decreto 1/2013, de 8 de enero, por el que se regula la autorización para la constitución y funcionamiento de Biobancos con fines de investigación biomédica, se crean el Registro de Biobancos de Andalucía y el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, salvo en relación a proyectos de investigación que impliquen cesión de muestras biológicas que deban ser informadas por el Comité Andaluz de Ética de Investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria y otras células semejantes, de conformidad con el Decreto 368/2015, de 4 de agosto.

n) Remitir al Comité de Bioética de Andalucía las solicitudes de dictamen realizadas por los Comités de Ética de la Investigación y los CEIm.

ñ) Asignar, por necesidades organizativas, la evaluación de un proyecto de investigación a un Comité de Ética de Investigación al que no esté adscrito el centro en el que se desarrolle o al propio Comité Coordinador.

o) Velar por el cumplimiento de las normas de buena práctica clínica en el desarrollo de la actividad investigadora.

p) Emitir Informes sobre los proyectos de investigación realizados en los centros de investigación biomédica y en ciencias de la salud de carácter no asistencial, vinculados a la Consejería competente en materia de salud.

q) Elaborar una memoria anual de actividades. Esta memoria se incluirá, a efectos de publicidad, en la web de la Consejería competente en materia de salud, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.

r) Emitir informe previo en relación al uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en salud pública y, en particular, biomédica, así como en relación a la reutilización de datos personales con fines de investigación en materia de salud y biomédica cuando, habiéndose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen los datos para finalidades o áreas de investigación relacionadas con el área en la que se integrase científicamente el estudio inicial, de conformidad con la disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

s) Cualesquiera otras que le atribuya la legislación vigente.

«h) Dos personas a propuesta del Comité de Bioética de Andalucía.»

«4. En el caso de que la cobertura del Comité integre a más de un centro del SSPA, podrá contar con una persona adscrita a cada uno de ellos.

Las Universidades Públicas podrán constituir su propio Comité y, en caso de no existir este, deberán estar adscritas a un Comité. Será miembro del mismo la persona titular del Vicerrectorado con competencias en materia de investigación o la persona en quien delegue.

5. El CEI contará entre sus componentes con una persona miembro perteneciente al Comité de Ética Asistencial del centro o institución sanitaria adscrito a ese CEI, con formación experta acreditada en Bioética».

«5. Los dictámenes de evaluación emitidos por los Comités de Ética de la Investigación acreditados serán preceptivos y vinculantes para que un proyecto de investigación sea aprobado por la autoridad competente. El Comité dispondrá de un plazo máximo de tres meses desde que la fecha de solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico para dictar y notificar los dictámenes de evaluación. Transcurrido dicho plazo sin haber notificado dictamen expreso se entenderá estimado el proyecto de investigación por silencio administrativo. Los citados dictámenes y recomendaciones podrán ser difundidos públicamente, con absoluto respeto a la confidencialidad de los datos de pacientes, profesionales de la salud y demás personas implicadas en la investigación; así como del contenido de las deliberaciones realizadas por el propio Comité y, en particular, sobre el contenido de los protocolos sometidos a su deliberación».

«5. El modelo de solicitud estará disponible a través de la sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía. La presentación de la declaración se realizará por medios electrónicos en el Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía, estando obligado el profesional a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración, de conformidad con el artículo 14.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al ejercer una actividad para la que se requiere colegiación obligatoria. A dichos efectos, conforme a lo establecido en el artículo 10.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, serán válidos los certificados de persona física de la FNMT, así como el DNI electrónico para acreditar la identidad del profesional sanitario que formula la declaración».

«9. En el caso de renovación de la designación, por el transcurso de cuatro años, de los miembros interesados en formar parte del Comité, bastará la presentación oficial de una declaración responsable en la que se haga constar su interés en seguir formando parte del mismo y dejando constancia del mantenimiento, a esa fecha, de los requisitos que motivaron su designación.»

Se aprueban los modelos normalizados de solicitud de acreditación del Comité Coordinador de la Investigación Biomédica de Andalucía y sus anexos (Código de procedimiento 23081) y de solicitud de acreditación de los Comités de Ética de la Investigación de Centros de Investigación Biomédica (Códigos de procedimiento 20631; 20632) que se insertan como Anexo I al presente Decreto-ley.

1. SOLICITUD ACREDITACIÓN COMITÉ COORDINADOR DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE ANDALUCÍA

(Código de procedimiento: 23081)

1.1. ACREDITACIÓN COMITÉ COORDINADOR DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE ANDALUCÍA

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ (Código de procedimiento: 23081)

1.2. ACREDITACIÓN COMITÉ COORDINADOR DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE ANDALUCÍA

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES E INTERESES

(Código de procedimiento: 23081)

1.3. ACREDITACIÓN COMITÉ COORDINADOR DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE ANDALUCÍA

GARANTÍA DE TIEMPO DISPONIBLE (Código de procedimiento: 23081)

1.4. ACREDITACIÓN COMITÉ COORDINADOR DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE ANDALUCÍA

INFRAESTRUCTURA, MEDIOS DISPONIBLES Y RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

(Código de procedimiento: 23081)

2. SOLICITUD ACREDITACIÓN COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

(Código de procedimientos: 20631; 20632)

2.1. ACREDITACIÓN COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ (Código de procedimientos: 20631; 20632)

2.2. ACREDITACIÓN COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES E INTERESES

(Código de procedimientos: 20631; 20632)

2.3. ACREDITACIÓN COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

GARANTÍA DE TIEMPO DISPONIBLE (Código de procedimientos: 20631; 20632)

2.4. ACREDITACIÓN COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

SEDE DEL COMITÉ Y ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN (Código de procedimientos: 20631; 20632)

2.5. ACREDITACIÓN COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

INFRAESTRUCTURA, MEDIOS DISPONIBLES Y RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

(Código de procedimientos: 20631; 20632).»

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de salud para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este Decreto, así como a la actualización de los modelos de solicitud previstos en los anexos.

1. Los centros sanitarios que pudieran suscribir convenios y conciertos deberán estar, al inicio de la prestación efectiva del servicio, autorizados y homologados en las unidades sanitarias precisas para la realización del proceso asistencial a convenir o concertar así como inscritos en el Registro de Centros, y Establecimientos Sanitarios de la Consejería competente en materia de salud, de acuerdo con la normativa vigente.

El procedimiento será único, de tal forma que la autorización sanitaria conllevará también la homologación y acreditación.»

«Por otra parte, el Real Decreto 739/2021, de 24 de agosto, por el que se dictan disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea relativa a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales y los controles y otras actividades oficiales en dicha materia y el Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, por el que se establecen y regulan el Registro de operadores profesionales de vegetales, las medidas a cumplir por los operadores profesionales autorizados a expedir pasaportes fitosanitarios y las obligaciones de los operadores profesionales de material vegetal de reproducción, y se modifican diversos reales decretos en materia de agricultura, desarrolla determinados aspectos del referido Titulo II de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal y establece las disposiciones para aplicar, entre otros, en el territorio nacional el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales, por el que se modifican los Reglamentos (UE) núm. 228/2013, (UE) núm. 652/2014 y (UE) núm. 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE y 2007/33/CE del Consejo; así como sus actos delegados o de ejecución.»

«b) Artículo 2 del Real Decreto 739/2021, de 24 de agosto.»

«Registro de Operadores Profesionales de Vegetales (ROPVEG)».

«1. El Registro de Operadores Profesionales de Vegetales (ROPVEG) en Andalucía, establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, estará adscrito a la Consejería competente en materia de agricultura, y dependerá de la Dirección General competente en materia de agricultura.

2. El ROPVEG tiene carácter público, y funcionará de acuerdo con los principios de coordinación y comunicación con la Administración General del Estado, conforme a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos personales.»

«1. El ROPVEG, cuyo número de registro se determina según lo indicado en el artículo 8 Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, contendrá los datos establecidos en el artículo 9 de dicho Real Decreto y la georreferenciación de las instalaciones permanentes y campos de cultivo.

2. Las actualizaciones de los datos contenidos en el ROPVEG se harán conforme a lo indicado en el artículo 7 del Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre.»

«1. Los operadores profesionales que deben inscribirse en ROPVEG son lo que se indican en el artículo 4.1 del Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre.

2. Los operadores profesionales indicados en el artículo 4.2 del Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, están exentos de la obligación de inscripción en ROPVEG.

3. La clasificación de los operadores profesionales en el ROPVEG según su actividad seguirá lo indicado en el artículo 5 del Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre.»

«1. Los operadores profesionales señalados en el apartado 1 del artículo anterior, deberán presentar la oportuna solicitud exclusivamente de manera electrónica en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública.

2. Para la presentación electrónica las personas interesadas deberán disponer de un sistema de firma que permita garantizar y acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. En relación con los medios válidos, a efectos de firma electrónica, se estará a lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los artículos 15 y 26 y siguientes del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, y en los artículos 21 y 22 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre.»

«1. Le corresponderá a la persona titular de la Delegación Territorial o Provincial de la Consejería competente en materia de agricultura dictar y notificar la resolución que proceda a los interesados, considerando lo indicado en los apartados 5 y 8 del artículo 6 del Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre.

2. El plazo para resolver y notificar la solicitud de inscripción será de tres meses desde que la misma tuvo entrada en el registro electrónico de la Administración competente para su tramitación.»

«1. Serán obligaciones de los operadores inscritos en ROPVEG las recogidas en el Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, y en concreto las establecidas en el artículo 10, sobre Declaraciones a presentar por el operador profesional registrado. En el momento de la inscripción han de cumplir con lo establecido en el apartado 7 del artículo 6. Para aquellos operadores que sean productores o acondicionadores de grano han de cumplir, antes de su inscripción en el registro, lo establecido en el apartado 2 del artículo 6.

2. Para aquellos operadores inscritos en el registro y que tengan la categoría de productores han de cumplir con lo establecido en el Capítulo III del Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, y para aquellos inscritos que estén autorizados a la expedición del pasaporte fitosanitario han de cumplir con lo establecido en el Capítulo IV de dicho Real Decreto.»

«1. La actualización o baja en el registro se realizará conforme al artículo 7 del Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre.

2. Se procederá a la cancelación de la inscripción, que conllevará la baja en el registro y la consecuente pérdida del derecho a ejercer la actividad, en los siguientes casos:

a) Cuando como resultado de la tramitación de un procedimiento sancionador en el que se constate el incumplimiento de la legislación vigente en materia de sanidad vegetal, se imponga como sanción accesoria el cese o interrupción de la actividad, de conformidad con el artículo 60.2 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre.

b) En ejecución de sentencia judicial firme.

3. La baja del Registro podrá efectuarse a petición del interesado o tras la constatación de forma inequívoca.

por parte de la autoridad competente de que ya no se realiza ninguna de las actividades que motivaron la inscripción en el ROPVEG, previo trámite de audiencia.»

La obligatoriedad de la presentación electrónica exclusiva de las solicitudes entrará en vigor de forma simultánea a la orden que regule los procedimientos de inscripción, formularios y herramientas de gestión electrónica para los operadores profesionales de material vegetal.»

«La Unión Europea ha llevado a cabo un extenso desarrollo normativo en lo referente a legislación alimentaria, con el objeto entre otros, de garantizar la seguridad y la inocuidad de los productos alimentarios.

Un hito significativo en el desarrollo de la normativa sobre legislación alimentaria lo constituyen el Reglamento (UE) núm. 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria y el Reglamento (CE) núm. 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril del 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, el cual establece en el artículo 6, que los operadores de empresa alimentaria deben notificar a la Autoridad los establecimientos en los que se realicen operaciones de producción, transformación o distribución de alimentos, con el fin de proceder a su registro y además, establece las condiciones que se deben cumplir en materia de higiene.

Mediante el Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola se crea, en su artículo 5, el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA), en el que se inscribirán las explotaciones agrícolas que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de dicho Real Decreto, nutriéndose de los datos de los diferentes registros autonómicos. A tales efectos y mediante el presente decreto, se procede a la creación del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (REAFA) en el que se recogerán los datos y la información correspondiente a nuestra Comunidad Autónoma.

«El Real Decreto 1054/ 2022, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola establece en su artículo 1. 2 que su ámbito de aplicación afecta a todo el territorio nacional y en su artículo 6 la obligación de las comunidades autónomas de establecer y gestionar un Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas en formato electrónico, con el contenido mínimo definido en el Anexo I, que contendrá toda la información general de la explotación agraria y la relativa a las unidades de producción agrícola.»

Asimismo, a través del REAFA se facilitará el cumplimiento de algunos de los objetivos de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, como son, el establecimiento de las normas necesarias para garantizar el origen y asegurar, en este ámbito, la protección de los derechos y legítimos intereses de los agentes económicos, operadores y de las personas consumidoras finales, garantizando a éstas una información correcta sobre la trazabilidad de los productos, convirtiéndose en un instrumento esencial para llevar a cabo las actuaciones de control necesarias por parte de la Administración para garantizar la seguridad alimentaria.

En el ámbito forestal también resulta necesario contar con un instrumento que facilite el cumplimiento de los objetivos recogidos en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, en materia de ordenación y planificación de los recursos forestales así como de los contenidos en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, relativos a la planificación forestal en el marco de la ordenación del territorio, siendo el REAFA el instrumento que viene a cubrir esta necesidad, posibilitando también reconocimiento y visibilidad a las actividades de uso y los aprovechamientos de las explotaciones agrarias, forestales y agroforestales destinadas a obtener resultados en pro de la conservación y mejora de la biodiversidad.

«De esta manera, las actividades y los aprovechamientos agrarios y forestales se integrarán y convivirán en el REAFA, atendiendo a la diversidad de nuestro territorio. Esta receptividad se expresa de forma particular en el reconocimiento de la categoría de explotación agroforestal como aquella que tiene un carácter mixto, en la cual confluyen los aprovechamientos agrarios y forestales.

Asimismo, el REAFA se convierte en el instrumento a través del que atender los mandatos expresos del artículo 6.1 de la Ley 35/ 2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, constituyéndose como Registro Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias de Andalucía; el artículo 145 del Reglamento( UE) 1308/ 2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, en lo que respecta al registro vitícola, a las declaraciones obligatorias y a la recopilación de información para el seguimiento del mercado, a los documentos que acompañan al transporte de productos y a los registros que se han de llevar en el sector vitivinícola en los términos expuestos; el referido artículo 5 del Real Decreto 9/ 2015, de 16 de enero, constituyéndose como Registro General de la Producción Agrícola de Andalucía; el artículo 5 del Real Decreto 379/ 2014, de 30 de mayo, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de autorización de establecimientos, higiene y trazabilidad, en el sector de los brotes y de las semillas destinadas a la producción de brotes, constituyéndose como Registro de Operadores Productores de Brotes de Andalucía; y a la Sección 1.ª del Capítulo III del Real Decreto 1054/ 2022, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola.»

Por otro lado, la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, establece que las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, crearán o mantendrán los registros necesarios para el conocimiento de las distintas situaciones, de las que puedan derivarse acciones de intervención en materia de seguridad alimentaria. Adicionalmente, el artículo 6.6 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía establece que en el supuesto de exenciones del etiquetado reglamentario, cualquier transporte o circulación de productos alimentarios o materias y elementos para la producción y comercialización alimentarias habrá de ir acompañado de un documento, en el cual constarán los datos necesarios para que los receptores o consumidores de la mercancía tengan la adecuada y suficiente información.

La trazabilidad es una exigencia legal y un instrumento eficaz para garantizar la seguridad alimentaria, ya que permite seguir un alimento a través de todas las fases de producción, transformación y distribución, fundamental, en caso de detección de peligros, para localizar el origen de partidas y facilitar una rápida reacción en caso de contaminaciones de origen alimentario. Para asegurar dicha trazabilidad en la distribución de los productos agrícolas y forestales que carezcan de guía específica, se incorpora, a través del presente decreto, el Documento de Acompañamiento al Transporte de productos agrarios y forestales (en adelante DAT) que servirá para acreditar su origen y destino durante la fase de su transporte dificultando también la sustracción ilegitima y posterior venta de estos productos.

La proporcionalidad del presente decreto dimana de la necesidad, ope legis, anteriormente justificada, de creación del REAFA y el DAT y de la regulación bajo el criterio de mínima intervención –que se suma a los de eficacia, eficiencia, transparencia y seguridad jurídica– permitiendo obtener un escenario en el que se satisfacen las necesidades y objetivos previstos con los menores costes en términos de intervención y esfuerzo y cargas administrativas tanto para el administrado como para la Administración, convirtiéndose en el instrumento más adecuado para la satisfacción de los intereses generales expuestos. No existiendo una alternativa viable no regulatoria, mediante este decreto se articulan procedimientos basados en declaraciones responsables que comportan una escasa carga administrativa para los ciudadanos que, por otro lado, se verá ampliamente amortizada en sus futuras relaciones con la Administración. Además, la presentación de la declaración responsable y la posterior inscripción en el REAFA no tendrán carácter habilitante para el ejercicio de la actividad económica que, en cada caso, se realice en la correspondiente explotación.

Por otro lado, el decreto procede a modificar, a través de su Disposición final primera, el Decreto 228/2011, de 5 de julio, por el que se regula el Registro de Operadores Comerciales de Frutas y Hortalizas Frescas de Andalucía y el control de conformidad con las normas de comercialización aplicables, a efectos de evitar posibles confusiones respecto a qué tipo de documento de acompañamiento al transporte deberían de utilizar los productores de frutas y hortalizas, quedando ahora aclarada la obligación por parte de estos de utilizar el DAT que se regula en el presente decreto.

El presente decreto se dicta, no sólo en plena armonía y coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, sino, precisamente en su desarrollo y con la finalidad de posibilitar y facilitar su cumplimiento, dotando de estabilidad y haciendo más predecible, integrado y claro las normas que desarrolla.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía en sus artículos 48 y 57 atribuye a la Comunidad Autónoma andaluza las competencias exclusivas en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, y en materia de montes, explotaciones y aprovechamientos forestales, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución Española, sobre la regulación de los procesos de producción agrarios, con especial atención a la calidad agroalimentaria, la trazabilidad y las condiciones de los productos agroalimentarios destinados al comercio, así como la lucha contra los fraudes en el ámbito de la producción y comercialización agroalimentaria. Dichas competencias se ejercen a través de las Consejerías competentes en materia de agricultura y ganadería, así como en medio ambiente, conforme al Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.

En su virtud, a propuesta de las personas titulares de las Consejerías en materia de agricultura, pesca y desarrollo rural, y de medio ambiente y ordenación del territorio, de conformidad con los artículos 21. 3, 27. 9 y 44. 1 de la Ley 6/ 2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 9 de octubre de 2018.»

«1. A los efectos del presente decreto, serán de aplicación las definiciones establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola.»

«4. A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias; el artículo 145 del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 y (CE) 1234/2007; el artículo 5 del Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola; el artículo 5 del Real Decreto 379/2014, de 30 de mayo, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de autorización de establecimientos, higiene y trazabilidad, en el sector de los brotes y de las semillas destinadas a la producción de brotes y a la Sección 1.ª del Capítulo III del Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, el REAFA se constituye como:

a) El Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias de Andalucía.

b) El Registro Vitícola de Andalucía.

c) El Registro General de la Producción Agrícola de Andalucía.

d) El Registro de Operadores Productores de Brotes de Andalucía.

e) El Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas.»

«1. El REAFA contendrá los datos de las explotaciones definidos en el Anexo I del Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre.»

«3. Tanto la explotación en su conjunto como las unidades de producción que la conforman se visualizarán como un terreno delimitado geográficamente.»

«j) Datos provenientes del Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas, Ganaderas y de la Producción Agraria (SIEX), en los términos establecidos en los artículos 4, 7.2 y 10.3 del Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre.»

«2. La declaración responsable se presentará exclusivamente de manera electrónica en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1 del Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre».

«Artículo 15 ter.Comunicación anual

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, las personas titulares de explotaciones agrarias obligadas deberán realizar las comunicaciones anuales establecidas en el mencionado artículo con los datos indicados en el Anexo II del mencionado Real Decreto.

2. El inicio de las comunicaciones se atendrá a lo establecido en la Disposición final octava del Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre.

3. Las comunicaciones se realizarán exclusivamente por medios electrónicos.»

«Disposición transitoria primera».

«En las situaciones en las que una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración competente podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en su sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido, de acuerdo con el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.»

«b) Titular de la Explotación ganadera: Cualquier persona física o jurídica propietaria o responsable de los animales incluso con carácter temporal, y con derecho al uso de la base territorial, así como de las instalaciones, construcciones o lugar que los alberga, que tenga la responsabilidad en la gestión de la actividad ganadera, con o sin fines lucrativos.

c) Titular de la Unidad productiva: Cualquier persona física o jurídica con derecho al uso de la base territorial, así como de las instalaciones, construcciones o lugar que alberga a los animales, y que tenga la responsabilidad en la gestión de la actividad ganadera de una parte integrante de la explotación, con o sin fines lucrativos.»

«2. La inscripción en el registro será requisito indispensable para el inicio de la actividad, siendo responsabilidad del titular de la explotación la solicitud y obtención de cualquier otra licencia, autorización o permiso que establezca la normativa vigente. Asimismo, será preceptiva para la concesión de cuantas ayudas sean objeto de regulación por la Administración de la Junta de Andalucía, en apoyo a la actividad ganadera, así como para la expedición de documentación zootécnica o sanitaria relacionada con la explotación.

En el caso de comunicaciones, será requisito indispensable para el inicio de la actividad haber realizado previamente dicha comunicación.

En el caso de declaraciones responsables, la inscripción en el registro será requisito indispensable para el inicio de la actividad, siendo responsabilidad del titular de la explotación la solicitud y obtención de cualquier otra licencia, autorización o permiso que establezca la normativa vigente.»

«3.k) La gestión de los subproductos de explotación se adecuará a lo dispuesto en la normativa vigente y en la que al efecto se establezca para cada especie. En todo caso, las explotaciones intensivas contarán como mínimo:

A) Con un Plan de Producción y Gestión de Estiércoles aprobado por la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de ganadería. El contenido de dicho Plan deberá incluir los siguientes extremos:

1º. Datos de la Unidad Productiva.

2º. Cálculo de la producción de estiércoles o purines y nitrógeno excretado al año.

3º. En caso de realizar almacenamiento de estiércoles o purines en la explotación, recogerá los sistemas utilizados y la capacidad de almacenamiento.

4º. Sistema de manejo de los estiércoles y purines en la explotación, especificando si existen sistemas de almacenamiento intermedio (fosas o similar) y la frecuencia de la retirada.

5º. Descripción de la gestión prevista para los estiércoles y purines, especificando la previsión de la cantidad que se destinarán directamente a la valorización agronómica y cantidad que se destinarán a un tratamiento autorizado.

6º. Sistema de registro de destino de estiércoles y purines.

7º. Cualquier otro que se establezca reglamentariamente.

La aprobación del Plan de Producción y Gestión de Estiércoles será requisito indispensable para el desarrollo de la actividad, siendo responsabilidad del titular la obtención de otros permisos, licencias o autorizaciones que establezca la normativa vigente necesarias para la construcción de estructuras o instalaciones. En el caso de que la ordenación sectorial específica lo establezca, el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles estará incluido en el Sistema Integral de Gestión de Explotaciones.

La gestión de estiércoles deberá incluir la cumplimentación y mantenimiento del Registro de Producción y Utilización de Estiércoles, en formato papel o informático, en el que se recoja la cantidad producida, fecha de retirada y destino de los subproductos, debiendo identificar al titular de la explotación en caso de valorización agronómica, así como los recintos SIGPAC, y/o al gestor autorizado en caso de entrega al mismo.

B) Con sistemas de recogida y almacenamiento adecuados a las características de los subproductos de explotación generados. Podrán ser autorizados estercoleros, balsas u otros sistemas alternativos que cumplan los siguientes requisitos:

1.º Las balsas deberán contar con vallado perimetral, cuyo vaso se encuentre impermeabilizado de forma natural o artificial, estar construidas de forma que se garantice la estabilidad geotécnica y el no desprendimiento de materiales de las paredes o bordes que disminuyan su capacidad, con una profundidad máxima de cinco metros, manteniendo, en todo caso, una distancia de seguridad mínima de cincuenta centímetros entre la superficie del efluente y el borde de la balsa.

2.º Los estercoleros deberán estar impermeabilizados natural o artificialmente, construidos de forma que se garantice la estabilidad geotécnica, diseñados de forma que no se produzcan pérdidas por desbordamiento en épocas de lluvias y se evite la filtración de lixiviados.

3.º Las estructuras correspondientes a los sistemas alternativos deberán reunir las características de impermeabilidad, seguridad y garantías equivalentes a las exigidas para las balsas y estercoleros, demostrada mediante la documentación técnica que lo acredite.

La capacidad mínima total autorizada de las estructuras o sistemas de almacenamiento para cada explotación debe ser suficiente para almacenar los subproductos de explotación producidos durante tres meses, no estando autorizados balsas, estercoleros o sistemas alternativos con una capacidad que supere los 4.000 metros cúbicos.

Excepcionalmente, siempre y cuando la normativa sectorial lo permita, así como se garantice y se justifique que la retirada de los estiércoles se realiza de forma correcta sin necesidad de almacenamiento en la explotación, o que la capacidad de almacenamiento necesaria es inferior a los tres meses, desde la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de ganadería se podrá aprobar el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles, bien eximiendo a la explotación de disponer de estructuras de almacenamiento, o bien autorizando estructuras de capacidad inferior a la exigida. En estos casos, la autorización queda condicionada al cumplimiento de requisitos normativos y prácticas correctas de índole sanitaria, relativas al bienestar animal, ambientales y cualquier otra que sea exigible.

La autorización de la instalación o ampliación de la balsa, estercolero o cualquier estructura de recogida o almacenamiento, quedará incluida a la autorización de la explotación por la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de ganadería, debiendo presentar el interesado proyecto de construcción correspondiente, informe o documentación oportuna, según proceda, en la que se especifiquen las características técnicas.

4.º La existencia de balsas, estercoleros o cualquier otro sistema de recogida o almacenamiento autorizado, supondrá que este tipo de estructura tengan que registrarse en el Sistema Integrado de Gestión Ganadera (SIGGAN), en los datos correspondientes a la estructura de la explotación, recogiendo el número de balsas, estercoleros u otros sistemas autorizados, y capacidad de estos.

5.º Las personas titulares de las Unidades Productivas deberán gestionar los estiércoles de sus explotaciones mediante la utilización de cualquiera de los siguientes procedimientos:

I. Mediante una valorización agronómica. Sin perjuicio de lo que establezca la normativa específica en materia de fertilización del suelo y los criterios sanitarios que establece la normativa de subproductos animales no destinados al consumo humano, las explotaciones deberán disponer de superficie agrícola suficiente, propia o concertada, para la valorización agronómica de los estiércoles y respetar en la distribución de estiércol sobre el terreno la distancia mínima de 100 metros respecto a otras explotaciones, excepto que se establezca una distancia mayor en la ordenación sectorial específica, y de 200 metros con respecto a los núcleos urbanos, sin perjuicio que se establezca otra distancia mayor en otras normativas. Con relación a los cursos de agua se regirá por la normativa específica y lo dispuesto en los correspondientes planes hidrológicos de cuenca.

II. Entregando a una instalación u operador autorizados, respectivamente, o gestionar el estiércol dentro de la explotación, conforme a lo que establece el Reglamento (CE) núm. 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y, subsidiariamente, la Ley 22/2011, de 28 de julio. Las explotaciones que entreguen estiércol a una instalación u operador autorizados, respectivamente, deberán acreditar su entrega mediante el correspondiente contrato, y mediante el registro de entregas a la instalación y el archivo de los documentos comerciales de acuerdo con la normativa de subproductos animales no destinados al consumo humano o residuos, en su caso.

Todo esto sin perjuicio de lo establecido en la normativa de nutrición sostenible en los suelos agrarios, así como de la normativa de actuaciones frente a la contaminación por nitratos, o cualquier otra de carácter ambiental que se aplicarán de forma complementaria.»

«3. Tendrá carácter público, único e informativo, y se constituirá en la base de datos SIGGAN. El acceso a los datos y su publicidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 13.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.»

«2. En el caso de transmisión de la titularidad de una explotación ganadera inscrita en el Registro, la modificación de la inscripción requerirá la comunicación por la nueva persona titular, que deberá disponer del título de adquisición o transmisión.»

«a) Cuando cese ininterrumpidamente la actividad durante un período de un año, se considerará como inactiva. La anotación de la situación de inactiva en el registro podrá realizarse de oficio en base a la información que figuren en Sistema Integrado de Gestión Ganadera (SIGGAN), procediéndose a la publicación mediante anuncio del listado de las explotaciones o unidades productivas afectadas en el plazo de un año. La consideración de inactividad podrá basarse en la información aportada por controles de campo y administrativos. En caso necesario se visitará la explotación para constatar que no existe actividad productiva.

Si transcurren más de dos años ininterrumpidos desde la consideración de inactividad sin que la explotación reanude nuevamente la actividad, se procederá a cancelar la inscripción en el registro, salvo causa de fuerza mayor o por causas ajenas a la voluntad del titular, previo el correspondiente procedimiento en el que se dará audiencia a la persona interesada.»

«4. La declaración de actividad de una explotación ganadera o unidad productiva inactiva estará supeditada a la constatación, por parte de la Delegación Territorial competente, de que se cumplen los requisitos mínimos para la realización de la actividad ganadera según la normativa de aplicación.»

«a) La información necesaria para el registro de su explotación, antes del comienzo de la actividad, que será al menos la recogida en el Anexo IV del Real Decreto 479/2004, incluyendo los datos relacionados con su base territorial.

c) El censo medio de animales de su explotación durante el año anterior, que deberá ser comunicado antes del 1 de marzo de cada año, tomando como referencia la normativa sectorial aplicable.

f) En el caso de integraciones, las partes integradoras estarán obligadas a comunicar a las Delegaciones Territoriales competentes en ganadería, las explotaciones que tienen integradas. Este registro se presentará cada vez que se produzca un cambio en el plazo de un mes desde la modificación.

4. Las personas jurídicas estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.”

«5. En el caso de équidos que se desplacen en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin cambio de titularidad y con retorno a la explotación de origen en un plazo no superior a 10 días naturales, no será necesaria la obtención de guía. En los casos en que los équidos se desplacen con fines turísticos, recreativos, culturales, de aprovechamiento de pastos, o con fines deportivos o de asistencia a un concurso morfológico, podrán circular libremente en un plazo inferior a 30 días naturales, estando amparados como únicos documentos de acompañamiento bien por el documento de identificación equina (DIE), o bien por la tarjeta de movimiento equina (TME), siempre que los animales retornen a la explotación de origen, no se realice un cambio de titularidad y los mismos figuren correctamente incorporados a la base de datos informatizada denominada Sistema Integrado de Gestión Ganadera de Andalucía (SIGGAN).»

«3. En caso de tramitación de la guía a través de medios electrónicos, siempre y cuando todos los campos estén cumplimentados correctamente e incluya el informe de firma, la Guía Electrónica generada podrá sustituir al formato impreso en papel, que deberá estar siempre a disposición de la autoridad competente, para la verificación del mismo.»

«1. Para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, se establece el Libro de Registro de la Explotación Apícola que tendrá preferentemente formato electrónico.

2. Todo titular de una explotación apícola deberá, a los efectos zootécnicos y sanitarios, estar en posesión de dicho Libro, debiendo tener actualizados, en cada momento, los datos contenidos en él.

3. Los titulares de las explotaciones apícolas deberán tener el Libro a disposición de las autoridades de esta Comunidad Autónoma y de aquellas otras donde las colmenas circulen o se asienten por cualquier circunstancia, especialmente en los casos en que, ante una situación de alerta sanitaria, se haga necesario instaurar medidas, principalmente en lo que al movimiento de colmenas se refiere.

4. La declaración de los censos anuales, así como la actualización de los datos contenidos en el Libro de Registro electrónico a través del Punto de información y gestión al ganadero (PIGGAN), tendrá la consideración de la validación anual que establece el Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero. Todo ello sin perjuicio de otras comunicaciones que la persona titular tenga obligación de realizar para el cumplimiento de requisitos para la percepción de ayudas.

5. El Libro constituye un requisito indispensable para cualquier traslado de las colmenas por razones de trashumancia u otras. Los movimientos de los asentamientos deberán comunicarse a través de PIGGAN y quedarán registrados en el Libro»

1. La creación de Universidades públicas y el reconocimiento de Universidades privadas se realizará por Ley del Parlamento de Andalucía cuando cumplan los requisitos básicos exigidos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, previo informe del Consejo Andaluz de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria.

Para el caso de Universidades privadas, previa solicitud de reconocimiento, será la persona titular de la Consejería con competencias en materia de universidades, el órgano que determine si se cumplen los requisitos establecidos en la normativa que resulta de aplicación, a efectos de la tramitación del correspondiente anteproyecto de ley de reconocimiento de la universidad privada por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones correspondientes a las solicitudes de creación, reconocimiento, modificación o supresión de Universidades será de seis meses. Transcurrido este plazo sin que se notifique resolución expresa se entenderán desestimadas.

2. De conformidad con lo preceptuado en la disposición adicional decimonovena de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, sólo podrán denominarse Universidades aquellas entidades creadas o reconocidas por la ley como tales. Ninguna entidad pública o privada podrá utilizar dicha denominación, ni cualquier otra que, por su significado, pueda inducir a confusión con aquéllas.

1. La Consejería competente en materia de universidades realizará las actividades de inspección para vigilar los comportamientos que puedan dar lugar a la revocación de los actos de aprobación, reconocimiento, adscripción o autorización o a la imposición de sanciones o al ejercicio de otras potestades de restablecimiento de la legalidad. En especial, vigilará:

a) Que se cumplen los requisitos, condiciones y compromisos establecidos al crear o reconocer Universidades o al aprobar la creación de centros o su adscripción, o para la impartición de enseñanzas, en especial de las que lo sean con arreglo a sistemas educativos extranjeros.

b) Que sólo se utilice la denominación de «Universidad», o las propias de los centros, enseñanzas, títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional o títulos universitarios no oficiales, cuando se cumplan los requisitos para ello, y que no se utilicen tampoco denominaciones que puedan inducir a confusión con los anteriores.

c) Que sólo impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de grado las facultades y escuelas de las Universidades públicas o privadas, o los centros equivalentes públicos o privados adscritos a una de ellas, que cuenten con los actos administrativos necesarios y cumplan los requisitos legal o reglamentariamente exigidos.

d) Que las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de máster o de doctorado sólo las impartan las mismas facultades, escuelas, institutos universitarios de investigación u otros centros propios de las Universidades o adscritos a ellas que cuenten con los actos administrativos necesarios y cumplan los requisitos legal o reglamentariamente exigidos.

e) Que sólo los centros a que se refieren los apartados anteriores impartan enseñanzas para la obtención de otros títulos a los que se dé la calificación de universitarios.

f) Que se respeten las reglas sobre publicidad de Universidades, centros, títulos y enseñanzas a que se refiere esta Ley, así como los deberes de información que se impongan de conformidad con el artículo 17.3.

2. La inspección universitaria de la Junta de Andalucía estará integrada por personal funcionario de carrera de la Administración General de la Junta de Andalucía perteneciente al grupo A1 dependiente de la Consejería competente en materia de universidades, habilitado para el ejercicio de las funciones de inspección por su titular.

3. El personal que integra la inspección universitaria de la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus funciones tendrán la condición de agentes de la autoridad, y disfrutarán, como tales, de la protección y facultades que a estos les dispensa la normativa vigente.

4. En todo caso, las tareas, cometidos y actos que realice el personal de la inspección universitaria de la Junta de Andalucía, en el desempeño de sus funciones tienen carácter confidencial que vincula a todas las personas u órganos que sean parte de la actuación.

La documentación y los datos obtenidos por el personal de la inspección universitaria en el ejercicio de sus funciones de investigación y control tienen carácter reservado y únicamente pueden utilizarse para la finalidad de la actuación inspectora. Por lo tanto, queda expresamente prohibida la cesión o la comunicación a terceras personas, excepto que una norma con rango de ley obligue a comunicar los hechos que pongan de relieve indicios de infracciones penales o administrativas en otras materias.

5. De acuerdo con el principio de colaboración recíproca, los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, así como de otras Administraciones, especialmente las Universidades, o cualquier persona física o jurídica que intervenga en las actividades reguladas en el texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades y demás normativa complementaria, habrán de prestar la colaboración precisa para la realización de las actividades de inspección en materia de Universidades de la Junta de Andalucía y, en especial, suministrarán la información que se les requiera y permitirán el acceso a las dependencias y a toda la documentación necesaria para comprobar el cumplimiento de los deberes y prohibiciones a que están sometidos.

Cuando la inspección universitaria de la Junta de Andalucía comprobase, en el ejercicio de sus funciones, la existencia de posibles infracciones administrativas en materia de la competencia de otros órganos administrativos, lo comunicará a éstos a los efectos oportunos. Igualmente, cuando otros órganos, en el ejercicio de sus competencias, detectasen infracciones tipificadas en el texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades, éstos lo comunicarán a la inspección universitaria de la Junta de Andalucía para llevar a cabo el ejercicio de sus competencias.

6. El acta de inspección es el documento, en cualquier soporte, acreditativo de la actuación que se lleve a cabo en un lugar y tiempo determinado por el personal de la inspección universitaria de la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus funciones y que tendrá como contenido lo siguiente:

a) Lugar, fecha y hora de su formalización.

b) Datos identificativos de la persona interesada y con la que se entiendan las actuaciones y el carácter o representación.

c) Constatación de hechos, medios empleados para el esclarecimiento de los mismos y documentos necesarios para acreditar los hechos investigados u omisiones en los que se fundamente el levantamiento del acta, las alegaciones o aclaraciones al acta que hagan las personas inspeccionadas y los medios probatorios aportados, así como cualquier otra circunstancia o aclaración que la persona inspectora considere oportuna.

d) Descripción de las presuntas infracciones cometidas, haciendo constar los preceptos que se consideren vulnerados, así como la graduación de la sanción y persona presuntamente responsable.

e) Referencia de las acciones verificadas que permitan la observación de una conducta colaboradora y voluntad de reparación de las irregularidades detectadas, así como de las actuaciones obstativas realizadas en las actuaciones inspectoras. Así, se reflejará expresamente cuando la persona representante de la inspeccionada no firme el acta y se niegue a recibirla, especificándose los motivos si los hubiese y dejando constancia de los datos no facilitados por la persona que acuda a la inspección en representación de aquella que es objeto de inspección, siendo considerado, en este último supuesto, como infracción muy grave en virtud de lo previsto en el artículo 18.8.a).9.º del texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades.

7. El acta de inspección, debidamente formalizada, tiene la consideración de documento público y tendrá valor probatorio de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

En ningún caso, la firma del acta por la persona representante de la inspeccionada supondrá el reconocimiento de las presuntas irregularidades descritas en ella ni la aceptación de las responsabilidades que se deriven, excepto cuando así lo reconozca expresamente.

8. Constituyen infracciones administrativas en materia de enseñanzas universitarias las acciones y omisiones tipificadas en la presente Ley. Las infracciones se califican como muy graves, graves y leves en función de la naturaleza de la contravención, de su trascendencia y repercusión y, en su caso, de la reincidencia en las mismas conductas sancionables.

a) Tendrán la consideración de infracciones de carácter muy grave:

1.º La impartición de enseñanzas universitarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía sin la preceptiva autorización.

2.º La puesta en funcionamiento o el cese de las actividades de un centro o Universidad sin haber obtenido previamente la autorización administrativa pertinente.

3.º El incumplimiento por parte de las Universidades, posteriormente al inicio de sus actividades, de la normativa aplicable.

4.º El incumplimiento por parte de los centros extranjeros autorizados de las condiciones generales aplicables.

5.º La publicidad engañosa respecto a la existencia de autorización para la impartición de estudios universitarios o a las condiciones de la misma.

6.º La falta de veracidad en la memoria justificativa que hubiese sido determinante en la concesión de la autorización.

7.º El incumplimiento de los índices de calidad establecidos en la normativa vigente en lo referente al personal docente y de administración y servicios, y a los espacios docentes e investigadores.

8.º Impartir estudios de nivel universitario en las instalaciones autorizadas para enseñanzas de distinto nivel.

9.º El impedimento, la obstrucción o la dificultad planteada para el ejercicio de las funciones de inspección y seguimiento, por la Consejería competente en materia de Universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la actividad de los centros.

10.º La reincidencia en las infracciones graves.

11.º Las acciones y omisiones contempladas en el apartado siguiente, siempre que el incumplimiento o los perjuicios fuesen muy graves.

b) Tendrán la consideración de infracciones de carácter grave:

1.º La utilización indebida de las denominaciones reservadas legalmente a Universidades, centros, titulaciones y enseñanzas o el uso de denominaciones que induzcan a confusión con ellas.

2.º El funcionamiento de Universidades o centros sin haber cumplido los trámites necesarios para ello.

3.º La impartición de enseñanzas sin haber cumplido los trámites necesarios para ello.

4.º El cambio en la titularidad de Universidades o centros sin la comunicación previa requerida o en contra de la oposición administrativa.

5.º El no informar a los estudiantes, al matricularse en enseñanzas autorizadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía conforme a sistemas educativos extranjeros, que los títulos que obtengan no son homologables automáticamente a los españoles.

6.º La publicidad, información o promoción contraria a lo establecido en el artículo 17.

7.º El incumplimiento doloso de los requerimientos que pudieran derivarse de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 18, así como el de las medidas provisionales de su apartado 9.

8.º La obstrucción a la labor inspectora.

c) Tendrán la consideración de infracciones de carácter leve:

1.º La impartición de enseñanzas universitarias sin la autorización que para la puesta en funcionamiento deba expedir la Administración, una vez que consten en el expediente todos los informes favorables y estando pendiente de publicación la norma que lo autorice.

2.º Cualesquiera otras infracciones en materia de estudios universitarios que no tengan la consideración de graves o muy graves.

9. La comisión de las infracciones que se contemplan en esta Ley dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones, más, en su caso, comiso del beneficio obtenido con la infracción y amonestación publicadas a costa del infractor en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en dos periódicos de difusión regional y local en el ámbito territorial que se ubiquen:

a) En el caso de infracciones muy graves: multa de 25.001 euros hasta 500.000 euros.

b) En el caso de infracciones graves: multa de 10.001 euros hasta 25.000 euros.

c) En el caso de infracciones leves: multa de hasta 10.000 euros.

Las cuantías de las multas establecidas para las sanciones por infracciones muy graves, graves y leves podrán ser actualizadas reglamentariamente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

10. Serán responsables de las infracciones todas las personas físicas o jurídicas que realicen las conductas tipificadas como infracción. En el caso de personas jurídicas, serán responsables subsidiarios del pago de las sanciones pecuniarias quienes ocupen sus órganos de gobierno o administración.

11. Las sanciones serán impuestas por la persona titular de la Consejería competente en materia de Universidades, que podrá también adoptar medidas provisionales para garantizar el interés general y la eficacia de la resolución que pudiera recaer.

12. En cuanto a la extensión de la sanción correspondiente en cada caso, concurrencia de infracciones y procedimiento, se estará a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El régimen de prescripción será el establecido en esa Ley para las infracciones y sanciones graves.

13. En todo caso, cuando no se cuente con los actos en cada caso necesarios y hasta que se hayan obtenido, la Consejería competente en materia de Universidades acordará motivadamente, sin carácter sancionador y en los casos y en la medida en que resulte preciso para salvaguardar el interés general y asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el cierre de establecimientos o el cese de actividades o el de uso de denominaciones reservadas.

14. Para la ejecución forzosa de las medidas de cierre o cese de actividades adoptadas en resolución o como medidas provisionales en virtud de lo dispuesto en esta Ley, podrán imponerse por la Consejería multas coercitivas de entre 500 y 1.000 euros por cada día de incumplimiento, sin perjuicio de acudir a otros medios, incluida la compulsión sobre las personas.

15. Por decreto del Consejo de Gobierno se podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de infracciones y sanciones establecidas en este artículo o concreciones sobre las personas físicas y jurídicas responsables, así como normas complementarias sobre inspección, medidas de cierre o cese de actividades y su ejecución forzosa.

«c) Se exigirá también Resolución del Consejo de Universidades y del Consejo Andaluz de Universidades, en los que se verifique que el plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas reglamentariamente.

El plazo para resolver la solicitud de autorización será de tres meses desde el inicio del procedimiento, transcurrido dicho plazo sin resolución expresa se entenderá desestimada la solicitud.

Una vez aprobado el título oficial será informada la Conferencia General de Política Universitaria. Asimismo, el Rector ordenará publicar el plan de estudios en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»

3. La Consejería competente en materia de universidades apoyará, promoverá, impulsará y pondrá en valor el sistema universitario andaluz a través de una marca universitaria, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la legislación en materia de marcas y demás normativa sectorial, en los casos en que le sea aplicable.

4. El contenido, denominación y caracteres de dicha marca serán aprobados mediante Orden del titular de la Consejería competente en materia de universidades, oído el Consejo Andaluz de Universidades.

El Pleno del Consejo Andaluz de Universidades estará integrado por:

a) La persona titular de la Consejería competente en materia de Universidades, que lo presidirá.

b) La persona titular de la Secretaría General competente en materia de Universidades, que sustituirá en la presidencia al anterior en caso de ausencia.

c) La persona titular de la Dirección General en materia de Universidades.

d) Los Rectores o las Rectoras de todas las Universidades públicas andaluzas.

e) Las personas titulares de las Presidencias de los respectivos Consejos Sociales.

f) La persona titular de la Secretaría General competente en materia de investigación.

g) La persona titular de la Presidencia del Consejo Escolar de Andalucía.

h) Dos representantes del alumnado universitario designado por el Consejo Asesor de Estudiantes de Andalucía, de entre sus miembros

i) Cinco miembros designados por el Parlamento de Andalucía entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito educativo, cultural o científico.

j) La persona titular de la Secretaría del Consejo, que será designado de entre el personal funcionario de la Consejería competente en materia de universidades por la persona titular de la Presidencia, oído el Pleno del Consejo, con las competencias que le reconozca el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Andaluz de Universidades.

«2. Las academias que se creen a partir de la entrada en vigor de esta Ley tendrán ámbito autonómico y serán aprobadas mediante Decreto del Consejo de Gobierno. El desarrollo reglamentario de esta Ley regulará, entre otros, los aspectos referidos a los requisitos para la creación y aprobación, la fusión, absorción, segregación y disolución de las academias, así como el control de calidad de sus actividades.»

1. Se crea el Consejo Andaluz para el Cine, adscrito a la Consejería competente en materia de cultura, como órgano participativo y consultivo en materia de estrategia, derechos, políticas públicas y demás asuntos relacionados con la creación, distribución y comercialización cinematográfica en Andalucía.

2. Corresponderán al Consejo las siguientes funciones:

a) La realización de propuestas y recomendaciones en materia de estrategia y políticas públicas en el ámbito cinematográfico.

b) El mantenimiento de una comunicación permanente con las instancias públicas y privadas pertinentes para la promoción, difusión y apoyo de los profesionales del sector, así como de las producciones cinematográficas y audiovisuales de Andalucía.

c) La promoción de la realización de estudios que tengan por objeto el análisis de los

principales problemas que afectan al sector del cine y el audiovisual en Andalucía, así como la formulación de recomendaciones para la mejora de las políticas públicas.

d) Las demás que correspondan al carácter participativo y consultivo del Consejo.

