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Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 5ª, S 29-9-2017, nº 1469/2017, rec. 431/2016

ROJ: STS 3425:2017, ECLI: ES:TS:2017:3425

Pte: Herrero Pina, Octavio Juan

STS Sala 3ª de 29 septiembre de 2017

STS Sala 3ª de 29 septiembre de 2017
Desestima, en unificación de doctrina, el recurso interpuesto contra
STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 1 julio de 2015 (J2015/143726)

Resumen
Recurso de casación para unificación de doctrina. El TS declara que La diferencia no responde a una diversa y contradictoria interpretación de la norma, cuya corrección constituye el fundamento y objeto del recurso de casación para la unificación de doctrina, sino a la específica valoración de las pruebas, que justifica la divergencia en la solución adoptada y que, por lo tanto, no permite plantear este recurso excepcional y subsidiario, que no puede fundarse en la revisión de la valoración de la prueba efectuada en la instancia (FJ 4).

  • Favorable a: Administración autonómica,Administración corporativa; Desfavorable a: Expropiado
  • Procedimiento:Recurso de casación para la unificación de doctrina
  •  
    ANTECEDENTES DE HECHO 

    PRIMERO.- La sentencia recurrida contiene la parte dispositiva del siguiente tenor: «1.- DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo 1021/11, interpuesto por la Procuradora Dña. CRISTINA MATUD JURISTO, en nombre y representación de FRONTAL XXI, S.L contra la Resolución de 18-07-11 del Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid (expte. CP 982-06/PV 00180.2/2011), que respecto de la finca registral n° 22, del Proyecto de expropiación individualizada "APR 08.02 JOAQUÍN LORENZO", sita en el término municipal de Madrid, acuerda un justiprecio total de 436.319,30 euros, además de los correspondientes intereses legales, actuación administrativa que en consecuencia se confirma por resultar ajustada a Derecho, debiendo abonarse dichos intereses legales desde el 8 de marzo de 2006.

    2.- Condenar a la recurrente en las costas del presente recurso, en los términos del F° J° 11° de la presente sentencia».

    SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, la representación procesal de la entidad "FRONTAL XXI, S.L." presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid interponiendo recurso de casación para unificación de doctrina contra la sentencia anteriormente citada, en el que formuló sus consideraciones fácticas y jurídicas, y terminó suplicando a la Sala que se case la sentencia recurrida y se fije el justiprecio de la finca expropiada en la cantidad de 749.801,42 ?, mas el 5% de afección, de conformidad con el valor unitario de 1.616,23 ?/m2 estimado y resuelto bajo identidad de hechos, fundamentos, pretensión y prueba por la precedente sentencia firme de la misma Sala y Sección de instancia en el recurso 73/2011, para la finca nº 24 expropiada a la misma recurrente y para el mismo proyecto de expropiación, con abono de la diferencia que resulte y los interese leales desde el día siguiente a la ocupación, 7 de maro de 2006, hasta su completo pago.

    TERCERO.- Admitido el recurso a trámite se dio traslado a las partes recurridas para trámite de oposición, que presentaron sus respectivos escritos solicitando que se declare no haber lugar al recurso, dado que no concurren los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para este recurso de casación de unificación de doctrina, y que se confirme la sentencia recurrida.

    CUARTO.- Formulada la oposición al recurso de casación para unificación de doctrina, se acordó elevar la actuaciones a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, así como emplazar a las partes ante la misma.

    QUINTO.- Formado el rollo de Sala y una vez conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo del presente recurso de casación para unificación de doctrina la audiencia el día 26 de septiembre de 2017, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO 

    PRIMERO.- Por la representación procesal de la entidad FRONTAL XXI,S.L. se interpone recurso de casación para unificación de doctrina, contra sentencia de 1 de julio de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1021/2011, sobre determinación de justiprecio de la finca registral n° 22, del Proyecto de expropiación individualizada "APR 08.02 JOAQUÍN LORENZO", sita en el término municipal de Madrid, confirmando la resolución del Jurado Territorial de 18 de julio de 2011, estableciendo un justiprecio total de 436.319,30 euros, además de los correspondientes intereses legales desde el 8 de marzo de 2006.

    La sentencia se refiere al planteamiento del Jurado Territorial señalando que de manera errónea aplica el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 20 de junio de 2008, método residual estático, llegando a una valoración por todos los conceptos inferior a la establecida en la hoja de aprecio de la expropiante, 436.319,30 euros, que en consecuencia el Jurado fija como justiprecio, más los intereses legales.

