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TSJ Asturias Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 29-12-2017, nº 1082/2017, rec. 1058/2016

ROJ: STSJ AS 3510:2017, ECLI: ES:TSJAS:2017:3510

Pte: Margareto García, Mª José

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia en la que estimando el recurso interpuesto, revoque la resolución recurrida por no estar ajustada a derecho, con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.

SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.

TERCERO.- Por Auto de 2 de mayo de 2017, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.

CUARTO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.

QUINTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites prescritos en la ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- - Por la Procuradora Sra. Cobo Barquín en nombre y representación de D. Arcadio se interpuso recurso contencioso administrativo contra la Ordenanza Municipal para el uso de la lengua asturiana en el Concejo de Noreña que fue aprobada de forma definitiva por el Ayuntamiento de Noreña y publicado en el B.O.P.A. de fecha 25-10-2016.

SEGUNDO.- - Alega el recurrente en su demanda, con cita de los art. 3 de la C.E., art. 4 de la Ley Orgánica 7/1981 y art. 10.1.21, Ley 1/98, que es un hecho incuestionable que el bable no es una lengua cooficial en el Principado de Asturias, así como incompetencia del Ayuntamiento demandado para aprobar dicha Ordenanza, ya que, a su juicio, el art. 1-1 de la misma vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía, por lo que solicita su anulación, y asimismo que se ha omitido la valoración económica, con cita de los arts. 7, 11-2, 12 y 14 de dicha Ordenanza, a través de los cuales se colige que necesariamente conlleva un coste económico, pues se contemplan medidas que suponen un gasto con clara incidencia económica y a pesar de ello no existe informe económico alguno ni memoria económica que debe conducir a su anulación, interesando igualmente la nulidad de los artículos 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 16, conforme ha dejado señalado.

A dichas pretensiones se opuso el Ayuntamiento de Noreña, en los términos que constan en su escrito de contestación a la demanda que serán examinados a continuación, interesando la desestimación del recurso.

TERCERO.- Planteados los términos del recurso en el sentido expuesto y vistas las alegaciones de las partes, siguiendo el mismo orden de motivos invocados por la parte recurrente, articula, en primer lugar, la misma en su demanda en el fundamento de derecho II, apartado A, que es un hecho incuestionable que el bable no es una lengua cooficial en el Principado de Asturias, así como incompetencia del Ayuntamiento demandado para aprobar dicha Ordenanza, ya que, a su juicio, el art. 1- 1 de la misma vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía, por lo que solicita su anulación.

El artículo 3 de la Constitución establece que: "1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

Asimismo, el artículo 4 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias señala que "Uno. El bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje. Dos. Una ley del Principado regulará la protección, uso y promoción del bable".

Y el artículo 10 Uno, que "El Principado de Asturias tiene la competencia exclusiva en las materias que a continuación se señalan:

21. Fomento y protección del bable en sus diversas variantes que, como modalidades lingüísticas, se utilizan en el territorio del Principado de Asturias".

Y la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Protección del Bable/Asturiano, en su artículo 8 señala que "1. Los ayuntamientos asturianos podrán adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectividad del ejercicio de los derechos lingüísticos que esta Ley otorga a los ciudadanos residentes en Asturias. 2. El Principado de Asturias podrá concertar con los ayuntamientos planes específicos para el efectivo uso del bable/asturiano en los respectivos concejos, a cuyo fin podrá subvencionar los servicios y actuaciones que fueran precisos".

Para su resolución es preciso acudir a lo dispuesto en el artículo 1-1 de la Ordenanza impugnada, a la que se remiten ambas partes, obviamente cada una de ellas en defensa de sus respectivas pretensiones, totalmente antagónicas, en aras cada uno de ellos a que se estimen sus alegaciones y se rechacen las de la otra parte, recíprocamente. Dicho artículo 1-1 establece que "La lengua asturiana o asturiano es, junto al castellano, la lengua propia del Concejo de Noreña, de la Administración Local y de las corporaciones públicas que de ella dependen".