3. El Consejo podrá reunirse en Pleno, en Comisión Permanente y en los grupos de trabajo que se constituyan.

4. El Pleno tendrá representación paritaria de sus miembros y estará compuesto por los representantes de las Consejerías que se determinen, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, de las asociaciones, organizaciones o empresas representativas del sector cinematográfico y audiovisual que se designen y de las organizaciones sindicales, empresariales y de consumidores y usuarios más representativas.

5. La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo del Consejo para el ejercicio de sus funciones y cometidos relativos a asuntos de trámite, de preparación o de estudio. Tendrá una representación paritaria de sus miembros y se le atribuirán aquellas facultades que aseguren la ejecución de los acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo.

6. Corresponde a la Consejería competente en materia de cultura prestar la asistencia técnica y administrativa necesaria para el funcionamiento del Consejo.

7. Sus funciones, composición y funcionamiento se regularán mediante decreto del Consejo de Gobierno».

1. Corresponden al Consejo Andaluz para el Cine, de acuerdo con el artículo 6.2 de la Ley 6/2018, de 9 de julio, las siguientes funciones:

a) La realización de propuestas y recomendaciones en materia de estrategia y políticas públicas en el ámbito cinematográfico.

b) El mantenimiento de una comunicación permanente con las instancias públicas y privadas pertinentes para la promoción, difusión y apoyo de los profesionales del sector, así como de las producciones cinematográficas y audiovisuales de Andalucía y su exhibición.

c) La promoción de la realización de estudios que tengan por objeto el análisis de los principales problemas que afectan al sector del cine y el audiovisual en Andalucía y la formulación de recomendaciones para mejorar las políticas públicas al respecto.

d) Las demás que correspondan al carácter participativo y consultivo del Consejo.

2. El Consejo ejercerá, asimismo, las siguientes funciones:

a) La aprobación del reglamento de régimen interno de funcionamiento del Consejo y sus modificaciones.

b) La toma en conocimiento de la tramitación de las disposiciones de desarrollo reglamentario de la Ley 6/2018, de 9 de julio.

c) La participación en la elaboración de la Estrategia Andaluza para el Impulso de la Industria Cinematográfica y de la Producción Audiovisual prevista en el artículo 11 de la Ley 6/2018, de 9 de julio, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la comisión de seguimiento de la Estrategia prevista en el artículo 12 de la Ley 6/2018, de 9 de julio.

d) La emisión de informes que le sean recabados por la Consejería competente en materia de cultura, sobre la ordenación y el fomento de la actividad cinematográfica y de la producción audiovisual desarrollada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la promoción de la producción, distribución y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales y el establecimiento tanto de condiciones que favorezcan su creación y difusión como de medidas para la conservación del patrimonio cinematográfico y audiovisual.

3. Para la elaboración de los informes y estudios previstos en este artículo se realizará un análisis de la situación con datos anuales desagregados por sexo sobre el sector del cine y el audiovisual andaluz en cuanto a la producción, distribución, exhibición, premios, contenidos, empleo, formación y demás aspectos que se valoren y estudien».

El Pleno del Consejo Andaluz para el Cine está compuesto por:

a) La Presidencia, que corresponderá a quien ostente la Secretaría General competente en materia de cultura.

b) La Vicepresidencia que corresponderá a quien ostente la Dirección General competente en materia de innovación cultural y cinematografía.

c) Cinco vocalías en representación de las Consejerías competentes en materias de presidencia, turismo, empleo, economía y educación. En el caso de que una Consejería sea titular de las competencias sobre dos o más de las materias que se citan, le corresponderá el nombramiento de una vocalía por cada una de dichas materias. La persona designada tendrá rango, al menos, de titular de una dirección general.

d) Tres vocalías en representación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales,

correspondiendo una de ellas a la persona titular de la unidad Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía.

e) Una vocalía en representación de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE).

f) Una vocalía en representación de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía.

g) Una vocalía en representación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

h) Dos vocalías en representación de las organizaciones sindicales de mayor representatividad estatal.

i) Una vocalía en representación de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, propuesta por el Consejo de Personas Consumidoras y Usuarios de Andalucía.

j) Dos Vocalías en representación de las organizaciones empresariales de mayor representatividad estatal.

k) Una vocalía en representación de la Academia de Cine de Andalucía.

l) Cinco vocalías en representación de las asociaciones, organizaciones o empresas representativas del sector de la producción cinematográfica y audiovisual, el sector de la creación cinematográfica y audiovisual, el sector de la distribución y exhibición, el sector de las industrias técnicas y el sector de los festivales de cine. La determinación de esas vocalías se realizará conforme a lo previsto en el artículo 12.2».

«a) La propuesta de quienes han de componer la Comisión Permanente entre las vocalías previstas en los párrafos d), f), h), j) y l) del artículo 6».

«2. Para la determinación motivada de las asociaciones, organizaciones o empresas que ocupen las vocalías previstas en el párrafo l) del artículo 6, se tendrá en cuenta su nivel de representatividad dentro del sector cinematográfico y audiovisual, y deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener domicilio o delegación autónoma en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) En el caso de entidades deberán estar debidamente constituidas y además, en el caso de las asociaciones, federaciones y fundaciones, deberán estar inscritas en el Registro de Asociaciones de Andalucía o en el Registro de Fundaciones de Andalucía».

1. La Comisión Permanente del Consejo Andaluz para el Cine estará compuesta por 5 miembros del Pleno, nombrados por la Presidencia, a propuesta del Pleno, del siguiente modo:

a) La persona titular de la Dirección General competente en materia de innovación cultural y cinematografía, quien ocupará la Presidencia de la Comisión Permanente y tendrá voto de calidad.

b) La vocalía designada en representación de la Consejería competente en materia de turismo.

c) La vocalía designada en representación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

d) Dos de las vocalías designadas en representación de las asociaciones, organizaciones o empresas representativas de los sectores de la actividad cinematográfica y de la producción audiovisual en Andalucía previstas en el párrafo l) del artículo 6.

2. La Secretaría de la Comisión Permanente será ejercida por quien ejerza la Secretaría del Pleno del Consejo».

«1. El Pleno se reunirá con carácter ordinario una vez al año y con carácter extraordinario cuando lo convoque la presidencia por propia iniciativa, a instancia de la Comisión Permanente o a solicitud de un tercio de sus miembros».

«1. La Comisión Permanente se reunirá siempre que así lo disponga la Presidencia, a iniciativa propia o a petición de la mitad de las Vocalías».

1. Se constituye el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, al objeto de facilitar su identificación como integrantes de dicho Patrimonio, correspondiendo a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico su formación, conservación y difusión.

2. Formarán parte de este Inventario los bienes inmuebles y los espacios vinculados a actividades de interés etnológico a los que en virtud de resolución de la Dirección General competente en materia de patrimonio histórico se les reconozca como integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz por poseer los valores del artículo 2 de la ley, pero sin que tengan la relevancia para ser incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y contendrá, al menos, la identificación, descripción, referencia catastral y localización de los bienes reconocidos.

3. Los municipios, cuando elaboren o modifiquen sus catálogos urbanísticos, incluirán necesariamente en los mismos aquellos bienes inmuebles y espacios del Inventario, reconocidos por resolución de la Dirección General competente en materia de patrimonio histórico, que radiquen en su término municipal.

4. El Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz tendrá como sección el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía. Este inventario y los bienes en él incluidos se someterán a su regulación específica.»

«3. Cuando se trate de Bienes de Interés Cultural, además se permitirá la visita pública gratuita, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados, constando esta información de manera accesible y pública a los ciudadanos en lugar adecuado del Bien de Interés Cultural, así como a través del Portal de la Junta de Andalucía, en su caso. Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de estos bienes presentarán declaración responsable de que van a cumplir la obligación de mantener el régimen de visitas propuesto a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico detallando los horarios y días en la declaración, así como todas aquellas circunstancias que la Administración requiera.

El cumplimiento de esta obligación podrá ser dispensado total o parcialmente mediante resolución por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico cuando medie causa justificada, previa solicitud de las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de estos bienes. En el caso de bienes muebles se podrá, igualmente, acordar como obligación sustitutoria el depósito del bien en un lugar que reúna las adecuadas condiciones de seguridad y exhibición durante un período máximo de cinco meses cada dos años o, preferentemente, su préstamo temporal para exposiciones organizadas por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.»

1. Se entiende por contaminación visual o perceptiva, a los efectos de esta Ley, aquella intervención, uso o acción en el bien o su entorno de protección que degrade los valores de un bien inmueble integrante del Patrimonio Histórico y toda interferencia que impida o distorsione su contemplación.

2. Los municipios en los que se encuentren bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía como Bienes de Interés Cultural deberán recoger en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas municipales de edificación y urbanización medidas que eviten su contaminación visual o perceptiva. Tales medidas comprenderán, al menos, el control de los siguientes elementos:

a) Las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal que por su altura, volumetría o distancia puedan perturbar su percepción.

b) Las instalaciones necesarias para los suministros, generación y consumo energéticos.

c) Las instalaciones necesarias para telecomunicaciones.

d) La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior.

e) La colocación de mobiliario urbano.

f) La ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos urbanos.

3. Las personas o entidades titulares de instalaciones o elementos a los que se refiere este artículo estarán obligadas a retirarlos en el plazo de seis meses cuando se extinga su uso.

4. No se considerará contaminación visual o perceptiva a aquellas instalaciones que, con carácter temporal o efímero, resulten necesarias para la celebración de eventos culturales, turísticos, religiosos, deportivos, recreativos o similares, siempre y cuando no supongan deterioro físico del bien ni menoscabo de sus valores culturales.»

4. Aprobado inicialmente el plan o programa de que se trate, cuando incida sobre bienes incoados o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el Inventario de Bienes Reconocidos o sobre Zonas de Servidumbre Arqueológica, se remitirá a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico para su informe, que tendrá carácter preceptivo cuando se trate de instrumentos de ordenación territorial y carácter vinculante cuando se trate de instrumentos de ordenación urbanística o de planes o programas sectoriales. El informe deberá ser emitido en el plazo de tres meses. En caso de no ser emitido en este plazo, se entenderá favorable sin perjuicio de los requisitos establecidos en el art. 40.

«2. Los planes urbanísticos que afecten a Conjuntos Históricos deberán contener, además de las determinaciones recogidas en el apartado anterior, las siguientes:

a) El mantenimiento de las alineaciones, rasantes y el parcelario existente, permitiéndose excepcionalmente remodelaciones urbanas que alteren dichos elementos siempre que supongan una mejora de sus relaciones con el entorno territorial y urbano o eviten los usos degradantes del bien protegido.

b) La regulación de los parámetros tipológicos y formales de las nuevas edificaciones con respeto y en coherencia con los preexistentes. Las sustituciones de inmuebles se consideran excepcionales, supeditándose a la conservación general del carácter del bien protegido.

c) Regulación de las instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y cualesquiera otras análogas, que con carácter general deberán discurrir por el subsuelo, y excepcionalmente por despliegues aéreos o adosados a las fachadas con elementos que se integren en el paisaje urbano y respeten los valores dignos de protección, con las limitaciones establecidas en el artículo 19 de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español para monumentos y jardines históricos. La Consejería en materia de patrimonio histórico regulará mediante instrucción la instalación de dichos elementos.»

1. La persona o entidad promotora de una actividad sometida a alguno de los instrumentos de prevención y control ambiental que contenga el resultado de la evaluación de impacto ambiental de la misma, de acuerdo con la normativa vigente en esta materia, y cuyo otorgamiento corresponda a la Consejería competente en materia de medio ambiente, deberá solicitar a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, informe previo sobre la afección al Patrimonio Histórico, incluidas las afecciones arqueológicas. Esta remitirá el informe solicitado en el plazo de dos meses relacionando los bienes del patrimonio histórico e identificando su grado de protección, pudiendo aportar directrices o medidas cautelares a adoptar, debiendo ser estos bienes objeto de un tratamiento adecuado en el proyecto y estudio de impacto o documento ambiental que se elabore.

En estos casos, la persona o entidad promotora de la misma, incluirá preceptivamente en el estudio de impacto ambiental o documento ambiental que deba presentar ante la Consejería competente en materia de medio ambiente, tanto las consideraciones recogidas en el informe previo proporcionado por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico contemplado en el apartado anterior, como las determinaciones contempladas en la resolución emitida por ésta sobre los resultados de la actividad arqueológica sometida al régimen de autorizaciones previsto en el artículo 52 de esta ley o en su caso, certificación acreditativa de la innecesariedad de tal actividad según lo dispuesto en el artículo 59 de la misma.

2. La Consejería competente en materia de medio ambiente recabará informe vinculante de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico sobre la afección al Patrimonio Histórico de la actividad proyectada. Este informe deberá emitirse en un plazo máximo de treinta días, transcurrido el cual se entenderá favorable. No obstante, cuando la actividad incida sobre inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno, el plazo será de tres meses y de no ser emitido en este plazo se entenderá desfavorable.

En caso de informe favorable éste se considerará a todos los efectos como la autorización a que se refiere el artículo 33.

«4. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico dispondrá de un plazo de tres meses, contados a partir de la recepción de toda la documentación exigida reglamentariamente, para resolver sobre la solicitud de autorización. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, el interesado entenderá desestimada la solicitud de autorización. La autorización se entenderá caducada si transcurrieran dos años sin haberse iniciado las actuaciones para las que fue solicitada, sin perjuicio de que su vigencia pueda prorrogarse, a solicitud de la persona interesada, por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicial. Será posible otorgar autorizaciones plurianuales para determinadas actuaciones de realización periódica o recurrente. Reglamentariamente se establecerá el régimen de dichas autorizaciones.»

1. Será necesaria la previa autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico para la realización de Proyectos Generales de Investigación Arqueológica y de las siguientes actividades arqueológicas en Andalucía: excavaciones, prospecciones arqueológicas terrestres o subacuáticas no incluidas entre los supuestos del apartado 3, análisis de estructuras emergentes y la reproducción y estudio del arte rupestre.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se entiende por:

a) Proyecto General de Investigación Arqueológica, el programa o acción investigadora que, siguiendo el método científico, pretende recabar todo tipo de información y formular y corroborar hipótesis acerca de un determinado territorio o espacio en relación a su conocimiento arqueológico e histórico. Asimismo, podrán ser objeto de un Proyecto General de Investigación Arqueológica la conservación y puesta en valor de bienes susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica.

En ellos deberán contenerse las actividades arqueológicas que se realicen en su desarrollo, así como los criterios, metodología, los estudios complementarios o las actuaciones sobre los bienes objeto de investigación.

b) Excavación arqueológica, tanto terrestre como subacuática, la remoción de tierra y el análisis de estructuras realizadas con metodología científica, destinada a descubrir e investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los componentes geomorfológicos relacionados con ellos.

c) Prospección arqueológica, la exploración superficial y sistemática sin remoción de tierra realizada con metodología científica, tanto terrestre como subacuática, dirigida al estudio, investigación o detección de vestigios arqueológicos o paleontológicos. También tendrá la consideración de prospección arqueológica el uso de instrumentos y técnicas que permitan detectar objetos y estructuras por debajo del nivel del suelo, tales como teledetección, métodos geofísicos en sus distintos tipos, detectores de metales, etc.

d) Control arqueológico de movimientos de tierra, el seguimiento de las remociones de terreno realizadas de forma mecánica o manual, con objeto de comprobar la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos y permitir su documentación y la recogida y recuperación de bienes muebles. Tendrán la consideración de control arqueológico de movimientos de tierra las inspecciones de los trabajos de dragados de fondos subacuáticos.

e) Análisis de estructuras emergentes, la documentación de las estructuras o elementos arquitectónicos y unidades de estratificación que forman o han formado parte de un inmueble. Dicha actividad podrá completarse, en su caso, mediante el control arqueológico de la ejecución de las obras de conservación, restauración o rehabilitación

f) Reproducción y estudio directo de arte rupestre, el conjunto de trabajos de campo orientados a la investigación y documentación gráfica de los motivos figurados y sus soportes.

3. La realización del control arqueológico de movimientos de tierra y las prospecciones arqueológicas, vinculadas a los procedimientos contemplados en los artículos 29 a 32 y 59 de esta Ley estarán sujetas,

con carácter previo a su inicio, a declaración responsable en la que se realice una descripción de la actuación y su metodología en la que se manifieste que la dirección de la actividad arqueológica cumple con los requisitos legales y reglamentarios previstos. En ningún caso, esta declaración responsable eximirá de cumplir con las restantes obligaciones reglamentarias referidas al desarrollo de la actividad arqueológica y al pronunciamiento sobre los resultados de la misma por parte de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

El modelo normalizado de dicha declaración responsable se establecerá mediante orden de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, que también podría establecer las instrucciones que precise oportunas.

4. En el supuesto de actuaciones promovidas por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico la autorización vendrá sustituida por el visado previo del proyecto a efectos de comprobar su idoneidad técnica y conceptual.

1. Podrá solicitar autorización para la realización de actividades arqueológicas y Proyectos Generales de Investigación Arqueológica cualquier persona física o jurídica que ostente capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

2. La dirección y ejecución de una actividad arqueológica o de un Proyecto General de Investigación Arqueológica en Andalucía se realizará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 y a lo dispuesto reglamentariamente.

3. La solicitud de autorización de una actividad arqueológica o de un Proyecto General de Investigación Arqueológica en Andalucía, se acompañará de un proyecto de la actuación arqueológica que se pretenda realizar y de la documentación que se determine reglamentariamente.

En el caso de la realización de proyectos y obras, la solicitud será presentada por la persona promotora de las mismas.

4. Asimismo, la solicitud irá acompañada del permiso de la propiedad de los terrenos para la ocupación de estos, pudiendo ser sustituido por una declaración responsable en la que se contenga el compromiso de obtener el permiso de la propiedad de los terrenos para la ocupación de los mismos con carácter previo a la realización de la actividad arqueológica o del Proyecto General de Investigación Arqueológica. En este caso, la obtención de dicho permiso, así como de las restantes autorizaciones y licencias que sean legalmente exigibles, será responsabilidad de la persona o entidad solicitante.

1. El procedimiento de autorización de actividades arqueológicas o Proyectos Generales de Investigación Arqueológica se desarrollará con arreglo a los trámites que reglamentariamente se establezcan. En la resolución por la que se conceda la autorización de los citados procedimientos por la que se indicarán las condiciones especiales a que deban sujetarse los trabajos, así como el museo o centro en el que deban depositarse los materiales arqueológicos recuperados durante la ejecución de estos.

2. Por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico se establecerán las condiciones técnicas generales para el ingreso de los materiales arqueológicos en los museos o centros.

1. Podrán dirigir Proyectos Generales de Investigación Arqueológica o actividades arqueológicas en Andalucía los técnicos competentes en patrimonio arqueológico, en los términos establecidos reglamentariamente.

2. La dirección de las actividades arqueológicas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley podrá ser ejercida por un máximo de dos personas, de manera presencial, en el ámbito espacial de la misma y durante su ejecución efectiva. En el caso de actividades arqueológicas cuya dirección corresponda a más de una persona, se entenderá cumplida esta obligación mientras permanezca en el lugar de la actividad al menos una de ellas, en los términos que reglamentariamente se determinen.

3. En el caso de actividades arqueológicas con una sola dirección, en los supuestos de necesidad de ausentarse del ámbito espacial en el que se ejecuta la actividad arqueológica deberán ser registradas debidamente en el libro diario de la misma, al igual que se deberá identificar la persona en la que se delega la responsabilidad que, en cualquier caso, deberá reunir los mismos requisitos de formación y experiencia exigidos a la dirección de la actividad arqueológica.

4. La dirección tendrá las siguientes obligaciones:

a) Comunicar fehacientemente, con una antelación de cuarenta y ocho horas, a los órganos correspondientes a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico el día que vayan a comenzar los trabajos, y el día de su terminación, haciéndolo constar en el libro diario. b) Llevar un libro diario en el que anotarán las incidencias y órdenes que se produzcan.

c) Depositar los materiales encontrados en el museo o centro que se señale en la autorización de la actividad, junto a un inventario detallado de los mismos.

d) Presentar, de la manera que reglamentariamente se determine, la memoria científica en sus distintas modalidades con los resultados obtenidos, un inventario detallado de los materiales encontrados y el acta de entrega de los citados materiales al museo o centro correspondiente.

5. En el caso de actividades arqueológicas cuya dirección corresponda a más de una persona, sus integrantes responderán de forma solidaria a todas las obligaciones legal y reglamentariamente establecidas.»

1. Queda prohibido el empleo de detectores de metales u otros instrumentos que permitan la localización de vestigios arqueológicos, salvo para su uso en las actividades arqueológicas recogidas en el artículo 52 de esta ley.

2. No será aplicable la prohibición dispuesta en el apartado anterior cuando el uso de estos aparatos no tenga la finalidad de localización de restos arqueológicos y sea realizado por:

a) La Administración General del Estado en el ejercicio de sus competencias en materia de defensa.

b) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el ejercicio de sus atribuciones.

c) El personal autorizado de las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y servicios de telecomunicaciones, siempre bajo la supervisión y responsabilidad de las referidas empresas.

d) Las empresas que cuenten con la autorización del órgano competente en materia de actividades mineras.

e) Cualquier otra que se determine reglamentariamente.

3.En todo caso, cuando con ocasión de la utilización de detectores de metales u otros instrumentos similares prevista en el apartado anterior, se detectara la presencia de restos arqueológicos de cualquier índole, se suspenderán de inmediato las actuaciones, no se realizarán remociones del terreno o intervenciones de cualesquiera otra naturaleza y se deberá dar conocimiento, antes del término de veinticuatro horas, a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico o al Ayuntamiento del término en el que se haya detectado el resto arqueológico, o, en su defecto, a la dependencia más próxima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

4. En los hallazgos a que se refiere el apartado 3, no habrá derecho a indemnización ni a premio alguno.»

1. Las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico son órganos consultivos de apoyo a la actuación de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

2. Presidirán las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, y estarán integradas, al menos, por personal técnico de la Delegación Provincial a la que esté adscrito, un representante de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, un representante de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, así como una persona de reconocido prestigio en la materia y un representante de organismos o entidades relacionados con el patrimonio histórico, todos ellos designados en la forma que reglamentariamente se determine.»

1. Las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico ejercerán funciones de asesoramiento e informe. Las Comisiones emitirán informe, además de en los casos que se determinen reglamentariamente, en los siguientes supuestos:

a) Autorizaciones en relación con procedimientos de obras y otras intervenciones en bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bienes de Interés Cultural con la tipología de Monumentos y Jardines Históricos, siempre que no se haya producido la delegación de competencias prevista en el artículo 40.

b) Propuestas de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

c) Propuestas de declaración de Zonas de Servidumbre Arqueológica.

d) Planes de ordenación urbanística o territorial de ámbito provincial a que se refiere el artículo 29.4.

e) Planes de descontaminación visual o perceptiva.

f) Informar cuando excepcionalmente sean requeridas para ello por la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

2. La organización y funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico se regirán por las normas que reglamentariamente se establezcan.»

1. De las Delegaciones Provinciales competentes en materia de patrimonio histórico dependerán las Ponencias Técnicas de Patrimonio Histórico para el estudio e informe previo de los asuntos que vayan a tratarse por las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico, sin perjuicio de las competencias que le corresponden de acuerdo con el apartado tercero del presente artículo. Tendrán carácter permanente, por lo que su funcionamiento no estará sujeto a ningún requisito de convocatoria previa.

2. Las Ponencias Técnicas de Patrimonio Histórico estarán integradas por personal técnico de la Delegación Provincial competente en materia de patrimonio histórico y su composición y funcionamiento se regulará reglamentariamente.

3. Corresponderán a las Ponencias Técnicas de Patrimonio Histórico las siguientes funciones:

a) La emisión de informes en relación a procedimientos de obras y otras intervenciones en bienes inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bienes de Interés Cultural y en sus entornos, con la excepción de Monumentos y Jardines Históricos, así como de los informes referidos a obras y otras intervenciones en inmuebles situados en los entornos de Monumentos y Jardines Históricos, siempre que no se haya producido la delegación de competencias prevista en el artículo 40 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

b) El estudio e informe previo de los asuntos que vayan a tratarse en las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico.

c) La emisión de cuantos informes pueda requerir la persona titular de la Delegación Provincial competente en materia de patrimonio histórico en el ámbito de sus competencias.»

1. Las potestades de inspección llevadas a cabo por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico se ejercerán con arreglo a una planificación y programación según objetivos generales o particulares, en atención al ámbito competencial material y territorial.

2. El Plan General de Inspección es el documento que establece las líneas genéricas de la actividad inspectora. Dicho Plan será aprobado mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, a propuesta de la persona titular del Centro directivo con competencias en materia de patrimonio histórico y contendrá los objetivos generales de la actuación inspectora.

3. Los documentos públicos de inspección formalizados por la Administración, con observancia de los principios de igualdad, contradicción y defensa, tendrán valor probatorio de los hechos que figuren en los mismos, siempre que hayan sido constatados personalmente por los agentes habilitados por la Administración, sin perjuicio de otros medios de prueba que puedan proponerse a solicitud de los interesados.»

Los municipios que se encuentren en el supuesto contemplado en el artículo 19 de la misma deberán elaborar un plan de descontaminación visual o perceptiva que deberá ser aprobado por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

Las personas o entidades titulares de instalaciones o elementos a que se refiere el artículo 19, existentes a la entrada en vigor de esta Ley, estarán obligadas a retirarlos en el plazo de tres años.»

La ley regulará los requisitos, sistema de acceso y condiciones de los servicios de interpretación del patrimonio histórico, sin perjuicio de lo establecido para los guías de turismo en la normativa sectorial.»

«1. La composición de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico será la siguiente:

a) Presidencia: La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. b) Vocalías:

1.º La persona titular de la Jefatura del Servicio competente en materia de protección del patrimonio histórico de la correspondiente Delegación Provincial.

2.º La persona titular de la Jefatura de alguno de los departamentos competentes en materia de patrimonio histórico de la correspondiente Delegación Provincial, u otro técnico competente en la materia, a determinar por la persona titular de la Delegación Territorial.

3.º Una persona designada por quien ostente la titularidad de la Delegación Provincial competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, entre el personal técnico superior de dicho órgano.

4.º Una persona designada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias como su representante.

5.º Una persona de reconocido prestigio en materia de patrimonio histórico, designada por quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de patrimonio histórico, a propuesta de la persona titular de la Delegación Provincial competente en materia de patrimonio histórico.

6.º Una persona representante de organismos o entidades que tengan entre sus fines o funciones la defensa del patrimonio histórico, designada por quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de protección del patrimonio histórico, a propuesta de la persona titular de la Delegación Provincial competente en materia de patrimonio histórico.

7º. Secretaría: Una persona Licenciada en Derecho, con voz y sin voto, designada por quien ostente la titularidad de la Delegación Provincial competente en materia de patrimonio histórico, entre el personal de esta, por tiempo indefinido. Quien desempeñe la Secretaría podrá cesar por revocación de su designación. En caso de ausencia o enfermedad, la persona titular de la Delegación Provincial citada designará a una persona suplente con la misma cualificación y requisitos que su titular.

c) La Comisión Provincial del Patrimonio Histórico estará asistida por un letrado o letrada del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía que participará con voz, pero sin voto.»

«Las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico emitirán informe en los siguientes supuestos:

a) Autorizaciones en relación con procedimientos de obras y otras intervenciones en bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bienes de Interés Cultural con la tipología de Monumentos y Jardines Históricos, siempre que no se haya producido la delegación de competencias prevista en el artículo 40 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

b) Propuestas de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

c) Propuestas de declaración de Zonas de Servidumbre Arqueológica.

d) Planes de ordenación urbanística o territorial de ámbito provincial a que se refiere el artículo 29.4 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre.

e) Planes de descontaminación visual o perceptiva que deban aprobarse por los municipios.

f) Cualquier otro supuesto en el que les sea solicitado informe excepcionalmente por la persona titular de la Delegación Provincial competente en materia de patrimonio histórico.»

«Corresponderán a las Ponencias Técnicas de Patrimonio Histórico las siguientes funciones:

a) El estudio e informe previo de los asuntos que vayan a tratarse en las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico.

b) La emisión de informes en relación a procedimientos de obras y otras intervenciones en bienes inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bienes de Interés Cultural y en sus entornos, con la excepción de Monumentos y Jardines Históricos, así como de los informes referidos a obras y otras intervenciones en inmuebles situados en los entornos de Monumentos y Jardines Históricos, siempre que no se haya producido la delegación de competencias prevista en el artículo 40 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

c) La emisión de cuantos informes pueda requerir la persona titular de la Delegación Provincial competente en materia de patrimonio histórico en el ámbito de sus competencias.»

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, será necesaria la previa autorización de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico para la realización de las actividades arqueológicas incluidas en el apartado 1 de dicho artículo.

2. La autorización a que se refiere el apartado anterior será sustituida por el visado previo del proyecto, a efectos de comprobar su idoneidad técnica y conceptual, en el supuesto de que las actuaciones sean promovidas por la Consejería de Cultura. Mediante Orden de la Consejería de Cultura se establecerá el procedimiento por el que se sustancie dicho visado.

3. La autorización para el desarrollo de actividades arqueológicas a que hace referencia el apartado primero de este artículo se concederá sin perjuicio de la obligación de obtener las demás autorizaciones o licencias necesarias en aplicación de la legislación urbanística u otra cualquiera de carácter sectorial, así como del cumplimiento de cualquier otro requisito exigible por la legislación vigente.

1. Podrán solicitar la realización de actividades arqueológicas y Proyectos Generales de Investigación Arqueológica cualquier persona física o jurídica que ostente capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

2. La dirección y ejecución de una actividad arqueológica o de un Proyecto General de Investigación Arqueológica en Andalucía se realizará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, y a lo dispuesto reglamentariamente.

3. La solicitud de autorización de una actividad arqueológica o de un Proyecto General de Investigación Arqueológica en Andalucía, se acompañará de un proyecto de la actuación arqueológica que se pretenda realizar y de la documentación que este reglamento prevé en su artículo 7. En el caso de la realización de proyectos y obras, la solicitud será presentada por la persona promotora de las mismas.

1. La solicitud para un Proyecto General de Investigación o para realizar una actividad arqueológica, deberá contener los siguientes datos:

a) Datos personales del solicitante, o del representante legal cuando se trate de una institución o de persona jurídica: nombre, apellidos, documento nacional de identidad o pasaporte y domicilio legal.

b) Personas que compongan la dirección, así como del equipo de investigación, acompañando la titulación académica y currículum vitae de cada una de ellas.

2. La solicitud a la que se refiere el apartado anterior se realizará conforme a lo establecido en el artículo 53.3 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. El proyecto de la actividad arqueológica deberá estar suscrito por un técnico competente en la materia de patrimonio arqueológico.

Se considerará que tiene acreditada experiencia profesional para dirigir una actividad arqueológica aquella persona que haya participado en su calidad de persona habilitada para el ejercicio de la arqueología en, al menos, dos intervenciones de la misma modalidad y tipo que la actividad arqueológica para la que se solicita autorización, siempre que dichas actividades sumen un período efectivo de trabajo de campo de, al menos, diez meses. No obstante, en el caso de prospecciones arqueológicas y de controles de movimientos de tierra, bastará que el periodo efectivo de trabajo de campo alcance al menos dos meses.

Para la determinación de la modalidad y tipo de actividades arqueológicas se estará a lo dispuesto en los artículos 2 y 3.

Asimismo, se considerará que tienen experiencia acreditada para dirigir una actividad arqueológica quienes hayan dirigido otra actividad arqueológica autorizada de la misma modalidad y tipo que la solicitada.

La experiencia podrá acreditarse:

a) Mediante certificado u otro documento, expedido conforme a la legislación propia del Estado miembro de la Unión Europea en español o en lengua oficial del Estado que lo expida, por la autoridad, organismo o institución competente en materia de patrimonio arqueológico del Estado en el que se haya desarrollado la actividad, en el que deberá constar la modalidad y tipo de intervención arqueológica en la que haya participado la persona solicitante, si la participación ha sido en calidad de director o directora, o, de lo contrario, el director o directora de la actividad arqueológica, su duración y los trabajos desempeñados por la persona solicitante.

b) Mediante el libro-diario de la intervención arqueológica cuando se trate de actividades arqueológicas realizadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre que la persona solicitante, cualquiera que sea su nacionalidad, conste en el libro-diario como director o directora de la actividad arqueológica o, de no serlo, que esté incluida y citada en el libro diario como miembro del equipo investigador especificando las funciones de campo que se le hayan encomendado en los trabajos.

Por la Dirección General competente en materia de patrimonio arqueológico podrá recabarse de los organismos y autoridades competentes la información precisa para comprobar los datos referentes a titulación y experiencia profesional.

3. Asimismo, la solicitud irá acompañada del permiso de la propiedad de los terrenos para la ocupación de estos, pudiendo ser sustituido por una declaración responsable en la que se contenga el compromiso de obtener el permiso de la propiedad de los terrenos para la ocupación de los mismos con carácter previo a la realización de la actividad arqueológica. En este caso, la obtención de dicho permiso, así como de las restantes autorizaciones y licencias que sean legalmente exigibles, será responsabilidad de la persona o entidad solicitante.

4. Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos en el presente Reglamento, se procederá en la forma prevista en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1. Cuando se trate de actividad arqueológica preventiva, el promotor de la obra que la genere deberá presentar solicitud acompañada de un proyecto de actividad arqueológica suscrito por persona legitimada para realizarla, así como de la documentación exigida para actividad contemplada en un Proyecto General de Investigación y de la siguiente documentación:

a) Explicación del proyecto de obras que genera la actividad arqueológica.

b) Evaluación del potencial arqueológico del área en que se desarrollará la actividad arqueológica.

c) Informe relativo a la adecuación de la actividad arqueológica al documento de seguridad y salud laboral de la obra o actividad que la genera.

2. Si durante el procedimiento para la concesión de la licencia urbanística, el proyecto que genera la actividad arqueológica se modificase en sus características básicas, la actividad arqueológica deberá adaptarse a las modificaciones introducidas o complementarse con otra actividad si ya se hubiese realizado.

1. La dirección de una actividad arqueológica prevista en el artículo 52 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, podrá ser ejercida por un máximo de dos personas, de manera presencial, en el ámbito espacial de la misma y durante su ejecución efectiva. En el caso de actividades arqueológicas cuya dirección corresponda a más de una persona, se entenderá cumplida esta obligación mientras permanezca en el lugar de la actividad al menos una de ellas.

2. En el caso de actividades arqueológicas con una sola dirección, en los supuestos de necesidad de ausentarse del lugar de la actividad, la dirección deberá justificar convenientemente su ausencia en el Libro Diario, y encomendar temporalmente sus funciones a una persona que reúna los requisitos de titulación, especialización y conocimientos de la problemática del yacimiento, reflejándolo igualmente en el citado Libro Diario. La suma total de las ausencias en ningún caso podrá exceder del veinticinco por ciento de las jornadas que comprenda la actividad autorizada.

3. En el supuesto de los controles arqueológicos de obras y movimientos de tierra será necesario, además de los requisitos indicados en el apartado anterior, la comunicación previa de la ausencia a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura correspondiente.

4. No podrá simultanearse la codirección de más de tres actividades arqueológicas.

5. La ausencia injustificada o el exceso de ausencias será causa de revocación de la autorización.

Las administraciones públicas andaluzas promoverán la simplificación y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el tratamiento, conservación, gestión, acceso y difusión de los documentos de su competencia. La Junta de Andalucía promoverá, además, la implantación y utilización de herramientas de administración digital para facilitar a las personas físicas y jurídicas su participación en los procedimientos contemplados en la presente ley.»

«1. La Consejería competente en materia de documentos, archivos y patrimonio documental será responsable de la formulación y ejecución de la política dirigida a la tutela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Documental de Andalucía, así como la dirección y coordinación del Sistema Archivístico de Andalucía, sin perjuicio de los principios de colaboración y coordinación con las consejerías competentes en materia de transformación digital y de simplificación administrativa.»

«2.c. La dirección funcional y coordinación del Sistema de Información de Archivos para la gestión documental de la Junta de Andalucía y el impulso para su extensión, en su caso, a los demás archivos integrados en el Sistema Archivístico de Andalucía.»

1. El Sistema de Información de Archivos de la Junta de Andalucía (@rchivA) es el sistema común para la gestión integral de los documentos de su competencia, de acuerdo con los principios y criterios técnicos archivísticos que la rigen.

2. El Sistema de Información de Archivos contiene los servicios y funciones de ingreso, gestión y recuperación de documentos en el archivo electrónico único de la Junta de Andalucía, para la custodia y conservación de los documentos y expedientes electrónicos una vez finalizados los procedimientos administrativos y actuaciones correspondientes.

3. El Sistema de Información de Archivos de la Junta de Andalucía interoperará con el resto de sistemas de información de la Junta de Andalucía para gestionar la transferencia de la custodia de los documentos electrónicos conforme a los plazos establecidos para su gestión, transferencia y conservación en el archivo electrónico único de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de los plazos establecidos en las Tablas de Valoración elaboradas por la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos y aprobadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de documentos, archivo y patrimonio documental que, en su caso, sean de aplicación. Dicha transferencia irá acompañada de los elementos necesarios que permitan asegurar las condiciones de autenticidad e integridad de los documentos públicos y garantizar el acceso y difusión de los mismos.

4. El Sistema de Información de Archivos de la Junta de Andalucía interoperará, asimismo, con los sistemas que almacenen los documentos electrónicos de la Junta de Andalucía para facilitar el acceso y uso de los documentos que en él se custodien.

5. El Sistema de Información de Archivos de la Junta de Andalucía contará con un modelo específico aplicado a los archivos de los órganos de la Administración de Justicia en Andalucía, correspondiendo su coordinación a la consejería competente en materia de Administración de Justicia.»

«3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, en aquellos supuestos en los que se haya constatado fehaciente el cese de la actividad de un museo o colección museográfica, la Consejería competente en materia de museos y colecciones museográficas podrá acordar de oficio la disolución de los mismos, previa instrucción del correspondiente procedimiento en el que se habrá de dar audiencia a la persona titular del museo o colección museográfica y se podrá recabar facultativamente el dictamen de la Comisión Andaluza de Museos.

Asimismo, cuando existan causas de peligro para la protección, conservación o accesibilidad de los fondos, la Consejería competente en materia de museos y colecciones museográficas podrá acordar el depósito forzoso previsto en el artículo 48 de esta Ley.»

«2. Los fondos museísticos de los museos y colecciones museográficas inscritos en el Registro andaluz de museos y colecciones museográficas, no comprendidos en el apartado anterior, quedarán sometidos al régimen de los bienes de catalogación general en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz”.

La tramitación de este procedimiento se realizará conforme a lo contemplado para el procedimiento disciplinario ordinario en el Título I, con las siguientes particularidades:

a) Será competente para acordar la instrucción de una información previa, la incoación y la resolución de estos procedimientos la Sección disciplinaria, en los casos de infracciones leves y graves, o el Pleno del Tribunal para el caso de las infracciones muy graves, de conformidad con lo establecido en los artículos 90.1.b).1.º y 91.2.b).

Las actuaciones correspondientes a la instrucción de una información previa serán realizadas con la colaboración de la Inspección de Deporte correspondiente al ámbito territorial provincial del lugar donde se produjeron los hechos que motivaron dichas actuaciones o, en su defecto, por personal funcionario de carrera adscritos a la Consejería competente en materia de deporte, destinados tanto en los servicios centrales, como en los servicios territoriales.

b) Será competente para instruir el procedimiento aquella persona miembro del Tribunal que sea designada atendiendo al orden del turno rotatorio que se acuerde de conformidad con el artículo 91.2.f).

c) El procedimiento se iniciará de oficio por el Tribunal, bien por propia iniciativa, a petición razonada de la Secretaría General para el Deporte, de conformidad con lo establecido en el artículo 147.g) de la Ley 5/2016, de 19 de julio, o mediante denuncia. En este último caso, se usará el modelo del Anexo VIII.

d) En el caso de que se acuerde la no incoación del procedimiento y éste hubiera sido instado desde la Secretaría General para el Deporte, se dará traslado de dicha circunstancia a este órgano.

e) Se designará como secretario o secretaria de la instrucción a una persona funcionaria de carrera adscrita a la Consejería competente en materia de deporte, sin perjuicio de las funciones de la Unidad de Apoyo del Tribunal.

f) A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior a tres meses contados a partir de la iniciación del procedimiento, la persona instructora propondrá el sobreseimiento o formulará la correspondiente propuesta de resolución en los términos de lo contemplado en el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La persona instructora podrá por causa justificada solicitar al órgano competente para resolver la ampliación del plazo referido.

La propuesta de resolución será notificada a las personas interesadas para que, en el plazo de diez días, efectúen las alegaciones y presenten los documentos y justificaciones que consideren convenientes en defensa de sus derechos o intereses.

En la propuesta de resolución que junto al expediente la persona instructora elevará al órgano competente para resolver, deberá pronunciarse sobre el mantenimiento o levantamiento de las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado.

g) Las resoluciones se notificarán a la Secretaría General para el Deporte y a las personas o entidades interesadas.

h) El plazo de caducidad del procedimiento será de seis meses.

Una vez emitidos los pronunciamientos contemplados en el artículo anterior o, en su caso, transcurrido el plazo establecido, la Secretaría General con competencia en materia de turismo emitirá, en el plazo de veinte días, una propuesta de informe, que contemplará los siguientes aspectos:

a) El cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.

b) El grado de concurrencia de los elementos de valoración establecidos en el artículo 3.

c) Los servicios municipales con incidencia turística que presenten dificultades de implantación o desarrollo.

d) Las medidas propuestas para mejorar la calidad de dichos servicios y de la actividad turística.

e) La adecuación de la figura de Municipio Turístico de Andalucía para la consecución de la finalidad prevista en el artículo 1 del presente Decreto.»

«5. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se concederá trámite de audiencia por plazo de diez días al Municipio Turístico de Andalucía afectado, para que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes. Finalizado el trámite de audiencia, se elevará al Consejo de Gobierno la propuesta de resolución por la persona titular de la Consejería competente en materia de turismo.»

«3. La Comisión de Carreteras de Andalucía informará al menos:

a) Los instrumentos de planificación viaria.

b) La normativa técnica que elabore la Consejería competente en materia de carreteras para la proyección, construcción, conservación y explotación del dominio público viario».

«3. El acceso a los elementos de servicio se establecerá obligatoriamente por la Administración competente en razón de la titularidad de la carretera y en la forma que reglamentariamente se determine».

1. La elaboración y aprobación inicial del Plan de Transporte Metropolitano y de sus revisiones se realizará por la Consejería competente en materia de transportes a propuesta, en su caso, del consorcio a que se refiere el título IV de esta Ley, y su aprobación definitiva corresponderá al Consejo de Gobierno mediante decreto, oídas las Corporaciones Locales interesadas y previo informe del órgano consultivo de ámbito autonómico en materia de transportes.

Las modificaciones que no supongan revisión del Plan serán aprobadas por la Consejería competente en materia de transportes a propuesta, en su caso, del Consorcio de Transporte Metropolitano».

«1. La competencia para la imposición de las sanciones por incumplimiento de lo dispuesto en esta ley respecto a los servicios urbanos de taxi, de arrendamiento de vehículos con conductor y de autobuses, corresponderá al municipio en que se haya prestado el servicio.»

La modificación del artículo 21 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, se aplicará a los Planes de Transporte Metropolitano que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de este Decreto-ley, en los que no será preceptivo recabar informe al órgano colegiado en materia de ordenación del territorio».

«1. La vigencia de las licencias de autotaxi quedará condicionada a la constatación cuatrienal por parte del Ayuntamiento, o ente que asuma sus funciones en esta materia, del mantenimiento de las condiciones que originariamente justificaron su otorgamiento y que constituyen requisitos para su validez y de aquellos otros que, aun no siendo exigidos originariamente, resulten, asimismo, de obligado cumplimiento.»

«1. En los casos de accidente, avería, enfermedad o cualquier circunstancia que impida la continuidad en la prestación del servicio, el órgano municipal competente procederá a suspender la licencia y a su anotación en el Registro Municipal por un plazo máximo de veinticuatro meses, previa comunicación de la persona interesada.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, la persona titular podrá solicitar al Ayuntamiento, o ente que ejerza sus funciones en esta materia, la contratación de personas asalariadas o autónomas colaboradoras en los términos del artículo 38.»

1. El órgano municipal competente declarará suspendida temporalmente la licencia y procederá a su anotación en el registro municipal, previa comunicación por la persona titular que deberá cumplir con los demás requisitos exigidos.

El tiempo máximo en que la licencia podrá estar en suspenso será de cinco años.

Transcurrido dicho plazo sin reanudar la actividad, el municipio procederá a declarar caducada la licencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.

2. No se podrá prestar servicio alguno de autotaxi en tanto la licencia que habilite para ello esté en situación de suspensión, debiendo proceder al inicio de la misma a desmontar del vehículo afecto al servicio el aparato taxímetro y los indicadores luminosos, a eliminar todos los elementos identificadores del vehículo como dedicado al servicio público y a entregar en depósito el original de la licencia al órgano municipal correspondiente y acreditar el pase del vehículo a uso privado mediante la presentación del permiso de circulación.»

1. Los municipios, o entes que ejerzan sus funciones en esta materia, deberán llevar un registro de las licencias concedidas por orden consecutivo sin vacíos ni saltos, en el que se irán anotando las diferentes incidencias relativas a su titularidad, vehículos afectos a las mismas, infracciones cometidas y sanciones impuestas, así como cualquier otra que figure en las Ordenanzas que rijan el servicio de taxi.»

«1. La modificación de las características de un vehículo que pueda afectar a las exigidas de conformidad con lo establecido en el artículo 31 precisará de la declaración responsable del titular de la licencia en el que manifieste que dicha modificación se ajusta a los requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de industria y tráfico.»

«2. Independientemente de la revisión prevista en el apartado anterior, los vehículos afectos al servicio deberán pasar una revista anual, ante los servicios municipales competentes, cuya finalidad será la comprobación del estado del vehículo y demás elementos exigidos por la Ordenanza o reglamentación respectiva, y la constatación de los datos de la documentación relativa al mismo, su titular y conductores o conductoras, contrastando esta información con la que figure en el Registro Municipal previsto en el artículo 23. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de poder realizar en cualquier momento, revisiones extraordinarias o inspecciones periódicas.»

Con sujeción a la legislación vigente en materia de publicidad, tráfico y seguridad vial, las personas titulares de las licencias podrán contratar y colocar anuncios publicitarios tanto en el interior como en el exterior del vehículo siempre que se conserve la estética de éste y no impidan la visibilidad o generen peligro. Para ello, será suficiente presentar una declaración responsable ante la Administración local competente indicando el cumplimiento de la normativa específica vigente sobre la materia»

«4. El servicio del taxi podrá contratarse a través del teléfono u otros sistemas tecnológicos alternativos. En todo caso, se preverán mecanismos para permitir su utilización por personas con discapacidad sensorial auditiva, tales como telefax, correo electrónico, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería a teléfonos móviles.