    La Sala indica que sobre este mismo suelo y ubicaciones cercanas del mismo propietario y recurrente se ha pronunciado recientemente la Sala en sentencias de 15.04.15 ( PO 1020/11) y 25.09.14 ( PO 73/11), rectificando aquélla el criterio y valoración del suelo a que se llegó en ésta precedente, en función de la valoración diferente que se extrajo de la pericial de parte aportada en ambos recursos.

    Tras determinar la fecha de referencia de la valoración y que resulta de aplicación al caso la Ley 6/98 y el método residual dinámico, para la valoración del suelo, descarta la valoración del Jurado y acoge la tesis sustentada en su sentencia de 15 de abril de 2015, dictada en el recurso 1020/11, que reproduce, en la que se indica que la prueba pericial realizada por el arquitecto D. Luis Carlos no sigue la fórmula del referido método sino una simplificada y cuestiona el informe en los siguientes términos: « el siguiente paso consiste en determinar los flujos, tanto de ingresos como de gastos. El perito se limita en su informe, y luego, se entiende que también al operar, a señalar el periodo de 4 años. Dato que la Sala no comparte y que de igual forma se ha actuado con el tiempo previsto para las ventas, esto es, concentrándolas igualmente en periodo tiempo único promedio de 4 años. Esta forma de operar, como decimos no se comparte por la Sala.

    El arquitecto don Luis Carlos no justifica los momentos temporales de los flujos de cobros y pago.

    Entendiendo la Sala que el período procedente de tiempo para calcular el flujo de caja, tanto ingresos y gastos, es de 9 años.

    No menor censura merece el tipo de actualización adoptado por el perito, que ha de ser la suma de la prima de riesgo y de la tasa libre de riesgo, pues, sin ninguna clase de justificación, lo establece en el 9,62 %.

    En este punto su dictamen es doblemente criticable. Primero, por la ya apuntada razón de que no se justifica el tipo de actualización adoptado, con lo que se incumple nuevamente el artículo 36.2 de la Orden ECO/805/2003. Y, segundo, con lo que se comprueba la invalidez del 9,62 % asignado en el informe, porque ni siquiera respeta los que con carácter de mínimos resultarían de la Orden.

    Por un lado, la prima de riesgo mínima para el uso residencial, en el momento a considerar, era del 8 % (vid. disposición transitoria única de la Orden ECO/805/2003) y, por otra parte, el tipo libre de riesgo era, como mínimo, del 2,773 % a abril de 2005 - no puede ser inferior al rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública entre 2 y 6 años (artículo 32.2 de la Orden). Y no solo eso, aparte de que nada se dice acerca de si se tiene en cuenta o no financiación ajena (grado de apalancamiento), en cuyo caso ha de incrementarse el tipo de actualización en función del porcentaje de financiación, la hipótesis de trabajo no es únicamente la construcción de viviendas, para la que el mínimo de la prima es el 8%, sino la de una actuación urbanizadora residencial, por lo que el riesgo (al igual que el beneficio), en principio, parece que ha ser mayor. Entendiendo la Sala que procede fijarlo en un 17 %.

    Estas son razones suficientes para desacreditar esos parámetros asignados por el perito don Luis Carlos.»

    Al modificar, respecto de la sentencia anterior, la valoración de estos parámetros del informe emitido por el mismo perito, que se mantienen en los demás, la Sala de instancia justifica el cambio señalando que: «Somos conscientes de que en la sentencia dictada en el recurso 73/2011 el Tribunal asumió las conclusiones del mismo o idéntico informe pericial, y en realidad aceptamos ahora nuevamente, como hemos explicado, los valores asignados a las ventas y a los gastos, también la superficie de la parcela y la edificabilidad patrimonializable, pero no así, por las razones notadas, ni los horizontes temporales previstos ni tampoco los componentes que determinan el tipo de actualización, en definitiva, los elementos predictivos del método dinámico, que la Sala entiende que deben ser como mínimo de 9 años y de un tipo del 17 %».

    En consecuencia y dado que con dichos parámetros obtendría un valor inferior al que dio el Jurado, procede a mantener el valor dado por el Jurado por vinculación al expropiante, por darse las mismas circunstancias que en dicho precedente, cual resulta de lo actuado en autos, lo que conlleva la desestimación del presente recurso.