La cuestión que ha sido sometida a la decisión de la Sala en este recurso ya ha sido resuelta por esta Sala en sentencia de fecha 3-6-2005, en la que estimando el recurso contencioso administrativo contra un acuerdo del Pleno de un Ayuntamiento que aprobó la Ordenanza Municipal sobre la lengua, se contempló expresamente el empleo del bable "conjuntamente" con el castellano, como acontece en este caso, en que se emplea el término "junto", tanto en el citado art. 1- 1, como en el art. 9, apoyándose dicha sentencia en la dictada por el Tribunal Supremo el 17-2-2004 que, confirmando la sentencia dictada por esta Sala el 25-5- 2001, señaló que "entre las competencias del Ayuntamiento (...) no se incluye la de declarar la oficialidad de una lengua, sino que la Constitución expresamente establece que la declaración de oficialidad de cualquier lengua, al margen del castellano, corresponde a los Estatutos de cada Comunidad Autónoma". Y sin que a lo expuesto obste las objeciones ahora invocadas por el Ayuntamiento demandado en aras a distinguir entre lengua propia y oficial, pues al margen de que ha de atenderse a lo realmente dispuesto en la Ordenanza que es objeto de este recurso, en la que nada consta ni el empleo ni distinción entre aquéllas, lo cierto es que, en todo caso, la carga de precisar y explicar la diferenciación entre una y otra corresponde a dicho Ayuntamiento; considerando en dicho sentido lo actuado en el expediente administrativo en el que consta, de un lado, en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28-4-2016 la objeción por algunos de los intervinientes en el mismo sobre la falta de informes jurídico y económico y, de otro lado, a los folios 45 y 46, sin que pase desapercibida la disconformidad de la Delegación del Gobierno en los términos señalados en el mismo.

Enlazando con lo expuesto se une el siguiente motivo de recurso, relativo a que se ha omitido toda valoración económica, habida cuenta que a través de diversos artículos de dicha Ordenanza (7, 11-2, 12 y 14) se desprende que necesariamente conlleva un coste económico, pues se contemplan medidas que suponen un gasto con clara incidencia económica y a pesar de ello no existe informe económico alguno ni memoria económica, por lo que al amparo del art. 7-3 de la L.O. 2/2012, solicita su anulación. Dicho artículo establece que "Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera"; a cuyo tenor y de acuerdo con el contenido de dichos artículos y no constando la adopción de ninguna valoración económica al respecto, por somera que fuera, y vistos los razonamientos anteriormente expuestos es por lo que procede acoger dicho motivo de recurso y, en consecuencia, sin necesidad de analizar otros motivos, que en nada cambiarían lo expuesto, procede estimar el recurso.

CUARTO.- .- Conforme al art. 139 la estimación del recurso conlleva a imponer las costas al Ayuntamiento de Noreña, si bien de acuerdo con el nº 3 del mismo y las circunstancias concurrentes, procede limitarlas a la cantidad de 1.000 euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

FALLO 

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Cobo Barquín, en nombre y representación de D. Arcadio contra la Ordenanza Municipal de la que dimana el presente procedimiento del Ayuntamiento de Noreña, publicada en el B.O.P.A de 25-10-2016; en el que intervino el Ayuntamiento de Noreña, actuando a través de su representación procesal; la cual se anula por no ser conforme a derecho, por los razonamientos expuestos en la presente sentencia. Con imposición de las costas de este recurso a dicho Ayuntamiento según se ha señalado en el fundamento de derecho cuarto de esta resolución.

Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, RECURSO DE CASACION en el término de TREINTA DIAS, para ser resuelto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo si se denuncia la infracción de legislación estatal o por esta Sala de lo Contencioso Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia si lo es por legislación autonómica.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 33044330012017100963