Todas las emisoras de radio y los sistemas de telecomunicación que se utilicen para la concertación del servicio del taxi deberán comunicar al órgano municipal competente a través de declaración responsable el inicio de la actividad en su ámbito territorial, indicando el cumplimiento de lo dispuesto en la correspondiente ordenanza municipal y en la normativa vigente que les resulte de aplicación. En todo caso, el mantenimiento de la actividad estará condicionado al cumplimiento de la garantía de libertad de asociación de las personas titulares de licencia y a la cobertura del servicio, en su caso, de manera ininterrumpida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54.7.

A efectos de control, el órgano municipal competente podrá requerir de forma periódica, a la emisora o plataforma intermediaria, toda la información necesaria relativa a los servicios solicitados por los usuarios para comprobar la correcta prestación del servicio de acuerdo con lo establecido en las ordenanzas».

1. Las personas físicas o jurídicas, sean o no titulares del derecho de propiedad o de cualesquiera otros derechos reales sobre el suelo o bienes inmuebles, intervienen en la ordenación territorial y urbanística en la forma y en los términos de las disposiciones de la presente Ley y de las normas e instrumentos que la complementan o desarrollan, así como de la legislación sectorial aplicable en la materia.

c) Contratar con entidades privadas debidamente habilitadas que se constituyan en entidades urbanísticas certificadoras, con el mismo alcance y funciones que los previstos en el párrafo b). Reglamentariamente se establecerán sus requisitos de habilitación, registro y garantía, debiendo esta última adoptar la forma de seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria.

3. Las tareas de colaboración de los colegios profesionales y las entidades urbanísticas certificadoras podrán consistir en:

a) Verificar los requisitos de integridad documental, suficiencia e idoneidad de los proyectos y la documentación correspondientes a la licencia o declaración responsable, exigidos por la normativa aplicable.

b) Comprobar que los proyectos y la documentación técnica cumplen la normativa técnica aplicable.

c) Comprobar que los proyectos y la documentación técnica cumplen la legislación urbanística y el planeamiento de aplicación.

d) Verificar la adecuación de la ejecución de las obras a la licencia o a la declaración responsable.

e) Colaborar en la realización de actuaciones relacionadas con el control del cumplimiento del deber de conservación.

4. Los colegios profesionales y las entidades urbanísticas certificadoras podrán actuar a instancia de persona interesada o del municipio en los medios de intervención administrativa sobre la actividad de edificación, en los términos que se establezcan reglamentariamente. En ningún caso su intervención será preceptiva.

5. Los informes, certificados o actas que emitan los colegios profesionales y las entidades urbanísticas certificadoras se incorporarán al correspondiente expediente administrativo y serán tenidos en cuenta en la resolución de los procedimientos, sin perjuicio de la verificación y control que en el ejercicio de sus potestades corresponde a la Administración.

Las Ordenanzas municipales podrán prever que el informe o certificado pueda surtir efectos equiparables al informe técnico en los procedimientos de intervención administrativa sobre la actividad de edificación, en los términos establecidos reglamentariamente.

6. Las Administraciones Públicas con competencias en la ordenación territorial y urbanística, en el marco de lo previsto en la legislación de régimen jurídico del sector público, podrán suscribir con cualesquiera personas, públicas o privadas, sean o no titulares del derecho de propiedad o de cualesquiera otros derechos reales sobre los terrenos afectados, convenios al objeto de colaborar y desarrollar de manera más eficaz la actividad territorial y urbanística. Los convenios podrán ser, en función de su objeto:

a) Convenios urbanísticos de planeamiento para la preparación o iniciación de los instrumentos de ordenación y acuerdos para la más eficaz tramitación de los mismos.

b) Convenios urbanísticos de ejecución para establecer los términos y las condiciones de la gestión y la ejecución del planeamiento en vigor en el momento de la celebración del convenio.

c) Convenios de actuaciones territoriales para la formulación, así como para establecer los términos y condiciones de la gestión y la ejecución, de las actuaciones propuestas en los instrumentos de ordenación territorial y de las declaraciones de interés autonómico.

7. Estos convenios tendrán, a todos los efectos, carácter jurídico administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la normativa básica del Estado. Su negociación, tramitación, celebración, cumplimiento y extinción se regirán por los principios de transparencia y publicidad, y por las siguientes reglas:

1.ª Sólo tendrán el efecto de vincular a las partes para la iniciativa y tramitación del pertinente procedimiento sobre la base del acuerdo respecto de la oportunidad, conveniencia y posibilidad de concretas soluciones de ordenación. En ningún caso vincularán a las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus potestades.

2.ª La cesión del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración Pública competente en materia de urbanismo se integrará en el respectivo patrimonio público de suelo.

En los casos previstos en esta Ley, en los que la cesión del aprovechamiento urbanístico se realice mediante permuta o por el pago de cantidad sustitutoria en metálico, el convenio incluirá la valoración de estos aprovechamientos realizada por los servicios de la Administración.

3.ª Cuantas otras aportaciones económicas que se realicen en virtud del convenio, cualquiera que sea el concepto al que obedezcan, deberán, igualmente, integrarse en el patrimonio público de suelo de la Administración que lo perciba, salvo que tengan por objeto asumir gastos de urbanización.

4.ª Los convenios que vayan a ser suscritos por la Administración competente deberán ser sometidos al trámite de información pública, de conformidad con lo dispuesto en la normativa básica estatal.

5.ª El acuerdo de aprobación del convenio, que al menos identificará a los otorgantes y señalará su ámbito, objeto y plazo de vigencia, será publicado tras su firma por la Administración Pública competente en materia de Urbanismo conforme al artículo 83.2 de esta Ley. Dicho acuerdo, junto con el convenio, se incluirá en un registro público de carácter administrativo.

8. Cuando los convenios urbanísticos de planeamiento contemplen entre sus estipulaciones la percepción a favor de la Administración de cantidad económica, se estará a lo dispuesto en las siguientes reglas:

1.ª Si la percepción deriva de la sustitución en metálico de los terrenos donde se localice el aprovechamiento urbanístico que corresponda a la Administración en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas, esta no podrá exigirse ni efectuarse hasta la aprobación del instrumento de planeamiento en el que se justifique dicha sustitución en metálico.

2.ª Cuando las aportaciones económicas que se contemplen tengan por objeto sufragar gastos de urbanización asumidos en virtud de dichos convenios, estas no podrán exigirse ni efectuarse hasta que haya quedado delimitada la correspondiente unidad de ejecución y aprobado el instrumento que contenga la ordenación detallada.

3.ª Cualquier cantidad anticipada que se entregue antes de las aprobaciones referidas tendrán la consideración de depósitos constituidos ante la caja de la Administración actuante.

Estos depósitos quedan sujetos al cumplimiento de dichos convenios y no se podrá disponer de los mismos hasta la aprobación del correspondiente instrumento de planeamiento o de la delimitación de la unidad de ejecución.»

«1. Se consideran actuaciones de mejora urbana, sobre una parcela o conjunto de parcelas, aquellas que, en suelo urbano, tienen por objeto el aumento de edificabilidad, del número de viviendas o el cambio de uso o tipología, cuando precisen nuevas dotaciones públicas, generales o locales, o cuando impliquen un incremento del aprovechamiento urbanístico, que no conlleven la necesidad de reforma o renovación de la urbanización.

Reglamentariamente se podrá establecer en qué casos un aumento de edificabilidad o número de viviendas o cambio de uso o tipología precisará nuevas dotaciones públicas.»

«4. Los instrumentos que establezcan la ordenación urbanística detallada respetarán los criterios que, respecto a estándares y reservas dotacionales, establezcan los instrumentos de ordenación general, de conformidad con lo que se disponga reglamentariamente, propiciando una aplicación flexible de usos.

Con el objeto de mitigar los efectos del cambio climático y de garantizar el esparcimiento de la ciudadanía, se destinará a zonas verdes como mínimo un diez por ciento de la superficie de los ámbitos en los que se delimite una actuación de transformación urbanística de nueva urbanización o de reforma interior. Reglamentariamente podrá modularse este porcentaje para determinados municipios en un porcentaje superior o inferior en función de las características territoriales y naturales en los que se ubican y para determinadas actuaciones de reforma interior en las que no resulte posible la localización de la reserva o la misma no tenga entidad suficiente para integrase en la red de espacios libres del municipio.»

Las Normas Directoras tienen por objeto contribuir a la correcta integración de la actividad urbanística a esta Ley y a las normas que la desarrollen, pudiendo contener Recomendaciones de carácter indicativo y orientativo, así como Directrices para la acción municipal en materia de urbanismo.

Cuando las Normas Directoras tengan por objeto regular el contenido documental de los instrumentos de ordenación urbanística, al objeto de garantizar los objetivos del sistema de información territorial y urbanística establecidos en el artículo 11, podrán contener normas, directrices y recomendaciones.

Sus determinaciones se desarrollarán reglamentariamente.»

«b) Emitir informe preceptivo en los instrumentos de ordenación urbanística. Este informe será vinculante en los instrumentos de ordenación urbanística general y en aquellos que en ausencia de estos o por no estar previstos en ellos delimiten actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización o ámbitos de Hábitat Rural Diseminado. En los planes básicos de ordenación municipal y en los planes de ordenación intermunicipal que contengan determinaciones de ordenación urbanística detallada, el informe sólo será vinculante en lo relativo a las determinaciones de ordenación urbanística general.

El informe, cuyo contenido se regulará reglamentariamente, se emitirá en el plazo máximo de tres meses. No podrá aprobarse ningún instrumento que contenga determinaciones contrarias al contenido de dicho informe, cuando este sea vinculante.»

«1. A los efectos de garantizar la publicidad de los instrumentos, existirá en los municipios y en la Consejería con competencias en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo un registro administrativo donde se deben depositar todos los instrumentos de ordenación urbanística. A estos efectos, en el plazo de un mes desde su aprobación definitiva, los Ayuntamientos deberán remitir a la Consejería correspondiente los documentos completos de dichos instrumentos, así como la documentación electrónica normalizada necesaria para su incorporación al sistema de información territorial y urbanística conforme a las Normas Directoras que regulen su normalización. Dicho registro será accesible a través de la sede electrónica de ambas Administraciones, quienes adoptarán las medidas necesarias que garanticen a la ciudadanía la consulta de la documentación depositada y la obtención de copias. Las copias de los documentos expedidas por el registro acreditarán el contenido de los instrumentos de ordenación urbanística a todos los efectos.

El depósito de los instrumentos de ordenación urbanística será condición legal indispensable para la publicación prevista en el artículo 83.»

«1. La innovación de los instrumentos de ordenación urbanística se podrá llevar a cabo mediante su revisión o modificación. Reglamentariamente, se modulará la documentación y procedimiento que hayan de observarse en la innovación de los instrumentos de ordenación urbanística.

En todo caso, la nueva ordenación deberá fundarse en la mejora del bienestar de la población y en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad urbanística. En relación con las dotaciones públicas de espacios libres y zonas verdes, deberá basarse en el mantenimiento de las dotaciones ya obtenidas conforme al planeamiento vigente y en la mejora del nivel dotacional cuando sea necesario conforme a los criterios que se establezcan reglamentariamente.»

«1. El proyecto de urbanización es un proyecto técnico de obras que tiene por finalidad llevar a la práctica las actuaciones de reforma interior o de nueva urbanización, así como las actuaciones para mejorar o completar la urbanización, en su caso, materializando las previsiones y determinaciones de los instrumentos de ordenación urbanística, sin que pueda contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo o de la edificación.

El proyecto de urbanización podrá delimitar y modificar las fases establecidas en los instrumentos de ordenación para la recepción parcial de la urbanización. Las fases definidas constituirán unidades funcionales autónomas de forma que doten de todos los servicios a parcelas concretas y ordenen la eventual secuencia de la puesta en servicio de todas ellas, incluidas las dotaciones, garantizando la viabilidad del conjunto del proceso de ejecución urbanística.

También podrá aprobarse la delimitación o modificación de las fases de urbanización por la Administración actuante, de oficio o a instancia de los interesados en su ejecución. El procedimiento requerirá de un trámite de información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial correspondiente y en el portal web de la Administración actuante, por un plazo mínimo de veinte días, y de un trámite simultáneo de audiencia a las personas propietarias afectadas. El plazo máximo para resolver el procedimiento será de tres meses, desde la adopción del acuerdo por el que se somete a información pública cuando se inicie de oficio, o desde la presentación de la solicitud en el registro electrónico de la Administración competente cuando se inicie a solicitud de interesado. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin haberse acordado resolución expresa sobre la aprobación producirá la caducidad del procedimiento. En los procedimientos iniciados a solicitud de interesado la falta de notificación de la resolución expresa dentro del plazo máximo indicado legitima al interesado para entenderla aprobada por silencio administrativo. El acuerdo de aprobación de la delimitación o modificación de las fases podrá habilitar la ejecución de las obras provisionales que aseguren la independencia funcional de las fases.»

«2. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de recepción de las obras de urbanización y sus efectos, los supuestos en los que será admisible la recepción parcial por fases cuando se justifique su funcionalidad autónoma, según lo establecido en el correspondiente instrumento de ordenación urbanística, en el proyecto de urbanización o por el procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 96, así como el régimen de garantías que se establezcan.»

«g) La demolición total o parcial de construcciones o edificaciones, siempre que no estén sujetas a un régimen de protección por la legislación de patrimonio histórico, por los instrumentos de ordenación territorial o por los instrumentos de ordenación urbanística, o que no estén incluidas en el entorno o en el ámbito delimitado de un bien protegido.

h) Los movimientos de tierras y explanaciones en suelo urbano que no se encuentre en una Zona Arqueológica o de Servidumbre Arqueológica y que sean independientes de proyectos de urbanización, edificación o construcción, en cuyo caso seguirán el régimen previsto para estos.»

«3. Sin perjuicio de la regulación que, en el marco de sus competencias, puedan establecer los municipios mediante las correspondientes ordenanzas, en el procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas deberá constar un informe técnico y otro jurídico de los servicios municipales, o en su caso de la Diputación Provincial, sobre la adecuación del acto pretendido a la normativa territorial y urbanística de aplicación, debiendo el titular de la Secretaría del Ayuntamiento advertir de la omisión de alguno de ellos en los términos previstos en la normativa de régimen local.

Cuando así se establezca en la ordenanza municipal, el informe técnico que emitan los colegios profesionales o las entidades urbanísticas certificadoras podrá surtir efectos equiparables al informe técnico de los servicios municipales conforme a lo previsto en el artículo 9.

Igualmente, deberán constar en el procedimiento las autorizaciones o informes que la legislación sectorial o la presente Ley exijan con carácter previo al otorgamiento de licencia y, en su caso, la autorización o concesión de ocupación o utilización del dominio público. Asimismo, en toda solicitud de licencia y en la resolución de su concesión deberá constar debidamente georreferenciada la actuación de que se trate, expresando, en su caso, las coordenadas UTM de la superficie a ocupar por las edificaciones o del perímetro de cada una de las fincas resultantes de la actuación pretendida».

«1. Cuando se haya presentado una declaración responsable o comunicación previa y la Administración entienda que la actuación declarada es contraria a la ordenación territorial o urbanística, procederá conforme a las siguientes reglas:

a) Si las actuaciones no se hubieran iniciado, no será necesario tramitar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad. En este caso, será suficiente la resolución que declare la ineficacia de la declaración responsable o comunicación previa, lo que determinará la imposibilidad de iniciar la actuación pretendida.

b) Si las actuaciones estuvieran iniciadas, en curso o finalizadas, además de declarar la ineficacia de la declaración responsable o comunicación, la Administración:

1.ª Previos informes técnico y jurídico, incoará de oficio procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, que incluirá al menos audiencia al interesado y cuya resolución deberá notificarse en el plazo de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio.

2.ª En el acto de incoación, como medida provisional, ordenará la inmediata paralización de la actuación, así como, en su caso, la interrupción de los suministros básicos, y las demás medidas que resulten imprescindibles. Tales medidas podrán acordarse antes de iniciar el procedimiento, de conformidad con lo previsto en la normativa de procedimiento administrativo común.

3.ª En la resolución que ponga fin al procedimiento se ordenarán las medidas necesarias para adecuar lo ejecutado a la ordenación territorial y urbanística.

4.ª Serán de aplicación los artículos 153 y 154.»

«4. La Comunidad Autónoma podrá impugnar e instar la suspensión de los actos o acuerdos municipales que considere que infringen el ordenamiento jurídico conforme a lo previsto en la legislación estatal.

Así mismo, podrá instar ante las Entidades Locales la revisión de oficio de los actos urbanísticos nulos de pleno derecho, mediante petición razonada, así como impugnar la desestimación de las solicitudes que hubiera instado».

A efectos de habilitar la ocupación y utilización de edificaciones ejecutadas de forma simultánea a la urbanización que cuente con proyecto de urbanización aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, podrán recepcionarse parcialmente, previo informe técnico de los servicios municipales, las obras que conformen un ámbito directamente utilizable, aunque no constituya una fase de urbanización en los instrumentos de planeamiento y gestión correspondientes.

El ámbito directamente utilizable deberá fundamentarse en un mejor desarrollo del proceso de gestión urbanística y deberá contar con las infraestructuras y servicios necesarios conectados a las redes generales para que las parcelas correspondientes cuenten con la condición de solar.

La garantía constituida con motivo del otorgamiento de la licencia de obras de edificación simultánea a las obras de urbanización continuará respondiendo de los restantes gastos de urbanización de la unidad de ejecución o ámbito de actuación, manteniéndose las obligaciones de la persona responsable de su ejecución. El transcurso de los plazos de ejecución o el impago de las cuotas de urbanización correspondientes habilitará a la incautación por parte del municipio de la garantía prestada, sin perjuicio de la facultad que asiste al municipio de dirigirse contra el sujeto responsable en caso de que la garantía no resultase suficiente.»

1. Las Entidades Urbanísticas Certificadoras son entidades privadas de carácter técnico, con personalidad jurídica propia que podrán colaborar con las Administraciones Públicas en el desarrollo de las actuaciones previstas en el artículo 9 de la Ley.

La colaboración con las Administraciones Públicas se instrumentalizará a través de la celebración de contratos con éstas, de conformidad con los principios de publicidad y transparencia, de acuerdo con la legislación de contratos del sector público, así como a través de convenios de colaboración.

2. Las Entidades Urbanísticas Certificadoras podrán actuar a instancia de persona interesada en los procedimientos de intervención administrativa sobre la actividad de edificación en los mismos términos del apartado 2 del artículo 10.

3. Las Entidades Urbanísticas Certificadoras deberán inscribirse en el Registro de Entidades Urbanísticas Certificadoras de Andalucía que a tales efectos se crea en el artículo 16.»

«m) Abstenerse de informar cuando se dé alguna de las causas de abstención y recusación previstas en la legislación en materia de régimen jurídico del sector público.»

1. Conforme al artículo 9.5 de la Ley, los informes, certificados o actas que emitan los colegios profesionales y las entidades urbanísticas certificadoras se incorporarán al correspondiente expediente administrativo y serán tenidos en cuenta en la resolución de los procedimientos, sin perjuicio de la verificación y control que en el ejercicio de sus potestades corresponde a la administración.

2. Mediante ordenanza municipal se podrá prever que el informe o certificado emitido por las entidades urbanísticas certificadoras y los colegios profesionales en los procedimientos de intervención administrativa sobre la actividad de edificación surta efectos equiparables al informe técnico de los servicios municipales.

La ordenanza municipal podrá delimitar aquellas zonas del municipio a las que se podrá aplicar el régimen de los informes de las entidades urbanísticas certificadoras y los colegios profesionales, así como los tipos de actos urbanísticos sujetos a intervención administrativa sobre los que podrá operar.»

«b) Serán necesarias nuevas dotaciones públicas cuando así lo determine el instrumento que establezca su ordenación detallada, conforme a las directrices para la intervención en la ciudad existente establecidas en el Plan Básico de Ordenación Municipal y el Plan de Ordenación Urbana y a lo establecido en el artículo 82. Se presumirá que, en un área homogénea, un aumento de la edificabilidad o del número de viviendas o un cambio de uso o tipología no precisa nuevas dotaciones públicas cuando de ello no se derive un aumento de la edificabilidad superior al diez por ciento o un incremento de la población superior al veinte por ciento en su ámbito.»

«3. En relación con la dotación de sistemas generales de espacios libres y zonas verdes, los instrumentos de ordenación urbanística general deberán, al menos, mantener el estándar existente en el municipio, debiendo, en todo caso, alcanzar una dotación mínima de:

a) 5 m² por habitante en los municipios de menos de 10.000 habitantes.

b) 7 m² por habitante en los municipios de entre 10.000 y 100.000 habitantes.

c) 10 m² por habitante en los municipios de más de 100.000 habitantes.

La superficie mínima de dotación de sistema general de espacios libres y zonas verdes podrá reducirse justificadamente en un 50%, salvo que el instrumento de ordenación territorial disponga otra regulación, en municipios de menos de 5.000 habitantes y en aquellos cuyo término municipal tenga suelo rústico especialmente protegido por legislación sectorial y/o preservado por la ordenación territorial o urbanística en un porcentaje superior al 75% de su superficie y disponga de características adecuadas para cumplir su función ambiental y de esparcimiento de la población.

Los instrumentos de ordenación urbanística detallada establecerán la reserva para sistemas generales de acuerdo con las previsiones que, en su caso, hayan establecido los instrumentos de ordenación urbanística general.»

«5. En los ámbitos de actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano, los instrumentos de ordenación urbanística detallada deberán, en el marco de lo establecido en el Plan de Ordenación Urbana o Plan Básico de Ordenación Municipal, reservar las dotaciones locales para equipamientos comunitarios básicos y para espacios libres y zonas verdes que se demanden en base al incremento de población o de edificabilidad, teniendo en cuenta el nivel dotacional objetivo de la zona donde se ubica y los deberes que para dichas actuaciones se establecen en el artículo 49.

Se presumirá que en una actuación de transformación urbanística en suelo urbano no se precisan nuevas dotaciones públicas, locales o generales, cuando de la nueva ordenación no se derive, en su ámbito, un aumento de la edificabilidad superior al diez por ciento o un incremento de población superior al veinte por ciento.»

«8. Conforme al artículo 61.4 de la ley, los instrumentos que establezcan la ordenación detallada de las actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización y de reforma interior, en el marco de las directrices establecidas por los planes generales de ordenación municipal, los planes básicos de ordenación municipal o los planes de ordenación urbana, reservarán como mínimo un diez por ciento de la superficie de sus ámbitos para su destino a zonas verdes, con el objeto de mitigar los efectos del cambio climático y de garantizar el esparcimiento de la ciudadanía. Esta superficie podrá formar parte de las reservas dotacionales, tanto públicas como privadas, establecidas en los apartados 3, 5 y 6 de este artículo, y deberá estar dotada de vegetación, presentar una superficie permeable y desarrollar funciones ambientales (ecológicas, mitigación del cambio climático, etc.) además de las propias de su calificación urbanística. Esta superficie podrá modularse por los instrumentos de ordenación urbanística conforme a los siguientes criterios:

a) Excepcionalmente, y de forma justificada, la reserva de zonas verdes se podrá reducir hasta el cinco por ciento en los siguientes casos:

a.1) Actuaciones de transformación urbanística en los núcleos de población integrados en espacios naturales protegidos o con terrenos forestales que cumplan con las condiciones ambientales exigidas en la Ley y el Reglamento.

a.2) Actuaciones de reforma interior integradas en zonas de suelo urbano donde el espacio verde urbano sea superior al veinticinco por ciento de la superficie de la zona.

b) La reserva de zonas verdes se podrá aumentar hasta un quince por ciento en actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización cuando la superficie de espacio verde urbano no alcance el veinticinco por ciento de la superficie del suelo urbano.

c) Excepcionalmente, y de forma justificada, podrá suprimirse esta reserva en las actuaciones de transformación urbanística de reforma interior en las que las zonas verdes no tengan entidad suficiente, debido a las condiciones de tamaño y forma del ámbito, al grado de consolidación por la edificación o a la incompatibilidad de esta reserva con el cumplimiento de los objetivos específicos de ordenación de la actuación.»

«c) Regular la elaboración de la documentación de los diferentes instrumentos de ordenación urbanística, de modo que se permita, entre otras cuestiones:

1.º Facilitar, mediante directrices o recomendaciones, la comprensión unívoca de la terminología territorial y urbanística, a través de la aprobación de un glosario de términos técnicos de uso en los instrumentos de ordenación.

2.º La normalización de la documentación electrónica de los instrumentos, mediante normas, directrices o recomendaciones, con objeto de unificar la estructura, codificación, nomenclatura y leyendas a utilizar en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y de garantizar su inclusión en el sistema de información territorial y urbanística de Andalucía para la difusión, interoperabilidad, reutilización, transparencia y fácil comprensión de sus contenidos.»

«2. El informe tiene carácter vinculante en los procedimientos de aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística general; de los planes parciales de ordenación de actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización, cuyas propuestas de delimitación no estuvieran contenidas en el instrumento de ordenación urbanística general; y de los planes especiales de ordenación de ámbitos de hábitat rural diseminado, cuando su ámbito no estuviera delimitado en el instrumento de ordenación urbanística general o en ausencia de éste. En los planes básicos de ordenación municipal y en los planes de ordenación intermunicipal que contengan determinaciones de ordenación urbanística detallada, el informe sólo será vinculante en lo relativo a las determinaciones de ordenación urbanística general.»

«1. El instrumento de ordenación urbanística aprobado definitivamente será depositado en los registros administrativos regulados en el artículo 5 para garantizar su publicidad. A estos efectos, los Ayuntamientos solicitarán a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo el depósito del instrumento de ordenación urbanística en el registro autonómico, adjuntando a la solicitud una copia diligenciada del documento aprobado definitivamente, el certificado del acuerdo correspondiente y la documentación digital normalizada necesaria para su incorporación al sistema de información territorial y urbanística regulado en el artículo 11 de la Ley y conforme a las Normas Directoras que regulen la normalización de los instrumentos de ordenación urbanística.»

«2. El proyecto de urbanización podrá delimitar y modificar las fases establecidas en los instrumentos de ordenación para la recepción parcial de la urbanización, sin perjuicio de la posibilidad de efectuar dichas operaciones a través del procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 96 de la Ley. Las fases definidas constituirán unidades funcionales autónomas de forma que doten de todos los servicios a parcelas concretas y ordenen la eventual secuencia de la puesta en servicio de todas ellas, incluidas las dotaciones, garantizando la viabilidad del conjunto del proceso de ejecución urbanística. Para asegurar el acceso a los servicios y dotaciones podrá considerarse la preexistencia y accesibilidad a dotaciones, equipamientos o servicios de la trama urbana.»

1. Los proyectos de urbanización se aprobarán por la Administración actuante conforme a lo establecido en este Reglamento y, en su caso, a las particularidades que dispongan las Ordenanzas Municipales, previo informe de los órganos correspondientes de las Administraciones sectoriales cuando sea preceptivo.

2. En la fase de redacción del proyecto de urbanización se podrá solicitar información a las compañías suministradoras de los servicios, debiendo las mismas aportar cuantos datos resulten necesarios para la redacción del proyecto. Cuando la información se solicite a compañías en sectores sujetos a la competencia, podrán ser consultadas las que vengan prestando servicios en el municipio.

3. El procedimiento de aprobación del proyecto de urbanización se iniciará mediante solicitud dirigida a la Administración actuante acompañada de la documentación relacionada en el artículo 191. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que así lo declare.

4. Los servicios técnicos y jurídicos de la Administración actuante, o en su defecto, los correspondientes de la Diputación Provincial, de conformidad con lo previsto en la normativa de régimen local, en la forma y casos en que lo determine una norma provincial, deberán emitir los correspondientes informes técnico y jurídico. Si del contenido de dichos informes resultasen deficiencias subsanables, se requerirá al solicitante por una sola vez, con indicación de las deficiencias detectadas, para que, en plazo no superior a un mes, pueda subsanarlas. En el requerimiento se indicará que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución, conforme a las normas reguladoras del procedimiento administrativo común. Cuando las deficiencias no afecten a la compatibilidad con el instrumento de ordenación urbanística, podrá procederse a la admisión a trámite del proyecto de urbanización sin perjuicio de su subsanación en el plazo indicado.

5. Admitido a trámite el proyecto de urbanización por el órgano de la Administración actuante competente se requerirá trámite de información pública de forma simultánea a la notificación a los propietarios y demás interesados del ámbito por plazo mínimo de veinte días, mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial correspondiente y en el portal web de la Administración actuante. El citado anuncio deberá indicar expresamente lo recogido en el artículo 8.2. Durante la información pública se solicitarán los informes sectoriales previstos legalmente como preceptivos, o cuando el instrumento urbanístico hubiera establecido motivadamente esa condición. También se realizará consulta a las compañías suministradoras sobre la adecuación técnica del proyecto a las condiciones informadas y recogidas en el instrumento de ordenación.

6. Transcurrido un mes desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración actuante sin que sea notificada la admisión a trámite del proyecto de urbanización o los informes técnico y jurídico solicitando la subsanación de deficiencias, la persona interesada podrá instar la información pública.

7. Cuando el proyecto de urbanización deba someterse a calificación ambiental conforme a la legislación ambiental, ésta se integrará en el procedimiento de aprobación de dicho proyecto. A tales efectos, se realizarán de forma conjunta y coordinada los requerimientos de subsanación, los informes técnicos del Ayuntamiento, los trámites de información pública y la resolución de las alegaciones presentadas.

8. Cuando el proyecto de urbanización deba someterse a autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, conforme a la legislación ambiental, con la solicitud que inicie el procedimiento de aprobación del proyecto de urbanización se entenderá solicitado el informe de compatibilidad con el instrumento de ordenación urbanística requerido en el procedimiento de autorización ambiental. Los informes previstos en el apartado 4 se pronunciarán expresamente sobre la compatibilidad con el instrumento de ordenación urbanística requerido en el procedimiento de autorización ambiental. El proyecto técnico que cuente con informe de compatibilidad urbanística se acompañará a la solicitud de la autorización ambiental junto al estudio ambiental correspondiente y resto de documentación exigida. Con la solicitud de la autorización ambiental unificada se suspenderá el plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento de aprobación del proyecto de urbanización hasta la resolución de dicha autorización.

En este caso, los trámites de información pública y de informes previstos legalmente como preceptivos en la instrucción del procedimiento de autorización ambiental y de aprobación del proyecto de urbanización se podrán llevar a cabo de manera simultánea. Dichos trámites también se podrán llevar a cabo de manera conjunta y coordinada por las Administraciones competentes, respetando los plazos de información pública que se establecen en la legislación ambiental.

9. El plazo máximo en el que deberá notificarse la resolución expresa de aprobación del proyecto de urbanización será de tres meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración actuante. El plazo se podrá suspender en los casos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común, incluidos los siguientes:

a) Plazos para la subsanación de deficiencias en la solicitud.

b) Plazos para la concesión de autorizaciones o emisión de informes preceptivos conforme a la normativa urbanística o a la legislación sectorial.

La falta de notificación de la resolución dentro del plazo indicado tendrá efecto estimatorio, salvo que se haya emitido algún informe vinculante en sentido desfavorable»

«5. Recibida la solicitud de recepción de las obras, el municipio realizará las actuaciones de comprobación sobre las obras y emitirá los correspondientes informes, que deberán notificarse a la persona solicitante. A la vista de los informes el municipio procederá:

a) En caso de conformidad con las obras ejecutadas, designará una persona representante para que asista al acto de firma de la recepción de las obras mediante el levantamiento de acta de recepción, para lo cual fijará fecha citando al mismo, a la persona solicitante que deberá acompañarse del facultativo encargado de la dirección de las obras.

Se podrá proceder a la recepción con reservas de las obras cuando no existan deficiencias sustanciales que afecten a la funcionalidad del acceso peatonal y rodado o a los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, telecomunicaciones, alumbrado y suministro de energía eléctrica. El municipio detallará y valorará en un informe las deficiencias y requerirá su subsanación en un plazo no superior a seis meses, que se computará a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, quedando el responsable de la ejecución obligado a prestar una garantía por el valor de las obras incrementado en un diez por ciento, mediante cualquiera de los mecanismos previstos en la legislación de contratos del sector público. El transcurso del plazo sin que se hayan subsanado las deficiencias facultará al municipio para la incautación de la garantía prestada, sin perjuicio de la facultad que le asiste de dirigirse contra dicha persona en caso de que la garantía no resultase suficiente.

b) En caso de que existan deficiencias respecto del instrumento de ordenación urbanística correspondiente o del proyecto autorizado que legitime las obras, por defectos en las obras o por falta de conclusión, distintos a los recogidos en el apartado a), el municipio detallará en el referido informe dichas deficiencias y requerirá a la persona solicitante su subsanación, otorgando de forma motivada un plazo al efecto, que será de seis meses, en su defecto. El plazo se computará a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, transcurrido el cual sin que se hayan subsanado los defectos se entenderá que se desiste de la solicitud de recepción de las obras de urbanización.

Una vez atendidos los requerimientos de subsanación de los apartados a) y b) anteriores, la persona solicitante lo comunicará al municipio junto a certificación expedida por la dirección facultativa. El municipio volverá a realizar las actuaciones de comprobación y emisión de los correspondientes informes procediendo conforme a lo previsto en este apartado.»

1. La ejecución de las obras de urbanización de la unidad de ejecución, ámbito de actuación o, en su caso, de las fases de urbanización definidas, será previa o simultánea a la edificación cuando el instrumento de ordenación urbanística prevea la nueva urbanización de terrenos o la reforma, renovación, mejora o rehabilitación de la urbanización existente, así como cuando los servicios con los que cuenten sean insuficientes o inadecuados.

2. No podrá concederse licencia municipal de obras, ni surtirán efectos las declaraciones responsables, sin la acreditación del cumplimiento de los siguientes requisitos para poder llevar a cabo la edificación de forma simultánea a la ejecución de las obras de urbanización:

a) Firmeza en vía administrativa del instrumento de equidistribución entre los propietarios de la unidad de ejecución de los beneficios y las cargas derivados de la ordenación urbanística, cuando dicha distribución resulte necesaria.

b) Aprobación del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución o ámbito de actuación.

c) La previsibilidad, apreciada por el municipio en función del estado real de las obras de urbanización, de que al tiempo de la terminación de la edificación la parcela estará dotada con los servicios precisos para que adquiera la condición de solar. Esta apreciación se llevará a cabo en base a las certificaciones de obra ejecutada suscritas por la dirección facultativa. El estado real de las obras podrá estar referido a una fase concreta de la urbanización cuando así se haya establecido.

d) Que la persona promotora de las obras de edificación simultáneas a las de urbanización asegure la finalización de las obras de urbanización pendientes de ejecución en la unidad de ejecución o ámbito de actuación, bien mediante el pago de los gastos de urbanización previstos, bien mediante la constitución de una garantía a disposición de la Administración actuante por alguna de las formas admitidas en la legislación de contratos del sector público. También podrá constituirse mediante hipoteca sobre cualquier finca ubicada dentro o fuera de la unidad de ejecución, conforme a lo establecido en la legislación hipotecaria.

La cuantía del pago, garantía o hipoteca, sobre la base de la certificación de obras emitida por la dirección facultativa, cubrirá el importe de los gastos de urbanización pendientes de ejecución que a la parcela correspondan en la unidad de ejecución o ámbito de actuación, incrementados en un diez por ciento, al objeto de hacer frente a posibles incrementos que resulten de su regularización en la liquidación definitiva.

e) Asunción expresa y formal por el propietario del compromiso de no ocupación ni utilización de la construcción, edificación e instalación hasta la completa terminación de las obras de urbanización y el funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios, así como del compromiso de consignación de esta condición con idéntico contenido en cuantos negocios jurídicos realice con terceros, que impliquen traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la construcción, edificación e instalación o partes de estas. La completa terminación de las obras de urbanización podrá estar referida a la correspondiente fase según lo previsto en el artículo 197.

3. No podrá concederse licencia municipal, ni causarán efectos las declaraciones responsables, de utilización u ocupación hasta que no estén recepcionadas las obras de urbanización en su totalidad o de la fase correspondiente.

4. La Administración actuante podrá ir liberando la garantía prevista en la letra d) del apartado 2 en proporción a lo ejecutado, conforme a las certificaciones de obra emitidas por la dirección facultativa. En todo caso, deberá liberar la parte proporcional de la garantía constituida una vez recibidas las obras de urbanización de la correspondiente fase. Para liberar la parte proporcional de la garantía podrá procederse a la actualización de la cuenta de liquidación provisional.

La Administración actuante deberá liberar la totalidad de la garantía una vez recepcionadas las obras de urbanización de la unidad de ejecución o ámbito de actuación, sin necesidad de transcurrir el plazo del año de garantía de las obras. El incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras de urbanización pendientes faculta a la Administración actuante para ejecutar la garantía mencionada.

5. El incumplimiento por el responsable de la ejecución de las obligaciones de urbanización provocará la incautación por parte del municipio de la garantía prestada, sin perjuicio de la facultad que asiste al municipio de dirigirse contra dicha persona, en caso de que la garantía no resultase suficiente para atender a las responsabilidades expuestas.»

«g) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes en suelo urbano que se destinen a la instalación de aprovechamiento térmico de energías renovables en viviendas, la instalación de autoconsumo eléctrico con energías renovables de hasta 500 kW, y la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, excepto en edificaciones del patrimonio histórico-artístico con la categoría de bien de interés cultural.»

«l) La demolición total o parcial de construcciones o edificaciones, siempre que no estén sujetas a un régimen de protección por la legislación de patrimonio histórico, por los instrumentos de ordenación territorial o por los instrumentos de ordenación urbanística, o que no estén incluidas en el entorno o en el ámbito establecido de un bien protegido.

m) Los movimientos de tierras y explanaciones en suelo urbano que no se encuentre en una Zona Arqueológica o de Servidumbre Arqueológica y que sean independientes de proyectos de urbanización, edificación o construcción, en cuyo caso seguirán el régimen previsto para estos.»

«2. A la solicitud se acompañarán, además, la documentación, autorizaciones e informes que la legislación sectorial o la normativa territorial y urbanística aplicables exijan con carácter previo al otorgamiento de licencia y, en su caso, la autorización o concesión de ocupación o utilización del dominio público, sin que pueda otorgarse la licencia condicionada a su futura obtención. Los Ayuntamientos no podrán conceder licencia sin la aportación previa de las autorizaciones, concesiones e informes sectoriales preceptivos que deban otorgar otras Administraciones Públicas.

Igualmente, la solicitud de licencia se podrá acompañar del informe técnico de conformidad emitido por el colegio profesional o la entidad urbanística certificadora cuando así esté previsto en la ordenanza municipal conforme al artículo 15.2.»

«1. Los servicios técnicos y jurídicos municipales o, en su defecto, los correspondientes de la Diputación Provincial de conformidad con lo previsto en la normativa de régimen local y en la forma y casos regulados por las correspondientes normas provinciales, deberán emitir un informe técnico y otro jurídico previos a la propuesta de resolución, pronunciándose sobre la conformidad de la solicitud de licencia a la normativa territorial y urbanística en los términos señalados en el artículo 288.

El informe técnico deberá comprobar la adecuación de la actuación a la ordenación territorial y urbanística aplicable y comprobar que se ha presentado la totalidad de la documentación exigible, según lo dispuesto en la normativa territorial y urbanística y la legislación sectorial aplicable.

Cuando las ordenanzas municipales prevean que el informe técnico emitido por un colegio profesional o una entidad urbanística certificadora surta efectos equiparables al informe técnico municipal, el mismo podrá ser emitido a instancia de la Administración o bien voluntariamente a instancia de la persona interesada, que lo presentará junto con la solicitud de licencia, y será tenido en cuenta en la resolución del procedimiento, sin perjuicio de las facultades de verificación y control que en el ejercicio de sus potestades corresponden a la Administración.

El informe jurídico, que en todo caso será emitido por los servicios municipales, contendrá una enumeración de hechos, la relación de disposiciones legales aplicables y un análisis jurídico sobre la conformidad a la legalidad de la actuación que se pretende, así como sobre la adecuación del procedimiento, y verificará la existencia del informe técnico. Este informe podrá contener la propuesta de resolución.»

«3. Cuando las obras o usos pudieran ser compatibles con la ordenación vigente, junto al trámite de audiencia previsto en el apartado 2 anterior, se requerirá al interesado para que inste la legalización en el plazo de dos meses, ampliable por una sola vez hasta un máximo de dos meses en atención a la complejidad de la actuación, mediante la solicitud del correspondiente título administrativo o proceda a ajustar las obras o usos al título habilitante en el plazo previsto en el mismo.

Con el requerimiento que instara la legalización se acordará la suspensión del plazo legal para resolver el procedimiento de restablecimiento por el tiempo que medie entre su notificación y el del plazo concedido.

Dicha suspensión se prolongará hasta la resolución del procedimiento de legalización en el caso de que el interesado instare la legalización o, en su caso, ajustare las obras o usos al título o presupuesto habilitante.

El requerimiento de legalización podrá incluir las medidas provisionales precisas para garantizar la protección de la legalidad territorial o urbanística, sin perjuicio de las medidas que, en su caso, ya se hubieran adoptado.»

1. La presentación de una declaración responsable o comunicación previa determinará la obligación por parte del Ayuntamiento de realizar las actividades de control pertinentes.

2. Cuando una declaración responsable o comunicación previa presente datos o documentación incompletos o tuviesen cualquier otra deficiencia de carácter no esencial y cuya corrección se estime necesaria, se requerirá a la persona interesada su subsanación en plazo de diez días, sin perjuicio de continuar con las actuaciones de control sobre el objeto de esta. La no subsanación en el plazo establecido determinará la imposibilidad de iniciar o continuar con la actuación, quedando sin efectos la declaración responsable presentada.

3. Cuando la declaración responsable o comunicación previa presente inexactitudes, falsedades u omisiones esenciales, el Ayuntamiento ordenará su presentación correcta en el plazo de diez días, determinará la ineficacia de la misma, la imposibilidad de iniciar o continuar con la actuación y, en su caso, ordenará las medidas que estime oportunas para la protección de los intereses públicos.

Se entenderá por inexactitudes, falsedades u omisiones esenciales aquellas relativas a manifestaciones obligatorias que impidan o pretendan eludir el control de la Administración, contengan falta de correspondencia con la realidad o ausencia de datos o documentos que sean determinantes para comprobar el cumplimiento de los requisitos normativos a los que estuviese sometida la actuación, y las que carezcan de alguna autorización o informe administrativo previo exigido por la legislación sectorial.

La presentación correcta y la efectiva subsanación de las declaraciones o comunicaciones, acompañada de la documentación preceptiva conforme a la legislación vigente, facultará para realizar la actuación pretendida.

4. Cuando concurran elementos de juicio o datos suficientes para entender que la actuación en curso o ejecutada es contraria a la ordenación territorial o urbanística, se procederá directamente a declarar la ineficacia de la declaración responsable o comunicación previa y a iniciar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad, sin necesidad de efectuar el requerimiento de subsanación. La declaración de ineficacia de la declaración responsable o comunicación determinará la imposibilidad de iniciar o continuar con la actuación. Motivadamente, el Ayuntamiento podrá excluir de la imposibilidad de iniciar o continuar aquellas partes de la actuación que sí sean manifiestamente compatibles con la ordenación territorial y urbanística.

5. En el caso de que la actuación incompatible con la ordenación aún no se hubiese iniciado ni tampoco se hubiese ejecutado acto alguno, no será necesario tramitar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad al que se refiere el artículo 370, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. En este caso, será suficiente la resolución que declare la ineficacia de la declaración responsable o comunicación previa, lo que determinará la imposibilidad de iniciar la actuación afectada.

6. En el caso de declaraciones responsables que habiliten la ocupación o utilización de edificaciones o instalaciones que incumplan los requisitos necesarios para el uso previsto, la Administración deberá adoptar las medidas necesarias para el cese de la ocupación o utilización declarada. Si no adopta dichas medidas en el plazo de seis meses desde la fecha en que la declaración haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente, será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena fe por la omisión de tales medidas. La Administración podrá repercutir en el sujeto obligado a la presentación de la declaración responsable el importe de tales perjuicios.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la Administración puede realizar en cualquier momento las actuaciones de comprobación, inspección y control que sean necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos normativos a los que estuviese sometida la actuación. La inactividad de la Administración no implicará la subsanación de los defectos o irregularidades que presente la actuación objeto de declaración.»

«b) En cuanto a las reservas y estándares dotacionales correspondientes, serán los que resulten de aplicar los criterios del artículo 82, con las siguientes particularidades:

Las reservas de dotaciones locales para equipamientos comunitarios básicos y para espacios libres y zonas verdes irán referidas al nivel dotacional existente de la zona de suelo urbano en la que se integre la actuación de transformación urbanística, calculado conforme a los criterios de este Reglamento. En caso de que el instrumento de planeamiento general no haya definido zonas de suelo urbano, el instrumento que establezca la ordenación urbanística detallada identificará un ámbito equivalente de suelo urbano de acuerdo con los criterios de este Reglamento a lo meros efectos del cálculo del nivel dotacional existente. Este cálculo será de aplicación para posteriores actuaciones de transformación urbanística en la misma zona de suelo urbano o ámbito equivalente.

Las reservas de dotaciones pertenecientes a los sistemas generales de espacios libres y zonas verdes se establecerán en proporción al incremento de población que se derive de la actuación para mantener, al menos, el estándar existente.

A estas actuaciones les será de aplicación lo establecido en el segundo párrafo del apartado 5 del artículo 82.»

«21. Nivel dotacional de una zona de suelo urbano: Relación entre la superficie de dominio público destinado a sistema local de espacios libres y zonas verdes y de equipamientos comunitarios básicos y a dotaciones privadas análogas que sean computables conforme al artículo 82, expresada en metros cuadrados de suelo, dividida por el número de habitantes o por la superficie total edificable lucrativa asignada por el instrumento de ordenación urbanística en la zona de suelo urbano, expresada en metros cuadrados de techo.

El nivel dotacional existente es aquel que caracteriza a una zona de suelo urbano y estará referido al sistema local de dotaciones del párrafo anterior que forme parte del dominio público y al que se haya ejecutado y se encuentre en uso si es de carácter privado. El nivel dotacional objetivo es aquel que pretende alcanzar el instrumento de ordenación urbanística en la zona de suelo urbano a través de las actuaciones urbanísticas y de transformación urbanística que se ejecuten a lo largo de su vigencia.

El nivel dotacional municipal se define como la media ponderada de los niveles dotacionales de todas las zonas de suelo urbano del municipio definidas por los instrumentos de ordenación urbanística.»

«e) Informar sobre la incidencia territorial de los instrumentos de planeamiento general y sus innovaciones que afecten a la ordenación estructural, cuya aprobación definitiva corresponda a la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional segunda de la citada Ley y la Disposición adicional octava de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.»

«b) Informar sobre la incidencia territorial de los instrumentos de planeamiento general y sus innovaciones que afecten a la ordenación estructural cuya aprobación definitiva corresponda a las Comisiones Territoriales de Ordenación del Territorio y Urbanismo, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional segunda de la referida Ley y la Disposición Adicional octava de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.»