    SEGUNDO.- No conforme con ello, la representación procesal de la entidad FRONTAL XXI S.L., interpone el recurso de casación que nos ocupa, invocando como sentencia de contrate la de la misma Sala, Sección e incluso ponente de 25 de septiembre de 2014, dictada en el recurso 73/2011, en relación con el justiprecio de la finca nº 24, del mismo proyecto, señalando las evidentes identidades y la contradicción existente en la apreciación de los parámetros de valoración, reconociendo en la sentencia de contraste un valor para el suelo de 1.616,23 ?/m2. Señala como motivo único la infracción del art. 14 de la Constitución y la jurisprudencia en relación con el principio de igualdad en la aplicación de la Ley, entendiendo que el apartamiento del precedente por la Sala de instancia carece de fundamentación suficiente y razonable, incurriendo en las siguientes infracciones: 120.3 y 24 de la Constitución, 248.3 de la LOPJ, arts. 208, 209, 216 y 218 de la LEC y 37 y 67 LJCA; infracción de los arts. 36, 37 y 38 de la Orden ECO 805/2003; infracción de las normas sobre valoración de la prueba, arts. 326, 319 y 348 LEC y 1228 y 1225 Cc.

    TERCERO.- Al plantearse en estos términos el recurso de casación para unificación de doctrina, conviene hacer referencia a la naturaleza y alcance de este tipo de recurso.

    Esta Sala en innumerables ocasiones se ha pronunciado sobre la naturaleza y exigencias formales necesarias para la viabilidad del recurso de casación para unificación de doctrina, por todas citaremos las sentencias de 3 de julio de 2015 (Rec. Unif. doctrina 667/2014) y de abril de 2016 (Rec. Unif. Doctrina 1299/2015) donde decimos que este recurso se configura como un recurso excepcional y subsidiario respecto del de casación propiamente dicho, que tiene por finalidad corregir interpretaciones jurídicas contrarias al ordenamiento jurídico, pero sólo en cuanto constituyan pronunciamientos contradictorios con los efectuados previamente en otras sentencias específicamente invocadas como de contraste, respecto de los mismos litigantes u otros en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales. Se trata, con este medio de impugnación, de potenciar la seguridad jurídica a través de la unificación de los criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento, pero no en cualquier circunstancia, conforme ocurre con la modalidad general de la casación -siempre que se den, desde luego, los requisitos de su procedencia-, sino "sólo" cuando la inseguridad derive de las propias contradicciones en que, en presencia de litigantes en la misma situación procesal y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, hubieran incurrido las resoluciones judiciales específicamente enfrentada. No es, pues, esta modalidad casacional una forma de eludir la inimpugnabilidad de sentencias que, aun pudiéndose estimar contrarias a Derecho, no alcancen los límites legalmente establecidos para el acceso al recurso de casación general u ordinario, ni, por ende, una última oportunidad de revisar jurisdiccionalmente sentencias eventualmente no ajustadas al ordenamiento para hacer posible una nueva consideración del caso por ellas decidido. Es, simplemente, un remedio extraordinario arbitrado por el legislador para anular, sí, sentencias ilegales, pero sólo si estuvieran en contradicción con otras de Tribunales homólogos o con otras del Tribunal Supremo específicamente traídas al proceso como opuestas a la que se trate de recurrir.

    «Debe, pues, apreciarse una incompatibilidad lógica entre ambos pronunciamientos, sin margen alguno de interpretación de normas diversas, de aplicación de las mismas sobre supuestos de hecho distintos o de diferente valoración de las pruebas que permita, independientemente del acierto de uno u otro pronunciamiento, justificar a priori la divergencia en la solución adoptada

    Y es que, como dice la más que reiterada jurisprudencia de esta Sala, la contradicción entre las sentencias contrastadas ha de ser ontológica, esto es, derivada de dos proposiciones que, al propio tiempo, no pueden ser verdaderas o correctas jurídicamente hablando y falsas o contrarias a Derecho. Esta situación no presenta analogía alguna con la de sentencias diferentes, pese a la identidad de planteamientos normativos o de hecho entre ambas, en función del resultado probatorio que haya podido apreciarse en unas u otras.