En los procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación urbanística, así como de sus innovaciones, cuando ésta proceda de acuerdo con la normativa ambiental, corresponderá la instrucción de la evaluación ambiental estratégica y la formulación de la declaración ambiental estratégica o del informe ambiental estratégico, según el caso, a las Delegaciones Territoriales con competencias en materia de medio ambiente.

1. Las viviendas y alojamientos protegidos se destinan a unidades familiares cuyos ingresos anuales no superen 3,00 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en el caso de viviendas protegidas de régimen especial; 4,00 veces el IPREM para las viviendas protegidas de régimen general, y 5,50 veces el IPREM en las viviendas protegidas de precio limitado, y cumplan los requisitos establecidos en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, y en el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

No obstante, lo anterior, en el caso establecido en el artículo 11.10 del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, aprobado por el Decreto 1/2012, de 10 de enero, se amplía el límite de ingresos a 5,50 veces el IPREM para las viviendas protegidas de régimen general y a 7,00 veces el IPREM en las viviendas protegidas de precio limitado.

2. Los alojamientos transitorios a los que se refiere el artículo 20 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, se destinarán a personas en riesgo o situación de exclusión social, debidamente acreditada mediante los correspondientes servicios sociales comunitarios. Podrán tener también el carácter de equipamiento los alojamientos transitorios destinados a personas de especial protección de las definidas en el artículo 5 de este Decreto, siempre que cuenten con el correspondiente programa de actuación a que se refiere el citado artículo 20.5 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, y de conformidad con lo establecido por la normativa urbanística que corresponda.»

1. El módulo básico para la determinación del precio de referencia se fija en 870 euros por metro cuadrado útil de vivienda, pudiendo modificarse este importe por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda, en función de la evolución de los precios de la vivienda.

El señalado importe se actualizará anualmente aplicando la variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC), correspondiente al último trimestre del año anterior, publicado por el Instituto Nacional de Estadística. El módulo actualizado se publicará a través del Portal de la Junta de Andalucía.

2. Se establece un módulo ponderado, que será el resultado de multiplicar el módulo básico por el coeficiente territorial reflejado en el Anexo V de este Decreto.

3. Los coeficientes territoriales deberán ser revisados cada dos años, pudiendo modificarse, en su caso, mediante orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda.»

Los precios máximos aplicables se determinarán en el momento de la formalización del correspondiente contrato, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a) El precio máximo de la primera transmisión del pleno dominio de la vivienda es el precio de referencia determinado en el artículo 20. Para segundas y posteriores transmisiones se atenderá a lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) La renta máxima anual en caso de alquiler se determina como el 4,5 por ciento del precio de referencia.

c) Si en el contrato de arrendamiento se pacta una opción de compra a favor del arrendatario, la renta máxima anual será el 5 por ciento del precio de referencia.

d) El precio máximo de transmisión de viviendas promovidas sobre un derecho de superficie o sobre las que se haya establecido una cesión del uso se calcula en base a la siguiente fórmula:

0,8 x precio de referencia x t/75, siendo t el número de años que restan de uso.

Este importe será el máximo en caso de que la contraprestación a percibir por la cesión del uso o el derecho de superficie se contemple en un único pago. En el caso de que la contraprestación se realice mediante pagos anuales, el importe máximo a percibir no podrá superar el establecido para el caso de arrendamiento.»

1. Destinatarios.

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, según lo previsto en el artículo anterior, titulares de edificios de elevado interés arquitectónico, estén o no incluidos dentro del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

2. Requisitos y ejecución.

a) La Consejería competente en materia de vivienda, en base al Inventario de edificios de interés arquitectónico de propiedad pública de carácter local en Andalucía, elaborará un Documento de Planificación y Prioridades de Intervención en el Patrimonio Público Edificado de interés arquitectónico de carácter local.

b) Las actuaciones serán seleccionadas por el órgano directivo en materia de vivienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme al Documento de Planificación y Prioridades de Intervención en el Patrimonio Público Edificado.

c) En el caso de las actuaciones comprendidas en el apartado 1 del artículo anterior, la ejecución de las mismas podrá corresponder a la Consejería competente en materia de vivienda a través de la concesión de una subvención en especie, o a la entidad titular del edificio a través de la concesión de una subvención dineraria, en los términos que se establezcan en la normativa de desarrollo del presente Plan.

d) La ejecución de las actuaciones definidas en el apartado 2 del artículo anterior, que hayan recibido la ayuda que se determine, corresponderá a la entidad titular del mismo por sus propios medios y en los términos que disponga la orden de la Consejería competente en materia de vivienda que desarrolle el programa, la cual podrá concertar convenios con las entidades titulares de los edificios, a los efectos de regular las condiciones de las ayudas y las medidas de impacto en la ciudadanía.

3. Ayudas.

a) Por orden de la Consejería competente en materia de vivienda, una vez elaborado el Documento de Planificación y Prioridades de Intervención en el Patrimonio Público Edificado de interés arquitectónico de carácter local, se desarrollará el presente programa mediante bases reguladoras, que deberán aprobarse en el plazo de seis meses a partir de la elaboración del referido Documento.

b) Las bases reguladoras podrán establecer líneas de ayuda para la fase de redacción de documentos técnicos y/o para la fase de ejecución de obras, de manera separada o conjunta.

c) Las entidades titulares de los edificios objeto de las actuaciones habrán de contemplar en su solicitud las medidas que hayan previsto para que la actuación de rehabilitación tenga un impacto en la sociedad, manteniendo o ampliando el conocimiento, acceso público de la ciudadanía al edificio en cuestión y la disposición al uso público total o parcial del mismo.

d) La financiación de las actuaciones podrá complementarse con financiación de otras Administraciones y agentes intervinientes.

e) Como parte de la financiación de este programa se utilizará el importe de la partida equivalente al menos al 1 por ciento de la inversión cultural contemplada en el artículo 84 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, que corresponda a la Consejería competente en materia de vivienda, cumpliendo así con el compromiso de la inversión en Patrimonio Cultural. Para ello se podrán establecer acuerdos con la Consejería competente en materia de cultura y patrimonio histórico.

4. Colaboración y concertación.

La gestión de las presentes ayudas podrá encomendarse, mediante la concertación del oportuno convenio, a las entidades colaboradoras a que se refiere el artículo 12, y por el procedimiento que en el mismo se describe.

5. Ámbito territorial.

Todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.»

b) En caso de que alguna de las personas integrantes de la unidad familiar esté incluida en alguno de los grupos de especial protección, se aplicará el coeficiente 0,90, pudiendo acumularse por la pertenencia a más de un grupo, pero no acumularse por el número de los miembros que cumplan el mismo requisito.

c) En los municipios incluidos en los grupos 1, 2 y 3 del Anexo V se aplicará a los ingresos el coeficiente 0,86.»

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», salvo lo relativo a las modificaciones incluidas por el artículo 120 del presente Decreto-ley, que introduce modificaciones en el artículo 19, apartado 1, en el artículo 21 y en el apartado 4 de la disposición adicional primera que entrarán en vigor en el plazo de tres meses desde su publicación, con independencia del tiempo que resulte necesario para desarrollar o actualizar las aplicaciones informáticas afectadas por las medidas reguladas en los referidos preceptos.

«5. Los requisitos exigibles para acceder a la vivienda deberán cumplirse y se verificarán en el curso del procedimiento de la selección de las personas adjudicatarias por el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, que emitirá la acreditación a que se refiere el artículo 11.5 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. Tras la suscripción de los correspondientes contratos, los datos de los mismos deberán ser comunicados a la Delegación Territorial mediante declaración responsable de conformidad con lo expresado en los artículos 18, 19 y 22 en un plazo de seis meses desde la fecha de la acreditación.

En el caso de que haya transcurrido el plazo anterior sin presentación de la declaración responsable, el titular de la promoción deberá solicitar del Registro Público Municipal de Demandante de Vivienda Protegida una nueva acreditación conforme a lo señalado en el artículo 11.5 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida.

Si se detectara el incumplimiento de los requisitos en el momento de la nueva verificación, quedará sin efecto la adjudicación realizada.»

1. En el plazo de seis meses como máximo desde la acreditación prevista en el artículo 11.5 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, y de cinco días hábiles como máximo desde su suscripción, el titular de la promoción de viviendas protegidas destinadas al alquiler, remitirá a las respectivas Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en la materia, declaración responsable con los datos relevantes de los contratos de arrendamiento que haya suscrito, ajustándose al modelo que se aprobará al efecto, y con el siguiente contenido mínimo:

a) Identificación de la vivienda y su localización.

b) Identificación de las personas arrendadora y arrendataria.

c) Fecha del contrato.

d) Cuantía de la fianza depositada.

e) Renta establecida en contrato.

2. A dicha declaración responsable se acompañará acreditación del cumplimiento por la persona arrendataria de los requisitos exigidos para el acceso a la vivienda protegida de acuerdo con lo previsto para el correspondiente programa, expedida por el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. Asimismo, deberá acompañarse justificante del depósito de fianza de arrendamiento o en su defecto autorización para su consulta.

3. Los datos declarados deben ser fiel reflejo de los consignados en los contratos aportados en la declaración responsable, pudiéndose, en caso contrario, dejarse sin efecto la misma y exigirse las responsabilidades administrativas que procedan y, en su caso, la resolución del contrato.»

1. Los segundos o posteriores contratos de arrendamiento de viviendas protegidas estarán sujetos a los requisitos de adjudicación a través del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, destino, renta máxima e ingresos económicos y resto de requisitos de la persona destinataria previstos en este reglamento y en el plan de vivienda vigente en el momento de su formalización.

Tendrán derecho preferente al arrendamiento de una vivienda las personas que ya fuesen titulares del arrendamiento de la misma, siempre que cumplan los requisitos de acceso. En este caso, y a los efectos de selección de las personas destinatarias, no se entenderá adjudicación de vivienda los nuevos contratos que en su caso se formalicen.

2. Los contratos deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 17 y deberán ser comunicados sus datos básicos a las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de vivienda en los términos previstos en el artículo 18, mediante declaración responsable suscrita por el arrendatario y el arrendador.»

1. En el plazo de seis meses como máximo desde la acreditación prevista en el artículo 11.5 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, y de cinco días hábiles como máximo desde su suscripción, el titular de la promoción de viviendas protegidas en compraventa, remitirá a las respectivas Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en la materia, declaración responsable con los datos relevantes de los contratos de compraventa que haya suscrito, ajustándose al modelo que se aprobará al efecto, y con el siguiente contenido mínimo:

a) Identificación de la vivienda y su localización.

b) Identificación de las personas promotora y adjudicataria.

c) Fecha del contrato.

d) Cantidades exigidas a cuenta o en concepto de reserva, en su caso.

e) Precio.

2. A dicha declaración responsable se acompañará acreditación del cumplimiento por la persona compradora de los requisitos exigidos para el acceso a la vivienda protegida de acuerdo con lo previsto para el correspondiente programa, expedida por el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

3. En el caso de que el contrato contemple la percepción de cantidades a cuenta del precio final de la vivienda, deberá presentarse además copia del documento que acredite la garantía referida e individualizada a las cantidades que han de ser anticipadas a cuenta del precio, conforme a lo establecido en el artículo 23.

4. Cuando la persona compradora haya accedido previamente a la vivienda mediante un contrato de arrendamiento o arrendamiento con opción a compra autorizado por la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda, no tendrá que acreditar los requisitos de acceso a la vivienda protegida, salvo la no disposición de otra vivienda conforme al artículo 5.3.

5. Cuando se trate de contratos de adjudicación de viviendas en cooperativa se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 12.6.

6. Los datos declarados deben ser fiel reflejo de los consignados en los contratos aportados en la declaración responsable, pudiendo, en caso contrario, dejar sin efecto la misma y exigirse las responsabilidades administrativas que procedan y, en su caso, la resolución del contrato.»

Las personas promotoras de viviendas protegidas que pretendan percibir de las personas destinatarias cantidades a cuenta del precio total deberán cumplir las condiciones y requisitos establecidos en la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, salvo que, atendiendo a su personalidad jurídica, no resulte exigible en aplicación de lo establecido en su artículo 1.3.»

1. La persona promotora hará entrega de la vivienda a la destinataria, elevando a escritura pública el contrato privado, en el plazo máximo de tres meses, al que se refiere el artículo 14.1.b) o en el plazo que resulte de su prórroga.

2. Las notarías verificarán la presentación por el interesado de la declaración responsable ante la Delegación Territorial, que los datos consignados en la misma coinciden con los datos del contrato de compraventa suscrito, y que no han transcurrido más de seis meses entre la fecha de la acreditación del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y la presentación de la declaración responsable.

La persona promotora deberá presentar copia autenticada de la calificación definitiva, que se adjuntará a la escritura pública, en la que se hará constar la fecha de la calificación definitiva, el plazo de duración del régimen legal de protección y, en su caso, los requisitos de la persona destinataria y de la vivienda para proceder a su descalificación antes de que transcurra el plazo legal de protección.

3. Al objeto de poder comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, las Notarías deberán remitir copia a la Delegación Territorial competente en materia de vivienda las escrituras públicas de compraventa o adjudicación en primera transmisión en la forma prevista en el artículo 5 del Decreto por el que se aprueba este Reglamento.»

1. Se crea la Agencia del Alquiler de Andalucía como un instrumento en materia de política de fomento del alquiler de viviendas y cuyas funciones son la coordinación y la negociación entre las Administraciones Públicas con competencia en la materia, así como la coordinación de las Agencias de Fomento del Alquiler.

2. La Agencia del Alquiler de Andalucía se constituye como órgano administrativo de la Consejería competente en materia de vivienda, estará dirigida por una persona nombrada por la persona titular de la Consejería mencionada y asistida por su personal.

Disposición adicional segunda. 
Referencias a los visados de los contratos de vivienda protegida.

A partir de la entrada en vigor del artículo 121 del presente Decreto-ley, que introduce modificaciones en los artículos 12, 18, 19, 22, 23 y 24 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio, las referencias hechas a los visados de los contratos de vivienda protegida de primera adjudicación en venta o arrendamiento y segundos o sucesivos contratos de arrendamiento suscritos por el titular de la promoción, contenidas en la normativa de aplicación en dicha materia, se entenderán realizadas a la declaración responsable regulada en los artículos 18, 19 y 22 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio.»

El presente Decreto, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo lo dispuesto en el artículo 121 del presente Decreto-ley, que introduce modificaciones en los artículos 12, 18, 19, 22, 23 y 24 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio, que entrará en vigor en el plazo de tres meses desde su publicación, con independencia del tiempo que resulte necesario para desarrollar o actualizar las aplicaciones informáticas afectadas por las medidas reguladas en los referidos preceptos.»

«n) Ayudas económicas de un solo pago, dirigidas a cubrir necesidades básicas de personas físicas con bajo nivel de ingresos y patrimonio con un límite máximo de un veinticinco por ciento de la cuantía del IPREM anual vigente».

«1. Podrán solicitar la ayuda complementaria al Ingreso Mínimo Vital las unidades familiares que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que la unidad familiar sea beneficiaria de Ingreso Mínimo Vital o Ayuda para la infancia en el ejercicio corriente, y que la cuantía concedida en concepto de Ingreso Mínimo Vital y Ayuda para la infancia sea igual o inferior al importe mensual que corresponda con la cuantía mensual máxima vigente del complemento de ayuda para la infancia para un menor.»

«2. Una vez concedida la Ayuda Complementaria del Ingreso Mínimo Vital, no se podrá volver a solicitar otra hasta transcurrido doce meses desde la fecha de la solicitud de la misma.

No se admitirá ninguna nueva solicitud de esta ayuda complementaria de una misma unidad familiar o persona beneficiaria, mientras otra anterior esté pendiente de resolución».

«1. En el marco de lo establecido en los artículos 2, 3, 6 y 7 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas y el artículo 4 del Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas se procede a prorrogar la vigencia de todos los títulos de familia numerosa cuya renovación haya sido solicitada por llegar el título a la fecha fin de vigencia, entre 1 de marzo de 2022 y 31 de diciembre de 2022, mediante los mecanismos establecidos en el artículo 4 del Decreto 172/2020, de 13 de octubre, y estén pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de este Decreto-ley, entendiendo que les es de aplicación lo establecido en el artículo 8 decreto 172/2020, de 13 de octubre, respecto de la declaración responsable. Las nuevas fechas de validez serán comunicadas mediante la correspondiente notificación de la resolución que emita el órgano competente para resolver, conforme a los siguientes criterios, sin perjuicio de lo establecido en el apartado tercero de esta disposición transitoria, y de la potestad de la Administración de revisión de sus propios actos:

a) Todos los títulos cuya solicitud de renovación responda al cumplimiento de 21 años de alguno de los hijos o hijas serán renovados hasta los 25 años de éstos o estas.

b) El resto de las solicitudes de renovación serán resueltas prorrogando dos años el título de familia numerosa, que serán contados desde el día siguiente a aquel en que cumpliera su vigencia el título cuya renovación se solicita, cuando esta solicitud se haya presentado dentro de los tres meses anteriores al vencimiento del título o desde la fecha de solicitud si esta se ha presentado fuera del citado plazo.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 en ningún caso será de aplicación a las solicitudes de modificación del título de familia numerosa motivadas por cambios en la unidad familiar cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 7.2 del Decreto 172/2020, de 13 de octubre, que habrán de ser comunicadas a la Administración dentro del plazo de tres meses desde que se produzca la causa de modificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

3. En virtud de lo expuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, en los casos en que durante el periodo de vigencia otorgado mediante la prórroga que regula este Decreto-ley se produjeran circunstancias que dieran lugar a la modificación o extinción del título de familia numerosa, las personas que forman parte de las unidades familiares a las que se haya reconocido el título están obligadas a comunicar a la Administración competente, en el plazo máximo de tres meses, cualquier variación que se produzca en su familia a efectos de modificar o extinguir el mismo. La no comunicación a la Administración competente en el periodo indicado constituye infracción leve, susceptible de ser sancionada conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre.

4. De acuerdo con el artículo 13.1 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, la tramitación electrónica de las actuaciones administrativas previstas en el apartado 1 podrá llevarse a cabo de manera automatizada de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, y con el artículo 40 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

5. La persona titular del órgano directivo con competencias en materia de familias autorizará las actuaciones administrativas automatizadas conforme a lo establecido en el artículo 13.2 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo».

«3. El Instituto Andaluz de la Juventud se estructura en los siguientes órganos de dirección:

a) La Presidencia, que corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de juventud.

b) La Dirección General, que será nombrada por Decreto del Consejo de Gobierno y ostentará la representación ordinaria del Instituto, ejerciendo las funciones de dirección, control y supervisión de las actividades y programas.

c) La Subdirección, que será nombrada por la Presidencia del Instituto y ejercerá las funciones de coordinación de las líneas generales de actuación del Instituto, sustituyendo a la persona titular de la Dirección General en casos de ausencia, vacante o enfermedad, y, además, todas aquellas otras funciones que expresamente le encomiende la persona que ostente la dirección del Instituto dentro de sus atribuciones».

«g) A dar instrucciones previas para situaciones futuras en las que pudiera necesitar apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica respecto a la asistencia o cuidados que se le puedan procurar.»

«d) Ser asistida en el ejercicio de su capacidad jurídica, en los casos en que por resolución judicial la medida de apoyo corresponda a una fundación o persona jurídica sin ánimo de lucro por no haberse podido designar una persona física, familiar o allegado, u otra persona jurídica sin ánimo de lucro que tuviera relación con la persona apoyada.»

«f) Participar en el proceso de toma de decisiones sobre su situación personal y familiar, así como a dar o denegar su consentimiento en relación con una determinada intervención. Este consentimiento deberá ser otorgado siempre por escrito cuando la intervención implique ingreso en un servicio de alojamiento o en un centro residencial. En el caso de personas necesitadas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica o personas menores de edad, se estará a lo que resulte de la correspondiente resolución judicial o administrativa, o las medidas voluntarias que hubiera constituido, según corresponda. Igualmente, se deberá oír a sus guardadores de hecho, en su caso.»

«a) Al ejercicio de la libertad individual para el ingreso, la permanencia y la salida del establecimiento, con las limitaciones establecidas en la legislación vigente para las personas menores de edad, las necesitadas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica o incursas en medidas judiciales de internamiento.»

«2. Las personas menores de edad, así como sus padres, madres o quienes ejerzan la tutela y las personas necesitadas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, tendrán los deberes que establezca la legislación vigente.»

«2. Corresponden al Consejo de Servicios Sociales de Andalucía las siguientes funciones:

a) Emitir informes previos y facultativos sobre los anteproyectos de ley y de decretos del Consejo de Gobierno en materia de servicios sociales, los instrumentos de planificación, el Plan Estratégico de Servicios Sociales, el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía y el Mapa de Servicios Sociales, así como sobre sus cambios y modificaciones».

«3. El acceso a los servicios sociales especializados se producirá por derivación de los servicios sociales comunitarios, a excepción de las situaciones de urgencia social que requieran su atención inmediata en este nivel de complejidad.

Al servicio social especializado de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica se accederá mediante la resolución judicial que establezca el cargo de apoyo, que deberá ser aceptado por la entidad designada por la Administración.

«4. El Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales se mantendrá actualizado de forma permanente, incorporando al mismo nuevas prestaciones en respuesta a las necesidades cambiantes en la población y el entorno. En todo caso, deberá ser revisado cada tres años. Asimismo, se podrán retirar o modificar, motivadamente, prestaciones existentes en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales cuando la disponibilidad de evidencias surgidas de la evaluación de resultados así lo aconseje, previo informe facultativo del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía cuando se trate de prestaciones garantizadas».

«2.f) La protección jurídica y social de las personas menores de edad en situación de desamparo, así como de las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, cuando por resolución judicial, la medida de apoyo corresponda a una fundación o persona jurídica sin ánimo de lucro por no haberse podido designar una persona física, familiar o allegado, u otra persona jurídica sin ánimo de lucro que tuviera relación con la persona apoyada.»

«3.b) Actuaciones de las entidades de titularidad pública, de las entidades de la iniciativa social y de las entidades privadas autorizadas en materia de protección de menores, de atención a las familias, de personas con discapacidad, personas en situación de dependencia, de personas mayores y aquellas personas en situación de vulnerabilidad social o exclusión social, así como aquellas actuaciones para la protección jurídica y social de las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica.»

«3. Sus funciones, sin menoscabo de las que tienen atribuidas el Consejo Andaluz de Concertación Local o el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, serán:

a) Coordinar acciones contempladas en los planes que impliquen la movilización conjunta de servicios o recursos de ambas Administraciones.

b) Coordinar aspectos de desarrollo y trabajo profesional, en los centros y servicios sociales de Andalucía, en el ámbito de competencias de cada una de las Administraciones.

c) Y, en general, fomentar la cooperación, información recíproca y coordinación entre la Administración autonómica y la local en materia de servicios sociales con la finalidad de alcanzar los fines y objetivos que se determinan en la presente ley.»

«1. En el ejercicio de las competencias de coordinación del Sistema Público de Servicios Sociales, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de servicios sociales y tras el informe facultativo del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía, acordará la formulación y aprobará el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la finalidad de programar, con la periodicidad que se determine en el mismo, las prestaciones, servicios, programas y otras actuaciones necesarias para cumplir los objetivos del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía».

«1. Transcurrido el plazo previsto reglamentariamente para resolver y notificar sobre las solicitudes presentadas, para la obtención de las autorizaciones definitivas y acreditaciones administrativas, sin haberse notificado la resolución expresa correspondiente, las personas interesadas podrán entender estimadas sus solicitudes».

«2. Excepcionalmente, en ausencia de entidades de iniciativa social que cumplan las condiciones establecidas en esta ley, las administraciones públicas podrán concertar con entidades privadas con ánimo de lucro, salvo en el caso del servicio social de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica que deberá en todo caso ser prestado por una fundación o persona jurídica sin ánimo de lucro, entre cuyos fines figure la promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad.»

«5. En el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales se determinarán las prestaciones que estarán exentas de aportación por parte de las personas usuarias, entre las que se encontrarán, en todo caso, las prestaciones de servicios de información, valoración, orientación, diagnóstico y asesoramiento, tanto en el nivel primario como en el especializado; la elaboración del Proyecto de Intervención Social; protección jurídica y social de menores de edad en situación de riesgo o desamparo; prestaciones económicas específicas y directas orientadas a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social; la protección y amparo a las personas víctimas de violencia de género o trata, así como, en su caso, su unidad de convivencia; el reconocimiento de la situación de discapacidad, determinando su tipo y grado; el tratamiento integral para las personas con problemas de drogodependencia y otras adicciones, así como cualquier otra que reglamentariamente se determine.

Para la determinación de la aportación por parte de las personas usuarias al servicio de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, cuando por resolución judicial, la medida de apoyo corresponda a una fundación o persona jurídica sin ánimo de lucro por no haberse podido designar una persona física, familiar o allegado, u otra persona jurídica sin ánimo de lucro que tuviera relación con la persona apoyada, se estará a lo dispuesto en el Código Civil.»

«a) Respecto a los derechos de las personas usuarias:

1.º Dificultar o impedir el ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

2.º Tratar de forma discriminatoria a las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía por razón de edad, nacimiento, raza, sexo, religión, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

3.º Vulnerar la dignidad o la intimidad de las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía.

4.º Generar daños o situaciones de riesgo para la integridad física o psíquica de las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía.

5.º Vulnerar el derecho a que sea respetada la confidencialidad en la recogida y tratamiento de los datos de las personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía, de acuerdo con la normativa en materia de protección de datos.

6.º Impedir o dificultar el derecho a recibir, en términos comprensibles y accesibles, información completa y continuada relacionada con su situación de personas usuarias del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía.

7.º Dificultar o impedir el derecho de una persona usuaria del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía a ser advertida de que los procedimientos que se le apliquen pueden ser utilizados para un proyecto docente o de investigación.

8.º Dificultar o impedir a una persona usuaria del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía, el derecho a decidir sobre la protección de su persona o bienes.

9.º Realizar actuaciones que dificulten o impidan el derecho a decidir libremente sobre el ingreso en un centro residencial, la permanencia en el mismo por voluntad propia o cesar en la utilización de los servicios, salvo lo establecido al efecto por la legislación vigente para menores y personas con discapacidad necesitadas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.

10.º Dificultar o impedir el ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en caso de internamientos involuntarios.

11.º Dificultar o impedir el derecho al ejercicio de sus derechos patrimoniales.

12.º Dificultar o impedir el inicio de las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en las disposiciones vigentes en materia de servicios sociales.

13.º Dificultar o impedir el derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, en cualquiera de los ámbitos de desarrollo y aplicación de la presente ley.

14.º Llevar a cabo coacciones, amenazas, represalias o cualquier otra forma de presión sobre las personas usuarias de los servicios sociales y sus familias.

15.º Realizar actos que limiten el derecho a mantener relaciones interpersonales o que obstaculicen el derecho a recibir visitas.

16.º Vulnerar los derechos legalmente reconocidos a las personas usuarias de los servicios residenciales referidos a la disposición y conocimiento del reglamento de régimen interno del servicio, a la existencia de un sistema de recepción y resolución de quejas y sugerencias y a la comunicación del precio del servicio.

d) Respecto a las condiciones materiales y funcionales de los centros.

13.º No comunicar a la autoridad judicial o administrativa competente, por parte de la dirección del centro, cuando sea exigible, el ingreso o salida de los centros de servicios sociales de las personas usuarias, o no dar inmediata cuenta de la necesidad de establecer una medida de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica de modo urgente.»

«2. Estas entidades de apoyo garantizarán el acercamiento a la persona y su entorno, procurando su inclusión social, así como la máxima recuperación posible de sus capacidades. Igualmente, deberán garantizar el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona apoyada quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones.

3. Se garantiza la gratuidad del acceso a la protección jurídica y social que prestan las fundaciones o entidades de apoyo sin ánimo de lucro. La aportación de las personas usuarias para retribuir los servicios de apoyo de dichas fundaciones o entidades se determinará judicialmente en los términos previstos por el Código Civil.»

1. La solicitud habrá de presentarse conforme al modelo del Anexo I. Este incluye los datos básicos de la solicitud, la información relativa a la composición de la unidad familiar y la declaración responsable pertinente para los casos de renovación y modificación del título, así como la declaración responsable de ingresos.

2. Las solicitudes de expedición, renovación y modificación del título de familia numerosa, así como toda la documentación que se aporte, deberán estar cumplimentadas y redactadas, respectivamente, en castellano o, en su caso, traducidas a dicho idioma. Los documentos públicos extranjeros que se aporten junto a la solicitud deberán estar acompañados de traducción oficial y estar debidamente legalizados.

3. Todas las copias de la documentación requerida, tanto para la solicitud inicial como para la renovación y la modificación, se aportarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. Se entenderá que la solicitud de condición de familia numerosa conlleva el consentimiento para la cesión de datos de carácter personal necesarios para la comprobación de ingresos económicos de la unidad familiar por parte del órgano gestor, de conformidad con la disposición adicional octava de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, la disposición adicional octava de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5. La autorización prestada mediante la firma de la solicitud por parte de la persona solicitante, en representación de la unidad familiar, habilita al órgano competente para que recabe la información necesaria para la tramitación y resolución de su procedimiento. Dichas consultas incluirán, en todo caso, además del acceso a la información sobre declaración de la renta y prestaciones públicas mencionado en el apartado 4, consulta de identidad, de padrón, de discapacidad y, en definitiva, todas aquellas necesarias para verificar el cumplimiento por parte de todas las personas integrantes de la unidad familiar, de los requisitos establecidos en el presente Decreto. La oposición de la persona interesada a las consultas a través de los sistemas de verificación de datos requiere la aportación de la respectiva documentación acreditativa.

6. Las solicitudes de expedición, renovación y modificación irán dirigidas a la Delegación Territorial o Provincial de la Consejería competente en materia de familias correspondiente a la provincia donde se ubica la residencia de la persona solicitante y se presentarán conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el supuesto previsto en el artículo 2.c), las solicitudes se dirigirán a la Delegación correspondiente a la provincia donde la persona solicitante se encuentre inscrita a efectos de su participación electoral.

7. Tanto la solicitud como la resolución de reconocimiento, renovación o modificación del título de familia numerosa y la emisión de los carnés individuales podrán realizarse por medios electrónicos a través de la sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía. A la tramitación electrónica le será de aplicación el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, según lo dispuesto en Capítulo VI dedicado a las notificaciones electrónicas.

8. El tratamiento de los datos de carácter personal se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/ CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, o normas que las desarrollen o sustituyan.»

«a) El requisito de dependencia económica contemplado en el artículo 3.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, se determinará según lo dispuesto en el artículo 1.1.c del Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, referido a la aplicación del IPREM, y se acreditará mediante:

1.º Declaración del IRPF correspondiente al periodo impositivo con plazo de presentación vencido de la persona solicitante y, en su caso, del resto de los miembros que conformen la unidad familiar. La consulta recabada por la Administración actuante conforme al artículo 28 Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la disposición adicional octava de la Ley 40/2003 de 18 de noviembre de Protección a las Familias Numerosas, será la referida al periodo impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la fecha de la consulta.

2.º En caso de no tener obligación de presentar declaración de IRPF, se presentará: Certificado de empresa en el que conste, en su caso, las retenciones practicadas; Certificado en el que conste la percepción de pensiones, prestaciones o subsidios; Declaración responsable de ingresos contenida en el Anexo I.

b) En el supuesto de unidades familiares que se acojan a lo previsto en el artículo 4.2 y 4.3 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, a efectos de su inclusión en la categoría especial, deberán acreditar sus rentas de trabajo por cuenta ajena, pensiones u otras prestaciones mediante certificación de la empresa u Organismo que las satisfaga.

En el caso de cualquier otra renta, mediante certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que sea susceptible de verificación mediante código seguro de verificación, acreditativa de la declaración presentada o de los datos comunicados por terceros que obren en poder de dicha entidad. Si no hubiera presentado declaración de IRPF y no estuviera obligado a su presentación, según los datos obrantes en poder de la AEAT, se aportará un certificado negativo de renta, con inclusión de las imputaciones que le consten a la AEAT. Se deberá presentar certificado de prestaciones de la Seguridad Social.

c) Con carácter general, y en todos los supuestos anteriores de dependencia económica, se presentará anualmente, dentro de los primeros tres meses de cada año natural, declaración responsable de los ingresos de la unidad familiar o rentas percibidos durante el año anterior, siempre que estos se hayan tenido en cuenta para la consideración de la familia como numerosa, para su clasificación en la categoría especial o para acreditar el requisito de dependencia económica, a menos que estos ya obren en poder del órgano tramitador.»

El órgano directivo con competencias en materia de familias podrá determinar mediante resolución la prórroga de los títulos vigentes siempre que se mantengan las circunstancias que permitieron el reconocimiento de tal condición y en el marco de lo establecido por los artículos 6 y 7 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, cuando se produzcan situaciones extraordinarias de orden económico, social o sanitario que así lo aconsejen, con el fin de apoyar a las familias numerosas garantizando el cumplimiento de sus derechos y el acceso a los beneficios que les corresponden, según lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía .»

1. Los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad son los órganos técnicos competentes para la valoración y calificación del tipo y grado de discapacidad, así como para informar, asesorar y orientar a las personas con discapacidad.

2. Estos equipos multiprofesionales se organizan conforme a criterios interdisciplinares y deberán contar en su composición con valoradores de discapacidad que deberán reunir el requisito de ser profesionales del área sanitaria y del área social, con titulación mínima de grado universitario o equivalente. Serán profesionales polivalentes y se les asignarán las cargas de trabajo en función de la naturaleza de los expedientes a valorar.

3. Las referencias a los equipos de valoración y orientación se deberán entender como a los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.»

Con el objeto de lograr una mayor coordinación y eficiencia en la resolución de procedimientos de valoración de discapacidad, el órgano central directivo competente en materia de discapacidad constituirá, bajo su dependencia orgánica y funcional, un equipo multiprofesional de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad de ámbito autonómico.

En su composición contará con los valoradores de discapacidad que se designen en cada caso.

El equipo multiprofesional de ámbito autonómico tendrá las siguientes funciones:

1. De coordinación y apoyo al órgano central directivo competente en materia de discapacidad:

a) Emitir informe técnico en las reclamaciones previas contra la resolución del reconocimiento del grado de discapacidad.

b) Asesoramiento sobre circunstancias especiales para la valoración por medios no presenciales como telemáticos o de valoración por informe, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma.

c) Asesoramiento sobre criterios y medidas de simplificación en el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad que permita agilizar la resolución, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma, sobre todo en el caso de personas con pluripatologías y/o en situación de dependencia.

d) Cualquier otro asesoramiento para la mejora de los centros de valoración y orientación.

2) De coordinación, apoyo y auxilio a los órganos de valoración de ámbito provincial, cuando el centro de valoración y orientación no disponga de equipos multiprofesionales suficientes para realizar valoraciones técnicas, elevando el dictamen propuesta al órgano competente para resolver el procedimiento de reconocimiento del grado de discapacidad.

3) Otras funciones que se le pueda atribuir legal o reglamentariamente.»

Mediante resolución de la persona titular del órgano directivo central competente en materia de discapacidad se establecerá el orden de intervención de los miembros del equipo de valoración y orientación en la valoración del grado y se podrán modificar los supuestos, en función de las limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales que consten en el expediente, en que no sea necesario la intervención al completo de los miembros del equipo de valoración y orientación.»

1. Los procesos de valoración del grado de discapacidad se pueden resolver con la propuesta del equipo multiprofesional de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad sin el examen presencial de las personas interesadas, cuando las especiales circunstancias de las personas interesadas así lo aconsejen, mediante acuerdo del órgano competente para resolver, de oficio o a instancia de la persona interesada. Dicho acuerdo se incorporará a la resolución que finalice el procedimiento. Para ello se analizará la documentación aportada y la que esté disponible en los sistemas de información de los servicios públicos de salud y educación, a los que se pueda acceder, salvo que conste oposición expresa de la persona interesada.

2. Mediante resolución de la persona titular del órgano directivo central competente en materia de discapacidad se podrá acordar los supuestos en que el equipo multiprofesional puede realizar la valoración por medios no presenciales o telemáticos, quedando garantizada en todo caso la accesibilidad universal y considerando los factores contextuales y ambientales en el entorno habitual de residencia de la persona conforme a la normativa estatal vigente.»

1. La evaluación de las situaciones de discapacidad y la calificación de su grado se efectuará previo examen de la persona interesada, por los equipos a que se refiere el artículo 11.

2. Efectuada la evaluación del grado de discapacidad de conformidad con los artículos 4, 7, 8, 9 y 10 de Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, el centro de valoración y orientación elevará a la persona titular de la Delegación Territorial o Provincial competente el dictamen propuesta.

3. El dictamen propuesta recogerá, al menos, los siguientes datos:

a) Datos identificativos de la persona interesada.

b) El grado de discapacidad.

c) Las puntuaciones obtenidas con la aplicación de los distintos baremos contenidos en los anexos del referido real decreto.

d) Los códigos de diagnóstico, deficiencia, limitaciones en la actividad, restricciones en la participación, barreras ambientales, y cualesquiera otros que puedan establecerse.

e) Las puntuaciones de los baremos para determinar la necesidad del concurso de otra persona, en su caso.

f) La existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes públicos colectivos, en su caso.

g) Recomendaciones del Equipo Técnico de Valoración sobre utilización de recursos o apoyos.

h) Plazo de validez del dictamen.»

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de personas con discapacidad para el desarrollo de lo dispuesto en el presente decreto y, en particular, para aprobar mediante orden nuevos formularios normalizados, o para modificar el que figura en el anexo del mismo.»

1. La instrucción y resolución de los procedimientos relativos a inscripciones básicas, marginales y complementarias corresponderá al Registro de Parejas de Hecho, a través de las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente para la llevanza del Registro o, en su caso, al Ayuntamiento correspondiente a la residencia habitual de las personas solicitantes ante el que se hubiera formulado la solicitud de inscripción.

2. Una vez analizada la solicitud y la documentación presentada, si estuviera incompleta o no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá a la persona interesada para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al efecto en los términos previstos por el artículo 21 de la citada ley.

3. Finalizada la instrucción del procedimiento, se procederá a dictar resolución sobre la inscripción por la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería competente para la llevanza del Registro por el órgano municipal al que corresponda, o por quien asuma dicha competencia por delegación de los anteriores.

4. El plazo para dictar y notificar la resolución será de tres meses, contado desde la presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo mencionado sin que hubiera recaído y se hubiera notificado la resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada, sin perjuicio que, una vez transcurrido el plazo mencionado, el interesado pueda solicitar el certificado previsto en el artículo 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5. Las resoluciones dictadas por la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería con competencias para la llevanza del Registro en los procedimientos de inscripción serán susceptibles de recurso de alzada ante la persona titular de dicha Consejería.

6. Dictada la resolución administrativa que acuerde la inscripción se remitirá una copia a la persona titular del centro directivo competente para la llevanza del Registro, a fin de que se practiquen los correspondientes asientos en los Libros del Registro de Parejas de Hecho.

7. Se considerará fecha de inscripción la consignada en la resolución administrativa que la hubiera acordado.»

«2. Las personas interesadas en obtener la declaración de idoneidad deberán solicitar conforme al modelo que figura como Anexo I al presente Decreto adjuntando la siguiente documentación:

a) Copia auténtica o autenticada del documento acreditativo de la identidad de las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar o la adopción.

b) Copia auténtica o autenticada del documento acreditativo de la inscripción del matrimonio o de la pareja de hecho en el Registro correspondiente, así como del periodo de convivencia. En el caso de acogimientos de urgencia o temporales, podrá sustituirse por documento análogo que acredite tal condición expedida por la autoridad competente.

c) Copia auténtica o autenticada, en su caso, de la declaración conjunta o individual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referida al último ejercicio fiscal declarado, o, en su caso, acreditación de la exención de la obligación de presentar la declaración correspondiente al último periodo impositivo, así como de la totalidad de las rentas y de los rendimientos imputables al Impuesto de la renta de las personas físicas que hubiera o hubieran percibido en el periodo impositivo de referencia. No será necesaria su aportación si se autoriza expresamente a la Administración para su consulta.

d) Certificado médico de cada solicitante, que acredite su estado de salud física y psíquica. En caso de enfermedad, deberá constar el diagnóstico y pronóstico, así como el grado de discapacidad, si la hubiera.

e) Copia auténtica o autenticada del certificado de empadronamiento actualizado de la persona o personas que se ofrezcan, que incluirá la relación de todas las personas residentes en el domicilio, así como la fecha de empadronamiento en el municipio. Será consultado directamente por la Administración Pública salvo que se ejerza el derecho de oposición, en cuyo caso deberá aportarse.

f) Certificado de antecedentes penales de cada solicitante.

g) Copia auténtica o autenticada del certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales de todos los miembros de la unidad familiar y de cualquier otra persona que resida en el domicilio familiar, mayor de 14 años. Será consultado directamente por la Administración salvo que se ejerza el derecho de oposición en cuyo caso deberá aportarse.

h) Certificado de actividad laboral o profesional.

i) Otros documentos que contribuyan a valorar adecuadamente la idoneidad de los solicitantes.»

«3. El proyecto educativo de centro será elaborado por los profesionales de los equipos educativo y técnico del centro y la dirección de este, adecuándose al proyecto educativo marco y a las disposiciones legales vigentes. Posteriormente será tramitado para su informe al servicio especializado de protección de menores. La aprobación de este instrumento corresponderá al titular de la Delegación Territorial competente en materia de protección de menores, por razón del territorio.

En los casos en que el proyecto educativo corresponda a un centro de protección de menores de ámbito regional la aprobación corresponderá a la Dirección General competente en materia de protección de menores.»

«3. Una vez elaborado el reglamento de organización y funcionamiento del centro, habiéndose adecuado al reglamento marco y a las disposiciones legales vigentes será tramitado para su informe al servicio especializado de protección de menores. La aprobación de este instrumento corresponderá al titular de la Delegación Territorial competente en materia de protección de menores, por razón del territorio.

En los casos en que el reglamento de organización y funcionamiento corresponda a un centro de protección de menores de ámbito regional la aprobación corresponderá a la Dirección General competente en materia de protección de menores.»

«1. El Instituto está regido por la persona que ejerce la dirección de este.»

«A los efectos del presente Decreto se consideran Centros de Información Juvenil, aquellos que promovidos por personas jurídicas, a través de iniciativas públicas o privadas que sin ánimo de lucro, tengan por objeto el ejercicio de actividades de carácter informativo, dirigidas a las personas jóvenes y prestadas directamente al público, sin que puedan establecerse limitaciones en cuanto a la información y a las personas usuarias, y que por voluntad de sus titulares pretendan ser reconocidas y censadas oficialmente.»

«3. Contar con una plantilla proporcional al volumen de servicios que se presten y al número de personas usuarias, debiendo disponer al menos de una persona con situación laboral estable, responsable del Centro, y con una titulación mínima de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, o en su caso, poder concertar de forma indirecta la prestación del servicio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, estas personas no podrán haber sido condenadas por sentencia firme por algún delito contra la libertad y la indemnidad sexual, así como por delitos de trata de seres humanos, regulados en los títulos VIII y VII.bis, respectivamente, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.»

«1. Para obtener el reconocimiento oficial como Centro de Información Juvenil, toda entidad interesada deberá presentar una solicitud, dirigida a la persona titular de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, conforme al modelo que figura como Anexo I al presente decreto.

2. Las solicitudes se presentarán única y exclusivamente de forma telemática, en base a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y deberán dirigirse a la sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía.

3. Conforme al modelo del Anexo I, en dicha solicitud constará una declaración previa en la que se manifiesta que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 4 y en la que se comprometen a desarrollar las funciones previstas en el artículo 3 de este decreto.

4. La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos, que acrediten la capacidad de la persona solicitante:

a) Si se trata de persona jurídica privada:

- Copia de los Estatutos, si procede.

- Certificación que acredite su inscripción.

- Poder bastante de la persona que la represente o si procede, certificación del órgano competente para crear el Centro de Información Juvenil.

b) Si se trata de un organismo público:

- Copia de los Estatutos, si procede.

- Certificación del acuerdo del órgano competente que crea el Centro de Información Juvenil.

5. Además, en el caso de que las personas que van a prestar servicio en el Centro de Información Juvenil manifestaran su oposición a la consulta por parte del órgano gestor, a efectos de lo previsto en el artículo 4.3, de sus datos sobre antecedentes penales sobre delitos sexuales al Servicio de Consulta de Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales, deberá aportarse certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos de dichas personas.»

«3. Si la documentación presentada adoleciera de vicios o resultara incompleta, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de 10 días a partir de la notificación, subsane el defecto o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dictada por la persona titular de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud.»

«Si el Instituto Andaluz de la Juventud tuviera conocimiento de que un Centro de Información Juvenil oficialmente reconocido incumple alguna de las obligaciones o requisitos señalados como condición necesaria en el presente Decreto, podrá revocar su reconocimiento, mediante Resolución y previa audiencia del centro interesado.»

Las referencias a la Consejería de Cultura y a la Dirección General de Juventud que aparecen en el presente decreto deberán entenderse efectuadas al Instituto Andaluz de la Juventud.»

«3. La Comisión se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, y en sesión extraordinaria, cuando así lo decida la presidencia, a iniciativa propia o a instancia de, al menos, la mitad de las vocalías.»

«1. El Consejo de Servicios Sociales de Andalucía desarrollará las siguientes funciones:

a) Informar con carácter previo y facultativo los anteproyectos de ley y proyectos de decreto del Consejo de Gobierno, en materia de servicios sociales. Las solicitudes de informe al Consejo se efectuarán como trámite anterior a la petición de informe al Gabinete Jurídico.

b) Informar con carácter previo y facultativo a la aprobación, el Plan Estratégico de Servicios Sociales y los planes específicos de servicios sociales.

c) Informar con carácter previo y facultativo a la aprobación, el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales y el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, así como sus revisiones o modificaciones.

d) Informar con carácter previo y facultativo la modificación de prestaciones garantizadas en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.»

«2. La documentación a que se refiere el apartado anterior se presentará obligatoriamente mediante la Plataforma de Gestión de Datos de Centros de Servicios Sociales, creada por el artículo 25 del Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de determinados sectores económicos y de apoyo tributario al sector del juego como consecuencia de la situación ocasionada por el Coronavirus (COVID-19).»

«2. La documentación a que se refiere el apartado anterior se presentará obligatoriamente mediante la Plataforma de Gestión de Datos de Centros de Servicios Sociales, creada por el artículo 25 del Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de determinados sectores económicos y de apoyo tributario al sector del juego como consecuencia de la situación ocasionada por el Coronavirus (COVID-19).»

«e) Devolver la tarjeta de aparcamiento caducada en el momento de la renovación o al término de su vigencia o, en su caso, cuando los vehículos autorizados cesen en su actividad. Para ello, dos meses antes de la fecha de caducidad de la tarjeta se solicitará su renovación y, una vez que la persona interesada reciba la tarjeta nueva, devolverá la tarjeta caducada.

La no devolución de la tarjeta caducada se considerará infracción administrativa, tal y como se recoge en el artículo 84.1.1.º b) de la Ley 4/2017, de 25 septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, sancionada con la retirada de la tarjeta en vigor.»

«1. La incorporación al centro asignado deberá realizarse en el plazo máximo de siete días hábiles desde la fecha de notificación de la adjudicación de la plaza, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada que impida dicha incorporación, o en el supuesto de circunstancias que no hubieran podido preverse o que, incluso previstas, resulten inevitables.»

«2. En los supuestos previstos en los párrafos b), c) y d) del artículo anterior, el procedimiento de traslado a otro centro se iniciará de oficio por acuerdo de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de servicios sociales que haya resuelto el Programa Individual de Atención por el que se le reconoce el derecho de acceso al centro residencial, de día o noche, previa propuesta razonada de la Comisión Técnica del centro acompañada de cuantos documentos o informes puedan tener incidencia para la resolución del procedimiento.

En estos supuestos, la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de servicios sociales que haya resuelto el Programa Individual de Atención, con carácter previo al inicio del procedimiento, valorará junto al centro solicitante del traslado y al objeto de la permanencia de la persona usuaria en el mismo, medidas orientadas a la mejor adaptación de la persona en el centro.»

«1. Iniciado el procedimiento, por parte de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de servicios sociales se realizarán las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba dictarse resolución. Cuando el procedimiento se inicie a instancia de la persona usuaria deberá constar informe de la Comisión Técnica del centro. En todo caso, deberá constar informe técnico de valoración sobre la procedencia del traslado evacuado por la unidad administrativa de la citada Delegación Provincial que tenga atribuida la gestión de estos procedimientos.

La Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de servicios sociales que haya resuelto el Programa Individual de Atención, valorará con una Comisión Técnica del centro de destino del traslado, la idoneidad del recurso para la persona y si cuenta con los recursos necesarios para poder darle una respuesta ajustada a las necesidades individuales que presente.»

1. En los procedimientos iniciados a instancia de la persona usuaria, en caso de que resulte acreditada la causa alegada por la misma y exista plaza vacante en el centro o centros solicitados, la resolución declarará la procedencia del traslado asignando la plaza solicitada.

En caso de que resulte acreditada la causa alegada por la persona usuaria y no exista plaza en el centro o centros solicitados, la resolución desestimará la solicitud por inexistencia de plaza vacante. No obstante, si en el período de tres meses siguientes a la notificación de la resolución desestimadora se produce una plaza vacante en el centro o centros solicitados, se dictará nueva resolución revocando la anterior y declarando la procedencia del traslado, asignando la plaza solicitada.

2. En los procedimientos iniciados de oficio, la resolución que declare la procedencia del traslado, por resultar acreditada la causa que motivó el procedimiento, determinará el traslado de la persona usuaria al centro en que exista plaza adecuada.

3. En caso de estar pendientes de ejecución varias resoluciones que declaren la procedencia del traslado a un mismo centro, la prioridad se otorgará a favor de la solicitud o acuerdo de inicio de fecha más antigua, y, en su defecto, a favor de la persona solicitante con mayor puntuación en la aplicación del baremo de valoración de la situación de dependencia.

4. En todo caso, las resoluciones de traslado a un centro se ponderarán a la vez que las de acceso al servicio, de acuerdo con el orden de prioridad en el acceso a los servicios establecidos en la normativa de aplicación.

5. El traslado definitivo producirá la baja en el centro de origen y el alta en el de destino. Dicha incidencia se consignará en el Programa Individual de Atención de la persona usuaria.

6. En el supuesto de que la persona usuaria no se incorporase al centro asignado en la resolución de traslado, de conformidad con lo previsto en el artículo 6, se producirán los efectos previstos en el apartado 5 de dicho artículo.

7. Producido un traslado en virtud de la solicitud de la persona interesada beneficiaria del servicio, o su representante legal, ésta no podrá volver a solicitar un nuevo traslado hasta que hayan transcurrido dos años desde la fecha de efectividad de aquel, sin perjuicio de la procedencia de los procedimientos de revisión previstos en la normativa reguladora del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su valoración.»

«a) Tener reconocido el derecho al servicio como prestación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

En este supuesto, el régimen de acceso al servicio se regirá por la normativa específica de dependencia que resulte de aplicación.

Los Servicios Sociales Comunitarios procederán a dar el alta efectiva a la persona en el servicio dentro del plazo máximo de un mes desde la comunicación de puesta en marcha del mismo por parte del órgano territorial provincial de la Consejería competente en materia de dependencia.

Cuando la incorporación de la persona interesada al servicio no se realice en el plazo establecido por causas injustificadas que le sean imputables, se procederá, a declararla decaída en su derecho, manteniéndose en dicha situación hasta que se produzca, en su caso, la revisión del Programa Individual de Atención.»

La acreditación es el acto por el que la Administración garantiza que las entidades a las que se otorga reúnen los requisitos necesarios para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, asimismo, habilita para prestar el servicio a las personas en situación de dependencia que tengan una prestación económica vinculada a la adquisición del Servicio de Ayuda a Domicilio reconocida en la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención.»

1. Los requisitos funcionales mínimos para acceder a la condición de entidad prestadora del servicio acreditada son los siguientes:

a) Las personas jurídicas deberán presentar documento de constitución y/o modificación, acta fundacional o estatutos inscritos en el Registro Mercantil o registro oficial correspondiente donde se recoja que el objeto de su actividad es, de forma exclusiva o compartida, la ayuda a domicilio.

b) Estar dada de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Administración Tributaria e inscrita en el correspondiente Régimen del Sistema de la Seguridad Social, siendo el objeto de su actividad, de forma exclusiva o compartida, la ayuda a domicilio.

c) Estar inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de servicios sociales.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, con la Administración General del Estado, con la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y con la Seguridad Social. Se presentará declaración responsable al efecto, firmada por la persona solicitante o por quien ostente su representación.

e) Disponer de los medios y elementos materiales suficientes y adecuados para el buen funcionamiento del servicio durante su prestación. Se presentará declaración responsable al efecto firmada por la persona solicitante o por quien ostente su representación, en la que conste que aquellos medios dedicados al registro y recopilación de cualquier tipo de información de carácter personal relacionada con la prestación del servicio deberá cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos.

f) Disponer de los procedimientos y protocolos internos que garanticen los derechos y deberes de las personas usuarias establecidas en la normativa vigente, así como de actuación en los casos de urgencias o incidencia y de formulación de quejas, reclamaciones y sugerencias. Se presentará declaración responsable al efecto, firmada por la persona solicitante o por quien ostente su representación.

g) Disponer de un Plan de Gestión de Calidad que incluya el mapa de procesos, procedimientos, protocolos de actuación y una planificación de sus actividades que atienda, de manera específica, a la calidad en la prestación del servicio y en el empleo, así como a promover la profesionalidad y potenciar la formación. Se presentará declaración responsable al efecto, firmada por la persona solicitante o por quien ostente su representación.

2. La entidad prestadora del servicio acreditada está obligada durante la prestación del servicio, además del mantenimiento de los requisitos funcionales mínimos establecidos para la acreditación, a cumplir estos otros requisitos:

a) Funcionales:

Tener cubiertas durante la prestación del servicio las responsabilidades que pudieran derivarse de sus actuaciones mediante una póliza de seguros de responsabilidad civil. La entidad acreditada es responsable de tener actualizado el importe del seguro de responsabilidad civil y de que éste cubra sus actuaciones, debiendo presentar periódicamente a la Entidad Local una copia de los recibos de pago.

b) De personal:

1.º Disponer de una plantilla propia que, en número, cualificación suficiente y con los conocimientos necesarios para llevar a cabo sus tareas, haga viable la prestación del servicio y garantice un nivel óptimo de calidad y eficacia del mismo. La entidad acreditada deberá justificar el cumplimiento efectivo de este requisito ante la correspondiente Entidad Local mediante la presentación periódica de los oportunos documentos probatorios. La plantilla mínima vendrá determinada por las horas de atención que la entidad preste en cada momento.

2.º Disponer del currículum vitae y de la documentación de estos profesionales.

3.º Designar a una persona que sea la máxima responsable de las tareas de dirección, planificación y gestión del servicio ante la Entidad Local, con independencia de que el servicio esté coordinado por personal técnico con la cualificación necesaria.

c) Materiales:

1.º Contar con los medios y elementos materiales suficientes y adecuados para la realización de las actuaciones básicas del servicio y la atención a la persona usuaria, adaptados, en su caso, a las necesidades de la persona en situación de dependencia. La entidad acreditada deberá justificar el cumplimiento efectivo de este requisito ante la correspondiente Entidad Local y asumir el compromiso de que esos medios sean suficientes y adecuados para la prestación del servicio, en función de las horas de atención que la entidad preste en cada momento.

2.º Disponer de una sede en el municipio o Zona Básica de Servicios Sociales donde el mismo se preste o, al menos, en otro municipio de la misma provincia para la adecuada coordinación del servicio.»

1. La acreditación será solicitada por la persona titular o representante legal de la entidad prestadora del Servicio de Ayuda a Domicilio mediante una solicitud, cuyo modelo se adjunta como Anexo V. dirigida a la persona titular del órgano directivo o Agencia con atribuciones en esta materia y acompañada de los documentos originales, las copias auténticas de documentos administrativos expedidas por el mismo órgano que emitió el documento original o las copias autenticadas de documentos privados y públicos en las que conste la correspondiente diligencia de compulsa probatorios del cumplimiento de los requisitos de acreditación, sin perjuicio del derecho a no presentar aquellos documentos que ya obren en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, siempre que se indique el día y el procedimiento en que fueron presentados.

La solicitud se podrá presentar en el registro del órgano directivo o Agencia al que se dirige y en los demás registros y oficinas a los que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Recibida la solicitud, si ésta no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución dictada de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. Completada, en su caso, la documentación, el órgano directivo o Agencia competente podrá realizar las actuaciones necesarias para la verificación y comprobación de los datos en virtud de los que deba dictarse la resolución.

4. Instruido el procedimiento, se pondrá de manifiesto a la persona titular o representante legal de la entidad interesada, quien podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. No obstante, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la persona interesada.

5. Posteriormente, si se cumplen los requisitos de acreditación establecidos en el artículo anterior, la persona titular del órgano directivo o Agencia con atribuciones en esta materia dictará una resolución otorgando la acreditación o denegándola en caso contrario.

6. El plazo máximo para resolver y notificar será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse estimada, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.

Contra la resolución que se dicte, que no agota la vía administrativa, cabrá la interposición de los recursos administrativos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

7. La acreditación se otorgará para todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía por un período máximo de 4 años y su vigencia estará condicionada al cumplimiento de los requisitos señalados para la misma.

8. La solicitud de renovación de la acreditación, cuyo modelo se adjunta como Anexo V, se presentará con una antelación mínima de tres meses respecto a la fecha de terminación de su vigencia, siguiéndose a continuación el procedimiento establecido en los apartados anteriores. Posteriormente, si se cumplen los requisitos de acreditación establecidos, la persona titular del órgano directivo o Agencia con atribuciones en esta materia dictará una resolución otorgando la renovación de la acreditación o denegándola en caso contrario.

9. Se producirá la pérdida de la acreditación, previa tramitación del correspondiente expediente, por alguna de las siguientes causas:

a) Por el incumplimiento de los requisitos y obligaciones de la acreditación.

b) Por el transcurso del plazo de vigencia de la acreditación o de su renovación.

c) Por la imposición de una sanción derivada la comisión de una infracción grave o muy grave relacionada con la prestación del servicio, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable en materia de servicios sociales.

d) Por la renuncia expresa y por escrito de la persona titular o representante legal de la entidad prestadora del servicio.

10. El otorgamiento, la denegación, la renovación y la pérdida de la acreditación, así como, en su caso, el desistimiento de una solicitud de acreditación como entidad prestadora del Servicio de Ayuda a Domicilio se comunicará de oficio al Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales para su constancia registral».

De conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, los pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de regir los procedimientos de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio SAD, deberán ajustarse a los siguientes criterios:

a) Los criterios cualitativos que establezcan para la adjudicación por el Órgano de Contratación, deberán incluir aspectos sociales relativos al personal auxiliar de ayuda a domicilio que se incluyan en las diferentes ofertas y tendrán una ponderación mínima del 10% del total de la puntuación máxima.

b) En relación a las personas contratadas para la ejecución de los servicios licitados, los pliegos deberán fomentar la integración social de colectivos de personas ex tuteladas, mujeres víctimas de violencia de género, personas residentes en zonas desfavorecidas, perceptoras de la renta mínima de inserción social, personas con discapacidad, o en situación de riesgo de exclusión, debiéndose respetar siempre los requisitos de titulación exigidos en el artículo 20.

c) Las mejoras del servicio que se determinen por el Órgano de Contratación, para formar parte de los criterios cualitativos de baremación de las ofertas, deben tener una relación directa con los objetivos descritos en el artículo 5 de la presente orden. Asimismo, las mejoras de las condiciones salariales de las personas trabajadoras tendrán un peso máximo de un 5%.

El precio/hora de las adjudicaciones referidas al servicio de ayuda a domicilio, en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía no podrá ser, en ningún caso, inferior al fijado en la resolución por la que se establezca el coste/hora máxima del citado servicio, aprobada por el órgano competente y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»

A los efectos de financiación del servicio prestado a las personas que lo tengan reconocido en la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, el coste/ hora máxima del mismo será el fijado mediante la resolución de la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía vigente.

El coste/hora establecida podrá ser objeto de actualización mediante resolución de la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»

«1. Las personas beneficiarias de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales con cuantías aplazadas pendientes de pago, recibirán el abono de las mismas en un solo ingreso.

2. Previa constitución de la comunidad hereditaria, los causahabientes de las personas beneficiarias de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales que hubieran fallecido con cuantías aplazadas pendientes de pago, podrán solicitar también su abono mediante un único pago.»

«2. Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía garantizarán, a través de la información pública y/o la audiencia a las personas interesadas, la participación en los procedimientos administrativos de autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada, autorización ambiental unificada simplificada, evaluación ambiental estratégica y calificación ambiental.»

«1. Son instrumentos de prevención y control ambiental:

a) La autorización ambiental integrada.

b) La autorización ambiental unificada.

c) La evaluación ambiental estratégica.

d) La calificación ambiental.

e) Las autorizaciones de control de la contaminación ambiental.

f) La declaración responsable de los efectos ambientales.

g) La autorización ambiental unificada simplificada.

2. Los instrumentos señalados en las letras a), b), d) y g) del apartado anterior contendrán el resultado de la evaluación de impacto ambiental de la actuación en cuestión. En los casos en que la evaluación ambiental sea competencia de la Administración General del Estado, el condicionado de la resolución del procedimiento de evaluación ambiental de proyectos establecido en el capítulo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, deberá incorporarse en la autorización ambiental integrada que en su caso se otorgue.

3. En cuanto a los supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos excluibles, se estará a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, considerándose las referencias al Consejo de Ministros que en él aparecen, dirigidas al Consejo de Gobierno de Andalucía, para los proyectos excluibles de evaluación de impacto ambiental de competencia autonómica, y las referencias al Boletín Oficial del Estado, referidas al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para la publicación del acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican.»

1. En las actuaciones sometidas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada se integrará la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental con la del respectivo procedimiento de otorgamiento de dichos instrumentos, de acuerdo con la normativa básica de aplicación en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos y las adaptaciones a esta norma establecidas en esta ley y sus desarrollos reglamentarios.

2. Para las actuaciones sometidas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos, las funciones atribuidas en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, al órgano ambiental y al órgano sustantivo, serán ejercidas por el órgano de la Consejería competente en materia de medio ambiente, competente para la instrucción y resolución de dichos procedimientos, salvo en los casos establecidos en el artículo 27.4, en los que las funciones de ambos órganos en el procedimiento de autorización serán las establecidas reglamentariamente.»

«1. Actuación: los planes y programas, las obras y actividades y sus proyectos regulados en esta ley.

2. Autorización ambiental integrada: Resolución de la Consejería competente en materia de medio ambiente por la que se permite, a los solos efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, y de acuerdo con las medidas recogidas en la misma, explotar la totalidad o parte de las actividades sometidas a dicha autorización conforme a lo previsto en esta ley, así como en la normativa básica de aplicación. En dicha resolución se integrarán los pronunciamientos, decisiones y autorizaciones previstos en el artículo 11.1.b) del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre; y aquellos otros pronunciamientos y autorizaciones que correspondan a las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y en materia de aguas, de acuerdo a lo que se determine reglamentariamente, y que sean necesarios, con carácter previo, a la implantación y puesta en marcha de las actividades, así como el resultado de la evaluación de impacto ambiental. La resolución de la autorización ambiental integrada podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación.

3. Autorización ambiental unificada: Resolución de la Consejería competente en materia de medio ambiente en la que se determina, a los efectos de protección del medio ambiente, la viabilidad de la ejecución y las condiciones en que deben realizarse las actuaciones sometidas a dicha autorización conforme a lo previsto en esta ley. En la autorización ambiental unificada se integrarán las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que correspondan a las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y en materia de aguas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente, y que sean necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de las actuaciones, así como el resultado de la evaluación de impacto ambiental.

La resolución de la autorización ambiental unificada podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación.

4. Calificación ambiental: Informe resultante de la evaluación de los efectos ambientales de las actuaciones que no estando sometidas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada ni autorización ambiental unificada simplificada aparecen indicadas en el Anexo I de la presente ley.

5. Estudio de impacto ambiental: Documento elaborado por el promotor que acompaña al proyecto e identifica, describe, cuantifica y analiza los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente derivados o que puedan derivarse del proyecto, así como la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, el riesgo de que se produzcan dichos accidentes graves o catástrofes y el obligatorio análisis de los probables efectos adversos significativos en el medio ambiente en caso de ocurrencia. También analiza las diversas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, y determina las medidas necesarias para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, los efectos adversos sobre el medio ambiente.

8. Instalación: cualquier unidad técnica fija donde se desarrollen una o más de las actuaciones previstas en esta ley, así como cualesquiera otras actuaciones directamente relacionadas con aquélla que guarden relación de índole técnica con las actuaciones llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación. Se considerará como unidad técnica fija solo aquélla que permanezca en actividad más de sesenta días, sean o no consecutivos, en una misma ubicación, teniendo en cuenta un intervalo de dos años para el cálculo de la permanencia.

11. Modificación sustancial: cualquier modificación de las características de una actuación ya autorizada, ejecutada o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.

a) A efectos de la autorización ambiental unificada, autorización ambiental unificada simplificada y calificación ambiental, se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.

2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.

3.º Incremento significativo de la generación de residuos.

4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.

5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.

También se considerará modificación sustancial, cualquier modificación de las características de una actuación sometida a autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, cuando ésta cumpla, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

b) A efectos de la autorización ambiental integrada se entenderá que existe una modificación sustancial cuando, en opinión de la Consejería competente en materia de medio ambiente, la variación en el proceso productivo o el incremento de la capacidad de producción produzca, de forma significativa, alguno de los supuestos aplicables a la autorización ambiental unificada o de los siguientes:

1.º Incremento del consumo de energía.

2.º Incremento del riesgo de accidente.

3.º Incorporación o aumento en el uso de sustancias peligrosas.

4.º Afección a la calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de las áreas geográficas que puedan verse afectadas.

5.º Cualquier ampliación o modificación que alcance, por sí sola, los umbrales de capacidad establecidos, cuando estos existan, en el anexo I del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

23. Administraciones Públicas afectadas: aquellas Administraciones Públicas así definidas en el artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

24. Autorización ambiental unificada simplificada: Resolución de la Consejería competente en materia de medio ambiente en la que se determina, a los efectos de protección del medio ambiente, la viabilidad de la ejecución y las condiciones en que deben realizarse las actuaciones sometidas a dicha autorización conforme a lo previsto en esta ley. En la autorización ambiental unificada simplificada se integrarán las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente, necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de las actuaciones, así como el resultado de la evaluación de impacto ambiental.

La resolución de la autorización ambiental unificada simplificada podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación.»

1. Se encuentra sometida a autorización ambiental integrada la explotación de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el anexo I del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, o norma que lo sustituya.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de esta ley, quedan exceptuadas de autorización ambiental integrada las instalaciones o parte de las mismas mencionadas en el apartado anterior utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos.»

«c) Integrar en una resolución única los pronunciamientos, decisiones y autorizaciones previstos en el artículo 11.1.b) del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; y aquellos otros pronunciamientos y autorizaciones que correspondan a las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y en materia de aguas, de acuerdo a lo que se determine reglamentariamente, y que sean necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de las actividades.»

El procedimiento de autorización ambiental integrada será el establecido en el capítulo II del título III del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, con las siguientes particularidades:

a) La solicitud de autorización ambiental integrada contendrá la documentación exigida en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, así como la requerida por la normativa aplicable para aquellas otras autorizaciones que se integren en la misma de acuerdo con lo establecido en el apartado c) del artículo 21 de la presente ley.

b) Conjuntamente con la solicitud de autorización ambiental integrada se deberá presentar el estudio de impacto ambiental al objeto de la evaluación ambiental de la actividad por el órgano ambiental competente, así como la valoración de impacto en la salud al objeto de la evaluación de los efectos sobre la salud por el órgano competente en materia de salud.

c) La solicitud de autorización ambiental integrada, acompañada del estudio de impacto ambiental y la valoración del impacto en salud, se someterá al trámite de información pública durante un período que no será inferior a treinta días. Este período de información pública será común para aquellos procedimientos cuyas actuaciones se integran en el de la autorización ambiental integrada, así como, en su caso, para los procedimientos de las autorizaciones sustantivas a las que se refiere el artículo 3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

La Consejería competente en materia de medio ambiente promoverá y asegurará el derecho de participación en la tramitación del procedimiento de autorización ambiental integrada en los términos establecidos en la legislación básica en materia de evaluación de impacto ambiental y en la legislación básica reguladora de la autorización ambiental integrada.

La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá dar por cumplimentados aquellos trámites que se hayan llevado a cabo en el procedimiento de evaluación ambiental tramitado por la Administración del Estado, en aras del principio de economía procesal.

d) No serán sometidos a información pública los datos que, de acuerdo con las disposiciones vigentes, gocen de confidencialidad.

e) La Consejería competente en materia de medio ambiente, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas en el periodo de información pública, podrá comunicar al titular los aspectos en los que la solicitud ha de ser completada o modificada.

f) Concluido el trámite de información pública, el expediente completo deberá ser remitido a todas aquellas Administraciones públicas y órganos de la Administración de la Junta de Andalucía que deban intervenir en el procedimiento de autorización ambiental integrada.

Recibido el expediente en la Consejería competente en materia de salud, esta habrá de emitir el informe preceptivo y vinculante de evaluación de impacto en la salud en el plazo de un mes. Excepcionalmente y de forma motivada, podrá ampliarse hasta un máximo de tres meses.

De no emitirse el informe a que se refiere el párrafo anterior en el plazo señalado, se estará a lo dispuesto en el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

g) Una vez evacuados los informes por los órganos y Administraciones intervinientes se dará trámite de audiencia a los interesados.

h) Efectuado el trámite de audiencia, se procederá a elaborar la propuesta de resolución, que deberá incluir las determinaciones de la evaluación de impacto ambiental realizada por la Consejería competente en materia de medio ambiente o, en su caso, la declaración de impacto ambiental emitida por el órgano ambiental estatal, así como las determinaciones de la evaluación del impacto en la salud realizada por la Consejería competente en materia de salud.

i) La resolución del procedimiento de autorización ambiental integrada se someterá al régimen previsto en los artículos 21, 24 y 25 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, poniéndose en conocimiento además del órgano que conceda la autorización sustantiva.

La Consejería competente en materia de medio ambiente, podrá dar por cumplimentados aquellos trámites que se hayan llevado a cabo en el procedimiento de evaluación ambiental tramitado por la Administración del Estado, en aras del principio de economía procesal.»

1. La autorización ambiental integrada deberá incluir, además de lo dispuesto en el artículo 22 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación:

a) Las medidas que se consideren necesarias para la protección del medio ambiente en su conjunto, de acuerdo con la normativa vigente, así como un plan de seguimiento y vigilancia de las emisiones y de la calidad del medio receptor y la obligación de comunicar a las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y en materia de aguas, con la periodicidad que se determine, los datos necesarios para comprobar el cumplimiento del contenido de la autorización.

b) Las determinaciones resultantes de la evaluación de impacto ambiental o, en su caso, la declaración de impacto ambiental, así como las condiciones específicas del resto de autorizaciones que en la misma se integren de acuerdo con la legislación sectorial aplicable.»

El régimen del cese temporal de la actividad y cierre de la instalación será el previsto en la normativa básica estatal, de acuerdo con el artículo 23 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y su normativa de desarrollo.»

«Sección 3ª. Autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada»

1. Se encuentran sometidas a autorización ambiental unificada:

a) Las actuaciones, de titularidad pública o privada, en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, así como las que presentándose fraccionadas, alcancen los umbrales de dicho anexo mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada una de las actuaciones consideradas.

Se exceptúan las actuaciones indicadas en el apartado 3 del presente artículo, así como aquellas actuaciones que a su vez se encuentren sometidas a autorización ambiental integrada, que se someterán a este último instrumento.

b) La modificación sustancial de las actuaciones anteriormente mencionadas.

c) Las actuaciones comprendidas en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en la resolución del procedimiento de autorización ambiental unificada simplificada.

d) Cualquier modificación de las características de una actuación consignada en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el Anexo I de dicha ley.

e) Las instalaciones o parte de las mismas mencionadas en el apartado 1 del artículo 20 de esta Ley, utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos y que se utilicen por más de dos años.

f) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.

2. Se encuentran sometidas a autorización ambiental unificada simplificada:

a) Las actuaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, así como las que, presentándose fraccionadas, alcancen los umbrales del anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada una de las actuaciones consideradas.

Se exceptúan las actuaciones indicadas en el apartado 3 del presente artículo, así como aquellas que a su vez se encuentran sometidas a autorización ambiental integrada, que se someterán a este último instrumento, y aquellas que se encuentren incluidas en el Anexo I de la presente ley, que se someterán a calificación ambiental.

b) Las actuaciones no incluidas ni en el anexo I ni en el anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

c) La modificación sustancial de las actuaciones mencionadas en la letra a) de este apartado 2, excepto las indicadas en el artículo 27.1.d).

d) Las actuaciones recogidas en el apartado 1.a) del presente artículo y las instalaciones o parte de las mismas previstas en el apartado 1 del artículo 20 de esta ley, así como sus modificaciones sustanciales, que sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años.

e) Actividades sometidas a calificación ambiental que se extiendan a más de un municipio.

3. Las actuaciones y sus modificaciones indicadas en los apartados 1 y 2 del presente artículo, cuya evaluación ambiental sea de competencia estatal, no estarán sometidas a autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada. Esto no exime a su titular de la obligación de obtener las autorizaciones, permisos y licencias que sean exigibles de acuerdo con la legislación ambiental vigente, que solo se podrán otorgar una vez obtenido el pronunciamiento ambiental favorable correspondiente del órgano ambiental estatal.

4. Las actuaciones identificadas en los apartados 1 y 2 del presente artículo que sean promovidas por la Administración de la Junta de Andalucía o entidades de derecho público dependientes de la misma, así como las declaradas de utilidad e interés general, se someterán al procedimiento de autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, si bien el mismo se resolverá mediante la emisión de informe de carácter vinculante por la Consejería competente en materia de medio ambiente, pudiendo el órgano promotor o en su caso el órgano sustantivo, en caso de disconformidad con el mismo, plantear la resolución de su discrepancia ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

En las actuaciones identificadas en los apartados 1 y 2 del presente artículo en las que el otorgamiento de la autorización sustantiva corresponda a la Administración de la Junta de Andalucía, podrán ser de aplicación las particularidades procedimentales establecidas en el párrafo anterior, siempre que así se acuerde previamente y de modo conjunto por los órganos sustantivo y ambiental competentes, de conformidad con lo que reglamentariamente se determine.

5. El titular de la actuación sometida a autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada que pretenda llevar a cabo una modificación que considere no sustancial deberá comunicarlo a la Consejería competente en materia de medio ambiente, indicando razonadamente, en atención a los criterios establecidos en el artículo 19.11.a) de esta ley, dicho carácter. A esta solicitud acompañará los documentos justificativos de la misma. El titular podrá llevar a cabo la actuación proyectada, siempre que la Consejería competente en materia de medio ambiente no manifieste lo contrario en el plazo de un mes, mediante resolución motivada conforme a los criterios establecidos en el artículo 19.11.a) de la presente ley.»

La autorización ambiental unificada y la autorización ambiental unificada simplificada tienen por objeto evitar o, cuando esto no sea posible, reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo y otras incidencias ambientales de determinadas actuaciones, así como recoger en una única resolución las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que correspondan a las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y en materia de aguas, y entidades de derecho público dependientes de las mismas, y que resulten necesarios con carácter previo para la implantación y puesta en marcha de estas actuaciones, de acuerdo a lo que se determine reglamentariamente.»

Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente:

a) La tramitación y resolución del procedimiento de la autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada.

b) La vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada, así como el ejercicio de la potestad sancionadora, en el ámbito de sus competencias.»

«2. Sin perjuicio de lo anterior, la solicitud de autorización se acompañará de:

b) Un informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico emitido por la Administración competente en cada caso. Se exceptúan de dicho informe los proyectos de actuaciones recogidos en el artículo 27.4 y las modificaciones sustanciales que no supongan aumento de la ocupación del suelo. Para los proyectos recogidos en el artículo 27.4 que se resuelvan mediante la emisión de informe de carácter vinculante, dicho informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico será presentado ante el órgano sustantivo, siempre que no esté exenta su presentación, en aplicación de la normativa sectorial.

La Administración competente deberá emitir el informe en el plazo máximo de un mes, previa solicitud de los interesados a la que deberá acompañarse el correspondiente proyecto técnico. En caso de que el informe no se emitiera en el plazo señalado, será suficiente que los interesados acompañen a la solicitud de autorización ambiental unificada, una copia de la solicitud del mismo. Si el informe fuera desfavorable, con independencia del momento en que se haya emitido, pero siempre que se haya recibido con anterioridad al otorgamiento de la autorización ambiental unificada, la Consejería competente en materia de medio ambiente dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento y archivará las actuaciones.

En el caso de proyectos de infraestructuras lineales que afecten a más de un municipio, el informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico podrá ser solicitado a la Consejería competente en materia de urbanismo.

El informe de compatibilidad urbanística al que se refiere el presente artículo es independiente de la licencia de obras o de cualquier otra licencia o autorización exigible. No obstante, las cuestiones sobre las que se pronuncie dicho informe vincularán a la Administración competente en el otorgamiento de las licencias o autorizaciones que sean exigibles.

c) Un estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, en función del tipo de actuación, la información recogida en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en los términos desarrollados en el anexo VI de dicha ley.

e) Una valoración de impacto en salud, en su caso, con el contenido establecido en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía y su desarrollo reglamentario.

4. En el procedimiento se remitirá el proyecto y el estudio de impacto ambiental para informe al órgano sustantivo y se recabarán de los distintos organismos e instituciones los informes que tengan carácter preceptivo de acuerdo con la normativa básica estatal, así como aquellos otros que se consideren necesarios. Las Administraciones Públicas afectadas y las personas interesadas dispondrán de un plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la notificación para emitir los informes y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

En los supuestos determinados en el artículo 56.1.c) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, se remitirá el expediente a la Consejería competente en materia de salud que emitirá el informe preceptivo y vinculante de evaluación de impacto en la salud en el plazo de un mes. Excepcionalmente y de forma motivada, podrá ampliarse hasta un máximo de tres meses. De no emitirse el informe a que se refiere el párrafo anterior en el plazo señalado, se estará a lo dispuesto en el 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. Finalizada la fase de instrucción y previa audiencia a las personas interesadas se elaborará una propuesta de resolución de la que se dará traslado al órgano sustantivo.»

1. El procedimiento de autorización ambiental unificada simplificada se desarrollará reglamentariamente.

2. Sin perjuicio de lo anterior, la solicitud de autorización ambiental unificada simplificada se acompañará de:

a) Un proyecto técnico.

b) Un informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico emitido por la Administración competente en cada caso. Se exceptúan de dicho informe los proyectos de actuaciones recogidos en el artículo 27.4 y las modificaciones sustanciales que no supongan aumento de la ocupación del suelo. Para los proyectos recogidos en el artículo 27.4 que se resuelvan mediante la emisión de informe de carácter vinculante, dicho informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico será presentado ante el órgano sustantivo, siempre que no esté exenta su presentación, en aplicación de la normativa sectorial.

La Administración competente deberá emitir el informe en el plazo máximo de un mes, previa solicitud de los interesados a la que deberá acompañarse el correspondiente proyecto técnico. En caso de que el informe no se emitiera en el plazo señalado, será suficiente que la persona interesada acompañe a la solicitud de autorización ambiental unificada simplificada una copia de la solicitud del mismo. Si el informe fuera desfavorable, con independencia del momento en que se haya emitido, pero siempre que se haya recibido con anterioridad al otorgamiento de la autorización ambiental unificada simplificada, la Consejería competente en materia de medio ambiente dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento y archivará las actuaciones.

En el caso de proyectos de infraestructuras lineales que afecten a más de un municipio, el informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico podrá ser solicitado a la Consejería competente en materia de urbanismo.

El informe de compatibilidad urbanística al que se refiere el presente artículo es independiente de la licencia de obras o de cualquier otra licencia o autorización exigible. No obstante, las cuestiones sobre las que se pronuncie dicho informe vincularán a la Administración competente en el otorgamiento de las licencias o autorizaciones que sean exigibles.

c) Un documento ambiental que contendrá la información recogida en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

d) La documentación exigida por la normativa aplicable para aquellas autorizaciones y pronunciamientos que en cada caso se integren en la autorización ambiental unificada simplificada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la presente ley.

3. En el procedimiento, el órgano ambiental remitirá el proyecto y la documentación preceptiva que le acompañe, entre la que estará el documento ambiental, en todo caso, al órgano sustantivo para emisión de informe en materia de su competencia, y consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, que deberán pronunciarse en el plazo máximo de veinte días desde la recepción de la solicitud de informe.

4. Finalizada la fase de instrucción y previa audiencia a las personas interesadas, se elaborará una propuesta de resolución de la que se dará traslado al órgano sustantivo.

5. La Consejería competente en materia de medio ambiente dictará y notificará la resolución que ponga fin al procedimiento de autorización ambiental unificada simplificada en el plazo máximo de cinco meses desde la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada su solicitud.

6. La resolución del procedimiento de autorización ambiental unificada simplificada se hará pública en la forma que reglamentariamente se determine.

7. La transmisión de la titularidad de la actuación sometida a autorización ambiental unificada simplificada, deberá comunicarse a la Consejería competente en materia de medio ambiente en la forma que reglamentariamente se determine.»

«1. La autorización ambiental unificada y la autorización ambiental unificada simplificada determinarán las condiciones en que debe realizarse la actuación en orden a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Deberá incorporar el resultado de la evaluación de impacto ambiental. Asimismo, establecerá las condiciones específicas del resto de autorizaciones y pronunciamientos que integren, según el caso.

3. La autorización ambiental unificada y la autorización ambiental unificada simplificada podrán incorporar la exigencia de comprobación previa a la puesta en marcha de la actuación de aquellos condicionantes que se estimen oportunos.»

1. Las condiciones de la autorización ambiental unificada y la autorización ambiental unificada simplificada podrán modificarse cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La entrada en vigor de nueva normativa que afecte sustancialmente en el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización ambiental unificada y la autorización ambiental unificada simplificada.

b) Cuando la autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada establezca condiciones ambientales cuyo cumplimiento se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y mejores técnicas disponibles en el momento de instar la solicitud de modificación permiten una mejor y más adecuada protección del medio ambiente, respecto del proyecto o actuación. Se entenderá en todo caso cambio sustancial de las condiciones ambientales existentes la inclusión de la zona afectada por una actividad en un espacio natural protegido o áreas de especial protección designadas en aplicación de normativas europeas o convenios internacionales.

c) Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

3. El procedimiento de modificación de las condiciones de la autorización ambiental unificada o de la autorización ambiental unificada simplificada, podrá iniciarse de oficio o a solicitud del promotor y se tramitará por el procedimiento establecido reglamentariamente.

4. La autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en la forma que reglamentariamente se determine, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada del proyecto, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia de la autorización en los términos previstos en el apartado 5. En defecto de regulación específica, se entenderá por inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto o actividad sometido a autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución de dicho proyecto o actividad.

5. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada antes de que transcurra el plazo previsto en el apartado anterior, suspendiendo el plazo indicado. Presentada la solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la vigencia de la autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada en caso de que no se hayan producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para concederla, ampliando su vigencia por dos años adicionales. Transcurrido este plazo sin que se haya comenzado la ejecución del proyecto o actividad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada.

El órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga de la autorización ambiental unificada en un plazo de seis meses y la solicitud de prórroga de la autorización ambiental unificada simplificada en un plazo de tres meses contados desde la fecha de presentación de dicha solicitud. El órgano ambiental solicitará informe a las Administraciones públicas afectadas por razón de la materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron de base para otorgarla. Dicho informe deberá evacuarse en el plazo de dos meses, salvo que, por razones debidamente justificadas, el plazo se amplíe por un mes más, periodo durante el cual el plazo de resolución de la solicitud permanecerá suspendido. Transcurrido el plazo sin que el órgano ambiental haya resuelto sobre la prórroga de la vigencia de la autorización ambiental unificada, o autorización ambiental unificada simplificada se entenderá desestimada la solicitud de prórroga.»

«Artículo 35. Comprobación e inicio de la actividad.

2. En todo caso, no se podrá iniciar una actividad que cuente con autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada sin que el titular presente una declaración responsable de conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización.»

«1. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos previstos en esta ley, sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo y planes y programas que requieran una evaluación en aplicación de la normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000, que cumplan los dos requisitos siguientes:

a) Que se elaboren, adopten o aprueben por una Administración pública de la comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno.

También se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria:

a) Los instrumentos de ordenación urbanística señalados en el artículo 40.2 y 40.3.

b) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico, de acuerdo con los criterios del anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

c) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a solicitud del promotor.»

«1. El promotor de los planes y programas incluidos en el artículo 36.1 de la presente ley presentará ante el órgano ambiental, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento inicial estratégico que contendrá una evaluación de los siguientes aspectos:

a) Los objetivos de la planificación.

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto, sus alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables.

c) El desarrollo previsible del plan o programa.

d) Los potenciales impactos ambientales.

e) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.

f) La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, el órgano ambiental podrá resolver su inadmisión por alguna de las razones siguientes:

a) Si estimara de modo inequívoco que el plan o programa es manifiestamente inviable por razones ambientales.

b) Si estimara que el documento inicial estratégico no reúne condiciones de calidad suficientes.

c) Si ya hubiese inadmitido o ya hubiese dictado una declaración ambiental estratégica desfavorable en un plan o programa sustancialmente análogo al presentado.

La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia y, frente a la misma, podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.

3. Teniendo en cuenta el documento de alcance, el promotor elaborará el estudio ambiental estratégico, en el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa, y contendrá como mínimo la información contenida en el anexo II de esta ley.»

«1. Están sometidas a calificación ambiental y a declaración responsable de los efectos ambientales, las actuaciones, tanto públicas como privadas, que no estando sometidas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada ni autorización ambiental unificada simplificada, aparecen así señaladas en el Anexo I, así como sus modificaciones sustanciales.»

La calificación ambiental tiene por objeto la evaluación de los efectos ambientales de determinadas actuaciones, así como la determinación de la viabilidad ambiental de las mismas y de las condiciones en que deben realizarse.

En aquellas actuaciones recogidas en el anexo I de esta ley, que además se encuentren comprendidas en el anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, como así queda reflejado en dicho anexo I, la calificación ambiental contendrá el resultado de la evaluación de impacto ambiental simplificada, que se tramitará conforme a lo establecido en la precitada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con las adaptaciones a la misma recogida en esta ley y sus desarrollos reglamentarios.»

«1. Corresponde a los Ayuntamientos:

a) La tramitación y resolución de los procedimientos de calificación ambiental y declaración responsable de los efectos ambientales, en su caso.

En el caso de actuaciones sometidas a calificación ambiental que deban incluir el resultado de la evaluación de impacto ambiental simplificada, las funciones atribuidas al órgano ambiental y órgano sustantivo en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, serán ejercidas por el Ayuntamiento donde se ubique la actuación.

b) La vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a dichos instrumentos.»

2. Cuando la actividad esté sometida a licencia municipal, el procedimiento de calificación ambiental se integrará en el de otorgamiento de aquella.

3. El procedimiento de calificación ambiental se resolverá con carácter previo en los supuestos en los que el inicio de la actividad esté sujeto a presentación de declaración responsable.

En los casos en los que las actuaciones sometidas a calificación ambiental requieran de autorización sustantiva por parte de un órgano de otra Administración Pública, el procedimiento de calificación ambiental se resolverá de manera previa al otorgamiento de la autorización sustantiva.

6. La resolución de la calificación ambiental se producirá en el plazo máximo de 3 meses contados a partir de la fecha de presentación correcta de la documentación exigida, excepto si se trata de calificación ambiental que deba incluir el resultado de la evaluación de impacto ambiental simplificada, en cuyo caso el plazo de resolución será de 4 meses. La falta de emisión de la calificación ambiental en el plazo legalmente establecido, en ningún caso podrá entenderse que equivale a una calificación ambiental favorable.

7. La calificación ambiental, cuyo contenido íntegro estará a disposición de los administrados en el portal del Ayuntamiento, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a partir de su formulación.»

1. Cuando una actuación sometida a calificación ambiental deba incluir el resultado de la evaluación de impacto ambiental simplificada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42, los titulares de actividades sujetas al trámite de calificación ambiental dirigirán al Ayuntamiento, junto con los documentos necesarios para la solicitud de la licencia municipal, al menos, la siguiente documentación:

a) Un proyecto técnico.

b) Síntesis de las características de la actividad o actuación para la que se solicita la licencia.

c) Un documento ambiental que contendrá la información recogida en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

d) Aquellos otros documentos que el Ayuntamiento exija con arreglo a su propia normativa.

2. Si la solicitud no incluye los documentos señalados en el apartado anterior, el Ayuntamiento requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. Si el Ayuntamiento considera que la actuación prevista está sujeta a otro instrumento de prevención y control ambiental de los establecidos en esta ley, o no está sujeta a ningún instrumento de prevención y control, se lo comunicará a la persona promotora o titular interesada, procediendo a la devolución de la documentación presentada.

4. El Ayuntamiento consultará a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, poniendo a su disposición el proyecto y la documentación preceptiva que acompañe, entre la que estará el documento ambiental. En el caso de una actuación sometida a autorización sustantiva por parte de otra Administración Pública, le dará también traslado de la documentación anteriormente mencionada a dicho órgano sustantivo, solicitándole la emisión de informe en materia de su competencia.

Las Administraciones Públicas afectadas y las personas interesadas deberán pronunciarse en el plazo máximo de veinte días desde la recepción de la solicitud de informe.

Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento continuará si el Ayuntamiento cuenta con elementos de juicio suficientes. En este caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente.

Si el Ayuntamiento no tuviera los elementos de juicio suficientes bien porque no se hubiesen recibido los informes de las Administraciones Públicas afectadas que resultasen relevantes, o bien porque, habiéndose recibido, estos resultasen insuficientes para decidir, reiterará la consulta, para que en el plazo de diez días, contados a partir de la recepción de la reiteración, el órgano competente emita el informe correspondiente.

5. El Ayuntamiento, teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor y el resultado de las consultas realizadas, resolverá mediante la emisión de la calificación ambiental, que podrá determinar de forma motivada de acuerdo con los criterios del anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, que:

a) El proyecto debe someterse a una autorización ambiental unificada porque podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

En este caso, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y solicitará la autorización ambiental unificada dirigiéndose al órgano ambiental competente.

Para ello, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental en los términos del artículo 30.

b) El proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en la calificación ambiental, que indicará, al menos, las características del proyecto y las medidas previstas para prevenir lo que, de otro modo, podrían haber sido efectos adversos significativos para el medio ambiente.

c) No es posible dictar una resolución fundada sobre los posibles efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente, al no disponer el órgano ambiental de elementos de juicio suficientes, procediéndose a la terminación del procedimiento con archivo de actuaciones.»

«1. En los supuestos de actuaciones no sometidas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, el procedimiento de resolución de las autorizaciones de control de la contaminación ambiental se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.»

f) La vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las emisiones producidas por las actividades sometidas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada, autorización ambiental unificada simplificada y autorización de emisión a la atmósfera, así como con las emisiones de compuestos orgánicos volátiles reguladas en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.

c) La vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera no sometidas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, a excepción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles reguladas en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, y de las que estén sometidas a la autorización de emisiones a la atmósfera regulada en el artículo 56.»

Sin perjuicio de las obligaciones y condiciones que se establezcan en la autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada, autorización ambiental unificada simplificada, calificación ambiental o autorización de emisión a la atmósfera, que en cada caso proceda según la actividad, los titulares de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera están obligados con carácter general a:

a) Declarar las emisiones a la atmósfera de su actividad con la periodicidad y en la forma que reglamentariamente se determine.

b) Llevar un registro de sus emisiones e incidencias que afecten a las mismas y remitir al órgano competente los datos, informes e inventarios sobre sus emisiones, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

c) Adoptar las medidas adecuadas para evitar las emisiones accidentales que puedan suponer un riesgo para la salud, la seguridad de las personas o un deterioro o daño a los bienes y al medio ambiente, así como poner en conocimiento del órgano competente, con la mayor urgencia y por el medio más rápido posible, dichas emisiones.»

Se someten a autorización de emisión a la atmósfera las instalaciones que emitan contaminantes que estén sujetos a cuotas de emisión en cumplimiento de las obligaciones comunitarias e internacionales asumidas por el Estado español, en especial, la emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, se somete a autorización de emisiones a la atmósfera la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de aquellas instalaciones no sometidas a autorización ambiental integrada, a autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, en las que se desarrollen algunas de las actividades incluidas en el catálogo recogido en el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, y que figuran en dicho anexo como pertenecientes a los grupos A y B.»

«1. Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente:

a) La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en relación con las actuaciones, públicas o privadas, sometidas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada previstas en esta ley.»

«4. En el caso previsto en el apartado anterior, si la nueva actividad estuviera sujeta a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada, autorización ambiental unificada simplificada o el cambio de uso a evaluación ambiental, el informe de situación se incluirá en la documentación que debe presentarse para el inicio de los respectivos procedimientos y el pronunciamiento de la Consejería competente en materia de medio ambiente sobre el suelo afectado se integrará en la correspondiente autorización, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 c) y 28 de esta ley.»

«f) Incentivos para la instalación de equipos para el seguimiento y control de los condicionantes impuestos en las autorizaciones, fundamentalmente en los de la autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada.»

«4. En el ámbito de las competencias atribuidas por la legislación básica, corresponde a las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y en materia de aguas, en sus respectivos ámbitos de competencia material, la resolución de los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental, así como la imposición de las sanciones previstas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.»