    CUARTO.- A la vista de lo expuesto y aun cuando la parte habla de contradicción ontológica, lo cierto es que el distinto pronunciamiento de la Sala de instancia, que la misma realiza no solo con pleno conocimiento sino justificando su decisión, no es sino el resultado de una distinta valoración de la prueba, como se desprende la propia sentencia recurrida según los términos en que se expresa el Tribunal a quo que antes hemos reproducido, pero además se constata con el examen de la sentencia de contraste, en la que no se efectúa un análisis de los parámetros que ahora se modifican, limitándose en aquel caso a una aceptación implícita del informe pericial en tales aspectos que, ahora, por el contrario, son objeto de una específica crítica con el resultado adverso que se obtiene por la valoración de la Sala.

    La diferencia no responde a una diversa y contradictoria interpretación de la norma, cuya corrección constituye el fundamento y objeto del recurso de casación para la unificación de doctrina, sino a la específica valoración de las pruebas, que justifica la divergencia en la solución adoptada y que, por lo tanto y como se ha indicado antes, no permite plantear este recurso excepcional y subsidiario, que no puede fundarse en la revisión de la valoración de la prueba efectuada en la instancia. Y es que lo que en realidad se cuestiona por la parte es el resultado probatorio al que llega la Sala de instancia sobre la valoración del suelo expropiado, lo que no es susceptible de revisión en casación y menos aún en un recurso de casación para la unificación de doctrina, que tiene por finalidad unificar el criterio de aplicación de la legalidad en supuestos sustancialmente iguales, no corregir la apreciación de los hechos.

    Tampoco puede prosperar el recurso desde la perspectiva del principio de igualdad en la aplicación de la Ley que se invoca por la parte, pues, además de que en este caso no se trata de una distinta interpretación o aplicación de la ley sino de una diferente valoración de la prueba, suficientemente razonada, ha de tenerse en cuenta que el recurso de casación para la unificación de doctrina no tiene por objeto aquellas sentencias en las que el distinto pronunciamiento responde a un cambio de criterio razonado por el Tribunal, pues con ello se justifica el diferente juicio valorativo de la situación controvertida, que no responde a una inadvertida contradicción en la aplicación de la ley sino a una reconsideración de la interpretación de la norma, debidamente fundada, que sustituye el criterio anterior, por lo que carece de objeto la unificación de doctrina que constituye la razón de ser de esta modalidad de recurso de casación. Como hemos señalado en sentencia de 15 de enero de 2010 « Es preciso recordar que la razón de ser del recurso de casación para la unificación de doctrina no es uniformar la interpretación normativa en general ni controlar la observancia de la jurisprudencia establecida, sino más modestamente evitar que supuestos sustancialmente idénticos sean resueltos de modo distinto. Y esto último no puede hacerse en el presente caso, porque, como se ha visto, el tribunal a quo ha cambiado legítimamente de criterio. Así las cosas, dado que el recurso de casación para la unificación de doctrina no cumple una función nomofiláctica, no cabe controlar en esta sede si la interpretación de la ley llevada a cabo en la instancia es correcta.» Ello implica como ya hemos señalado en esas sentencias, que no procede examinar ahora las alegaciones hechas por la recurrente acerca de cuál es la interpretación más convincente de los preceptos que se invocan en relación con la determinación de los parámetros en cuestión.

    QUINTO.- .- En atención a todo lo expuesto, procede declarar no haber lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina, lo que determina la imposición legal de las costas causadas a la parte recurrente, si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el art. 139. de la LRJCA y teniendo en cuenta la entidad del recurso y la dificultad del mismo, señala en 1.500 euros, más IVA, la cifra máxima, por todos los conceptos, a reclamar por cada una de las partes recurridas.

    FALLO 

    Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido declarar no haber lugar al recurso de casación para unificación de doctrina nº 431/2016, interpuesto por la procuradora de los Tribunales Doña Cristina Matud Juristo en nombre y representación de la mercantil FRONTAL XXI, S.L. (antes denominada ORDENACION Y URBANIZACION DE TERRENOS S.L.), contra sentencia de 1 de julio de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1021/2011, que queda firme; con condena en costas en los términos establecidos en el fundamento jurídico quinto.

    Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.

    Así se acuerda y firma.

    Jose Manuel Sieira Miguez Rafael Fernandez Valverde Octavio Juan Herrero Pina Wenceslao Fco. Olea Godoy César Tolosa Tribiño Mariano de Oro-Pulido López PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Octavio Juan Herrero Pina, estando la Sala celebrando audiencia pública, lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.

    Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079130052017100358