1. Sin perjuicio de las condiciones impuestas en las autorizaciones administrativas concedidas, los titulares operadores de las actividades profesionales indicadas en el artículo 122 de esta ley estarán obligados a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y evitar daños ambientales. Ante una amenaza inminente de daño causada por cualquier actividad profesional, el operador de dicha actividad tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento de las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y en materia de aguas, según sea el recurso natural afectado.

2. Estarán obligados a adoptar todas las medidas necesarias para reparar los daños ambientales ocasionados los operadores de las actividades establecidas en el anexo III de la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales o en la legislación básica en materia de responsabilidad ambiental, y los operadores de las actividades profesionales distintas a las establecidas en dicho Anexo, siempre que haya existido culpa o negligencia por parte del operador responsable.»

Los operadores de las actividades establecidas en el anexo III de la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril de 2004, sin perjuicio de las exenciones previstas en la legislación básica, deberán:

a) Elaborar un análisis de riesgos medioambientales, donde se recogerán tanto los riesgos susceptibles de generar algún daño ambiental, como todas las medidas y procesos necesarios para prevenir los mismos, así como su coste estimado o probable.

b) Disponer de alguna de las garantías financieras establecidas en la normativa vigente tendentes a prevenir, evitar y reparar los daños ambientales, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril de 2004, en la forma, plazo y cuantía determinados reglamentariamente. Esta obligación no se aplicará a la Administración de la Junta de Andalucía ni a los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.»

«Sección 1ª. Infracciones y sanciones en materia de autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada»

«b) El incumplimiento de los condicionantes impuestos en la autorización ambiental integrada, en la autorización ambiental unificada o en la autorización ambiental unificada simplificada, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.»

«a) El incumplimiento de los condicionantes impuestos en la autorización ambiental integrada, en la autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, siempre que no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o no se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.

b) Realizar la puesta en marcha de las actividades sometidas a autorización ambiental integrada o a autorización ambiental unificada, sin haber presentado ante la Consejería competente en materia de medio ambiente la preceptiva declaración responsable, indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización.

c) La falsedad, ocultación, alteración o manipulación maliciosa de datos en los procedimientos de autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada.

j) El inicio, la ejecución parcial o total, la modificación sustancial o el traslado de las actuaciones, actividades e instalaciones sometidas por esta ley a autorización ambiental unificada simplificada, sin haberla obtenido.»

«a) El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contenidas en la autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, cuando no estén tipificadas como muy graves o graves.

d) Realizar la puesta en marcha de las actividades sometidas a autorización ambiental unificada simplificada sin haber presentado ante la Consejería competente en materia de medio ambiente la preceptiva declaración responsable, indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización.

e) Transmitir la titularidad de la actuación sometida a autorización ambiental unificada simplificada, sin comunicarlo a la Consejería competente en materia de medio ambiente.

f) No comunicar a la Consejería competente en materia de medio ambiente las modificaciones de carácter no sustancial que se lleven a cabo en las instalaciones y actividades sometidas a autorización ambiental unificada simplificada.

g) No informar inmediatamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente de cualquier incidente o accidente ocurrido en actividades sometidas a autorización ambiental unificada simplificada, que afecte de forma significativa al medio ambiente.

h) La puesta en marcha y funcionamiento de la instalación sin que la Consejería competente en materia de medio ambiente haya llevado a cabo la comprobación previa exigida por la autorización ambiental unificada simplificada.»

1. Serán consideradas infracciones muy graves:

a) El inicio, la ejecución parcial o total o la modificación sustancial de dicha actuación, sin haber obtenido la calificación ambiental.

b) La ocultación de datos, su falseamiento o manipulación maliciosa en el procedimiento de calificación ambiental.

c) El incumplimiento de las condiciones ambientales, de las medidas correctoras o compensatorias establecidas en la calificación ambiental.

d) El incumplimiento del requerimiento acordado por la Administración para la suspensión de la ejecución del proyecto.

2. Este artículo solo es de aplicación a las actuaciones sometidas a calificación ambiental que deban incluir el resultado de la evaluación de impacto ambiental simplificada, de acuerdo a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con las adaptaciones establecidas en esta ley.

3. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa desde 24.001 hasta 240.400 euros.»

1. Son infracciones graves, respecto de las actuaciones sometidas a calificación ambiental que no deban incluir el resultado de la evaluación de impacto ambiental simplificada de acuerdo a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre o a declaración responsable de los efectos ambientales:

a) La puesta en marcha de las actividades sometidas a calificación ambiental sin haber trasladado al Ayuntamiento la certificación del técnico director de la actuación, acreditativa de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la calificación ambiental.

b) El inicio, la ejecución parcial o total o la modificación sustancial de las actuaciones sometidas por esta ley a calificación ambiental, incluidas las sujetas a presentación de declaración responsable de los efectos ambientales, sin el cumplimiento de dicho requisito.

c) El incumplimiento de los condicionantes medioambientales impuestos en la calificación ambiental, cuando produzca daños o deterioro para el medio ambiente o se haya puesto en peligro la seguridad o salud de las personas.

d) El incumplimiento de las órdenes de suspensión o clausura o de las medidas correctoras complementarias o protectoras impuestas a las actuaciones sometidas a calificación ambiental.

e) La falsedad, ocultación o manipulación maliciosa de datos en el procedimiento de calificación ambiental.

2. Son infracciones graves, respecto de las actuaciones sometidas a calificación ambiental que deban incluir el resultado de la evaluación de impacto ambiental simplificada, de acuerdo a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre:

a) La puesta en marcha de las actividades sometidas a calificación ambiental sin haber trasladado al Ayuntamiento la certificación del técnico director de la actuación, acreditativa de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la calificación ambiental.

b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o requisitos contenidos en esta ley, cuando no esté tipificado como muy grave.

3. La comisión de infracciones administrativas graves se sancionará con multa desde 1.001 hasta 24.000 euros.»

«1. Son infracciones leves, respecto de las actuaciones sometidas a calificación ambiental que no deban incluir el resultado de la evaluación de impacto ambiental simplificada, el incumplimiento de los condicionantes impuestos en la calificación ambiental, cuando no se produzcan daños o deterioro para el medio ambiente o se haya puesto en peligro la seguridad o salud de las personas.»

«b) La sección 3.ª, en los siguientes supuestos:

1.ª Infracciones en materia de contaminación atmosférica cuando se trate de actividades sometidas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada, autorización ambiental unificada simplificada, autorización de emisiones a la atmósfera, así como aquellas que emitan compuestos orgánicos volátiles reguladas en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero.

2.ª Infracciones en materia de contaminación lumínica, cuando se trate de actuaciones sujetas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada.

3.ª Infracciones en materia de contaminación acústica, cuando se trate de actuaciones sujetas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada.»

«1. La imposición de las sanciones previstas en la presente ley, incluidas las referentes a las infracciones relacionadas con el uso u ocupación del dominio público marítimo terrestre y sus zonas de servidumbre, así como las relativas a las infracciones en materia de responsabilidad medioambiental, le corresponde a:

a) Las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de medio ambiente, hasta 60.000 euros.

b) La persona titular de la Dirección General competente por razón de la materia, desde 60.001 hasta 150.250 euros.

c) La persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, desde 150.251 hasta 300.500 euros.

d) El Consejo de Gobierno, cuando la multa exceda de 300.500 euros.»

Los titulares de las instalaciones previstas en el Real Decreto 117/2003, de 31 de diciembre, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, que no estén sometidas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, deberán solicitar, con carácter previo a su puesta en marcha, a la Consejería competente en materia de medio ambiente, su inscripción en el registro previsto en el artículo 18 de esta ley, a los efectos de control, y cumplir los valores límites de emisión y demás obligaciones establecidas en el citado real decreto.»

Conforme a lo dispuesto en esta ley, en relación con los instrumentos de control de la contaminación ambiental que se regulen reglamentariamente, éstos integrarán en su desarrollo el instrumento de prevención ambiental de autorización ambiental unificada simplificada, para aquellas actividades a las que les sea de aplicación, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de esta ley.»

Notas:

- Este anexo no será de aplicación a las actuaciones que se encuentren incluidas en el Anexo I Grupo 9. Otros proyectos, apartado a), de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en cuyo caso se encontrarán sometidas a autorización ambiental unificada; ni a las actuaciones que puedan afectar a Espacios Protegidos Red Natura 2000, recogidas en el artículo 27.2. b) de esta Ley, que se encontrarán sometidas a autorización ambiental unificada simplificada. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41.1 de esta ley.

- En la consulta de este anexo deberá tenerse en cuenta que algunas de las actuaciones incluidas en él, con diferentes umbrales y/o circunstancias, pueden estar sometidas al instrumento de prevención y control ambiental autorización ambiental unificada simplificada, por lo que se recomienda la consulta de este anexo de manera conjunta con el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la autorización ambiental unificada simplificada establecido en el artículo 27.2 de esta ley.

Nomenclatura:

CA (Anexo II): Calificación ambiental que incluye el resultado de la evaluación de impacto ambiental simplificada, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con las adaptaciones a la misma recogidas en esta Ley y sus desarrollos reglamentarios.

CA: Calificación ambiental que no incluye el resultado de la evaluación de impacto ambiental simplificada establecida en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

CA-DR: Calificación ambiental mediante declaración responsable de los efectos ambientales.

AAI: Autorización Ambiental Integrada.

AAUS: Autorización Ambiental Unificada Simplificada.

1. La resolución de Calificación Ambiental se producirá en el plazo máximo de 3 meses contados a partir de la fecha de presentación correcta de la documentación exigida.

2. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin haberse dictado resolución expresa de calificación, en ningún caso podrá entenderse que equivale a una calificación ambiental favorable.

3. El plazo para el otorgamiento de la licencia necesaria para la implantación, modificación o traslado de la actividad quedará suspendido hasta tanto se produzca la resolución expresa de la calificación ambiental.»

Este decreto tiene por objeto:

a) El desarrollo reglamentario del régimen jurídico de la autorización ambiental unificada y la autorización ambiental unificada simplificada.»

1. De conformidad con el apartado 1 del artículo 27 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se encuentran sometidas a autorización ambiental unificada:

a) Las actuaciones, de titularidad pública o privada, que se vayan a ejecutar o instalar en la Comunidad Autónoma Andaluza, en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como las que, presentándose fraccionadas, alcancen los umbrales de dicho anexo mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada una de las actuaciones consideradas.

Se exceptúan las actuaciones indicadas en el artículo 3 de este decreto, así como aquellas actuaciones que a su vez se encuentren sometidas a autorización ambiental integrada, que se someterán a este último instrumento.

b) La modificación sustancial de las actuaciones anteriormente mencionadas.

c) Las actuaciones comprendidas en el apartado 2 del presente artículo, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en la resolución del procedimiento de autorización ambiental unificada simplificada.

d) Cualquier modificación de las características de una actuación consignada en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I de dicha ley.

e) Las instalaciones o parte de las mismas mencionadas en el apartado 1 del artículo 20 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos y que se utilicen por más de dos años.

f) Los proyectos incluidos en el apartado 2 del presente artículo, cuando así lo solicite el promotor.

2. De conformidad con el apartado 2 del artículo 27 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se encuentran sometidas a autorización ambiental unificada simplificada:

a) Las actuaciones, de titularidad pública o privada, en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, así como las que, presentándose fraccionadas, alcancen los umbrales del Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada una de las actuaciones consideradas.

Se exceptúan las actuaciones indicadas en el artículo 3 de este decreto, así como aquellas que a su vez se encuentran sometidas a autorización ambiental integrada, que se someterán a este último instrumento, y aquellas que se encuentren incluidas en el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que se someterán a calificación ambiental.

b) Las actuaciones no incluidas ni en el anexo I ni en el anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

c) La modificación sustancial de las actuaciones mencionadas en la letra a) de este apartado 2, excepto las indicadas en la letra d) del apartado 1 del presente artículo.

d) Las actuaciones recogidas en la letra a) del apartado 1 del presente artículo y las instalaciones o parte de las mismas previstas en el apartado 1 del artículo 20 de Ley 7/2007, de 9 de julio, así como sus modificaciones sustanciales, que sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años.

e) Actividades sometidas a calificación ambiental que se extiendan a más de un municipio.

3. Una vez otorgada la autorización ambiental unificada o la autorización ambiental unificada simplificada, no procederá el sometimiento a ulteriores trámites preventivos de carácter ambiental previos a la ejecución de la actuación, sin perjuicio que se lleven a cabo las comprobaciones que resulten necesarias durante dicha ejecución y con anterioridad a su puesta en marcha, para comprobar la adecuación a las condiciones impuestas en dicha autorización.»

Quedan excluidos del sometimiento a autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, además de los casos indicados en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de este decreto, los establecidos en el apartado 3 del artículo 27 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.»

En cuanto a los supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos excluibles, se estará a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.»

La autorización ambiental unificada y la autorización ambiental unificada simplificada tienen por objeto evitar o, cuando esto no sea posible, reducir en origen la producción de residuos, las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo así como evaluar las repercusiones de las actuaciones previstas en el artículo 2, en el ámbito de la fauna y flora silvestre, los hábitats naturales, en especial los incluidos en la Red Ecológica Europea Natura 2000 y los procesos ecológicos que sustentan el funcionamiento de la Red, y otras incidencias ambientales de determinadas actuaciones, así como recoger en una única resolución las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que correspondan a las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y en materia de aguas, y entidades de derecho público dependientes de la misma, y que resulten necesarios con carácter previo para la implantación y puesta en marcha de estas actuaciones, según lo dispuesto en el anexo VIII para la autorización ambiental unificada y en el anexo I para la autorización ambiental unificada simplificada.»

«a) Actuación: las obras y actividades y sus proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de este decreto.

b) Administraciones Públicas afectadas: aquellas Administraciones Públicas así definidas en el artículo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

c) Personas interesadas: se consideran personas interesadas a los efectos de este decreto:

1.º Todas aquellas en quienes concurran cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.º Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que, de conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), cumplan los siguientes requisitos:

i) Que tengan, entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines puedan resultar afectados por la evaluación ambiental.

ii) Que lleven, al menos, dos años legalmente constituidas y vengan ejerciendo, de modo activo, las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.

iii) Que según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por el plan, programa o proyecto que deba someterse a evaluación ambiental.

d) Público: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones o grupos, constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación que no reúnan los requisitos para ser considerados como personas interesadas.»

1. El órgano con competencia para la instrucción y resolución de los procedimientos de autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada, así como la evaluación ambiental que en su caso se integre, será la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

2. Cuando la ubicación de la actuación afecte a más de una provincia, la Dirección General competente en materia de prevención y control ambiental instruirá y resolverá el procedimiento, salvo que delegue dicha competencia a una de las Delegaciones Territoriales afectadas, en cuyo caso se notificará a la persona titular de la actuación en la comunicación regulada en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Dicha delegación deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía conforme a lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en el artículo 102.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

3. Conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 103 y 104 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la Dirección General competente en materia de prevención y control ambiental podrá avocar para sí la instrucción y resolución del procedimiento de autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada de aquellos proyectos que, por su especial incidencia ambiental, su magnitud o sus posibles afecciones lo hagan conveniente. Dicha decisión, que corresponderá a la persona titular de la mencionada Dirección General, deberá ser motivada y notificada a la persona titular de la actuación.»

En el caso de las actuaciones descritas en la letra b) del apartado 2 del artículo 2 que puedan afectar a Espacios Protegidos Red Natura 2000, se actuará conforme a lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.»

1. La persona titular de una actuación sometida a autorización ambiental unificada o autorización ambiental simplificada que pretenda llevar a cabo una modificación que, de acuerdo con los criterios señalados en el artículo 19.11.a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, sea considerada sustancial, deberá solicitar autorización en los términos previstos en el artículo 15 del presente decreto, en el caso de una actuación sometida a autorización ambiental unificada, y en el artículo 27, si la actuación se encuentra sometida a autorización ambiental unificada simplificada, no pudiendo llevarse a cabo la modificación en tanto no sea otorgada la autorización, que irá referida únicamente a los aspectos que sean objeto de dicha modificación o que resulten afectados por la misma y se tramitará siguiendo el procedimiento establecido en este decreto para ambos instrumentos de prevención, con las siguientes particularidades:

a) El plazo máximo para dictar y notificar la correspondiente resolución será de seis meses, en el caso de la modificación sustancial de la autorización ambiental unificada, y de cuatro meses, en el caso de la modificación sustancial de la autorización ambiental unificada simplificada, transcurrido el cual sin que haya recaído resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 32, respectivamente, de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

b) Para este tipo de actuaciones, el estudio de impacto ambiental o documento ambiental, según el caso, contendrá, al menos, la información recogida en los artículos 31 y 32, respectivamente, de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

c) El plazo de información pública, para el caso de modificación sustancial de autorización ambiental unificada, será de treinta días a contar desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 19 de este decreto.

2. En todo caso, tendrán la consideración de modificación sustancial cualquier modificación de las características de actuaciones ya autorizadas, ejecutadas o en proceso de ejecución en las que, representando una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente, concurra cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 19.11.a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, o bien alguno de los indicados a continuación:

a) Un incremento de más del 50% de la capacidad de producción de la instalación en unidades de producto.

b) Un incremento superior al 25% de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que la actividad tenga autorizados. En el caso de emisión acústica, cualquier modificación que suponga un incremento de más de 3 decibelios (dBA) en la potencia acústica total de la instalación.

c) Un incremento superior al 25% del caudal del vertido o de la carga contaminante de las aguas residuales en cualquiera de los parámetros que la actividad tenga autorizados, así como la introducción de nuevos contaminantes. En el caso de vertidos de sustancias peligrosas o prioritarias, cualquier modificación que suponga un incremento superior al 10%, analizando en su conjunto tanto vertidos como emisiones y pérdidas.

d) Un incremento en la generación de residuos peligrosos de más de 10 toneladas al año siempre que se produzca una modificación estructural del proceso o bien un incremento de más del 25% del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.

e) Un incremento en la generación de residuos no peligrosos de más de 50 toneladas al año siempre que represente más del 50% de residuos no peligrosos, incluidos los residuos inertes, calculados sobre la cantidad máxima de producción de residuos autorizada.

f) Un incremento en el consumo de recursos naturales o materias primas superior al 50%.

g) Una afección ambiental significativa por ocupación de suelo como recurso natural.

En el caso de actividades existentes se tendrá en cuenta para el cálculo lo establecido en las correspondientes autorizaciones sectoriales, en los procedimientos de prevención y control ambiental a los que hayan sido sometidas o en el condicionado de la autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada que originariamente se hubiese otorgado.

3. Igualmente, se considerará que existe modificación sustancial cuando las sucesivas modificaciones experimentadas por la actividad durante la vigencia de la autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada impliquen la superación de alguno de los límites previstos en el apartado anterior.

5. El órgano ambiental competente dictará y notificará la resolución sobre el carácter sustancial o no de la modificación en el plazo máximo de un mes, transcurrido el cual sin que haya recaído resolución expresa se podrá entender como no sustancial a los únicos efectos ambientales de la modificación proyectada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.5 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, sin perjuicio del resto de autorizaciones, licencias y permisos que le sean exigibles.»

Cuando se estime que la realización de una actividad sometida a autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, pudiera tener efectos negativos significativos sobre el medio ambiente de otra Comunidad Autónoma, la Consejería competente en materia de medio ambiente lo pondrá en conocimiento de la Administración de la Comunidad Autónoma afectada durante el trámite de consultas regulado en el artículo 13, con el objeto de que ésta informe en el plazo de un mes sobre la citada actuación. Dicho informe, que no suspenderá la tramitación del procedimiento, será valorado por el órgano ambiental competente.»

«2. Las personas titulares de las actuaciones sometidas a autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, podrán requerir del órgano ambiental competente que se mantenga la confidencialidad de aquellos datos que obren en la documentación aportada y que tengan trascendencia comercial o industrial frente a personas o entidades distintas de la Administración, mediante petición motivada en la que concreten los datos afectados por la limitación así como la documentación que resulte necesaria para acreditar tal carácter, que acompañará a la solicitud de autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada.»

1. De acuerdo con el artículo 30.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, las personas o entidades titulares o promotoras de actuaciones sometidas a autorización ambiental unificada podrán obtener del órgano ambiental competente información sobre el alcance, amplitud y grado de especificación de la documentación ambiental necesaria.

2. La solicitud de información, dirigida al órgano ambiental competente, se ajustará al modelo oficial que figura en el Anexo VII. Dicha solicitud irá acompañada del documento inicial del proyecto.

3. El documento inicial, del cual se deberá aportar una copia en formato digital en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contendrá como mínimo:

a) Identificación de la persona o entidad titular o promotora.

b) Descripción y características más significativas del proyecto.

c) Ubicación del proyecto, para lo que se aportará cartografía a escala adecuada de su situación y emplazamiento.

d) Justificación de la necesidad u oportunidad de la actuación.

e) En su caso, principales alternativas que se consideran y análisis de los potenciales impactos ambientales de cada una de ellas.

f) Determinación de las afecciones territoriales y ambientales de la actuación proyectada.»

«1. De acuerdo con el artículo 30.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, teniendo en cuenta el contenido del documento inicial, el órgano ambiental competente efectuará consultas a otras Administraciones Públicas, organismos, instituciones, organizaciones ciudadanas y autoridades científicas que estime que puedan aportar alguna información de interés, para que, en el plazo de treinta días, se pronuncien sobre la actuación o aporten cualquier otra información que deba ser tenida en cuenta.»

«CAPÍTULO III. Procedimiento de autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada.

Sección 1.ª Iniciación del procedimiento de autorización ambiental unificada.»

1. A la solicitud de autorización ambiental unificada se acompañará la siguiente documentación:

d) Estudio de impacto ambiental, que contendrá, al menos, la información recogida en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en los términos desarrollados en el anexo VI de dicha ley.

e) En su caso, el proyecto deberá contener la documentación recogida en el anexo VI de este decreto, exigida por la normativa sectorial que resulte de aplicación a la actividad, que sea necesaria para obtener las autorizaciones y pronunciamientos que en cada caso integren la autorización ambiental unificada. La documentación necesaria para obtener las autorizaciones de vertido, será la establecida en el Reglamento de Vertidos de Andalucía, aprobado por Decreto 109/2015, de 17 de marzo de 2015.

h) Una valoración de impacto en salud, en su caso, con el contenido establecido en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía y su desarrollo reglamentario.

i) Cualquier otro documento que se estime conveniente para precisar o completar cualquier dato.

3. Si la solicitud no reúne los requisitos o la documentación previstos en los apartados anteriores, el órgano ambiental competente requerirá al titular de la actuación para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. Si, a la vista de la documentación presentada, el órgano ambiental competente considerara que la actuación está sujeta al trámite de autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada simplificada, se lo comunicará a la persona promotora o titular interesada, continuando con los trámites de esta nueva autorización si la documentación reúne los requisitos previstos por su procedimiento, o procediendo, en su caso, conforme a lo establecido en el apartado anterior.

Si, en otro caso, el órgano ambiental competente considerara que la actuación prevista está sujeta al trámite de calificación ambiental o no está sujeta a ningún instrumento de prevención y control ambiental, lo comunicará a la persona promotora o titular, procediendo a la devolución de la documentación presentada.»

«1. El informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico será emitido por el órgano municipal competente en materia de urbanismo o, en su defecto, por la Secretaría del Ayuntamiento en cuyo término municipal vaya a ubicarse la actuación.

La Administración competente deberá emitir el informe en el plazo máximo de un mes, previa solicitud de la persona interesada a la que deberá acompañarse el correspondiente proyecto técnico. En caso de que el informe no se emitiera en el plazo señalado, será suficiente que la persona interesada acompañe a la solicitud de autorización ambiental unificada una copia de la solicitud del mismo.

Para proyectos de infraestructuras lineales que afecten a más de un municipio, el informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico podrá ser solicitado a la Consejería competente en materia de urbanismo.

Se exceptúan de este informe los proyectos de actuaciones recogidos en el artículo 27.4 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y las modificaciones sustanciales que no supongan aumento de la ocupación de suelo. Para los proyectos recogidos en el artículo 27.4 que se resuelvan mediante la emisión de informe de carácter vinculante, dicho informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico será presentado ante el órgano sustantivo, siempre que no esté exenta su presentación, en aplicación de la normativa sectorial.

3. Si el informe determina que la actuación es incompatible con el planeamiento urbanístico, con independencia del momento en que se haya emitido, pero siempre que se haya recibido con anterioridad al otorgamiento de la autorización ambiental unificada, el órgano ambiental competente, previa audiencia de los interesados en los términos establecidos en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dictará resolución poniendo fin al procedimiento y archivará las actuaciones.»

1. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano ambiental competente remitirá el proyecto y la documentación preceptiva que le acompañe, entre la que estará, en todo caso, el estudio de impacto ambiental, para su conocimiento y máxima difusión a los Ayuntamientos de los municipios afectados y, en su caso, al órgano sustantivo en orden a la emisión del informe referido en el artículo 31.4 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. Asimismo, consultará a las personas interesadas y recabará de los distintos organismos e instituciones, los informes que tengan carácter preceptivo de acuerdo con la normativa básica estatal, así como aquellos otros que se consideren necesarios. Dichos informes habrán de ser remitidos en un plazo máximo de treinta días desde la recepción de la documentación por los consultados, transcurrido el cual se continuará con el procedimiento, sin perjuicio de que puedan ser tenidos en cuenta en caso de que sean emitidos con posterioridad.

En los supuestos determinados en el artículo 56.1.c) de la Ley de Salud Pública de Andalucía, se remitirá el expediente a la Consejería competente en materia de salud, que emitirá el informe preceptivo y vinculante de evaluación de impacto en la salud en el plazo de un mes. Excepcionalmente y de forma motivada, este plazo podrá ampliarse hasta un máximo de tres meses. De no emitirse el informe a que se refiere el párrafo anterior en el plazo señalado, se estará a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. El órgano ambiental competente dará traslado de los informes y condicionados emitidos por los Ayuntamientos y las Administraciones Públicas afectadas, al órgano sustantivo. Si en el procedimiento de autorización administrativa que deba otorgar el órgano sustantivo se contemplan trámites de consulta a Ayuntamientos, Administraciones Públicas afectadas o al propio órgano ambiental, aquel podrá considerar cumplidos dichos trámites con los informes y alegaciones remitidos en el procedimiento de autorización ambiental unificada.»

Con carácter previo a la elaboración de la propuesta de resolución de autorización ambiental unificada se dará trámite de audiencia a las personas interesadas durante un plazo máximo de diez días.»

«Sección 3ª. Finalización del procedimiento de autorización ambiental unificada.»

«1. La autorización ambiental unificada determinará las condiciones en que debe realizarse la actuación en orden a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de impacto ambiental. Asimismo, establecerá el condicionado específico relativo al resto de autorizaciones y pronunciamientos que en la misma se integren y el que resulte de los informes emitidos, las consideraciones referidas al seguimiento y vigilancia ambiental de la ejecución, desarrollo o funcionamiento de la actuación, así como para el cese de la actividad, y la obligación de comunicar a las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y en materia de aguas, en su caso, con la periodicidad que se determine, los datos necesarios para comprobar el cumplimiento del contenido de la autorización.»

«Sección 4ª. Procedimiento de autorización ambiental unificada simplificada»

1. La solicitud de autorización ambiental unificada simplificada se dirigirá al órgano ambiental competente en función de los criterios establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 7, y se acompañará de la documentación detallada en el artículo 27 bis. Estos documentos tendrán que ser suscritos por la persona solicitante o por quien la represente.

2. La solicitud se regirá, en lo no indicado en este artículo, por lo establecido en el artículo 15 del presente decreto.»

1. La solicitud de autorización ambiental unificada simplificada se acompañará de la siguiente documentación:

a) Un proyecto técnico conforme a las indicaciones del Anexo V.

b) Informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico regulado en el artículo 17, con excepción de las actuaciones que no sean susceptibles de licencia municipal y las modificaciones sustanciales que no supongan aumento de la ocupación del suelo.

c) Informe de situación de suelo en los supuestos regulados en el artículo 91.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

d) Un documento ambiental que contendrá la información recogida en el apartado 1 del artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

e) En su caso, el proyecto deberá contener la documentación recogida en el anexo VI de este decreto, exigida por la normativa sectorial que resulte de aplicación a la actividad, que sea necesaria para obtener las autorizaciones y pronunciamientos que en cada caso integren la autorización ambiental unificada simplificada.

f) En su caso, petición motivada en la que se concrete los datos que, a juicio del solicitante, gocen de confidencialidad, debiendo justificarlo de acuerdo con las disposiciones vigentes.

g) Justificante del pago de las tasas que resulten de aplicación, en su caso.

h) Cualquier otro documento que se estime conveniente para precisar o completar cualquier dato. Estos documentos tendrán que ser suscritos por la persona solicitante o por quién la represente.

2. Si la solicitud no incluye los documentos señalados en el apartado anterior, el órgano ambiental competente requerirá al titular de la actuación para que, en un plazo de diez días, acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. Si, a la vista de la documentación presentada, el órgano ambiental competente considera que la actuación está sujeta al trámite de autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada, procederá a la terminación del procedimiento con archivo de actuaciones, comunicándolo a la persona promotora o titular interesada, con indicación de que, si así lo considera, debe presentar una nueva solicitud del instrumento de prevención y control ambiental que corresponda.

Si, en otro caso, el órgano ambiental competente considera que la actuación prevista está sujeta al trámite de calificación ambiental o no está sujeta a ningún instrumento de prevención y control ambiental de los previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, se lo comunicará a la persona promotora o titular, procediendo a la devolución de la documentación presentada.»

En los casos en los que de la documentación presentada se ponga de manifiesto que la actuación para la que se solicita autorización ambiental unificada simplificada incurre en alguna de las prohibiciones previstas en la normativa ambiental, el órgano ambiental competente, previa audiencia de la persona interesada, dictará resolución que ordene el archivo de las actuaciones poniendo fin al procedimiento.»

El órgano ambiental competente remitirá el proyecto y la documentación preceptiva que le acompañe, entre la que estará, en todo caso, el documento ambiental, al órgano sustantivo para emisión de informe en materia de su competencia, y consultará a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas, que deberán pronunciarse en un plazo máximo de veinte días desde la recepción de la solicitud del informe.

Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para formular el resultado de la evaluación de impacto ambiental y los condicionados de las autorizaciones sectoriales que proceda integrar. En este caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente.

Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes bien porque no se hubiesen recibido los informes de las Administraciones Públicas afectadas que resultasen relevantes, o bien porque, habiéndose recibido, éstos resultasen insuficientes para decidir, reiterará la consulta, para que en el plazo de diez días, contados a partir de la recepción de la reiteración, el órgano competente emita el informe correspondiente.»

El órgano ambiental, teniendo en cuenta la información facilitada por el promotor y el resultado de las consultas realizadas, resolverá, de forma motivada, de acuerdo con los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, que:

a) El proyecto debe someterse a una autorización ambiental unificada porque podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Esta resolución se emitirá previa audiencia de los interesados en los términos establecidos en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En este caso, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y solicitará la autorización ambiental unificada de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de este decreto.

Para ello, el promotor podrá solicitar al órgano ambiental la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental en los términos del Capítulo II de esta norma.

b) El proyecto no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el resultado de la evaluación de impacto ambiental, que indicará, al menos, las características del proyecto y las medidas previstas para prevenir lo que, de otro modo, podrían haber sido efectos adversos significativos para el medio ambiente.

Esta resolución se emitirá previa audiencia de los interesados durante un plazo de diez días. Para ello, el órgano ambiental elaborará un dictamen ambiental que incluirá el resultado de la evaluación de impacto ambiental, los condicionantes que se deriven del análisis realizado por las distintas unidades administrativas afectadas y los que resulten de los informes emitidos, así como los condicionados de las autorizaciones sectoriales que en la misma se integren.

Finalizado el trámite de audiencia, el órgano ambiental elaborará una propuesta de resolución de autorización ambiental unificada simplificada en la que, además de los extremos previstos en el artículo 27 septies se incorporarán, en su caso, las modificaciones al dictamen ambiental que se estimen pertinentes como resultado del análisis de las alegaciones presentadas por las personas interesadas.

El órgano ambiental dictará y notificará la resolución que ponga fin al procedimiento.

c) No es posible dictar una resolución fundada sobre los posibles efectos adversos del proyecto sobre el medio ambiente, al no disponer el órgano ambiental de elementos de juicio suficientes, procediéndose a la terminación del procedimiento con archivo de actuaciones.»

1. La Consejería competente en materia de medio ambiente dictará y notificará la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de cinco meses desde la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada su solicitud.

2. La resolución de la autorización ambiental unificada simplificada, en el supuesto de los apartados a) y b) del artículo 27 quinquies, cuyo contenido íntegro estará a disposición de los administrados a través del Portal de la Junta de Andalucía, se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. La resolución del procedimiento de autorización ambiental unificada simplificada no agota la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

4. La autorización ambiental unificada simplificada, en el supuesto del apartado b) del artículo 27 quinquies, se inscribirá de oficio en el Registro de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las actividades que usan disolventes orgánicos, regulado en el capítulo VIII.

Dicha inscripción se efectuará en el momento en que se dicte la correspondiente resolución, con independencia de la anotación de los recursos que se interpongan contra la misma.

5. La transmisión de la titularidad de la actuación sometida a autorización ambiental unificada simplificada, en el supuesto del apartado b) del artículo 27 quinquies, deberá comunicarse a la Consejería competente en materia de medio ambiente.»

1. La autorización ambiental unificada simplificada determinará las condiciones en que debe realizarse la actuación en orden a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de impacto ambiental. Asimismo, establecerá el condicionado específico relativo al resto de autorizaciones y pronunciamientos que en la misma se integren y el que resulte de los informes emitidos, las consideraciones referidas al seguimiento y vigilancia ambiental de la ejecución, desarrollo o funcionamiento de la actuación, así como para el cese de la actividad.

2. La autorización ambiental unificada simplificada podrá incorporar la exigencia de comprobación previa a la puesta en marcha o entrada en funcionamiento de la actuación, de aquellos condicionantes que se estimen oportunos, en los términos establecidos en el artículo 39.

3. En su caso, la autorización ambiental unificada simplificada podrá incorporar las medidas relativas a las condiciones de explotación en los casos de puesta en marcha, fugas, fallos de funcionamiento, paradas temporales, cierre definitivo, u otras situaciones distintas a las normales que puedan afectar al medioambiente.»

1. La obtención de la autorización ambiental unificada simplificada no eximirá a las personas o entidades titulares o promotoras de obtener cuantas otras autorizaciones, concesiones, licencias o informes resulten exigibles según lo dispuesto en la normativa sectorial que resulte de aplicación a la actividad.

2. La autorización ambiental unificada simplificada deberá obtenerse con carácter previo a cualquier otra licencia o autorización que resulte exigible a la correspondiente actuación.»

«CAPÍTULO IV. Actuaciones promovidas por la Administración de la Junta de Andalucía, así como las declaradas de utilidad e interés general de Andalucía o aquellas en las que el otorgamiento de la autorización sustantiva corresponda a la Administración de la Junta de Andalucía»

1. Cuando la actuación sometida a autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada sea promovida por la Administración de la Junta de Andalucía o por entidades de derecho público dependientes de la misma, cuando se trate de actuaciones privadas que sean declaradas de utilidad e interés general por una ley, decreto o acuerdo del Consejo de Gobierno y en los supuestos en los que el otorgamiento de la autorización sustantiva corresponda a la Administración de la Junta de Andalucía y se acuerde previamente y de modo conjunto por los órganos sustantivo y ambiental competentes, se seguirá el procedimiento regulado en este decreto, si bien el mismo se resolverá mediante la emisión de un informe de carácter vinculante del órgano ambiental competente, que contendrá todos los pronunciamientos de carácter ambiental que correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente, así como los condicionantes que se deriven de los informes vinculantes emitidos por otras Administraciones Públicas afectadas, y que tendrá las singularidades previstas en los artículos 31, 31 bis, 32 y 32 bis.

2. Los supuestos referidos en el apartado 1 en los que el otorgamiento de la autorización sustantiva corresponda a la Administración de la Junta de Andalucía, se acordarán previamente mediante resolución conjunta de los órganos sustantivo y ambiental competentes. Esta resolución conjunta se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y a través del Portal de la Junta de Andalucía.

En la solicitud a la que hace referencia el artículo 32 y 32.bis se efectuará una mención expresa a dicha resolución conjunta.

3. El informe vinculante deberá emitirse en los plazos establecidos para la resolución del procedimiento previsto en los artículos 24.1 y 27 sexies, según se trate de un procedimiento de autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, a contar desde la recepción del expediente por el órgano ambiental competente, pudiéndose entender desfavorable si no se ha notificado en los plazos señalados con arreglo a lo dispuesto en los artículos 31.6 y 32.5 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

4. El informe se hará público en la forma prevista en el artículo 24.3 y 27 sexies, según se trate de un procedimiento de autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada.

5. Tendrán la consideración de actuaciones de utilidad e interés general, además de las declaradas por una ley, decreto o acuerdo del Consejo de Gobierno, las que se relacionan a continuación, siempre que su autorización sustantiva corresponda a la Administración de la Junta de Andalucía:

a) Las de transporte y las de distribución de energía (electricidad, gas e hidrocarburos).

b) La de generación de energía.

c) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia previstas en el anexo I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.»

«1. El órgano promotor, antes de la aprobación del proyecto, deberá presentar ante el órgano ambiental competente el proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental, que contendrá la información recogida en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en los términos establecidos en el Anexo VI de dicha ley.

4. Del dictamen ambiental previsto en el artículo 21, se dará traslado al órgano promotor para que en un plazo de diez días formule las observaciones que estime pertinentes constituyéndose, en caso de disconformidad con el mismo, un grupo de trabajo mixto compuesto por un representante de cada Delegación Territorial afectada, un representante de la Dirección General correspondiente del órgano ambiental competente y un representante de la Dirección General correspondiente del órgano sustantivo, para resolver de común acuerdo y en el plazo máximo de treinta días los aspectos objeto de disconformidad. Transcurrido dicho plazo, se levantará acta de las conclusiones, que será remitida al órgano ambiental competente.»

1. El órgano promotor, antes de la aprobación del proyecto, deberá presentar ante el órgano ambiental competente el proyecto técnico y el documento ambiental, que contendrá la información recogida en el artículo 45.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

2. El trámite de consultas a Administraciones públicas afectadas y a personas interesadas se realizará conforme a lo previsto en el artículo 27 quater.

3. Del dictamen ambiental previsto en el artículo 27 quinquies, se dará traslado al órgano promotor para que en un plazo de diez días formule las observaciones que estime pertinentes constituyéndose, en caso de disconformidad con el mismo, un grupo de trabajo mixto compuesto por un representante de cada Delegación Territorial afectada, un representante de la Dirección General correspondiente del órgano ambiental competente y un representante de la Dirección General correspondiente del órgano sustantivo, para resolver de común acuerdo y en el plazo máximo de treinta días los aspectos objeto de disconformidad. Transcurrido dicho plazo, se levantará acta de las conclusiones, que será remitida al órgano ambiental competente.

4. Concluido el trámite anterior el órgano ambiental competente emitirá un informe en el que se pronunciará sobre la viabilidad y las condiciones en que deba realizarse la actuación proyectada teniendo en cuenta la normativa ambiental que le resulte de aplicación. Cuando el órgano promotor disienta del contenido del informe emitido podrá plantear la resolución de su discrepancia ante el Consejo de Gobierno conforme al procedimiento regulado en el artículo 33.

5. Cuando la explotación se transfiera a otras personas o Administraciones distintas, se deberá instar el cambio de titularidad de la autorización ambiental unificada simplificada.»

3. Del dictamen ambiental previsto en los artículos 21 y 27 quinquies, se dará traslado al órgano sustantivo, así como a las personas interesadas para que en un plazo de diez días formulen las observaciones que estimen pertinentes.»

1. La persona o entidad promotora deberá presentar su solicitud de autorización ambiental unificada simplificada junto con la documentación indicada en el artículo 27 bis ante el órgano sustantivo.

2. El trámite de consulta se cumplimentará por el órgano sustantivo dentro del procedimiento para el otorgamiento de la autorización que la normativa sectorial exija en cada caso, o por el órgano ambiental competente si el citado procedimiento no incluyera dichos trámites, en los términos recogidos en el artículo 27 quáter.

3. Del dictamen ambiental previsto en el artículo 27 quinquies, se dará traslado al órgano sustantivo, así como a los interesados para que en un plazo de diez días formulen las observaciones que estimen pertinentes.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 quinquies, de la propuesta de informe se dará traslado al órgano sustantivo constituyéndose, en caso de disconformidad con la misma, un grupo de trabajo mixto para resolver de común acuerdo y en el plazo máximo de treinta días los aspectos objeto de disconformidad, en los términos establecidos en el apartado 4 del artículo 31 bis.

5. Concluido el trámite anterior el órgano ambiental competente emitirá un informe cuyo contenido será el establecido en el artículo 27 septies. Las determinaciones y condiciones establecidas en el citado informe se incorporarán a la autorización que otorgue el órgano sustantivo. Cuando el órgano sustantivo disienta del contenido del informe emitido podrá plantear la resolución de su discrepancia ante el Consejo de Gobierno conforme al procedimiento regulado en el artículo 33.

6. Emitido el informe o transcurrido el plazo para su emisión, o resuelta la discrepancia en su caso planteada, el órgano sustantivo procederá a la resolución del procedimiento de autorización conforme a la normativa sectorial aplicable, cuyo plazo de resolución quedó suspendido desde la remisión del expediente por el órgano sustantivo al órgano ambiental.

7. La persona promotora podrá oponerse al informe emitido por el órgano ambiental mediante la interposición del recurso administrativo procedente contra la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento de la autorización sustantiva. En este caso el órgano sustantivo dará traslado del recurso al órgano ambiental competente con el fin de que éste emita informe en el plazo de quince días. Dicho informe será vinculante para la resolución del recurso.»

La resolución de discrepancias del órgano promotor o, en su caso, del órgano sustantivo cuando disientan del contenido del informe emitido por el órgano ambiental competente, corresponderá al Consejo de Gobierno y se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) En el plazo de diez días desde la notificación del informe o desde el transcurso del plazo previsto para su notificación, el órgano promotor o en su caso el órgano sustantivo, comunicará por escrito a la Dirección General competente en materia de prevención y calidad ambiental su disconformidad con el informe, la cual recabará del órgano ambiental competente la información que considere necesaria.

b) En el plazo de quince días desde la comunicación a que hace referencia el párrafo anterior, el órgano promotor o sustantivo podrá iniciar el procedimiento para plantear la discrepancia ante el Consejo de Gobierno.

c) En el término de diez días desde la recepción de la discrepancia, el Consejo de Gobierno lo comunicará a la Consejería competente en materia de medio ambiente para que, en un plazo no superior a quince días, aporte cuantos documentos y alegaciones considere oportunos.»

«CAPÍTULO V. Modificación y caducidad de la autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada. Cese de la actividad

Sección 1ª. Modificación de la autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada.»

1. Según lo establecido en el artículo 34 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, cuando el progreso técnico y científico, la existencia de mejores técnicas disponibles o cambios sustanciales de las condiciones ambientales existentes justifiquen la fijación de nuevas condiciones de la autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, y siempre que sea económicamente viable, la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá modificarla de oficio o a instancia de la persona titular de la actividad.

En todo caso, se considerará cambio sustancial de las condiciones ambientales existentes la inclusión de la zona afectada por una actividad en un espacio natural protegido o áreas de especial protección designadas en aplicación de normas de la Unión Europea o convenios internacionales.

2. El órgano ambiental competente decidirá motivadamente sobre la conveniencia de la apertura de un periodo de consultas y/o información pública, en función de la entidad de la modificación propuesta.

3. El órgano ambiental competente dictará y notificará la resolución de modificación de la autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada en el plazo máximo de tres meses.

4. La resolución de modificación de autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada se publicará en la forma prevista en los artículos 24.3 y 27 sexies respectivamente.

5. De acuerdo con el artículo 34.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, las modificaciones a que se refiere este artículo no darán derecho a indemnización.»

Cuando el órgano ambiental competente tenga conocimiento de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 34.1, lo comunicará inmediatamente a la persona titular de la actuación afectada mediante el envío de una memoria explicativa de las circunstancias, así como de una propuesta comprensiva de las nuevas condiciones de la autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, concediéndole un plazo de treinta días para formular alegaciones y aportar cualquier documento que a su juicio deba ser tenido en cuenta. Una vez presentadas alegaciones por las personas interesadas, se practicarán los trámites previstos en el artículo 34.»

1. La persona titular de una actuación que cuente con autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada podrá solicitar ante la Consejería competente en materia de medio ambiente la modificación de la autorización cuando, a su juicio, el progreso técnico y científico o la existencia de mejores técnicas disponibles de aplicación en su proceso productivo le permitan una disminución de la emisión de contaminantes, de la generación de residuos de su actividad o un menor impacto ambiental de la misma, así como cuando se produzcan cambios sustanciales de las condiciones ambientales existentes en su entorno.

2. La persona titular acompañará a su solicitud una memoria explicativa de la concurrencia de las circunstancias que la motivan, así como una propuesta de las nuevas condiciones que a su juicio deben incorporarse a la autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada.

3. Si vencido el plazo previsto en el artículo 34.3 para resolver sobre la modificación, el órgano ambiental competente no hubiese dictado y notificado resolución expresa, la persona titular podrá entender estimada su solicitud de modificación de autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, quedando incorporadas a la autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada todas las condiciones propuestas por la persona interesada que no resulten contrarias a derecho.»

«Sección 2ª. Caducidad de la autorización ambiental unificada y de la autorización ambiental unificada simplificada»

«Artículo 37. Caducidad de la autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada.

1. De acuerdo con el apartado 4 del artículo 34 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, la autorización ambiental unificada y la autorización ambiental unificada simplificada caducarán si no se hubiera comenzado la ejecución de la actuación en el plazo de cuatro años desde la notificación a la persona o entidad promotora de la resolución de autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada. En tales casos, la persona promotora o titular deberá solicitar una nueva autorización.

2. Se entenderá por comienzo de la ejecución de la actuación el inicio efectivo de las obras o actividades contenidas en el proyecto, no bastando a estos efectos las meras labores preliminares o preparatorias de la actuación.

A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto o actividad sometido a autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución de dicho proyecto o actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización.

3. No obstante el órgano ambiental competente, cuando no se hubiesen producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para otorgar la autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada, podrá declarar la vigencia de dicha autorización previa solicitud de la persona promotora o titular de la actividad.

A tal efecto la persona promotora deberá presentar la solicitud acompañada de una memoria justificativa de las circunstancias que concurran y demás documentación que estime pertinente.

5. Recibida la solicitud de declaración de vigencia de la autorización ambiental unificada o de la autorización ambiental unificada simplificada, el órgano ambiental competente realizará las consultas que, en su caso, sean necesarias para la comprobación de las circunstancias ambientales que concurran y resolverá sobre la misma en el plazo máximo de seis meses, en el caso de actuaciones sometidas a autorización ambiental unificada, y en el plazo máximo de tres meses, en el caso de actuaciones sometidas a autorización ambiental unificada simplificada, transcurrido el cual sin que se haya notificado a la persona interesada la decisión, podrá entenderse caducada la autorización otorgada en su día.

6. Dicha resolución determinará el nuevo plazo de vigencia de la autorización ambiental unificada o de la autorización ambiental unificada simplificada, a efectos del comienzo de la ejecución de la actuación, que en ningún caso podrá exceder de dos años. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan iniciado las obras o actividades contenidas en el proyecto será necesario solicitar una nueva autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada.

7. Transcurrido el plazo de vigencia de la autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada sin que el titular haya comunicado la fecha de comienzo de ejecución de la actuación prevista en el apartado 2, ni presentada la solicitud de prórroga prevista en el apartado 3, el órgano ambiental competente declarará la caducidad de la autorización, salvo causa no imputable al titular de la misma.

La declaración de caducidad deberá dictarse previo trámite de audiencia al titular de la autorización, el cual podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, durante un plazo de quince días. El órgano ambiental podrá realizar las consultas que, en su caso, considere necesarias para la comprobación de las circunstancias alegadas y dispondrá de un plazo de tres meses para emitir la declaración, a contar desde el inicio del procedimiento, debiendo notificarse conforme a lo establecido en el artículo 24, en el caso de actuaciones sometidas a autorización ambiental unificada y 27 sexies, en el caso de actuaciones sometidas a autorización ambiental unificada simplificada. En el caso de no haberse notificado la declaración de caducidad transcurrido el plazo máximo, la autorización se entenderá caducada.»

Las personas promotoras o titulares de actividades que hayan obtenido autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada deberán comunicar al órgano ambiental competente el cese definitivo de su actividad con una antelación mínima de tres meses a la fecha prevista de cese. Dicho órgano deberá dictar y notificar resolución, en un plazo máximo de dos meses, estableciendo las condiciones ambientales que se deberán cumplir en el desmantelamiento de las instalaciones. Transcurrido dicho plazo sin que el órgano ambiental competente haya dictado y notificado la resolución, la persona titular podrá iniciar los trabajos de desmantelamiento.»

«1. Cuando en virtud de lo previsto en el artículo 33.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, la autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada incorpore la exigencia de comprobación previa a la puesta en marcha de la actuación de aquellos condicionantes que se estimen oportunos, no podrá iniciarse la actividad hasta la comprobación del cumplimiento de las condiciones fijadas en dicha autorización.»

1. No se podrá iniciar una actividad que cuente con autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada sin que el titular presente una declaración responsable de conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización.

2. En el supuesto de que la autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada incorpore la exigencia de comprobación previa a la puesta en marcha, la declaración responsable de la actuación incluirá o hará referencia al informe o acta favorable emitida por una entidad colaboradora de la Consejería competente en materia de medio ambiente o por el órgano ambiental competente, y será remitida al órgano sustantivo para su conocimiento.

3. En el caso de que con carácter previo a la presentación de la declaración responsable anteriormente mencionada, el órgano sustantivo autorice una puesta en marcha provisional para comprobar los extremos que se consideren necesarios, la persona titular comunicará por escrito al órgano ambiental competente el comienzo de las pruebas correspondientes así como la duración de las mismas con al menos diez días de antelación.»

«1. Corresponde a las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de medio ambiente el ejercicio de las funciones de vigilancia, inspección y control ambiental de todas las actividades, actuaciones e instalaciones sujetas a autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada, sin perjuicio de las que correspondan a otros órganos de la Administración de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones Públicas, en materia de su competencia.»

«e) Actuaciones sometidas a autorizaciones de control de la contaminación ambiental, que no estén sometidas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada o autorización ambiental unificada simplificada:

1.º Resoluciones administrativas de autorización de emisiones a la atmósfera.

2.º Resoluciones administrativas de autorización de vertidos a aguas litorales y continentales.

3.º Producción y gestión de residuos:

Subsección I. De las personas o entidades productoras de residuos.

1.º Personas o entidades productoras de residuos peligrosos.

2.º Personas o entidades productoras de residuos no peligrosos.

3.º Personas o entidades gestoras que asumen la titularidad de la producción de residuos peligrosos.

Subsección II. De las personas o entidades gestoras de residuos para la valorización o la eliminación.

1.º Personas o entidades gestoras de residuos peligrosos.

2.º Personas o entidades gestoras de residuos no peligrosos.

Subsección III. Otras actividades de gestión.

1.º Personas o entidades transportistas de residuos.

2.º Personas o entidades recogedoras de residuos.

3.º Personas o entidades negociantes.

4.º Personas o entidades agentes.

5.º Sistemas de responsabilidad ampliada del productor

- Sistemas colectivos.

- Sistemas individuales.

j) Autorizaciones de actuaciones sometidas a autorización ambiental unificada simplificada.»

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente decreto. Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de prevención y control ambiental para que pueda modificar los anexos I, II, V, VI, VII y VIII de este decreto con la finalidad de establecer las autorizaciones ambientales que se integran, en su caso, en la autorización ambiental unificada y en la autorización ambiental unificada simplificada, y adaptar los formularios y la documentación referida en los mismos a la normativa aplicable y a los requerimientos medioambientales o de carácter técnico que en su caso sean necesarios.»

1. Aire.

- Autorización de emisiones a la atmósfera, excluida la autorización de emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Caza y pesca.

- Autorización de cercados cinegéticos.

3. Espacios naturales protegidos.

- Autorización de actuaciones en suelo no urbanizable en espacios naturales protegidos.

4. Montes.

- Autorización de usos y aprovechamientos de terrenos forestales.

-Autorización de cambio de uso de terrenos forestales.

5. Residuos.

- Autorización para operaciones de gestión de residuos.

- Autorización de instalaciones de gestión de residuos.

- Autorización de depósito directo de residuos en vertedero.

- Ampliación del tiempo de almacenamiento temporal de residuos peligrosos.

6. Vías pecuarias.

- Autorización de usos compatibles de vías pecuarias.»

1. Aguas Continentales.

- Autorizaciones en dominio público hidráulico y zona de policía.

• Obras y construcciones en zona de dominio público hidráulico.

• Obras y construcciones en zona de policía.

- Autorizaciones de Vertidos en el Dominio Público Hidráulico.

2. Aire.

- Autorización de emisiones a la atmósfera, excluida la autorización de emisiones de gases de efecto invernadero.

3. Caza y pesca.

- Autorización de cercados cinegéticos.

4. Espacios Naturales Protegidos.

- Autorización de actuaciones en suelo no urbanizable en espacios naturales protegidos.

5. Litoral.

- Autorización de vertidos a dominio público marítimo terrestre.

6. Montes.

- Autorización de usos y aprovechamientos de terrenos forestales.

- Autorización de cambio de uso de terrenos forestales.

- Autorización de ocupaciones y servidumbres de montes públicos. No se incluirá en aquellos casos en los que se acuda al trámite de prevalencia de la utilidad pública del uso no forestal en terrenos forestales u otros mecanismos para obtener la titularidad de dominio público afectado por la actuación.

7. Residuos.

- Autorización para realizar operaciones de gestión de residuos.

- Autorización de instalaciones de gestión de residuos.

- Autorización de depósito directo de residuos en vertedero.

- Autorización de ampliación del tiempo de almacenamiento temporal de residuos peligrosos.

8. Vías pecuarias.

- Autorización de ocupación de vías pecuarias.

- Autorización de usos compatibles de vías pecuarias.

1. Se autoriza a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de medio ambiente para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo del presente Decreto y, en particular, para:

a) Regular los requisitos aplicables a la instalación, mantenimiento, calibración y demás aspectos técnicos exigibles a los sistemas de medida de emisiones a la atmósfera y a la red de vigilancia y control de la calidad del aire, así como la información a aportar por los sistemas de evaluación de la calidad del aire distintos de las estaciones de medida fijas para su inscripción en el Registro de sistemas de evaluación de la calidad del aire.

b) Determinar los criterios que deben seguirse para la transmisión telemática de los informes correspondientes a los controles externos o internos de emisiones de las actividades catalogadas como potencialmente contaminadoras de la atmósfera, así como para la cumplimentación electrónica del libro-registro regulado en el presente Decreto.

2. Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de prevención y control ambiental para la actualización de los Anexos III, IV, VII y VIII del presente Decreto a los efectos de su adaptación a los cambios normativos o de carácter técnico que sean necesarios conforme a la legislación vigente.»

«1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se encuentran sometidas a autorización ambiental integrada:

a) La construcción, montaje, explotación o traslado de las instalaciones a las que se refiere el artículo 2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y el anejo en él referenciado, que se vayan a ejecutar o instalar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Igualmente, están sometidas a autorización ambiental integrada aquellas instalaciones que se encuentren operativas y que a causa de una modificación superen los umbrales establecidos en el anejo I del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, para algunas de las categorías de instalaciones.»

«a) Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, así como evaluar las repercusiones de las actividades a las que se refiere el artículo 2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y el anejo en él referenciado, en el ámbito de la fauna y flora silvestre, los hábitats naturales, en especial los incluidos en la Red Natura 2000 y los procesos que sustentan su funcionamiento, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente y de la salud de las personas.»

«1. La persona o entidad titular de la actividad para la que se ha obtenido autorización ambiental integrada comunicará al órgano ambiental competente su pretensión de llevar a cabo una modificación de la instalación, indicando razonadamente, en atención de los criterios señalados en la legislación básica reguladora de la autorización ambiental integrada, en el artículo 19.11.b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y en el apartado 5 siguiente, si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial. A esta comunicación, que podrá presentarse a través del modelo oficial que figura en el Anexo III, o por medios electrónicos conforme a lo dispuesto en el artículo 13, se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

5. En todo caso, tendrá la consideración de modificación sustancial cualquier modificación de las características de actuaciones ya autorizadas, ejecutadas o en proceso de ejecución en las que, representando una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente, concurra cualquiera de los criterios establecidos en la normativa básica de aplicación, en concreto los establecidos en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación o el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, o bien alguno de los indicados a continuación:

a) En el caso de emisión acústica, cualquier modificación que suponga un incremento de más de 3 dB(A) en la potencia acústica total de la instalación.

b) Un incremento superior al 25% del caudal de vertido autorizado, a cauces públicos o al litoral, o de la carga contaminante de las aguas residuales en cualquiera de los parámetros autorizados, así como la introducción de nuevos contaminantes. En el caso de vertidos de sustancias peligrosas o prioritarias definidas en el artículo 3.20 del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, cualquier modificación que suponga un incremento superior al 10%, analizando en su conjunto tanto vertidos como emisiones y pérdidas.

c) Afección ambiental significativa por ocupación de suelo como recurso natural.

8. En caso de que la modificación de la instalación suponga que su capacidad de producción se reduzca por debajo de los umbrales establecidos en el anejo I del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación para algunas de las categorías de instalaciones, se dictará resolución en la que se dejará sin efecto la autorización ambiental integrada que se hubiese concedido con anterioridad y en la que se determinarán los instrumentos de prevención y control ambiental que le correspondan, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio.»

e) Proyecto básico, que deberá contener la documentación recogida en el apartado 1 del artículo12 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en el Anexo V, así como, en su caso, la documentación recogida en el Anexo VII exigida por la normativa sectorial que resulte de aplicación a la actividad, que sea necesaria para obtener las autorizaciones y pronunciamientos que en cada caso integren la autorización ambiental necesaria. La documentación necesaria para obtener las autorizaciones de vertido será la establecida en el Reglamento de Vertidos de Andalucía, aprobado por Decreto 109/2015, de 17 de marzo de 2015.

f) Estudio de impacto ambiental, o en el supuesto regulado en la Sección 4.ª del presente capítulo, estudio de impacto o documento ambientales, en su caso, que contendrá al menos, la información recogida en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en los términos desarrollados en el anexo VI de dicha ley.

g) En su caso, informe de situación del suelo regulado en el artículo 91.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

h) Justificante del pago de las tasas que se devenguen, que podrá realizarse por medios electrónicos, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

i) Cualquier otro documento preceptivo o que se estime conveniente para precisar o completar cualquier dato.

En el supuesto de que no se presente por vía electrónica, de esta documentación se presentará una copia en formato papel y cinco en formato digital, a fin de que puedan ser distribuidas para consultas e informes.»

«2. El trámite de información pública será común para las autorizaciones sectoriales que se integran en la autorización ambiental integrada, así como, en su caso, para el procedimiento para la obtención de la autorización sustantiva.

El órgano ambiental competente indicará en el anuncio público el alcance del trámite de información pública.

En los procedimientos relativos a expropiaciones y servidumbres, el trámite de información pública deberá realizarse de forma independiente.»

«1. Concluido el trámite de información pública, el órgano ambiental competente recabará de otras entidades o administraciones públicas que, debido a sus competencias, resulten concernidas, y, en su caso, del órgano competente para otorgar la autorización sustantiva, los informes que tengan carácter preceptivo de acuerdo con la normativa aplicable u otros que considere necesarios. Asimismo, en el supuesto de que la actividad para la que se solicita la autorización ambiental integrada afecte a alguna cuenca de competencia autonómica, recabará informe de admisibilidad final del vertido de la administración hidráulica andaluza, que tendrá carácter preceptivo y vinculante, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo Terrestre de Andalucía. A tales efectos, el órgano competente remitirá copia del expediente, junto con las alegaciones y observaciones recibidas, al órgano que deba informar. Dichos informes preceptivos habrán de ser remitidos en los plazos señalados en su normativa específica y, en su defecto, en un plazo máximo de treinta días desde su recepción por los consultados, transcurrido el cual sin que se hubieran emitido se continuará con el procedimiento, sin perjuicio de que puedan ser tenidos en cuenta en caso de que sean emitidos con posterioridad.»

«1. Una vez finalizado el trámite de información pública al que se refiere el artículo 18, el órgano ambiental competente remitirá copia del expediente completo al Ayuntamiento del municipio donde se vaya a ubicar la instalación, incluidas todas las alegaciones u observaciones recibidas, para que elabore el informe mencionado en el artículo 18 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

4. En los supuestos en los que la actividad sometida a autorización ambiental integrada precise, de acuerdo con la legislación de aguas, autorización de vertido al dominio público hidráulico de cuencas gestionadas por la Administración General del Estado, una vez presentada la documentación y verificada la compatibilidad del proyecto con la normativa ambiental en los términos previstos en el artículo 17, el órgano ambiental remitirá copia del expediente completo al organismo de cuenca intercomunitario, en paralelo a la realización del trámite de información pública, a fin de que elabore el informe sobre la admisibilidad del vertido definido en el artículo 19 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Asimismo, finalizado el trámite de información pública, el órgano ambiental remitirá al organismo de cuenca copia de las alegaciones y observaciones recibidas, para su consideración.

Este informe tendrá carácter preceptivo y vinculante y deberá emitirse en el plazo máximo de cuatro meses desde la fecha de entrada en el registro del organismo de cuenca de la documentación preceptiva sobre vertidos, o en su caso, desde la subsanación que fuese necesaria, y determinará las características del vertido y las medidas correctoras a adoptar a fin de preservar el buen estado ecológico de las aguas. Este plazo no se verá afectado por la remisión de la documentación que resulte del trámite de información pública.

Transcurridos los plazos previstos en los párrafos anteriores sin que el organismo de cuenca hubiese emitido el informe requerido, se podrá otorgar la autorización ambiental integrada, contemplando en la misma las características del vertido y las medidas correctoras requeridas, que se establecerán de conformidad con la legislación sectorial aplicable. No obstante, el informe recibido fuera del plazo señalado y antes del otorgamiento de la autorización ambiental integrada deberá ser tenido en consideración por el órgano ambiental.

Si el informe vinculante regulado en este apartado considerase que es inadmisible el vertido y, consecuentemente, impidiese el otorgamiento de la autorización ambiental integrada, el órgano ambiental competente dictará, previo trámite de audiencia, resolución motivada denegando la autorización.»

Una vez considerada la actividad proyectada viable desde el punto de vista ambiental, con carácter previo a la propuesta de resolución, se someterá el expediente al trámite de audiencia a las personas o entidades interesadas durante un plazo de diez días.»

«3. La resolución por la que se otorga, modifica o revisa la autorización ambiental integrada se hará pública mediante la inclusión del anuncio de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como la publicación de su contenido íntegro a través del Portal de la Junta de Andalucía. Junto al contenido íntegro se publicará una memoria en la que se recojan los principales motivos y consideraciones en los que se basa la resolución administrativa, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública. Asimismo, se enviará a los ayuntamientos el anuncio de la puesta a disposición del público de las resoluciones de otorgamiento, modificación sustancial o revisión de la autorización, para su exhibición en los tablones de anuncios de los ayuntamientos en los que estén ubicadas las instalaciones por un plazo mínimo de veinte días naturales. Los ayuntamientos deberán facilitar a los ciudadanos que lo soliciten una copia impresa del texto de dichas resoluciones.»

En el supuesto de instalaciones industriales que requieran autorizaciones sustantivas a otorgar por la Administración General del Estado, la persona o entidad promotora remitirá al órgano competente para otorgar la autorización sustantiva:

a) La solicitud de la autorización sustantiva, la declaración responsable o la comunicación previa, según proceda, acompañadas en cada caso de la restante documentación necesaria conforme a su normativa sectorial.

b) El estudio de impacto ambiental o, en su caso, el documento ambiental, de conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Los documentos que sean comunes a ambos procedimientos deberán presentarse sólo en uno de ellos, siempre que incluyan todos los requisitos previstos en las distintas normas aplicables.»

«2. Subsanada, en su caso, la documentación presentada junto con la solicitud de autorización ambiental integrada, la Consejería competente en materia de medio ambiente remitirá el expediente completo al órgano competente para otorgar la autorización sustantiva, para que éste proceda en el plazo de diez días a gestionar la realización del trámite conjunto de información pública y de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas o entidades interesadas, previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y en la normativa sectorial de aplicación, durante un período no inferior a treinta días.

En tanto no se reciba dicho expediente, el órgano sustantivo suspenderá el cómputo del plazo para el otorgamiento de la autorización sustantiva.

3. Finalizado el trámite de información pública y de consulta previsto en el apartado 2, el órgano competente para otorgar la autorización sustantiva o el órgano que haya practicado dichos trámites, en el plazo de cinco días, remitirá copia del expediente, junto a las alegaciones y observaciones recibidas, a la Consejería competente en materia de medio ambiente.»

1. Tras la realización de las actuaciones reguladas en los artículos anteriores, la Consejería competente en materia de medio ambiente continuará la tramitación del procedimiento de autorización ambiental integrada. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada suspenderá el cómputo del plazo para el otorgamiento de dicha autorización en tanto no reciba la declaración de impacto ambiental o, en su caso, el informe de impacto ambiental.

2. De acuerdo con lo señalado en el artículo 20 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, el órgano ambiental estatal remitirá la propuesta de declaración de impacto ambiental o, en su caso, el informe de impacto ambiental, a la Consejería competente en materia de medio ambiente, que podrá formular las observaciones que estime pertinentes, en el plazo máximo de quince días.

Una vez valoradas las observaciones que, en su caso, se hubieran recibido, el órgano ambiental estatal formulará la declaración de impacto ambiental y la remitirá, en el plazo máximo de diez días, al órgano sustantivo en los términos del artículo 5.1d) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y a la Consejería competente para otorgar la autorización ambiental integrada para que continúen, respectivamente, con la tramitación del procedimiento de autorización sustantiva y de autorización ambiental integrada.

3. La autorización sustantiva no se podrá otorgar hasta que se emita por el órgano ambiental competente la autorización ambiental integrada.

4. Cuando la declaración de impacto ambiental remitida por el órgano ambiental estatal declare la inviabilidad de la actividad proyectada, la Consejería competente para otorgar la autorización ambiental integrada, previa audiencia a las personas o entidades interesadas, dictará resolución denegando la autorización ambiental integrada.»

«CAPÍTULO VII. Cese temporal de la actividad y cierre de la instalación»

El régimen de cese temporal de la actividad y cierre de la instalación será el establecido en el artículo 26 bis de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.»

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente decreto y, con carácter específico, a la persona titular de la Dirección General competente en materia de prevención y control ambiental para la modificación de los Anexos II, III, IV, V y VII.»

1. Aguas.

- Autorizaciones en dominio público hidráulico y zona de policía.

• Obras y construcciones en zona de dominio público hidráulico.

• Obras y construcciones en zona de policía.

- Autorizaciones de vertidos en el dominio público hidráulico.

2. Aire.

- Autorización de emisiones a la atmósfera, excluida la autorización de emisiones de gases de efecto invernadero.

3. Espacios naturales protegidos.

- Autorización de actuaciones en suelo no urbanizable en espacios naturales protegidos.

4. Litoral.

- Autorización de vertidos a dominio público marítimo-terrestre.

5. Montes.

- Autorización de usos y aprovechamientos de terrenos forestales.

- Autorización de cambio de uso de terrenos forestales.

- Autorización de ocupaciones y servidumbres de montes públicos. No se incluirá en aquellos casos en los que se acuda al trámite de prevalencia de la utilidad pública del uso no forestal en terrenos forestales u otros mecanismos para obtener la titularidad de dominio público afectado por la actuación.

6. Residuos.

- Autorización para realizar operaciones de gestión de residuos.

- Autorización de instalaciones de gestión de residuos.

- Autorización de depósito directo de residuos en vertedero.

- Autorización de ampliación del tiempo de almacenamiento temporal de residuos peligrosos.

7. Vías pecuarias.

- Autorización de ocupación de vías pecuarias.

- Autorización de usos compatibles de vías pecuarias.»

«2. El plazo máximo de duración de los convenios será de 8 años, pudiendo ser objeto de una única prórroga con una duración máxima de 4 años.»

«8. La Consejería competente en materia de cambio climático podrá suscribir convenios de colaboración para la ejecución de proyectos de absorción. En estos convenios se podrá establecer un plazo de duración superior al establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, acorde a la vida útil de los proyectos o, en su caso, a los períodos de seguimiento o verificación requeridos metodológicamente para sus distintas tipologías, todo ello sin perjuicio de su posible prórroga conforme a lo establecido en el artículo 49.1.h) 2.º de la citada Ley. La duración establecida deberá quedar justificada en el correspondiente expediente.»

«d) Aquellas superficies sobre las que se hubieran implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo, en las que existieran usos agrícolas autorizados con anterioridad a la implantación de esas especies forestales, y el titular de la misma decida la reversión del uso agrícola en ésta.Se consideran especies forestales de turno corto aquellas cuyo turno sea inferior a veinte años. Dichas superficies solamente estarán sujetas a las previsiones de esta ley mientras se encuentren presentes estas especies forestales de turno corto implantadas sobre las mismas.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a las superficies que, reuniendo las características descritas en el primer párrafo, cumplan alguno de los siguientes criterios:

(i) Superficies que hayan sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad a su entrada en vigor.

(ii) Superficies que se encuentren en montes públicos.

(iii) Superficies que se encuentren en montes catalogados de utilidad pública.

(iv) Superficies que se encuentren en montes situados en cualquier clase de dominio público.»

«Los montes de dominio público serán inalienables, imprescriptibles e inembargables y no estarán sujetos a tributo alguno que grave su titularidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, pudiendo la Administración recuperar de oficio en cualquier momento la posesión indebidamente perdida, sin que se admitan interdictos ni procedimientos especiales en esta materia.»

«2. La Administración Forestal gestionará los montes que sean titularidad de otras Administraciones o Entidades Públicas, cuando se establezca un convenio de cooperación para la gestión con las mismas, de acuerdo con las condiciones que se establecen en el artículo 70.1.»

«1. Para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley, la Administración Forestal podrá establecer con Entidades públicas o privadas y particulares cuantos convenios, acuerdos o contratos, públicos o privados, estime convenientes, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico o al interés público. La duración máxima de estos convenios será de diez años, sin perjuicio de su posible prórroga de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.»

«Los débitos a la Administración por repoblaciones forestales realizadas, en ningún caso podrán ser superiores al valor estimado del vuelo creado. En los supuestos de convenios y consorcios suscritos con Entidades Locales o particulares, los débitos resultantes de los mismos podrán ser condonados total o parcialmente. Asimismo, y siempre que se cuente con la conformidad de los propietarios, estos convenios y consorcios se rescindirán a saldo cero sin necesidad de efectuar liquidación de cuentas cuando concurra alguna de las condiciones establecidas en la disposición adicional primera de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.»

«2. Son infracciones graves las descritas en los artículos siguientes: Artículo 41, letras d), e), f), g), h) e i); artículo 42, letras a), b), c), e), f), h), j), l), m) y n); artículo 44, letras a), d), g), i), j), k), l) y m).

3. Son infracciones leves las descritas en los artículos siguientes: Artículo 42, letras g) e i); artículo 44, letras b), c), e), f) y h).»

Las infracciones tipificadas en la presente Ley se sancionarán con las siguientes multas:

a) Infracciones leves, multas de 100 a 3.000 euros.

b) Infracciones graves, multas de 3.001 a 200.000 euros.

c) Infracciones muy graves, multas de 200.001 a 2.000.000 de euros.»

«d) Aquellas superficies sobre las que se hubieran implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo, en las que existieran usos agrícolas autorizados con anterioridad a la implantación de esas especies forestales, y el titular de la misma decida la reversión del uso agrícola en ésta.Se consideran especies forestales de turno corto aquellas cuyo turno sea inferior a veinte años. Dichas superficies solamente estarán sujetas a las previsiones de esta ley mientras se encuentren presentes estas especies forestales de turno corto implantadas sobre las mismas.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a las superficies que, reuniendo las características descritas en el primer párrafo, cumplan alguno de los siguientes criterios:

(i) Superficies que hayan sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad su entrada en vigor.

(ii) Superficies que se encuentren en montes públicos.

(iii) Superficies que se encuentren en montes catalogados de utilidad pública.

(iv) Superficies que se encuentren en montes situados en cualquier clase de dominio público.»

«3. La duración máxima de los convenios previstos en el apartado anterior será de diez años, sin perjuicio de su posible prórroga de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.»

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, se exceptúa del régimen de autorización previsto en el artículo 96 del presente Decreto la realización de los usos y aprovechamientos que se enumeran a continuación, para los que será suficiente la presentación de una comunicación previa en los términos establecidos en el artículo 97 bis:

a) Corta de pies arbóreos con la obtención de aprovechamientos maderables o leñosos, incluida la biomasa, en frondosas productoras de madera (eucalipto y chopo) en una superficie máxima de 50 hectáreas cuando se aprovechen con turnos de corta inferiores a 20 años, incluyendo la selección de brotes en eucalipto. Se exceptúan las cortas de pies situados en áreas de ribera.

b) Corta de árboles muertos con obtención de aprovechamientos, para uso doméstico, maderables o leñosos, incluida la biomasa, cuando la cuantía del aprovechamiento a obtener en dicha actuación sea inferior a 10 metros cúbicos de madera o 20 estéreos de leña. Se permite hasta un máximo de 5 pies para fincas o unidades de explotación con una superficie igual o inferior a 50 hectáreas y de 10 pies para fincas o unidades de explotación mayores de 50 hectáreas. A estos efectos se admitirá una única actuación por finca o unidad de explotación y año.

c) Resalveo de especies del género Quercus (encinas, alcornoques y quejigos) y otras especies que se presentan en forma de matas, incluyendo la poda de los pies reservados, con obtención de aprovechamientos, para uso doméstico, maderables o leñosos, incluida la biomasa, en una superficie máxima de 10 hectáreas, cuando la cuantía del aprovechamiento a obtener en dicha actuación sea inferior a 10 metros cúbicos de madera o 20 estéreos de leña. A estos efectos se admitirá una única actuación por finca o unidad de explotación y año.

d) Podas con obtención de aprovechamientos, para uso doméstico, maderables o leñosos, incluida la biomasa, cuando la cuantía del aprovechamiento a obtener en dicha actuación sea inferior a 10 metros cúbicos de madera o 20 estéreos de leña. A estos efectos se admitirá una única actuación por finca o unidad de explotación y año.

e) Podas de formación sin obtención de aprovechamientos maderables o leñosos, incluida la biomasa.

f) Eliminación de vegetación arbustiva y/o matorral mediante desbroce sin remoción del terreno, en terrenos que no superen el 35% de pendiente, con fines de mejora selvícola, prevención de incendios o mejora de pastizales, que no supongan un cambio de uso. No podrán transcurrir menos de 4 años entre dos desbroces consecutivos ni podrán superar las 25 hectáreas de extensión y sólo podrán afectar a las especies incluidas en el listado que a tal efecto sea aprobado por Resolución de la persona titular del órgano directivo competente en materia forestal.

2. Las condiciones técnicas para la ejecución de usos y aprovechamientos sometidos a régimen de comunicación previa establecidos en el apartado anterior serán objeto de aprobación por resolución de la persona titular del órgano directivo en materia forestal.»

El régimen de comunicación previa previsto para la realización de usos y aprovechamientos previstos en el artículo 96 bis se sujetará a las siguientes determinaciones:

a) El interesado deberá presentar el documento de comunicación normalizada, aprobado mediante resolución de la persona titular del órgano directivo en materia forestal, debidamente cumplimentado junto con la documentación requerida para cada supuesto en dicho documento de comunicación.

b) La comunicación deberá ser dirigida a la persona titular de la respectiva delegación territorial de la Consejería competente en materia de medio ambiente o, cuando la actuación supere el ámbito territorial de la provincia, a la persona titular de la delegación territorial donde se ubique la mayor parte de superficie del monte o montes en los que vaya a llevarse a cabo la actuación objeto de la comunicación, la cual deberá tener entrada en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía con una antelación mínima de 15 días al inicio de la actuación.

c) Dentro del plazo de 15 días establecido en el apartado anterior, la persona titular de la Delegación Territorial podrá comunicar a la persona interesada la imposibilidad de realizar la actuación en las fechas indicadas por razones de conservación o protección de los recursos naturales que no hayan podido ser previstas por el interesado.»

«4. La duración máxima de los convenios previstos en este artículo será de diez años. sin perjuicio de su posible prórroga de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.»

«1. Tras la incorporación al expediente de clasificación del resultado de las operaciones materiales, del correspondiente acta y de la proposición de trazado, la Delegación Territorial acordará un periodo de información pública, anunciando en el Boletín Oficial de la Provincia y web institucional de la Consejería competente en la materia, con el fin de garantizar la máxima difusión, que el expediente se encuentra disponible por medios electrónicos y en las dependencias de la propia Delegación Territorial, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinarlo y formular cuantas alegaciones estimen oportunas en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio.

2. Simultáneamente a la actuación anterior, la Delegación Territorial pondrá el expediente en conocimiento de los particulares, Corporaciones Locales, Organizaciones Profesionales Agrarias y Ganaderas, Organizaciones o Colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente y otros órganos de la administración autonómica y estatal que resulten directamente afectados y consten como interesados en el correspondiente expediente, para que en el plazo de 15 días aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.»

«1. La Delegación Territorial acordará un período de información pública, anunciando en el Boletín Oficial de la Provincia y web institucional de la Consejería competente en la materia, con el fin de garantizar la máxima difusión, que el expediente se encuentra disponible por medios electrónicos y en las dependencias de la propia Delegación Territorial, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinarlo y formular cuantas alegaciones estimen oportunas en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio.»

«1. Los trámites de audiencia e información pública se efectuarán de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 15 del presente Reglamento. Si bien, estos trámites, en el caso de expedientes de ocupación cuyas actuaciones se integren en procedimientos de prevención ambiental, se sustanciarán conforme a lo dispuesto en la normativa específica de estos procedimientos.

A los efectos de lo establecido en el apartado 2 del citado artículo, en todo caso se considerará como interesado en el correspondiente expediente al Ayuntamiento en cuyo término radique la vía pecuaria a ocupar.»

«3. No obstante lo señalado en el punto anterior, si las condiciones climatológicas son favorables, el descorche podrá efectuarse hasta el día 15 de septiembre como fecha límite. Asimismo, anualmente se valorará la opción de iniciar el descorche el 15 de mayo en las comarcas cuyas condiciones climáticas así lo aconsejen. La aprobación, en su caso, de un adelanto del período de descorche en el sentido indicado, corresponderá a la persona titular de la Delegación Territorial competente en materia forestal.»

«d) Por quien obtenga licencia administrativa expedida por la consejería competente en materia de medio ambiente, siempre que no se encuentre inhabilitado por resolución administrativa o judicial firme. Para el ejercicio de la caza será necesario acreditar la aptitud y el conocimiento adecuados en los términos reglamentariamente establecidos.»

«2. Se prohíbe el transporte y la comercialización de piezas de caza o peces muertos durante el período de veda. Esta prohibición no será aplicable a las piezas de caza procedentes de terrenos cinegéticos cuyo Plan Técnico de Caza vigente incluya la caza selectiva y el control poblacional y /o control de daños o la acción de caza sea aprobada o autorizada expresamente por la persona titular de la Delegación Territorial competente en materia de caza o procedente de explotaciones industriales autorizadas, siempre que el transporte vaya amparado por una guía sanitaria y los mismos, individualmente o por lotes, vayan provistos de los precintos o etiquetas que definan y garanticen su origen. La prohibición de transporte de peces muertos no será aplicable a especies de peces exóticos introducidos.»

«2. En los cotos deportivos, podrán realizarse, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, prácticas cinegéticas deportivas reguladas por la Federación Andaluza de Caza.»

1. Durante la acción de cazar la persona cazadora deberá llevar consigo los siguientes documentos:

a) Licencia administrativa en vigor.

b) Licencia de armas, en su caso.

c) Seguro obligatorio de responsabilidad civil de la persona cazadora en caso de portar armas.

d) Documento oficial acreditativo de la identidad.

e) Permiso de caza otorgado por el titular del aprovechamiento, en su caso.

f) La demás documentación que exija la legislación vigente.»

1. Durante la práctica de la pesca la persona pescadora deberá disponer de la siguiente documentación:

a) Licencia administrativa, en su caso, en vigor.

b) Seguro obligatorio de responsabilidad civil del pescador de la persona pescadora.

c) Documento oficial acreditativo de identidad.

d) Permiso expedido por titular/ concesionario del aprovechamiento en cotos de pesca.

e) La restante documentación legalmente exigible.»

«1. La autorización para la puesta en funcionamiento de piscifactorías o instalaciones de acuicultura será otorgada por la Consejería competente en materia de acuicultura, precisando informe favorable de la Consejería competente en materia de medio ambiente y sin perjuicio de la concesión que deba obtenerse de la Administración hidráulica y la compatibilidad del proyecto con la planificación urbanística y de ordenación del territorio.»

«3. Las funciones de vigilancia de los aprovechamientos, colaboración en la ejecución de los planes técnicos y auxilio a la autoridad medioambiental y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad podrán ser ejercidas por guardas jurados de caza y guardas de cotos de pesca debidamente habilitados. El ejercicio de funciones de vigilancia en aprovechamientos cinegéticos y piscícolas será incompatible con la práctica de la caza y la pesca en los mismos, salvo en las situaciones especiales que se determinen reglamentariamente.

4. Cualquier ciudadano podrá recabar la intervención de los agentes de la autoridad, de los guardas jurado de caza y guardas de cotos de pesca cuando detecte actuaciones prohibidas o actuaciones peligrosas para las especies silvestres.»

Perdiz roja (Alectoris rufa).

Liebre (Lepus granatensis).

«e) Los guardas jurados de caza.»

«2. El espacio destinado a zonas de reserva, que deberá señalizarse, ascenderá como mínimo al cinco por ciento de la superficie del coto, salvo para los cotos intensivos que será superior al quince por ciento, no pudiendo coincidir en general, con zonas donde esté prohibido el ejercicio de la actividad cinegética, según lo previsto en la normativa vigente.

La superficie de las zonas de seguridad incluidas, así como de las correspondientes a edificaciones, infraestructuras o instalaciones no naturales, no computará a efectos de contabilizar la superficie total de la zona de reserva, salvo la superficie de las zonas de seguridad en aquellos cotos de caza que cumplan cualquiera de los siguientes condicionantes:

a) Que por su localización y geometría perimetral impida, con informe técnico de valoración de la Delegación Territorial, situar la zona de reserva en otro lugar cumpliendo con los criterios de este artículo.

b) Que, en esas zonas de seguridad, haya instalados bebederos, comederos, majanos y/u otras infraestructuras adecuadas para cumplir los objetivos de refugio, mantenimiento y desarrollos de las poblaciones cinegéticas.»

«6. Durante el ejercicio de cualquier actividad cinegética, el coto intensivo deberá contar in situ con al menos una persona habilitada como guarda jurado de caza, para el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas conforme al artículo 65.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre.»

«1. Sobre terrenos que formen parte de un coto de caza, excluidas las zonas de reserva y seguridad, podrá autorizarse el establecimiento de escenarios de caza, cuyo objeto es permitir una actividad complementaria a la gestión sostenible del aprovechamiento cinegético del coto, para el adiestramiento de personas cazadoras que se incorporen a la actividad cinegética y el adiestramiento y entrenamiento de perros y/o de aves de cetrería, así como la práctica de modalidades de caza con objeto de satisfacer la demanda de las personas cazadoras. En ningún caso podrá constituirse más de un escenario de caza por coto deportivo o de práctica de modalidades en un mismo terreno cinegético, siendo sin embargo compatible la existencia de un escenario de adiestramiento y entrenamiento de perros y/o aves de cetrería con un escenario deportivo en el mismo coto.

5. Los escenarios de caza no podrán situarse en terrenos del acotado donde se localicen usos que resulten contrarios con este tipo de práctica cinegética, tales como vías públicas de comunicación, vías pecuarias, senderos de uso público, zonas habitadas, recreativas o de acampada y enclavados, en los que pudiera afectar al Patrimonio Histórico, en acotados cuya gestión durante los últimos años ha supuesto una progresiva merma en la capacidad potencial de los hábitats, así como en terrenos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo para el adiestramiento y entrenamiento de perros y/o de aves de cetrería.

Asimismo, solo podrán establecerse en las zonas de menor potencialidad cinegética del coto, con el fin de no comprometer el mantenimiento de las poblaciones de especies de la fauna silvestre existentes, no constituyendo respecto a las mismas riesgo de hibridación o alteración de las características genéticas y sanitarias de las especies autóctonas, ni de competencia biológica con otras especies de la fauna silvestre ni riesgo de afectar negativamente a la biodiversidad de la zona en cuestión.»

«3. Estos escenarios de caza podrán localizarse en terrenos incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, siempre de conformidad con el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación sectorial y en la propia normativa de designación, declaración, planificación y gestión de dichos espacios.

En todo caso, en el trámite de constitución del escenario será necesaria realizar una adecuada evaluación por parte de la Delegación Territorial competente en materia de caza sobre la repercusión del desarrollo de éste sobre los objetivos de conservación del espacio natural, las especies y hábitats naturales que motivaron su designación o declaración.

Dicha evaluación será igualmente necesaria, cuando el espacio natural esté incurso en trámite de declaración como protegido o haya sido designado como Lugar de Importancia Comunitaria para su posterior declaración como Zona de Especial Conservación.

Estos escenarios de caza no podrán localizarse en espacios designados o declarados como Zona de Especial Protección para las Aves, ni en cotos que incluyan en su plan técnico de caza la modalidad de ojeo de perdiz roja, salvo que se suprima la práctica de dicha modalidad del plan técnico de caza, o en su caso, se excluya el empleo de la perdiz roja de las especies de caza a soltar.»

«2. Esta clase de escenarios de caza podrán localizarse en terrenos incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, a excepción de los espacios designados o declarados como Zona de Especial Protección para las Aves, y siempre de conformidad con el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación sectorial y en la propia normativa de designación, declaración, planificación y gestión de dichos espacios.

En todo caso, en el trámite de constitución del escenario será necesaria realizar una adecuada evaluación por parte de la Delegación Territorial competente en materia de caza sobre la repercusión del desarrollo de éste sobre los objetivos de conservación del espacio natural, las especies y hábitats naturales que motivaron su designación o declaración.

Dicha evaluación será igualmente necesaria, cuando el espacio natural esté incurso en trámite de declaración como protegido o haya sido designado como Lugar de Importancia Comunitaria para su posterior declaración como Zona de Especial Conservación.

En todo caso, la posible localización del escenario de caza en hábitats naturales de interés comunitario prioritario quedará además supeditada a la correspondiente evaluación ambiental de la importancia del hábitat afectado.»

«6. Durante el ejercicio de cualquier actividad cinegética, el escenario de caza para la práctica de modalidades deberá contar in situ con al menos una persona habilitada como guarda jurado de caza, en aras de colaborar en las funciones que tienen atribuidas conforme al artículo 65.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre.»

«4. Queda prohibido el transporte y comercialización de piezas de caza muertas en época de veda, con las excepciones previstas en el artículo 40.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre.»

1. Durante la acción de cazar, las personas que practiquen la caza deberán llevar consigo los siguientes documentos:

a) Licencia de caza en vigor.

b) Licencia de armas, en su caso.

c) Seguro obligatorio de responsabilidad civil de la persona cazadora que ejercite la acción de cazar en caso de portar armas.

d) Documento oficial acreditativo de la identidad.

e) Permiso de caza otorgado por la persona o entidad titular del aprovechamiento, salvo que estén acompañadas por la persona titular del coto o su representante legal.

f) Licencia o tarjeta federativa emitida por la federación deportiva de caza correspondiente, en el caso de ejercitar la caza en cotos deportivos o en cualquier otro tipo de coto cuyo titular cinegético sea una entidad deportiva de caza federada.

g) La demás documentación que exija la legislación vigente.»

«11.º A diente en mano: modalidad de caza donde una persona cazadora o un grupo de personas cazadoras, acompañados por un máximo de cinco perros por persona cazadora, recorren el terreno en busca de las piezas de caza sin armas.»

«2. En la modalidad de caza mayor en mano se prohíbe el uso de armas rayadas, salvo que dicha práctica sea autorizada según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior. Asimismo, en los correspondientes planes técnicos de caza se podrá autorizar la modalidad de caza en mano del jabalí con arma rayada en aquellos cotos del ámbito territorial de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y Sierra Mágina, en Jaén, cuyos planes técnicos lo hubiesen contemplado en cualquier momento, siempre y cuando se garantice la seguridad de las personas cazadoras y de los restantes usuarios del monte que pudieran coincidir dentro del radio de acción de las armas usadas en la cacería de conformidad con los requisitos establecidos en el apartado 3.i) del artículo 93 del presente Reglamento.

El listado de los cotos donde se podrá autorizar la caza en mano del jabalí con arma rayada se establecerá por resolución de la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de caza, la cual será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»

«b) La comunicación previa que se realice deberá contener al menos, los siguientes documentos:

1.º La documentación cartográfica donde figure la situación de la mancha a batir, con indicación aproximada de las armadas y estimación del número de puestos de cada una de ellas.

2.º Acuerdo de colindancia en el caso previsto en el apartado 5.e).»

«a) En la caza menor la utilización de más de tres perros por persona cazadora, excepto en las modalidades de perdiz en ojeo, donde solo se podrá destinar a la cobranza de los ejemplares abatidos, y a diente en mano en la que, podrán emplearse hasta un máximo de cinco perros por persona cazadora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1.b) 11.º de este Reglamento.»

«2. Con carácter general, sólo podrán celebrarse los campeonatos deportivos oficiales de caza, que estén o no previstos en el correspondiente plan técnico de caza dentro del periodo hábil de la especie a utilizar, sin perjuicio de los requisitos exigidos en la normativa aplicable en materia de deporte y armas, salvo las siguientes excepciones:

En los cotos deportivos de caza o en los cotos privados de caza cuyo titular cinegético sea una sociedad deportiva federada, así como en los escenarios de caza deportiva y para adiestramiento y entrenamiento de perros y/o aves de cetrería, a los que se refieren los artículos 49 y 50 respectivamente, podrán celebrarse los campeonatos deportivos oficiales previstos en los correspondientes planes técnicos de caza, de modalidades cinegéticas que se practiquen sobre especies que habiten los citados terrenos o utilicen piezas vivas de caza soltadas previamente en los mismos, fuera del período hábil de la especie a utilizar.»

«i) Para el ejercicio de la caza en mano del jabalí con arma rayada en los supuestos previstos en el artículo 82.2 deberá establecerse en el plan técnico de caza al menos una adecuada señalización de la zona de caza, cuya extensión quedará limitada en distintos cuarteles de 250 hectáreas de superficie máxima, y sin que pueda simultanearse esta actividad con el ejercicio de otras modalidades dentro del cuartel de caza. En caso de colindancia entre la celebración de monterías, batidas, ganchos o batidas de gestión y la caza en mano del jabalí con arma rayada, la prioridad para su celebración será de cualquiera de las cuatro primeras frente a esta última, sin posibilidad de acuerdo entre las partes. La colindancia se entenderá que sucede siempre que la distancia entre los límites de ambas acciones de caza sea menor de 1.000 metros.

La acción de caza en mano del jabalí con arma rayada se notificará tanto al Ayuntamiento de la localidad donde se celebre como al puesto de mando de la Guardia Civil correspondiente con una antelación mínima de 48 horas.»

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 65.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, las funciones de vigilancia de los aprovechamientos, la colaboración en la ejecución de los planes técnicos de caza y auxilio a la autoridad medioambiental y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, podrán ser ejercidas por guardas jurados de caza habilitados por la Consejería competente en materia de caza.

2. Para la obtención del título de guarda jurado de caza será necesario:

a) Estar en posesión de la habilitación de guarda rural, en su especialidad de guarda de caza, conforme lo establecido en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

b) Disponer de un certificado de aprovechamiento de un curso de capacitación cinegética expedido por una entidad homologada por la consejería con competencias en materia de caza, cuyo contenido básico se establecerá por orden de la consejería con competencias en materia de caza. Dicho curso tendrá una duración mínima de 40 horas.

3. Las personas interesadas en obtener la acreditación del título de guarda jurado de caza deberán presentar una solicitud ante la dirección general con competencias en materia de caza, junto con la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios para la obtención del referido título.

4. La acreditación del título de guarda jurado de caza se otorgará por la persona titular de la dirección general competente en materia de caza. Su contenido se establecerá por orden de la consejería competente en materia de caza.

5. La acreditación del título de guarda jurado de caza tendrá una validez de cinco años y su renovación se solicitará por la persona interesada con una antelación mínima de treinta días a la fecha de finalización del plazo de vigencia.

Toda persona que quiera renovar la acreditación del título de guarda jurado de caza deberá presentar una solicitud ante la dirección general con competencias en materia de caza junto con la siguiente documentación:

a) Acreditación de estar en posesión de la habilitación de guarda rural en su especialidad de guarda de caza, conforme lo establecido en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

b) Certificado de aprovechamiento del curso de reciclaje expedido por una entidad homologada por la consejería con competencias en materia de caza, cuyo contenido básico se establecerá por orden de la consejería con competencias en materia de caza. Dicho curso tendrá una duración mínima de 8 horas.

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 65.3 in fine de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, el ejercicio de funciones de vigilancia en aprovechamientos cinegéticos será incompatible con la práctica de la caza en los mismos. No obstante, los guardas jurados de caza podrán practicar la caza como medida de control en relación con las circunstancias previstas en los artículos 7, 66 y 67 en los términos y condiciones establecidas en dichos artículos.

En cualquier caso, para practicar la caza como medida de control deberán estar en posesión de la correspondiente licencia y cumplir los demás requisitos exigidos a los cazadores y las cazadoras en el presente Reglamento.

7. En el ejercicio de sus funciones, los guardas jurados de caza portarán el uniforme y distintivos que estén establecidos en la normativa vigente en materia de guarda rural en su especialidad de guarda de caza. Asimismo, portarán el emblema distintivo que se desarrollará por orden de la consejería competente en materia de caza, y que identifica a los guardas jurados de caza de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los costes del emblema correrán a cargo del guarda jurado.

Asimismo, habrán de portar la acreditación en vigor del título de guarda jurado de caza, junto con el documento que lo acredite como guarda jurado de caza del espacio o espacios cinegéticos en que prestan sus servicios.

8. Los guardas jurados de caza perderán su acreditación por:

a) Caducidad de la misma, y hasta que no se conceda su renovación.

b) Pérdida de la habilitación como guarda rural en su especialidad de guarda de caza, conforme lo establecido en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privad.

c) Inhabilitación en materia de caza, durante el periodo que dure la misma.»

1. Los guardas jurados de caza ejercerán la policía y vigilancia de la actividad cinegética exclusivamente en los espacios cinegéticos en los que prestan su servicio, en los que harán cumplir la vigente legislación en la materia y denunciarán cuantas infracciones lleguen a su conocimiento, ello sin perjuicio de las funciones atribuidas a los cuerpos y fuerzas de seguridad y personal de la comunidad autónoma de Andalucía con atribuciones en materia de vigilancia y control en materia de caza.

2. Además, en los espacios cinegéticos en los que prestan su servicio, y sin perjuicio de las autorizaciones que en su caso fueran necesarias, realizarán las siguientes tareas:

a) Tratar de evitar la comisión de posibles infracciones en materia de caza.

b) Informar al titular del terreno cinegético de los daños a la agricultura y a la fauna, así como de las capturas que se realicen durante las jornadas cinegéticas.

c) Realizar controles de poblaciones por motivos de gestión, así como control de predadores cuando se estuviera habilitado para su realización, para evitar posibles daños a la agricultura, la ganadería y fauna silvestre.

d) Precintar piezas de caza, examinar las mismas y tomar muestras biológicas.

e) Participar en la toma de datos de censos o muestreos sobre poblaciones cinegéticas.

f) Comunicar a la consejería competente en materia de caza la presencia de posibles enfermedades, epizootias o venenos.

g) Cuantas otras les atribuya la normativa aplicable.

3. Las personas acreditadas como guardas jurados de caza, cuando realicen funciones de gestión en los espacios cinegéticos en los que prestan sus servicios, no recogidas en los apartados 1 y 2 del presente artículo, no portarán de forma visible el uniforme de guarda jurado de caza, ni ejercerán las funciones propias del mismo recogidas en dichos apartados.»

«Codorniz (Coturnix coturnix), paloma zurita (Columba oenas) y paloma bravía (Columba livia), procedentes de explotaciones industriales autorizadas.»

1. El procedimiento de otorgamiento podrá iniciarse a solicitud del interesado o por concurso convocado al efecto por la Agencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo cuando el interesado sea otra administración pública, o en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público, cuando se den las circunstancias excepcionales para ello, debidamente justificadas.

En los supuestos en los que sean iniciados a solicitud de los interesados, el mismo se iniciará con una solicitud en la que se describa la ocupación solicitada, la actividad a desarrollar y, en su caso, la inversión a realizar, a la cual se adjuntará la documentación detallada por la Agencia Pública de Puertos a través del Portal de la Junta de Andalucía.

Transcurrido el plazo de seis meses de la presentación de la solicitud o, en el caso de procedimientos iniciados por concurso, desde que termine el plazo de presentación de solicitudes, sin que la resolución se haya dictado y notificado, se podrá entender desestimada dicha solicitud.

En el supuesto de tramitación del concurso se estará a lo establecido en el artículo 22 de esta ley, con las especialidades previstas los apartados siguientes.»

«Conforme a lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece la obligación de relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos para los siguientes procedimientos administrativos y, en su caso, colectivos:

a) La comunicación de la puesta en funcionamiento de establecimientos e instalaciones no sometidos a autorización administrativa, regulada en el artículo 5 del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos, y en la Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se dictan normas de desarrollo del mismo, cuando ésta sea realizada por la empresa instaladora conforme a lo previsto en el artículo 6 de dicha orden.

b) La presentación de las declaraciones responsables y comunicaciones previas previstas en la normativa en materia de industria, energía y minas, para el acceso a determinadas actividades de servicios, regulada en la Orden de 20 de febrero de 2013, por la que se aprueba la tramitación electrónica de los procedimientos para la expedición de las habilitaciones profesionales y para la presentación de declaraciones y comunicaciones, en materia de industria, energía y minas.

c) Las autorizaciones de centros técnicos de tacógrafos previstas en el Real Decreto 125/2017, de 24 de febrero, por el que se establecen los requisitos técnicos y las normas de actuación que deben cumplir los centros técnicos de tacógrafos, así como las comunicaciones reglamentarias posteriores asociadas a dichas autorizaciones.

d) Las autorizaciones de talleres de limitadores de velocidad previstas en el Real Decreto 1417/2005, de 25 de noviembre, por el que se regula la utilización, instalación y comprobación del funcionamiento de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos, así como las comunicaciones reglamentarias posteriores asociadas a dichas autorizaciones.

e) La declaración y registro de los equipos e instalaciones de rayos X y la autorización de empresas de venta y asistencia técnica previstas en el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, aprobado por el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio.

f) La expedición de certificaciones de empresa y la autorización de centros formativos y evaluadores previstas en el Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.

g) Las comunicaciones a la Administración, por parte de las empresas instaladoras, reparadoras y conservadoras habilitadas, previstas en los diversos reglamentos de seguridad industrial de desarrollo de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en los reglamentos de desarrollo de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.

h) La presentación de las declaraciones responsables y las comunicaciones relativas al Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

i) La presentación de las declaraciones responsables y las comunicaciones contempladas en el Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios.

j) La presentación por parte de los organismos de control de las declaraciones responsables y las comunicaciones previstas en el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre».

«1. Los titulares de concesiones de explotación vigentes dispondrán de un plazo de tres años a contar desde la fecha de entrada en vigor de este Decreto-ley, para solicitar una modificación del proyecto de aprovechamiento de la concesión que incorpore la superficie, total o parcial, de aquellas cuadrículas mineras que no formaran parte de éste; o para solicitar la autorización de un proyecto de investigación minera sobre ellas.

2. El proyecto de aprovechamiento deberá incluir una planificación del uso del recurso mineral que soporte su explotación racional y ordenada durante el plazo que reste de concesión. Excepcionalmente, esta planificación podrá extender su vigencia hasta el plazo máximo de duración de una prórroga de la concesión, según lo previsto en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

Se entenderá que el titular renuncia al aprovechamiento de los recursos concedidos si, vencido el plazo, no hubieran sido presentadas dichas solicitudes. La desestimación de la solicitud de modificación del proyecto de aprovechamiento o la desestimación del proyecto de investigación, a que hacen referencia el apartado 1, motivará la declaración de caducidad del derecho al aprovechamiento en las cuadrículas afectadas.

3. Para el supuesto en el que exista un acuerdo de suspensión de labores, el cómputo del plazo de tres años, previsto en el apartado 1, se empezará a contar desde la fecha de vencimiento de dicho acuerdo si esta suspensión estuviera vigente en la fecha de entrada en vigor de este Decreto-ley.»

«organismo de control habilitado»

«Delegación».

«Instalación industrial: Conjunto de aparatos, equipos, elementos y componentes asociados a las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados. Asimismo, a los efectos del presente decreto, tiene también consideración de instalación industrial cualquier instalación regulada en los Reglamentos de seguridad industrial derivados de la Ley 21/1992, de 16 de julio.»

«Actuación: El conjunto de intervenciones (inspecciones) que debe realizar el organismo de control sobre un ítem, de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora. Esto incluye la primera inspección y, en caso de que el dictamen de esa primera sea desfavorable o negativo, una o dos inspecciones de subsanación.»

1. El régimen de habilitación de los organismos de control será el establecido en el artículo 15 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, y en el artículo 43 del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, siendo el órgano competente en la Comunidad Autónoma de Andalucía para la recepción de las correspondientes declaraciones responsables el órgano directivo central con competencia en materia de industria.

2. Se habilita al órgano directivo central con competencia en materia de industria para establecer mediante resolución el modelo de declaración responsable para el acceso a la actividad de organismo de control.

3. El órgano directivo central con competencia en materia de industria realizará la correspondiente inscripción de oficio en el Registro Integrado Industrial de Andalucía y dará traslado de los datos necesarios para su inscripción en el Registro Integrado Industrial de ámbito estatal.

4. Cualquier modificación que se produzca en los datos aportados en la declaración responsable deberá ser puesta en conocimiento del órgano directivo central con competencia en materia de industria en el plazo máximo de quince días hábiles, utilizando para ello el mismo modelo referido en el apartado segundo.»

«1. Toda inspección de los organismos de control será comunicada previamente a la Administración por procedimiento fehaciente, fijando fecha y hora de la misma, de manera que conste en la Delegación competente al menos tres días hábiles antes de su ejecución.

2.Dicha inspección se realizará directamente por el organismo de control siempre y cuando no exista notificación en contra dentro del mencionado plazo por parte de la Administración. Junto con la comunicación se aportarán los datos que figuran en el Anexo III.

3. Mediante Orden del titular de la Consejería competente en materia de industria se podrá establecer el procedimiento para realizar estas comunicaciones, así como excepciones a la obligación establecida en el apartado 1 para determinadas actuaciones reglamentarias, sustituyendo el procedimiento previsto en dicho apartado por otros sistemas de control.»

«2. Los organismos de control podrán acceder a los documentos técnicos (tales como proyectos, memorias y certificados) y los datos correspondientes a las instalaciones en las que hayan de intervenir, cuando sea necesario su conocimiento para el correcto desempeño de la actuación. La consulta de dicha información podrán solicitarla al Órgano Administrativo que conserve y mantenga el registro correspondiente, que podrá hacerles entrega de copia física o digital de dicha documentación, sin perjuicio de la posible habilitación por parte de la Administración de mecanismos para el acceso directo a la misma. Los organismos de control deberán adoptar las medidas oportunas para salvaguardar, a todos los niveles de su organización, la confidencialidad de la información obtenida y la protección de los derechos de propiedad.»

1. Finalizada una inspección por un organismo de control, éste dará traslado de su resultado a la Delegación competente, en el plazo máximo de veinte días hábiles, que se reducirá a diez días hábiles en el caso de existencia de defectos que den lugar a un acta desfavorable. Todo ello sin perjuicio de que para determinadas instalaciones o productos se establezcan plazos inferiores en su normativa específica.

2. Los organismos de control deberán contar con los medios necesarios para proporcionar esta información en la forma que se establezca mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de industria.»

«1. Los organismos de control están obligados, en el ejercicio de su actividad, a notificar al titular del producto, equipo o instalación, y, en su caso, al conservador o mantenedor, las deficiencias y las anomalías encontradas referentes a los reglamentos de seguridad aplicables, precisando el precepto reglamentario o normativo incumplido e indicando los plazos en que las mismas deban subsanarse.

2. Si los defectos técnicos detectados implican riesgo grave e inminente de daños a las personas, flora, fauna, bienes o medio ambiente, los organismos de control podrán adoptar medidas preventivas especiales, incluyendo la paralización temporal de la actividad, total o parcial, dando cuenta inmediata a la Delegación competente.

La Delegación podrá revocar o confirmar las medidas adoptadas, según lo considere necesario. En el caso de su aprobación, requerirá inmediatamente a los responsables para que corrijan las deficiencias o ajusten el funcionamiento a las normas reguladoras, sin perjuicio de las sanciones que pudieran imponerse por la infracción cometida y de las medidas previstas en la legislación laboral.

3. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la finalización del plazo previsto en cada caso para la subsanación de los defectos e incumplimientos que hayan dado lugar a un acta desfavorable, el organismo de control comprobará si se han subsanado todas las deficiencias, informando al respecto tanto a la Delegación competente, en la forma que se establezca mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de industria, como al titular del producto, equipo o la instalación y, en su caso, al conservador o mantenedor.

Si del resultado de la comprobación se desprende que las deficiencias no han sido debidamente corregidas, se notificará esta circunstancia inmediatamente a la Delegación competente. En caso de no poderse llevar a cabo la comprobación, por oposición del titular o, en su caso, por falta de colaboración del mantenedor o conservador, se dejará constancia de la misma en la correspondiente acta y se comunicará esta circunstancia a la Delegación competente.

4. Si el organismo de control cesa su actividad por cierre, pérdida de acreditación, o cualquier otra causa que le impida efectuar las inspecciones de subsanación que tiene asignadas en exclusiva, se considerará extinguida esta exclusividad, y los titulares de los productos, equipos o instalaciones afectados deberán solicitar las correspondientes inspecciones de subsanación a otro organismo de control. El organismo de control inicial deberá comunicar a la Administración competente en materia de industria el listado de las instalaciones afectadas y deberá informar a los titulares afectados de su obligación de solicitar la inspección de subsanación a otro organismo de control habilitado.»

«1. La supervisión de los organismos de control que actúen en el territorio de la Comunidad Autónoma corresponde a los órganos directivos centrales competente en materia de seguridad industrial, que la ejercerán a través de las Delegaciones competentes, sin perjuicio de las actuaciones de carácter general que puedan realizar directamente.

2. Para facilitar dicha supervisión cada organismo de control comunicará sus actuaciones y las actas con los resultados de las mismas mediante el sistema informático que se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de industria.

3. Con independencia de lo anterior, la Administración podrá asimismo recabar cuantos datos considere necesarios en relación con dichas actuaciones.

4. La Administración competente podrá decidir estar presente en cualquier actuación del organismo de control.»

«Los organismos de control permitirán el acceso a sus instalaciones, oficinas y documentación relacionada con sus actuaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía al personal funcionario de la Administración competente en materia de seguridad industrial cuando se halle en el ejercicio de sus funciones.»

El órgano directivo central con competencia en materia de industria elaborará una lista de todos los organismos de control que actúen en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con indicación de sus diferentes campos de actuación, que estará a disposición del público a través del Portal de la Junta de Andalucía.»

1. El régimen de extinción y suspensión temporal de las habilitaciones de los organismos de control será el establecido en el artículo 48 del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. El cese voluntario se comunicará mediante el modelo referido en el artículo 7.2.

2. Los organismos de control que cesen o suspendan definitivamente sus actividades en la Comunidad Autónoma de Andalucía transferirán en el plazo máximo de un mes todos sus archivos y registros a las correspondientes Delegaciones. Igualmente, notificarán a las Delegaciones y a los propios interesados las actuaciones administrativas que tengan en tramitación.

3. El cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior no exime a los organismos de control de cuantas indemnizaciones correspondan o compromisos económicos pudieran derivarse de tal decisión.»

«organismo de control habilitado»

«Delegación».

«1. La utilización de los medios electrónicos en las actuaciones y en los términos a que se refiere la presente Orden será de obligado cumplimiento para los organismos de control que realicen actuaciones de inspección en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para poder realizar estas actuaciones deberán estar previamente habilitados para ello, conforme al artículo 43 del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.

2. El cese de las actuaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía implicará automáticamente la baja de los usuarios administradores del organismo de control y la de los usuarios que estos últimos hayan dado de alta en el sistema informático que soporte las comunicaciones (en adelante “el sistema”).»

1. Los usuarios del sistema se clasifican en tres tipos: Usuarios administradores, generales y usuarios con capacidad de firma.

2. Son usuarios administradores aquellos que pueden dar de alta, modificar sus datos y dar de baja en el sistema, a usuarios de su organismo de control.

3. Son usuarios generales aquéllos que pueden realizar todo tipo de comunicaciones, salvo las de resultados y sus modificaciones, pedir listados e introducir datos en las comunicaciones de resultados.

4. Son usuarios con capacidad de firma aquellos usuarios que, además de las características del usuario general, poseen la capacidad de firmar y enviar las comunicaciones de resultados y sus modificaciones.»

«1. Los organismos de control solicitarán a la Administración competente en materia de industria el alta de un primer usuario administrador. Para ello presentarán ante el órgano directivo central competente en materia de industria solicitud firmada por representante con poder suficiente acompañando los siguientes datos: Nombre, dos apellidos del usuario y su número de identificación fiscal. Acompañarán una dirección de correo electrónico para que se les notifique el momento en que el usuario esté activo en el sistema.

2. A todos los efectos, el organismo de control será el responsable ante la Administración de las actuaciones que hagan sus usuarios. Esto incluye tanto al usuario administrador, que será dado de alta por la Administración, como a todos los que hayan sido dados de alta en el sistema por administradores del organismo de control.»

«Se establecen los siguientes tipos de comunicaciones electrónicas:

a) Notificación previa a una nueva inspección. De toda nueva inspección que vaya a ejecutar, el organismo de control deberá previamente, y en los plazos establecidos al efecto, hacer una comunicación de este tipo. No se establecerá este tipo de comunicación en los casos de inicio de una inspección que tenga como objeto la comprobación de la subsanación de los defectos encontrados en una anterior inspección a esa misma instalación.

b) Notificación previa a una inspección de subsanación. Esta comunicación deberá realizarse en el caso de una inspección que tenga como objeto la comprobación de la subsanación de los defectos encontrados en una anterior inspección a esa misma instalación.

c) Notificación del resultado de una inspección. Es objeto de la misma comunicar el resultado de una nueva inspección o una de subsanación, incluyendo, en su caso, los defectos encontrados, los plazos concedidos para su subsanación y las medidas preventivas tomadas. Si la inspección es de subsanación incluirá información sobre los defectos detectados con anterioridad, hayan sido subsanados o no, y también podrá incluir nuevos defectos observados y/o medidas preventivas.

d) Notificación de modificación de resultados de una inspección. Se utilizará esta comunicación para incluir o modificar algún dato de una comunicación de resultados de inspección.

e) Notificación de anulación de inspección. Este tipo de notificación se utilizará para anular una notificación previa, de nueva inspección o de inspección de subsanación.

f) Notificación de aplazamiento de inspección. Este tipo de notificación se utilizará para comunicar el aplazamiento de la fecha de inspección que consta en una notificación previa, de nueva inspección o de inspección de subsanación.

g) Notificación de acta de inspección. Este tipo de notificación se utilizará para presentar el acta de inspección.»

1. Toda inspección de la que se comunique su inicio deberá generar una nueva comunicación, bien del resultado de la inspección, bien de la anulación de la misma.

2. Cuando por cualquier motivo se decida no realizar una inspección, ésta será anulada por el organismo de control mediante una comunicación electrónica de anulación de inspección. Dicha notificación será realizada, a más tardar, el día anterior al previsto para la realización de la inspección.

3. En caso de no poderse realizar la inspección de subsanación por oposición del titular, o por falta de colaboración de la empresa conservadora, se dejará constancia de esta circunstancia en la correspondiente comunicación, debiendo aportarse adicionalmente la documentación que acredite esa circunstancia.

4. Cuando una inspección por causas debidamente justificadas no pueda realizarse en la fecha prevista en la comunicación de inicio y no proceda la anulación de la misma, se comunicará una nueva fecha de realización mediante una comunicación de aplazamiento de la inspección.

Dicha notificación será realizada, a más tardar, el mismo día previsto para la inspección.»

«1. Una vez efectuada la inspección, el organismo de control levantará acta de la misma en la que se especificarán en su caso los defectos encontrados, los plazos para subsanarlos y las medidas preventivas tomadas. Una copia del acta será notificada tanto al titular como, en su caso, a la empresa mantenedora/conservadora de la instalación o producto, en el plazo máximo de diez días.

2. El organismo de control realizará, dentro de los plazos establecidos en el artículo 12 del Decreto 25/2001, de 13 de febrero, la comunicación electrónica a la Administración del resultado de la inspección. Cuando los defectos detectados impliquen riesgo grave e inminente de daños a personas, flora, fauna, bienes o medio ambiente, la comunicación electrónica de notificación de resultados se hará con carácter inmediato y nunca en un plazo superior a veinticuatro horas.

3. Las actas de inspección se presentarán en formato electrónico mediante la correspondiente notificación de acta de inspección.

4. El organismo de control deberá guardar a disposición de la Administración competente copia del acta de inspección, así como el justificante de su notificación al titular. En caso de no poderse realizar la inspección de subsanación por oposición del titular o por falta de colaboración de la empresa mantenedora/conservadora se deberá presentar además la documentación que acredite esa circunstancia.

5. Para el desarrollo de las actuaciones incluidas en los planes de inspección u otras inspecciones realizadas a requerimiento de la Administración competente, podrá establecerse por ésta otro procedimiento y/o plazos de entrega de la documentación.»

«1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 25/2001, de 13 de febrero, el organismo de control que inicie una actuación deberá finalizarla bajo su responsabilidad, salvo que, por causa justificada, se autorice lo contrario.

2. En los casos en que se haya comunicado que se han encontrado defectos con plazo de subsanación que hayan dado lugar a un acta desfavorable, la actuación exclusiva se entenderá que finalizará con la comunicación del resultado de la inspección de subsanación. En el caso de que en esta última se incluyesen nuevos defectos con plazo de subsanación, la exclusividad se vería prorrogada automáticamente hasta nueva inspección de subsanación. Sólo se admitirá una prórroga de este tipo.

3. En los casos en que, por cese de actividad del organismo de control que inició la actuación, y conforme a lo previsto en el artículo 13.4 del Decreto 25/2001, de 13 de febrero, deba finalizar la actuación otro organismo de control, este último deberá solicitar a la Administración competente en materia de industria el acceso a estas actuaciones en el sistema.»

«3. Las referencias de este Decreto a las instalaciones se entenderán extensibles a los productos cuya puesta en funcionamiento esté regulada en los reglamentos derivados de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

4. Se regulan asimismo en el presente Decreto determinados trámites administrativos asociados a los establecimientos e instalaciones tras su puesta en funcionamiento.»

Mediante Orden de la persona titular de la Consejería con competencias en materia de industria y energía se podrá establecer la tramitación electrónica de los trámites reglamentarios asociados a las instalaciones una vez puestas en funcionamiento, preferentemente a través de los mismos sistemas informáticos habilitados para esa puesta en funcionamiento.»

1. Para el cambio de titularidad de las instalaciones registradas no será necesario aportar la acreditación de la misma, siendo necesario únicamente una declaración responsable del nuevo titular declarando esa titularidad y aportando los datos necesarios para su inscripción.

2. El declarante será responsable de la veracidad de lo declarado, así como de las consecuencias que de ello se deriven. En caso de constatarse por parte de la Delegación competente en materia de industria y energía, en el marco de sus funciones de control e inspección, inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o manifestación incluidos en la declaración responsable podrá proceder a la corrección de la inscripción, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.

3. La Delegación competente en materia de industria y energía podrá proceder a la modificación de oficio de la titularidad de una instalación cuando tenga conocimiento de la existencia de un nuevo titular, por ejemplo, a través de la información aportada por la empresa conservadora de la instalación o el organismo de control que realice una inspección reglamentaria de la misma. En este caso se concederá audiencia al nuevo titular por un plazo no inferior a quince días, anotándose el cambio si no se formulan alegaciones durante el trámite o si éstas son favorables a tal anotación.

4. El cambio de titularidad de una instalación habilitará a la Administración al cambio de titularidad del resto de instalaciones registradas para el mismo establecimiento de las que se tenga conocimiento, así como, en su caso, del propio establecimiento, salvo que los interesados justifiquen que no procede lo anterior.»

Mediante Orden de la persona titular de la Consejería con competencias en materia de industria y energía se podrán establecer procedimientos para la regularización administrativa de instalaciones existentes de las que no conste inscripción en los registros de la Delegación competente en materia de industria y energía.»

«5. Los datos de contacto aportados en la comunicación, así como sus posibles modificaciones posteriores, podrán ser utilizados por la Administración competente para el envío de comunicaciones y avisos referentes al cumplimiento de los requisitos reglamentarios.»

«1. Tanto las comunicaciones como las fichas técnicas descriptivas que deban acompañarla se cumplimentarán, junto con la documentación anexa, necesariamente en el modelo electrónico disponible a través del portal de la Administración de la Junta de Andalucía, y serán presentadas preferentemente por vía electrónica ante el Registro electrónico único de la Junta de Andalucía, según el procedimiento establecido en el presente Capítulo.

Asimismo, las comunicaciones previstas en la Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueba el formulario de comunicación de instalaciones existentes de autoconsumo de conformidad al Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, se cumplimentarán necesariamente en el modelo electrónico accesible a través la sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía.»

«4. En el caso de los equipos a presión incluidos en la comunicación, la placa de instalación e inspecciones periódicas prevista en el apartado 4 del anexo III del Reglamento de equipos a presión, aprobado por Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, deberá ser solicitada por la persona interesada, acompañando a la solicitud el justificante acreditativo de la presentación de la comunicación, a un organismo de control habilitado para ese campo reglamentario o a la empresa instaladora que intervino en la instalación del equipo. Debiendo colocarse la placa sobre el equipo en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la comunicación.

Los organismos de control que realicen inspecciones reglamentarias de equipos a presión que no dispongan de estas placas, estando obligados a ello, colocarán la correspondiente placa una vez realizada la inspección.

Por parte del órgano directivo central con competencia en materia de industria se establecerán las instrucciones necesarias para la emisión de las placas por parte de los agentes habilitados para ello.»

«En lo relativo a infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la Ley 17/1985, de 1 de julio; en el Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero; y, en lo no contemplado en la anterior normativa, en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.»

«2. Equipos. Los equipos tendrán la adecuada precisión y tolerancia para realizar los análisis de objetos de metales preciosos de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero.»

«1. La Consejería competente en materia de industria podrá autorizar laboratorios para el ensayo y contraste de metales preciosos establecidos por centros oficiales, entidades colaboradoras y asociaciones sin fines de lucro, siempre que ofrezcan las debidas garantías de solvencia e imparcialidad.»

«2. Cuando se trate de objetos del mismo fabricante podrá realizarse por lotes de objetos similares. El tamaño de la muestra se determinará en función del número de objetos de cada lote, siguiendo las indicaciones de la intervención y bajo su supervisión, y conforme a los criterios que haya establecido, en su caso, el órgano directivo central con competencia en materia de industria.»

«f) Disponer de los equipos y útiles precisos para realizar los análisis de objetos de metales preciosos de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero.»

«Están excluidas aquellas actividades e instalaciones contempladas en los puntos b) a i) que no están a su vez cubiertas por el punto a) y que están sujetas a la inscripción en otro registro regulado por su reglamentación específica.

Están excluidas asimismo las actividades artesanales, tal y como se definen en la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.»

«4. Serán objeto de inscripción de oficio en el Registro los traslados de los establecimientos, previa comunicación de los mismos por parte de las personas interesadas.»

1. Para el cambio de titularidad del establecimiento no será necesario aportar la acreditación de la misma, siendo necesario únicamente una declaración responsable del nuevo titular declarando esa titularidad y aportando los datos necesarios para su inscripción.

2. El declarante será responsable de la veracidad de lo declarado, así como de las consecuencias que de ello se deriven. En caso de constatarse por parte de la Delegación competente en materia de industria, en el marco de sus funciones de control e inspección, inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o manifestación incluidos en la declaración responsable podrá proceder a la corrección de la inscripción, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.

3. La Delegación competente en materia de industria podrá proceder a la modificación de oficio de la titularidad de un establecimiento cuando tenga conocimiento de la existencia de un nuevo titular. En este caso se concederá audiencia al nuevo titular por un plazo no inferior a quince días, anotándose el cambio si no se formulan alegaciones durante el trámite o si éstas son favorables a tal anotación.

4. El cambio de titularidad del establecimiento habilitará a la Administración al cambio de titularidad de las instalaciones de seguridad industrial registradas asociadas a dicho establecimiento de las que se tenga conocimiento, salvo que los interesados justifiquen que no procede lo anterior.»

«2. Todos los requisitos citados deberán cumplirse a la fecha de realización del examen y se acreditarán conforme a lo dispuesto en la Orden de 11 noviembre de 2008, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se aprueba la tramitación electrónica de procedimientos administrativos de examen. Todo ello sin perjuicio de la obligación de los aspirantes de aportar, a requerimiento del órgano competente, la documentación acreditativa de los mismos.

En caso de que se compruebe que una persona aprobada no cumplía los requisitos de admisión en las pruebas referidos, no se le expedirá la habilitación o certificado de superación de las pruebas, según corresponda.»

«La actualización de las tarifas aprobadas por medio de la presente orden podrá ser iniciada de oficio por el órgano directivo competente en la materia, o mediante solicitud motivada de al menos uno de los laboratorios autorizados. Dicha actualización deberá cumplir lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, y en el artículo 12 o en la disposición adicional primera del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo.

Las solicitudes de los laboratorios deberán venir acompañadas de una memoria económica justificativa que tenga en cuenta lo previsto en el artículo 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, y en el artículo 12 y disposición adicional primera del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, aportando la información correspondiente.»

Se habilita a la persona titular del órgano directivo central competente en la materia para actualizar las cuantías de las tarifas aprobadas por medio de la presente orden, de acuerdo con lo previsto en el artículo cuarto.»

«1. Los procedimientos de autorizaciones reguladas en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, incluidos los asociados a instalaciones fotovoltaicas, se tramitarán en Andalucía conforme a lo previsto en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, a excepción de lo indicado en los apartados siguientes.

2. Para las instalaciones de producción de energía eléctrica con potencia instalada de hasta 500 kW, el procedimiento de autorización de explotación regulado en el apartado 1.c) del artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, se tramitará en Andalucía, conforme a la puesta en servicio de instalaciones regulada por la Orden de 5 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.

No obstante, no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior y estarán sometidas al régimen de autorización administrativa previa y de construcción, cada una de las instalaciones de producción de energía eléctrica cuya suma total de potencia instalada sea superior a 500 kW y que teniendo línea de evacuación común, cumpla alguna de las siguientes circunstancias:

a) Estén en la misma referencia catastral o,

b) Estén ubicadas a menos de 3.000 metros entre sí.

En estos casos, se comunicará tal circunstancia al órgano ambiental competente para la emisión de la calificación ambiental, de la autorización ambiental unificada o de la autorización ambiental unificada simplificada, según proceda, a efectos de su consideración en la evaluación ambiental de estas actuaciones.

3. Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 123, así como en el apartado 3 del artículo 130, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, el promotor del proyecto podrá potestativamente presentar, una declaración responsable de haber realizado las consultas referidas en dichos párrafos, así como de haber recibido los pronunciamientos favorables o condicionados, identificando cada órgano consultado y su respuesta.

En caso de que el promotor presente dicha declaración responsable, la administración competente para la autorización administrativa correspondiente, realizará el envío de las separatas únicamente a aquellos órganos, de los cuales no se presente la declaración responsable con el pronunciamiento favorable o condicionado, o a aquellos otros órganos que se estime oportuno.

4. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, aprobado por Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, el promotor de un proyecto relativo a instalaciones de energía eléctrica sometido a autorización deberá comprobar, previamente a la solicitud de dicha autorización, si la actuación se halla en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 71 del citado Reglamento, para, en su caso, incorporar la documentación necesaria para valorar la incidencia previsible en la ordenación del territorio y el paisaje requerida para la emisión del preceptivo informe de incidencia territorial.

Si como resultado del análisis, el promotor concluye que el proyecto no se halla en ninguno de los supuestos establecidos en el referido artículo 71, deberá presentar al órgano competente para la autorización de la actuación, junto con la solicitud de autorización administrativa, una declaración responsable que recoja que el proyecto no requiere el informe de incidencia territorial de la consejería competente en ordenación del territorio y urbanismo recogido en el artículo 72 del Reglamento. El órgano competente podrá requerir en cualquier momento el análisis realizado.»

«3. Las actuaciones de construcción o instalación de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos vinculados a la generación mediante fuentes energéticas renovables, incluidas las infraestructuras de evacuación y las instalaciones de puntos de recarga de vehículo eléctrico y las infraestructuras eléctricas de sus estaciones de que se ubiquen en Andalucía, sean de promoción pública o privada, estarán sujetas a licencia urbanística municipal conforme a lo previsto en la legislación urbanística. No obstante, estarán sujetas a declaración responsable las obras en edificaciones e instalaciones existentes en suelo urbano que se destinen a la instalación de aprovechamiento térmico de energías renovables en viviendas, la instalación de autoconsumo eléctrico con energías renovables de hasta 500 kW y la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos excepto en edificaciones del patrimonio histórico-artístico con la categoría de bien de interés cultural.»

Con anterioridad a la presentación electrónica de los certificados de instalación y demás documentación técnica, los instaladores autorizados deberán darse de alta en el sistema telemático cumplimentando los datos de los formularios que aparecen en el mismo, y realizar una presentación electrónica general, adjuntando la siguiente documentación en el Registro Electrónico de la Junta de Andalucía, seleccionando como destinatario la Delegación Territorial de la Consejería con competencias en materia de energía que corresponda, para su validación:

1. En todos los casos, se deberá presentar la documentación que acredite la habilitación profesional establecida en la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) número 3 del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

2. Si la empresa instaladora habilitada es una persona jurídica, debe presentar la documentación requerida en el párrafo anterior, correspondiente a las personas instaladoras en baja tensión que desarrollen su actividad en la misma. Además, deberá presentar la siguiente documentación:

a) Solicitud de autorización según el Anexo I como representante legal de persona física para la tramitación electrónica de los certificados de instalación de baja tensión. Este documento se rellenará y firmará por cada una de las personas instaladoras en baja tensión, y se adjuntarán a la solicitud presentada por el representante legal.

b) Declaración responsable del representante legal de la empresa instaladora habilitada según Anexo III, responsabilizándose de la firma y sellado de los certificados emitidos tras la validación administrativa electrónica.

3. Si la persona que realiza la presentación de los certificados de instalación es un tercero representante de la empresa instaladora habilitada, además de la documentación necesaria para el apartado 2, deberá presentar la siguiente documentación:

a) Solicitud de autorización según Anexo II, como representante legal de la empresa instaladora habilitada para la tramitación electrónica de los certificados de instalación de baja tensión.

b) Poderes de representación de los firmantes de la solicitud de autorización como representante legal de la empresa instaladora habilitada para la tramitación electrónica de los certificados de instalación de baja tensión.

4. Del mismo modo cuando haya modificaciones, el representante legal de la empresa instaladora habilitada en baja tensión deberá notificarlo, presentando telemáticamente la siguiente documentación en el Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía, seleccionando como destinatario la Delegación Territorial de la Consejería con competencias en materia de energía que corresponda:

a) Si se trata de modificación en el representante legal de la empresa instaladora habilitada que realiza las presentaciones o en el representante autorizado según el apartado 3, en nombre de la empresa, nueva solicitud de autorización como representante debidamente firmada.

b) Si se trata de una nueva alta de una persona instaladora en baja tensión que desarrolle su actividad en la empresa, nueva solicitud de autorización como representante legal de persona física para la tramitación electrónica de los certificados de instalación de baja tensión que deberá ser firmada por ambos, esto es, persona instaladora en baja tensión y representante legal de la empresa.

c) Si se trata de una baja de una persona instaladora en baja tensión que desarrolle su actividad en la empresa, la solicitud dirigida a la Delegación Territorial de la Consejería con competencias en materia de energía puede ser presentada por la persona instaladora en baja tensión, o por la empresa instaladora habilitada.

d) Si se trata de una modificación en los datos aportados anteriormente de las personas instaladoras en baja tensión, solicitud dirigida a la Delegación Territorial de la Consejería con competencias en materia de energía para la modificación de los datos en el Sistema Informático de Tramitación Electrónica de Certificados de Instalación (TECI).»

«Decreto 98/2015, de 3 de marzo, por el que se regula la organización, funcionamiento y características de los Centros de Internamiento de Menores Infractores de Andalucía.»

«1. Este decreto tiene por objeto regular la organización, el funcionamiento y las características de los centros de internamiento de menores infractores dependientes de la consejería con competencia en materia de justicia juvenil.»

«1. Los órganos de los artículos 13 y 17 se regirán, en lo no previsto en este decreto, por los preceptos de carácter básico de la subsección 1.ª de la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por las normas de la sección 1.ª del capítulo II del título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.»

«3. Sólo se podrán crear nuevos colegios profesionales respecto de aquellas profesiones que tengan titulación universitaria oficial, así como de aquellas profesiones cuyo ejercicio esté condicionado a la posesión de una determinada habilitación otorgada por la Administración pública competente.»

«1. La segregación de un colegio con objeto de constituir otro de profesión o titulación diferenciada a la del colegio de origen se aprobará por ley del Parlamento de Andalucía y exigirá idénticos requisitos que para la creación.»

1. La modificación de estatutos, una vez aprobada por el colegio profesional conforme al procedimiento establecido en sus estatutos y previo informe del consejo andaluz de colegios respectivo, si estuviera creado, se someterá a calificación de legalidad, aprobación definitiva y posterior inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, de acuerdo con las normas establecidas en el artículo anterior.

2. No obstante, en el caso de que la modificación se refiera únicamente a la variación del domicilio o sede de la corporación, tan sólo será precisa la comunicación de tal circunstancia a la consejería competente en materia de régimen jurídico de colegios profesionales para su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales.»

1. Se crea, a efectos de publicidad, el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, que dependerá de la consejería que tenga atribuidas las competencias sobre régimen jurídico de los colegios profesionales.

2. Las inscripciones en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales tendrán efectos declarativos.

3. La organización, funcionamiento y régimen de publicidad de su contenido se regularán reglamentariamente.

Artículo 43. 
Obligatoriedad de la inscripción.

La inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, que sólo podrá ser denegada por razones de legalidad, es obligatoria para todos los colegios profesionales incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley y para los consejos andaluces de colegios profesionales constituidos conforme a la Ley 6/1995, de 29 de diciembre.

Artículo 44. 
Contenido.

En el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales deberán constar:

a) Los colegios profesionales cuyo ámbito territorial esté comprendido exclusivamente dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Los consejos andaluces de colegios profesionales constituidos conforme a la Ley 6/1995, de 29 de diciembre.

c) Los estatutos de los colegios profesionales de Andalucía y de los consejos andaluces de colegios profesionales, así como sus modificaciones.

d) El nombramiento y cese de los miembros de sus órganos de gobierno.

e) El domicilio o sede de las corporaciones y, en su caso, de sus delegaciones.

f) La normativa deontológica.

g) Cualquier otra circunstancia que se determine reglamentariamente.»

1. El procedimiento administrativo relativo a la creación de nuevos colegios profesionales será iniciado a solicitud de las personas profesionales interesadas.

2. La solicitud de creación del nuevo colegio profesional deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la representación otorgada a la persona o personas profesionales, a las que las personas solicitantes otorguen su representación para actuar en el procedimiento.

b) Relación de personas profesionales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía que apoyan la iniciativa de creación del colegio profesional, en la que conste el nombre, apellidos y número de identificación fiscal de cada una de ellas, así como la referencia a la titulación o habilitación exigida para el ejercicio de la actividad.

c) Memoria justificativa de la necesidad de creación del colegio, acreditando el interés público.

d) En su caso, certificación del acuerdo adoptado por la asamblea general de la asociación promotora de la creación del colegio profesional, en relación a la solicitud de creación del colegio.

e) En el caso de profesiones que tengan titulación universitaria oficial, certificación del plan de estudios o temario del título oficial que se requiera para el ejercicio de la profesión, emitida por la institución pública que lo otorgue o reconozca o indicación de la norma en la que se establecen los requisitos que deberán reunir los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de grado que habiliten para el ejercicio de la profesión.

f) En el caso de profesiones cuyo ejercicio esté condicionado a la posesión de una determinada habilitación otorgada por la Administración competente, indicación de la norma que regule el ejercicio de las actividades profesionales y los requisitos para su acceso.

g) Memoria descriptiva de las actividades profesionales que se puedan ejercer mediante la posesión de la titulación o de la habilitación administrativa para el ejercicio de la actividad, en la que se justifique su relación con el interés público acreditado para la creación del colegio profesional.

3. La solicitud deberá dirigirse a la consejería competente en materia de régimen jurídico de los colegios profesionales. Incluirá la denominación del colegio, que responderá a la titulación oficial requerida para su incorporación o a la profesión que representen.»

El procedimiento de creación regulado en este capítulo se aplicará a los supuestos previstos en los artículos 13.2 y 14.1 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de Andalucía, para la creación de un colegio profesional por fusión de dos o más colegios de distinta profesión o por segregación de un colegio con objeto de constituir otro de profesión o titulación diferenciada a la del colegio de origen, con las siguientes particularidades:

a) El procedimiento de creación se podrá iniciar a solicitud del colegio o de la mayoría de los colegios afectados, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos o, en su defecto, ratificada por la mayoría absoluta de las personas integrantes del colegio profesional. Asimismo, en el caso de segregación de un colegio con objeto de constituir otro de profesión o titulación diferenciada a la del colegio de origen, el procedimiento se podrá iniciar a solicitud de las personas interesadas, en los términos del artículo 1.

b) En todo caso, deberá constar el previo informe favorable de los consejos andaluces de colegios respectivos, si estuvieran creados.»

1. El Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales tiene como objeto la inscripción de la constitución de los colegios profesionales y consejos de colegios profesionales cuyo ámbito territorial esté comprendido, exclusivamente, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de los demás actos y documentos relacionados en el artículo 26.

2. De acuerdo con la disposición adicional cuarta de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, los colegios profesionales de ámbito nacional o suprautonómico que dispongan de demarcaciones o delegaciones permanentes en Andalucía podrán solicitar su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales.

3. El Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales estará adscrito a la consejería competente en materia de régimen jurídico de colegios profesionales.

Artículo 26. 
Actos y documentos sujetos a inscripción.

1. En el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales deberán inscribirse los siguientes actos y documentos:

a) La constitución de la corporación y su denominación, incluidos los cambios de esta.

b) Los estatutos y sus modificaciones.

c) Los reglamentos de régimen interior, si existieran.

d) La composición de los órganos de gobierno y de los demás órganos previstos en los estatutos, así como el nombramiento, renovación, sustitución, suspensión y cese, por cualquier causa, de sus miembros.

e) El domicilio o sede de la corporación y, en su caso, de sus demarcaciones o delegaciones.

f) La normativa deontológica.

g) Las modificaciones que se produzcan en el ámbito territorial de los colegios profesionales de Andalucía como consecuencia de los supuestos de fusión, segregación u otros previstos en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre.

h) La disolución.

i) Las delegaciones de competencias, las encomiendas de gestión y los convenios de colaboración suscritos con la Administración de la Junta de Andalucía.

2. También se inscribirán los actos y documentos relativos a los colegios profesionales de Andalucía a los que se refiere el artículo 25.2, cuando así lo soliciten.

Artículo 27. 
Secciones y asientos registrales.

1. El Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales consta de las siguientes secciones:

a) Sección Primera: De los colegios profesionales.

b) Sección Segunda: De las demarcaciones o delegaciones de colegios de ámbito territorial superior al de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Sección Tercera: De los consejos andaluces de colegios profesionales.

2. Toda anotación de los actos y documentos sujetos a inscripción se practicarán mediante asientos en hojas registrales y en soporte informático. Los asientos seguirán el orden cronológico de fechas y tendrán numeración correlativa.

3. A cada colegio profesional, consejo andaluz de colegios profesionales o, en su caso, demarcación o delegación permanente en Andalucía de un colegio profesional de ámbito territorial estatal o suprautonómico se le asignará un número registral correlativo y diferenciado, en función de la sección en la que se practique la inscripción, que permanecerá invariable en los sucesivos asientos.

4. Para cada colegio profesional, consejo andaluz de colegios profesionales o, en su caso, demarcación o delegación permanente en Andalucía de un colegio profesional de ámbito territorial estatal o suprautonómico existirá una hoja de inscripción donde constará la denominación de la corporación, su numeración, su fecha de constitución y registro, su domicilio o sede y datos de contacto. En la hoja se inscribirán, por orden cronológico, los actos y los documentos a que se refiere el artículo 26.

5. Toda inscripción contendrá necesariamente las siguientes circunstancias:

a) Expresión de la naturaleza del acto que se inscribe.

b) Fecha del documento o documentos que se inscriben.

c) En el caso de la composición de los órganos de gobierno, nombre e identificación de las personas y cargos que ocupan, fecha de toma de posesión, fecha de finalización y fecha de inscripción.

d) Fecha y número del asiento.

Artículo 28. 
Procedimiento de inscripción.

1. La inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y de Consejos Andaluces de Colegios se regirá por lo dispuesto en este reglamento y por las normas del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

2. La inscripción de los actos y documentos indicados en los apartados a), b), g) y h) del artículo 26.1 se realizará de oficio por el órgano directivo central correspondiente de la consejería competente en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, en el plazo de diez días desde que se produzca la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la disposición correspondiente.

3. La inscripción de los restantes actos y documentos se realizará a solicitud del órgano de gobierno de la corporación profesional. Las solicitudes se presentarán, en el plazo de un mes desde la fecha en que se produjo el respectivo acto o documento inscribible, en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de que puedan ser presentadas en los restantes registros electrónicos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. El órgano directivo central correspondiente de la consejería competente en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, previa verificación de la documentación aportada, resolverá la solicitud de inscripción y la notificará, en el plazo máximo de un mes desde que tuviera entrada en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía. En el caso de que se observaran defectos en la solicitud, se requerirá a la corporación la subsanación en un plazo de diez días, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición.

5. Transcurrido el plazo indicado sin haberse notificado la resolución, se entenderá estimada la solicitud de inscripción.

Artículo 29. 
Publicidad y certificaciones registrales.

1. El contenido del Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y de Consejos Andaluces de Colegios y el acceso a sus datos serán públicos. Esta publicidad no alcanzará a los datos de carácter personal que consten en aquel, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos personales.

2. La publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos.

3. Las solicitudes de certificación se presentarán en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de que puedan ser presentadas en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las solicitudes deberán detallar la clase de información que se requiera y aportar cuantos datos se conozcan para facilitar su búsqueda.

4. Las certificaciones se expedirán en un plazo máximo de cinco días desde su presentación, con indicación de la fecha en la que se realizan.»

1. Aprobados los estatutos o sus modificaciones, los consejos andaluces de colegios profesionales deberán remitirlos a la consejería competente en materia de régimen jurídico de colegios profesionales para que, previa calificación de legalidad, sean inscritos en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, y posteriormente publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. La consejería competente en materia de régimen jurídico de colegios profesionales deberá pronunciarse en el plazo de tres meses sobre la legalidad de los estatutos o sus modificaciones. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, se entenderá que su calificación es estimatoria.

3. En el caso de que el texto de los estatutos o sus modificaciones no se adecuaran a la legalidad, se devolverá el expediente para su corrección o modificación.

4. No obstante, en el caso de que la modificación se refiera únicamente a la variación del domicilio o sede de la corporación, tan sólo será precisa la comunicación de tal circunstancia a la consejería competente en materia de régimen jurídico de colegios profesionales para su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales.»

«Capítulo V. Registro de los consejos andaluces de colegios profesionales».